¡Ay, Derecho!: Esperanza, Thelma y Louise

Lo malo de estos pequeños incidentes es que a veces dicen mucho de nosotros. A veces más de lo que pensamos. La fuga motorizada de Aguirre creo yo que es uno de estos incidentes. Como en todos los sucesos en los que pueda haber involucrado algún interés político, por lejano que sea, las versiones son enormemente diferentes. En algunos sitios se dice que Esperanza Aguirre huyó inmediatamente, que arrolló a un guardia; en otros, que la retuvieron quince minutos, o incluso que todo es una chulería de los policías para darse importancia y hacerse una foto, y que el comunicado de UPyD, exigiendo el cumplimiento de la legalidad y el principio de igualdad de trato, es vomitivo.

Pero, en fin, tampoco hace falta dar tantas vueltas, que se embrollan las cosas. Los hechos que se conocen con seguridad son suficientes. Yo, desde luego, no tengo lo que hay que tener para parar a las cuatro y media de la tarde en el carril-bus de la Gran Vía, detrás de un taxi del que se está bajando un pasajero, e irme a sacar dinero de un cajero. Los cajeros estos se lo piensan bastante y se toman su tiempo para darte el dinero, preguntarte si quieres recibo, si vas a hacer alguna operación, etc, etc. De un minuto, nada. En un minuto no te da tiempo ni a bajarte del coche y sacar la 4B de la cartera.  Y mientras llegando autobuses y taxis tocando el claxon. Yo me pondría amarillo de tensión. Pero, claro, es que yo no valgo para político, no tengo esa capacidad de pasar de la normativa vigente, bastante severa en materia de carril-bus, aun a sabiendas de que si me pillan se va a montar gorda por ser conocido.

Ese detalle ya es de por sí significativo, porque revela capacidad para desarrollar una conducta irregular que la mayoría de la gente no tiene. Al menos en la Gran Vía de Madrid. Y es, por tanto, un mal ejemplo, lo que para una persona con aspiraciones políticas a la alcaldía, al menos como rumor, es importante.

Pero si encima después de pillarte en falta, lo que haces es irte –rápidamente o después de esperar un rato, estén abusando los agentes o no- arrollando una de las motos policiales, estás mostrando una grave falta de prudencia, muy necesaria en situaciones críticas. Y si, además, después de todo ello, cuando ocurre la previsible revolución mediática, te defiendes atacando a los agentes (“si tiene un ataque de ansiedad hay que ver si puede ser agente”), haciendo comparaciones con Bolinaga, diciendo que la moto estaba muy mal aparcada, y hablando de machismo (ver aquí y aquítambién revelas una carencia de criterio y olfato muy grandes. O quizá no, es que sabe que sus enemigos le van a atacar siempre y sus amigos le defenderán en todo momento.

Esperanza Aguirre tiene un estilo espontáneo y directo, sin pelos en la lengua, que es del agrado de mucha gente. Pero eso no es suficiente: los políticos han de tener, como figuras públicas, más respeto a la ley que los ciudadanos que han de gobernar. Y si se equivocan, han de dar también ejemplo de arrepentimiento y contrición, porque eso es también que es lo que se nos pide a nosotros.

¡Ay, Derecho! La necesaria recuperación de la independencia de los interventores municipales

Fernando Urruticoechea es interventor municipal. Esta profesión se crea en el siglo XIX para luchar contra el poder de los caciques locales y se constituye como un funcionario del Estado cuya misión es controlar y fiscalizar todo lo relativo a la gestión económica del ayuntamiento. Un revisor externo de sus cuentas y de lo que el consistorio hace con los presupuestos públicos.
En la Transición su figura se torna extremadamente “molesta” para muchos de los nuevos dirigentes municipales surgidos de las urnas. Consideran intolerable e incluso antidemocrático que un alcalde elegido por el pueblo no  pueda desarrollar sus políticas simplemente porque un funcionario se lo impida. O, dicho de otra manera, y más realista, no quieren que nadie les controle para poder manejar a su entera libertad el cada vez más importante presupuesto municipal.
Antonio Muñoz Molina, en su recomendable libro “Todo lo que era sólido”,  hace un retrato de la situación en esos años, comentada en este blog por Ignacio Gomá: “…el relato de sus primeros pasos laborales como administrativo del Ayuntamiento de Granada, donde experimenta, en plena adscripción comunista,  los últimos años del franquismo y la llegada de la democracia, y puede contemplar en primera fila la llegada a mitad de los ochenta de un nuevo fenómeno, el “pelotazo”, que convirtió a España “en el país donde uno puede hacerse rico más rápidamente” (Solchaga dixit).
 Pero lo grave no fue sólo el pelotazo individual, sino el desahogo institucional: el dinero empezó también manar desde Europa hacia las administraciones públicas, entre ellas la local,  y  pronto los políticos empiezan a considerar molestas las “trabas burocráticas”, la subordinación de sus decisiones y ocurrencias a procedimientos que venían del pasado. Tales “trabas” no eran sino las exigidas, para mantener la legalidad de las decisiones políticas, por funcionarios nacionales como el secretario de ayuntamiento, el interventor  y el depositario, que hasta entonces no eran nombrados ni destituidos por el alcalde: el secretario general –nos recuerda-  certificaba la legalidad de los acuerdos municipales. El interventor tenía que aprobar cada propuesta de gasto, asegurándose previamente de que no se salía de los presupuestos. El depositario controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos. 
Así que se cambiaron las cosas: había que construir una nueva legalidad democrática, creada por los representantes del pueblo, en la que pudieran asegurarse de promulgar leyes que les permitieran  actuar al margen de ellas. “La ruina en que nos ahogamos hoy –dice- empezó entonces: cuando la potestad de disponer del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes; y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio –o simplemente para no ser cumplidas” (pág. 48).”
Fernando Urruticoechea, decíamos, es interventor, cree en su profesión y la ejerce como tal. Eso le ha causado los previsibles problemas con políticos profesionales muy poco acostumbrados a controles y responsabilidades, y sí a una plácida impunidad. En el ayuntamiento de Castro-Urdiales, donde trabajaba, ocurrió lo que relató a Jordi Évole en “Salvados”:
http://youtu.be/VgmRmUyPHyw
 
Por cierto, el alcalde de Castro-Urdiales está imputado en estos momentos por delitos de malversación y falsedad en documento público, resultado en el que el trabajo como interventor de Urruticoechea ha tenido parte de causa.
Le hemos pedido a Fernando Urruticoechea un artículo sobre la situación de los interventores municipales y nos lo ha prometido. Mientras tanto, nos ha remitido su extenso e interesante trabajo, coescrito con una profesora de Derecho Administrativo,  “La racionalización y sostenibilidad de la Administración Local mediante el fomento de su control interno a través de la recuperación de la independencia de los interventores municipales», cuyo título no deja lugar a dudas sobre el contenido.
En él se refiere a un proyecto de ley entonces en marcha promovido por el PP de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se anunciaba precisamente el aumento del control municipal, el rigor, la mayor independencia de los interventores, etc. Acaba de aprobarse como ley, publicada en el BOE el día 31 de diciembre. No creo que sorprenda a nadie saber que, una vez más, para este Gobierno, lo que dice que va a hacer y lo que hace pueden ser dos cosas completamente diferentes (es un Gobierno muy fiable, como diría Rajoy, pero en el sentido de que sabes que nunca te puedes fiar de lo que diga), o en palabras del propio Fernando Urruticoechea: “aunque uno de los objetivos de la ley era precisamente el de reforzar el papel de los interventores locales, una vez más ha quedado demostrada la nula voluntad de nuestros dirigentes políticos en implementar un sistema de control interno efectivo en las Administraciones Locales.”
 

¡Ay, Derecho!: el personal eventual del Ayuntamiento de Madrid

En un esfuerzo por sistematizar  y dar apariencia de rigor al siempre controvertido asunto del personal eventual,  el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el siguiente Decreto 
Es sabido que el personal eventual (art. 12.1 del Estatuto Básico del Empleado Público) es el que se contrata al margen de los principios de concurrencia, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública, para realizar funciones de “confianza  o asesoramiento especial” para un cargo político.
En el citado Decreto, se observa que los puestos que pueden ser cubiertos por personal eventual van desde el Director del Gabinete del Alcalde, con un sueldo de 70.511 Euros, hasta un simple chófer o conductor de un concejal, con un muy respetable sueldo de 41.470 Euros.
Hace ya tiempo que los editores de este blog denunciaron  los sueldos excesivos que cobran algunos puestos de libre designación en el Ayuntamiento de Madrid, pero al menos estos puestos eran reservados a funcionarios de carrera que habían aprobado una oposición. Incluidos los de chófer, como se ve en el puesto  con número de orden “4” de la siguiente convocatoria
Ahora vemos que incluso los chóferes o los administrativos de un simple concejal no tienen que escogerse necesariamente entre los funcionarios de carrera de la plantilla municipal, aunque existan entre éstos varios candidatos que reúnan el perfil idóneo para el puesto, sino que lo serán entre los amigos del concejal pues, evidentemente,  esas tareas son “de confianza o asesoramiento especial”.
El problema del  personal eventual no consiste solo en el sueldo, sino que también  versa sobre la competencia y funciones y sobre la formación que suelen tener. Algunas personas pueden estar cualificadas, pero la mayoría no tanto como para cobrar sueldos que en la empresa privada serían inalcanzables para alguien con esa formación o/y experiencia . Ha habido asesores de concejales del Ayuntamiento de Madrid que no tenían aprobado más que el COU, pero cobraban más de 60.000 Euros. Y sigue habiendo asesores con sueldos similares de quienes se duda que tengan siquiera la carrera universitaria terminada.
Por todo ello, se puede concluir que este esfuerzo de transparencia del Ayuntamiento de Madrid respecto al personal eventual es solo parcialmente creíble. Sabemos lo que cobran, pero no sabemos si está justificado ese sueldo,  ni el número de eventuales ni la competencia específica de los mismos por sus méritos, y menos aún si sus tareas no podrían realizarse por funcionarios de la plantilla municipal. Transparencia formal, pero no material. Una vez más, transparencia de mentirijillas.
 

¡Ay Fiscalía! La sentencia del caso Frago

El pasado día 1 de octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió anular una sanción de separación de servicio a un fiscal. Aunque la sentencia es interesante , y recomiendo su lectura, creo que lo singular en este caso no es la sentencia en sí, sino los hechos ocurridos.  El fiscal en cuestión, con muy pocos años de servicio y destinado en La Coruña, se quejó a la Inspección Fiscal de que estaba siendo sometido a acoso laboral por su superior jerárquico.   La Inspección archivó su queja y le incoaron un expediente a él. Previamente, ese fiscal había denunciado a su jefa ante el TSJ de Galicia por falsedad documental (entre otros documentos, se denunciaba la falsificación de la firma del fiscal en algunos escritos), que habiendo sido archivada de plano respecto a la Fiscal Jefe aforada, es en estos momentos objeto de activa investigación en un Juzgado de Instrucción de la capital gallega: ya veremos como acaba ese asunto, que puede todavía hacer más bochornoso todo esto.
La Inspección fiscal concluyó el expediente solicitando una sanción de separación del servicio del joven fiscal, con varias multas añadidas.   ¿Qué se le reprochaba, qué delito había cometido el compañero?  En un farragoso escrito -que leí en su día varias veces porque no me podía creer lo que estaba leyendo- señalaba la Inspección que el fiscal expedientado había incurrido en una falta muy grave de desobediencia «continuada» (no está prevista la continuidad en las infracciones disciplinarias en nuestro régimen sancionador) al haberse negado a obedecer una orden concreta de su Jefa, y al no haber hecho -un año antes- una estadística de faltas y juicios rápidos en el pueblo donde servía el fiscal.    Esas eran las faltas determinantes de su expulsión.
Los fiscales debemos obedecer las órdenes de los superiores; sin embargo tenemos como última salvaguardia de nuestra conciencia profesional un expediente interno para cuestionar la orden del superior.  Se recoge en el art. 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal.  Lo sorprendente en este caso es que el fiscal invocó a su jefa el art. 27, por escrito, pero su superior ignoró su respuesta y reiteró la orden. Además, al margen de que no hay precepto alguno que obligue a los fiscales a llevar estadísticas, lo cierto es que la jefa dio mal la orden al fiscal en tal sentido, ya que no fue particular y escrita, como establece en la ley. Con estos mimbres, se expulsaba a un fiscal.  Hay que añadir que en el procedimiento sancionador establecido para los fiscales, el Consejo Fiscal (elegido por los fiscales) ha de ser oído y en este caso su informe ha de ser positivo para que se pueda llevar a cabo la sanción.   El Consejo Fiscal es la puerta del castigo.   El Consejo Fiscal -presidido por el Fiscal General del Estado, cuya especialidad es precisamente el Derecho Constitucional- estaba formado mayoritariamente por vocales elegidos por la Carrera Fiscal pertenecientes a la asociación profesional a la que pertenecía y ha liderado desde hace 25 años el actual FGE. Entre los vocales de esa asociación estaba la Fiscal Jefe de Juan Antonio Frago. Pues bien, por unanimidad (con la lógica ausencia de la Fiscal Jefa de La Coruña), el Consejo votó expulsar a Frago. Le sigo dando vueltas a qué pensaban los vocales y el FGE cuando decidieron eso.
No es de extrañar que la Audiencia Nacional haya anulado la sanción (aunque tal era el despropósito que durante un tiempo llegué a dudar de mi mismo, de mi buen criterio jurídico) indicando, entre otras lindezas, algo muy duro para la Fiscalía: «en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal».   Además, se critica severamente el procedimiento sancionador en la Fiscalía, introduciendo incertidumbres que solo pueden ser solucionadas a través de la intervención del legislador, ya que se considera vulnerador del derecho a un justo proceso el hecho de que no interviniera en el expediente un fiscal desvinculado orgánicamente del FGE, aspecto este hoy no previsto en el Estatuto.
Pues bien, señalado lo anterior, resulta muy indicativo del estado de la Fiscalía española, ahogada por la politización, la desconfianza al libre criterio de los fiscales, el secretismo en la toma de decisiones y el hiperdesarrollo de la jerarquía, que durante todo el expediente tan solo 33 fiscales (de más de 2400) se adhirieron a un Manifiesto pidiendo más garantías en los expedientes disciplinarios; que tras la sentencia no ha habido ningún pronunciamiento de las asociaciones de fiscales representadas en el Consejo Fiscal, ni de la Inspección Fiscal, ni de la Fiscalía General del Estado; que ni el Fiscal General, ni los vocales del Consejo Fiscal ni el Inspector Fiscal han dado siquiera explicaciones a la Carrera ni a la  opinión pública, a pesar del daño que han causado a la Institución y a un fiscal que actuó como se espera que actúe un fiscal, confiado y amparado en la legalidad. Ni se han disculpado ante el compañero. Es como si dijeran, como en aquella canción infantil «¿bueno, y qué?». Y parece que tienen razón: ¿y qué pasa?. Por cierto, la Fiscal Jefe de la Coruña fue promocionada durante la tramitación del recurso contencioso administrativo a una Jefatura de mayor rango desde el Consejo al que pertenecía.  Ni la Fiscalía (a pesar de que el FGE anunció lo contrario en una rueda de prensa, quizá para sacarse de encima una pregunta incómoda) ni la Abogacía del Estado han recurrido la sentencia.
Menos mal que hay jueces, porque en el estado actual de las cosas, un fiscal no puede esperar un trato justo si se enfrenta con la jerarquía en la Fiscalía.


 

¡Ay, Derecho! Gallardón, Guerra, Freud y el CGPJ

El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón fue entrevistado ayer por Carlos Herrera en Onda Cero, y fue preguntado por los recientes nombramientos para el CJPJ. Pueden oír la entrevista aquí. A mí me ha producido una cierta conmoción.
El hecho mismo de que la ley se haya modificado para politizar más la justicia y que se hayan verificado esos nombramientos en contra del programa del PP es, por supuesto, grave y ya ha sido comentado aquí, y otras numerosas veces. Recordemos que el programa del PP decía: “11. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
Pero, en fin, comprendemos que esa incoherencia tiene una motivación política racional, por mucho que esta motivación sea contraria al Estado de Derecho y a la división de poderes.
Y eso me irrita, pero, ay (Derecho), reconozco que lo que más me irrita de todo –humano soy- es que me digan que eso lo hacen para profundizar en la democracia, pretendan que me lo crea y me tomen por lo que no soy. En la mencionada entrevista, el ministro incluía esta perla:
“¿Por qué el Parlamento? Porque es el titular de la Soberanía. Porque el art. 1 de la Constitución dice que del pueblo español emanan todos los poderes del Estado. Todos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y poder el judicial. Si quien representa a este titular de la soberanía a todos los efectos que es el pueblo español puede elegir al presidente del gobierno de España, cuanto no más va a tener facultad para intervenir en el nombramiento del órgano de gobierno del Poder Judicial….”
Creíamos que el ministro pensaba que uno de los pilares del Estado de Derecho era la división de poderes, y que el hecho de que el ejecutivo o el legislativo pudieran influir en el judicial por medio de la promoción de los jueces era una cosa negativa. O eso se deducía de lo que dijo en la Comisión de Justicia del Congreso el 25 de enero de 2012 (páginas 3 y 4), del que extraigo este texto:
«Quiero comenzar por la cúspide, es decir, por el Consejo General del Poder Judicial y reside en el consejo una preocupación que tiene este ministro, que tiene el Gobierno y que creo que sus señorías deben de compartir: no podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como consecuencia de la extensión de la lucha partidista a la configuración de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el legislador constituyente»
En fin, reveladores cambios con, por cierto, interesantes connotaciones psicoanalíticas, pues nada menos que el señor padre del Ministro fracasó en su impugnación de la pretensión socialista de politizar la justicia y, cuando parecía que el hijo iba a vengar al padre, lo que hizo fue reivindicar al que le venció: Alfonso Guerra, que certificó la muerte de Montesquieu.

¡Ay, Derecho! La repartija final

Ayer terminó el proceso de elección, perdón, de demolición, del Poder Judicial, con la elección de los jueces que han de integrarlo. Unos días antes habían sido elegidos los juristas “de reconocido prestigio”, entre los que destacan unos cuantos cónyuges y algunos mamporreros de los mandantes. En próximos post procederemos a analizar sus respectivos cv y sus conexiones particulares.
Pero lo que me interesa destacar ahora son los principios que han presidido la negociación entre los partidos a la hora de proceder a la selección. Aunque, en realidad, una vez terminado el proceso ha quedado claro que sólo había un principio: que no habría vetos entre los partidos (ver aquí), es decir, que cada uno elegiría libremente a los suyos sin intromisiones por parte de los demás. Una vez que este principio quedó claro, todo ha sido muy fácil, lógicamente: la «negociación» de los nombres y su «aprobación» por el Congreso ha ido sobre ruedas, demostrando una vez más la disposición al consenso de nuestras élites políticas. Y encima nos quejamos.
A la vista de todo ello podemos deducir tres conclusiones muy evidentes:
1.- La vulneración absoluta de la doctrina constitucional sobre la materia, que insiste especialmente en que no cabe el reparto, sino sólo el consenso, como explicamos en este post. Al margen del escándalo político que esto implica, ¿cabe algún recurso legal? Sobre esto también hablaremos.
2.- La constatación de que formar parte de este órgano es un gran demérito en la carrera profesional de sus integrantes. No han sido elegidos por ser los mejores, sino por su fácil disposición a anteponer los intereses de sus mandantes al interés general. Ningún jurista de reconocido prestigio aceptaría nunca someterse a un procedimiento de designación tan denigrante.
3.- La vacuidad de las alegaciones de que cualquier otro sistema fomenta el corporativismo judicial. No es cierto, como hemos demostrado aquí hasta la saciedad, pero es que, además, debemos ser conscientes de que lo que tenemos ahora no es un sistema, es una corruptela, pero no una corruptela ordinaria, como la de Bárcenas o la de los Eres, sino una todavía mucho más grave, que ataca directamente a los fundamentos del Estado de Derecho. Como indicamos en otro post, un auténtico golpe institucional. En otros países teóricamente menos desarrollados se han dado cuenta de su extraordinario peligro. Aquí seguimos esperando.
 

¡Ay, Derecho! La hoja de ruta hacia el independentismo del Presidente del Cercle Català de Negocis

Los procesos de exaltación nacionalista tienen un indudable interés antropológico, entre otros muchos motivos por la proliferación de personajes pintorescos que progresan a su sombra. En esta noticia conocemos a Albert Pont, a quien se presenta como Presidente del Lobby secesionista (Cercle Català de Negocis), autor de un libro en el que, además de justificar su causa, se quiere dibujar una hoja de ruta para el proceso independentista. El señor Pont, además de con sus incursiones en literatura «libertadora», ha encontrado también «negoci» en ese «cercle», dado que es profesor de relaciones internacionales en el Máster de Diplomacia y Acción Exterior organizado por el Servei d’Acció Exterior de la Generalitat, que se ocupa de “preparar” a los futuros diplomáticos del Estado catalán independiente.
Nos basta hoy con glosar en este minipost un par de sesudos argumentos que ha expuesto en una visita a Madrid en defensa de su causa.
Para Don Albert, el proceso independentista podría estar amparado por cualquiera de los tres supuestos que reconoce la ONU para el derecho de autodeterminación y que citó la semana pasada el ministro Margallo. A saber, invasión extranjera, segregación racial o denegación de derechos.
Como este ¡ay, Derecho! no da para más, basta con referirnos al supuesto que Pont considera más justificado: el de “segregación racial y de linaje”. Pues expone un hecho objetivo que a su juicio lo demuestra indubitadamente: el haber sufrido “segregación identitaria” por parte de un taxista de la capital, que cuando le escucho hablar en catalán con sus acompañantes subió el volumen de la radio. El señor Pont no se plantea la posibilidad de que en ese momento empezara un programa que interesara al taxista. No. Sin duda fue una agresión centralista más que añadir a la lista de agravios. Y muy posiblemente, descolocado ante la brutal agresión sufrida, no se atrevió a pedir al inícuo conductor que bajara el volumen. Tal vez para él esa petición habría sido una nueva humillación: ya se sabe que los derechos no se suplican, sino que se conquistan.
No es el único argumento exhibido. La escasa presencia catalana en la administración española (en la que el aludido quiso entrar por la carrera diplomática) también considera que es un argumento de peso. Ni pensar en que esa escasez se deba a la tradicional vocación empresarial catalana, o a las indudables mejores oportunidades que durante décadas brindó su dinámico sector privado. No, no fue falta de interés sino, de nuevo, pura y dura discriminación.
Es muy cómoda la posición de víctima de los nacionalistas. Te exculpa de cualquier responsabilidad, pues éstas siempre corresponden a los demás. Y la recreación de un ente perverso (en este caso, el «país invasor») permite jugar a redentor, no ya sin tener que afrontar los indudables peligros que el pasado los caudillos independentistas sufrían, sino además regado con abundantes regalías y subvenciones.
No es de extrañar que en este clima revuelto haya tanto hidalgo que confunda molinos de viento con gigantes, o taxistas marchosos con la nación opresora. Sobre todo cuando además te pagan y vives de ello ¿Independentismo o independen-timos?
 
 

¡Ay, Derecho! El portavoz del PP en la Asamblea regional de Madrid sobre los «colocados» de los partidos

A medida que avanza la legislatura y una vez que los políticos han comprobado una vez más que la corrupción no pasa una factura que no se pueda pagar, se va notando la pérdida progresiva de las formas que hasta ahora velaban más o menos la cruda realidad. Un ejemplo es esta pequeña joya en la que el portavoz del PP de la Asamblea Regional de la liberal Comunidad de Madrid dice sin tapujos que hay un montón de colocados de los partidos (en concreto PP, PSOE e IU) en una entidad pública llamada IMDER, de la que seguramente la mayoría de los madrileños no habrá oído hablar en su vida.
Este organismo tiene un presupuesto de 17 millones de euros, casi todo empleado en pagar nóminas, es decir, gasto corriente, y unos 400 empleados, la mayoría no funcionarios. Muy eficiente todo. Para los que podemos dudar de para qué sirven este tipo de entes públicos pagados con nuestros impuestos, vean la clara respuesta: para colocar a gente de todos los partidos. Que además pueden ser buenos trabajadores, sí, pero en segundo lugar.
No merece la pena a estas alturas recordar que el acceso al empleo público debe de regirse por los principios de mérito y capacidad. Aquí el mérito parece que es ser del partido, y entonces la capacidad se presupone. Aquí les dejamos el art.55 del Estatuto Básico del Empleado Público para que se rian un rato:
«Artículo 55 Principios rectores
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Desengáñense, aquí no tenemos un Estado con partidos, tenemos unos partidos con Estados (17 para ser exactos).

Novedades en ¿Hay Derecho?: “¡Ay, Derecho!” y “Flash Derecho”

En la última reunión de editores se acordó comenzar con dos nuevas líneas de posts que atiendan a necesidades diferentes de los posts habituales y que quizá gusten a nuestros lectores. En unos, que identificaremos con el antetítulo “Flash Derecho”, daremos  brevemente alguna noticia de interés con un breve comentario para llamar la atención, pero sin la extensión y profundidad del post diario. Y en otros, que identificaremos como “¡Ay, Derecho!”, comentaremos y glosaremos jocosa o irónicamente sucedidos de actualidad, con el enlace correspondiente.
Pensamos que con estos posts más sencillos ponemos a disposición de nuestros lectores noticias de su interés y, sobre todo, les permitimos hacer pública su opinión.
A  las siete de la tarde publicaremos el primero de estos nuevos posts, con una reveladora grabación de You Tube.