El funcionamiento interno de la Fiscalía y la consulta catalana

Ríos de tinta se han vertido sobre los sucesos acaecidos en  la Fiscalía en relación con la consulta catalana del pasado nueve de noviembre por causa de una divergencia de criterios entre el Fiscal Superior de Cataluña y el Fiscal General del Estado y , en mi modesta opinión,  el tratamiento informativo que se ha dado a este tema, no ha tenido en cuenta las claves de la cuestión, a saber; la autonomía del Ministerio Fiscal y el régimen de funcionamiento interno de la Fiscalía previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante EOMF disponible en este enlace

Si el Poder Judicial es independiente, el Ministerio Fiscal debe ser autónomo del poder político. Aunque es el  Presidente de Gobierno quien designa al Fiscal General del Estado  y éste debe cesar cuando cese el Gobierno que el nombró, la Fiscalía es autónoma respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, su misión constitucional ni siquiera es la defensa del interés del Estado sino la defensa del interés de la sociedad de conformidad con la ley

Esta autonomía institucional no es incompatible con existencia de unos cauces de comunicación entre el poder político y la Fiscalía por razones de interés público, a fin de alcanzar los objetivos de política criminal que precise el interés social. Las Cortes Generales ostenta la potestad legislativa, para dictar leyes que penalicen las conductas que vulneran los bienes jurídicos esenciales para nuestra convivencia. Por su parte, al Gobierno estatal no sólo le corresponde la iniciativa legislativa, sino que también  dirige la política interior, y, por tanto, le corresponde organizar los cuerpos de policía, dotándolos de medios suficientes y formar investigadores de delitos. Asimismo, también es competencia del Gobierno proveer los medios materiales y personales necesarios para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia (artículos 66, 97 y 106 de nuestra Constitución)

De modo paralelo, resulta útil que la Fiscalía eleve al Gobierno la Memoria Anual  que contiene  información estadística  sobre la evolución de la criminalidad  y donde se valoran las necesidades materiales de la Administración de Justicia, ( artículo 9.1 EOMF) o incluso que informe al poder político sobre su actuación en determinados casos graves que afectan al interés público; como ocurrió en el caso de los atentados del 11 –M, en que el Fiscal General del Estado compareció ante las Cortes Generales ( posibilidad prevista en el artículo 10 EOMF);  o cuando la huelga general de controladores de AENA bloqueó el espacio aéreo español, en esta situación de emergencia el Fiscal General del Estado fue llamado a informar al Consejo  de Ministros extraordinario que se convocó  ( esta actuación también está prevista en el artículo 9.2º EOMF)

Por su parte, el artículo 8.1º EOMF permite que el Gobierno Central puede interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. En este caso, considero que la situación creada por la pretensión independentista tiene entidad suficiente  para incluirse dentro de esta previsión legal y fundamentar una petición del Gobierno al Fiscal General

Esta solicitud directa no  supone ninguna injerencia ilegítima del poder político que impida a la Fiscalía actuar conforme al principio de legalidad, siempre que  se realice por los cauces previstos en el artículo 8.2º y 3º EOMF, la comunicación institucional se hace a través del Ministerio de Justicia  o directamente entre el Gobierno y el Fiscal General, pero  el Fiscal General, debe someter la petición a la deliberación de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que examinará la cuestión desde la estricta óptica técnico-jurídico y oído el criterio de esta Junta,  el Fiscal General debe resolver de forma razonada sobre su viabilidad o procedencia ,y notificarlo al solicitante. No sería legal que el Gobierno comunicara secretamente con el Fiscal General del Estado, ni que le dirigiera instrucciones particulares. Además la resolución del Fiscal General debe basarse siempre en la viabilidad o procedencia desde el punto de vista de la legalidad, nunca por criterios de oportunidad política, y debe hacer constar los fundamentos técnicos en su resolución.

La Fiscalía General Española es una institución que se rige por también por el principio de unidad. Este principio permite  garantiza una unidad de criterio en la actuación de todos los fiscales españoles y garantiza así el tratamiento igualitario que legalmente merecen todos los ciudadanos. También se corresponde este principio de unidad con la configuración constitucional del Estado español, (artículo 2 de nuestra Constitución) aunque constitucionalmente se haya organizado territorialmente conforme al principio de descentralización política. La organización territorial de la Fiscalía, aunque se trate de una institución unitaria, está adaptada a la organización territorial del Estado y, en cada Comunidad Autónoma existe un Fiscal Superior que ostenta el mando supremo de la institución en su respectivo territorio, siempre bajo la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado.

Por su parte, todas las Comunidades Autónomas ostentan potestades en materia de seguridad sobre su territorio, y, además, el Estado Central ha transferido a casi todas las Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, competencias en materia de provisión de medios auxiliares a la Administración de Justicia. A la mayoría de las Comunidades Autónomas les corresponde la provisión  de funcionarios, contratación de intérpretes, informáticos, provisión de sedes judiciales para los juzgados, tribunales y fiscalías de su territorio

El artículo 11 del EOMF establece que el Fiscal Superior de cada Comunidad Autónoma debe elaborar una Memoria sobre la actividad de las Fiscalías de su territorio y remitirla además de a Fiscal General, al Gobierno, Consejo de Justicia y Asamblea legislativa autonómica y también les impone la obligación de colaborar con las Asambleas Legislativas Autonómicas , de forma semejante a la obligación de cooperación que el artículo 10 EOMF impone al Fiscal General del Estado respecto de las Cortes Generales .No obstante, y en virtud del principio de unidad de la Fiscalía, si los órganos de Gobierno de las Comunidades Autonómicos solicitaran la actuación de la Fiscalía para la defensa del interés público, se comunicarán directamente con el Fiscal Superior Autonómico , pero éste debe remitir la solicitud al Fiscal General del Estado ,el cual resolverá razonadamente conforme a la legalidad, previa audiencia también de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo.

Todas estas cautelas legales frente a un eventual dominio del poder político serían insuficientes sin el reconocimiento legal de autonomía de cada uno de los individuos del Ministerio Fiscal, a este principio se corresponde las previsiones del artículo 27 EOMF. La Fiscalía es una institución absolutamente jerarquizada, el mencionado artículo 27  protege a todos y cada uno de los fiscales españoles que eventualmente pudiera  recibir una orden de su superior que fuera manifiestamente contraria a la ley o por cualquier otro motivo improcedente. Una orden improcedente puede ser legal pero puede ser técnicamente inasumible, por ejemplo, una orden de proceder por delito si, por ejemplo, el fiscal subordinado encargado del estudio del caso, considera que no existe prueba de cargo consistente o si, por ejemplo, se mantiene una interpretación técnicamente distinta sobre una norma legal vigente. En estos casos de divergencia, el fiscal subordinado debe elevar exposición razonada a su Fiscal Jefe,  que, en caso de mantener su criterio, deberá someter la cuestión a la deliberación técnica de la Junta  de Fiscalía, resolverá razonadamente, conforme a criterios exclusivamente legales, y asumirá así la responsabilidad sobre su decisión, relevando al fiscal subordinado de cualquier consecuencia por tramitar este procedimiento. Ningún fiscal debe ser sancionado por plantear un artículo 27 EOMF frente a una orden de superior jerárquico

La  valoración jurídica de la consulta catalana es una cuestión técnicamente muy compleja, con elementos políticos, constitucionales, penales y procesales, y es por ello susceptible de ser valorado de forma dispar por los diversos técnicos que las analizan. El Fiscal Superior ha planteado un artículo 27 al Fiscal General y éste ha tramitado el asunto correctamente conforme a la ley

En definitiva, a pesar que la Fiscalía ha sido objeto de polémica en los medios de comunicación, los acontecimientos internos previos a la decisión del Fiscal General obedecen al normal funcionamiento interno de esta institución.

Artículo de nuestro coeditor Rodrigo Tena en El Mundo: Estado de Derecho vs deriva

EL PASADO día 9 de noviembre asistimos a un simulacro de referéndum de independencia en Cataluña, con el decidido apoyo de la Generalitat y de otras administraciones públicas dirigidas por partidos políticos favorables a la consulta, pese a la rotunda prohibición al respecto por parte de los órganos competentes de nuestro Estado de Derecho. «Lo peor que ocurrió el 9-N fue la visibilidad de la debilidad del Estado de Derecho, sobre todo en Cataluña», afirmaba en un tweetSociedad Civil Catalana. Tienen razón. Pero ese innegable dato ha suscitado entre los no partidarios básicamente dos tipos de reacciones: la de los que creen que el Estado ha pecado por inactividad al permitir una transgresión tan manifiesta de sus decisiones y exigen una respuesta contundente, y la de los que consideran que ahora hay que dejar al Derecho un poquito al margen y que éste es el momento de la política.

Nosotros, la verdad, consideramos que lleva siendo el momento de la política desde hace muchos años, aunque algunos se caigan ahora del guindo, pero que entender que en un Estado de Derecho cabe la política sin Derecho es algo extraordinariamente peligroso. La política sin Derecho nos puede llevar a cualquier sitio, como dejó bien claro Clausewitz hace muchos años al afirmar que la guerra es la política por otros medios. Así que vamos a intentar hacer un esfuerzo de encauzar la imprescindible reacción política por la vía del Derecho, la única posible en un régimen que aspire a llamarse democrático.
Para recapitular un poco es necesario distinguir, siguiendo la terminología propia de los juristas, la lege data de la lege ferenda, aunque por lege deben entender ustedes Constitución. Es decir, lo que ahora es posible con nuestro actual marco constitucional, de lo que debería ser posible y respecto de lo cual cabría incluso llegar a un consenso bastante mayoritario.
Con el Derecho vigente las posibilidades reales de resolver este conflicto son remotas, por no decir prácticamente nulas. Los partidos soberanistas piden un referéndum «legal» y, en caso contrario, amenazan con unas elecciones plebiscitarias que conducirían a la independencia por la vía de los hechos consumados. Por su parte, el Gobierno, aunque quisiera (que no quiere) no puede consensuar un referéndum de independencia respecto de ningún territorio sin modificar la Constitución. Si la amenaza se consuma y el Parlament, después de unas elecciones victoriosas, declara la independencia sin más, entraríamos en un caos monumental caracterizado por la ausencia práctica de Derecho y de seguridad jurídica en el que todos perderíamos y cuya solución final sería impredecible. La intervención directa del Gobierno por la vía del art. 155 de la CE no garantiza ninguna solución sencilla frente a un caso de desobediencia generalizada, aparte de que no haría otra cosa que aplazar el problema. Por otro lado, la actuación meramente judicial de tipo penal por parte del Estado no tiene peso suficiente como para desactivar esa amenaza. No decimos que no haya que ejercitar las acciones pertinentes, al contrario –la decisión de hacerlo no es optativa ni puede ser matizada por criterios de oportunidad si efectivamente se está infringiendo la ley– sino, simplemente, que no va a ser suficiente, teniendo en cuenta además los plazos que maneja nuestra judicatura.
De Constitución data, la única solución fácil (y ojo, probable, si entendemos que a los políticos les tira extraordinariamente lo fácil) es conceder a Cataluña un pacto fiscal parecido (cosméticas aparte) al vasco, ya sea por la vía de permitir una recaudación total propia con cesión al Estado de una parte testimonial por «servicios comunes», o pactando un cupo directamente. Convergència podría vender ese pacto como una solución provisional sin renunciar en el futuro a nada (para salir del atolladero en que ellos solitos se han metido) y el Gobierno del PP podría también intentarlo como una solución provisional sin renunciar en el futuro a casi nada (para salir del tremendo lío que su incuria de años ha permitido).
Pero se trataría de una salida en falso, porque los que con ello renunciaríamos a mucho seríamos el conjunto de los españoles. Sumar a Cataluña al grupo de los ricos insolidarios, en el que ahora se encuentran cómodamente instalados el País Vasco y Navarra, sería renunciar definitivamente a llamar a esto simplemente un Estado viable, todavía menos uno de Derecho. El mantra de que el cupo o las cesiones se pueden calcular correctamente para no generar agravios comparativos es un cuento chino que la experiencia ha refutado y que no se lo creen ni quienes lo proponen. Si se busca la justicia y la proporción hay soluciones más simples que acudir a estos subterfugios. Por ese motivo, ceder a estas demandas sería quebrar por la puerta de atrás los propios fundamentos de nuestro orden constitucional (fundamentalmente el art. 1.1 en referencia a la «igualdad», hoy ya bastante maltrecha). Esta decisión sería inasumible y la conservación de la integridad territorial no la compensa desde ningún punto de vista, especialmente desde el punto de vista de los ciudadanos españoles, que es el prioritario.
La solución, por tanto, pasa por una reforma de la Constitución. El Gobierno no quiere ni plantearla porque dice que todos quieren reformarla, sí, pero en sentidos radicalmente divergentes y que el fracaso está asegurado. Nosotros no estamos de acuerdo. Pensamos que es posible llegar a un acuerdo de reforma constitucional que involucre a todos (o al menos a una gran mayoría) sobre las siguientes bases:
1.– La reforma no puede limitarse al tema territorial. Es necesario aprovecharla para regenerar nuestro maltrecho Estado de Derecho, adoptando las cautelas que aconseja la experiencia de derribo de nuestras instituciones durante estos años de hojalata. Es necesario garantizar un Tribunal Constitucional prestigioso y una judicatura responsable e independiente, una Administración profesional, y unos órganos de control que –milagro– controlen efectivamente. Por supuesto, todo ello pasa por una reforma del funcionamiento de nuestros partidos y del régimen electoral que acabe con nuestra partitocracia cleptocrática, tanto en Cataluña como en el resto de España. Mucho está escrito en nuestra actual Constitución, pero está visto que no ha sido suficiente.
2.– Es imprescindible suprimir los regímenes fiscales privilegiados del País Vasco y Navarra. No es de recibo que las Comunidades más ricas del país no sólo no contribuyan sino que sean perceptoras netas. Invocar a estas alturas «la historia» o «los fueros» causa simplemente sonrojo. Es necesario diseñar un régimen de financiación justo y equilibrado, conforme al cual aporten más (dentro de lo razonable) quienes más tienen.
3.– Debe crearse un Estado de tipo federal mucho más ordenado que el actual. Con competencias claramente definidas entre el Estado federal y los Estados federados (o entre el Estado y las comunidades autónomas), que pueda permitir, incluso, en función de la población de cada comunidad y de su capacidad de gestión (no de su pasado «histórico», que sospechamos que todos tenemos el mismo) que unas asuman más competencias que otras.
4.– Ello implica un nuevo pacto constitucional, por lo que –por una sola vez– habría que dar la oportunidad de secesión a aquellas comunidades que piensen que estarán mejor solas, estableciendo al efecto un procedimiento claro –en los términos de la Ley de Claridad canadiense– en el que con unas mayorías reforzadas (porque para romper un país para siempre no vale la mitad más uno) puedan ejercitar su opción de salida.
5.– Para diseñar este proyecto en detalle debería formarse una comisión integrada por personalidades de prestigio que empezase a trabajar al respecto desde este instante. Los políticos de este país han ya dado demasiadas muestras de incompetencia como para escribir la letra de esta canción. Por supuesto que deben marcar los principios, tutelar el proceso y asumir sus consecuencias –faltaría más, esto es una democracia– pero no tienen por qué descender al detalle desde el minuto uno. Es imprescindible seguir el ejemplo de otras democracias avanzadas que no han dudado en crear comisiones de expertos para casos parecidos.
Esto es política conforme al Derecho. Y, mientras tanto, que los órganos competentes del Estado se limiten a aplicar el Derecho vigente y a ejercer su monopolio de la violencia. No pueden hacer otra cosa.

El artículo de Antonio Barderas: Empresarios y desafío independentista

En vísperas del referendum ilegal o de ese proceso partipativo más o menos oficioso que va a celebrarse en Cataluña mañana día nueve sorprende mucho el silencio que las organizaciones empresariales y muchos empresarios han guardado respecto al proyecto de secesión. Es un silencio que contrasta con el posicionamiento claro y razonado que en su día expresaron los empresarios en Quebec y en Escocia. Y muy lamentable para quienes aspiramos a una sociedad civil madura y, como tal, emancipada y no dependiente del poder político. Por todo ello ante esta situación anómala queremos, en contra de nuestros usos habituales, reproducir hoy en el Blog este artículo de Antonio Barderas, publicado esta semana en Expansión, y que se refiere acertadamente a esta cuestión.
 
EMPRESARIOS Y DESAFÍO INDEPENDENTISTA
Los empresarios están para lo que están: para entregarse a sus empresas. En todos los países del mundo los empresarios dedican sus esfuerzos a competir en el mercado, a crear riqueza y empleo, y a pagar el 30 de cada mes las nóminas y la seguridad social de sus empleados. Algo que tiene un mérito enorme, aunque en pocos sitios y en muy pocas ocasiones se valore como es debido.
 
Pero, evidentemente, los empresarios son también ciudadanos de sus países. Y lo son deuna forma especial porque son un eslabón importantísimo en lo que llamamos“sociedad civil”, sociedad que, por definición, debe ser independiente del poder político, independencia que tan pocas veces se ve en nuestro país. Aparte de su función como creadores de empleo, éste eslabón empresarial contribuye también al desarrollo ybienestar de sus sociedades, unas veces impulsando la investigación, otras apoyandoacciones culturales, otras haciendo actividades filantrópicas, y, cuando es importante, contribuyendo a la creación de opinión.
 
Esa destacada función como “sociedad civil” les pone, a veces, ante dilemas difíciles, especialmente en momentos críticos. Entonces, esperaríamos que sirviesen para“iluminar” a esas sociedades en sus decisiones clave aportando una palabra de peso, odando opiniones veraces y de valor. Precisamente en esa situación es en la que nos hemos encontrado -y aún nos encontramos- los españoles desde que se volvieran serioslos propósitos secesionistas de una parte más que importante del país: Cataluña.
 
Resulta sorprendente que no se haya visto hasta hoy un pronunciamiento de los empresarios catalanes más relevantes -como institución civil que son- explicando a susconciudadanos las consecuencias -económicas e históricas- que traería esa secesión, de cumplirse. Esa falta de respuesta hay que atribuirla seguramente al deseo -muyinteriorizado- de mostrarse “neutrales” o “equidistantes” ante un dilema tan vital, y al miedo a las consecuencias de pronunciarse en un ambiente profundamente enrarecido, lamentablemente ya muy fanatizado, carente de racionalidad y, lo que es aún peor, carente de libertad.
 
Evidentemente, la postura que han tomado no es la única posible. Había y hay otras. Como se comprueba fácilmente al hacer “literatura comparada” con países especialmente democráticos y avanzados, de los que, se supone, podríamos aprender mucho. Haciendo esa comparativa, nos encontramos con un “ejemplo en contrario”bien reciente y evidente: lo que han hecho los empresarios de Escocia, con más valor cuanto que la realidad histórica de Escocia como país independiente (sin que se haga necesario reinventarla artificiosamente) nada tiene que ver con la de Cataluña. Lacomparación marca diferencias nítidas y sorprendentes. Unos días antes del referéndum,los empresarios escoceses manifestaron, en público y con total transparencia, lasnefastas consecuencias que tendría la independencia de Escocia para la economía y el bienestar de sus ciudadanos en cuestiones tan vitales como la moneda, los impuestos,las pensiones, o la pertenencia a la UE. Es decir, en su bienestar económico y vital.Como atinadamente advirtieron los empresarios escoceses, hay “mucho en juego”: “el resultado del referéndum afectará a nuestra generación y a las generaciones venideras”. “Como creadores de empleo, hemos observado los argumentos presentados por ambas partes. Nuestra conclusión es que no se han analizado las consecuencias de la independencia para las empresas”.
 
En el caso de los más significados empresarios catalanes, por el contrario, el silencio ha sido atronador. Las manifestaciones individuales de advertencia se cuentan con los dedos de una mano y tienen, sin duda, un mérito innegable. Pero, en general, todo se ha reducido a una piadosa petición de “diálogo” a las partes. Habiendo argumentos vitales y de valor que transmitir a la sociedad, se ha optado por un medroso silencio y por unadeliberada equidistancia (aludiendo repetitivamente a dicho diálogo) completamente vacía de contenido y de cualquier asomo de opinión propia.
 
Esa petición de diálogo y consenso “en una coyuntura histórica tan significada de Catalunya y España” tampoco es nueva. Ya se hizo hace casi diez años. En agosto de 2005, y por solicitud del entonces President de la Generalitat, algunos reconocidosempresarios mostraron -entonces sí- públicamente su “simpatía” por la necesidad de un nuevo “Estatut” que proporcionase “un texto satisfactorio para todo el mundo lo antes posible” y firmaron una carta titulada “Queremos un nuevo Estatuto”. Los hechos, sin embargo, han demostrado que no existe texto satisfactorio posible para el independentismo, que se alimenta de una permanente insatisfacción con el statu quo.
 
No hace falta hacer grandes análisis para darse cuenta de que el propósito de ruptura de la soberanía, basándose en una supuesta legitimidad democrática y una vacía apelación al “pueblo”, tiene y tendrá graves consecuencias económicas y una pérdida de confianza de los inversores internacionales ante la tremenda inseguridad jurídica creada. Aunque se niegue lo evidente, las “hazañas políticas” que se están viendo tienen y tendrán consecuencias graves para empresas, empresarios y ciudadanos.
 
Así de sobriamente resume las cosas el Comunicado de los empresarios escoceses: “Deberíamos estar orgullosos de que Escocia sea un gran lugar para construir negocios y crear empleos, éxito que se ha logrado como parte integral del Reino Unido. Esteproporciona a sus empresas la plataforma poderosa que deben tener para invertir en empleos e industria. Trabajando todos juntos, podemos mantener la prosperidad de Escocia”. En nuestro caso, hubiera resultado sencillo hacer lo mismo: hubiera bastadocon poner Cataluña donde el comunicado dice Escocia y España donde dice Reino Unido. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Necesitamos oír su voz.

¡Ay, Derecho! La Universidad de Gerona va a estudiar la privación a Encarna Roca Trías del Doctorado Honoris Causa

Sin duda estamos viviendo un momento político convulso con formas, presiones y amenazas que recuerdan a un pasado que muchos preferiríamos olvidar.
Buena muestra de ello es la sanción a la disidencia de la que está siendo víctima Encarna Roca Trías, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y Magistrada del Tribunal Constitucional (después de serlo del Tribunal Supremo). Todos los que conocemos a E. Roca y hemos leído su trabajos podemos dar fe de su valía académica y de su condición de extraordinaria civilista, siendo un ejemplo a seguir para varias generaciones de civilistas de nuestras universidades. Por ello, la Universidad de Gerona le concedió el Doctorado Honoris Causa el 13 de abril de 2012 y que ahora pretende revocar por razones POLÍTICAS
El hecho de que E. Roca, en su condición de Magistrada del Tribunal Constitucional, no haya discrepado en la admisión del recurso del Gobierno contra la Ley de Consultas y el decreto inicial de convocatoria del 9-N, el cual fue admitido por unanimidad y que provocó la suspensión automática de la consulta, es la causa que está detrás de esta reprobación que pretende llevar a cabo la Universidad de Girona.
Se considera que la postura de la magistrada al apoyar la decisión unánime del TC “choca frontalmente con algunas de las razones por las cuales se le concedió la distinción, especialmente por su compromiso con Cataluña y sus instituciones”. Parece que no se puede ser catalana y discrepar. No se puede ser independiente e imparcial.
Esperemos que no se consume este despropósito que, de nuevo, pone sobre la mesa la falta de libertad que peligrosamente se está convirtiendo en norma en Cataluña. El Doctorado Honoris Causa es un mérito académico y la Universidad no puede prestarse a esta manipulación.
Queremos apoyar a E. Roca que representa un ejemplo de mérito, capacidad e independencia. Aquí se puede firmar un manifiesto en su apoyo 

Artículo en EM de los coeditores Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá: ¿La cuestión catalana o la cuestión española?

En estas mismas páginas el prestigioso regeneracionista Luis Garicano, catedrático de la LSE y autor del imprescindible libro “El dilema de España” defendía en su artículo titulado “los cisnes negros y la tarea de Rajoy” la necesidad de nuevas concesiones competenciales y “simbólicas” al Gobierno de la Generalitat para evitar un mal mayor: una declaración de independencia unilateral tras unas elecciones plebiscitarias con los consiguientes riesgos para la convivencia de todos los ciudadanos, catalanes y no catalanes.
Por el contrario, nosotros consideramos que a estas alturas esta opción ya no es viable, no solo en el corto plazo sino sobre todo en el medio y largo plazo para resolver el “problema catalán” en toda su compleja dimensión. Intentaremos explicar las causas.
Lo primero que hay que decir es que superado -por ahora- el problema jurídico inmediato de la consulta sigue intacto el problema político. O para ser más exactos se ha agravado todavía un poco más. Pero para abordar este asunto conviene tener en cuenta que la resolución de todas las cuestiones políticas requieren itinerarios jurídicos, y que esos itinerarios no pueden estar vinculados o modificarse -en un Estado de Derecho digno de tal nombre- según lo que digan las encuestas o menos todavía supeditados a la amenazas explícitas o implícitas de vulnerar el ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, la posibilidad del incumplimiento de la ley no puede ser un elemento determinante, del mismo modo que un socio no puede exigir la disolución de la empresa pistola en mano, por muchas tropelías que la dirección de la empresa pueda haber cometido. Al que lleve la pistola se aplicará lo que determine la ley penal y para la disolución de la sociedad se aplicará la legislación mercantil, sin que una cosa pueda influir en la otra, por lo menos desde un punto de vista jurídico, porque está claro que psicológicamente es otro cantar. En fin, con esto lo que queremos decir es que debemos evitar soluciones de  “bazar jurídico” de pasillo, del tipo “te cambio una consulta ilegal por dos competencias exclusivas del Estado”, a la que por otra parte tan aficionada es nuestra clase política.
Pero desde luego a estas alturas parece complicado negar que exista una “cuestión catalana” (y vasca) que no es de ahora precisamente. Ya Ortega decía que era algo “que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar”; otros autores como Cesar Molinas piensan que es un tipo de enfermedad que pasa por fases agudas de vez en cuando, como sucede ahora mismo. Sea lo que sea, quizá en algún momento habría que dejar de procrastinar y plantearse el problema de una vez por todas. Y a nuestro juicio, hacer ciertos reconocimientos y otorgar más competencias, como defiende Luis Garicano, sería sencillamente procrastinar una vez más, dado que este modelo ha fracasado. Así lo acreditan fehacientemente 30 años de un goteo sucesivo de concesiones para aplacar las ansias independentistas (que eran, por cierto, muy minoritarias en su origen) con el resultado que estamos viendo. Así que de acuerdo con el sistema de prueba-error lo que procedería es cambiar de estrategia.
Pues bien, en nuestra opinión la estrategia no puede ser otra que de plantear una reforma constitucional en la que todos los ciudadanos, partiendo de la actual soberanía del pueblo español, se pronuncien sobre el particularmente ineficiente Título VIII y acuerden como quieren organizarse territorialmente para los próximos treinta o cuarenta años. Es cierto que una cierta pedagogía política no vendría mal antes de hablar con tanta soltura de federalismo asimétrico, federalismo clásico, centralismo de nuevo cuño o estados asociados. En ese contexto también cabría preguntarse hasta qué punto algunas de estas alternativas son compatibles con un estado mínimamente funcional. En definitiva, habría que debatir también sobre los requisitos para que un Estado sea lo suficientemente eficaz y eficiente no solo en la defensa de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho sino también como garante del Estado del bienestar.
A nuestro juicio, si las preferencias de los españoles –una vez convenientemente informados- resultasen contrarias a un Estado funcional, por no ser compatible con ese anhelo de autogobierno exacerbado que algunos ciudadanos tienen, no resultando posible –en la realidad, no sobre el papel- mantener ese mínimo común denominador con una distribución de competencias clara y no negociable habría que plantearse alguna “cláusula de salida”. En resumen si el precio de mantener unida España es tener que resignarnos a un Estado disfuncional, muy caro, ineficaz e ineficiente, incapaz de mantener la igualdad entre los ciudadanos de las diversas regiones y con ella tantas otras cosas (educación, sanidad, políticas sociales) de garantizar sus derechos y de poner límites al Poder, en particular al más cercano y opresor quizá haya que plantearse si no sería mejor otras alternativas, incluida la independencia. Porque si la vamos a tener “de facto” y por la puerta trasera, parece más razonable que sea “de iure” y con luz y taquígrafos.
Ahora bien, esta solución no es posible sin dos requisitos imprescindibles: primero una votación de todos los españoles para establecer el marco normativo para una posible separación –en el marco de una reforma constitucional más amplia- y en segundo lugar una votación de los aspirantes a la secesión pero con unas condiciones claras para la celebración de la consulta (calendario, preguntas no ambiguas, procedimientos garantistas, fórmula de financiación, mayorías reforzadas, etc, etc). Nada de fiestas populares ni de folklore nacionalista y menos pagado con el dinero de los contribuyentes no nacionalistas. El modelo en nuestra opinión es el de la famosa ley de la claridad canadiense de 2000, que se ha revelado muy útil para centrar los problemas y buscar soluciones sensatas y prácticas.  Se trata de iniciar un proceso que permita establecer un contexto para debatir más racionalmente y reducir la tensión emocional. En definitiva, descontando casi 30 años de intoxicación educativa y de ocupación nacionalista de la sociedad y de muchos medios de comunicación catalanes se trataría de favorecer la creación de unas condiciones de verdadera igualdad entre los ciudadanos catalanes –o de otras regiones-  todos ellos bien informados de las consecuencias de su decisión, incluida la posibilidad de que los límites geográficos del nuevo Estado no coincidan con la actual Comunidad Autónoma.
Lo que ocurre es que a nuestro juicio en este momento la cuestión catalana es sólo un síntoma, quizá el más grave, de la “cuestión española”. Estamos de acuerdo con el profesor Garicano en que los problemas políticos no se solucionan solo con la aplicación de las disposiciones legales vigentes. En Cataluña, o para ser más exactos, en España tenemos un problema político de primera magnitud. No solo por la amenaza de la secesión catalana sino por la amenaza de la secesión ciudadana. Dicho de otra forma, los ciudadanos, y no solo los ciudadanos catalanes, no estamos “cómodos” en nuestra democracia por múltiples motivos: crisis económica, crisis política e institucional, crisis moral, falta de proyecto nacional ilusionante de futuro. Esto no se arregla con leyes desde luego, aunque hay que ser consciente de que cualquier solución política necesitará de un itinerario jurídico
Pero insistimos en que este problema político no se puede resolver a fuerza de más de lo mismo. No caben más Cupos ni Conciertos (al contrario, habría que suprimir los que hay) no caben más cesiones de competencias, simbólicas y no simbólicas, no caben más particularismos, más ocupación de todos los espacios públicos y privados por élites extractivas o más cambalaches en reservados porque entonces el Estado español puede devenir inviable. Y si principios básicos como la igualdad de los ciudadanos, el sometimiento de todos los Poderes Públicos a la Ley o la separación de poderes se convierten en meros enunciados formales, carentes de contenido y de significado, cabe plantearse si existe un proyecto común de futuro.
La realidad es que si se reordenan las competencias territoriales –lo que sin duda es muy necesario- lo que debería primarse serían los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Además, puestos a reformar, habría que hacer otras muchas: reducir la discrecionalidad administrativa, tantas veces convertida en pura y simple arbitrariedad, limitar o suprimir la hiperregulación evitando leyes absurdas y contradictorias, impedir la ocupación sistemática de las instituciones y organismos públicos por los partidos y su clientela eliminando los que son superfluos o funcionen como agencias de colocación, incrementar la responsabilidad fiscal de las CCAA, reformar los partidos políticos, modificar el sistema electoral, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, etc,etc.
De no emprenderse estas reformas, que suponen una auténtica regeneración de la democracia, corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos. Podremos tener la ilusión de seguir compartiendo un proyecto común mucho tiempo después de que, en la práctica, hayan desaparecido los mecanismos para permitirlo.  También sabemos que estos problemas no se solucionan con leyes, sino que es necesario un verdadero proyecto nacional ilusionante, pero recordemos que ese proyecto no puede triunfar sin esos instrumentos. Más vale afrontar la realidad y cuanto antes mejor. Modifiquemos la Constitución no solo para que los catalanes puedan “estar cómodos” sino para que podamos estarlo también todos los ciudadanos.
 

Las tiendas marcadas. Los carteles amarillos de los establecimientos amigos de la secesión.

No es fácil entender desde muchos lugares una campaña como la de la ANC, que promueve que las tiendas que colaboran con sus fines secesionistas lo señalen con un cartel amarillo de «establecimiento amigo». Es decir, destinada en definitiva a identificarlos ideológicamente. Para los que no somos nacionalistas el fenómeno resulta cuando menos chocante. Pero un nacionalista considera que la promoción esta identificación identitaria es algo no solo legítimo sino deseable. Merece la pena tratar de explicar esa diferencia de visión. Lo que exige resolver algunas cuestiones previas.

¿Somos todos nacionalistas?

Es muy frecuente que cuando se discute con un nacionalista éste enseguida reproche a su interlocutor el ser tan nacionalista como él, aunque de un signo contrario. Considera que el que se opone a sus ideas lo hace porque, en definitiva, no deja de ser también «de la misma condición». Condición de nacionalista, por supuesto, a la cual en su opinión pocos pueden escapar, si es que alguno lo hace.

Para los que consideramos al nacionalismo como una patología intelectual, que impide o perturba una correcta visión de la realidad, en esa acusación hay todo un reto. Es preciso, por elemental honestidad intelectual, hacer un análisis autocrítico de nuestras propias convicciones y descartar, en su caso, que estemos cayendo en lo mismo que denunciamos. Asegurarnos de que si esa acusación está motivada por la visión reduccionista que caracteriza al nacionalismo, frente a ello nosotros somos capaces de comprender mejor la complejidad humana y social. En definitiva, el saber por qué no somos nacionalistas es la única forma de asegurarnos de que realmente no lo somos. Y este asunto de los carteles es una buena ocasión para reflexionar sobre ello. Pero antes conviene destacar algo en lo que yo, y creo que otros muchos, coincidimos con ellos: el valor de lo emocional en la identificación colectiva (nacional) de las personas.

La idea de nación

Como muy bien explica Tomas Perez Viejo aquí, las naciones no son realidades objetivas, sino esencialmente subjetivas. Pueden tener un sustrato histórico-político, pero ni siquiera eso es suficiente. Una sencilla mirada a los mapas históricos nos destaca todo lo que ha desaparecido y todo lo nuevo que ha surgido en ellos. Este autor señala con acierto la esencia de la idea de nación: es un «mito de pertenencia». Supone un sentimiento de formar parte de un proyecto común, un vínculo «sentido» que nos une a los demás (en nuestro caso) españoles en un aspecto de nuestra identidad colectiva y que no tenemos o sentimos hacia los que no lo son. Lo que no excluye, por supuesto, que podamos sentir hacia ellos, hacia los extranjeros, toda nuestra simpatía y solidaridad.

En la base de cualquier proyecto nacional hay, por tanto, un elemento sentimental. Un vínculo que es preciso afirmar y renovar para que la nación pueda subsistir. Lo que requiere de soportes emocionales que lo hagan posible, como un relato y unos símbolos (ritos, banderas, …) compartidos. Cuando se fracasa en ello la nación no puede subsistir, como no subsistieron, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro o la Gran Colombia.

En la raíz de nuestros problemas territoriales, como explica Pérez Viejo, está el no haber sabido comprender la necesidad de preservar ese vínculo. Y en habernos permitido, en consecuencia, renunciar a evitar que la idea (y el sentimiento) de España se difumine. Especialmente, aunque no solo, en las regiones de hegemonía nacionalista. La confusión intelectual padecida en el bajofranquismo y la transición, con la equivocada identificación del patriotismo y sus símbolos con un régimen que había que superar, causó al respecto un daño atroz. A lo que se añadió, en gran parte como consecuencia, la ausencia en nuestras élites gobernantes de un proyecto de nación a defender y robustecer.

El resultado ha sido que, por una estrategia política presidida por intereses mezquinos y cortoplacistas, los líderes de nuestros partidos mayoritarios hayan estado dispuestos a cualquier cesión en ese campo para conseguir y mantener el poder. Y que el Estado, como sustento de la nación, prácticamente haya desaparecido en Vasconia y Cataluña. Cedida la educación, controlados los medios masivos de comunicación, incluso los privados, y con todos los resortes del poder al servicio de la sustitución del vínculo común de pertenencia por otro nuevo y excluyente del anterior, los nacionalistas han ocupado el espacio del Estado en retirada. Y han conseguido desplazar la antigua y consolidada idea de España para sustituirla en gran parte por su nuevo proyecto nacional.

Tras décadas de cultivado el nuevo mito nacional, excluyente del antiguo, ha bastado una adecuada manipulación del miedo y la frustración generados por la crisis para generar la marea secesionista en Cataluña. La desaparición del manto orgánico de la idea nacional española en nuestras erosionadas laderas periféricas, la falta de un proyecto común sentido como ilusionante, ha convertido en esa región las lluvias de la crisis en la actual inundación independentista.

Pero eso no es nacionalismo.

Parto, por tanto, de que el sentimiento de pertenencia nacional es imprescindible, al menos para la mayoría de las personas, como un elemento esencial integrante de su identidad colectiva. Y que supone un vínculo emocional que es preciso recordar, sostener y renovarlo en el tiempo. Pero ese planteamiento ¿No me está haciendo también nacionalista? ¿No es algo sospechosamente cercano a los que sostienen los proyectos nacionalistas de «construcción nacional»?

Pues creo que no. El nacionalismo añade a todo ello un plus de elementos distorsionadores de los que los no nacionalistas creo que estamos libres. Y entre ellos podemos destacar algunos:

– El sentimiento victimista. Un nacionalista tiene una idea de nación mucho más absolutizadora que la expuesta. Para él las naciones son verdaderas realidades objetivas a las que se ha de conseguir dotar de estructuras de Estado y de un territorio necesario. Y si esto no se ha logrado aún, ha sido por la culpa de un enemigo exterior dedicado históricamente a impedir estas justas aspiraciones y a intentar destruir su nación. El nacionalismo, frente al patriotismo cívico, se define frente a un enemigo exterior del que se siente víctima. Lo necesita como el aire para subsistir.

– El maniqueísmo. Es a ese enemigo al que hay que imputar las responsabilidades esenciales. Psicológicamente es muy consolador el tener un «otro» al que atribuir las culpas, sobre todo porque eso libera de asumirlas siquiera sea en parte. En tiempos pasados ese chivo expiatorio se encontraba en minorías indefensas, como los judíos, objeto de masacres y persecuciones. En el ambiente nacionalista ese nuevo chivo expiatorio indefenso al que culpabilizar («¡que hasta roba!») es España.

-La intensidad del sentimiento identitario. En un nacionalista el sentimiento de pertenencia a su comunidad nacional, acendrado por la solidariadad a la que mueve ese sentimiento compartido de víctima, es especialmente intenso y, como tal, excluyente. Tanto que es esa pertenencia lo que conforma de forma esencial su identidad. Como ha señalado Francisco J. Laporta , lo que define la identidad en el ideario democrático es la individualidad libre y creadora. Y en el ideal nacionalista, por contraste, es la pertenencia a un todo nacional. Las raíces en ese ámbito pesan hasta configurar la personalidad y vincularla como una mera pieza integrante de un todo superior. Por eso hablan, por ejemplo, de los deseos y anhelos del pueblo catalán. Como si tal pueblo existiera como un ente único dotado de voluntad autónoma. Como si tal entelequia existiera de verdad.

Obviamente se trata de características muy interdependientes. Y que no se dan siempre en igual proporción. No solo existen el negro y el blanco en lo identitario. También en el nacionalismo, como en la fiebre, hay grados de intensidad y, por tanto, toda una escala de grises. Pero  son tendencias generales que creo que distinguen siempre al nacionalista del que no lo es.

A partir de estos principios un nacionalista puede sentirse legitimado para clasificar y calificar a sus conciudadanos. Puede distinguir (el nacionalista español) entre buenos y malos españoles, o (el nacionalista catalán) entre buenos y malos catalanes, según sus ideas de pertenencia, su «debida» conciencia nacional y su fidelidad a esa identidad colectiva impuesta como necesaria. El vecino no nacionalista será visto como peligroso y desleal. Como un quintacolumnista y potencial entreguista al enemigo exterior. Como cómplice de éste en su perversa labor de destrucción de la verdadera patria. Y, por ello, como merecedor al menos de sanción social. Como mínimo al disidente se le puede llegar a tolerar, pero sólo a cambio de renunciar a una exhibición de sus simbolos y a cualquier intento de difundir su (ilegítimo) ideal de pertenencia.

A identificarse.

Sólamente después de esta disgresión creo que puede entenderse la campaña de señalamiento de «comercios amigos» (de la secesión) con carteles amarillos que está promoviendo la Asamblea Nacional Catalana. Señalamiento que, por supuesto, implica también el de quienes se hayan resistido a ello.

Donde reina el patriotismo cívico no puede entenderse una campaña destinada a clasificar ideológicamente a los dueños de los comercios, y a conseguir con premios o sanciones sociales una pública declaración sobre su tendencia. Sus ideas políticas forman parte de una intimidad que se ha de respetar tanto como puede respetarse la de sus ideas religiosas o la de sus tendencias sexuales. No se considera legítimo pedir un pronunciamiento público sobre las mismas.

Pero donde reina el nacionalismo identitario, lo extraordinario se convierte en ordinario. La necesidad de salvar a la patria de sus enemigos exige tocar a rebato, exaltar los sentimientos, recelar del sospechoso, clasificar. Y encuadrar a la población en orden de combate ideológico. Porque lo que está en juego es tan importante que la libertad de las personas y su intimidad no pueden ser obstáculos para el proyecto. Para ellos son meros actos de defensa frente a lo que sienten como permanente agresión española.

Así pueden entenderse tanto iniciativas como la Megaencuesta puerta a puerta como ésta de promoción de la identificación ideológica/identitaria de los comercios. Y por eso puede deducirse que la división social, y una permanente violencia latente, y a veces expresa, contra el disidente, son consecuencias inevitables de cualquier nacionalismo que consigue desplegarse en todo su temible esplendor.

Platón y el derecho a decidir

¿Quién debe votar para decidir si Cataluña ha de seguir siendo parte de España? ¿Quién ostenta el tan manido “derecho a decidir”? ¿El conjunto del electorado español o sólo el catalán? ¿Qué es lo democrático? Los defensores de ambas posturas lo tienen muy claro. Cada uno piensa que lo suyo es, como dicen los ingleses, self-evident y no requiere mayor justificación. De esta forma, parapetados ambos contendientes tras sus respectivas concepciones sobre la “naturaleza de las cosas”, la discusión se estanca y hasta deviene anodina.
Para salir de este impasse, no está de más lanzar un mensaje de socorro a la ciencia. Al fin y al cabo, estamos ante una discrepancia conceptual: se discute sobre cuál es el significado de “nación”, “nación soberana”, con derecho de “auto-determinación”. Para unos sólo abarca la que históricamente y con arreglo al Derecho positivo lo es; se admite sólo la excepción, consagrada en el Derecho internacional, de las colonias. Para otros, la nación sería una realidad natural que pugna por salir a la luz, incluso de las entrañas de los Estados centenarios. Pues bien, hay una disciplina (la gnoseología) que se dedica precisamente a esto: enseña a conocer, a delinear los conceptos con los que se apresa la realidad.  Veamos si nos puede ayudar.
Uno de los precursores de estos estudios fue Platón. Cabe disentir de su sistema, pero los grandes autores siempre nos proporcionan unas referencias que orientan e inspiran. Para el ateniense, los Conceptos (las Ideas) existen en un mundo supra-celeste, con independencia de las cosas del mundo sensible, que sólo son una burda imitación, un pálido reflejo de aquéllas. Y cuando el alma alcanza el conocimiento verdadero, el de las Ideas, se limita recordar lo que siempre ha sabido. Esto podría satisfacer a nuestros tirios y troyanos: los dos dirían que su Nación es la dama que legítimamente ocupa un escaño en el Olimpo de las Ideas, una especie de Volkgeist que desde allí nos sonríe y guiña un ojo, tocada con barretina o sombrero cordobés… Sin embargo, lo revelador del pensamiento platónico no es tanto lo anterior, el colofón,  como el camino que conduce a él. Platón no desdeña el mundo material. El alma recuerda las Ideas a base de estudiar sus copias terrenales y pasarlas por el filtro de la razón. Y en este proceso ha de actuar inspirada por la Idea cúspide, el Bien, que es como un sol que todo lo ilumina.
Esto ya es otra cosa, ya tenemos material para avanzar. El concepto de Nación, como cualquier otro, pivota sobre un medio y unos fines y un eje de racionalidad que los une. En nuestro caso, los datos de partida  son las consabidas afinidades entre las personas (raza, lengua, cultura, ideales…). El fin es establecer una organización política que funcione. Entre uno y otro polo viaja la razón, con idas y venidas. Es verdad que ciertos mimbres (afinidades) parecen reclamar determinados cestos (uniones o desuniones). Pero también lo es que si se modifican los objetivos, cambia como por ensalmo el círculo de sujetos afines, agrupables bajo una bandera.
Tradicionalmente, justo es reconocerlo, los fines considerados han sido egoístas. Uno se divide o agrupa en clanes, tribus y naciones para competir por los bienes escasos y salir mejor parado en esta lucha. Esto no es per se malo. Me trae a la memoria cuando discutíamos en España sobre la constitucionalidad de las cámaras de comercio o los colegios profesionales. Al final, como apuntó nuestro TC, la libertad de asociación es un trasunto del principio de legalidad impositiva, del no taxation  without representation. Cuestiones de imagen aparte, lo que nos preocupa en gran medida es cuánto dinero nos piden nuestros representantes y para  qué nos lo piden y eso es lo que queremos controlar manipulando el electorado que los elige.
Ahora bien, como es sabido, la mente racional puede en cierta medida ir más allá de su condicionante genético. También en política, como pedía aquí. Cuanto más generoso es el objetivo con el que se construyen, más fácil parece aunar naciones. Si todos tuviéramos un corazón tan grande y una mente tan ancha como la del escritor y europeísta Stefan Zweig, hasta ese adefesio que es la unión europea sería fácil de embellecer…  Mas tampoco diré que la nobleza obligue al unionismo: a veces lo grande será ceder ante ciertas fuerzas centrífugas, si las abonan razones plausibles.
¿Solución científica, por tanto? Lo científico es reconocer que a priori no la hay, aunque se pueda cocinar, combinando las dosis adecuadas de egoísmo y altruismo.  Estamos en definitiva ante una actividad creativa: el maestro Platón definió bien el método para cubrir el escaño de la Nación; sólo sucede que, en función de la calidad de nuestro trabajo, el asiento cambia de ocupante; los conceptos son una propuesta estética, que tiene vocación (sólo vocación) de enamorar a todos y durante el máximo tiempo posible…
Comprendo, empero, que las cosas a veces no se pueden o no se quieren ver así. Hay quien se ofusca y quien se quiere ofuscar. En ese territorio agreste entre el medio y el fin, en  el que se teje la red del pensamiento (sophia), algunos encuentran una maraña y otros la crean. No en vano ése es el origen etimológico de las palabras “sofisticado” y “sofista”.
En otro post comentaba lo que sucede con el concepto de tiempo: el objetivo de la ciencia es predecir si una flecha llegará “a tiempo” para matar al malvado, verbigracia; para ello, utiliza un medio, atender a la oscilación de la tierra o de un átomo. Entre medias anida el sofisticado andamiaje de las matemáticas de la relatividad especial y general. Y en esa selva, va uno, se hace un lío y dice que puede viajar en el tiempo a matar a su abuelo. Hombre, no… Lo mismo en nuestro caso: queríamos pensar cómo organizarnos para ser felices y para ello nos fijamos en las afinidades o diferencias que nos unen o separan. Y entre medias pasa un padre con su hijo, ondeando la bandera contraria, y va otro y le tira una piedra. Tampoco es eso…
Los políticos, por su parte, a menudo prefieren auto-ofuscarse. Les resulta cómodo, como decía, encastillarse tras las frases hechas (“Constitución”, “auto-determinación”), pensando que de esa forma defienden mejor sus respectivos intereses, sin meterse en berenjenales.  Ahora bien, que no se crean sus propios sofismas y se queden parados. Deben moverse, dentro de los mecanismos constitucionales, para alcanzar pactos. Sin desobediencia civil, no porque no se “pueda” sino porque, dadas las circunstancias, sería innecesario y hasta descortés. Pero hay que moverse, hay que consensuar soluciones y hacerlo con miras amplias, con al menos un ojo puesto en el Bien platónico. Si el resultado se llama de una u otra manera, me preocupa menos, siempre que en el régimen resultante se respeten los derechos de todos (incluidos los lingüísticos…). Eso sí, no perdamos el norte y no hagamos bobadas: nuestra economía, que no sufra, pues ya anda bastante maltrecha;  y las ligas y las selecciones deportivas conjuntas no me las toquen, que nos divertimos con ellas…

La megaencuesta mentirosa en Cataluña. Contra la verdad y la libertad

 
Es conocida la frase de Benjamín Disraelí, a veces erróneamente atribuida a Mark Twain, de que las falsedades pueden clasificarse en mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Lo que es mucho más cierto aún si las cifras quieren sacarse de  encuestas como ésta, que se está realizando en Cataluña, promovida por la Asamblea Nacional Catalana y Omniun Cultural. Que ocho mil voluntarios estén recorriendo los hogares catalanes para hacer una encuesta como esa nos plantea algunas reflexiones.
Los promotores.
La encuesta está organizada e impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y por Òmnium Cultural. Ambas son superestructuras creadas y desarrolladas por las fuerzas nacionalistas y por instituciones dominadas por aquéllas para impulsar la secesión de Cataluña. Sus ingresos son de origen básicamente público. Es decir, se trata de organismos fuertemente subvencionados por el Gobierno catalán y por otras administraciones dirigidas por partidos nacionalistas catalanes.
Con esos abundantes ingresos han podido desplegar en los últimos años una importante actividad. Son de hecho muchos los millones de euros de los contribuyentes que se han utilizado en instrumentos como éstos destinados a difundir el independentismo. Este informe policial, probablemente aún inexacto en tanto está en elaboración, calcula que a lo largo de las últimas décadas se han destinado a este fin más de 20.000 millones de euros. Y ello en una región con una administración arruinada y necesitada de permanentes ayudas del Estado. Pero aunque fueran muchos menos la pregunta debe seguir planteándose: ¿Tiene sentido que las administraciones públicas territoriales, que como tales forman parte de la estructura del Estado, dediquen abundantes medios y esfuerzos a destruirlo? ¿No existe en este caso una clara desviación de fondos para ser utilizados para fines ajenos al de esas administraciones? ¿No estamos ante un grave incumplimiento de obligaciones básicas?
Si hemos montado una estructura territorial destinada a autodestruirse, si es admisible que las voces y propuestas disgregadoras cuenten en algunas regiones con amplios recursos a cargo de los contribuyentes mientas las partidarias de mantener la unidad y convivencia de los españoles no «tienen quien les escriba» allí, quien las financie y apoye, es que hay algo que hemos hecho muy mal. Y que toda nuestra estructura territorial debe replantearse de raíz.
El Gobierno catalán no es ajeno a esta iniciativa de la encuesta y no sólo la financia a través de de esas entidades, sino que además la ha apoyado públicamente. La propia Consejera de Educación participó en su lanzamiento. Lo que no es precisamente tranquilizador respecto al sesgo de dicha educación en Cataluña y los fines que también a través de ésta se pretenden alcanzar.
El contenido propagandístico de la encuesta.
La encuesta se imbrica dentro de la campaña por el SI en el Referéndum (si somos precisos en la terminología) que el Tribunal Constitucional ha suspendido. Sin que ello haya impedido que se siga gastando en propaganda sin recato.
El formulario, antes de solicitar la respuesta a cada una de las seis preguntas hace una o varias afirmaciones de presupuestos de hecho que se tienen como ciertos o indubitados, como puede verse, por ejemplo, en la pregunta 1:
«Si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más. ¿Cómo piensa que se deberían gastar?»

Y así se configuran todos los apartados que incluyen las preguntas. Éstas se plantean después de una afirmación que configura la secesión, expresa o implícitamente, como una entrada en el paraíso. Cómo con tanta riqueza recuperada se podrían mejorar los servicios públicos; Cómo al partir de cero se podría renovar y mejorar y mejorar la democracia (¿con los mismos partidos nadando en corrupción?). Que la futura Cataluña secesionada va a seguir en la UE por ser contribuyente neta y cumplir todos los requisitos (¿también el voto unánime de los demás países miembros? Que va a depender de su exclusiva decisión si siguen o no en la UE (¿otra ferolítica derivación de ese presunto «derecho a decidir», que al parecer debe pasar por encima de las objeciones de cualquier otro interesado directo?). A pesar de que todos los responsables comunitarios (al parecer unánimemente equivocados) han advertido que cualquier país secesionado queda fuera. Y que no va a haber problema para el castellano, que también será lengua oficial, y además se hablarán muchas, muchas lenguas más…
Sorprende que se les haya olvidado incluir entre los presupuestos implícitos el de que el Barcelona, C.F. seguirá, por supuesto, en la liga española… ¡Siempre que ellos quieran, claro! Porque también tienen previsto que puedan «ejercer su derecho a elegir» el  pasar a la francesa. Que aunque ya les haya negado Francia esa posibilidad sin duda lo han dicho «de broma». Lo mismo que han dicho en la UE que quedarían fuera ¡A toda esa gente cómo se le va a tomar en serio!
No es difícil comprender que con la encuesta se trata de colar también verdadera propaganda pro secesión. Y una propaganda basada, además, en manifiestas mentiras. La estrategia de pedir la opinión del encuestado para poder trasladarla a los representantes políticos no tiene otro objetivo que conseguir un destinatario más receptivo.
¿Un censo ideológico?
Con la encuesta, a través de las respuestas, se trata también de deducir la orientación o el sentimiento nacionalista o no del encuestado. Al mismo se le llega a preguntar al final si irá a votar. Y se le pide sus datos personales: nombre, dirección, teléfono y correo. Y como se realiza «puerta a puerta», visitando directamente los hogares, hasta la recepción hostil a la encuesta puede quedar registrada. Este potencial identificador resulta inquietante en una región donde la pasión nacionalista cultiva una creciente hostilidad contra quienes no lo son o se resisten a aceptar sus imposturas, que se han visto ya insultados y amenazados (ellos o sus familiares) como traidores quintacolumnistas.
Esta recogida de datos ideológicos y el posible uso que pueda hacerse de los mismos ya ha sido objeto de múltiples denuncias y ha originado el comienzo de una investigación de la Agencia de Protección de Datos.
El problema se plantea en dos ámbitos. Desde un punto de vista tecnico-jurídico esos datos ideológicos son de alta protección, de «máxima vulnerabilidad», conforme a la Ley de Protección de Datos. Y requerirían de unos blindajes, para evitar su utilización para otras finalidades, que según los indicios y las denuncias, no se han adoptado. Y no sería la primera vez que los datos de esa entidad son filtrados.
Pero aún es más preocupante su trascendencia política. En julio pasado, la ANC anunció que uno de sus objetivos inmediatos era el de «elaborar una base de datos de 2,5 millones de personas que afirmen que votarán ‘sí’ el 9 de noviembre».
La entidad justificó la creación de esta suerte de lista de ‘buenos catalanes’ para poderles «enviar mensajes en todo momento e informar con puntualidad, incluso cuando haya nuevas adversidades o se quiera impedir el ejercicio democrático del voto». Sin duda la encuesta ha sido el medio elegido.
Ese fin no puede dejar de inquietar a las personas no nacionalistas, que cada vez se sienten más tratadas como disidentes. Algunas entidades, como la Asociación por la Tolerancia, han denunciado que esa llamada ‘Gigaencuesta’ «constituye una evidente coacción a domicilio contra la convivencia, que la campaña es «intimidatoria», y puede significar la «identificación de desafectos» elaborando «un censo de disidentes, contrarios a la independencia», que se arriesgan a posibles «posteriores represalias».
La actuación de la APD, por supuesto, ya ha sido tachada en el magma secesionista de anticatalana y maliciosa. Pero ¿Qué sería del respeto a la ciudadanía y a la intimidad de las personas si estos últimos restos del Estado desaparecieran de Cataluña?
El objetivo autoproclamado en la propia encuesta es saber «cómo debe ser el país nuevo que queremos construir entre todos», de nuevo con una aseveración tan tajante como falsa, salvo que se pretenda que los que no sean partidarios de la secesión en realidad no existen. Pero lo que en realidad nos permite es obtener una idea muy clara del país al que aspiran sus promotores. Y también del desprecio que esos próceres de la secesión sienten por la verdad y la libertad.
 

Ay, Derecho! La infracción del acuerdo del Tribunal Constitucional por las autoridades catalanas y sus consecuencias legales.

El Tribunal Constitucional, en dos Providencias de 29 de septiembre de 2014, admitía las impugnaciones tanto del grueso de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014 de consultas no refrendarias, como del Decreto del Presidente de la Generalitat 129/2014 de 27 de septiembre por el cual se convocaba la conocida consulta.
En la primera de dichas providencias acordaba la suspensión inmediata «de los preceptos de la Ley impugnados y de cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos». Y en la segunda acordaba también la suspensión inmediata  «del Decreto impugnado y sus anexos» así como de  «las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella».
Pues bien, al día siguiente el Parlamento catalán eligió los siete miembros de la Comisión de Control de la Consulta, desarrollando así los preceptos correspondientes de la Ley y del Decreto, a pesar de estar suspendidos. El viernes 3 el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó el Decreto del Presidente Mas nombrando dichos miembros de la Comisión de Control.
Ese mismo día Mas se reunió con representantes de los cuatro grupos parlamentarios que apoyan la consulta de autodeterminación. Y al concluir anunciaron que han acordado  «mantener la convocatoria de la votación con la voluntad de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto el 9 de noviembre».
El artículo 556 del Código Penal establece que «Los que sin estar comprendidos en el artículo 550 (delito de atentado) resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año».
Para los nacionalistas el incumplimiento de la ley no resulta algo extraordinario. En su escala de valores la construcción nacional está en la cumbre, es su fuente máxima de legitimidad, y la sujeción a la normas no puede tener respecto a aquélla sino un carácter instrumental. De hecho el Gobierno catalán ha incumplido sistemáticamente las sentencias del Tribunal Supremo que ordenaban la opción del castellano como lengua vehicular. Sin que esos incumplimientos, entre otros muchos, hayan tenido consecuencia alguna. La responsabilidad última de ello recae sobre los diversos Gobiernos nacionales que han preferido mirar hacia otro lado.
La tentación de seguir desafiando a un Estado de Derecho tan imperfecto como el nuestro, donde consideraciones de aparente realismo político se pueden situar por encima del carácter vinculante de las normas, es por ello comprensible. Es verdad que la desobediencia nunca ha sido tan grave como ahora, cuando parece querer iniciar el camino de la sedición. Pero ellos ya saben lo útil que puede resultar envolverse en la bandera.
¿Vivimos en un país regido por leyes? ¿O tienen algunos el privilegio de que no les sean aplicables? Pronto lo vamos a ver.

Sobre el artículo de Luis Garicano “Los cisnes negros y la tarea de Rajoy”

Ayer viernes publicaba nuestro querido colaborador Luis Garicano en el diario El Mundo un artículo, titulado «Los cisnes negros y la tarea de Rajoy», en el que, como se resume en la entradilla, sostiene que el presidente del gobierno tiene que ofrecerle una vía a Artur Mas para dejar el separatismo y que, para evitar una supuesta declaración de independencia unilateral, deben cederse más competencias a Cataluña.
Usa como punto de arranque la conocida tesis de Nassim Taleb, en “El cisne negro”, en el que partiendo de la escasísima posibilidad de encontrar estos animales, concluye que hay determinados acontecimientos insospechados e imprevisibles que pueden cambiar el rumbo de la historia. Para él ese cisne negro sería esa declaración unilateral de independencia después de un proceso de elecciones plebiscitarias, con las consecuencias que ello tendría, y que hay que evitar.
Ya en las redes sociales he mostrado mi desacuerdo con esa idea, con el poco valor que ello pueda tener; pero me gustaría explicar y matizar aquí mis motivos con el objeto de incitar al debate. Mi opinión es poliédrica y muy poco unidireccional, y ya he dejado un atisbo en Apotegmas para la resolución alternativa del conflicto catalán. Pienso que el artículo de Luis expresa ideas defendibles, pero tiene el inconveniente de que no distingue dos escenarios:
1) La amenaza concreta y específica surgida a consecuencia de la convocatoria para el 9-N.
2) El «problema catalán» en toda su dimensión.
En cuanto al escenario 1), no debe olvidarse que el Estado de Derecho es clave en una democracia y que no debe cederse en el cumplimiento de la ley; y no por una pulsión kantiana dogmática, sino porque el Derecho es uno de los instrumentos del poder (en este caso democrático) y si deterioramos ese instrumento deterioramos el poder, y con ello el cumplimiento general de las normas y la convivencia. Y eso es el caos y la inseguridad total incluso para la supervivencia como tal Estado. Por tanto, la ley ha de cumplirse en este tema del referéndum, y si es ilegal, como a todas luces parece, debe impedirse. Ahora bien, el Derecho ha de ser proporcionado. Yo no veo que sea posible mandar un destacamento de la guardia civil a cada uno de los pueblos de Cataluña para coger la mano de los ciudadanos que están intentando introducir la papeleta en la urna para impedírselo. Aquí si dice bien Luis Garicano que «el clamor del queremos votar ha ganado la guerra psicológica». Y ciertamente no es lo mismo un grupo de radicales intentando linchar al delegado del gobierno –eso justificaría el uso de la violencia- que impedir que la gente exprese su opinión, aunque el procedimiento de hacerlo sea ilegal. Eso no es presentable a nivel internacional, me temo. Ahora bien, eso no significa que, pasado un 9-N en el que se celebre una farsa folklórica o no tan folklórica , se saque la libreta y se empitone a todo funcionario, político o particular que se haya saltado la ley, o se le retiren competencias a la comunidad catalana vía art. 155 de la Constitución si se considera necesario.
Ahora bien, ¿eso resuelve el problema catalán? Para nada, el escenario 2) es mucho más antiguo y complejo y exige también mucho más esfuerzo para su resolución; esfuerzo que, con ser político, ha de hacerse también por vía del Estado de Derecho, en el cual las normas no se incumplen, sino que se reforman, como recientemente decía el escritor Javier Cercas en El País.
No creo que Luis diga otra cosa que esto que digo yo, lo que pasa es que se ha situado directamente en el escenario 2) y piensa que para la resolución de esta grave cuestión es preciso hacer ciertos reconocimientos y otorgar más competencias, y aquí sin duda discrepo. En mi criterio, con el mundo nacionalista la cesión no ha funcionado nunca y, muy probablemente, tampoco va a funcionar ahora. Lo acreditan fehacientemente 30 años de un goteo sucesivo de concesiones para aplacar esas ansias, con el resultado evidente de que esas ansias se han acrecentado. De acuerdo con el sistema de prueba-error lo que procedería es cambiar de estrategia. De hecho, el independentismo no es ningún cisne negro, sino un acontecimiento muy previsible y últimamente omnipresente en nuestras vidas, hasta la saciedad. Por ello estimo que más cesiones al dictado de los acontecimientos será ineficaz, aparte de indigno. Recuérdese lo de Churchill: con la indignidad queríamos evitar el conflicto, y tendremos el conflicto y la indignidad. Una cesión recurrente a Cataluña (y posteriormente a las demás autonomías, claro) supondrá el desquiciamiento de un Estado, incapaz -quizá ya lo es- de garantizar un mínimo de derechos, de libertad e igualdad y de controlar uniformemente un poder disgregado y autónomo: ¿Unidad de mercado? ¿igualdad de derechos? Pura palabrería vacua.
¿La solución entonces es seguir igual? En absoluto, lo que pasa es que la cuestión se plantea en otros términos, distintos de la cesión de competencias. Ya hemos dicho en este blog muchas veces, pero es necesario repetirlo, que en democracia al final puede ser necesario consultar a los ciudadanos y puede que incluso sea inevitable la independencia de Cataluña. Pero eso ha de plantearse en el marco de una reforma constitucional en la que todos los ciudadanos, partiendo de la actual soberanía del pueblo español, se planteen si esa mínima uniformidad del Estado, la que es precisa para que éste sea eficaz y útil en la defensa de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho, es compatible con ese anhelo de autogobierno que algunos al parecer necesitan. Si no es posible mantener ese mínimo común denominador con una distribución de competencias clara, no repetitiva y no negociable, y el precio de mantener unida a España es tener que resignarse un Estado disfuncional y troceado, incompetente para mantener la igualdad de los ciudadanos de las diversas regiones y con ella tantas otras cosas (entre ellas la economía y el bienestar, no lo olvidemos), quizá haya que plantearse si no será mejor la independencia de Cataluña.
Aunque, por supuesto, eso en ningún caso debe ocurrir cuando al presidente Mas lo diga o a ERC le venga bien: es algo que debe discutirse en condiciones de racionalidad y mucha menor tensión emocional (y a ver cómo se descuentan de ello casi 30 años de intoxicación educativa y en los medios de comunicación), en un régimen de verdadera igualdad entre los ciudadanos, que habrán de decidir con conocimiento de causa, bien informados de las consecuencias -bastante graves- de esa determinación, aceptando que quizá Cataluña no tendría los límites que tiene ahora, sino los que decidieran sus ciudadanos en una votación y por supuesto con preguntas claras y no unilaterales. Una reforma constitucional, en definitiva, que introdujera un marco preciso de competencias y un procedimiento de separación con condiciones claras, a modo de la famosa la ley de la claridad canadiense, que se ha revelado muy útil para centrar los problemas y buscar soluciones sensatas y prácticas. La prueba es que el referéndum no se ha vuelto a plantear desde entonces.
¿Obstáculos para ello? Pues hay uno importante: que para hacer eso el la Democracia y el Estado de Derecho tendrían que funcionar al cien por cien en España y no lo hacen. Porque si se acusa al Tribunal Constitucional de partidismo, algo de razón se tiene; y si es a la justicia de estar politizada, pues también; de que haya nepotismo, corrupción y cortoplacismo, no le faltaría razón. El inconveniente es que en política no vale sólo la legalidad, sino que es imprescindible la legitimidad, que se consigue cuando tú te aplicas la misma medicina que quieres aplicar a los demás: la ejemplaridad, en definitiva. Y de eso estamos muy faltos en España, al punto de que muy probablemente una solución de este tipo exigiría una reforma de la Constitución más amplia que regenerara muchas más cosas.
Seguro, no obstante, que estará de acuerdo Luis  conmigo en una cosa, que creo deducir de su artículo: el problema, a largo plazo, no se arregla con leyes –por mucho que no podamos prescindir de estas- ni probablemente con modificaciones del marco organizativo, sino que aquí subyace algo más profundo. El otro día, Tomás Viejo nos decía en El Pais que el fracaso del Estado-nación español no tiene que ver con la organización del Estado sino con la construcción de la nación, y no se resuelve con ingeniería constitucional sino con políticas de construcción de identidad compartida, sean éstas del tipo que sean. ….El problema, si acaso, sería el de unas élites políticas, las españolas actuales, cuya ausencia de un proyecto de nación, no de Estado, resulta casi pavorosa.
Me temo que es así y que tenemos una importante tarea por delante. Pero creo que nada se adelanta cediendo ante el peligro.