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Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG
Vetos del Gobierno a las proposiciones de Ley de la oposición
Cada año tiene su artículo de la Constitución favorito. El año pasado fue el art. 99, que regula el papel del Rey en la investidura del Presidente del Gobierno. El de este año es, indiscutiblemente, el art. 134.6, que dice lo siguiente: Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. En la actual lucha entre el Parlamento y el Gobierno en minoría del PP, dicho artículo constituye la línea Maginot de este último. Es un arma defensiva que puede hacer imposible que la oposición pueda aprobar leyes que al Gobierno no le gusten. Y a nadie se le puede escapar la transcendencia política de algo así No vamos a entrar ahora en el fundamento de la norma, ni en la manera en la que la Constitución lo ha plasmado en la práctica. Baste decir que siendo el fundamento razonable, su traducción jurídica es excesivamente tajante y rigurosa. Es decir, regulaciones relativamente próximas existen en otros países, pero ninguna atribuye ni de lejos tanto poder de decisión al Gobierno de turno (sobre esto véase el magnífico artículo de Fernando Santaolla publicado en el último número […]
Efectos contractuales del deber de evaluación de la solvencia (STJUE 9/11/2016)
La concesión de crédito, al consumo o hipotecario, exige evaluar la solvencia del cliente con el fin de evitar el sobrendeudamiento. Esta medida protege al cliente y a la propia entidad al condicionar la concesión de crédito a las perspectivas de cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente. Antes de celebrar el contrato de crédito, el prestamista debe evaluar en profundidad la solvencia del consumidor. Es una medida de regulación financiera con efectos contractuales. Así lo ha reconocido para el crédito al consumo la sentencia del TJUE de 27 de marzo de 2014; doctrina reiterada por la sentencia de 9 de noviembre de 2016. Es cierto que la Directiva de crédito al consumo deja a los Estados miembros determinar el régimen de la sanción aplicable al incumplimiento del deber de evaluar la solvencia, pero bajo la condición de que las sanciones que elijan sean “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. En suma, la gravedad de las sanciones debe adecuarse a la gravedad de las infracciones garantizado un efecto disuasorio. El Derecho interno puede prever, como ocurre en Francia, que el prestamista que incumple el deber de evaluar la solvencia se vea privado del derecho a los intereses. La STJUE de 27 […]
Aún hay jueces en Estrasburgo
Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -tiene fecha del pasado diez de enero- ha condenado a España por lesionar el derecho de los recurrentes a ser oídos en un proceso. Llamo la atención sobre la misma y pretendo, además, lanzar una piedra en las aguas aparentemente mansas en las que navegan tantas prácticas jurídicas que se siguen en los Ayuntamientos y Registros de la Propiedad, en los Juzgados y Tribunales, incluyendo el Constitucional. Porque se reiteran actuaciones impulsadas por la inercia que, sin embargo, pueden ocultar un fondo de graves perjuicios como el vivido por los recurrentes y que, desgraciadamente, no resulta original ni extraño. Lo adelanto: recibir una notificación municipal que anuncia la demolición del edificio donde se tiene un apartamento, en virtud de una sentencia firme de la que no se ha tenido noticia alguna durante años. Los lectores de este blog conocen bien las diversas leyes que declaran la protección de los derechos de los ciudadanos, de la coordinación de las actuaciones urbanísticas con el Registro de la Propiedad y con el Catastro, que resaltan principios de cooperación y colaboración de las autoridades… y, sin embargo, este conflicto nos muestra cómo unos propietarios que […]
Las dificultades del acreedor para obtener el reintegro del IVA de los impagos
A pesar de que el IVA es un impuesto que debe ser pagado por empresarios y profesionales, como regla general, el gravamen lo soporta el consumidor final, no el empresario o profesional. En teoría, el IVA es un impuesto neutro para las empresas, es decir, las empresas involucradas actúan como meras recaudadoras, cobrando a los clientes el IVA por los bienes que les ofrecen, por lo que no les debe suponer ni un ingreso ni un gasto puesto que recae únicamente sobre el consumidor final. Así pues, como principio tributario, el IVA es un impuesto neutro para la empresa. Dicha neutralidad se consigue, generalmente, a través de la repercusión del IVA devengado y de la deducción del IVA soportado por la empresa. Hay empresas afortunadas que utilizan el IVA que liquidan anticipadamente sus buenos clientes, o sea, los que pagan las facturas puntualmente, como un medio de financiación temporal gratuito de sus tesorerías. Por el contrario, existen muchas empresas que no cobran las facturas al vencimiento y se encuentran con la obligación de liquidar al Tesoro Público las cuotas repercutidas del IVA en las facturas que todavía no han cobrado, y que a lo peor, nunca cobrarán. Nadie duda que […]
Trillo y el sentido de la responsabilidad política
Reproducimos a continuación el artículo publicado el pasado miércoles en el diario El Mundo por nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena La polémica sobre el ex ministro Trillo tras conocerse el demoledor informe del Consejo de Estado sobre la actuación de Defensa con ocasión de la tragedia del Yak 42, es una buena oportunidad para reflexionar sobre el sentido de una figura prácticamente desconocida en España: la responsabilidad política. Hace casi 14 años, el 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles regresaban a España tras una misión en Afganistán. Lo que siguió es conocido: la conmoción por el accidente, las prisas por repatriar los cadáveres, el caos en la identificación, el desprecio por las familias, la polémica sobre el mal estado de los aviones y el cansancio de la tripulación -que había sido denunciado reiteradamente por los propios militares-, el cese de la cúpula militar, los procesos judiciales que se abrieron a consecuencia de la tragedia, el sobreseimiento de la causa penal contra los altos mandos, el indulto a los comandantes sanitarios condenados y la reprobación moral en el Congreso del ex ministro de Defensa, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En […]
¿Es el feminismo un asunto de todos?
Es bien sabido que la historia es un asidero de significación común que siempre se cuenta desde una posición de poder y su interpretación está sujeta a intereses. Sus narradores se aferran a la idea de la transcendencia porque tienen una elevada idea de sí mismos y de paso se arrogan conducirnos hacia lo que consideran mejor, como un padre salvador que conduce a su prole de pequeños, a los que nunca confesará que desconoce el camino. En sus márgenes se cuentan las biografías pequeñas, ya que estamos tan necesitados de explicar, como de ser explicados para reconocernos. Las mujeres no tenemos historia, nuestras biografías de supervivencia o excelencia están subsumidas en la historia general de los hombres que nos llevan de la mano como menores de edad. Y mientras mantenemos limpio el hogar, ellos dirigen la familia. Una de las historias más antiguas y más veces contada es la que impone la naturalización de la desigualdad. Una constatación de diferencias biológicas que sirve para legitimar una desigualdad en los derechos. Dicha desigualdad se transmite generacionalmente desde la experiencia íntima de un arrullo, un pequeño gesto que nos prende un pendiente de la oreja, la elección amorosa de un nombre, […]
Falta de reparto de dividendos y derecho de separación: vuelve el art. 348 bis LSC
Pocas normas ha habido con una vida tan azarosa como el art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo, que regula el derecho de separación del socios si la sociedad no reparte como dividendo al menos un tercio de los beneficios, entró en vigor el 2 de octubre de 2011 (Ley 25/2011); se suspendió su aplicación el 24 de junio de 2012 (Ley 1/2012, de 22 de junio); se prorrogó esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2016 (DF 1 RDL 11/2014), y finalmente ha vuelto a entrar en vigor el 1 de enero de 2017. La causa de tantas idas y venidas es sin duda la polémica que generó. La justificación de la enmienda que introdujo este artículo señalaba que la falta de reparto de dividendos vulnera uno de los principales derechos del socio y es uno de los principales motivos de conflictividad social (esto último lo confirma una abundante jurisprudencia). Pero la doctrina lo criticó (aquí) por ser contrario a la libertad de empresa y sobre todo porque en un contexto de crisis podía ser contrario a pactos que vinculaban la moderación salarial o una refinanciación a la reinversión total de los […]
A Dª Gloria Begué Cantón, in memoriam
Me entero por casualidad la semana pasada, el mismo día de su funeral, del fallecimiento de Dª Gloria Begué Cantón estas navidades. Es difícil resumir en unas líneas la trayectoria de Dª Gloria Begué sin tener la sensación de que uno se deja cosas por el camino. Basten algunos datos para darnos una idea de la dimensión y relevancia de su figura: primera mujer catedrática de una facultad de Derecho desde que ganara la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca (1964); primera mujer decana de una facultad de Derecho (1969); senadora por designación real en la legislatura constituyente (1977); magistrada (entre 1980 y 1989) y vicepresidenta (entre 1986 y 1989) del Tribunal Constitucional. Dª Gloria Begué ayudó a fraguar y consolidar nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Tuvo un papel esencial en la redacción de algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, los relacionados con los principios rectores de la economía y dejó su impronta durante su paso por el Tribunal Constitucional en el que actuó como ponente en más de un centenar de sentencias en un momento clave para nuestra incipiente democracia, y en el que, con su buen hacer, ayudó a […]
¿Qué pasa en los Puertos del Estado?
De un tiempo a esta parte los principales puertos del país están muy revueltos, y no precisamente por causa del estado de la mar, sino más bien por causa del Estado, sin más. En realidad, tal cosa no debería extrañar a nadie, porque uno de los más claros síntomas del Estado clientelar y del capitalismo de amiguetes es el descontrol en la gestión de los recursos públicos, especialmente a la hora de adjudicar y vigilar la obra pública, y en los puertos se hace mucho de eso. En este momento han llegado a conocimiento público (y quizás por eso pueden ser solo la punta del iceberg) escándalos de sobrecostes y descontrol en las adjudicaciones nada menos que en una decena de puertos españoles, y no precisamente insignificantes. Comencemos un rápido (y resumido) estado de revista: 1.- Gijón Como consecuencia de la ampliación del puerto de El Musel, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas han denunciado irregularidades contables que apuntan a un beneficio por parte de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras (entre ellas ACS y FCC), a costa de sobrecostes pagados por la Autoridad Portuaria, lo que ha dado lugar a […]
El “consumidor financiero” necesita una autoridad pública que le proteja
Si hay algo que se ha puesto de manifiesto en la actual crisis financiera es que no sólo se han concedido préstamos de manera irresponsable a sujetos que no tenían solvencia adecuada para devolverlos, sino que, además, se han cometido abusos en la contratación bancaria. Esto ya nadie lo discute. Estos fallos no son sino fruto de un sistema legal inadecuado que ha generado incentivos perversos a las entidades financieras. Por un lado, y en lo que se refiere al préstamo irresponsable sus consecuencias se centran en el ámbito de las normas de supervisión. Y así va a seguir siendo con el Anteproyecto de Ley reguladora de crédito inmobiliario, que remite a una orden ministerial la regulación de la obligación de evaluar la solvencia. Más de lo mismo: sanciones en el ámbito administrativo impuestas por un supervisor que puede –o no- actuar. Ningún consumidor denunciará tales irregularidades porque no le afecta a su contrato con la entidad. Una demanda de responsabilidad civil contra la entidad, siendo procedente tal y como se ha propuesto, es poco realista pues un deudor insolvente no se va a meter en ese jardín. No hay sanciones eficientes en el ámbito contractual frente al préstamo irresponsable […]
La experiencia portuguesa de la CRESAP: un modelo para España
Nos ha hecho llegar Clara Mapelli una interesantísima entrevista con D. Johao Bilhim, ex Presidente de la Comissao de Recrutamento para a Administraçao Pública (Cresap) de Portugal. La entrevista ha sido realizada por Xose Areses Vidal y Carmen Blanco Gaztañaga, Administradores Civiles del Estado. Lo primero que hay que subrayar es que desde 2012 la selección de los niveles más altos de la Administración portuguesa se efectúa a través de una institución independiente y profesional, que es la CRESAP, que se ha convertido en una institución con reconocimiento internacional y un ejemplo de buenas prácticas en relación con la selección de los directivos públicos. En definitiva, Portugal cuenta con un sistema profesional de selección de los directivos públicos, algo que nos parece fundamental para reforzar la independencia, la neutralidad y la capacidad de las Administraciones Públicas. Como se pueden imaginar, su puesta en marcha no fue fácil; las resistencias de los partidos políticos pero también de los propios directivos públicos ha sido muy fuerte. Sin embargo su instauración ha incrementado la confianza, la transparencia y la legitimidad de las instituciones y ha contribuido a despolitizar la Administración. Si bien es cierto que como se dice en la propia entrevista […]
El rector plagiario: reproducción de la Tribuna en El Mundo de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena
A NUMANTINA resistencia a la dimisión de Fernando Suárez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, constituye, en el fondo, una magnífica noticia. Pese al enorme daño reputacional ocasionado a la propia Universidad que dirige, nos está proporcionando la oportunidad de comprobar en vivo y en directo la profunda degeneración de una de nuestras instituciones clave. Como en su día ocurrió con el del Cardenal Cisneros, quizás con un poco de suerte el nombre de Fernando Suárez quede vinculado para siempre con el inicio de la gran reforma que está pidiendo a gritos la Universidad española; tan gigantesca, que sólo una catarsis descomunal puede desencadenarla. Porque si la figura de este rector representa ya una enmienda a la totalidad del modelo de gobernanza de nuestro entero sistema universitario es sencillamente porque él es un magnífico exponente de los males que se derivan de un sistema tentacular profundamente corrupto. Si el rector no dimite es porque ha asumido con total desenvoltura que una carrera académica construida sobre el plagio sistemático y el trabajo científico de los demás constituye un mero rito de paso sin mayor importancia que permite acceder a una de las «élites extractivas» más opacas de nuestra sociedad: la […]
Proyecto de Protocolo de Negociación sobre cláusulas suelo: ¿un nuevo engendro jurídico?
Parece ser que el próximo viernes se aprobará Decreto Ley que contendrá un Protocolo de Negociación entre la entidad y el consumidor para la devolución de las cantidades acreditadas por éste a consecuencia de la nulidad de la cláusula suelo no desde 2013 si no desde la firma del préstamo. Nos informa en Público Julia Pérez, periodista de bastante solvencia, según me indican fuentes generalmente bien informadas, de la existencia (ver aquí) de un pulso en relación a ese Protocolo entre el Ministerio de Economía, que quiere salvar la solvencia de los Bancos, y el de Justicia, que quiere evitar el colapso de los juzgados y la responsabilidad del Estado por no aplicar el Derecho europeo. Parece que la ministra de Sanidad, que es a la que corresponde la materia relativa a los consumidores, está a otra cosa, quizá entretenida con el tema del copago… Las denominaciones usadas para la nueva creación jurídica son variopintas: unos le llaman mediación, otros arbitraje, otros mecanismo o protocolo…. El otro día, antes de la fallida intentona del pasado viernes de aprobar el protocolo, los editores nos preguntábamos de qué iba esto y no lo teníamos muy claro: ¿se trata de marear la perdiz, obligar […]
Propuestas para mejorar el control parlamentario de la gestión pública (I)
Recuerda García Añoveros, citado por el profesor Rodríguez Bereijo, la idea de que para los constituyentes de 1978 modernizar a España significaba entre otras cosas, aumentar el gasto público, con el fin de crear un Estado de bienestar con amplias prestaciones sociales, presión fiscal elevada, sector público amplio; todo ello en un régimen básico de libertad de empresa y propiedad privada de los medios de producción, pero con muy fuertes sectores públicos. Por ello, en la Constitución de 1978 no aparece por ningún sitio una preocupación anti-gasto público, ni reticencia ni desconfianza alguna respecto de su volumen o de su crecimiento. Cierto es que en las décadas de los años 70, o incluso en los 80, ni tan siquiera se podía atisbar las dimensiones que el gasto público llegaría a alcanzar en la actualidad, convirtiéndose en un problema de solución difícil no sólo para la generación actual, sino también para las que nos sucedan, a quienes dejaremos como herencia–sin que se nos ocurra como hacer posible que pueda ser aceptada a beneficio de inventario- una deuda que no sólo lastra nuestro crecimiento sino que nos pone en riesgo cierto la incapacidad de asumir compromisos básicos. Pero igualmente cierto es que […]