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Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
Robert Greene, en su magnífico libro las 48 leyes del poder, concluye que la reputación es la piedra angular del poder, y como tal debe ser defendida a toda costa. Sólo a través de la reputación se puede intimidar y ganar. “Hay que saber destruir al enemigo minando su propia reputación. Luego hay que tomar distancia y dejar que la opinión pública le lleve a la horca”. China es uno de los países en los que mejor se ha entendido cuál es el impacto de la reputación como instrumento enfocado a dirigir y condicionar el destino de la ciudadanía. En el denominado social credit system, según los antecedentes penales, el correspondiente comportamiento social, las actividades en redes sociales y el historial financiero se otorgará una calificación a los ciudadanos que tendrá consecuencias en cuanto a posibles recompensas y sanciones. La posición en la escala social, o incluso la propia muerte civil en la práctica, dependerá pues de actividades, comportamientos y opiniones de los ciudadanos, sometidos a un sistema de hipervigilancia pública en el que los derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, brillan por su ausencia. El mundo distópico que nos relataba Orwell en su novela 1984 no está […]
Daniel Gómez-Olano González es Licenciado en Derecho y en CC. Económicas y Empresariales. Cuenta con un Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa. Ha sido Asociado Senior de Garrigues y Director en el Área Fiscal de KPMG Abogados. Actualmente es Director del Área Fiscal del Grupo FCC.
Ha sido profesor del Master de Asesoría Fiscal del Instituto de Empresa y del Master de Asesoría Fiscal de la Universidad San Pablo CEU. Miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Coordinador del Grupo de Asesores Internos de dicha Asociación, desde el año 2016. Ha coordinado la elaboración de varios Papers relativos a la inseguridad jurídica tributaria, al cumplimiento tributario cooperativo y a posibles reformas tributarias en diversos ámbitos, dirigidos a la Administración tributaria, al Gobierno de España y a nuestros grupos parlamentarios.
“Muerta la notabilidad, acceden las medianías” (Mariano José de Larra, “Cuasi pesadilla política”) Preliminar: deterioro institucional y responsabilidades políticas El enorme deterioro institucional que se está produciendo en nuestro país parece importar a muy pocas personas. Las instituciones nunca han sido apreciadas en España. Múltiples hechos de nuestro curso histórico así lo avalan. Desde el poder político y los propios partidos, las instituciones están siendo cada vez con mayor intensidad objeto de conquista y control, de apropiación partidista grosera. La (mala) política lo infecta todo. Para la ciudadanía, tales actitudes hacen crecer la desconfianza. La confianza es un intangible; muy difícil de construir, muy fácil de perder. Algo serio ocurre, como ha sido perfectamente descrito por los sociólogos Lamo de Espinosa y Díez Nicolás, cuando el descrédito de los políticos arrastra el fracaso de la propia política, frecuentada en estos momentos por personas que no han hecho otra cosa en la vida (o quienes la hicieron, ya lo han olvidado) que vivir de la política en sus cómodas poltronas públicas giratorias habilitadas al efecto. Así, por ejemplo, los cuatro líderes políticos de las principales formaciones nacionales llevan décadas viviendo de la política; lo mismo puede decirse de casi todos los líderes territoriales. […]
Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (1988). Actualmente es Socio del Estudio de Sector Público SLPU y Catedrático de Universidad (acreditado) en la Universidad Pompeu Fabra, donde imparte docencia de “Organización Constitucional del Estado” en el Grado de Filosofía, Política y Economía, que se imparte conjuntamente por las Universidades Pompeu Fabra, Carlos III y Autónoma de Madrid.
Ha sido Letrado del Gobierno Vasco (1981-85), Jefe de Estudios del IVAP (1985-1992), Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UPV/EHU (1993-1998), Letrado del CGPJ (1999-2001); Catedrático de Derecho Constitucional en ESADE, URL (2001-2004), Director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona (2004-2007) y Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local (2010-2012). Ha desarrollado tareas de Consultor Internacional sobre reformas institucionales en varios países con el BID, CLAD, FIIAPP, OCDE y Banco Mundial
Nuestro ordenamiento jurídico impide que pueda realizarse ingreso o internamiento alguno sin el consentimiento de la persona afectada o, en su defecto, del juez competente. Tanto es así, que ni siquiera se puede prestar el consentimiento por representación, hasta el punto de que los sometidos a curatela representativa, tutela o a patria potestad necesitan autorización judicial para ser ingresados en un centro psiquiátrico, no basta con la autorización de sus representantes legales.
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Famiila y apoyo a la discapacidad y con conocimiento empresarial. Escribe artículos periodísticos y doctrinales en El País, Disidentia y Hay Derecho, con el acercamiento de la Justicia al ciudadano y concernida con las amenazas a la democracia y con las nuevas implicaciones de los derechos fundamentales. Experta en derecho de familia y civil y entusiasta del laboral. Autora de “Así funciona la Justicia” de Arpa Editores.
Proponemos reforzar la transparencia y la objetividad en el ámbito de la publicidad institucional y la despolitización de los medios de comunicación públicos, así como el fortalecimiento del espacio cívico mediante ayudas a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la calidad democrática e institucional y la promoción de la cultura del Estado de derecho.
Abogada con formaciones de postgrado en ESADE Law and Business School: Programa de Gobernanza del sector público, Programa de Innovación social, Programa de dirección de organizaciones sin ánimo de lucro.
Ha dirigido la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid durante una década y ha sido la Responsable de investigación en España de la misma organización hasta marzo de 2022.
Anteriormente fue Subdirectora del departamento del Jurado de Autocontrol de la Publicidad, mecanismo español de resolución extrajudicial de controversias sobre comunicaciones comerciales.
La transparencia es un principio político fundamental para cualquier democracia avanzada. Es esencial para la rendición de cuentas y una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, además de servir para fomentar la confianza en las instituciones. La transparencia sostiene también la calidad de la participación política, en la medida en que el acceso a una mejor información pública permite que los ciudadanos puedan tener un conocimiento más adecuado de la realidad. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG) data de diciembre 2013. Y a pesar del tiempo que ha pasado desde entonces, aún queda un largo camino por recorrer. A día de hoy, las Administraciones Públicas siguen sin haber integrado una cultura de la transparencia en su práctica habitual. Los Portales de Transparencia que recogen la publicidad activa están con frecuencia desactualizados, como reflejan los hallazgos de investigaciones de la Fundación Hay Derecho como el Dedómetro. Y el derecho de acceso a la información pública se percibe en muchas ocasiones como una pesada carga burocrática, obviando su importancia para el desarrollo de una ciudadanía activa e informada. Un ejemplo evidente de la escasa importancia que se concede a la transparencia […]
Javier Zamora García es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (UAM), master en Pensamiento Social y Político (University of Sussex) y doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas (UAM).
Fue investigador FPU en el departamento de Ciencia Política de la UAM, donde impartió las asignaturas “Introducción a la Ciencia Política”, “Teorías de la democracia” e “Historia de la teoría política”. Ha realizado estancias de investigación en Canadá (Western University) y Países Bajos (University of Utrecht).
Ha publicado en revistas académicas como Isegoría. Revista de filosofía moral y política, Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política o Studies in Social and Political Thought. Fue galardonado con el Premio Gillian Rose Memorial por su trabajo From the ‘Indignados Movement’ to power politics: a critical study of the theoretical underpinnings of Podemos.
El manifiesto problema lo siguiente como objetivo en este punto: Establecimiento de mecanismos efectivos de revisión “ex ante” y “ex post”. Diseño de políticas públicas con base en la evidencia y los datos disponibles. Publicidad de la evaluación.
Presidente Fundación Hay Derecho. Notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984). Oposiciones a Notarías aprobadas en 1988, oposiciones restringidas, entre Notarios, en 1991-1992. En twitter @ignaciogoma
Una Administración Pública profesional, neutral y eficiente es una garantía esencial para el buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho.
Lamentablemente, los problemas de nuestras AAPP tanto en cuanto a su politización como en cuanto a su falta de capacidad empiezan a ser visibles para la ciudadanía, después de décadas sin abordar cambios estructurales imprescindibles, y con unas plantillas tremendamente envejecidas y unos perfiles profesionales que, en muchos casos, no son adecuados para los servicios que debe de prestar una Administración de la tercera década del siglo XXI
Irene de Noriega es graduada en derecho y ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en acceso a la abogacía por la Universidad Abierta de Cataluña y máster en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad de Valladolid.
Fue analista de justicia en el departamento de Gobernanza Pública de la OECD donde colaboró en la redacción de documentos de política pública de la organización sobre acceso a la justicia, confianza en las instituciones y democracia. En la Comisión Europea, contribuyó a los trabajos de preparación del Informe del Estado de derecho 2021.
Durante su estancia como becaria en el departamento de doctrina del Tribunal Constitucional, redactó resúmenes de sentencias para la base de datos del Tribunal, coordinó la elaboración de un prontuario sobre el derecho de la Unión Europea en la jurisprudencia del tribunal, y redactó informes sobre legislación nacional para la Comisión de Venecia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pese a que la preocupación por la corrupción ya no esté entre los principales problemas de los españoles, según el CIS, lo cierto es que siguen produciéndose actuaciones que ponen de manifiesto que la vieja corrupción clientelar e institucional se sigue produciendo. La definición clásica de corrupción como la utilización de lo público para fines personales, particulares o partidistas está profundamente ligada a la politización del sector público y a mecanismos clientelares muy arraigados en nuestro país, Si bien es cierto que la práctica del soborno para obtener servicios públicos es absolutamente excepcional si existe lo que podríamos denominar corrupción institucional o política, precisamente ligada la idea de que las instituciones o las Administraciones Públicas están al servicio particular de los gobernantes de turno, ya sea en forma de contratos públicos para los cercanos (como ocurrió en el caso de la pandemia), de subvenciones para los afines o de empleos públicos o ventajas regulatorias para la clientela. El problema es que combatir la corrupción cuando el daño ya se ha producido es mucho más complejo y lento que prevenirla. Por eso, desde la Fundación Hay Derecho insistimos en los mecanismos preventivos para controlar la corrupción, siendo el fundamental y más […]
Irene de Noriega es graduada en derecho y ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en acceso a la abogacía por la Universidad Abierta de Cataluña y máster en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad de Valladolid.
Fue analista de justicia en el departamento de Gobernanza Pública de la OECD donde colaboró en la redacción de documentos de política pública de la organización sobre acceso a la justicia, confianza en las instituciones y democracia. En la Comisión Europea, contribuyó a los trabajos de preparación del Informe del Estado de derecho 2021.
Durante su estancia como becaria en el departamento de doctrina del Tribunal Constitucional, redactó resúmenes de sentencias para la base de datos del Tribunal, coordinó la elaboración de un prontuario sobre el derecho de la Unión Europea en la jurisprudencia del tribunal, y redactó informes sobre legislación nacional para la Comisión de Venecia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las instituciones de contrapeso juegan un papel clave en una democracia. Ya se trate de la CNMC, la CNMV, el CIS, el Banco de España, RTVE, el Consejo de Transparencia o, no digamos, el poder judicial o el Tribunal Constitucional. No son instrumentos de ejecución de una determinada política gubernamental, como podría ser una Dirección General de cualquier ministerio, sino que sus fines fundamentales vienen predeterminados por la ley o la Constitución en aras a un interés general que puede ser de lo más variado (lucha contra los cárteles, transparencia de los mercados o de la actuación administrativa, información general o sociológica sobre la realidad española, control de la sujeción a la ley y a la Constitución, etc.) y se espera de ellos que los ejecuten con la mayor objetividad posible, precisamente para ser fieles a los mismos. Es obvio que esos intereses generales pueden entenderse de una manera u otra (dentro de ciertos límites) pero, desde luego, lo que es totalmente incompatible con la función que deben desempeñar esas instituciones es su captura para ponerlas al servicio del partido del Gobierno (cualquiera que este sea) con el fin de apuntalar su política clientelar. Es obvio que concentran mucho poder, […]
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
Un Estado de Derecho consiste en que todos, incluso el poder, están sometidos a unas Leyes de origen democrático que se aplican de forma objetiva, y en que los distintos poderes se controlen unos a otros. Por eso es fundamental que el Parlamento funcione adecuadamente, pues no solo es quién crea las leyes sino que también tiene encomendado el control del ejecutivo. Sin embargo, se trata hoy de una de las instituciones más claramente en crisis. La prueba de ello es la degradación de la calidad de las leyes, cada vez más numerosas pero también más complejas y contradictorias (ver aquí). De esto hay muchos ejemplos: leyes que tienen el efecto contrario al deseado como la llamada Ley del sí es sí; anécdotas como la publicación en el mismo BOE de dos redacciones distintas de un mismo artículo; o engendros legislativos como el Decreto Ley 5/2023, compendio de todos los vicios que aquejan a nuestra legislación (es un Decreto Ley, trata infinidad de materias diversas y modifica casi 50 leyes, generando una enorme inseguridad jurídica). Lo extraño es que nuestro sistema prevé un procedimiento legislativo exigente: se parte de un proyecto que elabora el Gobierno, que se somete a consejos […]
Licenciado en Derecho en 1989 (ICADE- E1). Notario en la oposición de 1991. Doctor en Derecho. Patrono de la Fundación Hay Derecho. Autor de artículos en El País, ABC, Nueva Revista, y de diversas publicaciones de Derecho Mercantil y otras materias.
En nuestro manifiesto por la mejora institucional hemos puesto también de relieve la lamentable situación en que se encuentra la Fiscalía General del Estado, sobre la que también ha puesto el foco el reciente informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea. La politización de la institución, a través de la designación de un Fiscal General del Estado afín al Gobierno de turno, que es a quien corresponde su nombramiento viene de lejos, teniendo en cuenta además que el mandato del FGE coincide además con el del Gobierno. Pero sin duda ha alcanzado su zénit en esta legislatura, con el nombramiento de Dolores Delgado, ex Ministra de Justicia del Gobierno, como Fiscal General del Estado de ese mismo Gobierno. Su figura ha sido muy controvertida, en primer lugar por su vinculación con el caso Villarejo a través de su pareja, Baltasar Garzón, y su implicación en el denominado “caso Stampa” (en la que se apartó al fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía anticorrupción y de paso de la investigación a Villarejo por medios muy cuestionables, por decirlo con elegancia) pero también por su implicación decidida en la política del Gobierno, convencida, según sus propias declaraciones, de que ese […]
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Natalia Velilla AntolínMagistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Famiila y apoyo a la discapacidad y con conocimiento empresarial. Escribe artículos periodísticos y doctrinales en El País, Disidentia y Hay Derecho, con el acercamiento de la Justicia al ciudadano y concernida con las amenazas a la democracia y con las nuevas implicaciones de los derechos fundamentales. Experta en derecho de familia y civil y entusiasta del laboral. Autora de “Así funciona la Justicia” de Arpa Editores.
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Famiila y apoyo a la discapacidad y con conocimiento empresarial. Escribe artículos periodísticos y doctrinales en El País, Disidentia y Hay Derecho, con el acercamiento de la Justicia al ciudadano y concernida con las amenazas a la democracia y con las nuevas implicaciones de los derechos fundamentales. Experta en derecho de familia y civil y entusiasta del laboral. Autora de “Así funciona la Justicia” de Arpa Editores.
Elisa de la Nuez Sánchez-CascadoElisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988 En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales. En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial. En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa. Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment, de […]
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
A lo largo de la XIV Legislatura, se han incrementado las señales de alarma sobre el deterioro de la calidad de las leyes que ya habían menudeado años atrás. Y ante la más que improbable corrección de esta deriva por los propios actores del procedimiento legislativo, inevitablemente las miradas se dirigen a la única instancia institucional que puede mitigar esta lacra: el juez constitucional. No se trata, sin embargo, de una tarea sencilla para este, puesto que la legitimidad misma de los tribunales constitucionales se asienta sobre una adecuada autodelimitación de su ámbito funcional frente al legislador democrático. De ahí que, con carácter general, se parta de la premisa de que los defectos de técnica legislativa escapan por lo general al control de constitucionalidad. Como tantas veces ha recordado nuestro TC, no le corresponde ser “juez de la calidad técnica de las leyes”, explicitando así la obvia constatación de que una mala ley no tiene por qué ser (necesariamente) una ley inconstitucional. El control de los defectos de técnica legislativa se ha presentado, pues, tradicionalmente, en la órbita jurídica en la que nos insertamos como una tarea de carácter excepcional y estrictamente residual para la jurisdicción constitucional, circunscrita a aquellos […]
Manuel Medina Guerrero
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Ha sido letrado del Tribunal Constitucional (1994-1998), vocal de la Junta
Electoral de Andalucía (2003-2014), director de la Fundación Democracia y
Gobierno Local (2004-2010) y director del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía (2016-2020).
Entre otros, ha recibido el Premio Jesús María de Leizaola 1990 (Gobierno
vasco), el Premio extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla (curso
académico 1990-91), el Premio Nicolás Pérez Serrano 1991 del Centro de
Estudios Constitucionales y el Premio Blas Infante 2001 (Instituto Andaluz de
Administración Pública).
Miembro del Consejo de redacción de la Revista Española de Derecho
Constitucional.
La gravísima crisis institucional que atraviesa el CGPJ no parece tocar fondo. Esta situación insólita, motivada por la irresponsabilidad institucional de los demás poderes, por la lucha de egos y por intereses partidistas ajenos al bien común, ha llevado a la parálisis de uno de los órganos constitucionales por excelencia. El CGPJ, que debió ser renovado en diciembre de 2018, a finales de este año -si nadie lo remedia- va a ver duplicado su mandato tras permanecer en funciones cinco años. Junto a la crisis por la falta de renovación asistimos a la crisis motivada por la Ley Orgánica 4/2021, por la que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de impedir al CGPJ nombrar cargos discrecionales. Las cámaras legislativas incumplidoras de su deber constitucional de convocar el Pleno para nombrar de entre los candidatos presentados a los nuevos vocales, sí se reunieron para recortar la competencia más importante del órgano de gobierno de los jueces. La medida no causó el efecto deseado de presionar al partido en la oposición para la renovación. Y cuando pensábamos que no podía desprestigiarse aún más el órgano, las cámaras volvieron a reunirse para aprobar la Ley Orgánica 8/2022, […]
Editores del blog “¿Hay derecho?”
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