¡Ay, Derecho! La propuesta de nombramiento del ex Ministro Soria como Director ejecutivo del Banco Mundial

Nada más producirse la segunda investidura fallida de Mariano Rajoy saltó la noticia de que el ex Ministro Soria (que dimitió como Ministro de Industria por el escándalo de los Papeles de Panamá) había sido propuesto por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para un importante puesto como Director ejecutivo en el Banco Mundial. Conviene recordar antes que nada la forma de provisión de estos puestos de trabajo y el hecho de que el ex Ministro pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, que es el Cuerpo al que se vienen reservando este tipo de puestos, dado que ambas circunstancias han sido alegadas por el Gobierno para defender la propuesta a la vista de la polvareda que se ha levantado. En definitiva, el Gobierno viene a decir que no tenía más remedio que proponer a Soria, y que si no cometía una ilegalidad.

En cuanto al puesto, la organización del Banco Mundial, según su propia página web  -que también detalla los proyectos que desarrolla- funciona como una cooperativa que está integrada por los 189 países miembros, que son los que podemos considerar sus accionistas y que están representados por una Junta de Gobernadores (normalmente los Ministros de Finanzas o Desarrollo de los países miembros). Dado que solo se reúnen anualmente, estos Gobernadores delegan sus funciones a los 25 Directores Ejecutivos que trabajan en Washington, donde está la sede central del Banco Mundial. Los principales países accionistas –es decir, los que ponen más dinero- tienen cada uno derecho a nombrar un Director Ejecutivo, mientras que los demás países miembros se los reparten entre sí. En concreto, España se reparte su Director Ejecutivo con Venezuela,  México y otros cinco países centroamericanos, aunque el puesto como tal le corresponde a uno de los tres grandes países. Difícilmente puede considerarse por tanto que se trate de un puesto administrativo, y menos todavía como un puesto funcionarial. Otra cosa es que quien lo ocupe sea funcionario porque así lo decide el país que propone al candidato, que es el que establece el procedimiento para elevar la propuesta. En nuestro caso, lo que existe es una presentación de candidaturas -suponemos que las vacantes son comunicadas con antelación al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado- que evalúa la denominada Comisión de Evaluación de candidaturas a las instituciones financieras internacionales que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, y cuyos miembros son todos altos cargos de ese Ministerio. En concreto esta Comisión está presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa  y de ella forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica. La decisión sobre los candidatos se plasma en una resolución de la Secretaria de Estado de Economía que se remite a los organismos correspondientes.

La persona que ostenta en la actualidad el cargo es Beatriz de Guindos, sobrina del titular del Ministerio y también técnico comercial del Estado.

Por lo que se refiere al procedimiento para elevar la propuesta del candidato, la competencia corresponde en la actualidad al Ministerio de Economía y Competitividad y está reservada al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado dando preferencia “desde tiempo inmemorial” a los que hayan ostentado altos cargos, según el artículo de Manuel Conthe publicado en Expansión, que conoce bien el procedimiento Ya hemos visto que para la Comisión evaluadora lo relevante es realmente es si los candidatos  han ostentando o no altos cargos, para cumplir con esa tradición inmemorial y si tienen las conexiones adecuadas con los que les proponen. Parece que lo que no evalúan tanto es como los han desempeñado o como han acabado su mandato ni, por lo que se ve, si reúnen la competencia y la experiencia profesional necesarias, más allá de la pertenencia a un determinado  Cuerpos de la Administración en cuyos miembros se presupone.

Por tanto, en la práctica de lo que estamos hablando sencillamente es de una propuesta “de libre designación” -no hay nada parecido a un concurso de méritos para ser nombrado candidato para entendernos-  por lo que no puede sorprender a nadie que al final la lotería le toque al ex Ministro del PP del Gobierno del PP aunque haya dimitido recientemente por un escándalo. Lo que resulta un tanto curioso es que se nos explique después que la razón por la que se le designa es puramente técnica, básicamente por ser técnico comercial del Estado con mucha antigüedad (carrera profesional que el ex Ministro abandonó muy tempranamente para dedicarse a la política) y no por ser ex Ministro del PP y sobre todo amigo de Mariano Rajoy. Por si fuera poco, había comentado ya a su ex jefe y ex colega que estaba interesado en el puesto, al que también optaba otro «peso pesado», Alberto Nadal, que finalmente desistió sin duda viendo la competencia.

Aparte de que sea muy discutible que determinados cargos en organismos institucionales sean coto cerrado de algunos Cuerpos de la Administración -práctica también inveterada en la Administración, por cierto- lo más cuestionable es que sean coto cerrado solo de los que han tenido puestos importantes o tienen buenas conexiones con el Gobierno que les propone. Por otro lado, queda claro que en todo este procedimiento lo de menos son los requisitos para desempeñar el puesto en el Banco Mundial, como demuestra además que el cuerpo de funcionarios al que se reservan estas plazas haya ido cambiando al variar su Ministerio de dependencia. El que otros países (y más si son México y Venezuela) sigan prácticas similares no nos parece un gran consuelo.

Por último, se queda por el camino el requisito a nuestro juicio más importante para representar dignamente a España en un organismo internacional, el de la honorabilidad, que se supone que es la exigencia primera para cualquier tipo de puestos, en España o en organismos institucionales en representación de España.  El señor Soria aparte de su dimisión por mentir repetidamente a la opinión pública sobre sus conexiones panameñas –y sin adentrarnos en las extrañas historias que contó en su momento- es un político con una trayectoria y unas prácticas muy cuestionables. De entrada, su paso por el Ministerio de Industria se ha caracterizado por un nepotismo arrollador, colocando a unos cuantos canarios de su entorno próximo –incluido familiar- sin ninguna capacitación profesional y experiencia previa para puestos muy relevantes dentro del Ministerio por cierto, la mayoría de estas personas siguen en sus puestos tranquilamente, gracias a la prórroga que supone el que no haya un nuevo Gobierno que los cese aunque ya no esté su valedor).

Su paso por la política canaria y sus modos caciquiles también dieron mucho que hablar aunque al final se librara del procedimiento judicial e imputase a la maldad de sus adversarios políticos sus vicisitudes procesales. En definitiva, es un exponente perfecto de la vieja política, del clientelismo, del enchufismo y de la falta de respeto por los principios de mérito y capacidad, del que su último exponente es el caso que nos ocupa. Eso es lo que estamos exportando a los organismos internacionales. Probablemente no desmerezca mucho de lo que envía Venezuela pero realmente creemos que España se merece algo mejor.

En conclusión, este caso es un ejemplo más de cómo en España desde hace mucho -los cargos importantes en organismos internacionales se utilizan como botín por el partido político de turno a repartir entre las personas afines, aunque previamente tengan que formar parte de un alto cuerpo de la Administración como ocurre con Jose Manuel Soria o con Magdalena Alvarez (perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Hacienda) que fue enviada como representante al BEI, aunque finalmente tuvo que dimitir por su implicación en el caso ERES. El que hayan sido pésimos gestores o incluso hayan estado más o menos involucrados en escándalos de uno u otro tipo está claro que importa poco. Pero si los allegados no son funcionarios tampoco pasa nada: siempre hay acomodo para los fieles como Wert.

El que la imagen de España se deteriore día a día gracias a este tipo de representantes como se desprende de las noticias internacionales sobre el tema  aquí o aquí está claro que a nuestros políticos les importa muy poco, aunque luego se les llene la boca hablando de la marca España. El que se cierre el paso a personas con mejor trayectoria profesional y personal mucho menos. El que el mensaje que se mande a la sociedad sea demoledor –si te comportas mal pero eres miembro de un grupo poderoso no te pasará nunca nada y te irá estupendamente- está claro que nada.

¿Es la ley solo para los tontos?

Aunque éste sea un blog esencialmente jurídico y frecuentado habitualmente por excelentes juristas, hay ocasiones, como la que me hace aparecer hoy ante ustedes, en las que no queda más remedio que realizar un poco de pedagogía jurídica al alcance de todos, y plantear unas reflexiones generales sobre lo que significa la Ley y el respeto a la misma en un Estado de Derecho como el nuestro. Viene esto a cuento después de ver las reacciones de algunos variopintos personajes ante la exclusión de Arnaldo Otegui por parte de la Junta Electoral de Guipúzcoa a la posibilidad de presentarse como candidato de Bildu a las elecciones vascas, por haber sido condenado a dos penas de inhabilitación para empleo o cargo público hasta el año 2.021. Algunos dirigentes de Podemos, de otros movimientos de la izquierda radical y de los jornaleros andaluces han manifestado su discrepancia con esa decisión de la Junta Electoral, invocando argumentos tan facilones y peregrinos jurídicamente como ser “un atentado a la democracia”, “ir contra el derecho de los vascos y las vascas” o incluso calificando tal decisión como de “terrorismo de Estado”.

Aparte de la miseria moral -con cierto tufillo electoralista, dada la proximidad de las elecciones vascas- que trasluce apoyar de esta manera a un personaje como el susodicho, resulta que para algunos lenguaraces personajes públicos el cumplimiento de la Ley debe exigirse sólo a los tontos, esto es, a todos los que no son de su cuerda, mientras que ellos -los “listos oficiales”- creen estar muy por encima del cumplimiento de aquellas Leyes que no les gustan simplemente por haber sido elegidos “democráticamente”. Como si cualquiera de nosotros, amigos lectores del blog, pudiéramos decidir no pagar el IRPF o el IBI de nuestra casa alegando que no nos gustan esas Leyes tan feas y desagradables. En definitiva, todos estos iluminados, investidos de su mesiánica y particular visión de la “democracia”, se atribuyen la posibilidad de decidir a quién se aplica la Ley y a quién no. Y cuando la Ley no les mola siempre sale que no.

Vista la situación, no queda más remedio que explicar brevemente y al alcance de todos lo que significa vivir en un Estado de Derecho. He aquí unas breves lecciones veraniegas de recuerdo:

– La primera lección es que no hay democracia sin Leyes. La democracia es un sistema de organización política de un país, mientras que la Ley es el instrumento mediante el cual se concretan y desarrollan sus instituciones. Si no tuviéramos Leyes cada uno haría lo que le diera la gana y la sociedad sería una selva ingobernable, sin orden público, servicios públicos ni estado del bienestar. Las Leyes emanan de un Parlamento democráticamente elegido y garantizan la existencia de un Estado democrático. A partir de ahí se cumplen, no se discuten o se desobedecen. Y si no gustan, o quedan desfasadas o anticuadas, se cambian, pero siempre por los mecanismos previstos legalmente para ello, y con apoyo de la mayoría. Lo democrático es cumplir la Ley, no incumplirla. La democracia no consiste en que cada uno decida qué Ley cumple y cuál no. Eso lleva al totalitarismo.

– La segunda lección es que la democracia no es un concepto de aplicación universal. Que un Estado sea democrático no significa que tenga que someterse a referéndum o a votación popular cualquier decisión que afecte a la convivencia de sus ciudadanos. Lo democrático es el origen de las instituciones, no las decisiones que éstas toman. Quien gobierna democráticamente elegido tiene que mandar y dictar normas que los ciudadanos tenemos que cumplir. No podemos discutir y votar cada día si aceptamos respetar los semáforos en rojo, si nos casamos con dos señores o señoras a la vez, o si llevamos pistolas en los aviones. Cumplir las normas es un seguro de convivencia y de democracia. Porque el problema gordo viene después: si nos saltamos las Leyes, ¿quién decide qué Leyes son las “saltables” y quién se las puede saltar? ¿Algunos iluminados que abundan en la nueva política? No, gracias.

– Y la tercera lección, muy necesaria especialmente en España, es que no se pueden disociar los derechos de las obligaciones. Una de las bases de la convivencia es que todo derecho implica también su correlativa obligación. Y si no se cumplen las obligaciones no pueden existir derechos. Yo no puedo reclamar la devolución del IRPF si antes no me han hecho retenciones. No puedo pedir una pensión si no he contribuido antes (salvo casos excepcionales de pensiones no contributivas). No puedo ir a votar si no me empadrono y me incluyo en el censo electoral. No puedo pedir que me curen una enfermedad si no me afilio a la Seguridad Social. No puedo pedir que me paguen un sueldo toda la vida si no trabajo. Todo esto, que parece sencillo, le cuesta bastante entenderlo a bastantes españolitos y a otros que viven en nuestro país. Aquí todo el mundo conoce sus derechos y nadie quiere saber nada de sus obligaciones. Y eso no puede ser. Un país no es la sede de una gran máquina de imprimir billetes de euro para ser repartidos alegremente. Si la gente no cumple con sus obligaciones no hay dinero para que podamos reclamar derechos. Esto debe funcionar como una gran vivienda familiar, en la que hay que gastar más o menos lo que se ingresa, y no se puede pedir a los padres que se endeuden continuamente.

Y aquí acaban estas breves y elementales lecciones jurídicas veraniegas que algunos necesitan en España con urgencia. Creo que no es tan difícil entenderlas. ¿O es que para los no siempre manifestados fines de algunos no interesa? ¿Es todo esto sólo para los tontos?

Afganistán: la guerra más larga de la OTAN

Con los últimos ataques del Estado Islámico (EI) en Afganistán la inseguridad en el país se ha incrementado a niveles que no se habían registrado desde la primera década de los 2000. Además de tener que lidiar con la insurgencia de los Talibanes, surgida tras su rápida derrota de 2001, donde la influencia del EI sigue creciendo en la parte oriental del país, sobretodo en la provincia de Nangarhar.

En 2015, año en el cual las fuerzas de seguridad afganas tomaron el mando de casi todas las operaciones militares en su país, los Talibanes han podido, por primera vez en 14 años, tomar posesión de un distrito completo y de su capital (Kunduz) en el norte de país. El pasado septiembre y octubre, hubo una masiva operación de fuerzas especiales estadounidenses que junto a sus aliados afganos lograron retomar la ciudad, pero con un alto costo de víctimas civiles: en dicha operación se dio el trágico accidente del bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF), que dejó a 42 muertos y más de 60 heridos.[1]

No obstante, las fuerzas de seguridad afganas retomaron el control de la situación en Kunduz y en varias partes del país luchando con honorabilidad contra el enemigo Talibán. Según las estimaciones de varios expertos, lograron ‘empatar’ la temporada de lucha del 2015.

En el mismo sentido, se observa que este año, no hubo señales de enfriamiento en el conflicto: entre los Talibanes y el Estado Islámico; las operaciones de los dos grupos siguieron a lo largo de todo el (año a lo largo y ancho del) país. Esto, producto de un invierno muy leve y con temperaturas poco extremas que cerró solo parte de los pasos fronterizos que utilizan los integrantes para llegar desde Pakistán.

Tal como refleja, el último informe de la misión de asistencia ONU en Afganistán (conocida como UNAMA por su acrónimo en inglés), se evidencian las peores cifras de víctimas civiles en el conflicto desde que la ONU ha comenzado a tener sus registros en 2009, con 5.166 muertos y heridos en los primeros seis meses del 2016.[2]

CUMBRE OTAN, VARSOVIA 2016

El Gobierno español y varios países de la coalición retiraron la mayoría o incluso todas sus tropas a finales de 2014, cuando terminó la misión de combate ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad).

El pasado 2015 comenzó la misión Resolute Support, donde las fuerzas OTAN pasaron al mandato de Train, Advise and Assist (Entrenar, Asesorar y Asistir)[3] con sus contrapartes afganos, dejando a las fuerzas de seguridad afganas la difícil tarea de mantener y sostener la paz. Esto, además de seguir luchando contra los talibanes y los llamados warlords o caudillos quienes controlan distintas partes del país.

En consecuencia, los ministros de defensa de los países integrantes de la OTAN se reunieron el pasado 8 y 9 de julio en Varsovia para discutir el futuro de Afganistán.

Entonces, la alianza prometió mantener un número significativo (alrededor de 13,000 soldados) de tropas hasta por lo menos fines de 2017 y seguir financiando con 1 billón de dólares al año a las fuerzas de seguridad afganas hasta el 2020, para que puedan defender a su país y seguir luchando contra fuerzas extremistas internas.[4]

Barack Obama declaró antes de la cumbre de Varsovia que su país seguiría con un promedio de 8.400 soldados en el país con la mayoría de ellos concentrados en el este y sur de Afganistán, donde hay una presencia significativa y operan los Talibanes.[5] Asimismo, subrayó la importancia de Afganistán en la lucha contra el terrorismo internacional, sobre todo a los grupos de Al-Qaeda y el Estado Islámico, radicado en Afganistán desde el año pasado. En virtud de lo acontecido, el próximo presidente estadounidense, que será elegido en noviembre, heredará la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

POLITICA Y ECONOMIA EN AFGANISTAN

Por ello, puede percibirse que la situación política y económica de Afganistán se ha visto complicada en el mandato que se asignó la OTAN de ayudar al desarrollo de la población afgana.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 2014 demostraron que de alguna manera se paraliza la vida política. Esta afirmación puede realizarse teniendo en cuenta el desenlace después de las elecciones. Allí, los dos principales partidos afganos se acusaron mutuamente de actuación fraudulenta, y los dos candidatos, Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, con la mediación de los EEUU llegaron a un acuerdo para repartir el poder. Ghani terminó asentándose como el nuevo presidente y su rival tomó el cargo de director ejecutivo (CEO), posición creada fuera de la constitución que logró superar el impasse de la elección presidencial.

La situación económica del país y la inseguridad llevaron a miles de afganos a salir de su país para buscar prospectivas a una vida mejor en Europa. En este sentido, se destaca que los afganos son el pueblo refugiado más representativo a nivel global después de los sirios.[6]

Hoy, el Gobierno de Kabul está intentando revivir una economía que tiene una cantidad considerable de recursos naturales (prevalentemente minerales que no son explotados por la inseguridad general en el país), una agricultura de subsistencia que logra exportar pocos productos, pero con altas tasas de exportación de drogas (amapolas) en el sur contraladas por el crimen organizado internacional. Por otro lado, octubre de 2015 puede considerarse como una fecha a tener en cuenta, si se advierte que el Gobierno implementó un impuesto del 10% en recargas de móviles para poder financiar sus actividades al mediano y largo plazo. El impuesto, es la razón que también causa incertidumbre entre ciudadanos que desconfían de un gobierno ya que no explica cómo va a gastar estos fondos. Los llamados de más trasparencia por parte de la comunidad internacional exhiben que se necesita la urgente implementación de medidas de fortalecimiento de organismos de control contra la corrupción.

Por consiguiente, puede señalarse que el mismo problema también se da en las numerosas obras de construcción financiadas por países como los EEUU, donde el SIGAR (Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán) ha investigado muchos desperdicios y proyectos que nunca se cumplieron. Como un claro ejemplo de los incumplimientos, puede mencionarse el proyecto gasífero TAPI, la remodelación de la presa de Kajaki, como así también, de varias escuelas que fueron construidas en lugares donde no había necesitad, con una malversación de los fondos cuantificada en 17 billones de dólares.[7]

Fruto del análisis del conflicto tras instalarse en marzo del 2016, el comandante general de la misión Resolute Support y de las fuerzas estadounidenses Nicholson pidió al presidente Obama más libertad para poder actuar al lado de las fuerzas afganas. El plan de Nicholson es obligar a los Talibanes aceptar las condiciones del gobierno de Kabul para encaminar un proceso de paz. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un conflicto complejo, y que debe considerarse que se trata de conflicto extenuante para todas las partes- los gobiernos aliados, los militares OTAN, y sobre todo para los civiles que se encuentran en el medio y sufren por las operaciones militares o los ataques terroristas- convierte a todos los actores en ser partícipes de la guerra más larga de los EEUU. Por lo antedicho, es necesario remarcar que la derrota total de los Talibanes no va a llegar con una campaña militar, sino con un acuerdo político, porque, aunque se trate de una franja chica de la población, representa los intereses de ciertos grupos que se encuentran en Afganistán.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

En virtud de lo expuesto, la comunidad internacional posee la difícil misión y la responsabilidad de que no se vuelva a repetir el derrumbe del gobierno afgano como en el año 1996, cuando los Talibanes tomaron posesión del país y luego hospedaron a Osama bin Laden, artífice de ataques terroristas a nivel mundial que culminaron con el ataque a las Torres Gemelas del 2001. Por ello, Afganistán y sus fuerzas armadas necesitarán toda la ayuda militar, económica y humanitaria para sobrevivir como Estado. Considerando que a comienzos de los años noventa y después del conflicto contra la Unión Soviética, las luchas intestinas quebraron el aparato estatal, es claro señalar que se necesita un estado suficientemente fuerte y autónomo que pueda proteger a sus ciudadanos y hacer que se respeten los derechos humanos que fueron violados durante el régimen de los Talibanes.

Por ello, lo que también debe considerarse, para la resolución del conflicto armado, es un manejo con más constancia y visión a largo plazo. La guerra no puede darse con cambios perpetuos de mando en la misión OTAN -últimamente los generales a cargo de la coalición no suelen permanecer en sus cargos por más de 18-24 meses- en Afganistán. Eso implica que se dé un análisis diferente del conflicto por cada cambio de mando, y también se subraye que la ausencia de un objetivo claro obstaculice a orientar a los Talibanes a discutir cuáles serán las condiciones para arribar a un certero proceso y de establecimiento de paz en el territorio.

Aquí, es válido señalar que dichos factores han imposibilitado la construcción de una política viable de largo plazo que tenga cuenta las necesidades del pueblo afgano y de la comunidad internacional para dar lugar a una paz verdadera y duradera.

En fin, si nos remontamos a los hechos históricos y hacemos un paralelismo, puede señalarse que algunos expertos consideran que si Estados Unidos, tras su retirada de Irak en el año 2011, hubiera dejado a 10.000 soldados como una reserva fiable, para mantener la estabilidad en ese país, no hubiera tenido lugar el surgimiento del Estado Islámico. Por ello, se advierte la preocupación de EEUU a que se pueda desarrollar una situación similar en Afganistán, como ya está ocurriendo en una franja controlada por el EI en la provincia de Nangarhar en sur-este de ese país. Asimismo, y en pos de obtener resultados favorables en la evolución del conflicto en Irak, EEUU tiene la oportunidad única que no se repitan los mismos errores en Afganistán. Esto, manteniendo sus tropas para formar una reserva y garantizar una situación en la cual los afganos pueden empezar a asumir sus propias responsabilidades.

[1] Kunduz bombing: US attacked MSF clinic ‘in error’ – http://www.bbc.com/news/world-asia-34925237

[2] Afghanistan: Record level of civilian casualties sustained in first half of 2016 – UN report http://unama.unmissions.org/sites/default/files/25_july_2016_press_release_civilian_casualties_mid_year_report_english_2.pdf

[3] Resolute Support mission in Afghanistan – http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm

[4] FACT SHEET: NATO Warsaw summit – https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/08/fact-sheet-nato-warsaw-summit

[5] Obama alters Afghanistan exit plan once more, will leave 8,400 troops – https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-alters-afghanistan-exit-plan-once-more/2016/07/06/466c54f2-4380-11e6-88d0-6adee48be8bc_story.html

[6] Global Trends Forced displacement in 2015 – http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf

[7] Behold: How the US blew $17 billion in Afghanistan – http://www.pri.org/stories/2015-12-18/behold-american-taxpayer-what-happened-nearly-half-billion-your-dollars?

¿Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros?

¿Por qué protestamos, ahora, de los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin vehículos y tantas infraestructuras inútiles y no lo hicimos antes de su construcción, cuando aún estábamos a tiempo de evitarlo?

¿Por qué nos indignamos ante la falta de competencia de tantos dirigentes políticos si aceptamos su nombramiento para desempeñar funciones en las que no estaban capacitados, sin hacer ninguna crítica? ¿Por qué tienen que ser buenos gestores de lo público los que antes no lo demostraron en lo privado para lo que se habían preparado?

¿Por qué les confiamos la gestión de nuestros impuestos y no vigilamos su gasto? ¿Por qué continuamos confiando en los medios que solo  denuncian una parte de la tarta de la corrupción, la que les interesa? Lo que los contribuyentes queremos es  que desaparezca toda y que los impuestos se destinen a financiar servicios públicos y prestaciones sociales y no se pierdan en su utilización partidista y/o electoralista, y en desidia e incompetencia.

¿Por qué nos quejamos de la corrupción generalizada si permitimos a los políticos que ganaban las elecciones que se repartieran el Estado como un botín, como si estuviéramos en la Edad Media y no como en los países democráticos avanzados, en los que se considera que es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno?

¿Por qué en nuestra vida privada, cuando tenemos que afrontar un tema importante, procuramos escoger al profesional que consideramos de más solvencia y seriedad, le pedimos presupuesto para calibrar su coste y acostumbramos a comprobar como les ha ido a sus clientes  y no lo hacemos en la vida pública, que es vital para nosotros? ¿Qué pensamos de un consumidor que, ante una compra necesaria y de valor, se deja llevar por la propaganda y “el carisma” del vendedor sin estudiar las cualidades técnicas de lo que necesita? Y ante el reto de una difíciles oposiciones de larga duración y de grave dificultad, ¿que pensaríamos  (de los 2) si un opositor se decide por un preparador que promete que en 6 meses y sin apenas estudiar, se puede aprobar?

¿Por qué no sospechamos que los políticos puedan tener objetivos egoístas y contradictorios con los intereses generales y que esta tendencia se agudiza en sociedades poco diligentes y maduras que descuidan su control?

¿Por qué nos escandalizamos con las entidades y sociedades que utilizan causas y agravios ciertos y graves para lucrarse en actividades que pensábamos altruistas y no hacemos lo mismo con los grupos políticos que, denunciando graves lacras sociales cuando están en la oposición, se olvidan de los  problemas básicos de los ciudadanos, como el paro, cuando acceden al poder?

¿Por qué les seguimos en sus proyectos y sueños, que sólo ellos se benefician, sin exigir que nos aclaren el camino, los riesgos que pueden recaer en nosotros, el destino final y lo que nos va a costar ya que, como se ha demostrado reiteradamente, acabamos siendo los únicos “paganos”?

¿Por qué confiamos que resolverán el grave problema del paro los que reiteradamente han demostrado en sus anteriores gestiones que no lo hicieron?

¿Cuando aprenderemos, de una vez, que el destino económico de un país y del empleo no depende de las promesas de los políticos, que reiteran en cada elección, sino del éxito en los mercados de sus productos y servicios?

¿Cuándo reservaremos el nombre de progresistas a los políticos que hacen progresar el nivel de vida de sus pueblos y no sólo el de ellos? ¿ Quienes son más progresistas y quieren más a sus pueblos, los dirigentes “a lo Maduro” que llenan las calles de grandes muchedumbres, entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidas las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales o los discretos políticos chilenos que no buscan enemigos exteriores para sus problemas porque han concluido que es el camino del esfuerzo, de la calidad educativa y la formación laboral y del cumplimiento de las leyes y obligaciones el único que puede hacer realidad las promesas políticas?

¿Cuando consideraremos “el político que quiere más a su pueblo» al que recauda los impuestos justos, a quien su principal ocupación es la promoción y ejecución de  un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad?

Si volvemos al mismo río donde las corrientes de la incompetencia en la gestión pública, la utilización partidista de la política económica, del gasto, del empleo, de las empresas y entidades públicas, la sobredimensión del estado autonómico, la falta competitividad de la economía… nos llevaron a la gran crisis  ¿por qué vamos a solucionar nuestros males si agrandamos los problemas que los ocasionaron y encima con la enorme mochila de la deuda anterior?

Y, finalmente ¿no es un buen momento para ir exigiendo a los gestores públicos y para las situaciones de malversación y apropiación de caudales públicos, de negligencia e incompetencia grave y de incumplimiento fraudulento de compromisos sociales, un ámbito de responsabilidad semejante al que se aplica a los ciudadanos?

Aunque, si ante los graves problemas económicos y sociales no reconocemos nuestra responsabilidad en la elección y en la vigilancia de los gestores públicos y descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

Un día, un amigo alemán, alarmado por el nivel de corrupción y de incompetencia política nuestra me dijo que, en Alemania, saben que estas cosas no pasan por casualidad y que se reproducen y amplían por la desidia y falta de diligencia de la ciudadanía y de sus entidades sociales más representativas. Y me dejó la siguiente recomendación que allí era muy popular: En la política, la confianza es buena pero el control es mejor.

 

El inglés en la Unión Europea después del Brexit

Acaba de producirse una circunstancia relevante con relación a la política lingüística de la Unión Europea (UE): el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea (“Brexit”). Los ciudadanos británicos han decidido que su país abandone la UE y esto ha de tener consecuencias en diversos ámbitos.

Según la propia Comisión Europea, “el multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la UE, que cuenta con 24 lenguas oficiales.Las personas que viven en la UE pueden acceder a la legislación y los principales documentos políticos de la UE en la lengua oficial de su país. También tienen derecho a escribir a la Comisión y a recibir la respuesta en esa lengua.Los diputados al Parlamento Europeo pueden emplear cualquiera de las lenguas oficiales de la UE cuando se dirigen al Parlamento”.

Esto no es del todo cierto, pues no todas las lenguas oficiales gozan del mismo trato. La promoción que se hace en la UE del inglés, francés y alemán es claramente discriminatoria y así lo dicen los tribunales comunitarios. Se han llegado a anular convocatorias de oposición que obligan a los candidatos a elegir el alemán, el inglés o el francés como segunda lengua y como lengua de comunicación de la institución europea convocante.

Además, la mayoría de los documentos e informaciones que aparecen en los diferentes sitios oficiales en internet de las instituciones de la Unión Europea aparecen en inglés, francés y alemán. Incluso documentos con relevancia jurídica para los ciudadanos aparecen exclusivamente en inglés. A título de ejemplo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publica ciertos documentos con contenido de interpretación jurídica exclusivamente en inglés, argumentando que “esta es una posición de sentido común: una obligación generalizada de traducir uno por uno todos los documentos relacionados con «la actividad ad extra»  de ESMA no tendría proporción con los hipotéticos beneficios. De hecho, ESMA gastaría mal sus recursos limitados”.

Las lenguas oficiales de la UE lo son por ser lenguas oficiales de los Estados miembros. Con el inglés como lengua oficial en la Unión no queda ningún país, pues Irlanda y Malta eligieron el gaélico y el maltés.

Parece claro que no queda argumento plausible, y menos jurídicamente aceptable, para que el inglés sea, además de oficial, lenguade trabajo de las instituciones de la UE y que tenga la preponderancia que tiene actualmente.El inglés no es lengua preponderante en la UE por ser una lengua internacional (hablada en muchos países y por muchas personas), pues no existe título jurídico para ello y, además, pondría en evidencia el trato evidentemente discriminatorio dado al español en las instituciones europeas. Como le dijo el director del Instituto Cervantes, García de la Concha al Ministro de Asuntos Exteriores, señor García-Margallo: “Si miramos a la Unión Europea, encontramos el español detrás del inglés, del francés y del alemán. Tu sabes mucho más de lo que ocurre en la Comunidad, pero tal vez esto tengan que ver con la consideración de segundones lingüísticos que a los países mediterráneos se nos otorga en Bruselas”.A pesar de que más de 500 millones de personas hablan nuestra lengua en todo el mundo, es el idioma oficial en más de 20 países y el número de estudiantes que eligen el español como lengua extranjera no para de crecer.

Tanto el Parlamento Europeo como el Defensor del Pueblo Europeo han exigido a la Comisión Europea que “debe garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan comprender sus consultas públicas, que, por principio, deben publicarse en todos los idiomas oficiales. No obrar de este modo constituye un caso de mala administración”. Ante el caso omiso del ejecutivo comunitario, la Defensora del Pueblo ha vuelto a la carga abriendo una nueva investigación. Además, está estudiando el caso citado de la ESMA.

El “Brexit” obliga a las instituciones comunitarias a revisar su política lingüística y, parafraseando al señor Juncker, presidente de la Comisión, as soon as possible. Y el próximo Gobierno español que resulte de las recientes elecciones debería concebir y ejecutar una política (europea) tendente al pleno reconocimiento del español como lengua de trabajo en el ámbito de la UE. Si el inglés continúa utilizándose como lengua de trabajo de la UE con Gran Bretaña fuera, la discriminación del español (lengua claramente internacional) es patente e inaceptable.

La lista de morosos y defraudadores de Hacienda no sirve para recaudar deudas

En el siglo XX se inventaron las listas de morosos con un triple propósito; primero, escarmentar a los deudores recalcitrantes haciendo pública su condición; segundo, dándoles un buen motivo para pagar sus deudas, ya que si querían que sus nombres desaparecieran de la lista negra, no les quedaba más remedio que pagar; y tercero, enviar un aviso a navegantes, es decir, para prevenir el riesgo de impago, ya que los proveedores pueden consultar el registro antes de otorgar crédito a un moroso empedernido y de este modo evitar entrar en riesgo.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emprendió hace unos años una implacable cruzada contra los defraudadores fiscales y morosos del Estado Español. En este marco de lucha contra el fraude tributario, consiguió que la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que modificó la Ley General Tributaria, añadiera el artículo 95 bis, referente a la “publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias”. Bajo este eufemismo, se esconde la autorización a Hacienda para publicar la lista de morosos con las arcas del Estado; en concreto aquellos que deben más de un millón de euros. Vale la pena señalar, que la ley contó con el voto a favor del PP y el rechazo de la oposición, que criticó, en especial, que la reforma no posibilite que se conozca el nombre de quienes se acogieron a la denominada amnistía fiscal en 2012. El objetivo del Ministro fue que esta medida coercitiva sirva para que muchos deudores se pongan al día con Hacienda. Por ese motivo, a este listado se le denomina coloquialmente como la “Lista Montoro”.

Dejando aparte consideraciones como las garantías constitucionales relativas a los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos, la publicación de los listados me lleva a hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, me pregunto ¿por qué se coloca el listón tan alto?, un millón de euros es mucho dinero; esto permite que deudores con cantidades impagadas importantes escapen a la difusión pública. Hubiera sido más lógico poner el listón en 120.000 euros, que es el importe con que el Artículo 305 del Código Penal delimita el delito fiscal. En segundo lugar, el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado que la lista de morosos informará de las deudas impagadas de medianas empresas, pero no ha incluido a los mayores defraudadores; por ejemplo, a los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ni los nombres de la célebre Lista Falciani.

En tercer lugar, comparto totalmente la opinión de Gestha, que piensa que en la lista también deberían constar los nombres de los grandes defraudadores a los que la Agencia Tributaria ha descubierto importantes deudas y ha sancionado a pesar de haber pagado o aplazado multas millonarias en el plazo reglamentario.

En cuarto lugar, también estoy de acuerdo con la opinión de Gestha que afirmó que la publicación de la lista con los delitos fiscales incluye a las personas y empresas condenadas por sentencia firme, pero no se conocerán las deudas millonarias descubiertas a las mayores empresas del país que generalmente no se envían a la Fiscalía por entender la AEAT que las grandes corporaciones no tienen ánimo defraudatorio.

En quinto lugar, la lista solo será accesible durante tres meses desde su publicación y se impedirá la indexación del contenido de la lista a través de motores de búsqueda en Internet; o sea no se podrá hacer la búsqueda en Google de la lista de morosos; en consecuencia, para poder ver los datos habrá que acudir directamente a la dirección de Internet donde se publiquen, teniendo en cuenta que los listados dejarán de ser accesibles a los tres meses de su fecha de publicación; por tanto hay que descargarla lo antes posible. Esta circunstancia hace que la utilidad de la lista para ejercer presión sobre los contribuyentes morosos y dejarlos al descubierto sea más bien escasa. Lo lógico hubiera sido indexar en Google, y en el resto de buscadores, los nombres de los defraudadores con el fin de afectar la reputación de los morosos y motivarles a que paguen su deuda. Asimismo, la indexación en los buscadores hubiera permitido una consulta sencilla de los datos de los deudores con Hacienda para lograr el objetivo de la prevención de la morosidad; puesto que si una empresa o persona no paga sus impuestos, todavía menos pagará a sus proveedores. Para ello, hubiera resultado muy útil que los datos del deudor pudieran aparecer en internet.

De todas maneras, el listado ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación y los diarios digitales, por lo que la relación de nombres se puede encontrar incluso ordenada de mayor a menor importe de deuda. En consecuencia, resultará imposible la pretensión del Ministerio de Hacienda de conseguir que el listado de moroso fiscales caiga en el olvido después de los tres meses y que desaparezca la información de internet.

Y, en sexto lugar, ya que el profesor Montoro también es Ministro de Administraciones Públicas, la lista debería incluir a las administraciones que incumplen con la obligación de pagar dentro del plazo legal de 30 días que marca , tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, ya que muchos de ellos son morosos contumaces.

Otro punto es que el 30 de junio salió publicada la segunda lista con los nombres de los mayores defraudadores fiscales y morosos. Según este listado, el importe de las deudas y sanciones, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015, asciende a más de 15.700 millones. El número total de morosos y defraudadores asciende a 4.768; un 1,8 % menos que en la lista anterior, de los que 336 son personas físicas y 4.432 son sociedades.

Sin embargo, Gestha ha asegurado que el importe de la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, sólo es el 30 % del total de deuda pendiente de cobro por Hacienda, que asciende a 52.226 millones; suma que equivale a la mitad del primer rescate de Grecia. Además, Gestha declaró que, de acuerdo con el ratio de cobro de estas deudas que el Gobierno ha reconocido, se podrían perder unos 8.834 millones de las deudas de este listado, ya que el 42% de la cantidad adeudada pertenece a sociedades que se encuentran en concurso de acreedores e incluso en proceso de liquidación. De hecho, en los últimos 10 meses, entre el 31 de julio de 2015 y el 1 de junio de 2016, únicamente se han recaudado 312 millones de 1.500 deudores que figuraban en el primer listado, lo que supone apenas el 2% del importe moroso de la primera lista. Asimismo, Gestha sostiene que con motivo de la publicación anterior, el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro, pues incluso la mora ha aumentado en estos seis meses. En consecuencia, parafraseando al gran Keynes, podemos decir que si debes a Hacienda mil euros tienes un grave problema, pero si debes un millón, el problema es de Hacienda para recobrarlo.

Podemos comprobar, que la principal función del listado de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, no es recobrar los importes adeudados al erario público, sino escarmentar a los morosos con el fisco. Este tipo de escarmiento me recuerda a la bárbara costumbre que existía en España en el medioevo, cuando la tradición popular obligaba a los morosos a pasearse por las calles de la ciudad subidos encima de un burro y vestidos con túnicas con grandes cruces rojas y con una coroza en la cabeza, para que todo el mundo supiera que no pagaba sus deudas. Durante el paseo el pueblo podía mofarse del infortunado deudor, insultarle e incluso tirarle toda clase de objetos. El escarnio público debía servir para escarmentar a los morosos y disuadir a los demás ciudadanos de caer en la tentación de convertirse en malos pagadores; aunque en aquella época los deudores más desafortunados acababan linchados por la turba.

El primer lugar del ranking de la nueva “Lista Montoro” lo ocupa Reyal Urbis, con una deuda que supera los 368 millones, seguida a bastante distancia por Nozar con 203 millones. Puede observarse que el sector del ladrillo tiene una deuda conjunta con las arcas del Estado que supera los 6.200 millones de euros, equivalente a un 40% del total. Lo peor de la deuda de los señores del tocho con Hacienda, no es sólo su enorme volumen, sino la escasa posibilidad de que ésta sea liquidada en el futuro. Muchas de las empresas relacionadas en la lista se encuentran en concurso de acreedores, y, además, un buen número de ellas ya han iniciado directamente la fase de liquidación con un volumen de deuda muy superior al valor actual de sus activos.

Ahora bien, yo creo que lo que más atención ha despertado a los medios, han sido los nombres de determinadas personalidades y personajes bien conocidos por el público. Sin embargo, el moroso nº1 en el ranking de personas físicas, Agapito García Sánchez, es un desconocido para la sociedad, y si no fuera por su peculiar nombre de pila hubiera pasado desapercibido; pero con un importe de más de 19 millones de euros de deuda tributaria ha superado a Dani Pedrosa –quien no ha conseguido rebasar la meta de los 8 millones de euros– e incluso dejar atrás al mismo Mario Conde (que no ha llegado a los 10 millones de deuda acumulada). El contribuyente que cierra el ranking de los Top 10 de personas físicas con más deuda tributaria, es el antiguo juez Luis Pascual Estevill, con un importe de 5.426.485 euros.

Vale la pena señalar, que bastantes personajes famosos pasan desapercibidos, puesto que sólo aparecen los nombres de sus sociedades, y requiere un arduo trabajo de investigación relacionarlos. En último lugar del listado hay un ciudadano que ha tenido el infortunio de adeudar 1.000.077, y por esos 77 euros que superan el millón, figura en la lista con nombre y apellidos; ¡qué mala suerte! Este contribuyente debe pensar que no hay derecho, ya que de haberlo sabido, hubiera pagado sin rechistar los 77 euros a la Agencia Tributaria y así no habría salido en la dichosa lista.

 

 

 

¿Por qué es tan difícil pactar un Gobierno en España? Reproducción de la Tribuna en EM de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

En España todos los días se cierran miles de pactos. Públicos y privados. Entre personas y empresas. En Comunidades Autónomas, ayuntamientos, notarías y hasta en gasolineras. Todas las partes ceden en algo y así terminan ganando. De esta forma están mejor al final que al principio. Pero desde diciembre de 2015, los cuatro principales partidos están demostrando su incapacidad para alcanzar un acuerdo de Gobierno. ¿Por qué?

Dado que alguna explicación racional habrá que buscar, podemos empezar con la denominada“teoría de la agencia” que explica que en ocasiones los representantes (Agentes) pueden tener intereses propios no perfectamente alineados con los intereses de los representados (Principales). De esta manera, puede que un determinado pacto favorezca claramente a los últimos, pero si no beneficia también a los Agentes no se cerrará nunca. Pues bien, en el caso de un pacto de Gobierno existe no ya uno sino dos problemas de agencia: el del líder con relación a su partido, y el del partido con relación a sus electores. Esto quiere decir que el pacto mejor es el que beneficia a la vez al líder del partido, garantizando su permanencia, al futuro del partido, garantizando que no va a perder votos y a los intereses generales de sus electores, garantizando que se va a aplicar el programa que han votado. Si los tres intereses se encuentran razonablemente alineados la solución resultará sencilla. En caso contrario puede tender a lo imposible, porque habría que poner de acuerdo (al multiplicar los tres sujetos citados por los dos o tres partidos necesarios para llegar a un acuerdo) unos cuantos intereses concurrentes potencialmente contradictorios.

Pues bien, en nuestra opinión el problema en España es que hay tres factores que complican el alineamiento entre Agente y Principal: la irrupción de dos partidos que no solo compiten en el eje derecha- izquierda sino también en el eje nuevo-viejo (con ambición de sustituir a los anteriores), la falta de una cultura de pactos políticos”institucionales” y el carácter clientelar de nuestra democracia.

Para ilustrar el factor nuevo-viejo a la luz de la teoría de la agencia podemos referirnos al caso del PP y Cs. Es obvio que a los electores del PP les interesa que se plasmen en la práctica sus ideas liberales y conservadoras, pero les debería importar poco que las defienda el PP o Ciudadanos, que puede llegar a competir en el mismo espacio. Pero al PP como partido le interesa mucho más su futuro como organización que el triunfo de sus ideas o el destino de su líder actual (salvo a sus más fieles) por lo que preferirá no dar ni agua a un partido afín pero que compite con él. Al líder sólo le interesa su presente, que pasa por ser Presidente del Gobierno y para eso necesita apoyos como sea y de quien sea. Este enrevesado problema de agencia supone que Rajoy, para mantenerse en el poder, estaría dispuesto a ceder mucho más de su programa (por ejemplo, en una negociación con el PSOE) de lo que lo haría cualquier otro candidato, en detrimento de los intereses de sus electores. Correlativamente, para Cs (o incluso para el PSOE) parece que cobrarse la cabeza de Rajoy -símbolo de la vieja política- puede ser más importante que imponer algunas de las medidas clave de sus programas, también en detrimento de los intereses de sus electores. Algo parecido ocurre entre el PSOE y Podemos: A Sánchez como líder le hubiera interesado gobernar con el apoyo de Podemos, pero a su partido le parecía demasiado peligroso. Para los electores de Podemos apoyar el pacto PSOE-Cs podía ser un mal menor frente a la continuidad de Rajoy, pero para su líder esa posibilidad era impensable. Y así podríamos seguir un buen rato.

El segundo factor es el de la falta de una cultura de pactos políticos institucionales (transversales o sobre programas) entre la ciudadanía. En estas últimas elecciones los electores no hemos favorecido –o penalizado- en las urnas a los partidos atendiendo a sus mayores o menores esfuerzos de cara a lograr un pacto de gobierno.Quizás porque el electorado tiende a pensar siempre que el partido al que vota no es el responsable; la culpa siempre es de los otros. En todo caso, esa sensación también revela falta de cultura política. Lo mismo cabe decir de la mayoría de los medios de comunicación, más enfrascados en hacer de altavoces de los políticos, poniendo el foco en el quién o con quién y casi nunca en el cómo y en el para qué. También para ellos resulta mucho más relevante hablar de líderes que del contenido detallado de cualquier pacto y de sus implicaciones. De esta forma consiguen más audiencia, pero contribuyen más bien poco a la implantación de una auténtica cultura democrática.

Efectivamente, en las democracias representativas las elecciones son un medio para alcanzar un fin: gobernar. Si se pierde esta idea de vista, no hay manera de salir del círculo. Lo que nos devuelve al punto de partida:lo importante es el programa que se quiere poner en marcha desde el Gobierno o, “second best”, si se pueden condicionar las decisiones de un Gobierno en minoría. Sobre estos programas o medidas es sobre lo que debe versar el debate: todo lo demás, siendo muy interesante para los partidos, sus líderes y muchos periodistas es accesorio para los electores.Y si no es así, entonces los ciudadanos no podemos criticar a los políticos que anteponen las consideraciones personales a cualquier otra, porque perciben que sus electores también lo hacen.

El tercer factor es el carácter fuertemente clientelar de nuestra democracia. En nuestro pasado reciente han existido otros Gobiernos en minoría, pero han podido gobernar como si tuvieran mayoría absoluta alcanzando un acuerdo con los partidos nacionalistas, que han apoyado indistintamente al PP o al PSOE. El esquema de estas negociaciones ha sido sencillo y cómodo para el partido que aspiraba a gobernar: cesiones concretas siempre en clave autonómica (más competencias, más dinero, retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional, cuota de reparto en órganos constitucionales, reguladores, etc) a cambio de estabilidad gubernamental. Dicho de otra manera, cada uno dejaba actuar al otro en libertad en su respectivo territorio durante una temporada. La negociación que podríamos llamar “institucional” sobre políticas concretas (educación, sanidad, fiscalidad, Justicia, etc.) ha sido siempre la excepción. Por eso, más que un pacto se trataba de un reparto, con la consiguiente delimitación de las áreas de influencia, al modo en que todavía se reparten el territorio algunas organizaciones mafiosas.

En conclusión, ahora el reto es alcanzar un pacto de muy distinta naturaleza: un pacto institucional sobre políticas concretas –y eventualmente cargos- con rivales que aspiran a competir en el propio territorio, con el tremendo coste que esto puede suponer para partidos y líderes acostumbrados a otra forma de funcionar.Por poner un ejemplo: mientras que para una democracia poco clientelar como la británica, la sustitución de Cameron no es una tragedia para los próximos (sino más bien una oportunidad) en España la sustitución del líder del partido que ocupa el poder en cada momento tiene muchas otras implicaciones. Lo esencial no parece ser el programa -que otro también podría llevar a cabo- sino la capacidad de atender a la clientela, lo que agudiza las contradicciones internas.

Nos encontramos sin duda ante una coyuntura crítica que deberíamos intentar aprovechar para mejorar nuestra democracia. Para ello sería necesario utilizar las debilidades del sistema para reorientarlo en la buena dirección. Es decir, aprovechar la disponibilidad del PP a pactar cargos y políticas a cambio de mantener a su líder para avanzar decididamente en la reforma de las instituciones y en el desmantelamiento del clientelismo político que tanto daño hace a nuestra democracia. Pero solo podremos transmitir a nuestros políticos los incentivos necesarios para hacerlo si empezamos por interesarnos más por las políticas que por las personas que las vayan a desarrollar. Y por el momento no lo estamos haciendo.

 

Los programas electorales: entre la realidad y la ciencia ficción

Los ciudadanos decidimos nuestro voto en unas elecciones generales como las que acabamos de vivir en función de múltiples factores. Simplificando, podemos diferenciar dos grandes grupos: aquellos ciudadanos que votan siguiendo unos criterios estrictamente “racionales” y el resto, que tiene en cuenta además factores de carácter “emocional”. Dentro de ese (gran) resto, estarían aquellos que votan por un sentimiento de pertenencia a un partido o ideología, o los que votan por castigar al que ha gobernado en los últimos años, o aquellos que votan por miedo a que salga una determinada opción política, o por puro hartazgo, etc, etc.

El abanico es verdaderamente amplio, pero volviendo a los criterios racionales decisivos en la intención de voto, hay tres factores que cobran especial relevancia: el candidato, el partido político y el programa electoral. Este post lo vamos a centrar en este último factor, el programa electoral, con el que un partido político se presenta a unas elecciones y donde se declaran los valores que defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno, en el caso de llegar a él.

La Fundación Transforma España ha realizado un decálogo sobre los programas electorales que aporta una visión sobre los elementos que deben ser considerados en su elaboración para incrementar la credibilidad, solvencia, calidad y comprensión de los mismos. En el marco de ese proyecto, llevaron a cabo un sondeo de opinión ciudadana sobre los programas electorales que arroja unas conclusiones interesantes.

La encuesta promovida por la Fundación Transforma España confirma que existe un bajo porcentaje de lectura de programas electorales, ya que únicamente 4 de cada 10 ciudadanos afirma leerlos antes de ejercer su derecho a voto. No obstante, más del 80% de los encuestados considera los programas muy importantes o bastante importantes, siendo el elemento decisorio de voto en el 50,3% de los casos.Además, solo el 0,2% de los encuestados cree que las promesas electorales se cumplen, a pesar de que el incumplimiento de los proyectos de gobierno merma la confianza de los ciudadanos en el sistema político, valoración en la que coincide más del 93% de los encuestados.

Incurrimos por tanto en una aparente contradicción: la mayor parte de los ciudadanos otorga importancia a los programas electorales y de hecho la mitad los considera un elemento decisorio en su intención de voto. Sin embargo, menos de la mitad los lee y para rematar, prácticamente nadie se los cree. Damos por descontado que los partidos políticos van a incluir en sus programas electorales medidas más propias de la ciencia ficción que de la realidad…Parece por tanto que damos más importancia al “continente” que al “contenido” y la repercusión mediática del programa electoral de Podemos en las últimas elecciones generales lo refleja a la perfección: se habló más del formato del programa, por su estilo a lo catálogo de Ikea, que de las propias medidas incluidas en el documento.

¿Se puede revertir esta situación de la alguna forma? El 80% de los ciudadanos encuestados en el marco del estudio de la Fundación Transforma España afirma que los programas electorales deberían ser auditados por entidades independientes. La evaluación, por parte de organizaciones independientes, del coste que supondría las medidas propuestas por los diferentes partidos políticos contribuye a la transparencia y viabilidad de los proyectos de gobierno.

Se trata de una medida que ya se pone en práctica en un país europeo y no es Dinamarca, que es la referencia habitual en buenas prácticas de regeneración democrática. En este caso hablamos de Holanda.

La Oficina Holandesa para Análisis de Política Económica (CPB), es un organismo público independiente que está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos. Desde 1986, antes de la celebración de elecciones generales, el organismo elabora una publicación (se denomina “CharteredChoices”) en la que se analiza la viabilidad económica de las diferentes medidas que incluyen los programas electorales. Para poder elaborar su estudio (realizan un análisis exhaustivo de los ingresos e impactos económicos de las medidas que incluyen los programas electorales), los partidos políticos holandeses remiten voluntariamente a la CPB toda la información que necesitan(de forma extremadamente detallada por cierto).

En la última publicación, que analiza las propuestas de la legislatura 2013-2017, se analizaron los programas electorales de casi todos los partidos políticos (de diez en concreto) que concurrieron a las elecciones. Por si tienen curiosidad, el capítulo de conclusiones está traducido al inglés y se puede descargar en su página web.

El análisis de la Oficina Holandesa juega un doble papel muy relevante: antes de las urnas, evita que los partidos políticos caigan en la tentación de incluir en sus promesas electorales propuestas irrealizables (desde un punto de vista económico, teniendo en cuenta la situación del país y sus perspectivas de crecimiento) y después de las urnas, sirve de base para las negociaciones de los partidos de cara a formar una coalición de gobierno. Este organismo desempeña este papel clave porque ciudadanos, partidos políticos y los propios medios de comunicación reconocen su independencia y su elevado nivel de especialización en la materia.

En nuestro país, el organismo más parecido a la CPB Holandesa sería la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Llama la atención que el organismo que dirige José Luis Escrivá hayapresentado recientemente ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden Ministerial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 1 de julio de 2015, por la que considera que el Ministerio vulnera su autonomía e independencia.Este tipo de noticias escasean bastante en España, donde de entrada, nos cuesta pensar en un organismo público independiente del poder político.

Como conclusión, pensamos que la evaluación de la viabilidad económica de las propuestas electorales merece cuanto menos una reflexión y  quizás podamos encontrar un ente independiente no necesariamente público o dar una oportunidad a la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha dado muestras de su independencia tras su conflicto con el Ministerio al que está adscrita. Desde luego, cosas más irreales hemos leído en los programas electorales….

Lealtad a los votantes y sistema electoral

Un hecho en principio positivo puede volverse negativo en función de las circunstancias. Esto es lo que ocurre con los actuales partidos políticos que no quieren renunciar a sus promesas y compromisos electorales. Esta reacción resulta saludable, en cuanto implica lealtad y respeto.

El problema surge por su difícil compatibilidad con nuestro sistema electoral. Definido constitucionalmente como de representación proporcional, debería significar que cada candidatura recibe un número de escaños proporcional a los votos obtenidos. Sin embargo, en la práctica tal definición ha funcionado deficientemente, con primas importantes para los primeros partidos y sanciones para los demás. Por eso, nuestro sistema electoral se acerca mucho en su resultado final al sistema mayoritario, como el implantado en el  Reino Unido, pero –todo hay que decirlo- sin las ventajas de este último.

El resultado mayoritario de nuestro sistema ha generado el conocido bipartidismo o cuasi bipartidismo, también parecido al del Reino Unido. Hasta las elecciones del 20 de diciembre de 2015 siempre surgió un partido claramente vencedor en las elecciones, incluso en numerosas legislaturas con mayorías absolutas. En tales circunstancias naturalmente era ocioso hablar de negociaciones y pactos para formar gobierno: el primer partido en escaños recibía la investidura y todo lo más negociaba algún apoyo expreso o tácito con otro partido pequeño.

La vigencia de este sistema durante cuarenta años ha impedido una cultura del pacto, de la negociación para formar mayorías estables. Nos hemos acostumbrados a posturas tajantes, de blancos y negros, por lo demás muy españolas.

Sin embargo, las elecciones del 20-D y las recientes del 26-J han alterado profundamente este panorama. Aun manteniéndose el trato desigual, el caso es que por primera vez se presenta un claro pluripartidismo que es propio de la representación proporcional que ordena la Constitución. La presencia de cuatro fuerzas políticas en el conjunto nacional ha acabado con esas mayorías claras de los cuarenta años anteriores, haciendo imposible que cualquiera de ellas pueda formar gobierno por sí misma.

Se impone entonces una nueva actitud, una nueva cultura acorde con el sistema de representación proporcional. Los partidos políticos deberían renunciar a su pureza electoral, a la fidelidad sin fisuras a sus electores, para acercarse y formar mayorías estables. Lo cual significa naturalmente negociación, transacción y pacto, por muy ingratas que resulten estas operaciones. Lo contrario –el encastillamiento en las propias posiciones- podrá ser saludable desde algún punto de vista, pero desde luego es contradictorio con el sistema de  representación proporcional que nos hemos dado.

Los partidos políticos no solo deberían asumir de forma realista el nuevo marco representativo sino, lo que es más importante, hacérselo ver a sus votantes. Hay que educar a los ciudadanos en que la transacción y las renuncias recíprocas son indispensables para que el sistema funcione, según ocurre en los países nórdicos, en Alemania y en tantos otros. No proceder así podría conducir a la frustración y a la deslegitimación del sistema.

Si no se desea lo anterior, si se opta incondicionalmente por la pureza y lealtad electorales, lo mínimo que se puede pedir es coherencia. En este sentido debería defenderse la implantación de un sistema electoral mayoritario, donde siempre hay un claro vencedor que forma gobierno sin necesidad de algo tan incómodo como la negociación y el pacto.  Pero sus inconvenientes (bipartidismo, penalización de las terceras opciones) también habría que asumirlas.

Más de lo mismo (Sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas)

El Gobierno y los sindicatos del ramo han elaborado un borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas. Dicho borrador tiene una importancia que trasciende los derechos laborales de los profesores e investigadores, puesto que, además de esos legítimos intereses, están en juego los de la sociedad española en su conjunto. El progreso de España, como el de cualquier país, está muy estrechamente vinculado a la calidad de su enseñanza superior y su sistema de investigación y las Universidades públicas son la columna vertebral de ambos|.

Es obvio que, si queremos buenas Universidades, necesitamos buenos profesores universitarios y que, si queremos buenos profesores, es preciso que esa profesión resulte atractiva para los titulados universitarios. Si la carrera universitaria no ofrece perspectivas razonables desde el punto de vista económico y de la estabilidad y promoción laboral, corremos el riesgo de nuestras universidades recluten su personal entre quienes no valen para otra cosa, más un puñado de románticos. Un escenario poco deseable, por lo que bienvenido sea un Estatuto que configure una carrera universitaria atractiva.

El problema es si el modelo que se diseña es atractivo para los actuales profesores o también y sobre todo para los posibles aspirantes. Y, lamentablemente, este borrador lo es, a lo sumo, solo para los primeros. Por ello, si sale adelante en su actual redacción, será una victoria del corporativismo, pero no un estímulo para la mejora de nuestras Universidades.

No voy a entrar en un análisis de detalle del borrador, sino que me limitaré a comentar los dos aspectos que me parecen más inquietantes.

El primero es que consolida el actual modelo de carrera universitaria basada en la promoción interna. Es decir, que se profundiza en la tan criticada endogamia, lo que impide la deseable competición de las Universidades por contratar a los mejores profesores y de los profesores por ser contratados por las mejores Universidades.

El segundo es que se profundiza en otra de las lacras de nuestras Universidades: la burocratización rampante. Este borrador es un paso más en esta dirección: los méritos particularmente relevantes para evaluar al profesorado, como la investigación, pierden peso relativo en beneficio de la antigüedad, la gestión y la actividad sindical. Lo cual contradice el objetivo de crear una carrera profesional universitaria que prime la excelencia.

Frente al modelo que diseña este borrador y que básicamente profundiza los defectos del actual, considero imprescindible un Estatuto del PDI de las Universidades que sirva de revulsivo para corregir algunas de las malas prácticas de nuestro sistema universitario, aunque ello implique la reforma de la actual legislación universitaria. Estas reformas deberían ir orientadas a favorecer la movilidad y la selección y promoción de los mejores profesionales, para lo que sería imprescindible, entre otras medidas:

1. Basar la evaluación de los profesores en su actividad docente e investigadora, no la de gestión o la sindical.

2. Incrementar las competencias en materia de gestión del personal de administración, descargando al máximo al profesorado de estas tareas.

3. Sustituir un sistema de evaluación de la calidad de la docencia basado en la antigüedad y en los modelos fracasados empleados en la enseñanza secundaria por una evaluación basada en los resultados, es decir, en la formación adquirida por los titulados de cada centro.

4. Restituir a los profesores universitarios el derecho al traslado mediante concurso de méritos, limitando la discrecionalidad de las Universidades y favoreciendo la movilidad frente al modelo vigente, basado casi exclusivamente en la promoción interna.

5. Fomentar los concursos que incluyan pruebas públicas frente a las evaluaciones basadas en baremos.

6. Desvincular las plantillas del personal docente e investigador de las necesidades docentes para fomentar la investigación y evitar distorsiones ad hoc de los planes de estudio.