Urgente moderación (el discurso del Rey)

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Coescrito por Ignacio Gomá Lanzón e Ignacio Gomá Garcés, padre e hijo y residentes en Gerona desde 1997 hasta 2005 (y veraneantes hasta el presente), región que amamos y que queremos seguir visitando:

Los hechos de los últimos días han producido en todos –al menos en nosotros, en nuestra familia y nuestros amigos- un verdadero golpe emocional, no por esperado menos doloroso. Al alba del día uno, las primeras noticias informaban de que los mossos no estaban haciendo lo que les correspondía ni previsiblemente lo iban a hacer más adelante. No por probable menos indignante. Sin duda, era tarea ardua y complicada –quizá imposible- pero no cabe duda de que tampoco lo intentaron, lo cual no hace sino alimentar la desesperanza de muchos.

Un poco después, al filo de las ocho, nos enteramos de que Guardia civil y Policía se desplegaban. Vaya, parece que algo se va a hacer. Reconocemos que nuestra reacción fue doble: una primera irracional, de cierta alegría, al constatar que el Estado de derecho recibiría satisfacción y que quizá los insurrectos no conseguirían su propósito, y otra más racional, sobre todo al ver las escenas y constatar que en muchísimos sitios se estaba votando tranquilamente, que consiste en pensar que mal asunto es hacer algo que solo te da mala imagen y que encima no consigue su objetivo.

¿Que las fuerzas de seguridad actuaron porque era su obligación ante un mandato judicial y además lo hicieron, en términos generales, muy profesional y proporcionalmente? Sí, de acuerdo, pero en este lío endiablado lo importante es entender que en política no basta con actuar, sino que hay que hacerlo a tiempo. Ya lo decía Michael Ignatieff en su famoso libro Fuego y cenizas: “El medio natural de un político es el tiempo. Un intelectual puede estar interesado en las ideas y las políticas en sí mismas, pero el interés de un político reside exclusivamente en saber si el tiempo para una determinada idea ha llegado o no”. Como hemos tenido oportunidad de clamar en este blog muchas veces (en modo desierto), el 155 debería haberse aplicado mucho antes y debería haberse encarcelado a unos cuantos para disuadir al resto. Es más fácil reducir a 3 o 300 que a 300.000. Pero no pudo ser, como dicen los locutores deportivos.

Como era de esperar, ante estas escenas de fuerza se produce el fenómeno que tiene lugar en la vida normal en la sociedad del espectáculo en que nos encontramos y que tan bien describe Lipovetski: una lucha en las redes sociales en la quien gana quien nos muestra el video o la foto más dramática y chocante y que nos produzca la impresión más grande, con los correspondientes “me gustas” y retuiteos. Y es que, como decía Josep Borrell durante la presentación de su nuevo libro este martes: “En política, la percepción es la realidad”.

En el lado en el que nos encontramos cunde una sensación de desánimo ante la imagen del voto de los principales gerifaltes insurrectos y las declaraciones del presidente del gobierno, que considera que como el referéndum es nulo, no se ha celebrado y, por tanto, no pasa nada. Vamos, que como si se tratara del artículo 33 de la Ley Hipotecaria, en función del cual la inscripción no convalida los actos nulos. Las abstractas apelaciones a la unidad y a la grandeza del país, leídas en tono frío, no trasmiten serenidad y paz, sino más bien parecen las declaraciones de un capitán de barco que recibe un torpedo y que se limitara a calmar a los viajeros diciendo que el torpedo no ha pasado la ITV de Torpedos. Sánchez comienza a hablar de Estado de Derecho – y eso inicialmente nos tranquiliza-, pero luego se tuerce al hablar de negociación y diálogo, que es la muletilla que suele usar el que no quiere tomar una determinación, porque no le interesa, y cree que apelando al medio puede cambiar el fin, como si tuviéramos que ir a Santiago y uno nos dijera que previamente tenemos que elegir la carretera.

A continuación, un sentimiento de desánimo y preocupación se acrecienta a medida que muchos ciudadanos tenemos la oportunidad de ver imágenes de votaciones en iglesias, canciones, himnos y movilizaciones populares, con un inquietante parecido al Tomorrow belongs to me de Cabaret (ver aquí y fijarse en las últimas palabras: “¿Estás seguro de que podremos pararlos?”). Los que hemos vivido por allí sabemos que en Cataluña convive una gran mayoría de buena gente que quiere vivir en paz, tenga o no sus quejas y reivindicaciones lógicas y atendibles, y una minoría muy movilizada y radicalizada que en los últimos tiempos, de una manera estudiada y planificada, ha ido tomando todos los resortes del poder social y político y ahora está ejerciendo sobre la otra una presión que, a falta de palabras más específicas, cabría denominar totalitarismo nacionalista, con ribetes xenófobos y fascistas. Conviene no olvidar esto. En los últimos días hemos recibido personalmente testimonios de familiares próximos en los que la locura excluyente se ha exacerbado y cuestiones que antes no hubieran generado problema hoy son graves ofensas que justifica cortar relaciones. Familias literalmente rotas; compañeros que abandonan Cataluña; amigos que dejan de serlo… Éstas son, señores, las consecuencias de la depravación moral de la que adolece una buena parte de la población de Cataluña y prácticamente todos sus dirigentes.

La sensación ya no es de preocupación sino de indignación; sobre todo después de ver acoso a policías que son expulsados de hoteles, banderas españolas pisoteadas, comisarias rodeadas, peleas callejeras y puro odio hacia gente con banderas españolas. Estas imágenes nos sulfuran hasta tal punto que nos saca lo peor de nosotros mismos, fabulamos con imágenes de violencia en la que quienes consideramos nuestros enemigos son destruidos, sobre todo cuando constatamos que no hay nadie al otro lado que nos defienda.

Antes de abordar la conclusión de este post, es importante hacer dos matizaciones, porque en situaciones de obnubilación podemos equivocarnos: no se ha insurreccionado Cataluña, sino una parte de ella que no ha conseguido tener más del cincuenta por ciento de los votos en las últimas elecciones, no obstante lo cual se siente legitimada para acabar con todo. Como avanzábamos antes, ayer acudimos juntos a oír a Piqué, Borrell y de Carreras en la presentación de su libro Escucha, Cataluña, Escucha España, que insistían acertadamente en esta idea.

Por eso, debemos resaltar que nosotros no condenamos a Cataluña, sino el extremismo que unos pocos perpetran, y todo ello porque su irracional discordia no conduce sino a todo aquello que aborrecemos y que a tantas tragedias nos ha arrastrado durante la historia. Y es por esa misma razón que nuestra democracia debe condenar y condena un nacionalismo que viola la Constitución, la ley y las reglas más elementales de convivencia democrática. Y ante esto, queridos amigos, no cabe sino ejercer una acción política inteligente y eficaz que restablezca el orden entre los insurgentes.

Segunda matización: somos una gran nación que no puede ser disuelta así por así. No por una regla divina, sino porque es producto de sus instituciones, reglas escritas o no escritas entre las que están también su historia y su tradición. Y no debemos autoflagelarnos por sus defectos, como se decía aquí, porque cabe la evolución. A nadie se le escapa que el ineficiente funcionamiento de nuestras instituciones ha hecho mella en esta crisis territorial de tamañas dimensiones. Tenemos unos gobernantes incompetentes y unas instituciones capturadas en un importante grado y ello es ciertamente parte del problema, porque la ineficiencia de esas instituciones impide la correcta adaptación de los recursos a los retos que nos va poniendo la vida. La crisis económica y la crisis territorial han puesto de manifiesto en toda su crudeza esa crisis de nuestras instituciones y la necesidad no sólo de atender a los problemas urgentes e inmediatos de orden público, sino también a las ineficiencias de fondo. Sin duda habremos de plantear en su día una reforma. Pero ahora urge que el Gobierno se demuestre capaz de afrontar este desafío, porque su insoportable inacción a muchos nos resulta también extremista. Extremadamente torpe, incapaz, molesta y cobarde.

En cambio, en su discurso de esta noche, el Rey ha demostrado un compromiso mucho más firme con la democracia,  con la unidad y con la integridad del país, que agradecemos y cuyo mensaje de esperanza, especialmente en los últimos días, hemos echado en falta en el Presidente del Gobierno. Hoy, igual que en el 23-F, el Rey ha dado valientemente la cara por todos nosotros cuando más se le necesitaba. También nos ha pedido calma, serenidad y determinación ante esta crisis, porque, dice, la superaremos. Convenimos en esto, pero con un inciso: nosotros, además, apelamos a la urgencia. A la urgencia de emprender una acción moderada en defensa de lo más digno que puede ser objeto de defensa: la igualdad de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y la unidad de España.

Y no lo pedimos por prisa o por capricho (o no sólo por eso), sino que porque estamos convencidos de que, si no somos capaces de ofrecer una pronta respuesta a este desafío, otros lo harán. Una vez llevada a cabo esta acción moderada, pero determinada y firme, en defensa de lo anterior, hablaremos de generosidad y diálogo. Pero nunca antes, pues la decepción y la indignación que, hoy por hoy, sufrimos muchos debe ser satisfecha aunque sea por una razón ulteriormente práctica: evitar que éstas sean alimentadas por los sentimientos equivocados. Y es que, si la moderación democrática demuestra no funcionar ante el desafío antidemocrático, las consecuencias serán nefastas e imposibles de imaginar. Evitémoslo. Evitémoslo, pero ya.

¿Por qué te vas de Cataluña?

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(3 de Octubre, escribo con rapidez porque en cualquier momento entran piquetes en la notaría).

Domingo 1-O, diez de la noche. He tomado la decisión de irme de Cataluña. Todo ha sucedido muy rápido, lo he decidido al bajarme de la moto, y es que no he sabido controlarme.  Ese ha sido el punto de inflexión.

Acabo  de salir de un restaurante donde he ido a cenar con la familia. Subo a la moto con mi hija Catalina, síndrome de down, y en el camino de vuelta a casa, en la calle Amigó, zona pija de Barcelona (no imagino lo que será en otros barrios por debajo de Diagonal), nos envuelve el ruido de las cacerolas. ¡No aguanto más… y grito! Un grito ridículo de “Viva España”, levantando al tiempo el puño del manillar. La gente se vuelve aún más enloquecida, y nos empieza a insultar desde los balcones, mientras avanzamos lentamente. Grito más fuerte. Mi hija se parte de risa. Vive este drama de forma feliz e inconsciente. Igual de inconsciente soy yo, que la estoy poniendo en peligro… en cualquier momento nos cae una piedra en el casco, pues yo, -que hasta hace unos días no era más que un vecino-,  ahora soy su enemigo. Ellos deciden que el ruido de la cacerola es “libertad de expresión” y  mi grito es “una provocación”. De repente un soniquete me da cierta vida: es el “Que viva España” de Manolo Escobar; casposo y enrojecedor, pero me da aliento para seguir gritando.

Me he dado cuenta de que, hasta hoy, me he estado escondiendo, al igual que la mitad de mis conciudadanos, por temor, por desidia, por esperar que el Estado resuelva “el problema”. Pero llega tarde porque lo que siento ahora es que me odian.

Cuando me bajo de la moto, estoy convencido de que, esta etapa sensacional, en esta maravillosa tierra donde he hecho grandes amigos, ha llegado a su fin. Afortunadamente mi profesión me permite trasladarme. Soy la envidia de muchos por ello.

Sin embargo, no me puedo librar de lo que está por llegar: Lo peor. No tardará en llegar toda la artillería pesada de ese Estado de Derecho que me protege. Sucede que ese “mal necesario” resolverá el problema político, pero habrá mucho dolor y llanto, y dejará una atmósfera irrespirable.

Mi mujer y mi hijo de once años ya no podrán llevar en la muñeca la banderita de mi país, porque tendrán miedo. El Domingo tendremos que elegir parroquia en la que el cura no nos sermonee a favor del Procés. El sábado no iré a ver al Barça por temor a verme envuelto en un asalto al campo. Pero lo que peor llevo es la cena que tendremos con unos amigos “que piensan de forma distinta”. Cuando les cuente que acabo de colgar en el balcón de mi recién comprada casa  el cartel de “Se vende”, me dirán que qué locura es ésta, ¿Por qué te vas? Preguntarán.

“Porque no quiero que mis hijos convivan con el odio entre dos bandos”. Eso le diré y añadiré: “Todos hemos dejado que así sea y tardaremos años en reponerlo”.

 

Creced, multiplicaos

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¿Procrear compulsivamente para así dejar de pagar alimentos?

Llama mucho la atención la manera de presentarse algunas noticias judiciales ante los medios de comunicación. Se ha podido leer en los últimos meses este titular: «El Supremo rebaja la pensión a un padre divorciado porque ha tenido más hijos». Y como única explicación, en letra más pequeña: «El tribunal considera que no hay distinción entre unos y otros hijos».

La sentencia del Tribunal Supremo es de 1 de febrero de 2017, y trata de un tema ya recurrente en materia de crisis matrimoniales: una vez ha quedado establecida una pensión de alimentos para los hijos menores del matrimonio en cuestión, ¿puede después el progenitor obligado al pago exigir que se vea disminuida la misma por la sola circunstancia de que haya tenido nuevos hijos en una nueva relación de pareja?

Y la respuesta es que no. Tendrán que darse otras circunstancias añadidas, porque lo que no vale es que el nacimiento de nuevos hijos suponga que los hijos primitivos deban comenzar a hacer dieta muy baja en calorías, pues no les queda ahora más remedio que comer menos. Y también vestir de trapillo. Que les quede muy claro a las asociaciones de padres separados y divorciados, que toman de la sentencia solamente lo que les interesa para que parezca que el Supremo dice lo que no dice. Proclaman sin rubor, además, que si los hijos anteriores ya son mayores de edad pero aún no tienen autonomía económica, entonces prevalece el derecho de los nuevos hijos, aún menores, a ser mantenidos, y ello por exigencias de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Es decir, que la ONU dice que sólo los menores constituyen una categoría de hijos que comen, consumen luz y agua, se lavan con jabón y hasta el pelo con champú, y se visten y se calzan, y cogen el autobús y el metro, y su ropa se plancha y su habitación se barre.

Aseguro que no sería capaz de aprobar ni en cien años a un alumno que dijera en un examen, aunque solamente fuera una vez, las mamarrachadas que se leen últimamente en algunos escritos forenses que quieren hacer creer que lo anterior es verdad gracias a las nuevas sentencias.

Se han dado hasta ahora dos tesis que se presentan como enfrentadas, aunque en realidad no lo están tanto. En algunas Audiencia Provinciales se decía que el caballero que deja tras la crisis varios hijos, lo que tiene que hacer es calcular con mucho cuidado si se puede permitir tener más hijos, pues las necesidades de los hijos primitivos no van a ser menos por ser más los hijos a su cargo. Se trata de sentencias que niegan que exista cambio de circunstancias porque el aumento de las necesidades económicas se ha producido de forma voluntaria por el obligado a su pago: si él quiere tener más hijos, que los tenga, pero ello no puede repercutir en detrimento de los hijos anteriores. La nueva situación, en fin, deriva de un acto voluntario y consciente (SSAP de Valencia de 6 de marzo de 2.008 y 19 de junio; Madrid de 3 y 13 de febrero de 2.009; Málaga de 17 de octubre de 2.007; Pontevedra de 15 de febrero de 2.006; Sevilla de 29 de diciembre de 2.003; Cuenca de 28 de junio 2011; Santa Cruz de Tenerife de 16 de febrero 2012, entre otras).

En contra, otras Audiencias Provinciales resuelven sobre la base de que las pensiones se fijan atendiendo al caudal y medios del obligado y a las necesidades del beneficiario, y el nacimiento de un nuevo hijo es un hecho nuevo susceptible de alterar la situación preexistente y, con ello, de reducir las prestaciones establecidas a favor de los hijos de una anterior relación (SSAP de La Coruña de 3 de noviembre de 2.005; Badajoz de 4 de diciembre de 2.002; Cádiz de 22 de enero de 2.002, Las Palmas de 2 de febrero de 2.001; Vizcaya, de 20 de diciembre de 2.006, entre otras).

Pues bien, ¿qué decide el Tribunal Supremo? Trataré de resumirlo de modo casi telegráfico:

1º Lo que dice esta tan cacareada sentencia no es nuevo, pues ella misma cita otras sentencias del Alto Tribunal anteriores y que ya dijeron lo mismo: las SSTS de 30 de abril de 2013 y 21 de septiembre de 2016 (dos sentencias que, por cierto, negaron a un padre el derecho a exigir una rebaja de las pensiones). Nada nuevo bajo el sol.

2º El nacimiento de nuevos hijos determina una redistribución económica de los recursos económicos de quienes están obligados a alimentarlos para hacer frente a sus necesidades, porque no es lo mismo alimentar a uno que a más hijos, pero si es la misma la obligación que se impone en beneficio de todos ellos. Perogrullesca afirmación, pero es del Tribunal Supremo. Nada nuevo tampoco.

3º El hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del obligado al pago, no excluye que la obligación pueda modificarse a la baja para los hijos anteriores, dado que todos los hijos, antiguos y nuevos, tienen el mismo derecho a ser alimentados.

4º Pero, admitido que el nacimiento de un nuevo hijo pueda suponer una modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de fijar inicialmente las cantidades, eso no significa que el solo hecho del nuevo nacimiento deba suponer que las prestaciones hayan de modificarse, pues esto no es una operación aritmética y no todo consiste en cambiar el divisor para que cambie el cociente.

5º O lo que es lo mismo, habrán de valorarse todas las circunstancias concurrentes. Para oponerse a quienes están ya utilizando estas sentencias del TS de manera tramposa, habrá que preguntar, por ejemplo, si esos nuevos hijos tienen madre. Es de suponer que alguna tendrán, y si es así, ¿tiene ella ingresos propios? ¿Cuál es la fortuna que tenía el padre que venía pagando 3000 euros por sus tres hijos y pasa a tener otro más con su segunda esposa, pero ella resulta que es miembro de una multinacional farmacéutica de alto copete? ¿O es que ella no ha de contribuir acaso al sustento del hijo común?

5º En definitiva, dice la sentencia, “el nacimiento de un nuevo hijo no basta para reducir la pensión alimenticia del hijo o hijos habidos de una relación anterior, ya fijada previamente, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es ciertamente insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad, y (…) ponderar no solo las posibilidades económicas del alimentante sino las del otro progenitor que tiene también la obligación de contribuir proporcionalmente a la atención de los alimentos de los descendientes”.

Con todo, hay quien parece dispuesto a decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que la nueva jurisprudencia se resume con un consejo muy simple, en alguna manera extraído del Libro del Génesis: «¿Queréis dejar de pagar alimentos? Pues creced, multiplicaos, llenad la Tierra».

Como cebras.

Toda gran vergüenza puede ser también una gran oportunidad

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Tras la jornada de ayer afirmó Puigdemont que “las cotas de vergüenza a las que ha llegado el Estado le acompañarán para siempre”. En esta ocasión tiene toda la razón. Este espectáculo vergonzoso del que hemos sido testigos desplegado a los ojos de mundo entero ha hecho mucho daño al prestigio de España, incluido al de Cataluña, por supuesto. Estas efervescencias nacional-populistas producen miedo y asco en Europa, por mucho que alguno no quiera todavía darse por enterado. Pero también la producen la incapacidad del Estado español de encontrar un cauce civilizado a estas reivindicaciones. El bochorno ha sido completo.

Pero de puertas adentro el daño es todavía mayor, porque los grandes protagonistas de esta gigantesca irresponsabilidad siguen hoy en sus despachos y no sabemos por cuánto tiempo, aunque sospechamos que demasiado. Los responsables principales, evidentemente, son los líderes políticos catalanes, que con absoluto desprecio a la normas democráticas se han empeñado en orquestar un simulacro de votación absolutamente falto de legitimidad. Le aseguramos que la historia, Sr. Puigdemont, no le le va a tratar con cariño. Esperemos que tampoco el Estado de Derecho, si es digno de ese nombre.

Pero al Sr. Rajoy también le toca la suya. Su incapacidad y su cobardía política se han puesto de manifiesto hasta límites que hasta en España resultan inéditos. Ha presenciado la formación de esta ola con total pasividad, sin oponerle iniciativa política de ningún tipo, delegando en el resto de poderes del Estado el protagonismo que solo a su Gobierno corresponde. Y sospechamos con bastante seguridad que esa va a seguir siendo su actitud en el futuro.

Dentro de lo abiertas que estaban las posibilidades , el ilegal referéndum convocado por la Generalitat se ha desarrollado más o menos como cabía esperar. Se ha votado, aunque de manera caótica, y eso pese a que la única apuesta de Rajoy era que tal votación no se produciría.  Se han producido las escenas de violencia que los independentistas deseaban para dotar de cohesión a los suyos y despertar la simpatía en el extranjero y en parte de la izquierda que empezaba a fallarles a medida que se iba poniendo de manifiesto que su ideología es tan reaccionaria como la de cualquier nacionalismo. En fin, aunque gracias a la limitada intervención de la policía -y a su profesionalidad- se hayan producido un número de heridos relativamente reducido para lo que podría haber ocurrido, lo cierto es que todo ha sido muy lamentable.

A nuestro juicio, decida o no la Generalitat declarar unilateralmente la independencia, al Estado no le queda otra que activar el artículo 155 y quizás también otros instrumentos jurídicos si siguen los desórdenes públicos. El Derecho no es Derecho si no existe la posibilidad de imponerlo. El gran progreso que supone la existencia de un Estado de Derecho y el monopolio de la violencia legítima por parte de aquel desaparece totalmente si no estamos dispuestos a imponer la ley por la fuerza cuando es necesario. No cabe ser ingenuo en esto.  La alternativa a imponer la ley por la fuerza no es la paz, sino la ocupación del poder por otras personas al margen de la legalidad, sin legitimidad para hacerlo y con grave riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos.

Esa iniciativa constitucional debe tener como principal finalidad la celebración de unas elecciones autonómicas en las que los catalanes voten de verdad, con todas las garantías y con sujeción a la ley.

Pues bien, si el Sr. Rajoy no quiere asumir el coste político correspondiente debe dejar inmediatamente su puesto, sin pretender echar la culpa al PSOE o a la oposición por no apoyarle en bloque o darle un cheque en blanco. Suya es la prerrogativa constitucional y suya la responsabilidad de concitar los consensos correspondientes. Suyo también el fracaso político de ayer.

Pero obviamente esta no debe ser nuestra única preocupación.  Para encarar el futuro es bueno tener en cuenta lo que nos ha llevado hasta esta triste situación en la cual han fracasado de manera grave tanto la Generalitat como el Estado español.

El primer ámbito sobre el que debemos reflexionar es el político. El partido más votado en Cataluña durante muchísimos años, Convergencia y Unió, utilizo el nacionalismo como un instrumento para mantener su hegemonía.  Era la manera de diferenciarse de los partidos nacionales que dominaban el resto de España y en particular de  desactivar al PSOE como partido que más posibilidades tenía de disputarle el  gobierno.  Para ello utilizó la política pero también los medios de comunicación y la educación, alimentando sin parar un victimismo típico de los nacionalismos. Esto les funcionó bien hasta que la semilla envenenada del nacionalismo empezó a crecer en la sociedad. En ese momento aparecieron nuevos partidos que trataron de ocupar el espacio de convergencia a través de una mayor la radicalidad. Las quejas fundadas y justificadas, que evidentemente siempre existen, no pueden explicar na animadversión de tal calado contra el Estado español más abierto, democrático y dialogante de la Historia y que ha facilitado la mayor cuota de autogobierno jamás conocida en Cataluña.

La lucha contra estos  poderosos instrumentos de comunicación clientelar al servicio de esos intereses era difícil pero el problema es que nunca se planteó. Nunca ha habido un relato desde el Gobierno de turno de porque es mejor para los catalanes estar dentro de España, ni hasta que punto esos agravios eran imaginarios. A los nacionalistas se les ha dejado hacer porque a los gobiernos del PP y el PSOE eso era lo que más les convenía, pues los pactos con aquellos les permitían ocupar el Gobierno de la nación. Es más, sus propias prácticas clientelares probablemente no se alejaban demasiado de las nacionalistas salvo en la intensidad y en el objetivo último.

Pero todo esto no puede hacernos desconocer la existencia de problemas reales. El sistema de financiación y en particular el privilegio que supone el cupo vasco, el fracaso de las políticas de convergencia que suponen la permanencia indefinida de transferencias hacia las regiones más pobres, los beneficios de la capitalidad de Madrid, el estado de las infraestructuras en Cataluña -muchas de ellas responsabilidad del gobierno autonómico- son algunas de los problemas que hay que estudiar seria y desapasionadamente para establecer un diagnóstico certero y las posibles soluciones.

Pero el análisis ha de ser riguroso, para lo cual todos tendremos que hacer un esfuerzo de objetividad. Igual que es innegable que la capitalidad ofrece beneficios económicos qué habría que tratar de dispersar (puede haber organismos públicos estatales en Barcelona, por ejemplo) hay que examinar también como la corrupción y el clientelismo en Cataluña y las opciones políticas identitarias han actuado como freno a su desarrollo.

Y, por último, no cabe rechazar por más tiempo la apertura de un proceso de reforma constitucional que, además de afrontar estos problemas, ofrezca una posibilidad de votar legalmente a los catalanes sobre su continuidad dentro del Estado y a ser posible con ofertas adicionales a la independencia para evitar los problemas que plantean este tipo de referéndums en la linea de lo sugerido por Victor Lapuente en este artículo

Y por supuesto con todos las cautelas y con todos los condicionamientos que imponen los estándares internacionales y una vez transcurrido un tiempo que permita no solo realizar las reformas legales necesarias sino recuperar la necesaria serenidad y la neutralidad de las instituciones públicas. Pero solo así seremos capaces de alejarnos definitivamente de la vergüenza de ayer y recuperar, aunque sea muy lentamente, a la normalidad. Desde Hay Derecho reiteramos nuestro compromiso para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a un debate sereno, riguroso y abierto sobre esta opción.

1-O. La sociedad española tiene recursos para superarlo.

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Coescriben Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá.

En el momento de escribir estas lineas todavía no sabemos bien como terminará el día, pero aparentemente los acontecimientos se están desarrollando como era esperable, en forma de movilización o manifestación en favor de la independencia de Cataluña pero ciertamente no en forma de referéndum.  Porque lo de hoy no se parece en nada, ni en el fondo ni en la forma, no ya  a una consulta con garantías legales (a eso se renunció desde el principio por la Generalitat y el Parlament) sino a una consulta a secas.  Estaríamos ante una repetición corregida y aumentada del 9-N del año 2014 pero con una diferencia muy notable: que hay miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y en menor medida de los Mossos d’ Esquadra) impidiendo las votaciones dado que, a diferencia de lo ocurrido con el 9-N que se consideró una consulta “alegal” e “informal”,  ahora ya estamos ante “the real thing”, es decir, de un referéndum por la independencia convocado como tal y declarado ilegal por los órganos competentes para hacerlo, que son los judiciales.

Y esa es básicamente la diferencia. El Gobierno ha intentado impedirlo atacando la logística que es imprescindible para realizar una consulta en una democracia moderna pero al final ha tenido que mandar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional lo que probablemente, como Bartleby en el famoso cuento de Melville, hubiera preferido no tener que hacer. Efectivamente, dado que con o sin  censo electoral, con o sin Sindicatura electoral, con o sin recuento digno de tal nombre, con o sin colegios electorales la voluntad clara del Govern era la de poner las urnas como y donde fuera para que la gente saliera a la calle y gritase “volem votar” no ha habido más remedio que mandar a los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado a requisar urnas y cerrar colegios. Una foto soñada por cualquier nacionalista que se precie dado que -al menos en su imaginario- permite identificar el Estado español con un Estado represor y franquista y porque es casi inevitable que alguna persona pueda resultar zarandeada o incluso herida. De hecho, ya ha ocurrido y Puigdemont ya ha denunciado la actuación represora del Estado. Esperemos que no ocurra nada más y nos quedemos con la simple utilización partidista de la imagen, como era de esperar.

En definitiva, la táctica de desmontar el referéndum exclusivamente por las vías legales nos ha traído hasta aquí. A partir de mañana se abre la necesidad de hacer política y de empezar un camino que se prevé largo para remediar y reparar los desperfectos, que son muchos y graves, particularmente en Cataluña. Por el camino, en este mes de vértigo, hemos aprendido unas cuantas cosas sobre el nacionalismo catalán de raíz romántica y reaccionaria, sobre la división de la sociedad catalana, sobre mayorías silenciosas, sobre democracia, sobre consultas, sobre las dificultades de la izquierda para encontrar un discurso que siga defendiendo la igualdad de los ciudadanos también ante los nacionalismos, etc, etc. Y lo hemos aprendido leyendo a muchos españoles y catalanes que han escrito mucho y bien sobre estos temas.

Que nuestros políticos prácticamente sin excepción -con mención destacada a los que tenían más responsabilidad, obviamente- no hayan estado a la altura de la madurez demostrada por el conjunto de la sociedad española no es tan grave después de todo.  Su recambio por otros más adecuados para construir una democracia mejor y más moderna es solo cuestión de tiempo. Peor hubiera sido al contrario.  Si algo estamos demostrando es que la sociedad española tiene recursos suficientes intelectuales, cívicos y morales para salir de este lío. Llevará tiempo, paciencia, generosidad e ideas, pero saldremos.

O así lo creemos nosotros, porque crisis -que es lo que tenemos ahora, una verdadera crisis constitucional- significa “decisión”: es preciso que baje la fiebre del conflicto inmediato e iniciemos la recuperación, lo que significará determinar claramente cuáles son los males que padecemos e intentar atajarlos. Los problemas de orden público derivan de una situación emocional que a su vez procede de un agravio o de un supuesto agravio. Como diría un experto en mediación, una vez superado el momento especial del uno de octubre, esperemos que sin graves consecuencias, nos enfrentamos con una ardua tarea: mantener el Estado de Derecho incólume -lo que puede significar consecuencias jurídicas y sanciones- y al mismo tiempo conseguir que las partes pasen de sus “posiciones” emocionales e inalterables a averiguar cuáles son sus “intereses” de verdad, lo que realmente buscan y necesitan. Difícil tarea cohonestar ambas necesidades cuando el marco en el que nos hemos situado excede de los límites de la ley, pero no hay más remedio que hacerlo. Quizá, queremos ser optimistas, esta crisis nos permita averiguar los problemas de fondo que tiene nuestro sistema político, y una vez apercibidos de ellos, enfrentarlos debidamente.

La maté porque era mía

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El viernes pasado recibí una desoladora noticia: el fondo de inversión con el que estábamos a punto de trabajar después de  seis meses luchando con ahínco, pasión e ilusión retira sus posiciones en España, que no sólo de Cataluña.  Un fondo que invierte en empresas con dificultades, generalmente empresas en concurso de acreedores con el objetivo de reflotarlas manteniendo los puestos de trabajo e invirtiendo en su crecimiento.

Desde que decidí asumir mi papel de emprendedor en esta sociedad he tenido momentos dulces y otros amargos —es el sino de cualquier emprendedor—, pero es la primera vez que me embarga otro sentimiento que nada tiene que ver con esa amargura cutánea que desaparece con un nuevo despertar soleado; llevo días sin verlo y mis nubarrones creativos e intelectuales no suelen durar más de un par de días. Estoy triste, muy triste; sé que gozo de una enorme resiliencia que me ayudará a encontrar el sol —esta vez no saldrá—.

Detesto la corrupción, la incapacidad política, la holgazanería y el atrevimiento ignorante, pero sigo creyendo en la evolución de la especie, también de la humana—quizás soy demasiado optimista—, pero también creo profundamente en el Estado de Derecho y en la independencia del poder judicial.

Respeto cualquier idea e intento aprender de aquellas con las que no comulgo pero no puedo con la mentira y la cerrazón. Que nadie diga que no estamos en una democracia porque o no conoce su verdadero significado o no lo quiere conocer por algún sospechoso motivo.

Contra el sentimiento no quiero ni debo luchar, que cada uno sienta lo que quiera, ¡faltaría más! Pero quiero que sepáis que las heridas profundas en la sociedad catalana tardarán años en cicatrizar, y no solo hablo del enfrentamiento ideológico que va a separar a amigos y familias sino de algo aún más trágico: la crisis económica que se nos avecina y que alargará sin duda la sombra de la que llevamos sufriendo ya diez años. No nos olvidemos de algo muy importante: el dinero es miedoso y se mueve siempre por el sendero de la certidumbre que garantice su rentabilidad.

Por suerte o por desgracia sé de lo que hablo, me dedico a las insolvencias de empresas y familias y los que lidiamos con tragedias empresariales y personales  percibimos antes que nadie los cambios socio económicos de la población.

No nos escudemos pensando que peor no podemos estar y que no tenemos nada que perder porque puede resultar un órdago demasiado caro.

Seguramente muchos de los que me estéis leyendo no compartáis mi pensamiento, y os envidio por ello porque mi desazón es ya insoportable…

Independencia: camino a ninguna parte

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Produce una inmensa y profunda tristeza constatar como el independentismo radical catalán, ha convertido en realidad los peores presagios, rompiendo a las bravas, y en una sola sesión parlamentaria por la vía de urgencia y sin debate alguno, la Constitución Española que nos dimos los españoles en el año 1978, como marco básico de convivencia, ofreciendo cobijo, acomodo y protección a todas las sensibilidades, ideológicas, territoriales, lingüísticas, que conviven en nuestro país.

Prueba de ello –conviene recordar-, la Constitución Española (CE) de 1978 cosechó 325 votos a favor de un total de 350 en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraban -es oportuno resaltar- el nacionalismo catalán.

La parte catalana tuvo un protagonismo e influencia decisiva en el nacimiento y contenido de la actual Constitución Española, con la relevante aportación realizada por Miquel Roca i Junyent, diputado de Convergencia Democrática de Cataluña, como miembro de la Ponencia encargada de elaborar la Constitución.

Sería saludable en un ejercicio de sana memoria histórica citar alguna de las frases que en aquel momento histórico fueron pronunciadas.

Miquel Roca i Junyent: “Punto final a las viejas querellas internas”;
Jordi Pujol: “Sólo pedimos reconocimiento, no tratos a favor”;
Joan Reventós (Socialistas de Cataluña): “Hay algo obvio: el Estado es indivisible”

Cuando desde el independentismo catalán se cuestiona la legitimidad de la Constitución, resulta imperativo ético recordar como acertadamente señala Emilio Lamo de Espinosa, que fue en Cataluña donde la Constitución Española consiguió mayor número de apoyos por encima de la media española. Siendo de destacar que dos de cada tres ciudadanos catalanes aprobaron la Constitución Española, uno de cada dos el primer estatuto de autonomía (1979), y uno de cada tres el segundo estatuto de autonomía (2006).

El nacionalismo catalán ha conseguido a través de un proceso lento pero sin pausa, mediante la educación en las escuelas, el monlingüismo catalán -y la consiguiente expulsión del castellano-, y sobre todo el uso y abuso del lenguaje convertir a la independencia, en una ideología hegemónica que absorbe, engulle y desplaza a todas las demás opciones políticas, que automáticamente son tachados de malos catalanes, reaccionarios y fascistas si rechazan a la nueva ideología-religión en que consiste el independentismo.

El nacionalismo radical catalán, como todos los nacionalismos se alimenta del sentimiento y la emoción siempre a rebosar, y yo añadiría que especialmente de la mentira, la manipulación y la falta de ética como tratare de explicar en este mismo artículo en materia de financiación, pertenencia a la Unión Europea ect..

Artur Más en un carta conjunta suscrita por los miembros de la candidatura de Junts pel Sí Carme Forcadell, Oriol Junqueras, y otros, publicada en el periódico El Pais de fecha 6 de septiembre de 2015 utilizaba los siguientes argumentos: “Catalunya ha amado España y la sigue amando. (…) No hay vuelta atrás, ni Tribunal Constitucional que coarte la democracia, ni Gobiernos que soslayen la voluntad de los catalanes (..)El problema no es España, es el estado español que nos trata como súbditos”.

Como habrá tenido ocasión de comprobar el lector abundan los razonamientos que apelan al sentimiento y no a la razón. Casi se podría decir, que dicha carta hubiera sido escrita por el joven William Walace en la película Braveheart.

En un nuevo ejercicio saludable de memoria histórica, convendría recordar que el nacionalismo catalán ha gobernado la Generalidad de Cataluña durante 40 años ininterrumpidos disponiendo de amplisimas competencias (que ya anhelarían tener otras regiones de los países más descentralizados del mundo)

Igualmente la antigua CIU (ahora denominado PDeCAT) ha participado de forma decisiva en la cogobernación de España, con su apoyo parlamentario a Felipe González (1993-1996), José Maria Aznar (1996-2000) y junto con Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) a José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Si aceptamos como válido el exabrupto intelectual, de expresiones del tipo “España nos oprime, España nos roba”, habrán de aceptar los nacionalistas siguiendo la lógica aristotélica que ellos mismos han colaborado activamente en esa imaginada opresión.

Una de las quejas más comunes del independentismo catalán, consiste en el maltrato fiscal por parte del Gobierno central, la archiconocida expresión “Espanya ens roba”. Pues bien una vez más pura imaginación, que desmiente la realidad.

Las últimas y más importantes reformas de financiación autonómica que se han producido en los últimos 15 años, han contado con el voto favorable -y entusiasta en algunos casos- de los partidos nacionalistas (en el año 2001 la antigua CIU) con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre y en el año 2009 (ERC y IU-ICV) con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por lo que una vez más, aplicando la lógica aristotélica -y no el sentimiento-, habrá de concluirse que el nacionalismo catalán ha sido protagonista activo de su propio maltrato.

Otro de los puntos de inflexión que según el independentismo justifica su huida hacia delante, es la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña del año 2006, que había sido aprobado en referéndum por el pueblo catalán.

Más allá de desconocer lo que significa el Estado de Derecho, una vez más -y ya son unas cuantas- la exageración desplaza a la realidad, por cuanto si alguien se ha tomado la molestia en leerse la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 habrá podido comprobar como el Estatuto Catalán se mantiene incólume, siendo que apenas el 4% de los preceptos fueron anulados y otros pocos objeto de interpretación. Pero una vez más la afrenta imaginada se ha apoderado en el imaginario colectivo. Claro que entre leerse 491 páginas y creerse el eslogan, mejor lo fácil que lo difícil.

Llama poderosamente la atención que el nacionalismo radical proclame amar y anhelar tanto el Estatuto del año 2006, cuando éste en su artículo 222.1b) -también por cierto votado por el pueblo catalán-, requiere de dos tercios del parlamento autonómico, para su reforma, y en cambio con una mayoría simple, por el procedimiento de urgencia, sin debate previo y aplastando los derechos de la oposición parlamentaria, pretenden liquidar el Estatuto que tanto dicen querer.

Como se ha dicho con anterioridad, uno de los combustibles del nacionalismo es la mentira derivado de una absoluta falta de ética. El independentismo radical no se cansa de proclamar a los catalanes que seguirán perteneciendo a la Unión Europea, consumada la independencia, cuando precisamente la Comisión Europea ha dicho día sí día también, que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea.

El mantra continuamente invocado por el independentismo es que poner urnas y votar es siempre democrático.

Pues bien Stéphane Dion ex-ministro del Gobierno de Canadá y uno de los mayores expertos en secesionismo, ha señalado en multitud de ocasiones que la democracia y el principio de legalidad son inseparables, añadiendo “en una democracia se trata de ser solidario con todos tus conciudadanos. Aceptas a todos sin atender a sus orígenes, su idioma o su religión. Y el secesionismo es lo contrario. Con el secesionismo eliges a quiénes quieres mantener como conciudadanos y a quienes quieres convertir en extranjeros”.

Un conflicto sin (aparentes) salidas

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“Quien se pertrecha con el único argumento de su radical coherencia cuenta con poco recorrido en política, pues esta es una actividad que tiene que ver con la búsqueda de espacios de encuentro, el compromiso y la implicación de otros (…) Forma parte de las obligaciones de un buen político tratar de descubrir las oportunidades para el acuerdo y sus límites” (Daniel Innerarity, La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, 2015, pp. 143 y 148).

La crisis político-constitucional como consecuencia de la rebelión institucional que se ha producido en Cataluña, alimentada y apoyada por la sociedad civil independentista, cada día que pasa tiene peor pinta. Se ha ido tan lejos que cicatrizar las heridas abiertas se me antoja imposible a corto/medio plazo. Pactar es un verbo que no se conjuga. No hay fractura, existe una auténtica e insalvable zanja.

Desde el punto de vista formal lo más osado que se propone para reconducir ese órdago es una salida altamente compleja: un referéndum pactado y, por tanto, una más que previsible cadena de consultas, siempre abiertas, que hagan efectivo un denominado derecho a decidir, que un territorio puede activar cuando le venga en gana y las veces que quiera tirando la moneda al aire hasta que salga cara. Llevar eso a una reforma constitucional, por los procedimientos establecidos actualmente, es altamente improbable, si no materialmente imposible. La ley de claridad, que podría haber sido una solución razonable, pasó a la historia, si es que alguna vez se barajó seriamente (y sin reglas claras seguirá valiendo siempre “un voto más” para decidir cuestiones existenciales tan relevantes). Por tanto, un camino intransitable o, al menos, plagado de tantas dificultades, tan lejanas e inciertas, que no es remedio para atemperar los exaltados ánimos de quienes enfebrecidos de pasión identitariaven tocar con los dedos la presunta independencia.

Mientras sigan gobernando las instituciones catalanas las personas que hoy en día lo hacen con sus apoyos externos (antisistemas, por un lado, y asociaciones de religión política monolítica, por otro), el camino del acuerdo está cegado. La unilateralidad se ha impuesto y crea fervor. Otra cosa es a qué puerto se llegará con eso. El gobierno central, por su parte, ha dado muestras fehacientes de miopía absoluta (e incluso de dejadez irresponsable) en esta trascendental cuestión de Estado. Tampoco los partidos políticos han estado muy finos. Las ofertas por parte de las fuerzas políticas y del Gobierno central llegan tarde, de forma precipitadamente reactiva y además plagadas de confusión, así como carentes de un mínimo planteamiento homogéneo que les dé la necesaria credibilidad. No hay un discurso coherente, solo voces desordenadas. Improvisación. Así no se llega a nadie. Ni a los propios.

La evidente ruptura con el Estado Constitucional que se produjo en las sesiones delos días 6 y 7 de septiembre (en estos términos se expresan ya académicos del ámbito independentista) abría un escenario que ya no tenía vuelta atrás. La manifiesta torpeza del empeño, puso el relato en bandeja a favor del Gobierno central. Y, paradojas de la vida, lo ha desperdiciado totalmente. Como bien dijo el profesor Francisco Velasco, rotas las reglas del juego se abre la solución del más fuerte. Pero la verdadera fortaleza, en una sociedad posmoderna e interconectada, puede no estar en la vieja coacción (tildada por el independentismo como “represión franquista”) ni en la tardía aplicación del Derecho, sino en la burda simplificación del relato que, paradojas de la vida, termina haciendo bueno a quien precisamente ha roto la vajilla. Y aquí ha hecho aguas el relato gubernamental, pésimamente configurado (¿quiénes son los asesores de La Moncloa?, cabe preguntarse). Fiarlo todo al rule of law, pieza maestra del funcionamiento de un Estado constitucional democrático, en un país que pocos saben qué significa y con un sentido de la democracia propio de un parvulario, es jugar a la ruleta rusa. Venden más, en el mercado de 140 caracteres, las consignas de bisutería política:“votar = democracia”; o “no nos dejan votar”. Esto es así y así se está confirmando.

La senda por la que se ha metido el Gobierno es la peor de las posibles, con las dificultades adicionales de operar en un territorio donde el Estado está ausente, sobre todo cuando las instituciones catalanas que lo son dicen no serlo. Si no hay Estado, hay que llevarlo en “camiones-cisterna” o barcos suministradores, como cuando escasea el agua. Mal contexto para unos desperdigados y desasistidos funcionarios del Estado (de seguridad y justicia) que están, literalmente, en un territorio hostil dominado por los “señores de la calle” (las huestes de la CUP y el resto de escuadrones de independentistas, infantes, jóvenes y menos jóvenes, movilizados permanentemente para que la presión no decaiga).

Uno de los comentaristas más finos del panorama político vasco (José Luís Zubizarreta), escribió hace unas semanas en El Diario Vasco que en el enfrentamiento catalán unos (el Estado) tenían la artillería y la aviación; mientras que los otros (independentistas) disponían de la infantería. Si la guerra fuera convencional, estos últimos lo tendrían difícil. Pero no lo es y lo saben. Se trata, en cambio, de una sublevación institucional (de despacho y coche oficial, gestada desde el poder y con un macro-aparato de propaganda siempre activo) apoyada por una sociedad civil muy organizada y movilizada bajo consignas que se impulsan desde una feligresía incondicional (ANC y OC) y, asimismo, absolutamente dominante en feudos donde se asienta el carlismo renovado (o también postmoderno) de la Cataluña profunda (como recordara Víctor Lapuente), así como con la complaciente e inestimable ayuda de quienes quieren movilización a toda costa para “echar a Rajoy”. Estos también defienden sin ambages el derecho a votar por encima de las decisiones de los tribunales, que tampoco aceptan ni acatan. Incluso, el líder de la formación morada, llama al Gobierno para que permita votar el 1-O y se declare, así, insumiso frente a la suspensión del TC. Complejo panorama. Se busca sin rodeos acabar con “el régimen de 1978”. Refundar algo “nuevo”. Cuidado que aquí está la verdadera batalla. El fiel de la balanza estaba en “los comunes/morados” y estos ya han dado el paso: están por la consulta (también sus líderes mesetarios) y por participar en ella, esté o no esté suspendida. No les importa. No es su fuerte el sentido institucional, precisamente.

El primer paso ya se ha dado en Cataluña por el independentismo. Y lo habían anunciado. Se sabía desde meses atrás, si no años. Mientras tanto el Gobierno central se hacía el muerto o el sordo. Su responsabilidad en este conflicto será elevada y habrá que hacer balance cuando esto acabe. En estos momentos solo un cambio urgente en la Presidencia del Gobierno español (con un cambio también profundo de todo su equipo ministerial y entrada de perfiles políticos dialogantes y de personas de prestigio; o incluso mediante la formación de un gobierno de coalición) podría reconducir la crisis frente a una situación que se le ha ido completamente de las manos al gobierno actual y desarmar, así, la estrategia frontal de ruptura de quienes regentan las instituciones catalanas. Pero el fracaso de la política no se detiene allí, llega a (casi) todas sus esquinas. A todos los colores. Necesitamos políticos que hagan del diálogo y el acuerdo, así como de la transacción, su guía de actuación. Deben cambiar los actores, hay cambio de escena.

Pero no todo es homogéneo en Cataluña. Aunque la idea no pase por sus mejores momentos, hay muchas personas allí que tienen identidades múltiples (sentido de pertenencia compartido) y no comulgan con la que se pretende establecer de modo unilateral. Estos han sido borrados, señalados o, en el mejor de los casos, ignorados. No cuentan. La exclusión no es un buen método, tampoco para construir país. Pretender formar hoy en día una sociedad total, cerrada o monolítica, es una tarea inútil; aunque se ponga empeño en ello y haya no pocos por Europa (adviértase quiénes) que lo pretendan hacer. Esta es una idea queel PNV (al menos quienes lo gobiernan) ha entendido e interiorizado de forma inteligente, aunque el devenir del conflicto en Cataluña también les desgarre y les desvíe en su inicial hoja de ruta (más aún si les coincide con el Alderdi Eguna). La estrategia de atracción (o empatía) que se puso en marcha hace unos años por el nacionalismo vasco institucional está dando, en términos de cohesión social y de construcción de país, mucho mejores resultados que una línea de confrontación cainita, siempre que aquella no se abandone. Con toda franqueza no creo que manifestar una actitud hosca, antipática o de odio hacia el diferente o el no alineado con tu causa (alimentada o retroalimentada, sin duda también, por expresiones y actuaciones de la caverna mediática y política), dé beneficio alguno a nadie. Las redes sociales están ahora cargadas de odio cruzado. Son puro estercolero.

Nadie sabe cómo va a acabar esto, ni siquiera los (irresponsables) protagonistas que han encendido una u otra mecha. Aunque no cabe olvidar que sobre las espaldas de un líder pretendidamente mesiánico y bonzo político por excelencia descansa la mayor responsabilidad y el último desenlace de este conflicto. También por quien maquiavélicamente lo colocó en aquel sitio. Las salidas inmediatas al 1-O dependerán mucho de cómo este se desenvuelva. La DUI es una posibilidad abierta, que tendrá efectos perturbadores y respuestas inmediatas. El 2-O, más que abrirse espacios de diálogo, puede dar comienzo a una traca. Al menos se intentará. Pero tampoco descarten –si la cohesión entre las tres fuerzas políticas independentistas no se resquebraja- nuevas elecciones “referendarias” para lograr el voto más que dé pátina de legitimidad a un degradado proceso a ojos de la mirada internacional, que ya ha puesto el foco en el problema tras las recientes y continuas jornadas de movilización callejera. Más las que vendrán.

Una vez más algunos están haciendo esfuerzos ímprobos por destruir el Estado Constitucional  (peor o mejor) edificado hace casi cuarenta años. Todo apunta a que se abren tiempos de revisión constitucional. Algunos pretenden que volvamos a empezar, por enésima vez. Desandar lo andado, viaje de alto riesgo. Otros se quieren ir, aunque sea forzando una mayoría social que hasta ahora no tienen. Eso sí haciendo mucho ruido y no pocos juegos de manos. Estos ya no cuentan, solo cabe pretender seducir con fórmulas de encaje razonable a quienes quieran compartir identidades múltiples. Y en este caso las alternativas son dos: construir un nuevo edificio constitucional (muy propio del adanismo de un demos de frágil cultura democrática constitucional) o rehabilitar el conjunto del edificio manteniendo solo la fachada y algunos elementos centrales que han aguantado el paso del tiempo. Parece claro que las reformas interiores ya no sirven. En lo demás tengo dudas.

Pero no albergo duda alguna en torno a que cualquier proceso de ruptura, quebrantamiento o disolución del orden constitucional vigente vaya a ser gratis. Los desgarros serán evidentes. Y lo serán, en efecto, aunque algunos se emborrachen de una pretendida supremacía que no es tal (de esto convendría hablar largo y tendido, pero hoy no toca), haya también quienes pretendan una suerte de refundación republicana de pueblos confederados (experiencia que, vista la tradición, duraría dos telediarios)y existan otros, en fin, que se escuden en una pretendida fortaleza del Estado de Derecho, que en verdad tampoco lo es, pues se tambalean las dos palabras centrales del enunciado. El resultado de esa combinación imposible es obvio: unos (y sus compañeros de viaje) caminan decididos hacia el paraíso o Arcadia feliz, otros a taponar la herida que, en parte ellos mismos abrieron, y hoy sangra a borbotones. Y la ciudadanía cabal y sensata(la no fanatizada, que es la inmensa mayoría)mira atónita y preocupada el dantesco espectáculo que estos políticos-pirómanos (primero) y (luego) bomberos, nos ofrecen como “soluciones” o “salidas”.

Ya lo dijo Azaña, como recuerda habitualmente mi buen amigo el politólogo Manuel Zafra: los españoles aprendemos lo que es el fuego quemándonos las manos una y otra vez. Dolorosa lección. Que, además, por lo visto, no sirve para nada.

III Convocatoria Premios Hay Derecho

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Por tercer año consecutivo, lanzamos la convocatoria de los Premios Hay Derecho. Desde la Fundación, queremos premiar a aquellos ciudadanos que, gracias a sus actos e iniciativas, han destacado en la defensa del Estado de Derecho. Con nuestro premio buscamos dar visibilidad a quienes más lo merecen y queremos que seas tú quien decida.

Tienes hasta el 31 de octubre para enviarnos tu candidato. Manda tu sugerencia a través de nuestra página web y envíanos una memoria con los méritos del posible aspirante al premio. En Hay Derecho creemos que es esencial la realización de acciones de este tipo para reconocer la labor de las personas o entidades que contribuyen al fortalecimiento de las instituciones y a la defensa del Estado de Derecho.

Nuestro último ganador fue el periodista Pablo Romero por su obra Mi lucha contra ETA. Romero destacó por su lucha por restaurar la dignidad de las víctimas del terrorismo y su insistencia a las instituciones del Estado en la búsqueda de la verdad. Si quieres participar, ayúdanos a encontrar a la persona merecedora del premio de este año. Encuentra las bases de la convocatoria y todos los datos en nuestra página web.

Las cinco candidaturas más votadas por los lectores del blog y amigos de Hay Derecho pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación, así como por miembros de las entidades con las que hemos firmado convenios de colaboración, siempre que estas no presenten conflictos de interés con alguno de los finalistas.

De entre las candidaturas finalistas, saldrá el nombre del ganador del premio, que será entregado en un acto organizado por Hay Derecho.

 

The Catalan problem for dummies

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(especially for non-Spanish) 

Revised and updated translation on Friday 29 September

Versión en español aquí

Imagen por Javier Ramos Llaguno

Many of you have read in the newspapers of your respective countries that there are demonstrations in the Spanish region of Catalonia because regional authorities want to call a referendum on independence from Spain, a referendum which the State rejects. From the media, you may have heard that suffrage is a democratic right and that Catalonia is therefore entitled to a referendum, or perhaps you have been told that the Catalan leaders have bypassed the Spanish Constitution and are in a seditious process.

Well, we’ll give you some facts. First, let us introduce ourselves: the Hay Derecho Foundation is an independent institution whose purpose is to defend the rule of law. I am, at the moment, the president and, in addition, a lawyer that has served in Catalonia and now in Madrid.

Secondly, I’d like to introduce you Spain. It is a country of about 500,000 square kilometers and 46.5 million inhabitants, located in southern Europe. It has a GDP per capita of 24,100 euros (26,528 dollars – Italy 30,000 and France 36,000) in 2016. The Spanish language is spoken throughout the country, but several regions of Spain have their own official languages. Catalonia is a region in the northest of Spain, which has 32,100 square kilometers and a population of 7.5 million, with a per capita GDP of around 28,590 euros in 2016. In other words, Catalonia is relatively small and rich.

Spain is a very old country, formed by the union of several kingdoms, more than 500 years ago. It was a world power in the 15th and 16th centuries and then its power began to decline. Politically, it has had a relatively tumultuous past (as so many others), but from recent history it is important to remember that after the 1936-39 civil war we had a period of almost 40 years of dictatorship under General Franco. When he died there was a phenomenon almost unparalleled in world history, which came to be called “Transition.” During the Transition, Spain moved peacefully from a dictatorship to a democracy, solely by reforming laws, through much consensus and good will, and ultimately established a democratic Constitution (from 1978). Today, the Spanish Constitution can be considered one of the most progressive in the world in terms of social rights and freedoms. We therefore have a parliamentary monarchy at the level of any progressive country. However, we will not pretend that our democracy is perfect: in fact, the purpose of this blog and the Foundation is to highlight the shortcomings of the system, fundamentally due to the degeneration of political parties into invasive power structures that have colonized all the democratic institutions to their advantage. But we do not believe that this phenomenon is exclusive to Spain, although it may affect us more aversely because of our younger democracy and relatively new enjoyment of civil liberties.

During the years of democracy, we have suffered some major scourges, such as a coup d’ état that came close to success in 1981, and many years of terrorism at the hands of  Basque nationalism. We have also had corruption that has affected the various political parties, and is more rampant in the political sphere than in the administrative or civil service. Yet, the reality is that we have made progress in all areas. We entered the European Union in the1980s, which enabled us to come up to speed with our neighboring countries and to grow economically. Terrorism ended some time ago. The dysfunction of government institutions and political corruption, although they still exist and are difficult to eradicate, has become a national concern, and the tolerance towards both has lessened. Nevertheless, Spain is pioneer in freedom and (civil?) rights. Perhaps our forty-years dictatorship made us envious of other’s liberties, up to the point it drives us to reject any imposition on our costly-won liberty, even in cases in which such motions would be perfectly justified,

The economic crisis of 2007, from which we have not yet recovered, has been an important turning point in politics. The crisis was significant because the two traditional parties, the PP on the right, and the PSOE on the left, have suffered significant wear and tear. The PSOE was blamed for denying the crisis and offering a wandering and inconsistent policy and the PP, which currently governs, for burdening all the consequences of the crisis on the citizenry and for very serious corruption. All this has led to the emergence of regenerative movements, and also left-wing populism of an anti-systemic nature. In fact, the current PP government took almost a year to form.

Now, I will recount our current problem of Catalonia. The fact is that the territorial divides in Spain is not new. The territorial uniformity achieved in other countries, such as France in the 18th century, did not take place in Spain, which has preserved the idiosyncrasies that were fundamentally idiomatic and legal (that is to say, non-racial and non-religious) and that survived throughout the centuries. In the 19th century, this regional diversity acquired a new, vindictive dimension, in line with the fervor of nationalism that took place in that century. Clearly, during the Franco’s dictatorship, regional nationalism was severely repressed, although curiously enough,

When the dictatorship ended with the Transition in 1978, these regionalist sentiments had to be dealt with in some way, and a system of autonomy was introduced to enable each region to have its own parliament and government with jurisdiction over key areas, including education and health. The bad thing is that the regulation of Title VIII of the Constitution was excessively flexible and this, together with the fact that the electoral system -proportional with a majority bias- does not facilitate the existence of absolute majorities, has meant that the successive parties in power in Spain have had to negotiate their support with regionalist parties to form a government. This has meant that regional governments have increasingly been given more powers. This in itself is not bad, but the nationalist authorities in certain regions have used their powers unfairly, insisting on exaggerating differences at every opportunity and abusing their roles in education to indoctrinate the minds of students. For example, in Catalonia it is practically impossible to study in Spanish, and most schooling takes place in Catalan, despite the fact that repeated rulings have recognized the right to be educated in Spanish. You can’t name a store only in Spanish either, otherwise you will be fined.

In other words, this significant degree of autonomy, money and competence has not served to calm nationalist feelings in some autonomous regions, but has only exacerbated them, though all evidence might point to the contrary. In the Basque Country, where they enjoy a privileged tax system in comparison to other regions, the feeling persists and, truthfully, the end of regionalist Basque terrorism was not due to the action of local elites, but to a slow and constant work of the security forces and to political action at the national level.

In Catalonia, there is undoubtedly a feeling of difference. This feeling is in part due to a language of its own and a certain regional pride  that has remained constant in recent years, with a right-wing regionalist/separatist party that has governed most of the last 40 years. It is also true that it is a rich, labor-intensive and innovative region, and thus laments that it contributes disproportionately to the whole of Spain, especially compared to other, less affluent regions. Recently they invented a slogan, Espanya ens roba (Spain robs us), which resonated with many in Catalonia, although the reality is that there are other regions of Spain – Madrid and the Balearic Islands – that contribute more than Catalonia.

Catalonia is in a gridlock, because the region is divided in half between those who are Catalan nationalists and those who are not, so it is difficult to reach an agreement. If it was 80% on one side or the other, there might not be a problem. However, one way or another, we have been enduring this situation, although in general, the lack of order in the territorial sphere has generated economic inefficiencies, an excessive number of rules and disproportionate spending.

However, when the Crisis began in 2007, the Catalan elites, then in power, saw promoting the cause of Catalan nationalism as a way to divert the blame on to the State. The State would conveniently be the guilty party who had robbed Catalonia and cut all its self-government initiatives, which, in reality, always tried to go beyond the limits of the Constitution. This had also been accompanied by massive corruption in Catalonia, which, although corruption is certainly not unique to the region, had reached very high levels. It is well known, because it was said by a political leader and was later confirmed, that the Catalan nationalist party in power was given at least 3 percent of the works and concessions authorized by the Catalan administration. So much so that the emblematic Catalan leader, many decades in the regional presidency, Jordi Pujol, has revealed himself to be the head of a corrupt plot that involves him, almost all his family, and many of his collaborators. Nationalism, however, considered the fact that the Constitutional Court annulled some years ago the reform of the Statute of Autonomy promoted by the former Spanish President Zapatero to be an aggravation of nationalism, and has based its claims on this grievance. But this means not understanding that political promises or pacts are not and should not be above the law.

Thus, the independence drift that has been in motion since 2010 has consisted of a threat to hold a referendum for independence, one that was already attempted in 2014 and is set for a second attempt on October 1. In order to ensure that many people support the initiative, the Catalan government has taken advantage of the educational system, which for many years has taught Spain to be considered as a foreign entity, somewhat inferior, but always oppressive. The media, which are practically all subsidized by the Catalan administration (to the extent that, contrary to the principle of journalistic independence, in 2010 all the Catalan newspapers published a joint editorial called “La dignidad de Cataluña”); and a powerful network of client relationships from which many people live.

The message that these Catalan nationalist elites promote have been, at their roots, emotional, appealing to concepts such as “oppression”, “lack of freedom”,” robbery”, and, above all, for the people to whom these concepts produce a cognitive dissonance because of their obvious contradiction of reality, they have manipulated concepts such as “democracy”, in concluding that the right to vote matters above all else, regardless of whether or not the way to do so is legal. On the other hand, they have recklessly minimized the economic consequences of secession and have lied to citizens by saying that secession would allow them to continue in the European Union, despite the continuous warnings from the European authorities on this matter. In recent weeks, the disobedience of regional authorities has been very serious— approving laws illegally and disrespecting minority rights— actions that would allow them to hold the referendum and thus explicitly challenge the government with threats to use the de facto route and possibly criminal public declarations

The reality is, even with this massive mobilization of resources, the separatists do not add up to more than 50 percent of the Catalans, despite their majority in Catalan parliament due to electoral rules. Yet, they continue onwards. The Spanish Constitution, our national bedrock, does not allow referendums of self-determination called by the regional authority to be held, and in no way does it permit a region to separate on its own free will. Many of us believe that this is correct. This does not mean that the Constitution cannot be reformed and nor that no agreement can be reached, if the corresponding support is obtained. Perhaps, even a referendum can be held if it is considered appropriate. Unlike other countries, however, we have rules on this action and, at the moment, they do not allow it. By the way, Catalonia does vote: since 1980 there have been 11 regional elections, and many other general, local and European elections.

The central government has maintained a prudent and passive stance during these years, due in part perhaps to political instability in the country, and or because it assumed regional authorities would never dare. Or, perhaps the central government hoped that the issue would resolve itself in the face of the practical difficulties that secession would entail, of which the Catalans should be aware. In the last few days, it seems that the State has finally awoken a little and some measures have been taken to prevent the referendum, confiscating ballots, disrupting the voting system and controlling the region’s economy to avoid diversion of funds. Incidentally, these measures have not been adopted by the government itself but by the judicial authority, except for certain decisions on financial intervention to prevent the diversion of funds. In fact, the government has not dared to use Article 155 of the Constitution, which would allow it to “adopt the necessary measures” (even to suspend autonomy) if an Autonomous Community does not comply with the obligations imposed on it by the Constitution or other laws, or acts in a manner that seriously infringes the general interest of Spain. Nor has it declared a state of emergency, which would enable it to take extraordinary measures of public order in the event that normal functioning is affected. I assume they don’t want to lose the “battle of the image” that using these measures would entail. However, the regional authorities have not hesitated to harangue people into going out into the streets and there are currently riots, surrounding the courthouse and other state buildings, and they have tried to prevent police action.

We do not know what will happen in the next few days, but many Spaniards are very concerned because we think that the rupture of the Constitution, in addition to the fact that it could mean the loss of a region that we love and feel as ours, could shake the foundations of our democratic system. We trust, however, that resolving this crisis will be an opportunity to improve our democratic system and strengthen our institutions, because we can talk about everything, in an open discourse of mutual respect.