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Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
En una entrevista a la revista Playboy en el año 1989, preguntaron a Donald Trump sobre lo sucedido en la plaza de Tiananmen esa primavera. Trump respondió: «…después se ensañaron, fueron horribles (el gobierno chino), pero los suprimieron con fuerza. Eso demuestra el poder de la fuerza. En este momento nuestro país es percibido como débil». Más recientemente, elogió a Sadam Husein por su habilidad matando terroristas, o a Rodrigo Duterte por su brutal y criminal campaña contra la droga. ¿Cómo es posible que la probable victoria de Donald J. Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos me preocupe menos que hace unos meses, cuando pensaba que era solo una posibilidad remota? Quizás antes no comprendiera cómo alguien en su sano juicio podría plantearse votar a quien elogia a los criminales, a quien no aceptó el resultado de un proceso electoral, y a quien intentó hacer lo imposible para impedir la investidura de su sucesor. Por otro lado, sus rivales en la carrera hacia la Casa Blanca y el Partido Demócrata han tenido un comportamiento poco democrático y transparente. Quizás esté aplicando el dicho de que «en el país de los ciegos el tuerto es el rey». La aceptación […]
Pelayo es Consejero Delegado de Kefren Capital Real Estate (KCRE) y Director General del family office Kefren Capital (KC). Se graduó en Derecho y Administración de Empresas en ICADE E-3 en Madrid y completó su MBA en The Wharton School.
Actualmente es Vocal del Consejo y de la Comisión Ejecutiva de Europi Property Group y de Teatro Eslava. Cofundador de la gestora Norfin Inversiones Inmobiliarias y su director general de 2006 a 2012. Antes trabajó en banca de inversión en Schroders y Citigroup.
Pelayo ha participado activamente en varias fundaciones, destacando la colaboración activa en el lanzamiento de la Fundación Empresa y Sociedad (actualmente Fundación SERES) de la que fue patrono desde 1995 hasta 2009. Además co-fundó la Fundación Juntos Sumamos en 2016 y la Fundación Anti Sida de España (FASE) en 1992. Actualmente además de su activa participación en la Fundación Hay Derecho como Vice presidente y Tesorero, es líder del Comité de Desarrollo para España de la Fundación ClientEarth.
Después de cinco años y medio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por fin fue renovado. Los dos partidos políticos que tradicionalmente se han disputado las sillas del órgano de gobierno de los jueces consiguieron llegar al acuerdo que tantas otras veces se había anunciado y posteriormente abortado. Este acuerdo, según algunos sufre el pecado original de seguir respondiendo a intereses partidistas –incluso agravados, pues ahora solo responde a los de dos de ellos- por lo que no habría que esperar en la práctica efectos regeneradores excesivos. Pero, pese a que la forma de elección de los vocales por los partidos políticos es un sistema caduco, colapsado y que atenta contra la independencia judicial, tal y como viene advirtiendo la Comisión Europea, el acuerdo final contaba con la novedad esperanzadora de que el presidente del órgano no había sido pactado de antemano por los políticos negociadores. Se dejaba a los vocales electos la potestad de elegir libremente a quien habría de presidir el órgano de gobierno de los jueces, tal y como prevé nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aunque en los últimos tiempos no hubiera sido así. En 2013, el Consejo General del Poder Judicial eligió a […]
Editores del blog “¿Hay derecho?”
Muchas de las noticias que están llegando estos días de Venezuela no constituyen en absoluto una novedad. A nadie deberían sorprender las estrategias de ingeniería electoral destinadas a forzar la victoria de un candidato (entre otras, los llamados “puntos rojos”) o el hecho de que 7,7 millones de venezolanos emigrantes se vean privados de su derecho de sufragio. Tampoco es novedad el uso desmedido de la fuerza para reprimir las manifestaciones. Ni la violación de derechos humanos, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de persecución (ahí están las causas pendientes ante la Corte Penal Internacional). Desafortunadamente, nada de esto es novedad. En este contexto, es evidente que cualquier proceso electoral termina contaminado, por muy pulcro que sea desde un punto de vista formal, y el resultado, en mayor o menor medida, se ve adulterado. Con todo esto conviven los venezolanos desde hace muchos años y, por ello, es posible afirmar que Venezuela hace tiempo que dejó de ser una democracia en sentido material, para convertirse en una democracia meramente formal, o autocracia. Los ciudadanos votan y eligen a sus representantes, sí, pero lo hacen bajo una serie de condicionantes que alejan por completo a aquel país de los […]
Abogado del Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier-España y Editor de Hay Derecho. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y Máster en Práctica Jurídica Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues.
Nuestra Constitución consagra el derecho a «recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» (artículo 20.d), lo cual «no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» (20.2). Hoy más que nunca conviene recordarlo y sobre todo practicarlo, pues corren tiempos difíciles para la libertad de prensa, con muchos intereses de todo tipo aprovechando las extraordinarias oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para manipular a buena parte de la opinión pública. Eso, a su vez, ha animado a gobiernos e instituciones a plantearse medidas para combatir esta amenaza, sin duda una de las más importantes a las que se enfrentan las sociedades democráticas, entre las que, pese a todo, sigue estando España. La cantidad de bulos y fake news que circulan hoy no es peor, pero sí infinitamente mayor y más viral que hasta no hace mucho. En contra de lo que algunos propalan, la desinformación es tan vieja como la humanidad. Antes se pintaba en las paredes de las cuevas o se cincelaba en los pórticos de las iglesias y ahora se cuelga en X o Telegram porque siempre hubo poderes interesados en controlar al personal y además es fieramente humano preferir una mentira agradable que una verdad […]
Jorge Navas (1976) es licenciado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Jefe de la sección España del diario ABC desde 2021, ha trabajado como periodista en medios como La Razón, publicaciones locales y regionales y gabinetes de prensa de partidos políticos de ámbito municipal y autonómico. También en asociaciones de consultoría y agencias de comunicación, así como formador de portavoces y experto en oratoria. En la actualidad es colaborador habitual de la tertulia política del programa Buenos Días (Telemadrid).
A raíz de las muy numerosas noticias publicadas en relación con la materia que da título a este post, y atendiendo al seguimiento de la actualidad que caracteriza a nuestra Fundación Hay Derecho, de la que me honro en ser patrono, me ha parecido oportuno redactar con prontitud una nota que ya adelanto que persigue un cierto afán pedagógico, que confío no se interprete como presuntuosidad. En marzo de 2022, el sindicato UGT presentó una denuncia colectiva sobre el coste del despido improcedente en España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que es el órgano que vela por el cumplimiento de las directrices y principios de la Carta Social Europea (CSE). Sobre la base normativa de dicha Carta Social Europea, el CEDS adopta «conclusiones» en relación con los informes nacionales presentados por los Estados partes, y «decisiones» en relación con las denuncias colectivas presentadas por las organizaciones legitimadas. La CSE fue ratificada por España en 2021 (con lo que ello implica en cuanto a incorporación a nuestro Ordenamiento propio), y persigue garantizar la efectividad de toda una serie de derechos a nivel europeo entre los que -en lo que aquí nos ocupa- se encuentra la «protección en caso […]
Abogado en ejercicio con especialización en Derecho Mercantil y Laboral, y experiencia directiva previa en el ámbito de la empresa pública y privada, habiendo ocupando posiciones de Director General Corporativo (Grupo Rayet) o Director de Asesoría Jurídica (Chronoexprés, Grupo Correos). Socio de DLM INSOLVIA, sociedad profesional especializada en el asesoramiento concursal.
En el aspecto docente, es Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la URJC y en la Universidad San Pablo CEU, director y ponente en varios cursos de especialización del ICAM, y autor de diversos artículos y colaboraciones en publicaciones especializadas, así como de la monografía “La separación de la masa en el concurso de acreedores” (Ed. Civitas). Es ponente habitual en congresos y foros jurídicos especializados
Doctor en Derecho por la Universidad S. Pablo CEU con calificación de Sobresaliente Cum Laude. Diplomado en Derecho Inmobiliario por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, con el número 1 de su promoción y medalla de la Escuela. Máster en Dirección de Negocios Inmobiliarios Executive por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y PDG por el IESE de la Universidad de Navarra
Académico correspondiente la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Miembro de la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia (AEDIN), y de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA)
La semana pasada vi celebrar, además de la Eurocopa, los gestos fríos y algo maleducados de la selección de fútbol hacia el presidente de Gobierno durante su recibimiento en la Moncloa. Personalmente, lo desapruebo. El filósofo Jon Elster acuñó la expresión «fuerza civilizadora de la hipocresía» para referirse al proceso mediante el cual, durante la deliberación democrática, se sustituye el autointerés por una argumentación más imparcial, que es fingida (porque en el fondo cada uno va a lo suyo), pero a partir de la cual se logran el entendimiento político y resultados más equitativos en el reparto social. En un sentido más prosaico e intuitivo, todos practicamos dicha hipocresía cada día: cuando saludamos con una sonrisa al vecino que nos cae mal, cuando fingimos prestar atención a los problemas con los que nos aturulla un desconocido, cuando tratamos de congeniar con la pareja de un amigo a quien no tenemos en gran estima o cuando evaluamos el clima al entrar en un taxi para iniciar una conversación. Somos muy conscientes de que mostrar sinceridad todas las veces no sólo es una brutalidad incompasiva, sino también una vulgaridad muy prescindible. Es natural que Sánchez despierte animadversión, pero ¿nos hace falta saber […]
Ignacio es director senior de Asuntos Públicos en FTI Consulting.
Licenciado en Derecho por la UAM, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Law School (Instituto de Empresa) y programa máster de intercambio por la University of California – Hastings College of the Law. Además, cursó el programa executive de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.
Tras su paso por la firma de abogados Ontier España, trabajó como coordinador del Área Jurídica de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, como director asociado de la consultora de asuntos públicos Kreab.
Es autor del ensayo ‘¿Qué es realmente bitcoin?” (Rasche, 2018) y de la obra de teatro ‘Con la venia del Pueblo’ (estrenada en los Teatros Luchana en 2020), así como coautor de la obra colectiva ‘Contra el capitalismo clientelar’ (Península, 2017). Es miembro de la Fundación Hay Derecho desde 2015.
El pasado 1 de julio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en un voto 6-3 (que dividió a conservadores -voto mayoritario- y progresistas -dos votos particulares disidentes-) que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad en el ámbito penal por los actos oficiales llevados a cabo durante su presidencia. Concretamente, determinó que si dichos actos se encuadran en el núcleo de las competencias presidenciales, la inmunidad es absoluta, pero si se enmarcan en las competencias periféricas, entonces la inmunidad es como mínimo presunta. Por el contrario, los actos no oficiales pueden ser objeto de persecución penal. Recordemos que este caso tiene su origen en el plan de Trump para revertir los resultados de las elecciones de 2020, intentando presionar a los Estados y al vicepresidente Pence, para que invalidasen los electores de Biden y contasen los de Trump, con el pretexto de que se había cometido fraude electoral. Todo ello culminó en los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando una turba exaltada asaltó el Capitolio con el objetivo de presionar a Pence para que le otorgase la victoria a Trump. Posteriormente, Trump fue procesado por un gran jurado federal, el 1 de agosto de 2023, por el delito […]
Abogado, graduado en administración de empresas, y actualmente estudiante de relaciones internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C.
La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de Amnistía excluye expresamente el delito de malversación dentro de su ámbito de aplicación cuando concurra un beneficio patrimonial personal o el desvío de fondos atente contra los intereses financieros de la Unión Europea. Como es conocido, el Tribunal Supremo ha dictado auto de 01 de julio de 2024 en la que acuerda la inaplicabilidad de la citada Ley respecto al delito de malversación. Una primera aproximación al mismo nos hace deparar en su extensión: 61 folios, de los que 52 corresponden a la opción mayoritaria (recordemos la diversa procedencia y sensibilidad de los miembros del Tribunal Supremo, que estuvieron en su momento unánimes en la condena), y el resto al voto particular de FERRER GARCÍA. No se puede decir desde luego que no se ha motivado hasta la saciedad. Para situar en sus justos términos el debate, que debiera ser exclusivamente jurídico, debemos de recordar que: 1) la jurisprudencia de esta Sala (ATS 20107/2023, de 13 de febrero en la CE 20907/2017) es rigurosa frente a alegaciones defensivas que han pretendido la exoneración o la atenuación de las conductas imputadas por el hecho de que el destino de los fondos no era ajeno a un fin público. […]
Abogado penalista con más de 32 años de experiencia profesional. Miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Córdoba. Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa.
Nota del autor: no lea esta segunda parte sin haber leído antes la primera. Si ya lo ha hecho, seguramente pensará, hablando coloquialmente, que nos hemos «despachado a gusto». Es posible, aunque preferimos verlo como una (necesaria) crítica constructiva, siendo imprescindible para mejorar y avanzar poner el foco en las deficiencias del sistema, sobre todo en algunas casi invisibles. Pero toda esta crítica tiene que ir acompañada de la correspondiente autocrítica. ¿Algo de esto también es culpa nuestra? En parte, sí. Una sociedad verdaderamente íntegra no permitiría que sus instituciones y empleados públicos no lo fueran, pero, al mismo tiempo, una imagen íntegra de dichas instituciones influye positivamente en la sociedad. Veamos el siguiente efecto dominó: Fuente: elaboración propia Centrémonos de nuevo en uno de los círculos de la infografía anterior, el aludido sistema institucional. Solo la palabra caos puede definir la infame mezcla de (enorme) cantidad y (escasa) calidad de entidades públicas que lo integran. Pongamos por un momento el acento en esa cantidad, cantidades más bien, explicando todas las cifras que arroja nuestro entramado de entidades públicas. En base a esos números (es decir, datos objetivos), se puede inferir claramente si nuestro sistema fomenta o no la integridad […]
Secretario de la Administración Local, categoría superior. Directivo Público Profesional. Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Administración Pública. Máster en Planificación estratégica. Tiene o ha tenido presencia activa en las siguientes asociaciones: ADPP, COSITAL, RECI, UDITE, ADPP, AENOR y equipo técnico de la FEMP. Autor de numerosas publicaciones, especialmente en el ámbito de la administración electrónica y la transparencia. Responsable de la implantación de diversos proyectos reales en dicho ámbito, dentro de varias Administraciones Públicas. Entre otros reconocimientos: Medalla de la Vila del municipio de Picanya 2013, Premio CNIS al innovador público del año 2015, Premio internacional al mejor innovador en las Administraciones Públicas en el año 2020, y Premio Blog Jurídico Oro 2023 al mejor Blog.
«El ser humano es un mero mortal con defectos y virtudes, y no adquiere entidad divina por el hecho de desempeñar un cargo público.» (Ibiza Melián) El sistema y sus entresijos. El nuestro tiene trampa. Trampas, en plural. Por ejemplo: cuantas más instituciones y organizaciones públicas tiene un estado, más difícil es de gestionar, especialmente «de forma legal». Dicho de otra manera: existe otra corrupción, la que proviene de la misma configuración estructural del sistema, de un entramado institucional intencionadamente complejo, abigarrado, burocratizado, y que, precisamente por esa complejidad, siempre va a ser mucho más anárquico y arduo de controlar. Esta es una reflexión que vale para cualquier Estado, porque no hay ninguno ahora mismo en nuestro entorno que esté a salvo de la mayoría de estas problemáticas, pero hoy en particular me refiero a España, donde la política actual consiste en multiplicar los focos de poder político, un poder casi siempre utilizado para presionar y solo en contadas ocasiones para colaborar; en tener el control de los órganos teóricamente independientes; y en ejercer otras «malas prácticas» (somos generosos con el término), como tensionar, polarizar, insultar e intentar utilizar recursos públicos o posiciones de privilegio para perseguir objetivos particulares. Por si fuera poco, vivimos […]
Secretario de la Administración Local, categoría superior. Directivo Público Profesional. Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Administración Pública. Máster en Planificación estratégica. Tiene o ha tenido presencia activa en las siguientes asociaciones: ADPP, COSITAL, RECI, UDITE, ADPP, AENOR y equipo técnico de la FEMP. Autor de numerosas publicaciones, especialmente en el ámbito de la administración electrónica y la transparencia. Responsable de la implantación de diversos proyectos reales en dicho ámbito, dentro de varias Administraciones Públicas. Entre otros reconocimientos: Medalla de la Vila del municipio de Picanya 2013, Premio CNIS al innovador público del año 2015, Premio internacional al mejor innovador en las Administraciones Públicas en el año 2020, y Premio Blog Jurídico Oro 2023 al mejor Blog.
Finalmente, después de más de cinco años y medio de impasse, el 25 de junio de 2024, el PSOE y el PP consiguieron alcanzar un acuerdo para la renovación inmediata del CGPJ y la tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El acuerdo permite desbloquear una situación de deterioro, que se había agravado tras la adopción de la LO 4/2021. La presente reforma había impedido a este órgano proceder al nombramiento de los altos cargos judiciales, creando una situación inasumible, que imposibilitaba el correcto ejercicio de la función judicial. Es suficiente pensar que ahora no hay que renovar solo los 20 vocales del Consejo, sino que inmediatamente después el órgano entrante tendrá que proceder a la designación de un centenar de nombramientos pendientes, entre los que se encuentran 26 magistrados del Tribunal Supremo, más del 30 % de la plantilla. La tarea no será sencilla, en absoluto, y los vocales tendrán que ponerse de acuerdo. El reparto de los vocales entre PSOE y PP, a primera vista, es equitativo, permitiendo anular en el inmediato el intento de «captura del […]
Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. De su trayectoria académicas destaca por ser Investigadora Principal del módulo Jean Monnetson y en el Proyecto de I+D+i sobre Políticas de Integración de personas migrantes y refugiadas con el Programa Operativo FEDER. Su trabajo abarca desde el derecho de la Unión Europea hasta protección de los derechos fundamentales, cooperación judicial internacional y el impacto de la inteligencia artificial en el derecho. Temas donde su prolífica producción académica la posiciona como una autoridad reconocida.
En estos últimos días, la universidad española no ha dejado de ser noticia por irregularidades que han provocado agravios comparativos, ya sea entre alumnos, profesores o simplemente ciudadanos de a pie. Empecemos por el ya clásico problema de los exámenes de selectividad –suponiendo que lo sea un examen que aprueba casi el 100% de los alumnos– que, precisamente, se están celebrando en estas fechas. En sí no debería ser noticia, pues es un hecho o circunstancia que se repite todos los años, pero algunas informaciones apoyadas en datos que están apareciendo en diferentes medios, permiten reflexionar sobre tres aspectos básicos de estos exámenes y sus consecuencias. En primer lugar, el problema ya conocido de la desigualdad de las pruebas de evaluación y de los sistemas de puntuación según las diferentes Comunidades Autónomas, hecho que ya hemos tratado en anteriores posts. En segundo lugar, las notas cada vez más altas y obviamente infladas, a partir sobre todo del relajamiento de exigencia posterior a la pandemia, con las que los alumnos procedentes de determinados centros acceden al examen, y que, como se sabe, cuentan un 60% de la puntuación final, lo cual no encaja o correlaciona con otros parámetros, por ejemplo, los […]
Herminia Peraita Adrados, Licenciada en Filosofía (1968) y en Psicología (1977), y Doctora en Psicología (1982), es Catedrática de Psicología Básica (UNED, 1996).
Su línea de investigación – en la década 1980- estuvo centrada en Formación de categorías y conceptos y Adquisición del léxico en niños; posteriormente, década de los 1990, en el Deterioro de dicho proceso de categorización, y de la organización conceptual y léxica, en algunas enfermedades neurodegenerativas. Actualmente, desde el 2004, en la Detección precoz del deterioro cognitivo ligero,DCL, sus diferentes perfiles y trayectorias evolutivas y marcadores.
De sus numerosas publicaciones cabe citar Processing of semantic relations in normal aging and Alzheimer’s disease: Archives of Clinical Neuropsychology (2008), destacada por la revista como uno de los 25 “Hottest Articles” (TOP 25), entre los más leídos en 2008. La elaboración de una Batería de Evaluación de la Memoria Semántica en la Demencia Alzheimer – Batería EMSDA- Psicothema (2000), utilizada por numerosos investigadores, premiada por el COP/PA; el Corpus lingüístico y la edición del libro Envejecimiento y enfermedad de Alzheimer, en Trotta (2006), y en la línea de la detección precoz del DCL : DCL y ritmos de sueño en Biomedical research international (2014); DCL y cortisol en Psichoneuroendocrinology (2012); Estructura cognitiva de una batería neuropsicológica, en Psicothema (2011); Pruebas ecológicas en la detección del DCL, Neurología (2014); perfiles de DCL y evolución de los mismos: Current Aging Sciences (2012); Acceso léxico en EM, J. of Clinical and Experimental neuropsychology (2011).
Respecto a las presentaciones a Congresos, alrededor de un centenar, cabe destacar Neuropsychological and imaging (MR) biomarkers in the early detection of MCI premiada en el 3nd World Congress on Controversies in Neurology (CONY) (Praga, 2009)
Fue miembro del Panel de expertos del MECD/MCYT desde 2001 hasta 2004, y Gestora de Psicología en el área de CC Sociales y Humanidades de la SGPI/DGI del MEC, Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
Sus estancias en el extranjero han sido en París: Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EPHESS) del CNRS – de Octubre 1992 a Junio 1993-, y de Julio a Diciembre de 1993, también en París, en el Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée –CREA-CNRS. Posteriormente durante (2000-2001) en Montpellier en la Unité de Neurologie Comportémentale del Hôpital Gui de Chauliac, de Octubre a Marzo – 2.000-2001 – y en Londres, en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Dto. de Neuropsychology, en Mayo/Junio 2001. Estancias más breves tuvieron lugar en el Instituto de Lingüística Computacional de Pisa (ILC); en la Universitá degli Studi di Bologna, Fac. de Filosofía; en la Universidad de Cuernavaca, Méjico; en el CONICET de Buenos Aires; en la Open University de Milton Keynes, RU, así como en la Universidad de Cornell, Ithaca (USA).
www.uned.es/h_peraita
www.uned.es/investigacion/corpuslinguistico
www.uned.es/investigacion/grupocinco
Imagine, estimado lector, que es accionista de una gran empresa cuyo Consejo de Administración toma la decisión de nombrar como primer ejecutivo a una persona sin formación ni experiencia alguna para el puesto. Imagine que el Consejo continúa actuando así no una ni dos, sino siete veces seguidas a lo largo de 20 años. Esos siete ejecutivos –muchos de ellos «amiguetes» del presidente del Consejo– ni definen ni ejecutan una estrategia coherente para la compañía que, gradualmente, pierde cuota de mercado frente a sus competidores internacionales. Entre tanto, la empresa –que emplea a nada menos que 50.000 trabajadores– arroja pérdidas multimillonarias en ocho de los últimos diez ejercicios. Pues bien, esa empresa existe, todos los españoles somos accionistas y clientes de ella, y se llama Correos. El Dedómetro 2024 de la Fundación Hay Derecho es concluyente sobre la entidad 100% propiedad del Estado: en los últimos 20 años han sido nombrados siete presidentes –seis por gobiernos del PSOE y uno del PP– con una nota media de mérito y capacidad de 3,7 sobre 10, aunque con una larga trayectoria política previa. Desde 2020, la compañía arroja unas pérdidas acumuladas de 676 millones de euros. Los que conocemos el sector sabemos […]
Ingeniero industrial de formación, ha desarrollado toda su carrera en posiciones directivas en el sector de logística y transporte, entre ellas como consejero delegado de Azkar/Dachser para España y Portugal. En la actualidad es consejero y asesor de varias compañías e inversor en startups en España, EEUU y Reino Unido. También es patrono de la Fundación Hay Derecho.
El 7 de junio de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una proposición de Ley del grupo parlamentario Sumar con el fin de modificar el acceso a la carrera judicial. Se quiere pasar de una oposición pura, donde los que acceden a la plaza son los que hacen mejor examen y mejor se saben el programa, a un sistema de concurso-oposición, donde entra ya en juego la «discrecionalidad» del examinador. En la exposición de motivos de la citada proposición de Ley, se critica nuestro sistema actual de acceso a la carrera judicial sobre cinco puntos fundamentales, que voy a tratar de rebatir con datos y/o estadísticas. 1.- Se señala que el actual sistema se trata de un «sistema elitista» y siempre se ha querido asociar a que en su mayoría acceden por este sistema de oposición libre los «hijos de jueces», a pesar de que, en los últimos 24 años, sólo el 5, 94% de los aprobados tenían algún familiar que fuera juez. Por ello, en la propuesta, se propone como alternativa a fin de evitar el «elitismo», que los «mejores expedientes universitarios» accedan a una formación práctica y teórica durante dos años. ¿Valdrá entonces […]
Fiscal, profesor en el Centro de Estudios Jurídicos (años 2020, 2022 y 2023) las promociones 58, 60, 61 de fiscales.
Tutor de fiscales en prácticas desde el año 2011.
Director y autor de los libros “El fiscal de su vida”, “El juez de su vida” y coautor del libro “What the F.A.Q es un fiscal”.
Profesor de cursos de funcionarios del Ministerio de Justicia desde el año 2015.
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, el Tribunal de Cuentas ha iniciado los trámites correspondientes al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tales trámites exigen audiencia previa a las partes de los procesos afectados por esos posibles reenvíos prejudiciales. Ha sido en ese momento cuando los encausados y, en lo que ha trascendido de ellas, las alegaciones presentadas por los letrados a cargo de la defensa de Carles Puigdemont han contestado y rechazado la competencia de la jurisdicción contable española para efectuar tal reenvío. Ahí es donde surge la pregunta que da título a este análisis: ¿puede elevar el Tribunal de Cuentas una cuestión prejudicial al TJUE? La respuesta está por darse, pues no hay precedentes de remisiones prejudiciales europeas por el Tribunal de Cuentas español. Desde el punto de vista procesal, esa audiencia previa a las partes corresponde a lo indicado por el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el planteamiento de cuestiones […]
Profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.
Exprofesora del área de Derecho Constitucional y de la Unión Europea en la Escuela Judicial del CGPJ.
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