9 de mayo día de Europa: ¿Qué celebramos?

Como cada 9 de mayo desde 1950, los europeos estamos de celebración. Pero ¿sabemos los ciudadanos qué se conmemora o celebra en el día de hoy? La respuesta es un rotundo no. Como con casi todo lo que rodea o tiene que ver con la Unión Europea, el 9 de mayo es algo que desconocemos y que sentimos como algo ajeno a nuestra historia o cultura.

Como dicen algunos, la Unión Europea es la historia de un éxito con el peor marketing posible. En un tiempo donde todo es branding, marca personal y relato, nos encontramos con que a la ciudadanía no se la ha contado la historia de un hito único en la historia de la humanidad. No hay canciones que expliquen como 500 millones de personas hemos pasado de hacernos la guerra los unos a los otros, a ser conciudadanos bajo una misma bandera y a compartir un futuro juntos.

Para acercar esta historia de éxito común, y, sobre todo, para que nunca más nos veamos obligados a reconocer que no sabemos qué se conmemora el 9 de mayo, dedico las siguientes líneas a explicar la sucesión de eventos que dieron lugar a la declaración de Schuman cuyo 72º aniversario conmemoramos en el día de hoy.

Nos encontramos en los primeros meses del año 1950 en una Europa todavía recuperándose de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero algo se mueve, se empiezan a escuchar de forma cada vez más nítida voces que reclaman “un proyecto Europeo” que prevenga otra gran guerra.

Son muchos los movimientos pro europeos que surgen en distintos foros a lo largo y ancho del continente y, que con sus diferencias y matices respecto de sus objetivos, y especialmente de los métodos a emplear, reclaman la unión y hermanamiento de los diferentes pueblos y países de Europa.

Desde hace ya varias décadas, han sido varias las iniciativas y conferencias organizadas por distintas organizaciones en las que los líderes sociales y políticos se congregan para debatir sobre el futuro de Europa y la necesidad de articular mecanismos de cooperación entre países.

Algunos hablan de crear unos Estados Unidos de Europa, otros de crear una organización internacional inspirada en la Sociedad de Naciones a la europea y otros simplemente de firmar tratados bilaterales de cooperación.

Precisamente para ello, para crear una Europa más unida, solidaria y humanista llevan trabajando durante meses el Canciller alemán Konrad Adenauer, el Ministro de Asuntos Exteriores Robert Schuman y entre bambalinas y con total discreción, el asesor de este último, Jean Monnet.

En este momento, las relaciones entre Alemania y el resto de países europeos están en su punto más bajo desde que acabara la guerra. La causa: la firma el pasado 3 de marzo de 1950 por parte del gobierno francés de un convenio que establece de iure “La República del Sarre”. La firma del referido documento modifica notoriamente las fronteras germanas, y según declara el propio Adenauer a la prensa, determina que Alemania no pueda unirse al Consejo de Europa.

La idea de una Europa integrada al abrigo de una organización que operase bajo la premisa de un interés europeo propio parece venirse abajo antes de siquiera haber empezado a andar. Pero no todo está perdido. Al poco tiempo Adenauer concede una entrevista a la agencia International News Service en la que, de forma sorprendente, propone establecer una “estrecha unión entre Francia y Alemania”.

Jean Monnet recoge el guante lanzado por el canciller y se pone manos la obra. Lo tiene claro: pretender una unión entre países como punto de partida para resolver una problemática concreta, no es la solución. Como más tarde declarará el propio Schuman: Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”.

En aquel momento no se podía saber, pero Schuman, en palabras del propio Monnet, nos presentaba el método comunitario. Pero todo llegará. Ese es el plan: llevar a cabo una primera fase de integración en un ámbito muy concreto, en este caso la industria del carbón y el acero, que plantee nuevos problemas cuya solución pase necesariamente por más integración, generando así una suerte de efecto dominó. La idea está clara, solo falta crear un “método”.

No hay tiempo que perder. Monnet reúne en su residencia de Houjarray a sus más estrechos colabores, Paul Reuter y Ettiene Hirsch, que de inmediato se ponen a redactar el borrador de lo que, tras un total de 16 versiones, se conocería como la Declaración Schuman.

En este texto, se sientan las bases económicas, estructurales y procedimentales para la puesta en común de la producción del carbón y el acero como primer paso para conseguir la unificación de Europa.

Esta primera versión elaboradora por el equipo de Monnet, sería en primer lugar revisada por el economista, Pierre Uri. Tras revisar el texto propone introducir una serie de cambios, que a juicio de Monnet mejoran la propuesta, y que son finalmente introducidos. La declaración va cogiendo forma. Satisfecho con el texto, queda lo siguiente: hacérsela llegar a Schuman y que este dé su visto bueno.

El sábado 6 de mayo, tras varias consultas, Jean Monnet entrega a Schuman la versión final del texto que incluye algunos cambios de última hora propuestos por el propio ministro. La declaración está lista.

Schuman es consciente de que necesita conocer la opinión del canciller alemán antes de proponer el plan al ejecutivo francés. Presentar una iniciativa que luego sea rechazada por Alemania, sería dinamitar cualquier esperanza de un proyecto europeo común. Para asegurarse de que Adenauer está conforme con la iniciativa propuesta, Schuman envía a un colaborador de confianza a Bonn para que entregue en mano dos cartas al propio Adenauer, una personal y otra oficial.

En la primera misiva el ministro francés explica que bajo una propuesta formalmente económica como es la puesta en común de la industria del carbón y el acero, descansa un proyecto político de profundo calado con el potencial de transformar la política europea. Así se recoge explícitamente en la propia declaración que se incluye en la segunda carta. Adenauer examina la propuesta remitida y se pronuncia: está conforme, Alemania se sumará a la iniciativa francesa.

Queda el último escoyo: el Consejo de Ministros de la República Francesa reunido esa misma mañana de 9 de mayo de 1950 tiene que aprobar la propuesta. Una vez Schuman es informando de la aceptación del canciller alemán, anuncia al Consejo de Ministros que ha llegado a un acuerdo con Alemania para establecer un sistema de cooperación que daría respuesta las tensiones suscitadas entre ambos países. Los ministros, sin darle demasiada importancia y sin conocer demasiados detalles, aprueban la propuesta de Schuman.

No hay tiempo que perder, urge anunciar al mundo que Europa empieza a andar. El gabinete del ministro convoca a los periodistas franceses, a los enviados de medios internacionales y a los embajadores europeos a las 6 pm en el emblemático Horloge del Quai d’Orsay.

Se concentran más de 200 periodistas que esperan la llegada del ministro. No lo saben, pero van a ver a la historia desarrollarse ante sus ojos. En medio de todo el revuelo, Jean Monnet se da cuenta de algo: no han convocado a los medios gráficos. No hay ningún fotógrafo o cámara de televisión en la sala. Es un momento histórico y no va a quedar prueba gráfica de ello. No importa, lo sustancial es el anuncio, ya habrá tiempo de recrear el evento para los gráficos en otro momento.

Empieza la comparecencia y Schuman lee: “La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan”. Toda una declaración de intenciones: no podemos resolver los problemas del presente con los mecanismos del pasado.

Para ello, continua el ministro: “El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa”. Lo acababa de hacer, Schuman presentaba al mundo lo que a la postre se conocería como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y el pistoletazo de salida al proyecto europeo actual.

Así, a escasos 5 años del final de la Segunda Guerra Mundial, Francia tendía la mano a Alemania para unificar dos sectores estratégicos e históricamente ligados a la guerra, para tratar de preservar la paz futura. El resto de la historia de la Unión Europea queda para otro día…

La declaración que hoy conmemoramos fue el primer gran ladrillo de la casa común que es la Unión Europea, que se sigue construyendo cada día y cuya preservación y avance nos corresponde a todos. Para ello, lo primero, es conocer nuestra historia.

 

No hay estabilidad sin confianza

Comentario a la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 que priva a los inversores que suscribieron acciones de Banco Popular con un folleto falso de su derecho a ser indemnizados

El mecanismo de resolución de bancos con rescate interno conocido como bail-in solo se ha aplicado una vez, con el Banco Popular que fue adquirido por Banco Santander por un euro. Esta es la decisión más controvertida de las que han tomado las autoridades en el mercado financiero europeo en toda su historia. Hay centenares de litigios del más variado pelaje. Desde cuestionar que se diera el presupuesto de inviabilidad del Banco Popular a acusar de prevaricación a las autoridades o de enriquecimiento injusto al Banco Santander. Hay 86 demandas tramitándose ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos estos litigios versan sobre el mecanismo de resolución y sus efectos sobre los accionistas y bonistas junior con pérdida total del capital invertido. Lo que nadie imaginaba es que por una decisión judicial se iban a extender los efectos del bail-in a otros acreedores, en particular quienes tienen derecho a una indemnización por haber suscrito acciones de Banco Popular con un folleto falso.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022 no se ocupa de los accionistas afectados por la resolución con pérdida total del capital invertido. Responde a una cuestión prejudicial sobre un tema bien distinto: ¿Se extienden los efectos del bail-in al derecho de crédito a ser indemnizado por haber suscrito acciones con un folleto falso? Nada dice al respecto la Directiva 2014/59 que regula el bail-in. La sentencia hace una filigrana trasladando la Directiva 2003/71 de folletos que recoge la responsabilidad por folleto falso al Derecho de sociedades con el fin de aplicar de forma extensiva un considerando de la Directiva 2014/59. Este considerando permite aplicar excepciones a las normas de protección de los accionistas del Derecho de sociedades cuando supongan un obstáculo para la eficacia del bail-in, cuando lo cierto es que la Directiva de folletos forma parte del Derecho del mercado de valores. En este sentido su transposición tuvo lugar mediante una reforma de la Ley del Mercado de Valores.

Busca el Tribunal un precepto en la Directiva bail-in que justifique el sacrificio de los acreedores a una indemnización al haber suscrito acciones con folleto falso en caso de resolución y no lo encuentra. Para justificar ese sacrificio cita el art. 53.3 de la Directiva 2014/59, precepto que libera al banco que ha sido objeto de resolución, o a su sucesor, de las reclamaciones de los accionistas que se han visto afectados por la medida. Pero este precepto no resulta aplicable a quienes ejercitan la responsabilidad por folleto falso. Estos demandantes actúan como inversores defraudados no como accionistas. Si la resolución quiere ampliar sus efectos a todos los acreedores, excepto claro está de los depositantes hasta 100.000 euros que están garantizados, puede hacerlo. Pero en el caso del bail-in de Banco Popular, la resolución solo se extendió a los accionistas y a determinados obligacionistas junior. No afectó a otros acreedores. Extender los efectos de la resolución a los acreedores a una indemnización por folleto falso es una interpretación extensiva vetada en las normas restrictivas de derechos. De este modo, la sentencia priva sin justificación a los acreedores por folleto falso de la tutela judicial efectiva.

El sistema financiero es un conjunto de principios y reglas enlazados entre sí. Garantiza el buen funcionamiento del mercado con la protección del inversor en garantía de la estabilidad del sistema. Es un sistema sustentado en la confianza. Contraponer la protección del inversor a la estabilidad es absurdo. Sin protección del inversor se daña la confianza en el sistema y quiebra la estabilidad de sistema. Por esta razón llama la atención que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contraponga estos principios con el fin de justificar la supresión del derecho a ser indemnizado por parte de los inversores que habían suscrito acciones con folleto falso. Dice la sentencia que “si bien existe un claro interés general en garantizar en toda la Unión una protección fuerte y coherente de los inversores, no puede considerarse que ese interés prevalezca en todo caso sobre el interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero”. Contrapone de este modo la protección del inversor frente a la estabilidad del sistema. Cuando lo cierto es que sin confianza no puede haber estabilidad.

También dice la sentencia que con esta medida se trata de “reducir el riesgo moral en el sector financiero”. Pero dejar sin efectos el fraude de quien apela al ahorro con un folleto falso no contribuye a reducir el riesgo moral, todo lo contrario, propicia estas conductas que con el posterior bail-in quedarían convalidadas.

Lo cierto es que el sistema de bail-in no acaba de cuajar. Tras la mala experiencia del Banco Popular no se ha vuelto a aplicar. Los técnicos de Frankfurt quieren animar las subastas de los bancos objeto de bail-in. En el caso Popular, Banco Santander fue el único postor. El Tribunal se deja llevar por estas voces blindando a los bancos que adquieran bancos resueltos de las demandas por haber adquirido acciones con folleto falso. Es una mala doctrina. Quiebra la confianza en el mercado al convalidar el fraude y dificulta la financiación de los bancos. ¿Quién va a adquirir acciones de un banco sabiendo que en caso de fraude por folleto falso si el banco es resuelto se pierde el derecho a ser indemnizado?

Hay otras vías para conseguir animar las pujas en las subastas de los bancos inviables. El postor puede condicionar su oferta a un esquema de protección de activos (EPA) como ha sido habitual en la resolución de cajas de ahorros por parte del FROB. En el caso Popular, Banco Santander decidió actuar al descubierto sin ninguna protección asumiendo toda su responsabilidad como sucesor universal. “Sin ayudas públicas”. De hecho, dotó provisiones millonarias para hacer frente a las demandas por folleto falso en la ampliación de Banco Popular. Ni el más optimista de los abogados del Banco Santander habría soñado con que el Tribunal Europeo les iba a liberar de este riesgo legal con una sentencia que priva a los inversores de su derecho a ser indemnizados por folleto falso. Sin duda, el Banco Santander es el principal beneficiario de la sentencia. Se blinda frente a las demandas por oferta pública con folleto falso. Pero mantiene su responsabilidad como colocador de la ampliación de capital de Banco Popular.

Comisionistas y Conseguidores

Este artículo es una reproducción de la tribuna publicada en El Mundo, disponible aquí.

A raíz del escándalo por la compra de mascarillas por el Ayuntamiento de Madrid a través de su empresa de servicios funerarios a presuntos conseguidores (para algunos más bien estafadores) procedentes de lo que antes se llamaba «jet set», podemos hacernos algunas preguntas muy básicas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones en general y de la contratación pública en particular. Porque, a juzgar por las noticias en prensa, parece más que probable que surjan otros escándalos parecidos que afecten a otras Administraciones y a otros partidos políticos..

Lo primero que hay que recordar es  al principio de la pandemia hubo que contratar a toda velocidad, y con escasos controles, todo lo que se considera imprescindible para combatir la pandemia, desde respiradores hasta mascarillas, pasando por EPIS o test COVID. De hecho, que un político fuera capaz de conseguir material sanitario era una prueba de buena gestión y de preocupación por la salud de la ciudadanía: nadie preguntaba entonces mucho por su procedencia o por su precio. Por otra parte, dado que la gestión de la pandemia estuvo muy politizada desde el principio a nadie puede extrañar que los esfuerzos de los responsables políticos estuvieran más encaminados a competir entre sí, que a cooperar y prestarse ayuda, con contadas excepciones. En fin, por decirlo de forma suave, no era el clima más adecuado para la prudencia y no digamos ya para la rendición de cuentas; probablemente ni siquiera en este momento sea posible. La extrema polarización de nuestra vida política nos va a pasar factura, en muchos casos literalmente.

Lo segundo que conviene subrayar es que, sobre todo al inicio de la pandemia, había una gran escasez de material sanitario disponible por los cauces comerciales habituales. Como sucede en los casos en que hay mucha demanda y poca oferta de bienes de primera necesidad se trata de un terreno abonado para la especulación, el acaparamiento y hasta el mercado negro. Puede que sea una consecuencia inevitable del sistema capitalista pero no lo es menos que en situaciones de crisis sanitaria mundial con miles de fallecidos es preciso introducir controles y reglas de juego más equitativas sin poner en riesgo el abastecimiento.

Cuando se utiliza dinero público lo razonable, además, es extremar la prudencia para evitar caer en manos de aprovechados. En circunstancias normales las normas que rigen la contratación pública de bienes y servicios están, entre otras cosas, para evitar este tipo de conductas. De hecho, en la regulación ordinaria de contratación pública no hay espacio -al menos formal- para la figura del comisionista por la sencilla razón de que los principios de la contratación pública llevan a su exclusión: recordemos que su objetivo es conseguir la mayor concurrencia posible, la igualdad de acceso entre todos los licitadores, la publicidad y la transparencia. La finalidad no es otro que conseguir la mejor relación calidad/precio para el sector público.

No solo eso, en el ámbito público un comisionista puede incurrir fácilmente en algún tipo delictivo, precisamente porque se entiende que lo que ofrece no puede ser otra cosa que el acceso privilegiado a algún funcionario, alto cargo o empleado público para conseguir la compra de bienes o servicios de su comitente. Si esto es a cambio de un intercambio de favores presente o futuro podemos hablar de un cohecho o de tráfico de influencias. Dicho de otra forma, una Administración pública no puede favorecer a ningún licitador sobre otro por el hecho de que haya contratado a alguien que ofrezca un acceso privilegiado y exclusivo a alguien con capacidad de decisión en la adjudicación de un contrato y menos si ha habido algún tipo de contraprestación. Sentado lo cual, hay que señalar que esta es precisamente una de las formas en que funciona el clientelismo endémico que padecemos en España ligado a la contratación pública. Por eso, los ex-políticos o los familiares de políticos en activo (o de empleados públicos que tienen capacidad para decidir sobre adjudicaciones) no suelen tener problema para encontrar trabajo en empresas reguladas o que contratan con el sector público.

Es por ello que hay que introducir una importante diferencia entre un comisionista y un conseguidor porque no son lo mismo, aunque los segundos pretendan, interesadamente, hacerse pasar por los primeros. No es igual la contratación privada que la contratación pública. En el ámbito privado podemos entender, sin acudir a la RAE, que un comisionista es un profesional que vende servicios o bienes de otra persona física o jurídica a cambio de una comisión y esto no sólo es perfectamente legal, sino que es una profesión tan digna como cualquier otra. En nuestro ordenamiento jurídico la comisión mercantil está regulada en el Código de Comercio. Se supone, además, que el comisionista ofrece el valor añadido de conocer bien el mercado y los clientes a los que ha de vender los bienes y servicios de su comitente y ese valor -que suele suponer un trabajo y una experiencia previas- se traduce cuando se produce la venta en una comisión que las partes pactan libremente, aunque suele existir, según los mercados, algún tipo de porcentaje de referencia.

Pero otra cosa muy distinta es el ámbito de la contratación pública, que es el ámbito en que se mueven las compras de bienes y servicios que hacen las Administraciones Públicas donde, como hemos visto, rigen una serie de principios y de reglas muy estrictas, al menos sobre el papel. Como hemos dicho, no hay hueco para un comisionista y si alguien paga comisiones por conseguir contratos de las Administraciones Públicas podemos sospechar que algo no se está haciendo correctamente.

No obstante, parece evidente que estas reglas, entre otras cosas por la extremada burocracia y duración de los procedimientos de compras públicas, no pueden aplicarse en momentos de emergencia. Consciente de esta situación, el propio legislador ha previsto en la normativa de contratación pública la existencia de unas reglas excepcionales para la contratación de emergencia que, básicamente, suponen la no aplicación de los requisitos ordinarios -incluso la de contar con crédito previo suficiente o la necesidad de formalizar siempre el contrato por escrito- siempre, claro está, que se de el presupuesto de hecho previsto en el art. 120 de la Ley de contratos del sector público: que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

Sin duda, estas circunstancias se daban durante la pandemia y, por tanto, la aplicación de la normativa de emergencia es legalmente correcta. Esto se traduce en que cada Administración ha contratado «a dedo» sin ningún tipo de garantías a quien le haya parecido mejor. Recordemos que en esta contratación de emergencia no hay ni publicidad ni concurrencia. No es de extrañar, por tanto, que haya sido un terreno abonado para alguien bien relacionado, un amigo, un familiar, un compañero de partido. Y es ahí donde aparece en todo su esplendor la figura del «comisionista del sector público» o conseguidor. Hubo mucha gente -que, por cierto, no había realizado servicios de intermediación de material sanitario en su vida- que vio la oportunidad de vender con importantes sobrecostes un material sanitario (fiable o no fiable) que se necesitaba desesperadamente. Era tan relevante conseguir acceso al político o al alto cargo de turno como a la empresa suministradora del material, si no más: porque, a pesar de la escasez reinante, al parecer no faltaron ofertas: en ese sentido, el alcalde de Madrid declaró que habían tenido que habilitar un email de coordinación porque tenían casi mil correos al respecto en relación y no podían no ya verificarlos, sino ni siquiera atenderlos a todos. Al final atendieron y se fiaron de quien tenía los contactos adecuados.

La cultura del enchufe y del clientelismo está tan arraigada en España que probablemente nadie piensa o que alguien bien relacionado pueda ser, en el mejor de los casos, un aprovechado o, en el peor, un estafador. Y esta debilidad estructural de nuestras instituciones ha salido a la luz de una forma descarnada en mitad de una pandemia.

 

La libertad de elección de centro en la LOMLOE: una falacia ideológica 4/4

En la primera parte sobre la libertad de elección de centro ya repasamos el poco o nulo impacto que tiene la inclusión de la demanda social o no en las distintas leyes orgánicas a la hora de decidir o no. La normativa orgánica que regula la composición de la oferta educativa es escasa (apenas un artículo con cinco puntos) cuando en realidad es uno de los procesos más importantes de la gestión educativa, por lo que las CCAA no sólo tienen la competencia de gestión sino también un marco normativo tremendamente amplio para tomar decisiones al respecto.

A pesar de ello, y en contra de lo que intuitivamente tendemos a pensar cuando hablamos de distintos sistemas, la normativa de escolarización entre las distintas CCAA presente es bastante homogénea y, en especial, lo relativo a la normativa de admisión del alumnado en los centros. Es decir, la creación de la demanda.

En términos económicos, y entendiendo las plazas como un mercado, lo que se debate con la demanda social es la prevalencia de unos u otros demandantes por influir en la composición de la oferta, la cual se programa en un régimen de monopolio público. No hay nada sorprendente en ello.

Sin embargo, bajo la ferviente lucha por la “libertad de elección”, entendida como la capacidad de los demandantes para condicionar la oferta, encontramos una verdad oculta; las familias ni tan siquiera tienen libertad real para “crear” la demanda. Y esto ocurre principalmente por un motivo. La normativa de admisión en los centros (ver por ejemplo Extremadura), a pesar de otorgar la libertad para poder escoger varios centros, incluye un condicionante fundamental; la elección prioritaria o primera opción.

Supongamos una familia o alumno cuyo deseo es ir a un centro (C1). Si lo escoge como primera opción y hay plaza, se le asigna. Si, por contra, dos alumnos (A y B) piden plaza en el centro C1 como primera opción, pero sólo queda una plaza, entra en juego la baremación de los criterios de admisión.

El baremo es el algoritmo basado en la equidad que asigna una puntuación en base a criterios como la proximidad, la renta o la existencia de hermanos en el centro. A tiene hermanos en el centro, menor renta familiar y mayor proximidad que B, por lo que se le asigna la plaza en el centro C1.

¿Y qué pasa con B? Pues ve tiene que pasar a su segunda opción (C2). Y en este centro, supongamos, vuelve a pasar lo mismo. Esta vez él y otro alumno (D) quieren plaza en el centro C2 pero sólo queda una. Se barema, ¿no?. Pues depende. Si C ha escogido C2 como primera opción se le asigna la plaza y B se quedaría sin ella, aunque tenga más puntos en el baremo. Injusto, ¿verdad?.

Este mecanismo de admisión por opción prioritaria no sólo es injusto e inequitativo, sino que además genera un mecanismo perverso para familias o alumnos. El sistema incentiva que, en lugar de escoger libremente el centro deseado sin miedo a quedarse sin plaza, se escoja en realidad la más probable, eliminando así su capacidad para expresar sus preferencias libremente (para más detalle ver este artículo).

A nivel normativo, este mecanismo se establece con bastante sutileza, como puede verse en el siguiente ejemplo: “Cuando el número de solicitudes presentadas en el centro seleccionado como primera opción para un curso supere al de plazas escolares vacantes, estas se baremarán (…) según la puntuación total obtenida por la aplicación de los criterios de admisión establecidos en este decreto.” O sea, si la opción no es la primera, no se barema.

Esta forma de asignar es la que provoca que cada año a más del 90% de las familias les toque la primera opción. ¿Es tan eficaz la AE como para saber anticipadamente, con una fiabilidad del 90%, la oferta de plazas que van a pedir las familias como primera opción?. Evidentemente no. Es el proceso de admisión el que obliga a las familias a escoger la plaza que la AE quiere. Y lo hace obligando a familias y alumnos a escoger la opción que es más probable que les toque so pena de quedarse sin plaza en ninguno de los centros que les gusta.

Literalmente, la normativa de escolarización de las respectivas AAEE pone un precio muy muy alto en la elección. Y lo hace, mayoritariamente, para mantener un férreo control de la oferta educativa, no sea que la demanda “real” nos diga que lo que la ciudadanía quiere es cerrar este centro y aumentar plazas en el otro, con lo complicado que resulta todo ello a nivel organizativo, de recursos humanos y administrativo.

De este mecanismo y sus nocivos efectos se han encargado de hablar largo y tendido Lucas Gortazar y Álvaro Ferrer en este informe.

Así, a modo de conclusión, llama la atención que se haga una batalla tan enorme por controlar la oferta educativa bajo el halo del “derecho a la libertad” cuando ni tan siquiera existe un derecho real a expresar las preferencias en la demanda. Un factor que condiciona la elección, quiero recordar, que afecta a todo el alumnado con independencia de la red a la que nos refiramos. En el ejemplo anterior da igual que los centros sean dos públicos, uno público y uno concertado o dos concertados.

Lo más sorprendente de todo es que modificar el régimen jurídico del proceso de admisión resultaría sencillo y el único coste asociado es puramente informacional, ya que la oferta es muy rígida y no va a cambiar (1). El único coste es saber qué centros son más preferidos y cuáles no.

Por ello, la libertad de elección de centro ni ha existido, ni existe, ni va a existir. Los debates centrados en la demanda social o el cierre de 10 aulas por aquí o por allá son cuestiones parciales son quimeras que alimentan la polarización y que en poco o nada afectan a una familia. Una falacia ideológica contada por grupos de interés llena de ruido y de furia.

Reformas y cambios derivados de la LOMLOE en nuestro sistema actual de enseñanza: ESO y Bachillerato. ¿Con qué finalidad?

Vuelve a haber un gran revuelo estos días   en el mundo de la Enseñanza debido a la reciente aprobación del nuevo plan de estudios de Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) y de Bachillerato. Los chats de personas implicadas en este ámbito están que echan humo y las entrevistas y artículos en los medios de comunicación, que se suceden sin parar, están que arden.

Uno de los temas más comentados, y criticados, en estos días, es la desaparición de la Filosofía como asignatura obligatoria en 4º de la ESO, donde se convierte en Valores morales y cívicos, una especie de Educación para la ciudadanía de tiempos de Zapatero, pero al parecer sí se mantiene en los dos cursos de Bachillerato. Algunos de los cambios más comentados son: poder pasar de curso con algún suspenso; sustituir programas más académicos basados en asignaturas más o menos clásicas (memorísticas al decir de algunos), por otras basadas en competencias; dar un enfoque de género y socioafectivo a las matemáticas y, en general, un enfoque de género a todo; sustituir las notas cifradas y ordenadas en una escala intuitiva del 1 al 10, clara y comprensible, por apreciaciones meramente cualitativas, así como otra serie de cambios, de los cuales el que más ampollas levanta es el replanteamiento total del enfoque de la Historia y sus contenidos que, al parecer, quedan reducidos a la mínima expresión: no se abordan los acaecidos antes de 1812. Esto último ha suscitado las críticas, por no decir las iras, de la Real Academia de la Historia (RAH), así como de ilustres Catedráticos e historiadores como son Ángel Bahamonde, Roberto Villa, Arturo Pérez Reverte, etc.

Fernando Savater, ha llegado a decir que, en concreto, la desaparición de la Filosofía es un disparate, más o menos en la línea de Nuccio Ordine, escritor, filósofo, profesor de la universidad de Calabria y experto en el Renacimiento, para el cual es una locura, posturas analizadas y argumentadas en un debate de hace unos días en la Universidad Pontificia de Comillas.

Pero también hemos podido leer en estos días sendas entrevistas a dos de los profesores universitarios defensores de estos cambios: la realizada a Juan Manuel Moreno Olmedilla, catedrático de Didáctica de la UNED y asesor del Banco Mundial durante 20 años y a Elena Martín, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAM y asesora del Ministerio en estos cambios de orientación. El primero con un enfoque más basado en  aspectos didácticos y la segunda con un enfoque más psicológico, ambos parecen apoyar y coincidir en las grandes líneas de la reforma.

¿Se puede pensar –a mí me cuesta trabajo creerlo– que de una manera deliberada los promotores de este plan pretenden, como se está oyendo insistentemente, hacer ciudadanos dóciles, acríticos, sin capacidad argumentativa ni expositiva, centrados en un mundo de objetivos  que se logran sin esfuerzo personal, y que en ese sentido habría que entender la supresión parcial de la Filosofía, la desaparición de las notas cifradas a lo largo de una escala, que, al decir de algunos, dañan la autoestima del niño y establecen pautas comparativas que discriminan y humillan, la no repetición de curso incluso aunque el niño no haya logrado los objetivos en dos o más asignaturas? ¿Cómo entender el nuevo enfoque de la Historia, rompiendo la cronología de los hechos para pasar a una configuración de descriptores muy globales?

A nuestro modo de ver, la pregunta que hay que hacerse antes de descalificar y demonizar o, alternativamente, defender y apoyar  todos estos cambios y planteamientos es  cuál es la finalidad de un país o, quizá mejor dicho, de un Gobierno y de una clase política (que puede, o no, coincidir con el de – parte de – la sociedad y las familias), al establecer unas determinadas líneas directrices tanto conceptuales como prácticas, en un plan de estudios que debería durar para una serie de años pues ya ha sido demasiado baqueteado (1). Y no nos estamos refiriendo tanto a la ideología de ese Gobierno o clase política – en cuanto referida a política de partidos, aunque por desgracia también- como a la concepción del mundo en general y de la Educación y Enseñanza en particular, subyacente a la elaboración de estos cambios.

Antes de entrar a analizar en profundidad y críticamente los aspectos enumerados que se han  introducido en la ley recién aprobada, lo cual trataremos de llevar a cabo en sucesivos posts, hagamos por el momento un brevísimo repaso evolutivo de las opciones educativas en nuestro país a lo largo de los últimos años.

En la década de los 60 y los 70 no existían más que tres tipos de enseñanza: la de los colegios religiosos y confesionales que copaban prácticamente todo el espectro educativo: marianistas, jesuitas, maristas, escolapios, etc.; algún que otro colegio laico y progresista, más o menos heredero de la Institución Libre de Enseñanza y de su continuación en el Instituto Escuela, – tipo colegio Estudio, Base, etc.-, y los colegios extranjeros, generalmente uno por país y dependientes de los gobiernos de dichos países: el Británico, el Liceo Francés, el Italiano, el Alemán, el Colegio suizo, el Americano, etc.  Y luego estaba la enseñanza pública, en aquellos momentos reservada a una clase social bastante marginal, aunque los hijos de ciertos intelectuales comprometidos con ese tipo de enseñanza solían hacer el Bachillerato en la pública. No había por tanto mucha complicación en la elección por parte de los padres de un determinado tipo de colegio y además los planes de estudio eran nacionales, pues no existían las CCAA.

Pero la situación se ha complicado hoy día mucho, no solo por el aumento de tipos de colegios y sus diferentes modalidades: privados religiosos – y dentro de estos los del Opus-, privados laicos, concertados religiosos, concertados laicos, públicos bilingües o monolingües y, finalmente, toda la gama de colegios extranjeros, que ya no son  solo los liceos clásicos que representan a sus respectivos países, sino una gama amplísima de  colegios  – ingleses y anglosajones básicamente en cuanto a su número-, con a menudo muy diferentes metodologías y planteamientos educativos. A esto se añaden las escuelas  llamadas libres y de pedagogías alternativas, tipo Waldorf.

En consonancia con lo anterior nos encontramos con muy diferentes conceptos sobre la Enseñanza y la Educación, que afectan no  solo a  los contenidos y  a su estructuración en niveles y  a la enseñanza de valores, sino a pautas metodológicas  y de aprendizaje a veces antagónicas.

En esta línea, y a grandes rasgos, encontramos los  centrados en la enseñanza de contenidos organizados en asignaturas tradicionales y académicas, pero que solo marcan un 50% de materias comunes pues el resto es competencia de las CCAA (y aquí radica un gran problema pues se ha roto la unidad en la formación de todos los niños de nuestro país; de hecho ya hay una serie de CCAA que han manifestado que no seguirán las pautas de esta nueva LOMLOE); los que frente a un aprendizaje de materias/asignaturas más o menos “atomizadas”, abordan un aprendizaje más trasversal y por tanto relacional, tratando de ir más allá de  la barrera entre asignaturas y tratando de relacionar los contenidos unos con otros, línea en la que se ha instaurado recientemente en nuestro país el Bachillerato internacional, que cada vez tiene más adeptos y que rompe –probablemente para bien- con la dinámica del Bachillerato y COU. Por otra parte, se pone el énfasis en las competencias, que es la línea a la que apunta claramente la renovación del plan de estudios, y por último aquellos que dan absoluta prioridad a la enseñanza/aprendizaje mediante la inmersión total en una lengua y unos programas extranjeros, siguiendo metodologías y contenidos de otros países de nuestro entorno, a veces muy alejados del nuestro – A levels, Baccalauréat, Maturitá, etc. y a los que no les afecta esta Ley.

Y, finalmente, nos encontramos con diversas concepciones a un nivel más profundo, sobre aspectos centrados preferentemente en lo psicológico y psicopedagógico: valor de la cultura del esfuerzo personal como forma de lograr una formación integral frente a una cultura basada únicamente en el refuerzo motivacional del niño, en el mantenimiento o creación de la autoestima como paso previo a cualquier tipo de aprendizaje. En el primer caso se considera que el esfuerzo personal y la puesta en juego de la memoria es un medio necesario para la consolidación de los conocimientos, frente al saber hacer de una formación mucho más anclada en lo práctico y en determinadas habilidades, así como en el refuerzo continuo de la autoestima del alumno. El concepto competitividad no es ajeno a estos planteamientos.

Si cruzamos todas estas variables las posibilidades de elección que se le presentan a los padres actuales son enormes, muchas más de lo que lo eran hace 50 o 60 años (cuando estudiamos los abuelos de los niños de ahora), pero incluso 30 o 40 años (cuando estudiaron nuestros hijos).

Para complicar más el panorama en lo que a elección de tipo de enseñanza y, por tanto, a colegio se refiere, y no siempre para aclararlo en una línea muy anglosajona, han ido surgiendo diferentes rankings de los mejores colegios, mejor o peor elaborados, según de donde procedan, que, si se analizan detenidamente, a veces no aclaran demasiado, pues las características genéricas con las que se definen se repiten de un colegio a otro (2).

Abordaremos, en un siguiente post, hasta qué punto las críticas a los cambios citados más arriba pueden estar fundamentadas, basándonos para ello en los comentarios de diversos expertos en los distintos campos afectados, aunque ya adelantamos que se observa un influjo bastante considerable de los pedagogos.

NOTAS

  1. Nueve Leyes educativas en nuestro país desde 1970: LGE (franquismo), LOECE (UCD), LODE (PSOE), LOGSE (PSOE), LOPEG (complemento a la LOGSE), LOCE (PP), LOE (PSOE), LOMCE (PP:ley WERT) y finalmente la LOMLOE (PSOE, ley Celáa).
  2. Documentos de El Mundo, 23º edición de 9 de Marzo de 2022: Los 100 mejores colegios.

La libertad de elección de centro en la LOMLOE: una batalla ideológica (3/4)

La primera y segunda parte de este artículo pueden leerse aquí y aquí.

A la hora de reformar una ley orgánica en educación es imprescindible minimizar los aspectos ideológicos para evitar la oposición frontal a la misma. Vamos, lo opuesto de lo que suele ocurrir en España. La LOMLOE no ha sido una excepción y oposición es lo primero que encontró en la llamada “Marea Naranja”, un movimiento que llamaba “a las movilizaciones para defenderse que atenta contra el pluralismo educativo y de cercena la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos”. Es en esta supuesta libertad donde se encuentra una de las claves de la batalla ideológica que se está librando.

La Constitución Española recoge en su artículo 27. 2. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Por último, el punto 4 reza que “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

En la interpretación de estos dos puntos está el origen de una de las mayores confrontaciones ideológicas de nuestro país: escuela pública vs escuela concertada. Los defensores de la concertada consideran que el punto 2 requiere garantizar plazas de financiadas con fondos públicos en centros, en su mayoría religiosos, con los que se establece un régimen de conciertos.

Los defensores de la pública consideran que mientras los centros concertados cobren cuotas complementarias se están creando barreras de entrada que reducen la equidad del sistema, incumpliendo así el punto 4. Si se permite el cobro no hay libertad real de elegir para aquellos que no se lo puedan permitir (punto 4), pero si desaparecen los conciertos no hay pluralidad en la oferta ni libertad para elegir distintos modelos (punto 2).

Resulta paradójico que un país siga estancado en un debate tan anacrónico teniendo en cuenta que el régimen de conciertos está regulado por un Real Decreto de 1985, que la financiación de los concertados debería aumentar considerablemente para siquiera empezar a plantear la gratuidad o que una parte importante de los incrementos de financiación educativa se destina a cuestiones no puramente educativas como las servicios complementarios, la adquisición de libros y materiales digitales o las infraestructuras. Pero ese es un debate para otro día. Volvamos a la libertad.

La última batalla ideológica de la libertad educativa pivota sobre la demanda social. Esto es, la consideración de las peticiones de alumnos y familias por parte de la Administración Educativa a la hora de ofertar plazas en centros públicos y concertados.

En un contexto de bajísima natalidad y exceso de oferta, la lucha por cada una de estas plazas no es una cuestión trivial. Para poner cifras al problema, entre el curso 14/15 y el 20/21 el número de alumnos de infantil y primaria se ha reducido en más de 300.000, lo que equivale a más de 10.000 aulas. Una tendencia que continuará y que va a recrudecer la guerra por las plazas no sólo entre redes (pública y concertada), sino entre centros de una misma red.

Pero volvamos a la cuestión normativa. La LOMCE, en 2013, recogía en su artículo 109.2 que “Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa (…) teniendo en cuenta (…) la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social.A su vez, se eliminó el punto 5 del texto original LOE, que decía que “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.

Tanto la introducción de la demanda social como la supresión del punto 5 suponían modificaciones importantes. La no prevalencia de las plazas públicas junto con el criterio de demanda social permitían a una Administración Educativa eliminar aulas públicas y mantener concertadas en una misma zona si éstas últimas tenían mayor demanda. Sin embargo, la LOMLOE regresa a la redacción original de la LOE, lo cual como hemos visto levantó ampollas en un nada desdeñable sector de la comunidad educativa. El objetivo era “corregir los efectos nocivos”, en términos de equidad, que la LOMCE había tenido en el sistema.

En primer lugar, hay que recordar que la redacción de la LOMCE sobre cómo planificar la oferta educativa respetando la libertad de las familias no supuso en todo caso un descenso de la equidad ni un aumento de la concertada. Desde que entró en vigor la LOMCE (2013) en Andalucía, por ejemplo, el reparto entre plazas públicas y concertadas ha permanecido inalterado en torno al 80% y 20%, respectivamente.

En segundo lugar, es importante resaltar que la no inclusión en la LOMLOE de la demanda social como criterio de planificación de la oferta no impide que una Comunidad Autónoma pueda incluirla, como ha ocurrido en Andalucía. Esta CA modificó  el RD 21/2020 para adaptarse a la LOMLOE sin eliminar la demanda social como criterio de planificación del texto original (artículo 4).

Y esto es así porque, al final, quien gestiona tanto la oferta como los criterios de admisión son las Comunidades Autónomas sea cual sea la normativa estatal. Con la LOMCE, en el período 2015-2018, en Madrid aumentó el ya de por sí alto nivel de segregación por el diseño de su baremo, mientras que en Murcia, con un gobierno del mismo signo, se redujo considerablemente.

Y todo ello fue consecuencia del inmenso margen de actuación que la normativa nacional otorga a las CCAA. Son estas las que establecen el número de plazas, las zonas de escolarización o los criterios de planificación y de admisión, entre otros. Y ese margen ni cambió con la LOMCE ni ha cambiado ahora con la LOMLOE. Por poner un ejemplo, no hay ningún impedimento legal para que, en un municipio de 10.000 habitantes con tres centros, uno con comedor y actividades extraescolares y dos sin ellas, la CA decida crear tres zonas y así favorecer que los habitantes del municipio se inclinen hacia el centro de su zona en lugar de elegir el primero.

No hay marco legislativo al que agarrarse para denunciar que esa participación viola el principio de libertad de elección de los habitantes del municipio frente a los de una capital de provincia que puede tener, por ejemplo, 20 centros en una misma zona. Así que por mucho que se quiera hacer guerra con el tema de la demanda social, la realidad es que poco o nada de la escolarización depende del contenido de la ley orgánica.  Algo que, como era de esperar, ni ha cambiado ni tiene visos de cambiar.

Demasiado sesgo y ruido en nuestro derecho: así no…

Este post es una reproducción de una publicación del mismo que autor que puede encontrarse aquí. 

«Ruido» (“Noise: A Flaw in Human Judgment”) es el nombre del último libro y trabajo de Daniel Kahneman, premio Nobel por su trabajo, pionero con su colega psicólogo israelí Amos Tversky, sobre cómo los sesgos cognitivos moldean el juicio. La gestación de este libro comenzó a finales de la década de 1960, sentando las bases para el nuevo campo de la economía del comportamiento, lo cual desafió la ortodoxia económica de que las decisiones son racionales.[1]

No solo la economía sino también el Derecho, para lo cual Kahneman cita el estudio realizado por el Juez Marvin Frankel, al dar cuenta de toda una larga serie de decisiones judiciales en donde se habían producido sentencias muy dispares sobre el mismo supuesto. Unas sentencias que partían de hechos similares (p. ej: falsificación de cheques por valor de 60 dólares) y en donde encontró condenas que iban desde los quince años a los treinta días de prisión. Inexplicable e inaceptable, jurídicamente, en un Gobierno de leyes, no de hombres” (como así lo denominó el Juez Frankel)

En “Ruido”, escrito junto a Olivier Sibony y Cass Sunstein, explora un fenómeno diferente al sesgo cognitivo como es lo que denomina como “ruido” dando ejemplos claros de estos dos conceptos (sesgo y ruido). Ambos constituyen desviaciones no razonables, que suelen confluir en un determinado sistema pero que no deben ser confundidas.

El sesgo es un proceso psicológico y se puede detectar en el juicio individual, «pero no podemos identificar el ruido en un juicio en particular«. Es la “tendencia” a ser benevolente o estricto o a preferir un tipo determinado de personas frente a otras. Es, en definitiva, el conjunto de “prejuicios” que tienen los seres humanos y que deberían dejar de lado cuando emiten juicios. En cambio, debemos mirar conjuntos de juicios para identificar el ruido, porque es la dispersión de juicios lo que marca la cantidad de ruido existente en un determinado sistema. Un sistema, que puede venir referido a una empresa o a un país entero en un determinado campo, como pueda ser el Derecho (que es lo que ahora me importa).

«El ruido es la variabilidad donde no lo quieres», dijo Kahneman. Pensemos en el sistema judicial que produce sentencias o en el sistema de evaluación para establecer las primas de seguros. Estos sistemas están destinados a hablar con «una sola voz» porque queremos que las sentencias judiciales reflejen el delito, no al juez que escucha y decide el caso. Y de la misma forma, queremos que dos tasadores (o evaluadores de riesgos) con exactamente la misma información calculen primas iguales o similares. La conclusión es tan significativa como preocupante, porque son muchos los profesionales que deciden aspectos de gran trascendencia diferenciándose en mucho de sus pares. Se basan en reglas elaboradas por ellos mismos y no en las que son propias de su profesión y esto provoca que surjan desde grandes injusticias, a errores insalvables y pérdidas de dinero. Es debido al “ruido” del sistema y a la dispersión de juicios de quienes tienen que emitirlos (marcados por los “sesgos” individuales).

¿Y qué sucede en nuestro sistema jurídico desde la perspectiva del sesgo y del “ruido”? Sencillamente que, desde hace ya tiempo, estamos asistiendo a un incremento muy notable de ambos tipos de desviaciones, lo cual pone en grave peligro la “igualdad de trato” que proclama y reconoce el artículo 14 de nuestra Constitución. Este incremento afecta a todos los denominados “operadores jurídicos” del sistema, desde quienes legislan, a quienes aplican el Derecho, pasando, cómo no, por quienes tienen que juzgar conforme a Derecho. Pero …vayamos por partes, para evitar caer en lo que el propio Kahneman denomina juicio o pensamiento precipitado.[2]

Quienes legislan constituyen un grupo muy heterogéneo, porque aquí se deben incluir tanto las Cortes (muy especialmente el Congreso), como el Gobierno, las CCAA y todas las Administraciones públicas en los ámbitos de sus respectivas competencias. Es decir, un conjunto de instituciones, obviamente compuestas por personas (aunque, a veces no lo parezcan), en donde cada una de ellas tiene un “sesgo” peculiar y propio que, entre otros factores, viene marcado por su tendencia política. Esto resulta especialmente apreciable en nuestro Congreso, en donde cada vez resulta más notable la dispersión de los “sesgos” de carácter político (sin que ello signifique que no existan otra clase de “sesgos”). No hace falta mucha perspicacia para darse cuenta de ello y de que, desde hace tiempo, es un hecho notorio la caída o invalidez de lo que se venía denominando como “derecha” o “izquierda”.[3]

La cantidad de “tendencias políticas” en el seno de nuestro Congreso contribuye, además, al incremento de “sesgos” de una forma poco predecible puesto que las alianzas entre los diferentes partidos producen un continuo transvase de posiciones cercanas al Gobierno a posiciones contrarias al mismo, como bien se ha puesto de manifiesto en la reciente votación relativa al denominado “decreto anticrisis”. Pero es que, a su vez, esta dispersión de “sesgos” afecta de modo muy especial a la cantidad de “ruido” en el seno del Congreso, porque nadie puede saber a ciencia cierta, con una relativa antelación, qué grupos apoyarán o se opondrán a una iniciativa del Gobierno.

En suma, asistimos a un incremento notable (respecto a otras legislaturas) de la “entropía” que preside a nuestro Congreso por el incremento simultáneo de los “sesgos” y del “ruido” total del sistema. Incremento de la entropía que da lugar a una clara disminución de la seguridad jurídica, cuyo peor fruto son las leyes “descabezadas”, aclarando que entiendo por tales a las que teniendo un título (que refleja la materia de la que tratan) acaban regulado los asuntos más dispares, mediante disposiciones Adicionales o Finales. Y no creo que resulte necesario citar todas estas normas (debido a su lamentable abundancia), salvo decir de ellas que son y actúan como un verdadero “pollo sin cabeza”.

Pero la situación descrita para el Congreso alcanza un nivel máximo de “ruido” cuando se comparan las decisiones normativas de las diferentes Administraciones públicas (especialmente, las de las CCAA entre sí y con el Gobierno). La llamada “guerra” de las mascarillas las medidas tomadas con motivo de la pandemia muestran ya un nivel de “ruido” absolutamente incompatible con la seguridad jurídica, porque no se entiende el motivo por el cual ante unos mismos hechos (la pandemia) se adopten medidas diferentes e incluso opuestas en las diversas partes de nuestro territorio. ¿Por qué motivo (sanitario, se entiende) en Guadalajara se tenía que ir con mascarilla por todas partes y no así en Madrid o Sevilla? ¿Por qué motivo (igualmente sanitario) en Madrid pudieron estar abiertos los bares y restaurantes y cerrados en otros lugares de España? O ¿por qué el pasaporte sanitario únicamente en determinadas CCAA? Que me lo expliquen, por favor, porque yo no lo entiendo en absoluto.

Dejo para otro día a los operadores jurídicos no institucionales (abogados de todas las especialidades) porque aquí tanto el “sesgo” como el “ruido” son tan alarmantes que merecen un análisis más detenido. Cada abogado y cada Despacho tienen formas diferentes de enfocar los asuntos que se les encomiendan, formando una especie de “baile de las togas” que se asemeja al carnaval en muchas ocasiones. Mejor que sean otros quienes nos juzguen, por tanto.

Y ya termino (porque el espacio no da para más) con los aplicadores institucionales del Derecho; o sea, los Jueces y Magistrados, centrándome en la jurisdicción que mejor conozco que es la contencioso administrativa. Aquí no hay tantos “colores” en los sesgos porque básicamente se reducen a dos. Quienes entienden que su papel constitucional es fiscalizar la actuación de las AAPP, y quienes, por el contrario, sostienen casi siempre una posición favorable a la Administración. No sé, realmente, si esto obedece a un “sesgo” (entendido al modo de Kahneman), de un puro “vicio” o bien obedece a la comodidad que proporciona al Juez una sentencia desestimatoria para el particular.

En todo caso, hay “sesgos” y “ruido” porque las sentencias dispares en temas muy similares se encuentran al orden del día. Sentencias que, en su mayor parte, ponen de manifiesto el “sesgo” pro-Administración y el “ruido” al encontrarnos con soluciones muy diferentes dependiendo del Juez que nos toque. Cierto es que contamos con un sistema para reducir tanto el “ruido” como el “sesgo” que se encuentra en la labor unificadora de nuestro Tribunal Supremo. Pero también hay serias limitaciones en esta labor por cuanto: i) se ha restringido demasiado el acceso a la casación, y ii) no resulta claro que los Magistrados del Tribunal Supremo carezcan de “sesgo” y que el conjunto de ellos se produzca “ruido” (como así se comprueba con los votos particulares cada vez más frecuentes.

Confío en que esta tendencia al incremento de los “sesgos” y del “ruido” en nuestro Derecho no siga creciendo porque, de otro modo, todos lo vamos a tener muy crudo como ciudadanos. Espero, también, que no se apliquen las palabras que Calderón de la Barca puso en boca de Segismundo: “Pues la muerte te daréporque no sepas que sé, que sabes flaquezas mías”.

 

NOTAS:

[1] “RUIDO. Un fallo en el juicio humano”. Ed. Penguin Random House Grupo Editorial. 2021.

[2] Vid. Kahneman “Pensar rápido, pensar despacio”; Ed DEBATE 2012. En Pensar rápido, pensar despacio, Kahneman nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1 es rápido, intuitivo y emocional, mientras que el sistema 2 es más lento, deliberativo y lógico. Kahneman expone la extraordinaria capacidad (y también los errores y los sesgos) del pensamiento rápido, y revela la duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta.

[3] Como es conocido el origen histórico de esta oposición debe buscarse en un hecho fortuito, la ubicación geográfica de los delegados con diferentes orientaciones doctrinales en la asamblea nacional de agosto-septiembre de 1789. En efecto, en oportunidad de debatir sobre el peso de la autoridad real frente al poder de la asamblea popular en la futura constitución, los diputados partidarios del veto real (en su mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero) se agruparon a la Derecha del presidente (posición ligada al hábito de ubicar allí los lugares de honor). Por el contrario, quienes se oponían a este veto se ubicaron a la Izquierda autoproclamándose como «patriotas» (en su mayoría los diputados del llamado Tercer Estado). Nada de esto, como es obvio, tiene sentido en la actualidad

La decisión individual del jurista como principal amenaza al Estado de Derecho

En este blog nos hemos especializado desde hace ya muchos años en denunciar los ataques al Estado de Derecho provenientes del poder político y económico. Normalmente a través de la captura de las instituciones de control, o de su intencionado deterioro o desactivación, con la finalidad de eliminar los frenos al abuso y poder campar así a sus anchas. Hemos denunciado también a los juristas complacientes que colaboran directamente en esta estrategia, a modo de caballo de Troya dentro de la respectiva institución, ya sea en la judicatura, la fiscalía, el Parlamento o los organismos reguladores.

Semejante enfoque deja al resto de juristas de a pie con relativa buena conciencia. A veces, incluso, asumen el papel de víctimas, especialmente cuando pertenecen a algunos de esos colectivos maltratados. Pero lo cierto es que una de las más serias amenazas al Estado de Derecho, la de la arbitrariedad en las decisiones jurídicas, tiene su principal origen en la manera en la que se formulan juicios y se adoptan decisiones todos los días en todos los niveles de la práctica jurídica, tanto privada (abogados) como pública (jueces, fiscales, notarios, registradores y Administración en todos sus estratos).

En un post publicado hace unos meses (“El sesgo ideológico de los jueces españoles”), apunté ya este problema en la judicatura, especialmente agravado por la nefasta práctica de elegir a los jueces para los tribunales superiores por sus sesgos ideológicos y no por sus méritos. El inevitable resultado es el incremento del “ruido” en el sistema (en expresión de Kahneman y Sunstein); es decir, el incremento en la variabilidad de los juicios sin que tal variabilidad obedezca a fundamento objetivo alguno, con grave merma, no solo de la seguridad jurídica, sino de la misma justicia, que no admite tratar casos iguales de manera diferente (arbitrariedad).

Pero, obviamente, la fuente del elevado ruido actual no es únicamente el sesgo ideológico, sino muchos otros sesgos, prejuicios y condicionamientos personales de toda índole que cabe resumir en una única idea: un defectuoso proceso de argumentación jurídica y de formación del juicio.

Es este un defecto grave de nuestro sistema educativo, tanto del general como del específicamente dirigido a los juristas. La formación en argumentación -lo que tradicionalmente se estudiaba bajo el nombre de retórica- desapareció completamente del currículo hace ya mucho tiempo, desconociendo así que con ella los clásicos no buscaban el mero ornato, sino facilitar el acceso a la verdad y a lo justo, por lo menos a la clase de verdad y justicia a la que es posible acceder en el mundo de las cosas humanas.

La decisión jurídica es una cosa muy seria -especialmente en el caso de los jueces, aunque no solo- y exige un respeto escrupuloso a una técnica o procedimiento que busca minimizar la arbitrariedad y que podemos descomponer en cuatro pilares sucesivos: hechos, Derecho, argumentos y juicio. Es importante insistir en el carácter sucesivo del tratamiento, pues es muy frecuente que la contaminación del juicio venga motivada como consecuencia de una pulsión instintiva a adelantarlo, aunque sea de manera provisional, al primer lugar del proceso (convirtiéndolo así en un auténtico “prejuicio”). En ese instante ya hemos perdido la batalla, pues ese juicio provisional nos incitará, aunque sea de manera inconsciente, a seleccionar entre los hechos accesibles, Derecho aplicable y argumentos disponibles, precisamente aquellos que lo confirmen. Es imprescindible, en consecuencia, mantener el respeto por el orden del proceso y reservar siempre el juicio para el final.

El primer paso es el de la determinación de los hechos. Esta es una cuestión fundamental a la que muchas veces no se le da la importancia que merece. El juicio es una respuesta ante una realidad determinada y, si esta no se conoce en su integridad, será necesariamente erróneo. No solo hay que examinar con cuidado todos los que tengan relación con el objeto de la cuestión, sino ser muy consciente de que todo hecho es, por definición, una “cosa debatida” (Gadamer). Lo es siempre, pero máxime cuando es efectivamente discutida por las partes. En la valoración de ese debate hay que respetar los pesos respectivos que a cada prueba da el ordenamiento jurídico, con sus correspondientes presunciones, y también el sentido común,  sin que el recurso a la imprescindible valoración conjunta de la prueba (en el caso concreto de los jueces) pueda significar una patente de corso para imponer los propios prejuicios.

El segundo paso es la determinación del Derecho aplicable. Bajo el término “Derecho” comprendemos no solo la ley y la jurisprudencia, evidentemente, sino también la ciencia jurídica en su conjunto, con sus principios, instituciones y deseable coherencia interna. Como afirmaba Perelman, la teoría del Derecho tiene por misión limitar la arbitrariedad del juez (y de cualquier otro juzgador). Por eso resulta imprescindible estudiarla a fondo, conocerla y, claro está, respetarla. La independencia y autonomía del juzgador es un requisito para que pueda formular su juicio de manera rigurosa y responsable, no un baluarte del capricho.

El tercer paso es el de la argumentación. La subsunción de los hechos en la norma jurídica no es en absoluto una cuestión sencilla. No obedece a la fórmula lógica del silogismo ni permite deducciones cuasi matemáticas, sino que necesita ser justificada con argumentos pertinentes al caso y a las circunstancias concurrentes. Muchas veces la clave de la interpretación consiste en dilucidar lo que parece que queda amparado por la norma, pero en realidad no lo está, y a la inversa, lo que parece que la norma no incluye y, sin embargo, debe regularse por ella. Y ello porque está acorde con su espíritu, porque lo exigen los principios que dominan el caso, la naturaleza jurídica de la institución, su coherencia sistemática o la razonabilidad de la solución. Por lo que sea. Pero para llegar a esas conclusiones hay que argumentar, no meramente para persuadir al auditorio de turno, sino para ayudarse a uno mismo a encontrar la solución más razonable y justa.

Esta actividad es lo que los clásicos denominaban “tópica”, o arte de encontrar los argumentos, de descubrir relaciones entre las cosas, de examinar todo lo que el asunto comporta. Es el arte del “discurso abundante” (Vico), porque no podemos adquirir ninguna certidumbre en tanto no sometamos el caso a todas las preguntas que el asunto exige. La argumentación, por eso mismo, no puede ser parcial -menos aún de manera interesada para justificar, a posteriori, un prejuicio asumido al principio del proceso de juzgar- sino que tiene que manifestar de forma expresa una actividad investigadora honesta. Por eso decía el mismo Vico que la enseñanza de la tópica debería preceder al de la crítica (análisis) de la misma manera que el descubrimiento de los argumentos precede por naturaleza al juicio sobre su verdad. Porque, ¿quién está seguro de haberlo visto todo?

El último paso es el del juicio. Si hemos sido serios en el desarrollo del proceso, llegará al final casi por añadidura, y seguramente con menos “ruido” del habitual, en beneficio de todos. Porque pocas cosas hay más perturbadoras para la legitimidad del Estado de Derecho y, en consecuencia, destructivas para la vida pacífica de una comunidad, que una multitud de decisiones no fundamentadas de juristas individuales en su labor cotidiana, incluso en casos supuestamente anodinos y casi intrascendentes, como ha demostrado la literatura y el cine desde siempre. Basta recordar el clásico de Von Kleist, Michael Kohlaas, que Claudio Magris considera “el mejor cuento que jamás se haya escrito sobre la letra y el espíritu de la ley, su violación y la sed de justicia”. Por eso mismo, nuestra responsabilidad como juristas en la defensa de nuestro Estado de Derecho no es menor que la de los políticos que nos gobiernan. Más bien al contrario.

El nuevo Currículo de la LOMLOE: ni tanto ni tan poco (2/4)

Este artículo consta de una primera parte que puede leerse aquí.

Vaya por delante mi opinión personal. La forma en que se ha llevado a cabo la reforma de la LOMLOE no es aceptable y no tiene justificación posible. Se han incumplido trámites preceptivos, plazos de publicación y la más mínima base de diálogo entre administraciones. Pero esto no debe servir para entrar en el juego de la polarización y desviar el foco hacia cuestiones poco importantes dejando de lado las nucleares. Que el Ministerio no haya incluido un hecho histórico previo a 1.812 en Bachillerato no quiere decir que no esté en el currículo ni que la Administración Educativa competente no la pueda incluir. Sacar conclusiones de una lectura individual puede llevar a conclusiones erróneas. Así que vamos al grano.

Los llamados “currículos” que desarrollan la LOMLOE presentados por el Ministerio mediante Real Decreto (ver listado más abajo) regulan el marco competencial, los contenidos curriculares y los requisitos de evaluación, promoción de curso y titulación hasta Bachillerato. Una normativa que, junto a sus futuros desarrollos autonómicos, conforman un único corpus integrado.

En relación al marco competencial, uno de los elementos comunes y que representa un cambio importante es la inclusión de los Perfiles de Salida al término de las distintas etapas. Estos perfiles no dejan de ser unos descriptores tanto de competencias clave como específicas que el alumno debe demostrar al terminar la etapa. Es decir, lo que el alumno debe ser capaz de hacer.

Por ejemplo, un alumno debe demostrar que al final de bachillerato “Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos (…) académicos (…) para construir conocimiento.” La clave del descriptor respecto a un alumno que termine la enseñanza básica es que los textos no serán de carácter académico sino “de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.”

Esta medida, aunque suene genérica y abstracta, tiene una fundamentación muy fuerte a nivel pedagógico para adaptar la valoración del aprendizaje no sólo al saber, sino al saber hacer. También tiene una fuerte fundamentación política ya que se trata de una Recomendación del Consejo de la Unión Europea desde 2018. Europa nos lleva tiempo pidiendo que nos adaptemos.

Ahora vamos a la madre del cordero; los contenidos. Los contenidos curriculares se estructuran a través de las materias, sus cargas horarias mínimas y una estructuración en subcontenidos. El nivel más detallado de contenidos existente hasta ahora eran los estándares de aprendizaje evaluables de la LOMCE que con la LOMLOE desaparecen. Y es en esa ausencia y/o presencia de contenidos dónde se está centrando gran parte del debate.

Por mucho que se haga ideología con los contenidos de cada materia, la realidad de los colegios es que nunca han cambiado radicalmente ni parece que lo vayan a hacer ahora. Y esto es así porque, bien por exceso de concreción en los mismos (LOMCE), bien por defecto (LOMLOE), lo que se imparte en cada materia al final viene condicionado por el vehículo de aprendizaje. Esto es, el docente y los libros de texto o materiales didácticos.

Por poner algunos ejemplos prácticos, no creo que desde 2013 haya muchos alumnos españoles que hayan demostrado cumplir los 93 estándares que existen en la asignatura Biología y Geología. Tampoco que haya muchos alumnos de primero de Bachillerato que hayan demostrado analizar y comprender textos de Kuhn, Chalmers o Ponty.

De la misma forma, no parece razonable pensar que de ahora en adelante los alumnos vayan a dejar de estudiar la fotosíntesis y la quimiosíntesis porque no aparezcan en el Anexo II del nuevo RD. Así que, más allá de la inclusión de la educación psicoafectiva, la cual ha demostrado tener una correlación positiva con el aprendizaje de las matemáticas, toda lectura que se quiera hacer sobre los nuevos contenidos es prematura e interesada ya, lo más probable, es que no vayan a tener grandes efectos ni positivos ni negativos.

En relación a la evaluación, la realidad es que, lamentablemente, como ya valoramos en un artículo anterior, tampoco hay cambios significativos a nivel normativo. La LOMCE incluía en su articulado el aprobar las evaluaciones finales de etapa, las conocidas “reválidas”, como requisito para la promoción y titulación. Además, su elaboración era competencia del Gobierno como recogía en el apartado 2.a, punto 3ª, del artículo 6.bis.

A pesar del esfuerzo la oposición fue tan intensa que nunca llegaron a implantarse y el ministro Méndez de Vigo terminó convirtiéndolas en pruebas diagnóstico que, aunque nunca se pusieron en práctica como decía la LOMCE, son las que ahora recoge de nuevo la LOMLOE en sus artículos 21 y 29. Eso sí, esta vez dejando claro que en este caso “será responsabilidad de las Administraciones educativas”.

Sobre el valor de estas pruebas de carácter muestral y autonómico yo soy escéptico ya que, al menos hasta ahora, se han usado más para el marketing político y la autocomplacencia que para hacer políticas públicas. Andalucía, por ejemplo, señaló tras realizar las Escala “que el 81,4% del alumnado de 2º de Primaria alcanza en Razonamiento Matemático los máximos niveles” a pesar de que en PISA estaba casi 40 puntos por debajo de Navarra. Ese mismo año, en las pruebas CDI de la Comunidad de Madrid la media en competencia matemática fue de un 7,12 cuando en PISA se encuentran por debajo de la media de la OCDE. Como ven, los antecedentes no son buenos.

Por último, es en la promoción y, por ende, en la titulación donde, como ya hemos tratado en un artículo previo, se producen los cambios más reseñables con el objetivo de reducir la repetición, mejorar la tasa de titulación de ESO y el abandono escolar temprano. Habrá que ver si ese descenso tiene un efecto real en el desempleo juvenil (menores de 25 años), que aún está por encima del 30%.

Para concluir, me gustaría destacar dos ausencias que reflejan muy bien el principio de este artículo; cambios que nada cambian porque los de verdad, los que requieren de reformas reales, suponen demasiados dolores de cabeza. La primera es la ausencia real de marcos curriculares como los currículos en espiral, los bloques lógicos o la taxonomía de Bloom, referentes en la pedagogía moderna y que ya aplican, al menos en parte, exitosos sistemas educativos como el de Singapur.

La segunda, tiene que ver con la politización (o falta de despolitización) de la educación. El título de ESO se otorga bajo un resultado de Apto/No Apto que limita las oportunidades para proseguir la educación. Esta afirmación la hizo el actual Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en una intervención en la Subcomisión por el Pacto Nacional de Educación en la que afirmó que sería “partidario de ir a un sistema de certificación (…) con las A, B, C” para que nadie esté “sin ningún requisito”.

Un planteamiento reformista que hubiese tenido un impacto directo no sólo en la titulación, sino también en la evaluación que, como hemos dicho, es uno de los principales problemas del sistema educativo español. Desafortunadamente la realidad es que los planteamientos desaparecen en cuanto se asumen las competencias, no vayamos a generar líos entre colectivos próximos y al final nos salga el tiro por la culata. Y así, en contra de lo que decía Heráclito, en la educación española poco cambia, casi todo permanece.

 

Listado de contenidos referenciados:

  1. RD 95/2022 de Infantil,
  2. RD 157/2022 de Primaria,
  3. RD 217/2022 de Secundaria
  4. proyecto de RD de Bachillerato),

 

La tercera parte de este post puede leerse aquí.

Putin y la crisis de Occidente

En febrero de 2022 Vladimir Putin lanzó la tercera invasión rusa de Ucrania (contando la intervención de sus fuerzas en el Donbás y en Crimea) e hizo el mayor favor posible a Occidente: le dio una oportunidad.

Durante décadas, las democracias occidentales se han ido sumiendo en un pozo de incertidumbre, de autoduda, de desconfianza en sus propias instituciones y sistemas, producto de desequilibrios reales y de una aparente incapacidad para resolverlos. Un pozo que nos está llevando hacia la degradación de nuestras democracias a manos de populismos de distinto signo. Una deriva que ha sido estudiada por muchos, como Yashcha Mounk, pero contenida por muy pocos y con dificultad. Estados Unidos ha estado dominado por un populista. Israel acaba de librarse de otro pero puede recaer. Hay varios estados populistas en la UE. Sudamérica está sufriendo una nueva ola. Los populismos no son fácilmente reversibles, y si alcanzan una masa crítica no lo serán en absoluto.

Lo que la invasión de Ucrania nos ha obligado a ver es hasta qué punto esa niebla, esa confusión y ese populismo no son producto de nuestras propias sociedades sino armas de una dictadura que necesita debilitarnos para poder competir con nosotros. Nos ha obligado a tomar en serio las vulnerabilidades en nuestra forma de vida que (como en un ataque hacker) han sido usadas por Putin y otros para infiltrar el sistema y usarlo contra sí mismo. Porque no se puede decir que no las conociéramos: las veníamos escuchando e ignorando a diario. Simplemente no creíamos que la infección fuera tan agresiva, ni el riesgo tan tangible como la artillería sobre Mariúpol o los asesinatos de Bucha.

Esta repentina claridad de visión no era inevitable, y ha sido el primer fracaso de la estrategia de Putin en esta guerra. Quizá algún día sepamos con detalle cómo y quién reaccionó tan rápido en la Unión Europea, cortando el acceso a Russia Today y el resto de herramientas de propaganda, y dando a la Unión un momento para pensar y ver con claridad. Esa decisión salvó a Ucrania y probablemente a la misma Unión. No fue una medida esperada, no fue parte de un protocolo conocido. Pero fue providencial.

Tampoco es inevitable que la claridad permanezca. Como estamos viendo con las ofuscaciones del canciller alemán para evitar el suministro de armas a Ucrania, somos perfectamente capaces de dar de nuevo la espalda a lo que sabemos, y seguir esforzadamente camino del desastre, con los estímulos adecuados. Putin no ha sido el causante de la crisis de Occidente, pero sí la ha agravado con entusiasmo, y la ha llevado en direcciones que la hacen más difícil de solucionar. Su invasión de Ucrania, con todo el horror que conlleva (y precisamente por él) abre una ventana de oportunidad para reflexionar, reaccionar y cambiar.

La primera reflexión es sobre el significado de Occidente (“The West”). Cuando hablamos de Occidente en este texto, nos referimos a las democracias liberales, no a una región geográfica. “Occidente” es un conjunto de valores compartidos que se reflejan en sistemas de convivencia que respetan la libertad individual y buscan el interés común mediante la democracia representativa. Seguramente no hay ninguna democracia perfecta pero, como dijo Churchill, sigue siendo mejor que cualquier otro sistema.

Occidente, por tanto, no es simplemente Europa y Estados Unidos. No se acaba en Canadá Australia, Nueva Zelanda o Japón, como parece que piensan muchos anglosajones. Occidente incluye también Taiwán y Corea (incluso Singapur e Israel a su manera). Incluye a Ucrania. Incluye Centroamérica y Sudamérica, con notables excepciones en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y países donde peligra. Incluye muchos más reductos, también en África.

Son países con una base cultural parecida pero no homogénea, generalmente pero no siempre con raíces europeas, y generalmente pero no siempre con herencia cristiana. Son tres cosas diferentes, y es importante reconocerlo porque con demasiada frecuencia se presentan como interdependientes.

La democracia en Occidente lleva quince años en retroceso, tanto en cuanto al número como en cuanto a la calidad. Menos países son democracias, menos democracias funcionan bien. La misma democracia española está objetivamente degenerando, según el Word Democracy Index. El enemigo de las democracias es el populismo. ¿Qué es populismo? Hay que diferenciar entre populismo como táctica, como ideología y como gobierno.

Populistase dice del político que vende soluciones simplificadas y pinta líneas rojas, diferenciando entre buenos y malos ciudadanos por su ideología, origen, religión, cultura o renta (y no por sus actos). Puede ser una táctica arriesgada, o algo más. Populista es la ideología que defiende que realmente los problemas son causados por “los otros”, y que “el pueblo” agredido tiene el derecho de tomar decisiones sin contar con ellos, ni con los mecanismos democráticos que protegen la libertad y derechos de las minorías. La voluntad del “pueblo” (la parte que nos gusta y sale a la calle para apoyarnos) decide lo que es bueno y lo que no, y la ley ya se adaptará. Y por supuesto, el portavoz del pueblo es el partido de turno.

Populista es el gobierno de un partido que utiliza las instituciones democráticas para adquirir el poder y luego lo usa para favorecer a una parte de la población ignorando los derechos de los demás, deformando o destruyendo las instituciones de contrapeso (justicia independiente, medios plurales, administraciones neutrales, sociedad civil) y haciendo imposible la alternancia democrática. El primer estadio de degeneración son las “democracias iliberales” (Cataluña, Turquía, Hungría), y su forma final las dictaduras con partidos, pero sin democracia (Rusia, Venezuela).

Populista” es por tanto una etiqueta complicada, ya que se aplica a tácticas de políticos demócratas y a aspirantes a dictadores. Hay que aplicarla con prudencia, porque un partido puede ser populista (la inmensa mayoría de los nacionalismos, o la extrema izquierda) pero respetar razonablemente los límites de la democracia, o bien atacarlos deliberadamente (partidos antisistema). Es la conjunción de una ideología corrosiva para la democracia, y la voluntad de derribar las instituciones democráticas, lo que resulta letal (intento de secesión de los nacionalistas catalanes, autoritarismo de Orbán en Hungría, gobiernos municipales de Bildu).

Cuando decimos que los populismos “no son fácilmente reversibles” estamos señalando una de las principales características de un gobierno populista. Ya no son democracias plenas: no todos sus ciudadanos son iguales y no todas sus opiniones cuentan igual. Las instituciones no son imparciales. Cuando un populismo llega al poder y alcanza las herramientas necesarias para adaptar las instituciones a su gusto, la posibilidad de desalojarlo democrática y pacíficamente disminuye deprisa: véase la salida de Trump o la degeneración del régimen de Netanyahu.

Las repúblicas de leyes” (los Estados de Derecho) son instituciones como todas, cuyo funcionamiento depende de personas dispuestas a hacerlas cumplir. Cuando las personas renuncian a recurrir, a protestar, a rechazar lo indebido, las instituciones no valen para nada. Pero sin leyes apropiadas no hay referencias que cumplir ni estímulos para comportarse como necesita la democracia. Las democracias no son todas igual de frágiles. No se trata tanto de una cuestión cultural como práctica: qué leyes existen y qué mecanismos (qué instituciones, qué incentivos) existen para que se cumplan. EEUU aguantó el embate de Trump, España pierde calidad democrática por momentos.

En resumen, si el populismo es un ácido, las instituciones democráticas son el recipiente. Si está a la altura, lo contendrá sin problemas hasta que agote su recorrido, cumpla su función y sea reemplazado. Si no lo está, si es plástico en lugar de vidrio, se deshará y será destruido, derramándolo y permitiendo daños difícilmente reparables.

¿Cúal es el papel de Putin en la decadencia de las democracias?  Se ha escrito mucho y se escribirá más sobre el ex responsable de la KGB, ex primer ministro de Yeltsin, y dos veces presidente de Rusia. En este artículo nos interesan dos cosas. Putin es un nacionalista ruso y un autócrata, que ha venido usando el poder para reconstruir el estatus de Rusia como gran potencia. Algo que no está al alcance de una economía no tan grande, y unas fuerzas armadas no tan potentes como las de sus vecinos. Rusia no es una gran potencia al lado de la Unión Europea (que tiene cuatro veces su presupuesto militar y siete veces su economía), China o EEUU. Su arsenal nuclear es una reliquia muy cara e inutilizable en un mundo de “destrucción mutua asegurada”.

El único modo en que Rusia puede imponer su criterio es por fragmentación. No se puede enfrentar a la OTAN, pero sí puede intimidarla lo suficiente para que le permita agredir a países menores, especialmente si consigue que EEUU se inhiba. No lo puede hacer con la UE, pero sí con cualquiera de sus miembros. Cuando escribió 27 misivas intimidatorias a los 27 países al comienzo de la invasión de Ucrania y recibió una sola respuesta de la Unión de manos de Josep Borrell, se encontró con lo que intenta evitar: un frente unido.

Esa necesidad de fragmentar al enemigo es una de las claves; la segunda es que lo está haciendo, y lleva años haciéndolo, con una amplia variedad de medios. El más notorio estos días es la desinformación. Es notorio porque, cuando cesó una semana inesperadamente, fue como si dejara de llover después de meses de tormenta. Sabíamos que existe una inmensa maquinaria de propaganda, alimentada no sólo por medios que aparentan ser normales pero son (y se reconocen) herramientas de la política rusa, ni por las conocidas granjas de trolls. También por una extensa red de portavoces insertos en los medios y la política occidental. Lo sabíamos porque en buena parte es público y notorio, pero también porque desde instituciones como el Parlamento Europeo se viene investigando y denunciando. El caso del magnate ruso relacionado con Putin, miembro de la Cámara de los Lores y dueño de algunos de los mayores medios británicos ya es paródico, pero la cantidad de comentaristas filorusos sólo se ha apreciado bien cuando, ante la invasión de Ucrania, momentáneamente se han callado.

También era notorio y ampliamente denunciado el modo en que Rusia viene cooptando a las élites políticas y empresariales de Europa. Los “desayunos con Volodya” (diminutivo de Vladimir Putin) eran eventos periódicos por los que los empresarios alemanes peleaban hasta febrero; la cantidad de políticos y ex altos cargos alemanes que forman parte de consejos de administración de empresas oligárquicas o estatales rusas es impresionante, y se extiende mucho más allá del ex canciller Schoeder. En Francia, hasta el notorio Strauss-Kahn estaba en nómina. En muchos países europeos, nos hemos enterado del nivel de compra de voluntades sólo cuando, al empezar la guerra, muchos han empezado a dimitir de sus cargos o condenar la invasión.

El tercer canal de influencia ha sido mucho más conocido. Putin ha favorecido directa e indirectamente el desarrollo de partidos y líderes afines o útiles. Es importante señalar que lo ha hecho con los dos tipos, y que son diferentes. Por ejemplo, Vox o el partido de Le Pen (con los siete millones de euros prestados que tanto se han mencionado en las elecciones presidenciales) son partidos afines ideológicamente a un régimen nacionalista y conservador. Pero Podemos (partido útil que no parecía afín) ha sorprendido apoyando a Putin por su antiamericanismo. Podemos y sus líderes han recibido apoyo directo de Irán y de Venezuela, dos regímenes que no son afines a Rusia en lo ideológico pero sí aliados tácticos muy cercanos, como se ha visto en Siria y ahora en Ucrania.

Un partido directamente afín en el poder puede resultar útil por su simpatía hacia Rusia (Orban, o Trump en la crisis anterior) pero los nacionalismos tienden a enfrentarse, como ha pasado con Polonia, donde el PiS ha plantado decididamente cara a Putin. Un partido extremista y populista, aunque no parezca afín, es útil a Rusia cuando ayuda a desestabilizar a sus rivales, a dañar su toma de decisiones, a ensuciar la legitimidad de su Estado de Derecho, a paralizar su movilización contra la agresión rusa. Fomentar el extremismo de cualquier signo es una de las mayores armas de Putin.

En definitiva, crisis significa cambio. Crisis significa oportunidad. También significa que algo ha llegado al límite y es insostenible en las condiciones actuales. Cualquiera que observe las democracias occidentales tiene claro que estamos en uno de esos límites, en parte inducido y en parte endógeno. Lo que es nuevo, desde febrero, es que una gran parte de la población también es consciente, al menos, de parte de las cosas que se han roto y de las anteojeras que llevamos puestas. Y lo que es sorprendente es la efusión de reacciones constructivas, desde el Parlamento Europeo a los gobiernos de muchos países, así como en la calle. No es universal, no es coherente, no es sólida pero claramente existe.

Convertir una crisis en una oportunidad de evolución y crecimiento es lo que distingue a las entidades que sobreviven y las que desaparecen. El error de cálculo inicial de Putin le ha dado a Occidente, como a Ucrania, una ventana inesperada. Hay que aprovecharla.