II Premio Hay Derecho: ¡Presenta y vota a tus candidatos!

En Hay Derecho buscamos personas u organizaciones que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho. Queremos reconocer el mérito de quienes se han sacrificado por defender este pilar básico de nuestra convivencia democrática.

Los candidatos al premio Hay Derecho deberán ser:

a) Personas físicas mayores de edad que tengan la nacionalidad o la residencia española.
b) Personas jurídicas con sede en España.

En ambos casos que hayan realizado actuaciones relevantes en defensa del Estado de Derecho y de las instituciones en nuestro país.

Las candidaturas deberán ser propuestas por personas físicas o jurídicas distintas de los propios interesados. Deberán presentarse acompañadas de una memoria justificativa de los méritos de una extensión no superior a 850 palabras y de un breve CV de los candidatos.

Se invita a los proponentes a que informen a los posibles candidatos de dicha presentación y, en la medida de lo posible, obtengan la conformidad del interesado. El envío de una candidatura supone la aceptación de estas bases.

Las cinco candidaturas más votadas por los lectores del blog y amigos de Hay Derecho pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación, así como por un miembro de cada una de las entidades con las que hemos firmado convenios de colaboración.

De entre las candidaturas finalistas, saldrá el nombre del ganador del premio, que será entregado en un acto organizado por Hay Derecho. El premio consistirá en un trofeo de metacrilato similar al entregado en la primera edición (no suponiendo así dotación económica para la persona o entidad galardonada).

Para proponer su candidatura al II Premio Hay Derecho a la defensa del Estado de Derecho basta con enviar un mail a info@fundacionhayderecho.com y explicarnos en qué ha consistido su labor o hacerlo a través de esta sección de la web. ¡Puedes hacerlo hasta el 31 de octubre!

 

  • 10 de septiembre-31 de octubre de 2016: Plazo de presentación de candidaturas.
  • 1-30 de noviembre de 2016: Plazo de votación de candidaturas.
  • 1-15 de diciembre de 2016: Deliberación del jurado.
  • Febrero de 2017: Entrega del II Premio Hay Derecho

 

De las «estafas» parlamentarias

Ya dijo el ex diputado, tristemente fallecido, José Antonio Labordeta (“Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados”. Ediciones B, 2009), refiriéndose al trabajo de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, que “a mí, aquello me pareció una estafa desde el primer día”. Podríamos también aludir a la interesante reflexión que hace unos años (pero todavía actual) realizaba el colaborador de este blog, Jesús López-Medel Báscones bajo el sugerente título ¿Para qué sirve el Parlamento?  Y, como dijo certeramente mi estimado Jesús Alfaro Aguila-Real,  a los ciudadanos colaborativos “por imbéciles, nos toman por imbéciles”.

 Supuesto de hecho: Se realiza una petición a sus señorías (no debe olvidarse que el derecho de petición es un derecho fundamental reconocido en los artículos 29 y 77 de la Constitución), que contiene propuestas tan descabelladas como la necesaria adopción de directrices de técnica normativa sobre la incorporación del Derecho de la UE (dado que España es uno de los Estados más incumplidores del Derecho comunitario); la preceptiva consulta al Consejo de Estado en los procedimientos de infracción del Derecho de la UE; la conveniencia de la existencia de un órgano especializado en materia de técnica normativa; la necesidad de que el Consejo de Estado informe preceptivamente en los desistimientos en los recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia (para evitar los trágalas políticos); la preferencia procesal que ha de darse en la resolución de ciertos recursos de inconstitucionalidad cuando lo que se impugna es un Decreto-Ley (a lo que se nos tiene tan acostumbrados últimamente, pues casi todo es legislación de urgencia); a la defensa del español en la Unión Europea; y, en fin, a que el Congreso de los Diputados abra sus puertas a la participación ciudadana, terminando así con esa “estafa” a la que se refería el señor Labordeta (puede verse una versión inicial aquí).

El Acuerdo de la Comisión de Peticiones es el siguiente: “tomar conocimiento a los efectos oportunos”. Es la primera vez que veo una resolución de este tipo, deben ser los efectos de los nuevos aires que quieren imprimirse en política.

Es de verdadera vergüenza ajena y constituye un absoluto desprecio a los derechos ciudadanos. Labordeta tenía mucha razón, pero, desde entonces las cosas han cambiado, a peor. La Comisión de Peticiones y, por extensión, el Congreso de los Diputados contribuyen así, día a día, a fomentar las frecuentes manifestaciones de desprecio –en la calle- hacia las  instituciones “democráticas”, alejando, con sus actos diarios, a los ciudadanos de las mismas y fomentando el populismo.

El artículo 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados es del siguiente tenor:

“1. Será aplicable a la Comisión de Peticiones lo establecido en el apartado 1 del artículo anterior.

La Comisión examinará cada petición, individual o colectiva, que reciba el Congreso de los Diputados y podrá acordar su remisión, según proceda, por conducto del Presidente de la Cámara:

1.º Al Defensor del Pueblo.

2.º A la Comisión del Congreso que estuviere conociendo del asunto de que se trate.

3.º Al Senado, al Gobierno, a los Tribunales, al Ministerio Fiscal o a la Comunidad Autónoma, Diputación, Cabildo o Ayuntamiento a quien corresponda.

La Comisión también podrá acordar, si no procediere la remisión a que se refiere el apartado anterior, el archivo de la petición sin más trámites.

En todo caso, se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado”.

El acuerdo adoptado por la Comisión de Peticiones, aparte de carecer de la motivación necesaria (según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al efecto) no cumple nada de lo previsto en el Reglamento. Hasta el más torpe de los leguleyos lo deduce claramente de su simple lectura: o archivan la petición (explicando el motivo), o la remiten a la institución competente (que también ha de contestar motivadamente).

Labordeta también dejo escrito que “si un día alguien tiene tiempo y necesidad de ser doctor, en esa comisión cuenta con material para analizar la España menuda, colectiva, sin héroes, pero con ciudadanos solidarios, asediados, enfrascados en combates aparentemente nimios y sin sentido, pero que para ellos son más importantes que una ascensión al Everest sin oxígeno. Lo absurdo es seguir manteniendo esa ficción de legalismo populista e inservible”.

Recientemente se ha constituido en el Congreso de los Diputados, presidida por el diputado Antonio (Toni) Cantó la Comisión “para la calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales”. Debería tener mucho trabajo, pero, ¿no será otra “estafa” parlamentaria?

Veremos.

Segunda oportunidad y Juzgados de Primera Instancia

La ley 25/2015 de 25 de julio denominada de segunda oportunidad modificó la regulación del acuerdo extrajudicial de pagos (arts. 231 a 242 bis de la LC) y completó el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho de las personas naturales (178 bis LC), sean o no profesionales o empresarios.

Unos días antes la Ley 7/2015, de 21 de julio, modificó el art 86 ter de la LOPJ y 45.2 b) de la LEC atribuyendo a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para la tramitación de los concursos de persona natural que no sea empresario, con los problemas que plantea la determinación de este concepto (se puede considerar empresario hasta la persona con empleada de hogar). Uno de los logros de la Ley Concursal fue la creación de los Juzgados Mercantiles especializados en materia concursal y preinsolvencia (acuerdo extrajudicial). La atribución de la competencia de los concursos de personas naturales a los Juzgados de Primera Instancia está provocando el dictado de resoluciones que ponen de relieve el desconocimiento que, al menos alguno de ellos, tiene de la ley concursal y del mecanismo de segunda oportunidad, cuya finalidad es conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el acuerdo extrajudicial se ha frustrado. Buen ejemplo de ello es el caso al que me voy a referir en este post en el que parece que el juzgado se “ha olvidado” que el deudor tiene derecho a solicitar la exoneración de deudas… Y ese olvido, deja al deudor fuera del sistema, lisa y llanamente es lo que ha pasado. Me explico.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Majadahonda dictó auto, el 20 de septiembre de 2016, en un concurso consecutivo (aquel solicitado después del fracaso de intento de acuerdo extrajudicial) de un consumidor no profesional solicitado por el mediador concursal. El juzgado acordó la declaración de concurso y su conclusión sin nombrar administrador concursal (auto express). Además deniega la exoneración del pasivo insatisfecho por acordarse su conclusión en el propio auto, a pesar de que en este caso concreto se cumplían todos los requisitos previstos en el art. 178 bis.3 de la LC para su tramitación (concurso no culpable, no condenado por delitos contra el patrimonio y haber solicitado el acuerdo extrajudicial).

Su consecuencia será que los deudores tendrán que soportar el embargo de los pocos bienes que tienen (sueldo, coche, etc.) en los procesos de ejecución singular que los acreedores iniciarán (art. 178.3 LC) y, previsiblemente, serán desahuciados antes de que la sección especializada de la respectiva audiencia provincial revoque tal decisión.

¿Qué es lo que parece desconocer el juzgado? Pues ni más ni menos que el art. 242 bis de la LC (especialidades del concurso consecutivo) establece en sus reglas 9ª y 10ª de la LC que el mediador presentará la solicitud de concurso consecutivo y se acordará, obligatoriamente, la apertura de la fase de liquidación. Concluida la liquidación, el administrador concursal presentará la rendición de cuentas, se pondrá de manifiesto a los acreedores para que hagan alegaciones por término de 15 días, y, en ese mismo plazo, los deudores concursados podrán solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Todo este trámite lo desconoce el referido auto. Solicitada la subsanación de errores materiales y su complemento (art. 214 y 215 LEC) para evitar el recurso de apelación y una solución a corto plazo el Juzgado deniega dicha petición en tres líneas. Errores como este de Juzgados no especializados serán frecuentes o quizás sea un método más para que el agua propia termine en el tejado del vecino.

La resolución comentada infringe el art. 242 bis 1.10º de la LC (El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación) e incurre en el error de no tener en cuenta que se trata de un concurso consecutivo de personas naturales no profesionales en los que es obligatoria la apertura de la fase de liquidación, haya o no bienes en el inventario de bienes, para que se proceda a la apertura de la sección de calificación, el concurso se califique como fortuito, el administrador concursal designado presente la rendición de cuentas (art. 152 de la LC) y el concursado pueda solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. El art. 242 bis 1.10º LC (denominado especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios) establece “El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación”, de modo que cualquier alusión al posible convenio, a los arts. 176.1.3º de la LC y 176bis de la LC, a los que hace alusión el auto comentado, carecen de aplicación en el concurso consecutivo. Además en el supuesto de hecho comentado están pagados todos los créditos contra la masa devengados y hay bienes y derechos suficientes en el inventario para pagar los que se devenguen en el futuro, así como los créditos con privilegio general y más de la mitad de los créditos ordinarios, según el plan de pagos presentado por el deudor en la propia solicitud.

La regulación del concurso consecutivo (art. 242 bis LC) de persona natural no empresario resulta incompleta de modo que, con carácter supletorio, se aplicará el art. 242 (concurso consecutivo), 191 a 191 quater (concurso abreviado) de la LC en cuanto a la designación de administrador concursal al mediador concursal, apertura de las secciones del concurso, clasificación de créditos, incidentes y plan de liquidación.

El auto recurrido aplica indebidamente el art. 176.1.3º LC (archivo y conclusión y no nombramiento de administrador concursal) e infringe por no aplicación el art. 176 bis 4 LC que obliga a designar administrador concursal y abrir la fase de liquidación (242 bis 1.10º y 242 LC), error en el que no hubiera incurrido, en mi opinión, ninguno de los jueces mercantiles o, aún no siéndolo, hubiera analizado las consecuencias de dicho auto (ejecución y embargo de los bienes y posible lanzamiento de la vivienda arrendado) o se hubiera preguntado ¿En qué casos se aplica entonces la ley de segunda oportunidad o se produce la exoneración del pasivo insatisfecho?.

La interpretación que hace el auto recurrido resulta absurda e irracional al declarar el concurso, concluirlo, no nombrar administrador concursal y declarar que no procede la exoneración del pasivo insatisfecho al acordarse el archivo del presente (último párrafo del razonamiento jurídico quinto).

La peculiaridad de abrir la fase de liquidación (art. 242 bis 1.10º LC) y designar administrador concursal (art. 176 bis 4 LC) en el concurso consecutivo de nombrar administrador concursal es una de las garantías o salvaguardias, según José María Fernández Seijo, que articula la ley 25/2015 para permitir que el deudor persona natural, que carece de bienes para pagar los créditos contra la masa, pueda optar al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho pasando previamente por el triple filtro:

  1. El intento de un acuerdo extrajudicial que fracasa.
  2. La solicitud de un concurso que debe ser ponderado por el juez.
  3. La constatación por un administrador concursal de los factores que llevan al juez a la toma de la decisión de concluir el concurso lo que permitirá al deudor a solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

El Consejo General del Poder Judicial debería especializar Juzgados de Primera Instancia (ej. Juzgados de ejecución hipotecaria, familia, tutelas, etc.) para que, al menos en la circunscripción territorial que haya varios, uno asuma este tipo de procedimientos, de lo contrario la aplicación de la ley de segunda oportunidad fracasará. Este desaguisado no se repara atribuyendo la competencia del recurso de apelación a la sección especializada de la correspondiente audiencia provincial (art. 82.2.2º LOPJ).

En el acuerdo extrajudicial interviene el notario que, en el caso concreto, tardó más dos meses en autorizar el acta de inicio del acuerdo extrajudicial, designó mediador concursal inscrito en el Registro Público Concursal quien, en tiempo y forma, realizó su trabajo (un mes), redactó su informe concursal con sus correspondientes anexos (inventario, lista de acreedores, plan de liquidación, e informe positivo sobre la exoneración) y dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la junta con los acreedores, el mediador concursal, conjuntamente con los concursados, presentó la solicitud de concurso consecutivo con todos los documentos exigidos.

Por este y otros casos similares se pone de manifiesto la necesidad de que haya mediadores concursales y administradores concursales muy especializados que asuman, al igual que en los concursos de acreedores, el mayor número de funciones de modo que el Juzgado solo tenga que dictar resolución sobre la procedencia o no de la exoneración del pasivo insatisfecho, realizando en la fase previa la liquidación de los bienes en caso de fracaso del acuerdo extrajudicial, modificándose el art. 242 bis de la LC en este y otros aspectos (crédito público).

La sociedad se está acostumbrando al mal funcionamiento de la justicia no porque los magistrados, letrados de justicia y demás trabajadores quieran, sino porque no se les dota de los medios necesarios para administrar una justicia rápida y eficaz. Tengo el recuerdo de un juez mercantil que hace años me dijo …“todas las semanas envío un informe a la comunidad y al consejo pero me da la impresión que soy el único que tiene interés en que este juzgado funcione” …. Cansado de poner de manifiesto la situación, protestar y reclamar tiró la toalla y abandonó la judicatura. Y así, pasa lo que pasa: que los mejores ascienden o dejan de serlo. Si el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas no quieren o no pueden dotar de medios a los Juzgados, conviene que se modifique la ley nuevamente (solo sería una vez más entre muchas) y se encomiende a los mediadores y administradores concursales todas las funciones que no precisen de la potestad jurisdiccional, pero no dejen morir la justicia. Con una pequeña modificación en la ley ahorrarán un gran coste económico, sin necesidad de trasladar al ámbito privado (arbitraje) su encomienda.

El sistema de exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural previsto en la LC, además de continuar con el privilegio de los créditos públicos, es farragoso, carente de tratamiento sistemático y está condenado al fracaso por la resolución comentada y otras similares.

 

Disciplina de voto, mandato imperativo, partitocracia…

Sorprende de veras la forma de plantear el debate que estamos viviendo acerca de la libertad de voto y la disciplina de partido. Y sorprende porque me parece que se está pintando un cuadro donde predomina el trazo grueso, dicho sea con todos los respetos hacia quienes en él han participado pues son todos distinguidos expertos.

Para mayor confusión, cuando sus opiniones se trasladan a los relatos periodísticos, inevitablemente más generales, la cuestión se simplifica aún más. La conclusión, casi unánime, que obtiene el lector es que la disciplina del voto del diputado y su sumisión a lo decidido por el partido político es lo más natural del mundo teniendo en cuenta que este ha sido elegido en unas listas cerradas. Si incorporamos la pregunta de si esa misma argumentación vale para el senador que ha sido elegido en listas abiertas, de forma nominal, ya las respuestas flaquean. Pero flaquean poco por la sencilla razón de que tal pregunta importuna ni siquiera se hace.

De manera que el partido manda y el diputado obedece. Claro como el cielo limpio que no alcanza a manchar nube gris alguna.

Sin embargo, propongo que, a quien se adormile sosegado bajo ese cielo apacible, le despertemos preguntándole algo tan sencillo como:  ¿está usted de acuerdo con el sistema partitocrático en que se ha convertido la democracia española? A buen seguro contestará que no, sin advertir que la fórmula que con tranquilidad ha asumido lleva justamente a las prácticas partitocráticas más extremas (y abominables).

Sigamos siendo crueles con nuestro interlocutor y procedamos a inquietarle un poco más preguntándole de nuevo: ¿cómo valora usted el nivel profesional, el intelectual, el prestigio personal de nuestros diputados? Contestará sin duda que no puede ser peor porque los partidos escogen, en lugar de a personas valiosas, a personas sumisas y bla, bla, bla …

Es decir, la opinión pública aplaude que el partido mande al diputado que ha de obedecer, no le gusta la indisciplina porque para eso es diputado de un partido pero al mismo tiempo abomina de la partitocracia y del bajo nivel de los diputados. La incoherencia no puede ser más manifiesta.

La Constitución es más sabia y más prudente que la opinión pública. Y, fruto como es de debates perfilados y de profundas raíces históricas, aporta unos cuantos matices para zarandear las conclusiones precipitadas. Y así empieza por decir en el artículo 67. 2 que “los miembros de las Cortes generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Lo mismo podemos leer en las Constituciones francesa, alemana … Después en otro artículo, el 79. 2 señala que “el voto de senadores y diputados es personal e indelegable”.

¿No valen nada estas declaraciones? ¿Son como vulgarmente se dice papel mojado? ¿O el resplandor del rayo si nos queremos dejar arrebatar por la lírica? Eso parece porque, cuando en el debate que vivimos, recordamos la existencia de estas previsiones constitucionales, lo cierto es que inmediatamente se despeja el problema afirmando que nada tienen que ver con la realidad, pues esa señora, la realidad que manda, lo que nos dice es que los partidos políticos son los que llevan la batuta y por tanto los que deciden aquello que el diputado (o senador) ha de votar sobre las cuestiones que pasan por su escaño. Y se añade: la prohibición del mandato imperativo es una reliquia histórica y como todas las reliquias puede servir como amuleto, para practicar un culto inocente o, si se prefiere, como homenaje pintoresco a un pasado ya periclitado. Además así ocurre en todos los países, nos enseñan, lo cual no es siempre cierto porque en Francia el Gobierno de Hollande ha tenido que retirar varias propuestas -y no menores- por discrepancias en el seno del grupo socialista y en Alemania es frecuente que su Gobierno tenga que hacer encaje de bolillos para conseguir el voto favorable de todos los diputados que lo sostienen.

Cuando se lee esta forma de razonar, a mí -lo confieso- se me sublevan los entresijos de mis entendederas. Porque, veamos: si nosotros despachamos un par de preceptos constitucionales así a la ligera y los enviamos al lado oscuro del salón donde reposaba el arpa bécqueriana, ¿por qué hemos de extrañarnos de que el independentista catalán o el antisistema podemita quiera hacer lo mismo con los que considere obsoletos en nuestro ordenamiento constitucional?

No y mil veces no. Ese no es el camino de discurrir de un jurista que dispone de los utensilios que presta, ya muy afinados, la interpretación constitucional.

Y así, si seguimos, como es obligado, por el sendero de la Constitución advertiremos que esta se ocupa también de los partidos políticos a los que se encomienda concurrir “a la formación y manifestación de la voluntad popular” pues son “instrumento fundamental para la participación política” (artículo 6).

Es decir, otorga un papel relevante a los partidos.

Pues bien, siendo estas las cartas repartidas, lo necesario es acudir a las reglas que regulan ese juego de cartas. Y lo que nos enseña su reglamento y, más allá, el solfeo de la interpretación es que todos los preceptos constitucionales han de convivir -en tensión o pacíficamente- pero sin que uno de ellos pueda llevarse por delante a otro u otros expulsándolos del paraíso constitucional. Se impone la armonía, la ponderación de lo que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, sea relevante proteger.

En relación con el debate en el que estoy interviniendo ni la prohibición del mandato imperativo se puede entender de tal manera que cada diputado haga lo que le pete ni la importancia del partido político en el actual Estado democrático puede arruinar lisa y llanamente la autoridad de que goza el diputado (o senador).

De acuerdo con esta línea argumental, puede decirse que el parlamentario ha de votar en libertad pero de acuerdo con el programa electoral con el que ha sido elegido que está obligado a respetar como igualmente ha de respetar los compromisos políticos que se contienen en lo que algún autor alemán (N. Achterberg) llama “parámetros esenciales”, es decir, ideas básicas del partido a las que está obviamente vinculado.

Pero añadamos ahora que, a estos protagonistas, partido y parlamentario ha de  agregarse otro ser colectivo de enorme importancia, a saber, el grupo parlamentario. Una realidad que se ve muy clara en el Parlamento europeo donde en cada grupo conviven decenas de partidos nacionales.

Se advierte, tras lo dicho, la dimensión conflictiva del asunto que de forma tan despachada se resuelve en nuestro medio.

Partido – parlamentario- grupo político. Tres personas distintas que han de dar como resultado una sola verdadera.

¿Cómo?

El Partido debe en efecto fijar posiciones básicas de acuerdo con su ideario. Ahora bien, a renglón seguido, se suscita la pregunta: ¿qué órgano del partido? Porque vemos cómo en el seno del PSOE, que es de donde procede toda la polémica, sus actores, leyendo el mismo Evangelio, es decir, los mismos Estatutos y Reglamentos, unos han atribuido la competencia para decidir al comité federal y otros directamente a los militantes. O a la Comisión gestora o al secretario general. Las alternativas son múltiples. Por tanto las normas internas han de ser claras en este punto. Pero sinceramente ¿es ello posible? Sospecho que no es fácil.

En cualquier caso se impone que el grupo parlamentario se encuentre siempre en el meollo de cualquier decisión que, al cabo, haya de traducirse en un voto en el hemiciclo. Esta presencia inderogable del grupo garantiza que el diputado o senador, individualmente considerado, sea oído y se pronuncie sobre las cuestiones de las que está al corriente por su pertenencia a esta o a aquella comisión o por ser un profesional conocedor de lo que se debate, etc.

Reducir al grupo (y al diputado) a la condición de simple destinatario de una decisión tomada en el seno del partido sin respetar su participación activa es tergiversar el sentido de la prohibición del mandato imperativo y volver a la época en que el diputado era un simple representante de un gremio, ciudad etc (con lo que acabó la revolución francesa). Solo que ahora del partido. Es el perinde ac cadaver de las constituciones ignacianas.

 E insisto: si nosotros ignoramos los artículos 67.2 y 79. 2, ¿por qué nos ha de extrañar que otros políticos ignoren los artículos constitucionales que consideren expulsados de la Historia?

¿No es más razonable tratar de dar al conjunto un tratamiento armónico?

Por eso me parece pésima la forma en que ha decidido el PSOE en esta crisis.

Pues hemos asistido a un debate en el que se han barajado como depositarios de la legitimidad para decidir la investidura del Presidente del Gobierno al Comité federal, a los afiliados … Todos menos a los diputados que conforman el grupo socialista en el Congreso compuesto casualmente por personas que han sido elegidas, no por los miembros del partido ni en elecciones internas, sino coram populo por todos los españoles que respaldaron las siglas socialistas en elecciones avaladas por un sistema electoral depurado que, en caso de conflicto, está vigilado por los jueces. ¿Qué mayor legitimidad se puede pedir?¿Por qué han estado en un plano secundario (si es que han estado en alguno) quienes ostentan la representación de todos aquellos españoles que, sientiéndose socialistas, votaron al PSOE el pasado 26 de junio?

Lo irritante es que -como he adelantado- aquellos que han puesto en marcha este proceder más todos aquellos que lo aplauden o les parece lógico son exactamente los mismos que abominan de la partitocracia y que se lamentan del bajo nivel de nuestros diputados a Cortes.

Pero ¿puede de verdad un profesional serio y con criterio político aceptar tal desaforada sumisión?

 

 

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y los consumidores

Hace unos meses me invitaron a participar en una mesa redonda sobre la Alianza de Inversión y Comercio Transatlántico – en inglés Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -. La mesa redonda la componíamos técnicos de distintas disciplinas de derecho y políticos, concretamente los pocos parlamentarios que habían tenido la oportunidad de acceder a una parte de las negociaciones que, hasta esa fecha, mantenía la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá.

Había leído en prensa algunas referencias sobre el TTIP (modo en el que popularmente se identifican los tratados), aunque no los conocía en profundidad. En principio, muy pocas personas conocen a fondo el contenido de las negociaciones, ya que este tipo de tratados se negocian bajo reglas de muy estricta confidencialidad. De hecho, en el Parlamento Europeo sólo un selecto grupo de diputados habían podido acceder a aspectos parciales de la negociación.

Como jurista he de decir que he agradecido muchos de los tratados suscritos por España y por la Unión Europea en materia de libre comercio. La Organización Mundial del Comercio ha permitido, por medio de sus rondas de negociaciones y sus acuerdos, la modernización de ámbitos importantes del derecho mercantil español. Por lo tanto, mi predisposición a recibir con agrado el contenido de los tratados era evidente.

Para preparar la mesa redonda me sumergí en la escasa información que circulaba por medios de comunicación y por la red; es difícil discernir qué elementos de esa información eran fiables y cuáles respondían a estrategias políticas o económicas legítimas pero sesgadas. Al final decidí que la documentación a la que hacía referencia la Unión Europea, referida a sus posicionamientos públicos, era la que me daba mayor fiabilidad y confort.

Los materiales que manejan los negociadores son inabarcables, es complicado fijar una posición clara sobre algunos aspectos de la negociación. Sin embargo, las líneas generales de los acuerdos y discrepancias generaban cierto temor, temor a una importante pérdida de competencias soberanas de los estados miembros de la Unión Europea en aras a consolidar un único mercado que integrara a la práctica totalidad de los países europeos con Estados Unidos y Canadá. Esa pérdida de competencias soberanas suponía un debilitamiento evidente del modelo de protección de los consumidores en el espacio común europeo; además, las líneas maestras del tratado evidenciaban la fuerza con la que podía penetrar en nuestra práctica cotidiana el modelo inglés de defensa de los intereses de los consumidores, modelo que tiene indudables ventajas pero que puede generar serias disfunciones en perjuicio de la parte más débil en la contratación.

Cualquier telespectador que haya visto los episodios de la serie The Good Wife puede comprobar lo distinto que es el modelo norteamericano del español en materia, por ejemplo, de acciones colectivas para la defensa de los intereses de los consumidores.
El Brexit, el proceso electoral norteamericano y las incertidumbres políticas en Europa parece que han ralentizado el proceso negociador y, ante la presión social, parece que la Unión Europea está redefiniendo sus líneas rojas en esas conversaciones, potenciando los elementos de contenido más social e intentando dulcificar algunas de las concesiones que los tratados hacen a la faceta más liberalizadora de las propuestas norteamericanas.

La capacidad que los ciudadanos de a pie tenemos de poder influir en el contenido del tratado es nula, incluso aunque se abrieran procesos participativos en los distintos estados esa incidencia sería ridícula. Estamos, por lo tanto, en manos de los técnicos y sujetos a las agendas de los políticos. No es el mejor de los panoramas. Sin embargo, es conveniente hacer una reflexión sobre la incidencia que pueden tener estos tratados en nuestro sistema judicial, por ejemplo.

No debe olvidarse que bajo el acrónimo TTIP se esconden, en realidad, un conjunto de tratados de la más variada índole. Ya existen tratados similares firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio que han sentado las bases de la liberalización en las transacciones de todo tipo de bienes o servicios.
El TTIP tiene la particularidad de negociarse directamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que la intervención de los países de la Unión es secundaria, lo que determina una muy mala noticia si se tiene en cuenta que la Comisión Europea no vive un momento especialmente brillante.

Comentaba hace unos meses en otro blog que podría ser útil que la gente de la calle fuera acomodando sus oídos, sus bolsillos y sus garantías al TTIP ya que, cuando finalicen las rondas negociadoras, el Tratado podría modificar sustancialmente los derechos de millones de individuos, sobre todo el núcleo más sensible referido a derechos sociales, medioambientales y de seguridad.

Tiempo habrá para abordar en profundidad aspectos concretos sobre la incidencia del TTIP. Con carácter urgente sí que parece imprescindible fijar algunas ideas acerca de la incidencia del TTIP en la tutela a los consumidores.

1. En el ámbito de la Unión Europea la protección a los consumidores se presenta como un contrapeso que garantiza normas sobre correcto funcionamiento de los mercados. El libre mercado exige que el consumidor no pueda ser engañado, tampoco confundido. La libertad de mercado exige un equilibrio real entre quienes operan en ese mercado. No podemos contentarnos con declaraciones grandilocuentes de igualdad, sino que hemos de buscar instrumentos efectivos para que esa igualdad exista en el momento de la contratación, también ante los tribunales.

2. En importantes normas sectoriales básicas para el libre mercado (propiedad industrial, propiedad intelectual, competencia desleal, defensa de la competencia), se exige que el consumidor «esté razonablemente informado, sea atento y perspicaz». Por lo tanto, hay un estándar de protección del consumidor que obliga a realizar un esfuerzo a los poderes públicos para que cualquier situación de desequilibrio se pueda evitar tanto en el momento de la contratación como en los procedimientos judiciales a los que pueda acudir el consumidor. El funcionamiento del mercado exige lealtad entre los intervinientes y esa lealtad no se consigue sin información y transparencia.

3. Los documentos de trabajo del TTIP sólo hacen referencia a la necesidad de protección del consumidor en los supuestos de comercio electrónico y en el capítulo de información y comunicación electrónica. Olvida referencias concretas a los consumidores en materias tan delicadas como la de los productos sanitarios, farmacéuticos o alimenticios, en los que el riesgo no sólo es patrimonial, sino también de salud. También quedan fuera del ámbito de tutela del consumidor en el TTIP los productos y servicios financieros, en los que se propugna una liberalización casi absoluta. Dan cierto miedo esas omisiones en ámbitos tan delicados que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

4. Como indicaba en párrafos anteriores, el consumidor no sólo se encuentra en situación de desequilibrio en el momento de la contratación, sino también dentro del proceso (STJUE caso Océano, 27 de junio de 2000), por lo tanto, cualquier sistema de resolución de conflictos en los que se busque alternativas a la tutela judicial exige una especial cautela. No puede soslayarse que uno de los pilares del TTIP se asienta en el establecimiento de un sistema de solución de conflictos arbitral ajeno los sistemas judiciales europeos.

5. En la cultura anglosajona la tutela de consumidores se apoya en acciones colectivas de muy elevado coste. En el modelo europeo no es posible impedir al consumidor que opte por la tutela individual y pueda eludir las demoras y disfunciones de la tutela colectiva (STJUE caso Sales Sinué, 14 de abril de 2016).

6. Además, en el ámbito anglosajón las asociaciones de consumidores tienen un peso social importante, disponen de excelentes asesores y de una gran capacidad de influencia política y económica. En Europa el asociacionismo en materia de consumo no está suficientemente maduro, se han detectado graves disfunciones en el funcionamiento de algunas asociaciones que hasta la fecha creíamos ejemplares.

7. El consumidor tiene derecho a un especial ámbito de protección que se convierte en derecho fundamental en la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 38, mencionado por STJUE caso Kusionova, de 10 de septiembre de 2014). Este derecho fundamental queda desmantelado si se opta por mecanismos de resolución de conflictos que se alejen incluso físicamente del consumidor, también se degrada este régimen de protección si no se garantiza el control de oficio del juez o de cualquier otra autoridad pública.

8. Las decisiones de los arbitrajes tienen muy limitado el ámbito de control material del contenido de las mismas, los jueces pueden convertirse en meras comparsas ante el panorama del TTIP.

9. Los sistemas de protección de conflictos que propugnan los borradores de anexos que acompañan al TTIP diluyen los instrumentos de control al fiarlos a organismos transnacionales de naturaleza no jurisdiccional en los que tendrán un peso determinante las grandes corporaciones y los lobbys.

10. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de consumidores daría una respuesta radicalmente contraria a cualquier instrumento de resolución de conflictos con consumidores como consecuencia del funcionamiento del mercado que rebajara esos estándares de protección. Debe tenerse en cuenta que la tutela del consumidor no sólo afecta a cláusulas concretas incluidas en los contratos, sino también a cualquier comportamiento o práctica que, de hecho, debilite al consumidor.

11. Hasta la fecha las negociaciones realizadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio se habían realizado entre Estados, lo que había permitido que los Estados, a la hora de adherirse a alguno de los convenios, pudiera realizar las reservas correspondientes para evitar o reducir los efectos de algunos compromisos. Sin embargo, en el TTIP la negociación se realiza entre USA y UE, sin tener en cuenta las particularidades de algunos países de la Unión. Es difícil que se consensúe un modelo de tutela de los consumidores en el marco de los tratados de libre comercio transatlántico, cuando todavía no se ha establecido un marco común de tutela de los consumidores en el ámbito de la Unión Europea, en la que sigue habiendo consumidores de primera o de segunda categoría en función de las legislaciones internas aplicadas.

12. Son especialmente preocupantes las propuesta del TTIP en materia de liberalización de servicios y productos financieros, en los que todas las iniciativas giran alrededor de una liberalización absoluta sin ningún tipo de contrapeso y sin ningún instrumento regulador que pueda evitar o corregir los atropellos del llamado capitalismo de casino (el de las subprime, los derivados financieros, los bonos basura, los fondos de inversión y otros productos que tienen su origen en el mercado financiero anglosajón y que han llevado a la ruina a millones de familias en todo el mundo).

La decimocuarta ronda de negociaciones se iniciaba en julio, no hay noticias sobre el resultado de esta negociación, y lo cierto es que se han convocado movilizaciones en muchas ciudades europeas para mostrar el rechazo ciudadano a los nuevos tratados. TTIP va a ser una palabra que no abandonará nuestras agendas.

Una propuesta para mejorar la calidad de nuestros dirigentes políticos

  En anteriores artículos,  hemos venido reiterando ideas que consideramos básicas:

“ La competitividad del Estado dependerá de la relación entre el coste fiscal y la calidad del salario en especie    (servicios y prestaciones sociales) que proporciona a sus ciudadanos.

   Un estado  ineficiente es el que descuida la calidad de su sistema productivo en todas sus bases ( educación, costes energéticos, sistemas de contratación laboral, promoción empresarial….) que es el fundamento de la riqueza nacional, del empleo y del sistema de protección social, el que se apropia de los recursos que tiene en administración, desviándolos a intereses partidistas y hasta personales y el que descuida la calidad  y los costos en la gestión de los servicios y prestaciones sociales.

   Y para ello es esencial la competencia del gestor público, la calidad técnica de su equipo y la elaboración de un programa serio y solvente, dirigido al bien común y no a ganar las elecciones. Un Estado no puede ser eficiente si sus dirigentes no lo son.

    De ahí que el problema del político no es lo que cobra sino el daño que hace a la sociedad cuando es un incompetente. La incompetencia histórica de nuestros dirigentes es la responsable de nuestra gran crisis económica y financiera y uno de los mayores problemas de nuestra democracia es el progresivo deterioro del nivel de nuestros políticos “.

    En mi revisión que estoy haciendo de la prensa del período  2010/2 he encontrado este artículo “Las elecciones catalanas del día 28” , de Joaquim Muns en La Vanguardia ( 14.11.10) del que os entresaco lo siguiente :

    “Es el momento de dejar de lado la manoseada retórica partidista que ya prácticamente no significan nada -derechas, izquierdas, progresistas, etc.- y prestar especial atención a la categoría intelectual y a la experiencia de los candidatos.

   En nuestra sociedad se está produciendo un fenómeno lamentable y paradójico. Me refiero al continuo descenso del nivel de preparación de nuestros políticos en el preciso momento en que la gestión pública deviene más compleja y exigente.

    La evolución cultural, social y económica de los últimos años a todos los niveles es vertiginosa. La crisis económica global que el mundo padece desde hace tres años, fruto de los desajustes y tensiones que produce este proceso acelerado de cambio, tiene dos consecuencias que, como electores, deberíamos tener en cuenta. Por un lado, la relativización de los programas electorales. Cada vez es más difícil que éstos puedan seguir la aceleración de la realidad. En segundo lugar y como corolario de ello, la competencia y la experiencia de los dirigentes pasan a ser la mejor garantía para afrontar con esperanza razonable de éxito las consecuencias de los problemas y crisis que nos han sacudido y que, desgraciada pero inevitablemente, seguirán azotándonos durante mucho tiempo.

   El progreso de las naciones depende de muchos factores, pero creo que la experiencia de los últimos años está demostrando el creciente protagonismo de los líderes políticos bien preparados.

   El caso de China es paradigmático. Aunque se comenta poco, el gran despegue de este país coincide con la llegada al poder de una clase política joven y muy preparada, en contraste con la gerontocracia forjada exclusivamente en las luchas internas del Partido Comunista que gobernó el país hasta los años ochenta. En la actualidad, tanto el Presidente Hu Jintao como el primer ministro Wen Jiabao son ingenieros; el primero especializado en temas hidráulicos y el segundo en geología.

   Si nos desplazamos a la otra gran potencia emergente asiática, India, comprobamos con admiración que su primer ministro, Manmohan Singh, es graduado por las Universidades de Panjab, Cambridge y Oxford, con un doctorado en esta última. Si saltamos de continente a otro país que, como hemos podido comprobar recientemente, está haciendo las cosas muy bien, Chile, descubrimos que su presidente, Sebastián Piñera, es doctor por la Universidad de Harvard. No creo que se trate de casualidades; es más, cuesta encontrar un líder de un país serio y dinámico sin un título universitario.

  Pero si los ciudadanos elevamos el grado de exigencia respecto a la preparación, competencia y experiencia de los gobernantes que elegimos y no nos dejamos deslumbrar por la cada vez más hueca retórica electoralista, podemos convertir las elecciones del día 28 en un punto y aparte.”

   Creo que es un buen momento para iniciar una reflexión  sobre lo que tenemos que hacer para integrar  a la gente más válida a la política.

Ya que, si ante los graves problemas económicos y sociales  descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

HD Joven: ¿Tienen los partidos ideología?

Hace meses que la singular situación política de España lleva a buscar interpretaciones lejos de lo habitual, dejando a un lado la experiencia acumulada tras cuatro décadas de democracia y acudiendo a caladeros menos explorados. Posiblemente por esta razón, la posición invariable de los partidos políticos me recuerda, por momentos, a algunas teorías político-filosóficas estudiadas en nuestros años universitarios. Así que, aprovechando que en HD Joven también teníamos ganas de atrevernos con la materia, vamos a desempolvar al polémico Carl Schmitt y su Concepto de lo político para acabar…bueno, no sabemos muy bien dónde.

El filósofo alemán, con su peculiar visión, después de negar la vinculación de la política con el derecho por considerar que no está sometida a la dicotomía justo-injusto, la interpreta  a través del análisis de las relaciones entre amigos y enemigos, dos grupos que él mismo diferencia previamente para construir posiciones contrapuestas desde un punto de vista puramente conceptual, sin explicar ni valorar el contenido de las mismas. Para Schmitt, la distinción de ambos conceptos no radica en el contenido, la esencia de lo sostenido por estos amigos y enemigos –que puede ser provocado o estar fundamentado en múltiples razones o hechos de la vida social-, sino en el hecho en sí de ser grupos separados y diferenciados en un grado extremo.

Esta contraposición entre un “nosotros” y unos “otros” que pertenecen a una unidad política distinta, se produce y define independientemente de cualquier contenido psicológico o subjetivo, que correspondería al ámbito privado del hombre: si se me permite la metáfora, desliga completamente el continente del contenido, reduciendo la clasificación entre amigos y enemigos a dos elementos contrapuestos de por sí, que se han servido de este criterio de inclusión y exclusión para definirse como unidad política.

Afirma Schmitt en El concepto de lo político que “el enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo; no hace falta que se erija en competidor económico, e incluso puede tener sus ventajas hacer negocios con él. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo.

Schmitt sostiene esta teoría, inicialmente, en relación con los Estados como unidades políticas interrelacionadas de la forma que hemos descrito; sin embargo, también la aplica a la propia política de partidos, la que él denomina “política interior” por producirse en el seno de una unidad organizada que es el Estado –y cuya política, al darse en relación con entes homólogos, es “exterior”-. De este modo, en los propios partidos, según el filósofo, cuando la distinción amigo-enemigo invade todas las decisiones, esto es, cuando todo se basa en el simple hecho conceptual de identificar al antagonista, se da lugar a una falta de objetividad que se plasma en formas y decisiones penosas. Para Schmitt, cuando esta maximización de los términos amigo-enemigo se produce en su interior en forma de diferencias políticas “a secas”, es decir, vacías de contenido, se alcanza el grado máximo de “política interior” que se traduce en un enfrenamiento total entre las organizaciones.

En definitiva, lo que plantea Schmitt con su concepción de lo político es que, en su versión más pura, es únicamente enfrentamiento, porque parte de la interacción de dos elementos antagónicos que irremediablemente llevan a la confrontación. Los motivos ideológicos forman parte de la esfera privada y no determinan distinciones entre amigos y enemigos, únicamente pueden transformarse en una cuestión política si devienen lo bastante fuertes como para reagrupar efectivamente a los hombres en amigos y enemigos, pero lo político por sí solo no define estos contenidos ideológicos sino que subsiste en el mero hecho de que amigos y enemigos existen como tal y de la posibilidad de que, como consecuencia, se produzca un enfrentamiento, una guerra.

Pues bien, en lo que a nosotros interesa, resulta francamente sencillo trazar un paralelismo entre esta extrema teoría de Schmitt y la deriva que ha tomado la vida política española. Si la crisis desterró cualquier debate no económico de los foros políticos, desde diciembre de 2015 y, más si cabe, desde las elecciones del 26 de junio, la política ha ido quedando –la han ido dejando- vacía de contenido; la ideología ha sido relegada a un segundo o tercer plano de forma paulatina y las unidades políticas, han ido sucumbiendo a la banalidad, entrando en la esfera de lo que Schmitt tilda de penoso.

Actualmente, la política es sólo enfrentamiento entre conceptos yermos, continentes sin contenido. Cierto es que la situación interna de un partido de la importancia del PSOE está siendo un factor determinante, pero incluso extrapolando la teoría de Schmitt a esa unidad política individualizada obtenemos la misma conclusión: las posturas contrapuestas entre sanchistas y abstencionistas se formulan prescindiendo de todo juicio ideológico; en fin, de todo juicio. Los conceptos amigo-enemigo son el principio pero también el fin de cualquier “debate” y las posiciones son encarnadas por síes y noes sin respaldo argumentativo alguno.

En el resto del panorama, tampoco vemos fundamentaciones de tipo económico, jurídico, social o moral que cumpla ese requisito schmittiano para ser considerado política: que devenga tan fuerte que reagrupe a amigos y enemigos, simplemente porque no se plantean motivos ideológicos.

Sin embargo, es igualmente cierto y esperanzador pensar que no se plantean porque no hay una capacidad de diferenciación tal que pueda desembocar en un enfrentamiento a ese nivel; los partidos no se sienten cómodos tratando de captar votos por medio de propuestas concretas porque acabarían siendo casi iguales y esta no es una buena estrategia para acaparar poder. Resulta más útil y sencillo vender al adversario como una amenaza en lugar de como un punto de referencia para diferenciarse.

El Partido Popular –eso sí, exento de cualquier debate político interno, ya sea ideológico o puramente schmittiano- eludió la primera investidura para acudir a la siguiente legislatura apelando al miedo a un posible gobierno PSOE – Podemos. En este caso, de hecho, hubiese sido sencillo justificarse con ideas, pero aparte de algún trazo sobre economía, optó por construir molinos de viento. Y el Partido Socialista, que parecía sacudirse a Schmitt tras la firma de aquel “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” (escalofriante nombre, por cierto), se dejó llevar por la esquizofrenia y, antes de que nos diese tiempo a leer todas las medidas, antepuso el famoso no es no al enemigo por el simple hecho de serlo, aunque compartiesen el grueso de las propuestas.

Todo es envoltorio, cualquier conducta contraria a esta corriente se toma como extraña y es criticada, si no tumbada; buen ejemplo de ello y de que la visión amiguista de la política ha calado, es que al que intenta desmarcarse llenando su postura de contenido ideológico, con más o menos acierto, se le señala como sospechoso. Ciudadanos, no sé si por temerario, bisoño o por simple instinto de supervivencia, ha tratado de obviar categorías y centrarse –nunca mejor dicho- en propuestas, pero inmediatamente se le ha tratado de reconducir al ring de amigos contra enemigos: PP le acusa de ser PSOE y PSOE de lo contrario sin reconocer, o al menos escenificar, que los tres comparten la mayoría de las propuestas. Por su parte, no cabe duda de que Podemos tiene ideología, pero será democráticamente útil cuando sepan cuál.

Quizá el punto más criticable de El concepto de lo político de Carl Schmitt sea la separación radical que realizó entre política y derecho, eliminando de aquélla cualquier traza de necesidad de ser justa; pero, antes de tratar esa cuestión en España, será necesario arreglar el “problemilla” ideológico de la política contemporánea.

¡Ay, Derecho! Lecciones de financiación ilegal de partidos políticos

Para que no se pierda entre tantas y tantas noticias sobre corrupción, y las revelaciones que día tras día surgen de los procedimientos judiciales en marcha, ya se trate de la Gürtel, de las tarjetas black o de otros procesos famosos, queremos dedicar este ¡Ay Derecho! a la ppt del PP destinada a instruir a sus alcaldes sobre cómo financiar ilegalmente sus campañas electorales. La noticia ha sido dada a conocer por el periódico El Mundo 

Probablemente no será fácil encontrar otras organizaciones –ni siquiera entre las que se dedican al crimen organizado- que hayan diseñado con tanto cuidado una estrategia para ayudar a sus cuadros a sortear la ley y a su controlador, en este caso el Tribunal de Cuentas. Aunque a juzgar por su inexistente actividad sancionadora en relación con los partidos políticos tampoco se tenían por qué haber preocupado demasiado por su reacción, aunque esa es otra historia.  Las razones por las que el TCu no tiene demasiado celo en sancionar a los partidos políticos las hemos explicado en este informe. 

Pero volviendo a nuestro tema, aquí tienen una “slide” (diapositiva) sobre financiación ilegal

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Pero si ya la noticia es asombrosa, y pone de manifiesto el esmero que pone el PP en la formación de sus cargos electos en cuanto al respeto al Estado de Derecho, no lo es menos la reacción de sus representantes ante las preguntas de los atónitos periodistas. A nosotros personalmente la que más nos gusta es la de Pablo Casado, portavoz y joven esperanza de la regeneración del partido, que añadió al tradicional “no nos consta” el interesante dato biográfico de que él, en la época en que se realizó la ppt (1999) estaba estudiando COU y no financiación ilegal de partidos. La reacción de otros ilustres miembros del partido del Gobierno en funciones y que aspira a gobernar España ha sido similar. Nada que comentar, no sabemos nada, estas son cosas del pasado.

Lo que nadie ha hecho es negar la existencia ni de la ppt ni de la financiación ilegal del partido, lo que a estas alturas hubiera sido bastante complicado, dicho sea de paso. Suponemos que tampoco la cosa les parece tan grave, sobre todo si la gente que les sigue votando parece más preocupada por la falta de Gobierno, por la estabilidad presupuestaria o por el crecimiento del PIB. Y siempre podemos consolarnos: al fin y al cabo no han encontrado las slides explicando cómo llevarse el dinero a Suiza o como amañar contratos, aunque no cabe perder la esperanza. O a lo mejor sí, si es que eran justo las que estaban en los destruidos discos duros del ordenador de Bárcenas.

Bueno, dirán ustedes pero al fin y al cabo ¿es tan grave esto de la financiación ilegal de los partidos? ¿Qué tiene eso que ver con la estabilidad económica o incluso con el dinero de nuestros impuestos? ¿No es mejor tener un Gobierno aunque sea de un partido que expida títulos de experto en financiación ilegal de campañas electorales? Pues la verdad es que la cosa es bastante grave. Los informes GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) vienen señalando insistentemente la financiación ilegal de los partidos políticos como una de las principales causas de la corrupción que padecemos en España. Y recientemente (en 2015) se ha incorporado a nuestro Código Penal el art.304 que recoge como el delito la financiación ilegal de partidos políticos.

Pero es que además conviene hacer algunas consideraciones:

  1. La financiación ilegal de un partido fuera de los límites previstos en las normas supone una ventaja ilegal sobre los otros partidos que no recurren a estas fórmulas. Permite al partido en cuestión tener unos gastos tanto corrientes o de infraestructura como extraordinarios o de campaña mucho mayores que los de los partidos a la competencia que respetan las reglas. Se distorsiona, por tanto, la competencia electoral y además se favorecen los gastos absurdos y desproporcionados en mítines, vallas, mailings, etc, etc
  2. Se desconecta el partido de la financiación procedente tanto de sus afiliados –lo que añadido a la falta de democracia interna es muy negativo- como del sector público, al que -por lo menos sobre el papel- hay que rendir cuentas. Se pasa a depender en cambio de la financiación procedente de  terceros con intereses particulares a veces poco confesables.
  3. Los partidos que se financian ilegalmente pierden su credibilidad y su legitimidad. No olvidemos que los partidos políticos en cualquier democracia representativa tienen un papel institucional fundamental, por lo que deben de ser especialmente respetuosos con el cumplimiento de las leyes. Es más, si alcanzan el Gobierno y dirigen la Administración uno de sus papeles esenciales será el de cumplirlas y hacerlas cumplir. Difícil que alguien crea que pueden hacerlo cuando para llegar al Poder se ha vulnerado la legalidad.
  4. Un partido que se financia ilegalmente necesita controlar la Fiscalía y el Poder Judicial, así como otras instituciones de control para asegurarse, si puede, la impunidad, o, por lo menos, minimizar los riesgos judiciales de su conducta
  5. Un partido que se financia ilegalmente genera necesariamente una red clientelar y corrupta. Efectivamente, ya se trate de las campañas electorales o de los gastos del partido en general, esta financiación procede de empresarios o incluso de particulares con los que el partido queda en deuda, favoreciendo el ciclo vicioso de la corrupción y el clientelismo político que tan bien conocemos en España y que es lo que subyace en tramas como la Gürtel. El dinero –y en particular el que se mueve fuera de los circuitos legales y por tanto tiene que ser opaco- se le da a un partido no tanto porque se comparte su ideología, sino porque se esperan favores a cambio. De ahí las famosas  anotaciones de Bárcenas.  Pero no hay que olvidar que esos favores se devuelven en forma de contratos, concesiones públicas, licencias urbanísticas o regulación más favorable para el que los hace y siempre en perjuicio de los intereses generales.  Además, el dinero no puede llegar al partido por los cauces ordinarios (como bien explica la ppt) porque sería detectado por el Tribunal de Cuentas. De ahí la necesidad de los circuitos opacos, las cajas B, las loterías, las facturas falsas y los maletines.
  6. Un partido que se financia ilegalmente no puede ser un buen gestor del dinero público ya que dará siempre prioridad a aquellos proyectos -sean o no necesarios o viables o eficientes- que puedan generar esa financiación, ya se trate de urbanizaciones, de radiales de peaje, de AVES a ninguna parte o de aeropuertos sin aviones.
  7. Por esa misma razón un partido que se financie ilegalmente necesitará politizar y controlar a los funcionarios y empleados públicos que se puedan oponer a esta forma de actuar o que puedan denunciarla.

¿Estamos hablando del pasado? Esta es una afirmación que nosotros no nos atreveríamos a hacer, sobre todo mientras no se depuren las responsabilidades políticas que deberían acompañar a las judiciales. Como ya ocurrió en la época de los Time Export, Filesa o Naseiro, si solo se asumen –poco y tarde y por personajes subalternos- responsabilidades penales es más que probable que la financiación irregular compense. Y recordemos que tampoco se persigue a los financiadores, Ni siquiera por lo que estamos viendo se les llama como testigos.

No es por tanto improbable que lo que ha ocurrido -y ha traído para muchos actores políticos más ventajas que inconvenientes- pueda volver a ocurrir si es que no sigue ocurriendo. Al fin y al cabo, no es más que un tema de incentivos. Y conseguir el poder, aunque sea vulnerando las reglas, es un gran incentivo.

Cinco lecciones de un año de política española

(Publicado en el periódico semanal AHORA el día 14 de octubre pasado).

Si tuviéramos que extraer cinco enseñanzas de la experiencia de este último año de política española, yo les propondría las siguientes:

Primera: las propuestas políticas no importan, sólo interesan los cargos. Efectivamente, las reformas contenidas en el acuerdo de investidura entre el PP y Cs son en gran medida coincidentes con las plasmadas en el fallido acuerdo entre este último partido y el PSOE. Pero al igual que Rajoy no consideró ni por un momento entrar a discutirlas cuando se trataba de hacer presidente a Pedro Sánchez, todavía estamos esperando una contrapropuesta socialista al pacto actualmente planteado. Por su parte, Pablo Iglesias estaba dispuesto a negociar su puesto de vicepresidente, pero ni una coma del primer pacto de investidura, a pesar de que hubiera supuesto desalojar al PP del poder. La conclusión es evidente: a nuestros líderes solo les interesan sus cargos y evitar cualquier coste personal, y muy poco las reformas políticas que piden sus electores.

Segunda: cuando solo interesan los cargos, los partidos verticales y cerrados resisten mejor que los (semi) abiertos. Únicamente es posible mantener de manera manifiesta y continuada la preocupación por el propio cargo por encima de cualquier otro interés, cuando se mantiene muy bien sujeto al partido; es decir, cuando se ha tejido una red clientelar de carácter personal generadora de lealtades inquebrantables. Aquellos que no han tenido poder, tiempo o habilidad suficiente para ello, se quiebran por la presión del bloqueo antes que sus adversarios, aunque les lleve demasiado tiempo hacerlo. Hemos comprobado que a medida que pasaban los meses de parálisis surrealista sin propuestas sobre la mesa, el peligro se incrementaba para cada líder en proporción inversa a su capacidad de fuego clientelar. Pedro Sánchez, claramente el que menos cañones tenía a su disposición, ha sido el primero en sucumbir, mientras que Rajoy, presidente in pectore, apenas ha sufrido amenaza interna de ningún tipo.

Tercera: cuando existen partidos verticales y cerrados los “mainsteam media” se ceban principalmente en los (semi) abiertos y vulnerables. Puede ser injusto, por cuanto se desvía el foco público del verdadero problema, pero resulta completamente lógico. El tiempo para las soluciones apremia y no tiene sentido darse contra un muro, así que lo rentable es presionar en el punto de menor resistencia. No es nada personal, porque todos actúan de la misma manera con independencia de su espectro ideológico.

Cuarta: la ley electoral es un lastre, pero por razones distintas de las que se pensaba. Hemos comprobado por dos veces consecutivas que nuestra denostada ley d´hont no ha impedido parlamentos plurales con partidos minoritarios de carácter estatal capaces de hacer de bisagra en sustitución de los nacionalistas. Es cierto de que en vez de uno han surgido dos, lo que obliga en este concreto caso a un pacto a tres, pero eso no es directamente imputable a dicha ley. El verdadero problema es que la circunscripción provincial no solo atribuye un peso desmesurado a las provincias más pequeñas, sino que obliga a sus electores a decidir por el juego del voto útil únicamente entre los dos partidos mayoritarios, todavía más al repetirse elecciones. Estos se ven favorecidos en el reparto con más premio del que merecerían, especialmente en el caso del PP. Al no verse tan castigado electoralmente como ocurriría con otro sistema más equilibrado, el sistema tiende a fomentar el inmovilismo interno y externo de su líder. La impresión final, quizás errónea, es que la corrupción apenas se tiene en cuenta a la hora de votar, pese a que el propio Partido Popular y un centenar de sus cargos y clientes se encuentren procesados.

Quinta: cuando concurren incentivos perversos, las normas son siempre insuficientes. Nuestra arquitectura constitucional es homologable a la de nuestros vecinos, pero no ha impedido diez meses de parálisis, dos elecciones y la amenaza de una tercera. Sin duda, algo se podría avanzar con determinadas reformas (establecer un sistema de investidura a la vasca, por ejemplo) pero debemos ser conscientes de que nuestros políticos han demostrado capacidad de sobra para subvertir cualquier norma jurídica, por muy clara que esté. Para algo tiene que servir la captura partitocrática de los poderes controladores del Estado.  Los ejemplos más evidentes han sido la espantada de Rajoy ante la primera propuesta del rey, que casi desencadena una crisis constitucional, y la negativa del Gobierno en funciones a someterse a ningún control por parte del Parlamento. Pero si eso pasa con las normas escritas, qué decir con las no escritas, como prueba el caso de la designación de Rita Barberá para la diputación permanente con la finalidad de garantizar su aforamiento ante cualquier eventualidad procesal y el nombramiento de Soria para el Banco Mundial. No cabe duda de que estas actitudes generan un grave descredito institucional  y envían a la ciudadanía un mensaje poco adecuado en esta época de crisis de confianza en el sistema.

Conclusión: más que normas, cambiemos incentivos. O con mayor precisión: toquemos especialmente aquellas normas capaces de generar incentivos positivos, especialmente en el ámbito de los partidos políticos, sistema electoral, aforamientos, transparencia, ayudas institucionales a los medios, Tribunal Constitucional, etc. El objetivo debe ser que la regulación formal coincida con la realidad informal, cosa que en la actualidad no ocurre.

Estas lecciones definen de manera genérica nuestro actual sistema político, y la imagen final no parece muy positiva. A nosotros corresponde decidir si queremos cambiarla.

La protección del trabajador en caso de despido: un breve repaso al derecho comparado europeo. (II)

Otros Estados miembros, con más problemas en cuanto a la destrucción del tejido empresarial debido a la crisis, han optado por facilitar la restructuración de empresas así incentivar la disposición del empresario a la contratación de nuevos trabajadores por esta vía.

En España, nuestro Estatuto de los Trabajadores, sin hacer distinciones por el tamaño del empresario, optó por distinguir entre despido improcedente y discriminatorio a los efectos de su readmisión forzosa, pudiendo el empresario en el primer caso, elegir entre la readmisión o el pago de una indemnización fijada de manera creciente por la propia norma en función de la antigüedad del empleado.  Las reformas laborales de 2011 y 2012, -a las que nos hemos referido en otros post previos– no alteran este esquema, si bien modifican a la baja los importes máximos de las indemnizaciones que varía según se trate de despido improcedente o despido procedente por razones objetivas. Este esquema de protección español ha servido de inspiración para alguna de las nuevas reformas que se están abordando en Europa.

Así ha sucedido en Italia, las reformas se han escalonado primero con la reforma Formero (Ley 98/2012, de 28 de junio) y más tarde con la Jobs Act (Ley núm.183/2014 y Decreto Legislativo núm. 23/2015, de 4 de marzo). La primera,  eliminó el sistema sancionador unitario basado en la sanción de la reincorporación que, como ya se ha apuntado, se aplicaba a todo tipo de ilegitimidad del despido (nulidad, anulabilidad e ineficacia); introduciendo un sistema sancionador que consta de cuatro niveles diferentes de tutela, que la doctrina distingue como: a) “tutela reintegratoria piena”, que solo se aplica en caso de despido discriminatorio; despido nulo por causa de maternidad o de paternidad; despido causado por “motivo illecito determinante”; y  despido ineficaz mediante comunicación verbal; b) “tutela reintegratoria con indennitá limitata” que se aplica a despidos gravemente infundados en determinados supuestos fijados por la Ley y donde se sigue previendo la reintegración, pero reduce la indemnización fijando un techo máximo de 12 mensualidades con respecto a la última retribución global de hecho, desapareciendo la previa existencia de una indemnización mínima de 5 mensualidades; en el resto de los supuestos de despidos; para el resto de los despidos, desaparece la obligatoriedad de la readmisión que resulta sustituida por dos niveles de tutela c) “tutela indennitaria forte” (indemnización mínima de 12 a un máximo de 24 mensualidades de la última retribución global); y “tutela indennitaria ridotta” (de 6 a un máximo de 12 mensualidades).

La denominada Jobs Act introduce en el acervo jurídico italiano una nueva modalidad de contrato denominado  del “contratto a tempo indeterminato a tutela crescente”, que elimina casi totalmente la sanción de la reincorporación en el puesto de trabajo manteniéndola solo en  caso de despido discriminatorio o nulo ya algún otro supuesto excepcional y la substituye por una indemnización predeterminada según los años trabajados similar a la que desde hace décadas existe en el derecho laboral español. La vulneración del principio de causalidad por el empleador se ve sancionada únicamente con una indemnización económicamente cuya estimación ya no queda en manos de la autoridad judicial sino que legalmente se establecen las pautas para su determinación.

Algo parecido puede decirse de la reciente reforma francesa sobre esta materia articulada a través de la Loi nº 2016/1088 de 8 agosto de 2016 relativa al trabajo, a la modernización del dialogo social y de garantías para la carrera profesional, que consolida la precedente Ley Macrón y que ha generado una fuerte polémica en el país vecino, aunque más referida a los aspectos relativos a las novedades en cuanto a la negociación colectiva.

En cuanto a la protección por desempleo, hasta ahora, en los contratos por tiempo indefinido, para trabajadores con más de dos años de antigüedad el nivel de protección era muy alto, requiriéndose un preaviso tanto en caso de despidos derivados de causas personales como económicas (nuestro equivalente al despido objetivo), previéndose en indemnizaciones de distinta entidad, salvo falta grave o delictiva del trabajador. Asimismo, si durante el despido, aunque la causa alegada sea cierta pero se incumplían las formalidades previstas (despido irregular pero procedente), los Conseil Prud’homme (una suerte de tribunales paritarios) podían establecer una indemnización que dependía del tamaño de la empresa, aunque no podía exceder de un mes de salario. Sin embargo, si la causa alegada resultaba improcedente, en caso de empresas con más de 11 trabajadores, la indemnización no podía nunca ser inferior a 6 meses de salario, pero el tope será determinado por el Tribunal que falle la demanda interpuesta por el trabajador atendiendo las circunstancias. Esto generaba una gran incertidumbre en el empleador acerca del coste real de un despido.

Ante las limitaciones impuestas por el Conseil Constitucional a la precedente Ley Macrón, la reforma definitivamente aprobada se ha limitado en este punto a garantizar una mayor seguridad jurídica, y sin fijar indemnizaciones concretas instaura un baremo de indemnización en caso de despido, basado en la antigüedad a la que habrán de sujetarse como máximo los tribunales, estableciendo varios tramos con una indemnización máxima de 15 meses de salario para trabajadores con más de 20 años de antigüedad en la empresa. Ese baremo se aplicaría a cualquier tipo de empresa, sin distinción de pequeña o gran empresa y no fija una indemnización mínima, salvo en caso de despido discriminatorio o de acoso sexual que será de 6 meses de salario. Por otro lado, y como novedad más relevante, concreta los términos en los que puede darse el despido por razones objetivas de naturaleza económica, variando el término de tiempo para su valoración según el tamaño de la empresa.

Por su inclusión en el debate político español, resulta merecedor de atención el modelo introducido en Austria. En aquel país, hasta el año 2003, existía un sistema de protección basado en una indemnización cumulativa potencial que sancionaba los despidos improcedentes en función de la antigüedad del trabajador en la empresa semejante al español, si bien con un importe de cuantías incluso menor al que nosotros tenemos después de la reforma de 2012 y que, además, solo protegía a aquellos trabajadores que prestaran servicios en empresas con más de cinco trabajadores y que llevaran más de tres años trabajando en ella.

En 2002 se aprobó una reforma que transformó totalmente este esquema y que, si bien entró en vigor el 1 de enero de 2003, su implantación se ha realizado de manera paulatina respetando durante el periodo transitorio los derechos adquiridos por los trabajadores al amparo de la legislación anterior. La esencia del modelo parte de considerar, por un lado el carácter abstracto del despido, careciendo de significación para su validez y eficacia la existencia de un fundamento para su ejercicio; y por otro, la necesidad de garantizar una protección al trabajador en caso de ser despedido.

Esto último se logra mediante lo que la ley denomina “derecho potencial a la indemnización cumulativa” del trabajador que se satisface merced a un sistema de seguro obligatorio (para el empresario) de extinción del contrato de trabajo basado en la acumulación de un capital nutrido por cotizaciones empresariales. Los sucesivos empresarios se constituyen en tomadores del seguro, del que es beneficiario el trabajador y cuyas cotizaciones (1,53% del salario del trabajador a partir del segundo mes de duración del contrato de trabajo) son recaudadas por el organismo público encargado de gestionar el seguro de enfermedad, el cual también ejerce funciones de supervisión y control jurídico del proceso, siendo finalmente gestionadas en fondos de capitalización por entes aseguradores a elección de los empresarios.

El beneficiario, en el momento de producirse la contingencia cubierta tendrá derecho a percibir la totalidad de las cotizaciones acumuladas, junto con los rendimientos obtenidos por los entes gestores. El Estado se constituye en garante del sistema -una especie de reaseguro- de modo que, al menos la percepción de las cotizaciones acumuladas (no así los posibles rendimientos) está garantizada.

Al igual que sucede con otros seguros sociales, en los que se inspira es necesario que se cumpla un periodo de carencia mínimo (36 meses cotizados) para poder percibir la indemnización en metálico salvo cuando el solicitante ya haya cumplido la edad prevista para la jubilación. Asimismo, para poder materializar su derecho, el trabajador no debe haber sido despedido disciplinariamente, no haber realizado una dimisión injustificada extemporánea, es decir sin respetar los periodos de preaviso fijados por la ley o el contrato; tampoco podrán exigir el reintegro de capital los potenciales beneficiarios de las licencias retribuidas previstas en las Leyes de maternidad y de paternidad. En los restantes casos, el trabajador podrá optar entre mantener activo el capital acumulado (las cotizaciones acumuladas y sus posibles rendimientos) o solicitar su liquidación,

En cualquier caso, no debe olvidarse, que esta sustitución opera únicamente respecto de las indemnizaciones por despido procedente, no para las eventuales compensaciones que pudieran sustituir a la readmisión en caso de despidos discriminatorios o ilegítimos, cuya sanción natural, al igual que en el derecho laboral alemán, es la readmisión en la empresa.

Una característica singular de este instrumento, destacada por algunos autores, es su carácter complementario al sistema de seguridad social que en  Austria también se basa en un sistema de reparto y cuya sostenibilidad está siendo allí objeto de debate. Efectivamente, la percepción de este capital en el momento de la jubilación del trabajador constituye una interesante prestación complementaria que puede adquirir mayor relevancia a medida que las circunstancias puedan ir obligando a realizar cálculos restrictivos en la cuantía de las nuevas pensiones que se puedan reconocer en el futuro.