Los descuidados peritos del “Catalangate”: el valor del informe de Citizen Lab

 

El informe CatalanGate; Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru publicado por Citizen Lab en la Universidad de Toronto ha causado gran revuelo mediático y político. Este informe ha tenido la virtud de interesar a la opinión pública en el riesgo que tenemos los ciudadanos de ser espiados por gobiernos y corporaciones. También parece haber forzado al gobierno a hacer cierto análisis introspectivo sobre los protocolos y trabajos de vigilancia digital por parte de los servicios de seguridad del Estado, que ha causado el relevo en el puesto de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Es bien conocido como este informe ha sido instrumentalizado en una maniobra de desprestigio contra España por parte del independentismo y de ciertos sectores de la izquierda. Esta campaña de comunicación tuvo como punto de partida un artículo de Ronan Farrow en New Yorker y continuó con un editorial en Washington Post y un sinfín de entrevistas en las televisiones y prensa catalana. A esto se sumó una operación en redes sociales y las típicas comunicaciones y solicitudes de intervención a instituciones supranacionales.

Una parte menos conocida por la opinión pública de este caso es que los autores del informe y miembros de Citizen Lab, no solo aparecen en medios de comunicación nacionales e internacionales, sino que también son invitados a ofrecer opinión experta en comisiones parlamentarias y hasta en procedimientos judiciales. Por ejemplo, varios de los miembros de Citizen Lab han sido ya consultados por Comité de Investigación sobre Pegasus constituido en el Parlamento Europeo el 19 de abril. También el conocido abogado, Gonzalo Boye -una de las presuntas victimas según el informe de Citizen Lab- interpuso el pasado 3 de mayo una querella contra la empresa Q Cyber Technologies Ltd así como contra sus subsidiarias NSO Group Technologies Ltd. y OSY Technologies y algunos de sus directivos y fundadores por el caso de espionaje con el software Pegasus. En esta querella no solo se incluía el estudio de CatalanGate y varios artículos periodísticos en el índice documental, sino que también solicitaba que se tomase declaración en calidad de peritos a siete de los ocho autores del informe, y que se llamase a declarar a uno de ellos Bill Marczak en calidad de testigo.

No es la primera vez que los miembros de este centro interdisciplinar son invitados a aportar testimonio en diferentes comisiones parlamentarias o en sede judicial —lo han hecho por ejemplo en Estados Unidos, Polonia y Reino Unido—. Sin embargo, algunos académicos y periodistas hemos ido mostrando en las últimas semanas que la investigación de Citizen Lab contiene demasiadas anomalías como para que el informe CatalanGate o sus autores sean considerados como fuentes periciales neutrales. Resumo a continuación algunas de los problemas más importantes detectados tanto desde el punto de vista metodológico como de deontología. Estos problemas han sido puestos de manifiesto en un documento enviado a la Universidad de Toronto junto a una solicitud para que se abriese una investigación independiente por posibles infracciones del código de integridad profesional de esta institución.

En primer lugar, llama la atención la falta de transparencia en algunas cuestiones metodológicas muy relevantes. Del informe no se puede deducir ni cuando, ni cómo ni dónde, ni por quien fueron llevados a cabo los análisis forenses. Esto es algo curioso no solo porque este tipo de datos se suelen aportar en cualquier artículo o informe científico, sino porque la literatura académica especializada en este tema argumenta que los análisis exclusivamente digitales en remoto presentan limitaciones. Citizen Lab no ha querido detallar los criterios de muestreo usados para seleccionar a los participantes en el estudio,  ni tampoco el número total de casos estudiados y el porcentaje de casos positivos, lo que es relevante para poder sacar conclusiones sobre la incidencia relativa del problema en una población.

El informe no ha sido sometido a una revisión de pares (“peer review”) y no pone a disposición los datos necesarios para poder replicar los resultados. Extrañan más aún las reticencias que Ronald Deibert, el director de Citizen Lab, mostró frente a los Europarlamentarios del Grupo Renew Europe y a la prensa cuando se le solicitaron detalles sobre la investigación. Este rechazo  es llamativo dado que él tiende a criticar los estudios que no son transparentes. Por ejemplo, en una reciente entrevista en El País cuando los entrevistadores le recordaron que “El CNI solo ha reconocido haber espiado a 18 de los 65 casos que ustedes mencionan”. Deiber respondía: “¿Cómo podemos verificar eso? ¿Qué han enseñado en la comisión de secretos oficiales? ¿Lo creen?”. Igualmente, en 2017 el mismo Deibert publicó un artículo en el foro online Just Security donde criticaba un informe del FBI sobre las operaciones de ciberespionaje ruso en Estados Unidos precisamente por la falta de verificación externa, la ausencia de pruebas sólidas en la atribución de la autoría a Rusia y por no aclarar el grado de confianza atribuido a cada indicador utilizado.

Esta crítica, perfectamente lógica y válida, choca frontalmente con la forma de proceder en el informe CatalanGate donde tampoco se pueden verificar los resultados, donde las pruebas para incriminar a España son “circunstanciales” (como el mismo informe admite), donde no se reportan grados de confianza de ningún indicador, ni se consideran falsos positivos o explicaciones alternativas. Es más, en la misma entrevista en El País, Deibert, que es un politólogo de formación, alega que los métodos de Citizen Lab son 100% fiables y que no es posible que haya falsos positivos. Estas afirmaciones contradicen la práctica científica comúnmente aceptada (donde se considera la posibilidad de errores instrumentales) y la opinión de algunos expertos en ciber-espionaje que argumentan que no solo es posible que haya falsos positivos de Pegasus, sino que es posible fabricarlos. Esta tesis es bastante conveniente si como refleja el libro de Roger Torrent Pegasus: L’Estat que ens espía (2021), existía un aparente interés por parte de los autores y participantes en el estudio en maximizar el número de resultados positivos encontrados. Igualmente parece plausible que esta sea una de las razones por las que no parecen haberse establecido controles para evitar la manipulación de la evidencia por parte de las presuntas víctimas, algunas con conocimientos informáticos muy avanzados.

Otro aspecto digno de mención es que ningún conflicto de interés fue reconocido explícitamente, algo que es básico en cualquier investigación científica. Entre ellos quizás el más llamativo es que uno de los autores, Elies Campo, un activista independentista que colaboró en la organización del referéndum de 2017 y que  aparece como victima en el informe fue quien se encargó de coordinar el trabajo de campo en Cataluña. Es también irregular que se le encargase en julio de 2020 una tarea tan importante cuando él no tenía experiencia previa en investigaciones científicas ni tenía titulación académica al efecto. Hasta enero de 2022 no fue nombrado Fellow en Citizen Lab y aunque no dijo la verdad sobre su situación laboral, en teoría trabajaba para Telegram, por lo que no deja de ser sorprendente su participación en un proyecto que supuestamente se había iniciado por un encargo de WhatsApp a Citizen Lab.

No se hace referencia tampoco al interés de Citizen Lab por conseguir “munición” a WhatsApp, Apple y a los independentistas para que tuvieran material sólido que presentar en procesos judiciales, tal y como declaraba Torrent en su libro. Ciertamente existen investigaciones motivadas por intereses corporativos o de otro tipo, pero los protocolos éticos científicos exigen que entonces que estos intereses sean puestos de manifiesto. Torrent llega a referirse a que uno de los autores trabajaba en nombre de Apple, lo que puede tener conexión con que después de los primeros cinco casos supuestamente identificados en la lista de WhatsApp, la investigación se centrase en dispositivos iPhone.

En cualquier caso, resulta curioso que se invite como peritos y testigos a un  procedimiento judicial contra una compañía a unas personas que presuntamente trabajaban para otra compañía que planeaba demandar a la primera.  Efectivamente, Apple acabó demandando a NSO Group en noviembre de 2021 y en la comunicación oficial llegó a mencionar explícitamente el agradecimiento a Citizen Lab y Amnesty  anunciando una contribución de 10 millones de dólares para apoyar a organizaciones que investiguen este tema.

El informe también omite que la Agència de Cibertseguretat trabajó en el análisis de los móviles con Citizen Lab y que los partidos políticos y asociaciones independentistas, jugaron un papel clave en la identificación de potenciales casos sospechosos de infección. Torrent incluso indica que Gonzalo Boye hacía un inventario, ya el 24 de julio de 2020. Es decir, el demandante incluye como prueba un informe que ha ayudado a elaborar. Tampoco se explica el motivo teórico o científico que les hizo ceñirse a analizar solo a personas ligadas al independentismo. La elección como título de “CatalanGate” que era una referencia propagandística que ideo Ernest Maragall y que era el nombre de una web que se había registrado en enero 2022 por la ANC y que pertenece a Omnium también resulta indicador de la falta de neutralidad del informe.

Por otra parte, las contradicciones entre los autores, periodistas y el mismo Torrent en el relato de cómo se inició la investigación en Cataluña resultan  notables. Si Citizen Lab tenía la lista de víctimas de la brecha de seguridad de WhatsApp desde 2019, ¿por qué Torrent se enteró que su teléfono había sido atacado cuando fue contactado por unos periodistas de El País y The Guardian? ¿Por qué habiendo 1400 nombres en la lista, muchos de dictaduras y países con importantes vulneraciones de derechos humanos, decidieron  emprender una investigación sobre el caso de los independentistas, donde el hecho de que hubiese vigilancia policial no podía sorprender demasiado?

Pero quizás lo más llamativo es que el informe no haga ninguna referencia a las precauciones que normalmente se toman cuando una investigación académica presenta riesgos para los intereses de terceros. En este caso Citizen Lab estaba alertando a ciudadanos de que podían estar siendo objeto de vigilancia por alguna agencia gubernamental española. Es preciso recordar que era razonable pensar que muchos de estas  personas estaban siendo investigadas por orden judicial, otras estaban fugadas y algunas incluso encarceladas. Por ejemplo, tres de los espiados se habían reunido con emisarios del Kremlin y seis trabajaban en el área de la tecnología blockchain y criptomonedas y se sospechaba que habían participado en la organización de la plataforma Tsunami Democratic. Como se ha revelado posteriormente los servicios de inteligencia españoles estaban vigilando a 18 líderes independentistas. No sabemos si sus escuchas fueron afectadas por la investigación de Citizen Lab. Ni los autores ni el comité ético de la Universidad de Toronto han dicho cómo se aseguraron de que con su investigación no se interfería el curso de la justicia española.

En definitiva, más allá de las implicaciones que este estudio pueda tener a nivel político y de reputación para el país, lo cierto es que existen una serie de aspectos técnicos que hay que tener muy presentes a la hora de determinar su  auténtico valor tanto como prueba documental en comisiones parlamentarias  como, sobre todo, en sede judicial.  Estas anomalías (y otras ya puestas de relieve en prensa y redes sociales) apuntan a cuestiones e inconsistencias que pueden ser de mucho interés a la hora de tenerlos en cuenta en otros procesos e investigaciones donde los participantes están implicados.

 

Catalán, escuelas y cohesión social. Sobre el acuerdo de la Generalitat de 4 de enero de 2022

El día 5 de enero de 2022 se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 4 de enero sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social (ver aquí). Se trata de un acuerdo que no puede ser entendido al margen de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que establece la necesidad de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo catalán, y de la que me ocupaba en un artículo de hace unos meses (ver aquí). Una vez firme esa resolución
judicial al haber inadmitido el Tribunal Supremo el recurso de casación planteado contra la misma, la Generalitat hizo expresa su voluntad de desobediencia y en este sentido dirigió un correo a los equipos directivos de los centros escolares catalanes conminándoles a continuar aplicando los proyectos lingüísticos existentes, sin modificarlos como consecuencia de la mencionada sentencia. Me ocupaba de ello en el artículo que acabo de indicar.

Ante esta voluntad expresa de desobediencia, varias organizaciones que llevaban años defendiendo los derechos lingüísticos de los ciudadanos catalanes y consiguiendo que los tribunales reconocieran que el castellano no podía ser excluido como lengua de aprendizaje, iniciaron una campaña destinada a conseguir la ejecución forzosa de esa sentencia y a denunciar su incumplimiento.

La respuesta de la Generalitat es el Acuerdo de 4 de enero de 2022, un Acuerdo que, como veremos, es significativo.

El Acuerdo tiene tres concreciones: reafirma el compromiso del Gobierno de la Generalitat en la defensa del catalán, anuncia que pondrá al servicio de los equipos directivos de los centros educativos los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat y exige responsabilidades a las personas o entidades que ataquen “injustamente” a personas o colectivos por la defensa y uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones.

A mi juicio es un Acuerdo que atenta gravemente contra principios democráticos básicos y contra el Estado de Derecho, tal como intentaré mostrar a continuación.

En primer lugar, el Acuerdo supone una deslegitimación radical de las decisiones judiciales que establecen la necesidad de que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas. En dicho Acuerdo se lee que la enseñanza en catalán es la que se deriva tanto del Estatuto de Autonomía de Cataluña como de la Ley de Educación y de textos internacionales suscritos por España, para añadir que “Pese a ello, últimamente, varias actuaciones políticas y judiciales han puesto en cuestión el modelo de enseñanza en catalán, legalmente establecido, al margen de la comunidad educativa, de la ciudadanía y de los poderes públicos elegidos democráticamente”.

La afirmación de que las decisiones judiciales han puesto en cuestión el sistema de enseñanza “legalmente establecido” no puede ser interpretado más que como la acusación de que las sentencias a las que se refiere no se han ajustado a Derecho. Se trata de una afirmación que es perfectamente legítima en un particular o en un político, pero que no puede ser introducida en un texto normativo publicado en un Diario Oficial sin poner en cuestión las bases mismas del Estado de Derecho, que exigen que los poderes públicos acaten las decisiones judiciales. Una deslegitimación como la que se acaba de describir, en el marco de un Acuerdo formal del gobierno autonómico supone una vulneración grave de elementos nucleares del Estado de Derecho, que debería tener consecuencias no solamente internas, sino también internacionales, especialmente en el marco de la UE, pues no podemos olvidar que ésta es especialmente vigilante del respeto por parte del poder ejecutivo de las decisiones judiciales, como se ha podido comprobar en los casos abiertos en relación a Polonia y a Hungría.

La deslegitimación, sin embargo, va más allá; pues, tal y como se acaba de indicar, el acuerdo publicado en el DOGC indica que las decisiones judiciales se han producido al margen de la comunidad educativa, la ciudadanía y los poderes públicos elegidos democráticamente. Esto es, existe un reproche implícito, pero claro, a quienes recurren a los tribunales para obtener la garantía de sus derechos en contra de los criterios del poder ejecutivo, a los que éste suma la comunidad educativa (en buena medida, configurada por este mismo poder ejecutivo) y la ciudadanía, de la que parece excluir a quienes optan por presentar sus alegaciones ante los tribunales.

Una crítica de esta entidad al recurso a los jueces es completamente inadmisible a partir de estándares democráticos elementales. El hecho de que un texto oficial cuestione que se acuda a los mecanismos jurisdiccionales para la obtención de la tutela judicial supone una enmienda a los pilares de la democracia liberal que se ha construido en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial y que constituye el núcleo del ordenamiento jurídico de la UE y de sus estados miembros.

Pero aún hay más. Tal como se ha adelantado, el acuerdo incluye la exigencia de responsabilidades tanto políticas como penales, administrativas “o de otra naturaleza” a las personas o entidades que “ataquen injustamente a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”. Se trata de una decisión especialmente perturbadora, porque en el contexto en el que se adopta el acuerdo es claro que tales personas o entidades son aquellas que han exigido ante los tribunales la enseñanza bilingüe y que han denunciado por otras vías los incumplimientos de la Generalitat. Esta amenaza de exigencia de responsabilidades, no solamente jurídicas para el caso de que se hubiera actuado ilegalmente, sino también políticas “o de otra naturaleza” parece buscar el amedrentamiento de la sociedad civil que cuestiona las actuaciones del poder público y es, por tanto, también otra quiebra significativa de elementos básicos del Estado de Derecho. Los ciudadanos no pueden ser coaccionados por el poder público para que dejen de exigir la garantía de sus derechos ante los tribunales de justicia o por los medios legales que consideren oportunos. Aquí es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el Acuerdo de 4 de enero no limita la exigencia de responsabilidades a los casos de actuaciones “ilegales”, sino que lo extiende a las que el gobierno considere “injustas”, lo que supone dotar a ese gobierno de un margen de discrecionalidad en la apreciación de las actuaciones que han de ser perseguidas que carece de fundamento legítimo.

La exigencia de responsabilidades se extiende también a los “ataques” a quienes ejerzan sus funciones. De nuevo el contexto nos aporta la explicación de a qué se refiere este extremo.

Tal como hemos indicado, ya en noviembre el Gobierno de la Generalitat, a través de su Consejero de Educación, trasladó instrucciones a los equipos directivos de los centros educativos para que no modificaran sus proyectos lingüísticos; esto es, para que siguieran excluyendo el castellano como lengua vehicular. Ante esta situación, las entidades defensoras del bilingüismo han anunciado que pondrán en marcha las actuaciones judiciales que consideren necesarias para conseguir la plena efectividad de la Sentencia de 16 de diciembre de 2020. La advertencia contenida en el Acuerdo de 4 de enero parece dirigida a informar que esas actuaciones podrán ser consideradas como “ataques” injustos que podrían dar lugar a la exigencia de responsabilidades “políticas, penales, administrativas o de otra naturaleza”. De nuevo el intento de amedrentar a la disidencia dentro de Cataluña.

A esto se une el segundo de los Acuerdo adoptados, en relación a la puesta a disposición de los equipos directivos de los centros educativos de los servicios jurídicos de la Generalitat. No entraré ahora en ello, pero es necesario apuntar que el auxilio a los funcionarios por parte de la Administración en los casos en que estos funcionarios actúen en el ejercicio de sus funciones no alcanza a liberar a estos de su responsabilidad cuando de forma dolosa o por culpa grave incumplan una obligación legal, lo que incluye la necesidad de acatar las decisiones judiciales.

Seguramente habrá ocasión de volver sobre este punto más adelante, así como sobre el régimen lingüístico en las escuelas catalanas. Ahora interesa sobre todo destacar que el Acuerdo de 4 de enero, publicado en el DOGC del 5 de enero supone un cuestionamiento inasumible de las decisiones judiciales y del recurso a los tribunales en contra del criterio del poder público, así como una indisimulada amenaza a las personas y entidades que han cuestionado la enseñanza monolingüe en catalán. Se trata de hechos graves que atacan frontalmente elementos esenciales del Estado de Derecho, por lo que no deberíamos permanecer indiferentes ante ellos.

HD Joven: La politización de la UAB; carta de un estudiante

Un nombre del que sentirse orgulloso cuando la gente mirase con asombro el diploma de licenciatura que colgaba de la pared del despacho y que acreditaba que te habías formado en tan noble institución. Esa era la idea que muchos teníamos cuando decidimos escoger la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para confiarle la oportunidad de cincelar los pilares que sustentasen el peso de nuestras ideas y pensamientos. Ese por lo menos fue mi caso y me atrevería a afirmar que también el de muchos de mis compañeros que finalmente decidieron decantarse por la autónoma de Barcelona en vez de por otra.  Los motivos que hicieron que la escogiese fueron varios. Sabía que la UAB se encontraba entre las 200 mejores universidades del mundo según los principales ránquines de universidades, concediéndole la categoría de “Campus de excelencia internacional”. También era consciente de que por esa casa habían pasado grandes personalidades como Jordi Évole, Eduardo Mendoza, Javier Sardà, entre otros, y aspiraba, inocente como si de un deseo a los Reyes se tratase, conseguir lo que ellos habían logrado. Pensaba que estudiar donde ellos lo habían hecho, respirando el mismo aire, mientras leía los mismos libros que habían tenido entre sus manos me ayudaría a lograrlo.

La universidad siempre había sido un espacio de formación, donde se nos debía dotar a las personas de los conocimientos necesarios para poder crear nuestra propia opinión sobre las cosas. Esta era una idea que aparentemente estaba generalizada y que le venía a uno a la cabeza cuando pensaba en la universidad. Una institución donde regía la libre confrontación de ideas y el pensamiento crítico, siempre con respeto y tolerancia hacia los demás. En definitiva, un lugar de concordia y fraternidad al que se le tenía muchos respeto y admiración gracias a la neutralidad política que regía todas sus decisiones y que resistían a las injerencias políticas exteriores.

Pero parece ser que esa idea de universidad ha cambiado, hecho que no se entiende sin tener cuenta el momento político-social tan convulso y difícil que estamos viviendo en Cataluña y en el resto de España en la que se están poniendo en jaque muchos de los cimientos que hasta este momento estructuraban y daban sentido a nuestra manera de ver y entender las cosas: el Estado de Derecho, la Democracia y también los fines de las universidades. La UAB comandada por la rectora Margarita Arboix ha decidido virar el rumbo y respirar nuevos aires. Ha optado, en nombre de todos los miembros de la comunidad de estudiantes, profesores, integrantes de la administración e incluso personal de mantenimiento, posicionarse políticamente y dar apoyo a aquellos que quieren y desean, ya no solo el referéndum de secesión ilegal en Cataluña, sino también la independencia. Una práctica que vulnera claramente la neutralidad política que debe regir toda institución educativa, y más si es pública, como sucede con la autónoma, puesto que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos. Muchos son los hechos que evidencian esta deriva hacia el independentismo. Veamos algunos ejemplos.

El gobierno de la autónoma lleva mucho tiempo dejando de lado a sus estudiantes. Decidió hacerlo cuando el pasado 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno de la UAB aprobó adherirse al Pacto Nacional por el referéndum, como si todos los miembros de la comunidad universitaria a los que representa fuésemos partidarios de la opción independentista.  

Por otro lado, están las huelgas convocadas para dar apoyo al proceso nacionalista catalán. Son ya siete las que se han convocado  en lo que llevamos de trimestre. Todas ellas secundadas, como no, por los colectivos independentistas de estudiantes o falsamente llamados “sindicatos de estudiantes”. La dirección de la universidad ha puesto todas las facilidades para que el seguimiento de las mismas sea efectivo y no puedan impartirse las clases a las que los alumnos tenemos derecho. Así se demuestra cuando se permite a los “huelguistas” dormir en la Facultad de Letras con todos los gastos incluidos corriendo a cargo del contribuyente, para así al día siguiente poder estar a primera hora de la mañana perpetrados detrás de las barricadas hechas con el mobiliario universitario. Es ahí cuando la imparcialidad de la universidad se lleva a su máxima expresión y te sientes totalmente desprotegido por aquél que debe garantizar tus derechos. No entiendes por qué la opinión política del piquete que tienes enfrente, que se enmascara bajo la noción de derecho, ha de prevalecer sobre el derecho que has adquirido pagando una considerable ingesta cantidad de dinero. Y luego, nuestra rectora tiene la osadía de declarar en una entrevista  conjunta con el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias, en el periódico el País que “las Universidades no deben posicionarse políticamente”.

La complicidad no se queda ahí, sino que al día siguiente de las hueglas, cuando el equipo de gobierno emite su respectivo comunicado sobre el seguimiento de las mismas, obvia datos tan significativos como los enfrentamientos entre alumnos que ha habido, los insultos y coacciones que hemos sufrido aquellos que queríamos ir a clase. O, por ejemplo, las constantes interrupciones de las clases repletas de “esquiroles” por los piquetes, obligando a los estudiantes a tener que dar por finalizada su clase teniendo que salir del aula con la cabeza gacha escuchando de fondo los cánticos y vítores de los vencedores. Todo ello bajo la complicidad del rectorado que, a sabiendas, ha permitido que todo ello suceda, excusándose en que ha hecho todo lo que estaba en su mano al enviar a un par de vigilantes para poner orden. Como si el grupo de 30 radicales, con palo en mano, fuesen a entrar en razón con dos miembros de la seguridad el campus.

El último de los gestos de “imparcialidad” se ejecutó el pasado 22 de noviembre por parte del Claustro de la Universidad -órgano de máxima representación de la comunidad universitaria que debate las líneas generales de actuación de la Universidad-. Dicho órgano emitió una declaración “exigiendo la inmediata puesta en libertad de los diferentes políticos detenidos”, que están detenidos, no lo olvidemos, por saltarse la ley vigente en nuestro país. Además, en el comunicado apelaban al vínculo de los detenidos con la universidad (algunas de las cuales están o han estado vinculadas a nuestra universidad”), como si el hecho de formar parte de una u otra institución te exime del cumplimiento de la ley. En definitiva, decidió actuar extralimitándose de sus propias competencias, por las cuales existe, e interferir en las decisiones judiciales. Algo impropio en una sociedad seria donde se respete el Estado de Derecho.

Como alumno de la Autónoma me entristece mucho ver como mi universidad es noticia, no por sus logros académicos, sino por las declaraciones de su máxima responsable en un programa de televisión de máxima audiencia, donde buscaba desmentir las denuncias de un grupo de estudiantes de su universidad que declaraban vivir en una constante persecución ideológica en su campus bajo la despreocupación y complicidad de aquél que debe gobernar para el mejor funcionamiento de la universidad. Me sabe mal, también, por todos aquellos profesores que están poniendo todos su empeño y dedicación en trabajar, investigar y enseñar con la idea de dejar en un buen lugar a la institución para la que trabajan. Algunos lectores que lean este artículo me tacharán de atacar el prestigio de la Universidad logrado, precisamente, por esa labor docente e investigadora, poniendo en riesgo el duro trabajo que muchos llevan cultivando. A ellos me dirijo, y les digo que, precisamente, escribo este artículo para proteger esa laboral tan importante que hacen. No se merecen ver como su universidad está secuestrada por la intolerancia de unos y la complicidad de otros. Nos merecemos una universidad plural que respete la libertad de todos sus integrantes.

Quiero poder sentirme orgullo de esta mi universidad. Quiero poder escribir sobre sus virtudes y de por qué es un buen centro universitario, convenciéndoles de lo acertada que sería su decisión si decidiesen matricularse en ella. Pero me cuesta mucho hacerlo cuando aquél que debe gobernar para todos sus alumnos decide hacerlo sólo para unos cuantos. Confío en que el alumnado, que siente la misma decepción y enfado que siento yo ahora al escribir estas líneas, decida, dentro de sus posibilidades, denunciar esta opción partidista por la que ha optado la universidad.  Espero y deseo que la deriva que ha tomado el equipo de gobierno acabe redirigiéndose hacia el buen rumbo donde se encuentra la excelencia. Porque para ser una universidad de excelencia no basta con desearlo. Sin libertad y neutralidad institucional, esa excelencia no puede conseguirse. Creo en una universidad de todos y para todos.

HD Joven: Lo que sólo solucionará el 155

Desde que el pasado sábado el Gobierno anunciara que solicitaría al Senado la destitución de los dirigentes de la Generalidad de Cataluña, entre otras medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución Española, se inició una suerte de vacatio legis durante la cual, parecía, cabían todo tipo de estratagemas políticas de legalidad cuestionable para que Puigdemont y compañía eludieran lo que sería el inicio de su asunción de responsabilidades.

La convocatoria urgente de elecciones se erigió en la más factible de estas opciones, tanto desde el punto de vista operativo, como por ser la que menos rechazo produciría en el resto de fuerzas políticas. O eso se desprendía, al menos, de las manifestaciones que realizaron diferentes portavoces políticos reconociendo de forma más o menos explícita que una –ficticia- rectificación del Govern en forma de elecciones catalanas, debería suspender las excepcionales medidas anunciadas por Mariano Rajoy.

Dejando a un lado lo penoso que resulta para la credibilidad del Estado español el hecho de que se asuma con total naturalidad que su integridad territorial está a merced de lo que decidan un grupo de delincuentes embrionarios y no bajo control del Gobierno, a la vista de cómo algunos representantes políticos anhelan la irrupción de cualquier excusa que evite la aplicación del 155, resulta necesario recordar que las atrocidades cometidas durante los últimos meses son sólo la punta del iceberg de un problema mucho mayor.

Aguardar la llegada de una solución sanadora supone reducir el problema a un gobierno de una comunidad autónoma un tanto “descontrolado” que está en disposición de devolver las aguas a su cauce y salir airoso del envite. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg.

Y es que la quimera secesionista ha perpetrado enormes vulneraciones de la Ley, pero también ha destapado todos los males endémicos que el independentismo ha ido inyectando durante décadas en la vida diaria catalana, y que gracias a la aquiescencia continuada de los sucesivos gobiernos están ahora plenamente arraigados en gran parte de la sociedad. Y ninguno de ellos se solucionaría si se anulase la aplicación del artículo 155 CE:

Mossos de Esquadra: el papel de la policía autonómica catalana durante esta crisis se ha desarrollado, en términos generales, entre la falta de diligencia profesional y el delito.

Son innumerables las irregularidades que se han dado en el funcionamiento de este cuerpo policial durante estos meses, hasta el punto que una de las principales medidas planteadas en aplicación del 155 sería la sustitución de su cúpula por miembros de cuerpos nacionales.

Todos los desacatos por parte de los Mossos tienen su origen en la forma en que el ejecutivo secesionista ha moldeado a su espurio interés sus órganos internos, lo cual, por obra y gracia del principio de jerarquía, se extiende de forma  imparable hacia los mandos más bajos del Cuerpo.

Tener a casi 18.000 policías armados cuyo comportamiento puede ser incierto o, en el peor de los casos, incontrolable, es un problema que España sencillamente no puede permitirse. Y que, además, no se solucionaría si se suspende la aplicación del 155.

Educación: que en las aulas de los colegios catalanes se han estado obviando durante décadas los más elementales principios educativos era algo conocido por algunos, y denunciado por otros menos.

El desafío independentista ha servido para revelar, también en este ámbito, las atrocidades cometidas bajo el mandato y el beneplácito de los sucesivos dirigentes autonómicos en el sistema educativo catalán. Desde la supresión de facto del castellano en las aulas hasta la enseñanza de una Historia completamente fabulada a favor del discurso catalanista, son innumerables las señales de adoctrinamiento antiespañolista a que se estaba sometiendo al alumnado y que han quedado a la vista de todos en estos meses.

Dado que la educación es una prerrogativa de la comunidad autónoma “concedida” por el Estado, la toma de control de la Generalitat por parte del Gobierno central supondría dejar de postergar la obligación de tomar las medidas oportunas en este ámbito, depurar responsabilidades y comenzar a revertir esta situación que, no obstante, precisará de varios lustros de esfuerzo y desengaño.

Este problema tampoco se solucionaría si se suspendiese la aplicación del 155 con un subterfugio ad hoc.

Medios de comunicación: en estrecha relación con lo anterior, el proceso de evangelización catalanista ha contado con el inestimable sostén de TV3  y el resto de medios de comunicación “de la Generalitat”, que han desempeñado un rol fundamental en la formación de la opinión pública proindependentista.

Como aparato propagandístico de la causa, estos medios han sido un elemento clave en la difusión de la realidad alterada que se ha estado ofreciendo a los catalanes. Y todo ello, por cierto, sufragado en su mayor parte con dinero público.

Lo burdo de esta catequización ha llegado a tal punto que, incluso, el diario francés Le Monde acusaba hace unos días a TV3 de «bombardear una propaganda independentista, simplista y mentirosa», recurriendo «a una retórica de victimización que quiere hacer creer, de forma grotesca, que Cataluña es víctima de un regreso de la dictadura franquista».

De hecho, la adhesión de estos medios de comunicación al procés es tal que son sus propios directivos los que promueven la vulneración de la Constitución y las leyes españolas y proclaman abiertamente su apoyo al Govern.

En definitiva, se trata de un ámbito más copado por la metástasis independentista que, como decimos, no sanaría si las hipotéticas elecciones urgentes conllevasen la inaplicación del 155.

A semejanza de los anteriores, podríamos mencionar otros muchos problemas que no se solucionarían si el Gobierno de España da marcha atrás, por el motivo que sea, en la toma de control de las instituciones catalanas. Porque ello no es, como se dice, un mal menor o una medida traumática o invasiva. La importancia de restaurar la legalidad en Cataluña es tal que de ello depende la legitimidad, no del Gobierno, sino del propio Estado español. De ello depende su razón de ser.

¿Qué tipo de dominación o expresión de la soberanía popular puede constituir un Estado que además de consentir durante meses atropellos a la base sobre la que se asienta (la legalidad), cuando definitivamente toma la decisión de actuar termina retractándose por un débil pretexto?

Como decía Ignacio Gomá hace unos días, “no se puede decir eso de que “me duele a mí más que a ti” o lo de “preferiría no aplicarlo”. Y no se puede, sencillamente, porque muchos problemas quedarían sin resolver.

 

 

HD Joven: Cataluña: ¿por qué la solución no pasa por un Estado Federal?

Quienes hablan de que el problema catalán no se soluciona solo con la aplicación de la ley tienen razón, máxime teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Es un problema que requiere, además de la aplicación de la ley, una respuesta política. Sin embargo, la cuestión de fondo es: ¿qué respuesta política?

Los editores de Hay Derecho tienen la suya, para otros como el PSOE, esta respuesta vendría de la mano de una reforma constitucional que convirtiera nuestra Carta Magna en un Estado Federal. Y esto, tiene dos problemas que hacen que a mi juicio no sea la solución adecuada. En primer lugar, que ya se debatió a la hora de elaborar la Constitución del 78, y aparte de ser rechazado por Alianza Popular (argumentaban que era el paso hacia la ruptura de España), también fue rechazado por la minoría catalana de Miquel Roca y la vasca de Arzalluz. ¿Por qué? Manuel Alcántara y Antonia Martínez nos lo explican en su libro Política y Gobierno de España. Porque hacer de España un Estado Federal suponía algo que en principio es intrínseco al federalismo, que todos los territorios son iguales. Por ello, hubo una práctica unanimidad entre ambos en negarse a disponer de una representación institucional comparable al del resto de territorios.

Si acudimos al manual de cabecera que todo estudiante de ciencias políticas tiene que empollar durante el primer año de carrera, Ciencia Política: Una introducción de Josép M. Vallés, extraemos que, tomando como referencia el federalismo de Estados Unidos o Suiza, las federaciones se caracterizan por: (i) una distribución constitucional de competencias que deja de una forma muy estricta y clara cuales corresponden al gobierno federal (Defensa, moneda, política exterior y todo lo que tenga que ver con el interés común) -y todo lo demás corresponde a los estados-, (ii) un papel relevante del reparto de la capacidad tributaria y de cómo se distribuye el derecho a poner tributos y a rendir cuentas por los mismos, (iii) la existencia de instituciones federales en cuya composición y actividad intervienen de alguna manera los estados o entidades federadas, (iv) la existencia de una constitución propia en cada uno de los estados o entidades federadas – en la que se precisan las instituciones de gobierno de cada una de ellas – y (v) el establecimiento de un tribunal central o federal con atribuciones para decidir sobre los conflictos que enfrentan a la federación con los estados o a los estados entre sí.

Aquí encontramos la segunda cuestión que hace que la reforma federal no sea capaz de resolver, a día de hoy, el problema catalán. ¿Cuál de esos rasgos federales no tenemos ya de una u otra manera en nuestro sistema actual? Es cierto que el reparto competencial es farragoso, complicado y ambiguo, también lo son el asunto tributario y el de la financiación de las CCAA, y, no lo es menos, que nuestro actual Senado no responde a la realidad que se dio tras el famoso “café para todos”.  Sin embargo, por ejemplo, Cataluña tiene sus competencias, gestiona sus tributos, aporta senadores y diputados y tiene un Estatuto con el que han creado un parlamento y un gobierno. Y respecto a la última característica, qué decir. Tenemos un Tribunal Constitucional que decide sobre los conflictos entre el gobierno central y Cataluña.

Por lo tanto, ¿una reforma como la que propone el PSOE generaría una respuesta política que genere la ilusión suficiente entre la clase política catalana como para refundar el pacto constitucional y devolverlos al redil?

Si leemos el documento del PSOE, Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural, nos propone la vieja aspiración de Zapatero de incluir en nuestra Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España, reformar el Senado para que sea una cámara de representación territorial, clarificar y completar el sistema de distribución de competencias, reconocer las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones o establecer los elementos fundamentales de financiación de las Comunidades Autónomas, entre otras.

Esto me lleva a otras dos cuestiones nuevas con las que pretendo desarrollar mi tesis. La primera, ¿cuál de todas estas propuestas convertiría nuestro sistema territorial en un sistema federal? Creo que ninguna, porque, aunque nuestra Carta Magna no utiliza el término federal en ningún momento, es ya una Constitución Federal de facto. Por lo tanto, no habría cambio alguno respecto de lo que ya tenemos. Lo que se propone, aparte de como critican algunos académicos al PSOE (solo sirve para cambiar el término Autonomía por Federación), es mejorar todas las deficiencias que venimos debatiendo a lo largo de tres decenios de democracia. Y está muy bien, es muy loable que algún día las corrijamos, pero no supondría ninguna federalización del Estado porque España ya es un Estado Federal. La segunda es ¿cuál de todas esas propuestas satisfaría las aspiraciones de Puigdemont, Junqueras, Mas y sus socios de la CUP? Yo personalmente creo que ninguna, porque no crearía diferenciación alguna de Cataluña respecto del resto de territorios, que desde el 78 es precisamente lo que buscan.

Dicho todo esto, el manual de ciencia política que he mencionado también nos recuerda que no existe un único modelo federal y que el sistema territorial español se puede encuadrar en un tipo de estado compuesto a medio camino entre la federación y el estado unitario descentralizado. Pero como vemos, si acudimos a los rasgos claves que nos sirven para definir a cualquier tipo de modelo federal, España, de una u otra forma ya lo es. Por lo tanto, en ese aspecto, no tenemos una respuesta política porque no tendríamos nada nuevo que ofrecer. Por eso, cobra sentido una de las preguntas que se hacía Pablo Simón a la hora de anunciar uno de sus últimos eventos de “Cervezas y Politikon” sobre el federalismo, ¿es algo más que un eslogan de algunos partidos políticos? Mi respuesta es: de entrada, no.

De entrada no, porque de momento los interlocutores catalanes con los que tienen que lidiar los partidos constitucionalistas están a otra cosa muy diferente. También porque como se ha apuntado recientemente, no se puede reformar la Constitución para contentar a Puigdemont. No serviría de nada. La única esperanza para esta respuesta política sería conseguir generar en la ciudadanía catalana una nueva ilusión por un nuevo pacto. Pero, desde mi punto de vista, esto es muy complicado, porque de facto no aportaría más autogobierno a Cataluña del que ya tiene, o a cualquier territorio, y su pondría un problema con otras regiones por la existencia de figuras como los fueros vacos y navarros. Por lo tanto, la respuesta política a mi entender no pasa por la reforma constitucional, que es complicada y requiere un proceso gravoso. Nunca sería comprada por los que hoy ocupan la Generalidad y existen otras opciones legislativas más simples para aclarar las competencias, el sistema de financiación o la reforma del Senado que no se han explorado lo suficiente.

Fruto de este mero eslogan político que es la supuesta propuesta de reforma federal del PSOE, no soy yo el único que lo cree- no obstante otro colaborador de HD Joven de este blog se lo preguntó la semana pasada-, es la nueva propuesta de Pedro Sánchez de crear una comisión en el Congreso para discutir este asunto y su frase del pasado lunes cuando dijo: “queremos convencer, pero estamos abiertos a ser convencidos”. Parafraseando a Churchill o al Conde de Romanones, tanto la propuesta de reforma federal, el lío con el término, la supuesta apertura a ser convencido y la creación de una comisión para discutir el asunto, se pueden resumir en la frase: Si quieres retrasar, o distraer, la solución de un asunto crea una comisión”.

Nueva serie. Diario de Barcelona: ¿Todo está en el mismo sitio?

 

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Nuestro colaborador Jorge Trías está de vuelta en Barcelona, su ciudad natal. Nos ha parecido que sería interesante que nos fuera contando con una periodicidad semanal bajo el título “Diario de Barcelona”  como ha sido la vuelta y la situación desde el punto de vista del Estado de Derecho por allí.  Pero inevitablemente la primera pregunta es ¿como se ha llegado a esa situación?

Los editores

Después de una breve y fructífera estancia en el Ministerio de Justicia, me quedé a vivir en Madrid donde monté un despacho profesional. Corría el año 1981, poco después del golpe de estado. Presidía la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, quién  durante ese esperpéntico asalto llamó sobresaltado al Rey y éste  le calmó con un “tranquilo Jordi, tranquilo”.  Tras la corta presidencia de Calvo Sotelo los socialistas arrollaron en las elecciones de 1982 y gobernaron ininterrumpidamente hasta 1996. Su único contrapeso durante varios años fue el gobierno ecléctico de Jordi Pujol, que entonces lideraba Covergencia i Unió, y hacía y estructuraba y desestructuraba la administración catalana a sus anchas. Lo importante, decía el Presidente Pujol, solía repetir el Presidente Pujol, era ir arañando competencias, aunque estas fuesen mínimas y no se tuviese claro cómo costearlas. Y lo repetía hasta la saciedad, como si de una estrategia militar se tratara. Así se llegó a 1996, cuando los populares ganaron las elecciones por minoría y hubo que pactar con CiU del mismo modo que en el gobierno anterior lo había hecho Felipe González en 1993.

Las negociaciones, llevadas directamente por Aznar y Pujol, finalizaron con un acuerdo de gobierno estable con los nacionalistas catalanes al que se sumaron el PNV y Coalición Canaria. No sólo se suprimió la simbólica figura del gobernador civil sino que, incluso, el gobierno del PP se comprometió a transferir competencias que ni siquiera los nacionalistas habían pedido. En CiU estaban tan contentos que no daban crédito al terreno que iban consiguiendo. Y con el PNV se pactó un nuevo concierto económico, concierto que cuando fue aprobado por el Congreso de los Diputados llevó a un exultante Anasagasti a proferir, mientras descendíamos juntos las escaleras del congreso, “¡esto es la h…, Jorge,  es como haber conseguido la independencia”! Y era verdad, los nacionalistas vascos habían obtenido lo que querían: el control del dinero, o sea la independencia. Lo demás era accesorio perteneciendo, como pertenecíamos, a la Comunidad Europea en donde se establecía una política monetaria, exterior y de defensa común.

Es importante, recordar lo que ocurrió con la mayoría absoluta obtenida por el PP en la siguiente legislatura, la guerra de Irak, el triunfo de Zapatero y la negociación del nuevo estatuto de Catalunya. El PP se automarginó y los populares quedaron como apestados de la política en Catalunya. Gente tóxica. Las permanentes apelaciones de este partido al Tribunal Constitucional, en varias ocasiones perfectamente prescindibles, y el enfrentamiento directo entre el gobierno catalán y el español en la legislatura en la que Rajoy obtuvo mayoría absoluta, envenenaron la política española y la catalana. Y esto es lo que permitió al gobierno de Pujol, heredado por Artur Mas, introducir en el imaginario de todos (o al menos de los catalanes) que había dos gobiernos –el español y el catalán-. Los catalanes, sobre todo nacionalistas, entendieron que dos gobiernos representaban dos estados –el estado catalán y el español- y que ambos tenían derecho a  negociar en plano de igualdad. Pero, negociar ¿el qué? Pues el “tránsito hacia la independencia”, clamó Mas, la independencia de Catalunya; y no había nada más que hablar.

El gobierno español, con un presidente propenso a ponerse de perfil, también se puso de perfil. Y los líderes de los partidos comenzaron a imitar a Rajoy o sea a no hacer nada, a quedarse quietos. Y así aguantó toda la legislatura –de 2011 a 2015- hasta que Mas convocó elecciones y las ganó pero con tanta minoría que tuvo que dejar, in extremis, el sillón de President a quien hoy preside la Generalitat, el señor Puigdemont, con el fin de obtener los suficientes apoyos para poder gobernar. Con caras nuevas, antes de iniciarse la campaña electoral se consiguió desbloquear, al menos, el aislamiento entre el gobierno central y el autonómico y se pactaron varios acuerdos, algo que no había sido posible en los cuatro años anteriores.

Ahora se espera que el PP forme gobierno en España, a base de abstenciones ya que de otro modo parece imposible, entre las que probablemente se encuentre la del Partit Demócrata de Catalunya –la nueva Convergencia hija y nieta del pujolismo. Ellos –los antiguos convergentes- no han abandonado el independentismo, al que se sumaron abiertamente hace bien poco; y desde el gobierno que salga se harán concesiones económicas pero no convocarán el desde Catalunya tan demandado referéndum. Las experiencias de Escocia y el Brexit son lo suficientemente recientes que Mariano Rajoy, utilizando sus propias palabras, no se meterá “en ese lío”.

¿Y cómo se ha llegado hasta aquí, a una situación tan inviable –la independencia- y perjudicial económicamente para los catalanes, o sea para nosotros? ¿Son los sentimientos tan fuertes que estaríamos dispuestos a lanzar a nuestros hijos a luchas que les arruinarían la vida y les empobrecerían durante varias generaciones, por lo menos? Una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es tergiversar la realidad y lanzar un mantra como ese del robo español, o ese otro de los 16.000 millones o aquel de las balazas fiscales de Alemania, y otra muy distinta aceptar la realidad. Como ha demostrado Josep Borrell los 16.000 no llegan a 2.000 y aquí no hay expolios sino malos negociadores o, lo que es lo mismo, malos políticos; y que en Alemania no existe lo que se pretende desde el independentismo sobre las balanzas fiscales.

Esto es lo que trataré de averiguar ahora que he instalado mi residencia habitual en Barcelona, la ciudad en la que nací y me crié. ¡Es tan poca la distancia entre Madrid y Barcelona!Tengo curiosidad por ver si ejerciendo mi profesión desde aquí, mi perspectiva cambia. O si lo que parece que es distinto, el mar, el Tibidabo, los edificios construidos por mi tío abuelo (el arquitecto EnricSagnier), el magma urbano, a veces modernista, que se desborda entre el Besós y el Llobregat, Montjuico Mont Juïf, enfin, si todo eso y todo lo que contiene, catalanes viejos y nuevos, es realmente ajeno a Madrid. También entender si Barcelona es Catalunya o siCatalunya es otra, la hermana olvidada que ve el independentismo como una forma de imponerse a la hermana que globalmente brilla entre cruceros y turistas.

Esto es lo que iré desgranando semana tras semana.

Otra vez sobre el referéndum catalán y la Ley de Claridad canadiense: normas e incentivos tras el precedente del Brexit

La propuesta del PSC de celebrar una consulta “legal y acordada a la canadiense” sobre la independencia de Cataluña si no prospera “la reforma federal  de la Constitución planteada por el PSOE”, engloba un enorme número de ambigüedades que es necesario despejar. Al menos si no queremos seguir inflando irresponsablemente globos demagógicos estilo Brexit que un buen día nos puedan explotar en la cara para espanto de todos.

En primer lugar es necesario matizar esa referencia a la reforma federal, porque hay que insistir una vez más en que nosotros ya tenemos un Estado de tipo federal, bastante más descentralizado que la mayoría de los Estado federales clásicos, por cierto. Lo que pasa es que cuando uno entra a examinar la letra pequeña, se da cuenta de que la propuesta del PSC gira en torno a una modalidad (sin duda posible, como casi todo en esta vida) bastante particular del Estado  federal, que es aquella en la que un Estado –Cataluña- mantiene “una relación bilateral” con el resto y ostenta determinadas competencias a las que los otros Estados no pueden acceder. Ya le llamemos cuasi confederal o federal asimétrico, resulta difícil encajar esta propuesta sin más bajo el enunciado “una reforma federal de la Constitución”.

En cualquier caso, es obvio que tal como está configurado hoy el arco parlamentario una reforma en esta línea es prácticamente imposible, y sospecho que lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Pero es que, además, aunque fuese posible reconocer cierta asimetría a Cataluña, es muy ingenuo pensar que la tensión nacionalista-independentista va a desaparecer por eso. Este es un problema que o cogemos por los cuernos o nos perseguirá para siempre (con sus lógicos altibajos). Así que pasemos a la propuesta alternativa: una consulta legal y acordada a la canadiense sobre la independencia de Cataluña.

Este es uno de los temas al que más espacio y análisis le hemos dedicado en los últimos tiempos, desde este primer post de 2012 (“Secesiones a la carta. El caso de Quebec”)  hasta este artículo publicado el sábado pasado en El Mundo (“Sobre la Ley de Claridad canadiense”). Hemos defendido que la estrategia canadiense puede ser una buena línea para resolver de una vez este problema enquistado, pero siempre que se haga bien, lo cual de entrada implica que no se puede copiar sin más dicha referencia. Sencillamente, porque el sistema constitucional canadiense es totalmente distinto, en cuanto permite a los Estados de la Federación convocar ellos mismos ese referéndum. La Ley de Claridad lo que establece es en qué condiciones la Federación se va a sentir vinculada por ese resultado y obligada a negociar de buena fe.

Pero en España no solo la competencia la tiene el Estado (art. 149.1.32 CE), sino que es enormemente discutible que sin modificar la Constitución se pueda someter a referéndum cuestiones (como la unidad de España) sobre las cuales la Constitución ya ha decidido. El referéndum consultivo del art. 92.1 está pensado para ilustrar decisiones del poder constituido que este podría adoptar por sí solo (y por eso únicamente dentro de los límites de la Constitución), no del poder constituyente (que ya ha adoptado y para cuya modificación se prevé un proceso complejo). La razón evidente es que el Estado no puede quedar vinculado ni política ni jurídicamente como consecuencia de una actividad propia -un referéndum que organiza él- a un resultado que exige una reforma constitucional, sin cumplir los requisitos de una reforma constitucional. Lo contrario implicaría admitir por la puerta de atrás una reforma constitucional con menos requisitos (si el Estado debe entenderse vinculado por el resultado) o con eficacia ligth (si solo debe entenderse vinculado un poquito…). Ahora bien, si tras una reforma del art. 92 CE se previese expresamente un referéndum de este tipo, entonces no habría problema, porque se habría introducido una nueva vía de modificación constitucional a este limitado efecto. Ya lo hemos analizado en este otro post (“Los referendos catalanes y la reforma constitucional”).

Esto implica que, a diferencia de lo que ocurre en Canadá -en el que el referéndum es el primer paso y la reforma constitucional (con todos sus requisitos y garantías) el último- en nuestro caso todo tiene que ocurrir exactamente al revés. Primero se debe realizar una reforma constitucional para permitir un referéndum de este tipo, y luego celebrarlo, lo que además presenta mayores ventajas que el sistema canadiense, dado que los incentivos finales son más adecuados, como ha probado claramente el Brexit. Es decir, la posición que defendemos no solo es más fiel a las normas, sino que responde mejor a la utilidad y a los incentivos concurrentes.

Efectivamente. En Canadá un resultado afirmativo en un referéndum de independencia no cierra el proceso, sino que lo abre, con todas las incertidumbres que tal cosa plantea. Las partes se comprometen a negociar de buena fe, pero puede ocurrir que otro Estado de la Federación considere que las condiciones de separación no le convienen y vete el proceso. Quebec se tendría que aguantar o renegociar condiciones peores a las anunciadas en el referéndum, con la frustración correspondiente en cualquiera de los casos. Por eso, es mucho más conveniente que el referéndum se realice al final del proceso con perfecto conocimiento de las consecuencias del resultado. Si el Brexit nos ha proporcionado una dura lección, no es la de la improcedencia de los referendos en esta época de representación política de baja calidad, sino más bien la del enorme cuidado que la representación política debería tener a la hora de convocarlos (lo hemos tratado hace poco). Si nosotros convocamos el referéndum ahora y sale que sí a la independencia de Cataluña, quedaría todavía pendiente una reforma constitucional compleja que puede terminar resultando inviable, dando así al traste completamente con esa decisión.

En el caso del Brexit la gente fue a votar sin conocer las condiciones de salida, que ahora dependen de la incertidumbre de una difícil negociación entre el Reino Unido y una UE de 27 Estados en el que las decisiones se toman por unanimidad, y que al final pueden no tener nada que ver con lo que los electores tenían en mente cuando fueron a votar. No resulta extraño que voces tan autorizadas como The Economist hayan propuesto que una vez que se conozcan esas condiciones debería votarse otra vez (dando pie así a un posible exit del Brexit).

Pero lo peor no es la incertidumbre, el votar a ciegas y el riesgo de frustración, sino los incentivos concurrentes a la hora de formar la voluntad de los electores en el caso de que el referéndum esté al principio y no al final. Esto lo hemos comprobado también en el caso del Brexit. Cuando la votación está al principio y la negociación está después, de tal manera que sea incierto el propio resultado del proceso o sus condiciones principales, el elector presenta menos aversión al riesgo (por definición más desconocido), mayor tendencia a delegar la responsabilidad (en los políticos que deben concretar la opción elegida) y, sobre todo, es más proclive a votar por razones estratégicas que no tienen directamente que ver con la cuestión que se les somete a decisión (castigar al establishment, derrocar a un Gobierno, forzar una renegociación ventajosa, etc.).

El Brexit lo ha demostrado. Por eso no comentamos el mismo error. Puestos a plantear una Ley de Claridad a la canadiense reformemos primero la Constitución para definir perfectamente las condiciones del referéndum (mayoría necesaria, plazos, cuerpo de electores, preguntas admisibles, etc.), y también las condiciones de salida (plazos, cuestiones fiscales, régimen fronterizo, periodos transitorios, etc.), de tal manera que cuando la gente vaya a votar lo haga con perfecto conocimiento de causa y sabiendo que, definitivamente, no habrá exit del Catexit.

¿Qué perjudica más a los ciudadanos la corrupción o la incompetencia? La gestión de la Gran Recesión por la Generalitat de Cataluña

¿“Una mala gestión de los recursos públicos es la garantía de que la ciudadanía no encontrará nunca satisfacción a sus necesidades. Si no se administran rigurosamente y con austeridad, con un plan de prioridades basado en el interés común y con una especial dedicación a la economía, base del bienestar general, los ingresos se perderán por resquicios, cada vez más numerosos, sin que nunca lleguen a su destino final”

 

Cuando se extendió nuestra gran crisis, mientras buena parte del sector productivo privado inició una profunda reconversión, este camino no fue seguido, en general,  por nuestro sector público.

No fue  el caso de Navarra, sus buenos datos en empleo y reactivación no eran casuales. Navarra fue la primera  comunidad en aprobar un plan específico contra la crisis, a mediados de 2.008, que se sustentaba en la reducción de gastos de la administración, el incremento de la inversión pública y la adopción de planes sectoriales. Así fue la primera administración en aprobar un plan renove para turismos y vehículos y para autónomos.

En enero  de 2.009, crearon una comisión anticrisis integrada por el Gobierno de Navarra, el Partido Socialista de Navarra, la Confederación de Empresarios y los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Los navarros no sólo demostraron una mejor capacidad de análisis y de la gestión de la crisis sino una mayor madurez democrática, parecían de otro país. Los que siguieron el ejemplo navarro también obtuvieron mejores resultados que el resto.

Uno de los casos de más grave incompetencia se dio en Cataluña.

Mientras duró el boom inmobiliario, los gastos fueron en paralelo al enorme crecimiento de ingresos debidos a su expansión .Cuando, a partir del primer semestre del 2.006, estalla la burbuja inmobiliaria los gastos continuaron creciendo desviándose de los ingresos. Los gestores públicos estuvieron gastando hasta el 2010, como si la burbuja inmobiliaria no hubiera concluido.

A la incompetencia en el diagnóstico y por lo tanto, en el tratamiento de la crisis, se sumaron los graves defectos estructurales derivados del sistema de gobierno múltiple de partidos con programas diferentes y hasta contradictorios.

En esas condiciones, es muy difícil pactar un programa de gestión pública que ajuste los gastos sociales a los ingresos y estimule la economía con medidas en favor del sector productivo para recuperar el nivel de empleo y de renta,  destruidos por la crisis inmobiliaria y más si sus principios ideológicos son contradictorios con esos objetivos.

Asimismo, este reparto político, no técnico, de carteras impide que estas sean dirigidas por los más competentes .No es  extraño que se adjudique la gestión de departamentos a personas sin ninguna preparación profesional.

La manera de evitar fracturas que pongan en riesgo la continuidad de una coalición de estas características, es la de no tratar temas que puedan generar conflictos entre ellos, así queda paralizada una parte importante de la gestión.

Para que esto no se note demasiado, los dirigentes políticos se convierten en máquinas de distracción popular con mucho cuento, mucha memoria histórica, especialmente sobre la Guerra Civil que encienda pasiones y controversias, mucha revisión de errores y gastos de los anteriores, continuos gestos que llaman la atención pública y promesas de imposible cumplimiento. Mucha mirada al pasado y poca al futuro para intentar resolver los problemas que más afectan a la ciudadanía. Se promocionaron con la crítica y luego continuarán con la misma.

En definitiva, espectáculo permanente, mucha propaganda y poca gestión y sin pulso económico, como los problemas y la falta de recursos van aflorando, más deuda e impuestos.

El problema del desplazamiento de la responsabilidad al exterior es enormemente dañino en todos los campos, porque oculta las fuentes internas de los problemas y al no corregirlos, hace insolubles las carencias.

A consecuencia del “cambio ideológico”, las condiciones de competitividad del sector productivo fueron empeorando durante este periodo, de manera que un buen número de empresas y particulares se deslocalizaron tanto al exterior como en el interior, buscando un marco legal y fiscal más favorable para sus patrimonios y sus productos.

Se paralizaron muchas actividades empresariales e inversiones en infraestructuras productivas ante el desacuerdo entre los componentes del tripartito, por la visión “ecológica y social” de una buena parte de sus miembros.

Esta despreocupación por la economía y el nivel de vida de los ciudadanos, es lo que da explicación a que, en un estudio de FUNCAS sobre el comportamiento de las autonomías en la crisis económica, Cataluña tuviera unos resultados peores que los de las autonomías que mejor la aguantaron (Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León), presentando un mayor deterioro en la evolución del paro y de la pobreza económica que la mayoría de ellas.

Una constante fue la mala gestión pública hasta en la época en que más  se habían reducido los ingresos.

En marzo del 2.008, Mas denunciaba que “al dejar CIU el gobierno, había en la Generalitat ,129.510 personas contratadas, sin contar las empresas públicas, ahora la cifra se ha elevado hasta las 178.948…y entre ellas hay 5.000 personas más que trabajan en los servicios centrales de las consellerías colocadas por el tripartito. Mientras, en 2003, había 149 altos cargos y 227 puestos para personal eventual de confianza, ahora hay 236 altos cargos y 323 eventuales. Y la cifra de empleados públicos fue creciendo hasta el cambio de gobierno (informe PIMEC 5/2012). CIU denunciaba, a finales de julio de 2010, que entre abril y julio se habían realizado 758 nombramientos, en contra del decreto de ahorro y medidas anticrisis.

De Sala i Martin, en su conocido artículo sobre “ El rescate de Catalunya”, recortamos el siguiente texto” Todos sabemos la lista de malgasto : construcción de aeropuertos y otras infraestructuras absurdas, despilfarro masivo en un Forum de las Culturas lamentable, aumento del gasto sanitario como si la bonanza tuviera que durar toda la vida, cartillas para todo el mundo, contratación de amigos, parientes y afiliados (“la menjadora”), encargos de estudios de consultoría, campañas de publicidad con fines electorales, estaciones de metro decoradas por los mejores y más caros arquitectos y diseñadores del mundo y hasta algún conseller sostenible y solidario diseñando su propio edificio de oficinas al estilo Feng Shui, cargando unos 42 millones de euros al contribuyente . Todo esto, en lugar de invertir en la competitividad del país y preparar a estudiantes, trabajadores y empresarios a encontrar alternativas si algún día llegaba  la crisis. Resumiendo: una vergonzosa demostración del escaso respeto que el Govern de la Generalitat tenía por el dinero del contribuyente”

Antoni Castells desvió el origen del déficit al modelo de financiación pactado en 2001 por Jordi Pujol y Aznar , Mas respondió que fue un modelo que dio buenos frutos hasta 2007 y que la situación deficitaria se debía al aumento desmesurado de los gastos de la actual Administración.

Como se pudo comprobar con la aprobación del nuevo sistema de financiación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el origen del problema estaba en la mala gestión pública.

El 15 de julio de 2009, día de su aprobación,  “La Vanguardia” recogía un artículo de Nuria Bosch “ Una buena financiación” que coincidía con el comentario de conseller de Economía Castells “el acuerdo permite desarrollar el Estatut en toda su potencialidad y .. los ingresos de la Generalitat procederán casi en exclusiva , en un 96 por ciento, de los impuestos que pagan los catalanes. con el nuevo modelo Catalunya avanza hacia un modelo federal . La Generalitat destacaba que “por primera vez los recursos per cápita de Catalunya se situarán por encima de la media de las autonomías”. En el detalle de ingresos no financieros del presupuesto de 2011, el subtotal de tributos cedidos parcialmente ( IRPF,IVA y resto) daba un salto del 56%, pasando de 9.375,9 millones en 2010 a 14.667.1 en 2011.

Cuando, en el 2.010 se produce el relevo y accede  Artur Mas a la presidencia, le dejan una herencia catastrófica en endeudamiento, déficit público y paro. En cuanto al gasto por habitante, en el 2009, llegó a su máximo, 3.209 euros y encima, mucho por pagar. No sólo quedaron sin liquidar ingentes cantidades de facturas pendientes,  además en un informe de la Sindicatura de Comtes de 20 de marzo de 2013, se desvelaba que el Govern de Montilla dejó en 2010 por obras, una deuda de 79.502 millones de euros, en 4 años el importe se había triplicado ( 25.543 en 2006)

En ese momento, se produce un hecho que resulta difícil de explicar. No se acertó en denunciar las causas y los responsables de la gravísima situación económica recibida que hacía prácticamente inviable el futuro de la institución que presidía.

Los gastos de la Generalitat, en 8 años se duplicaron, pasaron de 16.081.39 millones de euros en 2.003 a 32.518,73 en el 2.010, la deuda se triplicó de 10.918 millones a finales de 2.003 a 32.974 millones a finales del 2.010, cuando los efectos de la crisis estaban golpeando a la sociedad  más dramáticamente.

Hubiera bastado que recuperaran los datos de las dos legislaturas anteriores al 2.003, para demostrar que los  gestores de su partido, a pesar de que la reactivación de la economía no comenzó hasta el final de la primera legislatura,  dejaron a la Generalitat con una situación saneada y un endeudamiento controlable(1.997-9.250 millones,2003-10.918)  y con unas cifras de empleo, crecimiento económico e inversión públicas  notables.

Si en ese momento, hubieran denunciado la situación heredada y aplicado las mismas reformas a las que se han visto obligados todos los gobiernos, es muy posible que hubieran consolidado su base de votantes.

Todo ello facilitó que al día siguiente de los primeros recortes sociales para reducir el déficit, sus causantes se convirtieran en los principales promotores de la protesta social ante la necesaria intervención , echándole la culpa “al cirujano” con el objeto de ocultar su responsabilidad.
Si, como hemos comentado anteriormente,” el político que quiere más a su pueblo es el que le cobra los impuestos justos, ejecuta un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad”, los gestores de la Generalitat demostraron, hasta la saciedad, que no tenían este perfil.

¿Tiene solución jurídica el conflicto entre instituciones centrales y catalanas?

 

Es conocida la deriva rupturista del independentismo catalán, con decisiones de enorme gravedad para el Estado y la unidad nacional.

Cuestión fundamental es decidir cómo debe reaccionarse frente a tales decisiones. Hasta ahora las instituciones centrales y, en particular, el Gobierno han recurrido a medidas principalmente jurídicas, confiando en que las mismas serán suficientes. Pero ¿es cierto esto?, ¿cabe esperar razonablemente que el profundo divorcio vaya a pacificarse mediante remedios procesales?

Para ello, y aunque resulte fatigoso, deben recordarse brevemente los hechos y las reacciones que jalonan este proceso. El primero fue la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013. Pese a que se trataba de una resolución parlamentaria, sin fuerza legal, el Gobierno la impugnó. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón: primero suspendió dicha declaración y luego  (STC 42/2014) la declaró nula. Cualquiera que sea la opinión que merezca esta sentencia, lo cierto es que no paró los pies al secesionismo catalán, pues seis meses después se aprobó la ley catalana de consultas referendarias y, casi simultáneamente, un decreto de convocatoria de una consulta a celebrar el 9 de noviembre de 2014 y en la que se debía responder a una doble pregunta (¿quiere usted que Cataluña se convierta en un estado? y en caso afirmativo ¿dicho estado debe ser independiente?). O sea, se trataba de decidir sobre la secesión de dicho territorio pura y simplemente.

De nuevo respondió el Gobierno impugnando la ley y la convocatoria de la consulta. En febrero de 2015 y en un tiempo inusualmente breve, el Tribunal Constitucional volvió a dar la razón al Gobierno y declaró la nulidad de la ley y de la consultaen unos términos inequívocos (SSTC 31 y 32/2015).

Visto lo terminante de estas sentencias, se habría esperado su cumplimiento diligente por una autonomía que forma parte del Estado constitucional. Sin embargo, en modo alguno fue así. Como doblando la apuesta, la Generalidad catalana a través de diversos subterfugios organizó una pseudo consulta con el mismo alcance que la anulada para el mismo día. El Gobierno central volvió a reaccionar con rapidez impugnando esta vía de hecho ante el Tribunal Constitucional. Nuevo asombro: la consultó se celebró, bien que en condiciones muy irregulares, y ello después de que este tribunal declarase la suspensión de esta vía. Meses después la STC 138/2015 tuvo que conformarse, ante los hechos consumados, con una nulidad más teórica que otra cosa.

Este desafío catalán fue replicado desde las instituciones centrales con una nueva ofensiva: la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional  para reforzar sus poderes ejecutivos. En concreto, se le habilitó para exigir información sobre el completo cumplimiento de sus fallos, pudiendo llegar a disponer multas y suspensiones a las autoridades y funcionarios que no lo hiciesen.

¿Sirvió esta reforma para disuadir a los gobernantes catalanes? Desgraciadamente la respuesta vuelve a ser negativa. Apenas un mes después (el 9 noviembre de 2015) el Parlamento catalán aprobó una nueva resolución  en la que se declaraba el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república y en la que, proclamándose  depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reiteraba que no se supeditaría a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional. O sea, se ratificaba en su estado de rebeldía.

La reacción central fue la misma que en los casos anteriores y con los mismos resultados: impugnación ante el Tribunal Constitucional, que decreta la suspensión de la resolución y pocos días más tarde su nulidad (STC 259/2015).

Los hechos posteriores parecen seguir lo que ya es un guión fijo y repetitivo: el Parlamento catalán decide crear una comisión de estudio del proceso constituyente, a lo que el Gobierno central responde planteando un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional. Y días después se crea un Departamento asuntos exteriores en Cataluña, lo que lleva al Gobierno central a formular un conflicto de competencias. El Tribunal decreta entonces la suspensión de dicho departamento. A la vista de lo anterior, lo que hace la Generalidad es modificar la denominación de dicho departamento. Pero esto, a su vez, provoca un enésimo incidente de ejecución suscitado por el primero.

Podría alargarse este recuento con el extraño intento de creación de tres ponencias en el Parlamento catalán para la redacción de las llamadas leyes de desconexión, que ya se citaban en la resolución de 9 noviembre de 2015. Sin embargo, las mismas parecen hoy por hoy navegar en un limbo jurídico que dificulta su comentario.

Los hechos relatados transmiten la impresión de que estamos asistiendo a una representación del juego entre el ratón y el gato. Hasta ahora el primero ha encontrado un hueco o una argucia para escapar del segundo y, por tanto, el resultado ha sido infructuoso para este.

La cuestión no tendría excesiva importancia si solo fuese un juego. Desgraciadamente no es así, pues se está ventilando la secesión unilateral de parte del territorio nacional. En cada lance mencionado el Estado ha salido humillado, pues no consigue hacer efectiva su teórica soberanía. De este modo, el resultado no puede ser más contraproducente: el Estado debilitado y en la misma medida fortalecido el secesionismo. Pinta mal.

A la vista de lo anterior, cabría preguntarse si la vía escogida de impugnaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional, al que se le obliga a realizar una función distinta de aquella para la que nació, es la que se necesita. Posiblemente, junto a tantos desafueros, hay un problema político que demanda una estrategia acorde. Una reflexión urgente se impone.

El Congreso Estatal y la tergiversación política del lenguaje.

“-Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.

-La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

-La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda…, eso es todo“. (Alicia a Través del Espejo. Lewis Carroll).

 

Recibo por diversas redes social el anuncio de estar preparándose en Cataluña un llamado Congreso “Estatal” Interprofesional, en este caso sobre mediación, aunque podría tratarse de cualquier otra materia. Semejante adjetivo en el nombre del evento me chirría con estruendo. Y casi más que semejante título se imponga y se acepte por tantos como un hecho consumado y asumido.

La deformación del lenguaje ha sido siempre un útil instrumento de dominación política. Y ampliamente utilizado como tal, y no sólo por los totalitarismos, aunque sí especialmente por éstos. Al cabo las palabras configuran nuestra percepción de la realidad, porque no sólo definen y delimitan hechos y conceptos, sino que con frecuencia no son inocentes, los valoran o desvaloran, e incluso los transforman. No es lo mismo “golpe de estado” que “alzamiento”, por ejemplo, ni “militante” que “subversivo”. Sin embargo la búsqueda de la la neutralidad en los términos usados, por difícil que sea el reto, es una exigencia de cualquier discurso que quiera ser intelectualmente honesto.

La guerra de las palabras.

Esa neutralidad no es objetivo ni de publicistas ni de propagandistas. Para estos últimos el premio de imponer su terminología es demasiado suculento, pues desactiva a cualquier oposición al obligarla a jugar con trampas, con las armas trucadas a favor del hegemónico. Por eso abundan los buhoneros políticos que a través de palabras viciadas tratan de colarnos su mercancía averiada. Y por eso uno no tiene más remedio que estar permanentemente en alerta. No hacerlo y aceptar esas trampas, la tergiversación del lenguaje, con sus líneas rojas de corrección política (aunque incorrección semántica), sea por pereza mental o por instinto de rebaño, significa la rendición al manipulador antes siquiera de comenzar el debate. Una traición al pluralismo y, por tanto, a la libertad.

En esas trampas del lenguaje nuestros nacionalistas periféricos se han empeñado desde hace muchos años, con el éxito que les ha facilitado el control de la educación, de los medios públicos e incluso privados de comunicación, y de esas grandes porciones de la sociedad que tienden a mimetizarse con los que en cada momento perciben como los más poderosos. No es casualidad. Podrá discutirse sobre la raíz más o menos totalitaria de los nacionalismos, pero parece indudable que algunos presupuestos (o mitos) los asume como indiscutibles. Como el de la identidad colectiva (nacional) como esencialmente configuradora de la personalidad de cada individuo. O el sentido victimista de esa identidad, que sienten permanentemente puesta en peligro incluso de exterminio por ese enemigo exterior que no cesa y que el nacionalista necesita tanto para justificarse. Ante lo que ellos perciben como un combate (social, cultural y político) ante un enemigo exterminador tan perverso, y dotados de esa convicción de la superioridad moral de su posición, todas las armas les parecen legítimas. También la mentira y la tergiversación. Y de ésta no han de librarse tampoco las palabras.

El nacionalista suele definirse a sí mismo como defensor y conservador de su identidad. Pero en realidad es necesariamente un transformador de la realidad social. Para que ésta deje de ser lo que hoy es, el para ellos decadente producto de la labor corruptora en su identidad que ha conseguido el enemigo exterior, España. Para llegar a ser “lo que debe de ser”. Es decir una nación liberada con lo que consideran que es su atributo esencial, un pueblo por fin reintegrado plenamente en su conciencia nacional. Y purgada para ello de lo esencial de aquellas impurezas de mesticismo cultural.

Empacho de estatal.

Una de las manifestaciones de esta peculiar guerra de las palabras ha sido el empeño por transformar el significado del sustantivo “Estado” y de su adjetivo “estatal”. Una curiosa superstición les impide pronunciar la palabra “España”, como si ello ayudare a su proyecto de secesionarse de ella. Como de alguna manera han de referirse a “la cosa”, se ha acuñado esa expresión horrísona de “Estado español”. Como si así la nación enemiga quedara así desprovista de alma y reducida a una estructura de dominación sobre un determinado espacio del globo. Como si así su realidad se difuminara y su peligro se evaporase. El adjetivo “español” es objeto de la misma autocensura, y es sustituido por “estatal”, excepto para definir a “la bicha” (incluso para ellos la expresión “Estado estatal sería demasiado ridícula).

Pero resulta que las cosas significan lo que significan, no lo que algunos que mandan quieren que signifiquen. En los países federales “estado” suele ser el nombre de las porciones de territorio federados. Y esa denominación tiene así un significado geográfico. Uno puede pasar la frontera entre los estados de Arizona y California, por ejemplo. O contar que se ha recorrido el estado de Alabama sin causar extrañeza.

Sin embargo en los países no divididos en “estados” esa palabra está referida a su  estructura administrativa y a lo que de ellas depende. Una “empresa estatal”, por ejemplo, es una empresa de propiedad pública. Y aun hoy una gran mayoría, incluso en los territorios de hegemonía nacionalista, entiende que no se puede denominar así a un empresa privada española. Incluso los más militantes en este combate no creo que comenten que se han ido de vacaciones al Estado alemán, o que han visto por televisión las terribles inundaciones que han afectado al Estado polaco. Parece que ni siquiera con los países que, especialmente ellos, pueden considerar como más plurinacionales se incurre en esa cursi deformación. Yo, al menos, no les he escuchado decir que acababan de estar en el Estado belga, o cosas parecidas.

Lo más sorprendente de este fenómeno es que el carácter malsonante o políticamente incorrecto de la palabra España y su adjetivo se haya asumido críticamente por un amplio sector de la izquierda. De la tradicional y, muy especialmente, de esa nueva izquierda, de cuyo líder, por ejemplo, existe un vídeo que puede encontrarse en las redes, en el que confiesa no poder pronunciar esa palabra maldita. En ellos el prejuicio de que todo postulado nacionalista (sólo si es de un nacionalismo centrífugo, por supuesto), incluso el más extravagante, merezca gozar de la presunción (iuris et de iure) de progresista parece buena prueba de su naufragio ideológico.

Yo no quiero equiparme ni al nacionalismo ni a sus emuladores en la adoración de falsos mitos. En contra de lo que los nacionalistas de todos los signos creen y (peor aún) sienten, las naciones en su actual configuración no son entidades naturales y trascendentes, sino meros accidentes de la Historia. Basta con mirar mapas históricos para comprender que han cambiado y con toda probabilidad seguirán cambiando. Pero mientras tanto haríamos bien en poder referirnos a ellas utilizando las palabras correctas.

Encuentro buenos motivos, que he tratado de exponer, para no rendirme a así a la tergiversación del lenguaje, ni hacerme cómplice de quien la promueve y de sus fines liberticidas. Por eso no iré a ese “estatal” Congreso. Precisamente el fomento de la propia responsabilidad es uno de los pilares de la mediación. Y con eso también me gustaría ser coherente.

“Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad”. (Confucio).