¡Ay, Derecho! el Ministerio del Interior, los Comisarios Honoríficos y la Cultura de la Transparencia

 La Fundación ¿Hay Derecho? realizó con fecha 20 de abril de 2016, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Ministerio la siguiente pregunta:

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? nos gustaría saber qué personas han sido nombradas comisarios honorarios en la última legislatura.

La respuesta del Ministerio fue la siguiente:

Comisarios Honorarios nombrados en la última Legislatura (X legislatura)

  1. a) 148 personas pertenecientes a la Policía Nacional.
  2. b) 7 personas ajenas a la Policía Nacional

El 13 de junio de 2016 realizamos una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya que la respuesta del Ministerio fue claramente insatisfactoria, y que ahora nos ha dado la razón en una Resolución de fecha 8 de septiembre de 2016, que da 5 días al Ministerio para que nos facilite el nombre de las 7 personas ajenas a la Policía Nacional que han sido nombrados Comisarios Honorarios en la X legislatura.

Lo respuesta que el Ministerio dio al Consejo al revisarse el Recurso es muy representativa de cómo es la cultura de la transparencia en nuestra Administración, y en particular en el Ministerio del Interior. En primer lugar alega que al analizar nuestra solicitud

«(…) entendiéndose que lo que se solicitaba era el número de personas».

Teniendo en cuenta que la pregunta era «a qué personas» y no «a cuántas», es difícil de entender esta interpretación. Pero va más allá y alega que :

«En base a lo anterior y una vez analizada la reclamación, el Ministerio del Interior entiende que la nueva información solicitada contiene datos personales de personas físicas identificadas o identificables que se encuentran garantizados y protegidos por el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, por lo que se debe denegar el acceso a los mismos tal y como han sido reclamados, conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia.»

La distinción como comisario honorario de la Policía Nacional está regulada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Esta, en su artículo 86.2 estable que «La distinción de miembro honorario de la Policía Nacional podrá otorgarse a aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado Cuerpo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo».

Se trata de una distinción puramente honorífica, es decir, un reconocimiento público a una cierta labor de apoyo a la institución y que, según establece el artículo 85.2 de dicha Ley no conlleva contraprestación económica de ningún tipo: «En ningún caso, los ascensos concedidos con carácter honorífico llevarán consigo efectos económicos, ni serán considerados a los efectos de derechos pasivos.»

Este tipo de reconocimientos tienen valor en la medida en la que constituyen un agradecimiento público a una persona, y obviamente perderían todo su sentido si su otorgamiento no fuera conocido por nadie, es decir, si fuera un reconocimiento “de tapadillo”. Salvo que, claro está, se estén reconociendo méritos a quien no corresponde, por razones de amistad, afinidad o por cualesquiera otras que no tengan nada que ver con los merecimientos contraídos a favor del Cuerpo de Policía Nacional. A lo mejor, entonces, el Ministerio del Interior prefiere que no se haga público el reconocimiento.

Pues eso es exactamente lo que ocurre en este caso, que el Ministerio del Interior considera que dar el nombre de quienes han sido agraciados con esta distinción vulnera la protección de datos de carácter personal. Entendemos que seguramente el próximo reconocimiento será secreto e informado exclusivamente al interesado que no podrá divulgar este reconocimiento, lo que le llenará de orgullo y satisfacción (puramente personal).

Claro que, siendo malpensados, a lo mejor todo esto tiene que ver con la polémica sobre el nombramiento por parte del Ministro del Interior de Francisco Marhuenda, director del periódico de “La Razón” y adalid del PP en general y de Mariano Rajoy en particular como Comisario honorífico. No solo el ministro estaba en funciones sino que además, siempre según esta noticia  había sido condenado por intromisión al honor de un policía. La pregunta es entonces muy sencilla ¿se le ha nombrado Comisario honorífico por servicios al Cuerpo Nacional de Policía o por servicios al PP? Porque aunque así parecen creerlo nuestros gobernantes no es lo mismo. Y la pregunta sería ¿a cuantas más personas se ha condecorado de la misma manera? El Ministerio del Interior no nos lo cuenta.

La buena noticia es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno  ha aplicado el sentido común, y la Ley, estimando nuestro recurso. Esperamos que el Ministerio del Interior no lleve hasta el paroxismo su defensa de la protección de datos recurriendo a la vía judicial y nos proporcione en el plazo estipulado el lista de Comisarios Honorarios no pertenecientes al Cuerpo de la Policía Nacional. Veremos si la reacción del Ministerio es seguir recurriendo ante los Tribunales de Justicia la resolución del CTBG  o si nos entrega la lista. Se admiten apuestas.

 

¿Réquiem por los privilegios jurídicos de la Administración tributaria?

¿Por qué un acto administrativo es eficaz? Porque la Administración cuenta con el privilegio de la “autotutela” lo que le permite -a diferencia de los administrados con los que interactúa- llevar a efecto sus pretensiones sin necesidad de acudir a un órgano judicial. Y, ¿por qué la Administración goza de esa “autotutela”? Pues, hipotéticamente, porque se asume que, conforme a lo que la mismísima Constitución predica, “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa (…) con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Vale; y entonces ¿qué es lo que sustenta esa actuación en pro de los intereses generales? Pues, también en pura teoría, la propia esencia del sistema democrático, el proceso electoral, que vendría a garantizar que el Ejecutivo -sostenido y vigilado por el Legislativo- lleva a cabo su tarea en favor del interés general. Y, en lo que se refiere a ese “sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”, ¿en qué se concreta? Pues, nada más y nada menos, que en la presunción de validez de los actos administrativos que, a su vez, encontraría su apoyo en que éstos se presumen tan legales como veraces, partiendo de la asunción de que la Administración, en su actuar, cuenta con el don de la infalibilidad. En síntesis, ésa es la teórica construcción conceptual que aspira a sostener el andamiaje del privilegio jurídico del que goza la Administración; si bien “el hecho mismo de que se utilice el término «privilegio´´ (…) para designar esta potestad administrativa de la autotutela ejecutiva lleva a la sospecha de que algo oscuro e inconfesado hace dificultosa la justificación plena de la singularidad de los actos administrativos” (Javier García Ross).

¡Qué interesante!, ¿verdad? En su núcleo, esa posición privilegiada se condensa en la potentísima herramienta de la presunción de validez que, aunque sea “iuris tantum” y que, por tanto, admita prueba en contrario, obliga al administrado perjudicado por esa actuación administrativa a remar contra una virulenta corriente (la fuerza de la presunción) que, además, es en la que se apoya la innata ejecutividad de la actividad administrativa. En el concreto ámbito impositivo podríamos añadir un aspecto adicional: la capacidad de exigir tributos nacería -hipotéticamente- de una decisión de autoimposición adoptada por la propia sociedad a través de su representación política (manifestación de aquel célebre “no taxation without representation”). He ahí, pues, la pretendida esencia de la prevalencia -enorme, potente, vigorosa- de la Administración sobre los administrados/contribuyentes con los que cotidianamente entra en conflicto, en una relación manifiestamente desigual pues aquella cuenta con esas valiosísimas armas que le permiten que -al menos cautelar y provisionalmente- sus pretensiones prevalezcan sobre las de éstos. Así son las cosas y, además, así han sido desde hace mucho tiempo…

Pero…, ¿será siempre así? ¿siguen dándose, a día de hoy, las premisas que aspiran a sustentar (que no justificar) esa tan grave como manifiesta desigualdad entre la Administración y el cuerpo social cuyos intereses está llamada a gestionar? Huuum…; quizá algo esté cambiando tan lenta como implacablemente, casi como el movimiento de placas tectónicas, pausado pero constante, hasta que un día provoque un -¿inesperado?- seísmo.

Veamos. Según se ha expuesto recientemente en el blog Espacio Tributario, las estadísticas oficiales vendrían a demostrar que la Agencia Tributaria pierde, ya en la vía económico-administrativa, casi el 45% de sus litigios; llamativo ratio que en el caso de alguna administración autonómica se elevaría hasta un ya estratosférico porcentaje próximo al 85%… (64% a nivel nacional en el ámbito de los tributos “cedidos”). También es sabido que, aquellos contribuyentes que prosiguen a la vía judicial, logran ver reconocidas sus pretensiones en una media que ronda el 30%. Parece obvio que la conjunción de esos datos lleva a una palmaria conclusión, ¿no?: la pretendida infalibilidad (jurídica y fáctica; de ahí las presunciones de legalidad y veracidad, respectivamente) de la actuación administrativa no parece ser tal…; ergo si la Administración se equivoca como, de hecho, lo hace y, además, no de un modo anecdótico sino con una desmesurada frecuencia, la lógica lleva a cuestionar si sigue teniendo sentido la presunción de validez (cimiento de la ejecutividad) de la que goza la actuación pública. No parece descabellado plantear -siquiera, de momento, desde una perspectiva meramente teórica- que si empíricamente se demuestra que la actuación administrativa es errónea en un elevado porcentaje, es un irracional sinsentido que el Derecho se empeñe en mantener lo insostenible: que la Administración, por principio (y mientras no se demuestre lo contrario), no se equivoca.

Además, a ello viene a sumarse el cuestionamiento de la, hasta ahora asumida, autoimposición (directamente relacionada, obviamente, con el también “mantra” de la búsqueda del interés general). En este punto me limitaré a reproducir las interesantes observaciones del Magistrado del Tribunal Supremo Navarro Sanchís: “(…) la ley fiscal ya no parece ser la expresión de la autoimposición por la comunidad política, (…), sino que ha devenido en una formal ratificación parlamentaria de lo previamente cocinado, sin posibilidad de rectificar el caldo, en las dependencias administrativas. La ley no es ya, en el fondo, una norma parlamentaria, una disposición solemnemente promulgada, sino la canalización en el BOE de lo que el insomnio de algunos funcionarios especialmente hacendosos (…) ha ideado para taponar alguna vía de agua. (…). Siendo ello así, partiendo del presupuesto lógico de partida de que la ley ha cambiado su signo, cabe entender que se ha desnaturalizado el conjunto de potestades que la ley asigna a la Administración para servir a ese bien común que, ahora, nos parece diluido. Habría llegado, pues, el momento de reflexionar acerca del sentido actual de tales gravosas potestades y, más aún, de las presunciones legales atribuidas para satisfacer tal fin. (…). Por eso decía, (…), que ya no resulta admisible a priori la presunción de que los actos de la Administración son legales, cuando no son neutrales. Esa presunción es un mero recurso técnico que facilita la labor administrativa y le dispensa de acudir al juez para que legitime sus actos, obligando al ciudadano a impugnarlos y a alegar y probar su ilicitud. Pero no es una especie de derecho humano de la Administración. No es un dogma que no pueda ser oportunamente arrumbado en aras de principios de orden superior”.

No creo, pues, que sea temerario -ni revolucionario- apuntar que la brecha, la grieta, ya se ha abierto. Si las circunstancias no cambian sustancialmente, se hará más grande y visible y, por ella, entrará cada vez más agua, amenazando la flotabilidad del barco. Y es que, tal y como por estos pagos ya es bien sabido, “no se puede luchar contra los elementos”.

La "lista de espera" o las peculiaridades de la retribución por productividad en el Consejo de Seguridad Nuclear

Ahora que estamos en esa sociedad del conocimiento, y que no hacemos más que hablar de la productividad como variable económica necesaria para que la sociedad avance y todos podamos disfrutar de un mayor progreso, nos encontramos con un caso curioso en la Administración española, donde es muy necesario modernizar sus procesos para ponerse a la altura de los nuevos retos.

Tenemos un organismo formado por una plantilla técnica de alta especialización que es el Consejo de Seguridad Nuclear. El Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica es el que realiza las tareas técnicas y está formado por funcionarios de grupo A. Dichas tareas tienen su responsabilidad y sus riesgos, dado que se trata de realizar inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas, cuyas actas de inspección son mchas veces complejas y deben estar emitidas en los plazos que se estimen oportunos. Las actas de inspección se publican en la web del CSN lo que permite hacerse una idea de la variedad de cuestiones que se analizan y de su complejidad técnica.

Pues bien, en el CSN el complemento de productividad ordinaria está tasado en función del nivel del puesto que se ocupe, teniendo derecho a su cobro todos los trabajadores del organismo, desde un nivel 12 hasta el nivel 30. La especial dedicación está por tanto asignada a más de un 95% de los trabajadores del organismo, pudiendo solicitarla todo el que quiera y no estableciéndose ningún otro criterio en su concesión que el orden de petición de la misma.

Actualmente nos encontramos con que los nuevos funcionarios de carrera que han aprobado la oposición y otros que han ido accediendo al organismo por concurso desde otras administraciones, no pueden acceder a dicho complemento de productividad, sino que deben esperar a que haya jubilaciones para que se les conceda la jornada de especial dedicación, aunque en horario y responsabilidad ya desempeñen sus tareas con comisiones de servicio y asumiendo responsabilidades como técnicos superiores especialistas.

Esta situación con “lista de espera indefinida”, y que supone reconocer como derecho intocable la jornada de especial dedicación de todo aquél que ya la tenga reconocida, llevó a uno de los técnicos, Nieves Sánchez Guitián, a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional (Sala de lo contencioso – sección séptima), que centraliza los recursos que afectan al Consejo de Seguridad Nuclear. Esta persona con 20 años trabajados en la Administración y que había tenido siempre jornada de especial dedicación, estuvo 3 años esperando poder cobrar el complemento de productividad, periodo en el cual estuvo haciendo inspecciones (algunas con expediente sancionador incluido) a una central nuclear.

Esta causa buscaba criterios que ayudasen a poner orden en un sistema, avalado por la costumbre, pero que claramente no considera la responsabilidad a la hora de establecer quien debe tener especial dedicación, sino que considera a ésta como un derecho de todos los trabajadores.

La decepción y frustración aparecen cuando la sentencia de la Audiencia Nacional no entra en valoración ninguna, sino que sencillamente se limita a decir lo siguiente:

En primer lugar, las decisiones relativas a la concesión o no de la jornada deespecial dedicación corresponden a la Secretaria General y precisan de un acuerdo expreso de adopción sin el cual no existe un reconocimiento de jornada de especial dedicación y por ello es imposible la percepción de los complementos

correspondientes. Eso es, la decisión la toma el órgano que por competencia le

corresponde. Sin ese acuerdo no es posible percibir el complemento de especial

dedicación.

El complemento de dedicación especial es plenamente subjetivo o individualizado en función de lo que al normal esfuerzo en la prestación o desempeño del puesto de trabajo sobreañade el funcionario y debe ser reconocido para la percepción del complemento de productividad de los funcionarios de la Administración Civil artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984.

La sentencia puede consultarse aquí. Sentencia (2)

La Audiencia Nacional ha fallado en contra y condenando en costas a esta empleada pública, ysin darle opción a recurso alguno, lo cual suena a castigo por promover un cambio, por discrepar a fin de cuentas con la gestión de los recursos humanos y económicos de la Administración. Y todo esto ocurre en un organismo público que debería promover precisamente la excelencia y la producción de conocimiento.

No es reconfortante ver un órgano judicial que, en lugar de promover valores de objetividad, igualdad, mérito y capacidad, castiga al que plantea la necesidad de revisión de sistemas obsoletos que no contribuyen a la motivación ni a la mejor gestión del conocimiento. Esta sentencia impide a la propia institución su mejora y modernización.

Evitemos unas cuartas elecciones

No es una broma. El bloqueo al que nos ha conducido nuestro deteriorado sistema institucional es tal que, a la vista de que el resultado de las próximas elecciones no puede ser muy diferente de las anteriores, las cuartas parecen inevitables. Puesto que las medidas necesarias para regenerar ese sistema exigen precisamente un Gobierno y un Parlamento operativo y, además, un largo periodo de maduración (aquí) para evitar las cuartas elecciones solo podemos echar mano a una herramienta de urgencia: incorporar la solución vasca.

Efectivamente, el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su art. 33 señala que “3El Parlamento Vasco determinará por Ley la forma de elección del Presidente”. Por su parte el art. 5 de la Ley 7/1981 “de Gobierno”, señala que “1. Al comienzo de cada Legislatura del Parlamento Vasco, y en los demás casos previstos en la presente Ley, el Presidente del Parlamento convocará a la Cámara para la designación del Lehendakari de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Reglamento del Parlamento. 3. Resultará elegido Lehendakari el candidato que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos de la Cámara. 4. Si ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá ésta y será designado Lehendakari el que, de entre ellos, obtuviera la mayoría simple de los votos válidamente emitidos.”

Pues bien, el Reglamento (art. 165) establece un sistema de elección que hace imposible el bloqueo a través del fácil recurso de prohibir el voto negativo. Se pueden proponer todos los candidatos que se quieran, pero los parlamentarios solo pueden votar a favor o abstenerse. Esto implica que en la segunda votación, en el que basta la mayoría relativa, los parlamentarios minoritarios están obligados a votar al menos malo si quieren evitar al peor. Si no lo hacen y votan al propio (o se abstienen), saldría siempre el designado por el grupo con más parlamentarios (en nuestro caso Rajoy). Pero lo que está claro es que el Lehendakari sale sí o sí. Otra cosa es que luego pueda sacar adelante leyes, pero eso en esta tesitura que atravesamos casi nos da igual.

¿Se puede incorporar en este periodo parlamentario dicha solución a nuestra legislación estatal? A primera vista podría parecer que nuestra Constitución no debe ser un problema, porque el texto del art. 99 CE es bastante parecido a la de la Ley Vasca de Gobierno cuando habla de dos votaciones por mayoría absoluta y relativa, por lo que quizás una reforma del Reglamento del Congreso podría bastar. Sin embargo, esto no es así. La diferencia fundamental no es solo que la CE no hace ninguna remisión al Reglamento del Congreso para regular el procedimiento, sino que somete claramente a cada candidato a una votación separada (sin posibilidad de voto conjunto), por lo que negar el voto en contra es un sinsentido. La mera reforma del Reglamento podría ser suficiente para alguna innovación importante, como la de imponer el voto secreto (con lo que incluso quizás se evitasen unas terceras elecciones, como justifica Jorge de Esteban en un reciente artículo), pero resulta imposible para prohibir el voto en contra.

Partamos entonces de que la Constitución lo impide. Pues bien, el art. 99 CE no está sujeto a la reforma agravada, por lo que cabría reformarlo con bastante rapidez en el sentido de la Ley Vasca (tenemos experiencia de eso) por la vía del art. 167 de la CE, como ya comentamos en este post (aquí).

Recordemos que el artículo 167 establece un procedimiento mucho más sencillo:

“1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.”

En consecuencia, para realizar esta reforma el único obstáculo es el político, no el jurídico. Pero aún así los incentivos concurrentes pueden favorecerla (a diferencia de la reforma para imponer el voto secreto, por cierto, que no interesa a la cúpula de ningún partido). Si nos fijamos, comprobaremos que para bloquear una reforma constitucional un partido tiene que tener 117 diputados en el Congreso, que no es poca cosa. El único que podría bloquearla por sí solo es el PP (ya sea en el Congreso o en el Senado) y no parece que tenga ningún motivo para hacerlo, más bien al contrario. Para el PSOE, dada su posición central en el tablero político, también resulta interesante, ya que está llamado a liderar la alternativa principal al PP (salvo que no quiera correr el riesgo de quedar detrás de Podemos tras unas terceras elecciones). Los dos solos no pueden sacarlo adelante, efectivamente, pero sí con Cs, que tendría difícil justificar su negativa.

Si el bipartidismo está definitivamente muerto y los nuevos partidos han venido para quedarse, tarde o temprano tendremos que incorporar soluciones de este tipo.

¡Ay, Derecho! La propuesta de nombramiento del ex Ministro Soria como Director ejecutivo del Banco Mundial

Nada más producirse la segunda investidura fallida de Mariano Rajoy saltó la noticia de que el ex Ministro Soria (que dimitió como Ministro de Industria por el escándalo de los Papeles de Panamá) había sido propuesto por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para un importante puesto como Director ejecutivo en el Banco Mundial. Conviene recordar antes que nada la forma de provisión de estos puestos de trabajo y el hecho de que el ex Ministro pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, que es el Cuerpo al que se vienen reservando este tipo de puestos, dado que ambas circunstancias han sido alegadas por el Gobierno para defender la propuesta a la vista de la polvareda que se ha levantado. En definitiva, el Gobierno viene a decir que no tenía más remedio que proponer a Soria, y que si no cometía una ilegalidad.

En cuanto al puesto, la organización del Banco Mundial, según su propia página web  -que también detalla los proyectos que desarrolla- funciona como una cooperativa que está integrada por los 189 países miembros, que son los que podemos considerar sus accionistas y que están representados por una Junta de Gobernadores (normalmente los Ministros de Finanzas o Desarrollo de los países miembros). Dado que solo se reúnen anualmente, estos Gobernadores delegan sus funciones a los 25 Directores Ejecutivos que trabajan en Washington, donde está la sede central del Banco Mundial. Los principales países accionistas –es decir, los que ponen más dinero- tienen cada uno derecho a nombrar un Director Ejecutivo, mientras que los demás países miembros se los reparten entre sí. En concreto, España se reparte su Director Ejecutivo con Venezuela,  México y otros cinco países centroamericanos, aunque el puesto como tal le corresponde a uno de los tres grandes países. Difícilmente puede considerarse por tanto que se trate de un puesto administrativo, y menos todavía como un puesto funcionarial. Otra cosa es que quien lo ocupe sea funcionario porque así lo decide el país que propone al candidato, que es el que establece el procedimiento para elevar la propuesta. En nuestro caso, lo que existe es una presentación de candidaturas -suponemos que las vacantes son comunicadas con antelación al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado- que evalúa la denominada Comisión de Evaluación de candidaturas a las instituciones financieras internacionales que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, y cuyos miembros son todos altos cargos de ese Ministerio. En concreto esta Comisión está presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa  y de ella forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica. La decisión sobre los candidatos se plasma en una resolución de la Secretaria de Estado de Economía que se remite a los organismos correspondientes.

La persona que ostenta en la actualidad el cargo es Beatriz de Guindos, sobrina del titular del Ministerio y también técnico comercial del Estado.

Por lo que se refiere al procedimiento para elevar la propuesta del candidato, la competencia corresponde en la actualidad al Ministerio de Economía y Competitividad y está reservada al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado dando preferencia “desde tiempo inmemorial” a los que hayan ostentado altos cargos, según el artículo de Manuel Conthe publicado en Expansión, que conoce bien el procedimiento Ya hemos visto que para la Comisión evaluadora lo relevante es realmente es si los candidatos  han ostentando o no altos cargos, para cumplir con esa tradición inmemorial y si tienen las conexiones adecuadas con los que les proponen. Parece que lo que no evalúan tanto es como los han desempeñado o como han acabado su mandato ni, por lo que se ve, si reúnen la competencia y la experiencia profesional necesarias, más allá de la pertenencia a un determinado  Cuerpos de la Administración en cuyos miembros se presupone.

Por tanto, en la práctica de lo que estamos hablando sencillamente es de una propuesta “de libre designación” -no hay nada parecido a un concurso de méritos para ser nombrado candidato para entendernos-  por lo que no puede sorprender a nadie que al final la lotería le toque al ex Ministro del PP del Gobierno del PP aunque haya dimitido recientemente por un escándalo. Lo que resulta un tanto curioso es que se nos explique después que la razón por la que se le designa es puramente técnica, básicamente por ser técnico comercial del Estado con mucha antigüedad (carrera profesional que el ex Ministro abandonó muy tempranamente para dedicarse a la política) y no por ser ex Ministro del PP y sobre todo amigo de Mariano Rajoy. Por si fuera poco, había comentado ya a su ex jefe y ex colega que estaba interesado en el puesto, al que también optaba otro «peso pesado», Alberto Nadal, que finalmente desistió sin duda viendo la competencia.

Aparte de que sea muy discutible que determinados cargos en organismos institucionales sean coto cerrado de algunos Cuerpos de la Administración -práctica también inveterada en la Administración, por cierto- lo más cuestionable es que sean coto cerrado solo de los que han tenido puestos importantes o tienen buenas conexiones con el Gobierno que les propone. Por otro lado, queda claro que en todo este procedimiento lo de menos son los requisitos para desempeñar el puesto en el Banco Mundial, como demuestra además que el cuerpo de funcionarios al que se reservan estas plazas haya ido cambiando al variar su Ministerio de dependencia. El que otros países (y más si son México y Venezuela) sigan prácticas similares no nos parece un gran consuelo.

Por último, se queda por el camino el requisito a nuestro juicio más importante para representar dignamente a España en un organismo internacional, el de la honorabilidad, que se supone que es la exigencia primera para cualquier tipo de puestos, en España o en organismos institucionales en representación de España.  El señor Soria aparte de su dimisión por mentir repetidamente a la opinión pública sobre sus conexiones panameñas –y sin adentrarnos en las extrañas historias que contó en su momento- es un político con una trayectoria y unas prácticas muy cuestionables. De entrada, su paso por el Ministerio de Industria se ha caracterizado por un nepotismo arrollador, colocando a unos cuantos canarios de su entorno próximo –incluido familiar- sin ninguna capacitación profesional y experiencia previa para puestos muy relevantes dentro del Ministerio por cierto, la mayoría de estas personas siguen en sus puestos tranquilamente, gracias a la prórroga que supone el que no haya un nuevo Gobierno que los cese aunque ya no esté su valedor).

Su paso por la política canaria y sus modos caciquiles también dieron mucho que hablar aunque al final se librara del procedimiento judicial e imputase a la maldad de sus adversarios políticos sus vicisitudes procesales. En definitiva, es un exponente perfecto de la vieja política, del clientelismo, del enchufismo y de la falta de respeto por los principios de mérito y capacidad, del que su último exponente es el caso que nos ocupa. Eso es lo que estamos exportando a los organismos internacionales. Probablemente no desmerezca mucho de lo que envía Venezuela pero realmente creemos que España se merece algo mejor.

En conclusión, este caso es un ejemplo más de cómo en España desde hace mucho -los cargos importantes en organismos internacionales se utilizan como botín por el partido político de turno a repartir entre las personas afines, aunque previamente tengan que formar parte de un alto cuerpo de la Administración como ocurre con Jose Manuel Soria o con Magdalena Alvarez (perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Hacienda) que fue enviada como representante al BEI, aunque finalmente tuvo que dimitir por su implicación en el caso ERES. El que hayan sido pésimos gestores o incluso hayan estado más o menos involucrados en escándalos de uno u otro tipo está claro que importa poco. Pero si los allegados no son funcionarios tampoco pasa nada: siempre hay acomodo para los fieles como Wert.

El que la imagen de España se deteriore día a día gracias a este tipo de representantes como se desprende de las noticias internacionales sobre el tema  aquí o aquí está claro que a nuestros políticos les importa muy poco, aunque luego se les llene la boca hablando de la marca España. El que se cierre el paso a personas con mejor trayectoria profesional y personal mucho menos. El que el mensaje que se mande a la sociedad sea demoledor –si te comportas mal pero eres miembro de un grupo poderoso no te pasará nunca nada y te irá estupendamente- está claro que nada.

¿Es la ley solo para los tontos?

Aunque éste sea un blog esencialmente jurídico y frecuentado habitualmente por excelentes juristas, hay ocasiones, como la que me hace aparecer hoy ante ustedes, en las que no queda más remedio que realizar un poco de pedagogía jurídica al alcance de todos, y plantear unas reflexiones generales sobre lo que significa la Ley y el respeto a la misma en un Estado de Derecho como el nuestro. Viene esto a cuento después de ver las reacciones de algunos variopintos personajes ante la exclusión de Arnaldo Otegui por parte de la Junta Electoral de Guipúzcoa a la posibilidad de presentarse como candidato de Bildu a las elecciones vascas, por haber sido condenado a dos penas de inhabilitación para empleo o cargo público hasta el año 2.021. Algunos dirigentes de Podemos, de otros movimientos de la izquierda radical y de los jornaleros andaluces han manifestado su discrepancia con esa decisión de la Junta Electoral, invocando argumentos tan facilones y peregrinos jurídicamente como ser “un atentado a la democracia”, “ir contra el derecho de los vascos y las vascas” o incluso calificando tal decisión como de “terrorismo de Estado”.

Aparte de la miseria moral -con cierto tufillo electoralista, dada la proximidad de las elecciones vascas- que trasluce apoyar de esta manera a un personaje como el susodicho, resulta que para algunos lenguaraces personajes públicos el cumplimiento de la Ley debe exigirse sólo a los tontos, esto es, a todos los que no son de su cuerda, mientras que ellos -los “listos oficiales”- creen estar muy por encima del cumplimiento de aquellas Leyes que no les gustan simplemente por haber sido elegidos “democráticamente”. Como si cualquiera de nosotros, amigos lectores del blog, pudiéramos decidir no pagar el IRPF o el IBI de nuestra casa alegando que no nos gustan esas Leyes tan feas y desagradables. En definitiva, todos estos iluminados, investidos de su mesiánica y particular visión de la “democracia”, se atribuyen la posibilidad de decidir a quién se aplica la Ley y a quién no. Y cuando la Ley no les mola siempre sale que no.

Vista la situación, no queda más remedio que explicar brevemente y al alcance de todos lo que significa vivir en un Estado de Derecho. He aquí unas breves lecciones veraniegas de recuerdo:

– La primera lección es que no hay democracia sin Leyes. La democracia es un sistema de organización política de un país, mientras que la Ley es el instrumento mediante el cual se concretan y desarrollan sus instituciones. Si no tuviéramos Leyes cada uno haría lo que le diera la gana y la sociedad sería una selva ingobernable, sin orden público, servicios públicos ni estado del bienestar. Las Leyes emanan de un Parlamento democráticamente elegido y garantizan la existencia de un Estado democrático. A partir de ahí se cumplen, no se discuten o se desobedecen. Y si no gustan, o quedan desfasadas o anticuadas, se cambian, pero siempre por los mecanismos previstos legalmente para ello, y con apoyo de la mayoría. Lo democrático es cumplir la Ley, no incumplirla. La democracia no consiste en que cada uno decida qué Ley cumple y cuál no. Eso lleva al totalitarismo.

– La segunda lección es que la democracia no es un concepto de aplicación universal. Que un Estado sea democrático no significa que tenga que someterse a referéndum o a votación popular cualquier decisión que afecte a la convivencia de sus ciudadanos. Lo democrático es el origen de las instituciones, no las decisiones que éstas toman. Quien gobierna democráticamente elegido tiene que mandar y dictar normas que los ciudadanos tenemos que cumplir. No podemos discutir y votar cada día si aceptamos respetar los semáforos en rojo, si nos casamos con dos señores o señoras a la vez, o si llevamos pistolas en los aviones. Cumplir las normas es un seguro de convivencia y de democracia. Porque el problema gordo viene después: si nos saltamos las Leyes, ¿quién decide qué Leyes son las “saltables” y quién se las puede saltar? ¿Algunos iluminados que abundan en la nueva política? No, gracias.

– Y la tercera lección, muy necesaria especialmente en España, es que no se pueden disociar los derechos de las obligaciones. Una de las bases de la convivencia es que todo derecho implica también su correlativa obligación. Y si no se cumplen las obligaciones no pueden existir derechos. Yo no puedo reclamar la devolución del IRPF si antes no me han hecho retenciones. No puedo pedir una pensión si no he contribuido antes (salvo casos excepcionales de pensiones no contributivas). No puedo ir a votar si no me empadrono y me incluyo en el censo electoral. No puedo pedir que me curen una enfermedad si no me afilio a la Seguridad Social. No puedo pedir que me paguen un sueldo toda la vida si no trabajo. Todo esto, que parece sencillo, le cuesta bastante entenderlo a bastantes españolitos y a otros que viven en nuestro país. Aquí todo el mundo conoce sus derechos y nadie quiere saber nada de sus obligaciones. Y eso no puede ser. Un país no es la sede de una gran máquina de imprimir billetes de euro para ser repartidos alegremente. Si la gente no cumple con sus obligaciones no hay dinero para que podamos reclamar derechos. Esto debe funcionar como una gran vivienda familiar, en la que hay que gastar más o menos lo que se ingresa, y no se puede pedir a los padres que se endeuden continuamente.

Y aquí acaban estas breves y elementales lecciones jurídicas veraniegas que algunos necesitan en España con urgencia. Creo que no es tan difícil entenderlas. ¿O es que para los no siempre manifestados fines de algunos no interesa? ¿Es todo esto sólo para los tontos?

Afganistán: la guerra más larga de la OTAN

Con los últimos ataques del Estado Islámico (EI) en Afganistán la inseguridad en el país se ha incrementado a niveles que no se habían registrado desde la primera década de los 2000. Además de tener que lidiar con la insurgencia de los Talibanes, surgida tras su rápida derrota de 2001, donde la influencia del EI sigue creciendo en la parte oriental del país, sobretodo en la provincia de Nangarhar.

En 2015, año en el cual las fuerzas de seguridad afganas tomaron el mando de casi todas las operaciones militares en su país, los Talibanes han podido, por primera vez en 14 años, tomar posesión de un distrito completo y de su capital (Kunduz) en el norte de país. El pasado septiembre y octubre, hubo una masiva operación de fuerzas especiales estadounidenses que junto a sus aliados afganos lograron retomar la ciudad, pero con un alto costo de víctimas civiles: en dicha operación se dio el trágico accidente del bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF), que dejó a 42 muertos y más de 60 heridos.[1]

No obstante, las fuerzas de seguridad afganas retomaron el control de la situación en Kunduz y en varias partes del país luchando con honorabilidad contra el enemigo Talibán. Según las estimaciones de varios expertos, lograron ‘empatar’ la temporada de lucha del 2015.

En el mismo sentido, se observa que este año, no hubo señales de enfriamiento en el conflicto: entre los Talibanes y el Estado Islámico; las operaciones de los dos grupos siguieron a lo largo de todo el (año a lo largo y ancho del) país. Esto, producto de un invierno muy leve y con temperaturas poco extremas que cerró solo parte de los pasos fronterizos que utilizan los integrantes para llegar desde Pakistán.

Tal como refleja, el último informe de la misión de asistencia ONU en Afganistán (conocida como UNAMA por su acrónimo en inglés), se evidencian las peores cifras de víctimas civiles en el conflicto desde que la ONU ha comenzado a tener sus registros en 2009, con 5.166 muertos y heridos en los primeros seis meses del 2016.[2]

CUMBRE OTAN, VARSOVIA 2016

El Gobierno español y varios países de la coalición retiraron la mayoría o incluso todas sus tropas a finales de 2014, cuando terminó la misión de combate ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad).

El pasado 2015 comenzó la misión Resolute Support, donde las fuerzas OTAN pasaron al mandato de Train, Advise and Assist (Entrenar, Asesorar y Asistir)[3] con sus contrapartes afganos, dejando a las fuerzas de seguridad afganas la difícil tarea de mantener y sostener la paz. Esto, además de seguir luchando contra los talibanes y los llamados warlords o caudillos quienes controlan distintas partes del país.

En consecuencia, los ministros de defensa de los países integrantes de la OTAN se reunieron el pasado 8 y 9 de julio en Varsovia para discutir el futuro de Afganistán.

Entonces, la alianza prometió mantener un número significativo (alrededor de 13,000 soldados) de tropas hasta por lo menos fines de 2017 y seguir financiando con 1 billón de dólares al año a las fuerzas de seguridad afganas hasta el 2020, para que puedan defender a su país y seguir luchando contra fuerzas extremistas internas.[4]

Barack Obama declaró antes de la cumbre de Varsovia que su país seguiría con un promedio de 8.400 soldados en el país con la mayoría de ellos concentrados en el este y sur de Afganistán, donde hay una presencia significativa y operan los Talibanes.[5] Asimismo, subrayó la importancia de Afganistán en la lucha contra el terrorismo internacional, sobre todo a los grupos de Al-Qaeda y el Estado Islámico, radicado en Afganistán desde el año pasado. En virtud de lo acontecido, el próximo presidente estadounidense, que será elegido en noviembre, heredará la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

POLITICA Y ECONOMIA EN AFGANISTAN

Por ello, puede percibirse que la situación política y económica de Afganistán se ha visto complicada en el mandato que se asignó la OTAN de ayudar al desarrollo de la población afgana.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 2014 demostraron que de alguna manera se paraliza la vida política. Esta afirmación puede realizarse teniendo en cuenta el desenlace después de las elecciones. Allí, los dos principales partidos afganos se acusaron mutuamente de actuación fraudulenta, y los dos candidatos, Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, con la mediación de los EEUU llegaron a un acuerdo para repartir el poder. Ghani terminó asentándose como el nuevo presidente y su rival tomó el cargo de director ejecutivo (CEO), posición creada fuera de la constitución que logró superar el impasse de la elección presidencial.

La situación económica del país y la inseguridad llevaron a miles de afganos a salir de su país para buscar prospectivas a una vida mejor en Europa. En este sentido, se destaca que los afganos son el pueblo refugiado más representativo a nivel global después de los sirios.[6]

Hoy, el Gobierno de Kabul está intentando revivir una economía que tiene una cantidad considerable de recursos naturales (prevalentemente minerales que no son explotados por la inseguridad general en el país), una agricultura de subsistencia que logra exportar pocos productos, pero con altas tasas de exportación de drogas (amapolas) en el sur contraladas por el crimen organizado internacional. Por otro lado, octubre de 2015 puede considerarse como una fecha a tener en cuenta, si se advierte que el Gobierno implementó un impuesto del 10% en recargas de móviles para poder financiar sus actividades al mediano y largo plazo. El impuesto, es la razón que también causa incertidumbre entre ciudadanos que desconfían de un gobierno ya que no explica cómo va a gastar estos fondos. Los llamados de más trasparencia por parte de la comunidad internacional exhiben que se necesita la urgente implementación de medidas de fortalecimiento de organismos de control contra la corrupción.

Por consiguiente, puede señalarse que el mismo problema también se da en las numerosas obras de construcción financiadas por países como los EEUU, donde el SIGAR (Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán) ha investigado muchos desperdicios y proyectos que nunca se cumplieron. Como un claro ejemplo de los incumplimientos, puede mencionarse el proyecto gasífero TAPI, la remodelación de la presa de Kajaki, como así también, de varias escuelas que fueron construidas en lugares donde no había necesitad, con una malversación de los fondos cuantificada en 17 billones de dólares.[7]

Fruto del análisis del conflicto tras instalarse en marzo del 2016, el comandante general de la misión Resolute Support y de las fuerzas estadounidenses Nicholson pidió al presidente Obama más libertad para poder actuar al lado de las fuerzas afganas. El plan de Nicholson es obligar a los Talibanes aceptar las condiciones del gobierno de Kabul para encaminar un proceso de paz. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un conflicto complejo, y que debe considerarse que se trata de conflicto extenuante para todas las partes- los gobiernos aliados, los militares OTAN, y sobre todo para los civiles que se encuentran en el medio y sufren por las operaciones militares o los ataques terroristas- convierte a todos los actores en ser partícipes de la guerra más larga de los EEUU. Por lo antedicho, es necesario remarcar que la derrota total de los Talibanes no va a llegar con una campaña militar, sino con un acuerdo político, porque, aunque se trate de una franja chica de la población, representa los intereses de ciertos grupos que se encuentran en Afganistán.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

En virtud de lo expuesto, la comunidad internacional posee la difícil misión y la responsabilidad de que no se vuelva a repetir el derrumbe del gobierno afgano como en el año 1996, cuando los Talibanes tomaron posesión del país y luego hospedaron a Osama bin Laden, artífice de ataques terroristas a nivel mundial que culminaron con el ataque a las Torres Gemelas del 2001. Por ello, Afganistán y sus fuerzas armadas necesitarán toda la ayuda militar, económica y humanitaria para sobrevivir como Estado. Considerando que a comienzos de los años noventa y después del conflicto contra la Unión Soviética, las luchas intestinas quebraron el aparato estatal, es claro señalar que se necesita un estado suficientemente fuerte y autónomo que pueda proteger a sus ciudadanos y hacer que se respeten los derechos humanos que fueron violados durante el régimen de los Talibanes.

Por ello, lo que también debe considerarse, para la resolución del conflicto armado, es un manejo con más constancia y visión a largo plazo. La guerra no puede darse con cambios perpetuos de mando en la misión OTAN -últimamente los generales a cargo de la coalición no suelen permanecer en sus cargos por más de 18-24 meses- en Afganistán. Eso implica que se dé un análisis diferente del conflicto por cada cambio de mando, y también se subraye que la ausencia de un objetivo claro obstaculice a orientar a los Talibanes a discutir cuáles serán las condiciones para arribar a un certero proceso y de establecimiento de paz en el territorio.

Aquí, es válido señalar que dichos factores han imposibilitado la construcción de una política viable de largo plazo que tenga cuenta las necesidades del pueblo afgano y de la comunidad internacional para dar lugar a una paz verdadera y duradera.

En fin, si nos remontamos a los hechos históricos y hacemos un paralelismo, puede señalarse que algunos expertos consideran que si Estados Unidos, tras su retirada de Irak en el año 2011, hubiera dejado a 10.000 soldados como una reserva fiable, para mantener la estabilidad en ese país, no hubiera tenido lugar el surgimiento del Estado Islámico. Por ello, se advierte la preocupación de EEUU a que se pueda desarrollar una situación similar en Afganistán, como ya está ocurriendo en una franja controlada por el EI en la provincia de Nangarhar en sur-este de ese país. Asimismo, y en pos de obtener resultados favorables en la evolución del conflicto en Irak, EEUU tiene la oportunidad única que no se repitan los mismos errores en Afganistán. Esto, manteniendo sus tropas para formar una reserva y garantizar una situación en la cual los afganos pueden empezar a asumir sus propias responsabilidades.

[1] Kunduz bombing: US attacked MSF clinic ‘in error’ – http://www.bbc.com/news/world-asia-34925237

[2] Afghanistan: Record level of civilian casualties sustained in first half of 2016 – UN report http://unama.unmissions.org/sites/default/files/25_july_2016_press_release_civilian_casualties_mid_year_report_english_2.pdf

[3] Resolute Support mission in Afghanistan – http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm

[4] FACT SHEET: NATO Warsaw summit – https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/08/fact-sheet-nato-warsaw-summit

[5] Obama alters Afghanistan exit plan once more, will leave 8,400 troops – https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-alters-afghanistan-exit-plan-once-more/2016/07/06/466c54f2-4380-11e6-88d0-6adee48be8bc_story.html

[6] Global Trends Forced displacement in 2015 – http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf

[7] Behold: How the US blew $17 billion in Afghanistan – http://www.pri.org/stories/2015-12-18/behold-american-taxpayer-what-happened-nearly-half-billion-your-dollars?

¿Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros?

¿Por qué protestamos, ahora, de los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin vehículos y tantas infraestructuras inútiles y no lo hicimos antes de su construcción, cuando aún estábamos a tiempo de evitarlo?

¿Por qué nos indignamos ante la falta de competencia de tantos dirigentes políticos si aceptamos su nombramiento para desempeñar funciones en las que no estaban capacitados, sin hacer ninguna crítica? ¿Por qué tienen que ser buenos gestores de lo público los que antes no lo demostraron en lo privado para lo que se habían preparado?

¿Por qué les confiamos la gestión de nuestros impuestos y no vigilamos su gasto? ¿Por qué continuamos confiando en los medios que solo  denuncian una parte de la tarta de la corrupción, la que les interesa? Lo que los contribuyentes queremos es  que desaparezca toda y que los impuestos se destinen a financiar servicios públicos y prestaciones sociales y no se pierdan en su utilización partidista y/o electoralista, y en desidia e incompetencia.

¿Por qué nos quejamos de la corrupción generalizada si permitimos a los políticos que ganaban las elecciones que se repartieran el Estado como un botín, como si estuviéramos en la Edad Media y no como en los países democráticos avanzados, en los que se considera que es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno?

¿Por qué en nuestra vida privada, cuando tenemos que afrontar un tema importante, procuramos escoger al profesional que consideramos de más solvencia y seriedad, le pedimos presupuesto para calibrar su coste y acostumbramos a comprobar como les ha ido a sus clientes  y no lo hacemos en la vida pública, que es vital para nosotros? ¿Qué pensamos de un consumidor que, ante una compra necesaria y de valor, se deja llevar por la propaganda y “el carisma” del vendedor sin estudiar las cualidades técnicas de lo que necesita? Y ante el reto de una difíciles oposiciones de larga duración y de grave dificultad, ¿que pensaríamos  (de los 2) si un opositor se decide por un preparador que promete que en 6 meses y sin apenas estudiar, se puede aprobar?

¿Por qué no sospechamos que los políticos puedan tener objetivos egoístas y contradictorios con los intereses generales y que esta tendencia se agudiza en sociedades poco diligentes y maduras que descuidan su control?

¿Por qué nos escandalizamos con las entidades y sociedades que utilizan causas y agravios ciertos y graves para lucrarse en actividades que pensábamos altruistas y no hacemos lo mismo con los grupos políticos que, denunciando graves lacras sociales cuando están en la oposición, se olvidan de los  problemas básicos de los ciudadanos, como el paro, cuando acceden al poder?

¿Por qué les seguimos en sus proyectos y sueños, que sólo ellos se benefician, sin exigir que nos aclaren el camino, los riesgos que pueden recaer en nosotros, el destino final y lo que nos va a costar ya que, como se ha demostrado reiteradamente, acabamos siendo los únicos “paganos”?

¿Por qué confiamos que resolverán el grave problema del paro los que reiteradamente han demostrado en sus anteriores gestiones que no lo hicieron?

¿Cuando aprenderemos, de una vez, que el destino económico de un país y del empleo no depende de las promesas de los políticos, que reiteran en cada elección, sino del éxito en los mercados de sus productos y servicios?

¿Cuándo reservaremos el nombre de progresistas a los políticos que hacen progresar el nivel de vida de sus pueblos y no sólo el de ellos? ¿ Quienes son más progresistas y quieren más a sus pueblos, los dirigentes “a lo Maduro” que llenan las calles de grandes muchedumbres, entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidas las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales o los discretos políticos chilenos que no buscan enemigos exteriores para sus problemas porque han concluido que es el camino del esfuerzo, de la calidad educativa y la formación laboral y del cumplimiento de las leyes y obligaciones el único que puede hacer realidad las promesas políticas?

¿Cuando consideraremos “el político que quiere más a su pueblo» al que recauda los impuestos justos, a quien su principal ocupación es la promoción y ejecución de  un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad?

Si volvemos al mismo río donde las corrientes de la incompetencia en la gestión pública, la utilización partidista de la política económica, del gasto, del empleo, de las empresas y entidades públicas, la sobredimensión del estado autonómico, la falta competitividad de la economía… nos llevaron a la gran crisis  ¿por qué vamos a solucionar nuestros males si agrandamos los problemas que los ocasionaron y encima con la enorme mochila de la deuda anterior?

Y, finalmente ¿no es un buen momento para ir exigiendo a los gestores públicos y para las situaciones de malversación y apropiación de caudales públicos, de negligencia e incompetencia grave y de incumplimiento fraudulento de compromisos sociales, un ámbito de responsabilidad semejante al que se aplica a los ciudadanos?

Aunque, si ante los graves problemas económicos y sociales no reconocemos nuestra responsabilidad en la elección y en la vigilancia de los gestores públicos y descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

Un día, un amigo alemán, alarmado por el nivel de corrupción y de incompetencia política nuestra me dijo que, en Alemania, saben que estas cosas no pasan por casualidad y que se reproducen y amplían por la desidia y falta de diligencia de la ciudadanía y de sus entidades sociales más representativas. Y me dejó la siguiente recomendación que allí era muy popular: En la política, la confianza es buena pero el control es mejor.

 

El inglés en la Unión Europea después del Brexit

Acaba de producirse una circunstancia relevante con relación a la política lingüística de la Unión Europea (UE): el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea (“Brexit”). Los ciudadanos británicos han decidido que su país abandone la UE y esto ha de tener consecuencias en diversos ámbitos.

Según la propia Comisión Europea, “el multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la UE, que cuenta con 24 lenguas oficiales.Las personas que viven en la UE pueden acceder a la legislación y los principales documentos políticos de la UE en la lengua oficial de su país. También tienen derecho a escribir a la Comisión y a recibir la respuesta en esa lengua.Los diputados al Parlamento Europeo pueden emplear cualquiera de las lenguas oficiales de la UE cuando se dirigen al Parlamento”.

Esto no es del todo cierto, pues no todas las lenguas oficiales gozan del mismo trato. La promoción que se hace en la UE del inglés, francés y alemán es claramente discriminatoria y así lo dicen los tribunales comunitarios. Se han llegado a anular convocatorias de oposición que obligan a los candidatos a elegir el alemán, el inglés o el francés como segunda lengua y como lengua de comunicación de la institución europea convocante.

Además, la mayoría de los documentos e informaciones que aparecen en los diferentes sitios oficiales en internet de las instituciones de la Unión Europea aparecen en inglés, francés y alemán. Incluso documentos con relevancia jurídica para los ciudadanos aparecen exclusivamente en inglés. A título de ejemplo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publica ciertos documentos con contenido de interpretación jurídica exclusivamente en inglés, argumentando que “esta es una posición de sentido común: una obligación generalizada de traducir uno por uno todos los documentos relacionados con «la actividad ad extra»  de ESMA no tendría proporción con los hipotéticos beneficios. De hecho, ESMA gastaría mal sus recursos limitados”.

Las lenguas oficiales de la UE lo son por ser lenguas oficiales de los Estados miembros. Con el inglés como lengua oficial en la Unión no queda ningún país, pues Irlanda y Malta eligieron el gaélico y el maltés.

Parece claro que no queda argumento plausible, y menos jurídicamente aceptable, para que el inglés sea, además de oficial, lenguade trabajo de las instituciones de la UE y que tenga la preponderancia que tiene actualmente.El inglés no es lengua preponderante en la UE por ser una lengua internacional (hablada en muchos países y por muchas personas), pues no existe título jurídico para ello y, además, pondría en evidencia el trato evidentemente discriminatorio dado al español en las instituciones europeas. Como le dijo el director del Instituto Cervantes, García de la Concha al Ministro de Asuntos Exteriores, señor García-Margallo: “Si miramos a la Unión Europea, encontramos el español detrás del inglés, del francés y del alemán. Tu sabes mucho más de lo que ocurre en la Comunidad, pero tal vez esto tengan que ver con la consideración de segundones lingüísticos que a los países mediterráneos se nos otorga en Bruselas”.A pesar de que más de 500 millones de personas hablan nuestra lengua en todo el mundo, es el idioma oficial en más de 20 países y el número de estudiantes que eligen el español como lengua extranjera no para de crecer.

Tanto el Parlamento Europeo como el Defensor del Pueblo Europeo han exigido a la Comisión Europea que “debe garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan comprender sus consultas públicas, que, por principio, deben publicarse en todos los idiomas oficiales. No obrar de este modo constituye un caso de mala administración”. Ante el caso omiso del ejecutivo comunitario, la Defensora del Pueblo ha vuelto a la carga abriendo una nueva investigación. Además, está estudiando el caso citado de la ESMA.

El “Brexit” obliga a las instituciones comunitarias a revisar su política lingüística y, parafraseando al señor Juncker, presidente de la Comisión, as soon as possible. Y el próximo Gobierno español que resulte de las recientes elecciones debería concebir y ejecutar una política (europea) tendente al pleno reconocimiento del español como lengua de trabajo en el ámbito de la UE. Si el inglés continúa utilizándose como lengua de trabajo de la UE con Gran Bretaña fuera, la discriminación del español (lengua claramente internacional) es patente e inaceptable.

La lista de morosos y defraudadores de Hacienda no sirve para recaudar deudas

En el siglo XX se inventaron las listas de morosos con un triple propósito; primero, escarmentar a los deudores recalcitrantes haciendo pública su condición; segundo, dándoles un buen motivo para pagar sus deudas, ya que si querían que sus nombres desaparecieran de la lista negra, no les quedaba más remedio que pagar; y tercero, enviar un aviso a navegantes, es decir, para prevenir el riesgo de impago, ya que los proveedores pueden consultar el registro antes de otorgar crédito a un moroso empedernido y de este modo evitar entrar en riesgo.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emprendió hace unos años una implacable cruzada contra los defraudadores fiscales y morosos del Estado Español. En este marco de lucha contra el fraude tributario, consiguió que la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que modificó la Ley General Tributaria, añadiera el artículo 95 bis, referente a la “publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias”. Bajo este eufemismo, se esconde la autorización a Hacienda para publicar la lista de morosos con las arcas del Estado; en concreto aquellos que deben más de un millón de euros. Vale la pena señalar, que la ley contó con el voto a favor del PP y el rechazo de la oposición, que criticó, en especial, que la reforma no posibilite que se conozca el nombre de quienes se acogieron a la denominada amnistía fiscal en 2012. El objetivo del Ministro fue que esta medida coercitiva sirva para que muchos deudores se pongan al día con Hacienda. Por ese motivo, a este listado se le denomina coloquialmente como la “Lista Montoro”.

Dejando aparte consideraciones como las garantías constitucionales relativas a los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos, la publicación de los listados me lleva a hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, me pregunto ¿por qué se coloca el listón tan alto?, un millón de euros es mucho dinero; esto permite que deudores con cantidades impagadas importantes escapen a la difusión pública. Hubiera sido más lógico poner el listón en 120.000 euros, que es el importe con que el Artículo 305 del Código Penal delimita el delito fiscal. En segundo lugar, el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado que la lista de morosos informará de las deudas impagadas de medianas empresas, pero no ha incluido a los mayores defraudadores; por ejemplo, a los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ni los nombres de la célebre Lista Falciani.

En tercer lugar, comparto totalmente la opinión de Gestha, que piensa que en la lista también deberían constar los nombres de los grandes defraudadores a los que la Agencia Tributaria ha descubierto importantes deudas y ha sancionado a pesar de haber pagado o aplazado multas millonarias en el plazo reglamentario.

En cuarto lugar, también estoy de acuerdo con la opinión de Gestha que afirmó que la publicación de la lista con los delitos fiscales incluye a las personas y empresas condenadas por sentencia firme, pero no se conocerán las deudas millonarias descubiertas a las mayores empresas del país que generalmente no se envían a la Fiscalía por entender la AEAT que las grandes corporaciones no tienen ánimo defraudatorio.

En quinto lugar, la lista solo será accesible durante tres meses desde su publicación y se impedirá la indexación del contenido de la lista a través de motores de búsqueda en Internet; o sea no se podrá hacer la búsqueda en Google de la lista de morosos; en consecuencia, para poder ver los datos habrá que acudir directamente a la dirección de Internet donde se publiquen, teniendo en cuenta que los listados dejarán de ser accesibles a los tres meses de su fecha de publicación; por tanto hay que descargarla lo antes posible. Esta circunstancia hace que la utilidad de la lista para ejercer presión sobre los contribuyentes morosos y dejarlos al descubierto sea más bien escasa. Lo lógico hubiera sido indexar en Google, y en el resto de buscadores, los nombres de los defraudadores con el fin de afectar la reputación de los morosos y motivarles a que paguen su deuda. Asimismo, la indexación en los buscadores hubiera permitido una consulta sencilla de los datos de los deudores con Hacienda para lograr el objetivo de la prevención de la morosidad; puesto que si una empresa o persona no paga sus impuestos, todavía menos pagará a sus proveedores. Para ello, hubiera resultado muy útil que los datos del deudor pudieran aparecer en internet.

De todas maneras, el listado ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación y los diarios digitales, por lo que la relación de nombres se puede encontrar incluso ordenada de mayor a menor importe de deuda. En consecuencia, resultará imposible la pretensión del Ministerio de Hacienda de conseguir que el listado de moroso fiscales caiga en el olvido después de los tres meses y que desaparezca la información de internet.

Y, en sexto lugar, ya que el profesor Montoro también es Ministro de Administraciones Públicas, la lista debería incluir a las administraciones que incumplen con la obligación de pagar dentro del plazo legal de 30 días que marca , tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, ya que muchos de ellos son morosos contumaces.

Otro punto es que el 30 de junio salió publicada la segunda lista con los nombres de los mayores defraudadores fiscales y morosos. Según este listado, el importe de las deudas y sanciones, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015, asciende a más de 15.700 millones. El número total de morosos y defraudadores asciende a 4.768; un 1,8 % menos que en la lista anterior, de los que 336 son personas físicas y 4.432 son sociedades.

Sin embargo, Gestha ha asegurado que el importe de la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, sólo es el 30 % del total de deuda pendiente de cobro por Hacienda, que asciende a 52.226 millones; suma que equivale a la mitad del primer rescate de Grecia. Además, Gestha declaró que, de acuerdo con el ratio de cobro de estas deudas que el Gobierno ha reconocido, se podrían perder unos 8.834 millones de las deudas de este listado, ya que el 42% de la cantidad adeudada pertenece a sociedades que se encuentran en concurso de acreedores e incluso en proceso de liquidación. De hecho, en los últimos 10 meses, entre el 31 de julio de 2015 y el 1 de junio de 2016, únicamente se han recaudado 312 millones de 1.500 deudores que figuraban en el primer listado, lo que supone apenas el 2% del importe moroso de la primera lista. Asimismo, Gestha sostiene que con motivo de la publicación anterior, el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro, pues incluso la mora ha aumentado en estos seis meses. En consecuencia, parafraseando al gran Keynes, podemos decir que si debes a Hacienda mil euros tienes un grave problema, pero si debes un millón, el problema es de Hacienda para recobrarlo.

Podemos comprobar, que la principal función del listado de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, no es recobrar los importes adeudados al erario público, sino escarmentar a los morosos con el fisco. Este tipo de escarmiento me recuerda a la bárbara costumbre que existía en España en el medioevo, cuando la tradición popular obligaba a los morosos a pasearse por las calles de la ciudad subidos encima de un burro y vestidos con túnicas con grandes cruces rojas y con una coroza en la cabeza, para que todo el mundo supiera que no pagaba sus deudas. Durante el paseo el pueblo podía mofarse del infortunado deudor, insultarle e incluso tirarle toda clase de objetos. El escarnio público debía servir para escarmentar a los morosos y disuadir a los demás ciudadanos de caer en la tentación de convertirse en malos pagadores; aunque en aquella época los deudores más desafortunados acababan linchados por la turba.

El primer lugar del ranking de la nueva “Lista Montoro” lo ocupa Reyal Urbis, con una deuda que supera los 368 millones, seguida a bastante distancia por Nozar con 203 millones. Puede observarse que el sector del ladrillo tiene una deuda conjunta con las arcas del Estado que supera los 6.200 millones de euros, equivalente a un 40% del total. Lo peor de la deuda de los señores del tocho con Hacienda, no es sólo su enorme volumen, sino la escasa posibilidad de que ésta sea liquidada en el futuro. Muchas de las empresas relacionadas en la lista se encuentran en concurso de acreedores, y, además, un buen número de ellas ya han iniciado directamente la fase de liquidación con un volumen de deuda muy superior al valor actual de sus activos.

Ahora bien, yo creo que lo que más atención ha despertado a los medios, han sido los nombres de determinadas personalidades y personajes bien conocidos por el público. Sin embargo, el moroso nº1 en el ranking de personas físicas, Agapito García Sánchez, es un desconocido para la sociedad, y si no fuera por su peculiar nombre de pila hubiera pasado desapercibido; pero con un importe de más de 19 millones de euros de deuda tributaria ha superado a Dani Pedrosa –quien no ha conseguido rebasar la meta de los 8 millones de euros– e incluso dejar atrás al mismo Mario Conde (que no ha llegado a los 10 millones de deuda acumulada). El contribuyente que cierra el ranking de los Top 10 de personas físicas con más deuda tributaria, es el antiguo juez Luis Pascual Estevill, con un importe de 5.426.485 euros.

Vale la pena señalar, que bastantes personajes famosos pasan desapercibidos, puesto que sólo aparecen los nombres de sus sociedades, y requiere un arduo trabajo de investigación relacionarlos. En último lugar del listado hay un ciudadano que ha tenido el infortunio de adeudar 1.000.077, y por esos 77 euros que superan el millón, figura en la lista con nombre y apellidos; ¡qué mala suerte! Este contribuyente debe pensar que no hay derecho, ya que de haberlo sabido, hubiera pagado sin rechistar los 77 euros a la Agencia Tributaria y así no habría salido en la dichosa lista.