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Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
El culebrón continúa y lleva camino de convertirse en el símbolo por excelencia de la cultura de la opacidad y del amiguismo que domina la Administración del Sr. Rajoy. Como recordarán nuestros lectores, la Fundación Hay Derecho preguntó al Ministerio del Interior, al amparo de la Ley de Transparencia, “qué personas habían sido nombrados en el último año comisarios honorarios”. El Ministerio respondió que siete personas ajenas al cuerpo sin precisar quienes eran. Obviamente, la Fundación reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que nos dio la razón. Dar un número cuando te preguntan unos nombres, especialmente en este caso, es como contestar “uno” cuando te preguntan quién mató a Abel. El interés de la pregunta está en la calidad, no en la cantidad, máxime cuando se trata de reconocimientos públicos que se supone que se otorgan para que se conozcan. Pues bien, ante la Resolución estimatoria del Consejo de Transparencia, el Ministerio se descuelga ahora con una respuesta que no tiene desperdicio. En primer lugar, nos proporciona solo cuatro nombres, entre ellos el de Francisco Marhuenda García. Ya se sabe que el actual director de La Razón, el Ministro del Interior y el Sr. Rajoy son íntimos […]
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
En todo proceso de cambio social o político el protagonismo fundamental no descansa en los que lo promueven o en los que lo resisten, sino más bien en los que, por así decirlo, se encuentran sentados encima de la valla, mirando a un lado y a otro, intentando adivinar quién va triunfar, si los reformistas o los conservadores. Preguntan nerviosos qué es lo que va a ocurrir, con el fin de adoptar las precauciones correspondientes, sin ser conscientes de que es precisamente su decisión o indecisión la que decidirá el ganador. Son la masa crítica, llamada así no por su supuesta propensión a enjuiciar hechos y conductas de manera desfavorable, sino por integrar la cantidad mínima de personas necesaria para que un fenómeno tenga lugar. Es evidente que en una democracia como la nuestra su mayor peso o influencia se siente principalmente a la hora de votar. Así ha ocurrido en el último año en dos ocasiones. Pese a ello, ha sido necesario el transcurso de más de 300 días desde las primeras elecciones para que nuestros políticos asumiesen el explícito veredicto del conjunto de la sociedad española tras más de un lustro de crisis política, económica, institucional y ética: […]
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Ayer saltó la noticia de que el portavoz de Podemos en el Senado y candidato a liderar la formación en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar se había visto envuelto en los siguientes hechos (ver aquí), que relato cronológicamente: -En 2007 se adjudica a Espinar una vivienda, con dos garajes, situados en Alcobendas, de Protección Pública. En ese momento comienza a hacer las primeras aportaciones, cuando Espinar tenía 21 años. En este primer momento hay ya un hecho que, al menos, llama la atención y que nos hace ver Antonio Maestre, colaborador de La Sexta y La Marea en esta serie tuits: la parcela se adjudica por la empresa EMVIALSA (PSOE y Ayuntamiento de Alcobendas) a VITRA (de CCOO). El presidente del Consejo de Administración de EMVIALSA es José Caballero, del PSOE, que casualmente está en el Consejo de Administración de Cajamadrid con Ramón Espinar, padre, ahora encausado por el tema de las tarjetas black. Ramón Espinar, hijo, accede a esa vivienda, aunque no está empadronado en Alcobendas, ya que la promotora del inmueble reservó un 15% de los pisos a clientes elegidos entre los que no superaban el máximo legal de ingresos. -En 2010 se escritura por un precio […]
Presidente Fundación Hay Derecho. Notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984). Oposiciones a Notarías aprobadas en 1988, oposiciones restringidas, entre Notarios, en 1991-1992. En twitter @ignaciogoma
Igual que los comercios de disfraces exhiben en estas fechas lo más granado y terrorífico de sus existencias, haciendo, hasta donde pueden, publicidad de sus caretas y vestimentas macabras, la Iglesia no ha dejado pasar la ocasión para expresar, en vísperas de las festividades de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, su doctrina y sus admoniciones en torno a los restos humanos. El Vaticano, lógicamente, no se apunta a un Halloween profano y cómico, de brujas, terrores y supercherías, aunque el término aluda originariamente a la víspera de Todos los Santos. Pero tampoco es ajeno al movimiento, también económico, que se pone en marcha con las visitas masivas a los cementerios de los próximos días. La Iglesia, hasta donde sé, no se dedica a blanquear sepulcros ni a vender flores, como tampoco gestiona los servicios de transporte a las necrópolis. Pero sí mantiene, particularmente en el noroeste de la Península, numerosos cementerios parroquiales –no municipales, por tanto- y, en no pocos templos, columbarios que acogen los restos de cremaciones o de exhumaciones de restos mineralizados. Como ha trascendido por los medios de comunicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha elaborado y difundido el documento “Ad […]
Catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de León.
Ha publicado diversas monografías: “Asociaciones y sociedades deportivas” (1992); “La Comisión Nacional del Mercado de Valores” (1994); “El contratista y el subcontratista ante las Administraciones públicas” (1997); “Urbanismo y publicidad registral”, que conoce dos ediciones, años 1995 y 2001; “Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público” (2005), “Grupos públicos de sociedades” (2007); y con Francisco Sosa Wagner “Conversaciones sobre el Derecho, la Justicia y la Universidad” (2009), “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica” (2011) y “Bancarrota del Estado y Europa como contexto” (2011). Es coautora de otros libros jurídicos sobre Derecho urbanístico; Derecho ambiental; expropiación forzosa, contratos administrativos y así como de medio centenar de artículos publicadas en revistas jurídicas especializadas.
Ha recibido la primera mención especial del IV Premio “Fermín Abella y Blave” 2004 y el Premio La Ley 2007, junto con el prof. Sosa Wagner por el trabajo “¿Pueden los contratos quedarse en casa? Polémica europea sobre la contratación in house”. También publica colaboraciones en diversos medios de comunicación como El Mundo, Expansión, La Nueva España
El art.67 de la Constitución española, en línea con lo habitual en las democracias representativas, recuerda que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Esto quiere decir que (a diferencia de lo que ocurría en el Antiguo Régimen con algunos Parlamentos estamentales) nadie puede dar instrucciones concretas a sus representantes sobre qué votar o qué decidir en cada caso concreto. Pueden decidirlo libremente. La prohibición del mandato imperativo tiene sentido en un contexto histórico determinado. Con anterioridad a la llegada de las democracias representativas de corte liberal el modelo de relación existente entre representante y representado se parecía mucho al propio de una relación de Derecho privado. En una relación de mandato, por ejemplo, el Principal imparte instrucciones claras y concisas a un Agente, que debe de obedecerlas. Es decir, el representante tiene que atenerse a las instrucciones del representado en relación con el determinado negocio en el que debe de actuar en su nombre y representación. Algo así sucedía en las Asambleas y Parlamentos del Antiguo Régimen en los que seguía vigente este “mandato imperativo”, es decir, la vinculación de los representantes políticos a las instrucciones impartidas por sus electores sobre el sentido de […]
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
A la vista de que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que contiene algunas medidas de lucha contra la corrupción, los editores creemos que es interesante recordar las 25 medidas que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso recientemente para luchar contra la corrupción. A continuación reproducimos su interesante comunicado. (APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria […]
Editores del blog “¿Hay derecho?”
En Hay Derecho buscamos personas u organizaciones que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho. Queremos reconocer el mérito de quienes se han sacrificado por defender este pilar básico de nuestra convivencia democrática. Los candidatos al premio Hay Derecho deberán ser: a) Personas físicas mayores de edad que tengan la nacionalidad o la residencia española. b) Personas jurídicas con sede en España. En ambos casos que hayan realizado actuaciones relevantes en defensa del Estado de Derecho y de las instituciones en nuestro país. Las candidaturas deberán ser propuestas por personas físicas o jurídicas distintas de los propios interesados. Deberán presentarse acompañadas de una memoria justificativa de los méritos de una extensión no superior a 850 palabras y de un breve CV de los candidatos. Se invita a los proponentes a que informen a los posibles candidatos de dicha presentación y, en la medida de lo posible, obtengan la conformidad del interesado. El envío de una candidatura supone la aceptación de estas bases. Las cinco candidaturas más votadas por los lectores del blog y amigos de Hay Derecho pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación, así como por un miembro de cada una de las entidades con las que hemos firmado […]
Editores del blog “¿Hay derecho?”
Ya dijo el ex diputado, tristemente fallecido, José Antonio Labordeta (“Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados”. Ediciones B, 2009), refiriéndose al trabajo de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, que “a mí, aquello me pareció una estafa desde el primer día”. Podríamos también aludir a la interesante reflexión que hace unos años (pero todavía actual) realizaba el colaborador de este blog, Jesús López-Medel Báscones bajo el sugerente título ¿Para qué sirve el Parlamento? Y, como dijo certeramente mi estimado Jesús Alfaro Aguila-Real, a los ciudadanos colaborativos “por imbéciles, nos toman por imbéciles”. Supuesto de hecho: Se realiza una petición a sus señorías (no debe olvidarse que el derecho de petición es un derecho fundamental reconocido en los artículos 29 y 77 de la Constitución), que contiene propuestas tan descabelladas como la necesaria adopción de directrices de técnica normativa sobre la incorporación del Derecho de la UE (dado que España es uno de los Estados más incumplidores del Derecho comunitario); la preceptiva consulta al Consejo de Estado en los procedimientos de infracción del Derecho de la UE; la conveniencia de la existencia de un órgano especializado en materia de técnica normativa; la necesidad de […]
Abogado. Tiene varios másteres oficiales y otros títulos de posgrado en Derecho Procesal Civil, Administración Concursal, Derecho Tributario y Derecho empresarial. Ha publicado varios libros jurídicos y ha participado en otros de carácter colectivo. Ha publicado más de 400 artículos en las principales revistas jurídicas y en los principales diarios de información económica.
La ley 25/2015 de 25 de julio denominada de segunda oportunidad modificó la regulación del acuerdo extrajudicial de pagos (arts. 231 a 242 bis de la LC) y completó el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho de las personas naturales (178 bis LC), sean o no profesionales o empresarios. Unos días antes la Ley 7/2015, de 21 de julio, modificó el art 86 ter de la LOPJ y 45.2 b) de la LEC atribuyendo a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para la tramitación de los concursos de persona natural que no sea empresario, con los problemas que plantea la determinación de este concepto (se puede considerar empresario hasta la persona con empleada de hogar). Uno de los logros de la Ley Concursal fue la creación de los Juzgados Mercantiles especializados en materia concursal y preinsolvencia (acuerdo extrajudicial). La atribución de la competencia de los concursos de personas naturales a los Juzgados de Primera Instancia está provocando el dictado de resoluciones que ponen de relieve el desconocimiento que, al menos alguno de ellos, tiene de la ley concursal y del mecanismo de segunda oportunidad, cuya finalidad es conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el acuerdo extrajudicial se ha […]
Abogado del ICAM desde 1978, administrador concursal, socio de DLM INSOLVIA, S.L.P sociedad cuyo objeto social es el desempeño de la administración y mediación concursal, ponente habitual en el ICAM y en congresos en materia concursal. Ha escrito varios artículos en revistas especializadas en materia concursal.
Sorprende de veras la forma de plantear el debate que estamos viviendo acerca de la libertad de voto y la disciplina de partido. Y sorprende porque me parece que se está pintando un cuadro donde predomina el trazo grueso, dicho sea con todos los respetos hacia quienes en él han participado pues son todos distinguidos expertos. Para mayor confusión, cuando sus opiniones se trasladan a los relatos periodísticos, inevitablemente más generales, la cuestión se simplifica aún más. La conclusión, casi unánime, que obtiene el lector es que la disciplina del voto del diputado y su sumisión a lo decidido por el partido político es lo más natural del mundo teniendo en cuenta que este ha sido elegido en unas listas cerradas. Si incorporamos la pregunta de si esa misma argumentación vale para el senador que ha sido elegido en listas abiertas, de forma nominal, ya las respuestas flaquean. Pero flaquean poco por la sencilla razón de que tal pregunta importuna ni siquiera se hace. De manera que el partido manda y el diputado obedece. Claro como el cielo limpio que no alcanza a manchar nube gris alguna. Sin embargo, propongo que, a quien se adormile sosegado bajo ese cielo apacible, […]
jurista, catedrático y escritor.
Hace unos meses me invitaron a participar en una mesa redonda sobre la Alianza de Inversión y Comercio Transatlántico – en inglés Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -. La mesa redonda la componíamos técnicos de distintas disciplinas de derecho y políticos, concretamente los pocos parlamentarios que habían tenido la oportunidad de acceder a una parte de las negociaciones que, hasta esa fecha, mantenía la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá. Había leído en prensa algunas referencias sobre el TTIP (modo en el que popularmente se identifican los tratados), aunque no los conocía en profundidad. En principio, muy pocas personas conocen a fondo el contenido de las negociaciones, ya que este tipo de tratados se negocian bajo reglas de muy estricta confidencialidad. De hecho, en el Parlamento Europeo sólo un selecto grupo de diputados habían podido acceder a aspectos parciales de la negociación. Como jurista he de decir que he agradecido muchos de los tratados suscritos por España y por la Unión Europea en materia de libre comercio. La Organización Mundial del Comercio ha permitido, por medio de sus rondas de negociaciones y sus acuerdos, la modernización de ámbitos importantes del derecho mercantil español. Por lo tanto, mi predisposición […]
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Magistrado de la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona
Ha formado parte de la sección especial de la Comisión de Codificación
para la reforma concursal – años 2009/2010 – que elaboró los
borradores de la que sería ley 38/2011 de reforma concursal.
Ha acudido al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Cataluña en
calidad de experto para reformas procesales y mercantiles.
Tiene amplia experiencia docente tanto en colegios profesionales como
en universidades – especialmente en las catalanas – y en la formación
de jueces y magistrados españoles y extranjeros. Ha intervenido en
diversas publicaciones colectivas – cerca de 100 – tanto en materia
procesal, como en materia civil y mercantil. Actualmente acaba de publicar
un libro sobre contratación y concurso y otro sobre tutela de consumidores en procesos judiciales.
En anteriores artículos, hemos venido reiterando ideas que consideramos básicas: “ La competitividad del Estado dependerá de la relación entre el coste fiscal y la calidad del salario en especie (servicios y prestaciones sociales) que proporciona a sus ciudadanos. Un estado ineficiente es el que descuida la calidad de su sistema productivo en todas sus bases ( educación, costes energéticos, sistemas de contratación laboral, promoción empresarial….) que es el fundamento de la riqueza nacional, del empleo y del sistema de protección social, el que se apropia de los recursos que tiene en administración, desviándolos a intereses partidistas y hasta personales y el que descuida la calidad y los costos en la gestión de los servicios y prestaciones sociales. Y para ello es esencial la competencia del gestor público, la calidad técnica de su equipo y la elaboración de un programa serio y solvente, dirigido al bien común y no a ganar las elecciones. Un Estado no puede ser eficiente si sus dirigentes no lo son. De ahí que el problema del político no es lo que cobra sino el daño que hace a la sociedad cuando es un incompetente. La incompetencia histórica de nuestros dirigentes […]
Hace meses que la singular situación política de España lleva a buscar interpretaciones lejos de lo habitual, dejando a un lado la experiencia acumulada tras cuatro décadas de democracia y acudiendo a caladeros menos explorados. Posiblemente por esta razón, la posición invariable de los partidos políticos me recuerda, por momentos, a algunas teorías político-filosóficas estudiadas en nuestros años universitarios. Así que, aprovechando que en HD Joven también teníamos ganas de atrevernos con la materia, vamos a desempolvar al polémico Carl Schmitt y su Concepto de lo político para acabar…bueno, no sabemos muy bien dónde. El filósofo alemán, con su peculiar visión, después de negar la vinculación de la política con el derecho por considerar que no está sometida a la dicotomía justo-injusto, la interpreta a través del análisis de las relaciones entre amigos y enemigos, dos grupos que él mismo diferencia previamente para construir posiciones contrapuestas desde un punto de vista puramente conceptual, sin explicar ni valorar el contenido de las mismas. Para Schmitt, la distinción de ambos conceptos no radica en el contenido, la esencia de lo sostenido por estos amigos y enemigos –que puede ser provocado o estar fundamentado en múltiples razones o hechos de la vida social-, […]
Abogado. Especializado en Litigación y Arbitraje nacional e internacional.
Actualmente, Asociado Sénior en CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales, Universidad de Córdoba. Curso Superior en Arbitraje (2018) y Curso Superior en Derecho Societario (2018).
Editor Hay Derecho.
Para que no se pierda entre tantas y tantas noticias sobre corrupción, y las revelaciones que día tras día surgen de los procedimientos judiciales en marcha, ya se trate de la Gürtel, de las tarjetas black o de otros procesos famosos, queremos dedicar este ¡Ay Derecho! a la ppt del PP destinada a instruir a sus alcaldes sobre cómo financiar ilegalmente sus campañas electorales. La noticia ha sido dada a conocer por el periódico El Mundo Probablemente no será fácil encontrar otras organizaciones –ni siquiera entre las que se dedican al crimen organizado- que hayan diseñado con tanto cuidado una estrategia para ayudar a sus cuadros a sortear la ley y a su controlador, en este caso el Tribunal de Cuentas. Aunque a juzgar por su inexistente actividad sancionadora en relación con los partidos políticos tampoco se tenían por qué haber preocupado demasiado por su reacción, aunque esa es otra historia. Las razones por las que el TCu no tiene demasiado celo en sancionar a los partidos políticos las hemos explicado en este informe. Pero volviendo a nuestro tema, aquí tienen una “slide” (diapositiva) sobre financiación ilegal Pero si ya la noticia es asombrosa, y pone de manifiesto el esmero […]
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
(Publicado en el periódico semanal AHORA el día 14 de octubre pasado). Si tuviéramos que extraer cinco enseñanzas de la experiencia de este último año de política española, yo les propondría las siguientes: Primera: las propuestas políticas no importan, sólo interesan los cargos. Efectivamente, las reformas contenidas en el acuerdo de investidura entre el PP y Cs son en gran medida coincidentes con las plasmadas en el fallido acuerdo entre este último partido y el PSOE. Pero al igual que Rajoy no consideró ni por un momento entrar a discutirlas cuando se trataba de hacer presidente a Pedro Sánchez, todavía estamos esperando una contrapropuesta socialista al pacto actualmente planteado. Por su parte, Pablo Iglesias estaba dispuesto a negociar su puesto de vicepresidente, pero ni una coma del primer pacto de investidura, a pesar de que hubiera supuesto desalojar al PP del poder. La conclusión es evidente: a nuestros líderes solo les interesan sus cargos y evitar cualquier coste personal, y muy poco las reformas políticas que piden sus electores. Segunda: cuando solo interesan los cargos, los partidos verticales y cerrados resisten mejor que los (semi) abiertos. Únicamente es posible mantener de manera manifiesta y continuada la preocupación por el propio […]
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
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