Corrupción ¿el mundo al revés? Reproducción de la tribuna en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Recientemente, en un artículo aparecido en el New York Times sobre la falta deprotección de los denunciantes de la corrupción (ejemplificado en la historia deAna Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel y ex empleada pública en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte) el autor comentaba, casi de pasada, queEspaña tenía uno de los Gobiernos más corruptos de Europa. Es la explicación que ofrecía a sus lectores de que conductas que en otros países son fomentadas y defendidas en nuestro país podían suponer el ostracismo profesional y hasta social y acabar con la carrera profesional del denunciante además de acarrear, en no pocas ocasiones, unos costes personales muy altos. Efectivamente, la situación de los denunciantes de las tramas corruptas en España da mucho que pensar sobre el verdadero funcionamiento de nuestro sistema político y sobre la naturaleza de sus incentivos.

En otro documental realizado mediante crowfunding y estrenado prácticamente en la clandestinidad -con apoyo de la sociedad civil-, Corrupción, el organismo nocivo, sobre la extensión de las tramas corruptas en Cataluña -particularmente a nivel local- se cuenta por uno de los entrevistados cómo denunció a sus superiores la corrupción existente en unos cursos de formación. ¿La reacción? El cese fulminante. Otras veces, sencillamente no hay respuesta, por muchas denuncias que se dirijan a quienes supuestamente tienen la responsabilidad de velar por la defensa de la legalidad. En los casos peores, se convierte la vida personal y profesional del denunciante en un auténtico infierno, dado que quienes protegen la corrupción -que suelen tener mucho poder- se dedican sistemáticamente en desprestigiar al que la denuncia, delante de sus compañeros o ante la sociedad en general. Se les convierte en parias, en apestados. Así se manda una señal clara a los que pudieran tener tentaciones parecidas y de paso se consigue apartar el foco de lo que realmente importa: si existe o no la corrupción denunciada y si hay que asumir responsabilidades políticas o incluso judiciales.

El mecanismo siempre es el mismo. Y como explicaba una de las personas que aparecía en el documental, si el sistema expulsa y reniega de las personas honestas que intentan hacer bien su trabajo y que se cumpla la ley, cabe preguntarse por la naturaleza del sistema. La contestación es obvia: se trata de un sistema profundamente corrupto.

He comentado muchas veces que la corrupción es mucho mayor allí donde los controles preventivos son más débiles y donde el diseño institucional (monopolio discrecional en la toma de decisiones, falta de transparencia y rendición de cuentas) la favorece. En el reciente estudio sobre Diputaciones provinciales de la Fundación ¿Hay Derecho? hemos puesto de manifiesto subraya los problemas institucionales de estas entidades locales, problemas que favorecen la aparición de tramas clientelares, despilfarro y corrupción. Los datos demuestran que no hay casualidades, hay causalidades. Pero el problema es que esa falta de controles no se limita al ámbito local, sino que se ha ido extendiendo a todos los niveles de la Administración. Ha llegado por supuesto a las Comunidades Autónomas: la extensión de las tramas corruptas en Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía habla por sí sola. Pero también ha llegado a la propia Administración General del Estado, considerada hasta hace poco -y con razón- la joya de la Coronade lo que Fukuyama (en su extraordinario libro Political Order and Political decay) denominaría una «Administración weberiana»: una Administración que cuenta con una burocracia profesional, meritocrática y que sirve con fidelidad los intereses generales.

Lamentablemente ya no podemos estar seguros de que esto siga siendo así. El caso Aquamed (sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) ilustra perfectamente cómo también la falta de controles y la politización ha llegado al entorno estatal, eso sí, mediante la aparición de este tipo de organismos que han proliferado como setas en los últimos años, sin demasiados motivos objetivos. O más bien con un único motivo: flexibilizar la gestión, es decir, eludir los controles administrativos tanto en el reclutamiento del personal como en los procesos de contratación. Controles que, por ejemplo, hubieran impedido o al menos dificultado inflar los contratos públicos a favor de una determinada empresa. Por otro lado, es difícil sostener que lo que se hacía en Aquamed era desconocido en el Ministerio del que dependía, dado que la sociedad estaba presidida por el propio secretario de Estado de Medio Ambiente y que en su Consejo de Administración contaba con altos cargos del mismo. No solo eso, era en el Ministerio donde se decidía qué proyectos se contrataban directamente por sus órganos administrativos y cuáles se gestionaban por Aquamed. No había ninguna diferencia técnica entre unos y otros, más allá de la voluntad política de gestionarlos de una u otra forma o dicho de otra manera, de controlarlos más o menos.

Como es sabido, el presidente de Aquamed tuvo como dimitir cuando ya era subsecretario del Ministerio de Presidencia a raíz del escándalo. Pero quizá lo más interesante es que los técnicos de Aquamed que denunciaron las irregularidades y gracias a los cuales se iniciaron las investigaciones judiciales no sólo no fueron atendidos por sus superiores sino que fueron despedidos con el beneplácito del Consejo de Administración de la entidad. A día de hoy, siguen despedidos, pese a que gracias a su actuación algunos directivos de Aquamed acabaron en la cárcel y se destaparon las irregularidades. La historia no acaba aquí: estos directivos -una vez excarcelados bajo fianza, aunque siguen siendo investigados- han vuelto a sus puestos de trabajo tranquilamente. Los que los denunciaron, por el contrario, no. Las cartas dirigidas solicitando el reingreso a la ministra de Agricultura no han sido atendidas. ¿El mundo al revés? Pues a lo mejor no tanto. Depende de cómo funcione el mundo.

Efectivamente, piensen por un momento en que lo sucedido en Aquamed ha sucedido en otras muchas empresas públicas. Es más, ha sucedido en la mayoría de las Administraciones Públicas donde se han emitido Instrucciones políticas para hacer favores a empresas amigas, de las que inevitablemente se han aprovechado unos cuantos intermediarios espabilados, como el director general de Aquamed. El propio ex presidente de Aquamed (que fue secretario de Estado con el ministroArias Cañete) ha declarado recientemente que las instrucciones las recibía del ministro, que, por supuesto, estaba al tanto de todo, si bien no firmaba nada personalmente. Es fácil entender que en ese contexto de clientelismo y corrupción generalizada al más alto nivel resulta muy peligroso denunciar, máxime en un país donde mantener un puesto de trabajo fijo en el sector público puede marcar la diferencia entre una vida profesional tranquila y la precariedad o el desempleo. Que se lo digan a los despedidos disciplinariamente de Aquamed. Por otro lado, los cargos públicos tienen bastante claro que desobedecer ordenes políticas no favorece en nada su carrera administrativa. Y en cuanto a los políticos son fieles escuderos del líder del turno.

En definitiva, no se protege al denunciante de la corrupción como se debiera por la sencilla razón de que se prefiere proteger al corrupto o al que tolera o consiente la corrupción. Entre otras cosas porque el corrupto puede tirar de la manta y poner de manifiesto que, después de todo, él no era sino una pequeña pieza en un engranaje perfectamente engrasado y montado -o tolerado, tanto da- desde arriba. La corrupción y el clientelismo ha sido y sigue siendo una forma de gobernar en este país. Fukuyama diría que esta situación es prácticamente inevitable en Estados débiles que han alcanzado la democracia antes de haber fortalecido sus instituciones, de haber constituido un Estado de derecho digno de tal nombre y de disponer de una burocracia meritocrática y profesional.

Las buenas noticias son que, guste o no guste al Gobierno en funciones (y desde luego es comprensible que no le guste, dada su responsabilidad política y la poca voluntad que ha puesto en combatirla) las encuestas del CIS insisten en que la segunda preocupación de los españoles sigue siendo la corrupción. No se trata por tanto de un fenómeno pasajero, que se vaya a olvidar durante la campaña electoral. Más bien todo hace pensar lo contrario. Tampoco es válida la teoría de las pocas manzanas podridas cuando es el cesto el que se deshace ante nuestros ojos. Ni siquiera el loable esfuerzo de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es suficiente, máxime cuando la reciente y poco inocente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una especie de amnistía vergonzante diga lo que diga el ministro de Justicia en funciones) va a permitir en breve el archivo de muchas causas, entre ellas también las que afecten a casos de corrupción. Por tanto, la corrupción seguirá estando mucho tiempo en el centro del debate públicocomo debe ser si aspiramos a mejorar nuestra democracia y nuestras instituciones y a alcanzar a los Estados más prósperos del mundo. El día en que nuestros denunciantes de la corrupción duerman tranquilos y reciban el agradecimiento de nuestros ciudadanos podremos decir que lo hemos conseguido.

Flash Derecho: Cumbre global anticorrupción: Londres, mayo de 2016

 

No deja de resultar paradójico que se haya celebrado la Cumbre Anti-corrupción en Londres, una de las mayores lavanderías de dinero sucio del mundo, con 44.000 propiedades inmobiliarias pertenecientes a sociedades offshore;  ni que su anfitrión haya sido Cameron, cuyo nombre aparecía hace poco en los Papeles de Panamá, y que éste se haya permitido el lujo además de señalar como países “fantásticamente corruptos” a países como Nigeria y Afganistán, en presencia de la Reina en Lancaster House. Reino Unido es, junto con Estados Unidos, el centro de un entramado de paraísos fiscales donde se concentran más de 20 billones de dólares de fondos ocultos a la fiscalidad y a regulaciones de todo tipo. Aún con todo si la Cumbre fructifica en algo positivo, bienvenida sea.

El evento, que ha contado con la participación de países del G20 así como de organismos internacionales, como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial,  trataba de acordar un paquete de medidas para contrarrestar la corrupción, incluyendo asuntos como el secreto corporativo, la transparencia de los gobiernos, la aprobación de normas internacionales anti-corrupción y el reforzamiento de las instituciones internacionales.  La Cumbre fue precedida de la Conferencia Tackling Corruption Together, por  líderes de la sociedad civil, empresariales y gubernamentales, como  Transparency International y Thomson Reuters, entre otros.

Lo primero que nos llama la atención es la amplitud del término “corrupción” a que se ha referido la Cumbre.  “Corrupción” en sentido amplio incluye toda práctica que consista en abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Y así lo ha entendido la Cumbre, incluyendo tanto la corrupción política como la económica. Se ha hablado así de prácticas como el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, y el blanqueo de capitales  pero también la de no atender a las responsabilidades fiscales, mediante la evasión fiscal (acciones ilegales) e incluso, y esto sí es novedoso, mediante  la elusión fiscal (tax avoidance), referida a acciones legales. Se incluye entre estas últimas la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés)  llevados a la práctica fundamentalmente por las Multinacionales.

La Cumbre ha sido muy criticada por la hipocresía de que hablábamos al principio. 300 economistas, entre ellos Thomas Piketty, coordinados por Oxfam han firmado una carta en la que culpan directamente  de  la existencia de paraísos fiscales tales como las Islas Vírgenes Británicas a Reino Unido y Estados Unidos en colaboración con las grandes firmas financieras y de auditoría de ámbito internacional. Gráficamente, la protesta consistió en la conversión por un día de Trafalgar Square en un paraíso fiscal tropical, con una playa de arena, palmeras y activistas en trajes de baño tumbados en hamacas y manejando grandes ‘ fajos’ de dinero.

Pero  a pesar de las críticas se debe admitir que algunos acuerdos de la Cumbre han sido positivos. Cameron anunció así que se obligará a los dueños de propiedades inmobiliarias radicadas en Reino Unido a inscribirse en un registro público donde constarán los nombres de sus auténticos propietarios. De igual manera, se creará un registro público para quienes contraten con la administración pública. La promesa de dicha medida quedó empañada, también hay que reconocerlo,  por la negativa de los paraísos fiscales británicos a la puesta en práctica de dicha medida en sus territorios (Jersey e Islas de Man, Vírgenes  y Caimán). Pero no deja de ser un triunfo que se vaya a conocer quién es el propietario real de 100.000 inmuebles de Reino Unido pertenecientes hoy en día a sociedades offshore.

El Primer Ministro también ha prometido una reforma legal para considerar delito la desidia o complicidad de los bancos y multinacionales que no controlen que sus empleados incurran en prácticas de blanqueo de capitales, evasión fiscal o malversación de fondos.

Se prometió también el intercambio de información sobre sociedades domiciliadas en 40 territorios considerados paraísos fiscales aunque algunos de ellos reclamaron más tiempo y discusión al respecto.

Por último, un acuerdo que a mi juicio puede dar mucho juego, y que ha pasado un poco desapercibido ha sido el anuncio de la creación del Centro Internacional de Coordinación Anti-corrupción (IAAC por sus siglas en inglés), con sede en Londres, en coalición con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y la Interpol.  Esta Agencia podrá coordinar e intercambiar información de actividades transnacionales. La intervención en la misma de Europol será fundamental pues proveerá al centro de una plataforma de más de 200 investigadores de 120 países para el intercambio de información a la que se podrán sumar otros profesionales especializados  tales como Inspectores tributarios de los distintos países miembros.

Su éxito dependerá del apoyo inter-gubernamental que reciba y de las competencias de que se dote, pero en todo caso, sería menos bochornoso para los distintos gobiernos de cara a sus ciudadanos que la corrupción mundial entendida en sentido amplio salga a la luz por la labor investigadora de sus propias autoridades y no a través de los  whistle-blowers de turno en colaboración con  un consorcio de periodistas. Algo habremos ganado.

Esta es mi historia: reproducción del artículo de nuestro colaborador Jorge Trías en El País

 

Hace tres años, El País publicó un artículo mío cuyos hechos –las irregularidades financieras dentro del PP- no solo no fueron rebatidos, sino que, uno por uno, con el tiempo han quedado confirmados y superados. Tras el resultado de estas elecciones creo que ha llegado el momentode explicar las razones que me llevaron a hacer esa denuncia y las consecuencias personales que ha tenido para mi. Esta es mi historia.

 

Empecé a ejercer la abogacía en Barcelona en 1971 y abrí despacho en Madrid diez años más tarde. Quería salir de Barcelona porque mi ciudad empezaba a perder su identidad cosmopolita y se inclinaba hacia un nacionalismo con el que no comulgaba. Mi primer trabajo fue como asesor del Ministerio de Justicia en la reforma penitenciaria. De ahí pasé a montar despacho y a tener éxito. Mi actividad profesional fue creciendo yen diciembre de 2012 mis ingresos me proporcionaban una vida confortable.

 

A lo largo de mi carrera profesional intenté siempre ejercer la abogacía de forma honesta, incluso fui elegido por mis compañeros diputado y tesorero del colegio de abogados de Madrid. Ese cargo lo desempeñéhasta 1996; puse orden en sus finanzas, ayudé a encauzar su servicio médico y organicé el “Aula de extranjería” para asesorar a una inmigración entonces incipiente.

 

¿Qué quiero decir cuando digo que ejercí la abogacía de forma honesta? Pues que siempre elegí mis casos según unos criterios éticos comúnmente aceptados. Incluso cuando defendí a los que se consideran personas impresentables, un narcotraficante por ejemplo, lo hice, ante todo, porque creo que el deber del abogado es defender a “buenos” y“malos”. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he sido remunerado por gestiones que no fueran las profesionales.

 

Paralelamente a mi carrera de abogado, he ejercido como periodista, escritor y político. La política durante la Transición la viví intensamente tanto en mi casa como en la universidad. Eran inquietudes que entonces casi todos llevábamos dentro. Al convertirme en un abogado de éxito y columnista leído, José María Aznar, que no era todavía presidente del gobierno sino jefe de la oposición, me ofreció la oportunidad de presentarme a las elecciones a diputado por Barcelona. Acepté, salí elegido, y entre los años 1996 y 2000 fui representante de la soberanía nacional.

 

Durante los cuatro años que fui diputado contribuí en Bruselas y Estrasburgo a la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión que hoy forma parte del Tratado de Lisboa; y propuse, con poco éxito, el Contrato de Unión Civil, para que las parejas homosexuales tuviesen una alternativa al matrimonioal que entonces no tenían acceso. Pero, como yo no tenía fortuna personal, enseguida entendíque dedicarme a la política me iba a resultar incompatible con el ejercicio de la abogacía, ya que para mantener mi nivel de ingresos hubiera tenido que transgredir esa zona fronteriza de las incompatibilidades que hace 16 años y en pleno boom económico, no estaba suficientemente regulada. (Ahora tampoco). O dedicarme al pluriempleo partidista: un sueldo como diputado y otro del partido. Muy a pesar mío dejé la política.

 

En el año 2009, Antonio Pedreira, juez del TribunalSuperior de Justicia de Madrid, al que yo conocía desde hacía muchos años, me pidió que transmitiese a la cúpula del Partido Popular que no interfiriera y enturbiara la investigación sobre sus finanzas que había iniciado el juez Baltasar Garzón y que ahora llevaba él. Yo transmití el mensaje y a partir de entonces tuve diversas conversaciones con el juez, por un lado, y con la cúpula del Partido Popular, por otro, entre otros con Mariano Rajoy. No traspasé en ningún momento lo que pueden considerarse relaciones normales entre jueces y abogados. En éste caso, además, yo no era ni tan siquiera abogado personado en la causa. Por esta razón desde mediados de 2011 me mantuve alejado del caso. Sí es cierto que yo ya había adquirido un conocimiento preciso de las finanzas del Partido Popular e intuía la existencia de una  corrupción bastante extendida.

 

Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las cantidades millonarias que el ex-tesorero tenía en cuentas en Suiza, decidí, a petición de El País,publicar un articulo explicando lo que sabia. La buena fe de quienes creímos en la limpieza de las cuentas populares había sido burlada. El artículo, que apareció en enero de 2013, tuvo una extraordinaria repercusión. Y a las pocas semanas este mismo diario publicó las fotocopias de los llamados “papeles de Bárcenas”. A partir de entonces el acoso de los medios de comunicación fue insoportable y no hice una sola declaración excepto a las que estuve obligado como testigo, primero en la Fiscalía Anticorrupción, y después en el Juzgado Central de Instrucción Numero 5 de la Audiencia Nacional. Mis únicas palabras hasta el día de hoy fueron y han sido: “He cumplido con mi deber”, el deber que tiene todo ciudadano de denunciar irregularidades manifiestas. Sobre todo, cuando como en mi caso, yo había sido portavoz del PP en la Comisión Constitucional encargada de reformar –intento fracasado entonces- la Ley de financiación de los partidos políticos.

 

Y, ¿ qué es lo que ocurre cuando un ciudadano cumple con su deber? Pues más o menos lo que me ocurrió a mí. Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona. Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio. En el plano personal, mi familia estaba asustada. Mis hijas, todavía menores de edad,  tuvieron que soportar como a su padre le insultaban públicamente en parkings y restaurantes. Las sombras de duda que habían calado sobre mi, eran de tal calibre, que mis hermanos y los pocos amigos que me quedaban empezaron a preguntarse cómo yo había sido tan iluso o si podía estar escondiendo la verdad.

 

Decidí entonces investigar qué tipo de protección legal tenía ante ésta situación angustiosa y si algún partido político estaba dispuesto a defenderme. Solo lo hizo UPyD, el partido de Rosa Diez y de Andrés Herzog, quien me propuso como experto en la Comisión para el estudio de la Reforma de la Ley de Regeneración Política. Yo estuve en todo momento dispuesto a explicar mis opiniones ante el Congreso de los Diputados. Primero porque  creía que podía contribuir a la regeneración democrática; y segundo porque creía importante clarificar la cuestión de las donaciones anónimas, que era uno de los meollos de la corrupción en el seno de todos los partidos. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida quisieron que yo apareciese ante el Congreso; lo que querían era colocar a sus propios expertos y no escuchar a voces independientes como la mía.

 

Y ahora me preguntarán: ¿Y qué es lo que ha aprendido usted de todo esto? Las lecciones han sido múltiples: Cuando uno navega por aguas turbulentas tiene que saber dónde se mete y cómo salir. Yo me tiré con el corazón en vez de con la cabeza, lo cual es imperdonable en un abogado de mi experiencia. Debía haber diseñado una estrategia efectiva para que todo esto hubiese servido para cambiar algo, en vez de alimentar tertulias y chismorreos. También he aprendido que en los momentos difíciles uno está solo y que la solidaridad es un bien escaso. Y que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso y, a lo sumo, quienes se aproximan a ella, lo hacen desde la teoría, no desde la acción.  Son raros los que como Sócrates, dejan la piel. He aprendido  por último  que en la democracia hay territorios que solo se pueden explorar cuando uno está protegido por instituciones sólidas. Porque, sin ley que te proteja,  el “whistleblower” como Snowden, Assange o Falciani, en nuestro hablar hispánico el levantador de liebres, termina convertido en el saco de boxeo al que se dirigen todos los golpes.

 

Por último, se preguntarán porqué he tardado tres años en contar mi papel en esta historia. Pues por algo tan humano como es el miedo. Miedo que ahora ya no tengo pues me queda poco que perder después de haberlo perdido casi todo. Y si hoy escribo sobre esto es porque creo que, en este nuevo escenario político hay que conseguir cambiar la estructura, funcionamiento y financiación de los partidos para que sean verdaderamente participativos y tansparentes, pues de lo contrario la democracia seguirá perdiendo su valor.

 

¿Por qué cuando había más corrupción que ahora la gente no lo percibía?

   “España tiene un problema de corrupción que va resolviendo, pero tiene otro de incompetencia política que tardará un poco mas”

En el camino a la eliminación de la corrupción que estamos recorriendo de una manera más rápida de lo que percibimos, ayudaría mucho que cambiaran radicalmente de actitud los sectores de la información que han tenido un comportamiento profesional decepcionante sobre todo durante el período de la burbuja inmobiliaria, donde estuvo el epicentro de la reciente gran crisis y la corrupción.

Como muestra la tenemos en el texto que publicó la revista Capçalera del Col-legi de Periodistes de Catalunya de junio de 2013.” EL COLOR DE LA CORRUPCIÓN “, de Pablo Rey Mazón , en base al estudio de las portadas de los principales periódicos españoles. De esta publicación hacemos un pequeño resumen:

“Las portadas, son el lugar donde los periódicos condensan la información más importante del día. Las portadas del día siguiente están presentes en los informativos nocturnos de noticias de televisión y radio y en las conversaciones de Twitter de madrugada. La selección de noticias y su enfoque en portada configuran su línea editorial más casi que su línea editorial oficial”.

A través de estas portadas se llega a la conclusión de las grandes diferencias que recibe la misma corrupción y durante idéntico período (del 4 de enero al 8 de febrero de 2013) en los diferentes medios.

Porcentaje de superficie que cada periódico dedica por partido/institución sobre el total de artículos de dicho periódico sobre corrupción durante el periodo estudiado.

iborracuadrado“EL PAIS, dedica a la corrupción de media por día un 23%, con la siguiente distribución: un 80% para el PP y el resto se reparte un 20%. El rojo del PSOE, no aparece por ningún lado.

EL MUNDO, le dedica un 43%, al PP un 50%, 20% CIU y al PSOE, un 13%.

ABC, le dedica un 33%, con un amplio porcentaje dedicado al PP pero, en su mayor parte, para defenderlo.

Los periódicos catalanes tienen un menor espacio para la corrupción.

LA VANGUARDIA, un 18%, 75% al PP y el 25% repartido entre el resto.

Y, EL PERIÓDICO, le dedica a la corrupción un 22%, al PP el 50%, el 30% a CIU y un 5% al PSOE.

La conclusión no puede ser más crítica para sus compañeros de profesión: “casi todos dejan de cubrir, o lo hacen pero dedicándoles menos espacio, los casos de los partidos “amigos” o más afines. Sólo un ciudadano bien informado, con una dieta informativa que incluya todos los colores, podrá escapar de la visión partidista de un sólo periódico”

De todo lo que hemos leído sobre el tema nos ha llamado la atención , por su alto interés, el estudio publicado por el Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos I, Manuel Villoria y el profesor de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, “La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos” (Reis 138-abril-junio 2012). De este hemos tomado unas notas y recomendamos su lectura total.

A pesar de las dificultades para medir la corrupción pública, hay dos grandes sectores, la de los responsables políticos (corrupción política) y la de los funcionarios o empleados públicos (corrupción administrativa).

En cada nivel de gobierno existen unas áreas de riesgo. En el nivel central, la captura de las grandes decisiones económicas del Estado, especialmente en el ámbito regulatorio, espacio que puede compartir por nuestra descentralización, con las Comunidades Autónomas. Junto a ello, el área de riesgo fundamental son los grandes contratos de infraestructuras y las subvenciones. Además de lo anterior, para las Comunidades Autónomas hay un área de enorme riesgo, que es la regulación urbanística. Finalmente, en el nivel local, las áreas de riesgo se centran, sobre todo, en la contratación, en la concesión de licencias y en la gestión urbanística.

En cuanto a la medición, es también difícil pues actualmente hay más de 15 instrumentos de medición .En una estimación basada en las memorias de la Fiscalía General del Estado en el año 2010, de las casi 4.000 diligencias relacionadas con delitos contra la Administración Pública durante el periodo 2004 al 2009, es muy probable que apenas un 10% hayan llegado o lleguen a convertirse en acusaciones .En consecuencia, 400 casos en 6 años que llegarían a juicio oral. De los cuales no todos acabarán con sentencias condenatorias.

Las denuncias de la corrupción política son también parte de la política, voluntariamente o no. Por ello “aquellos que reportan o denuncian instancias de corrupción pueden ser opositores políticos del acusado con la intención de desacreditarlo: esos críticos de las practicas corruptas con frecuencia tienen otra agenda propia” (Sandholtz y Koetzle)

La corrupción es una cosa, los índices de la percepción de la corrupción, otra distinta. Diversos estudios demuestran que la percepción general de la corrupción está fuertemente influida por los escándalos y la cobertura mediática del tema.

Existe un problema de “retraso en los efectos” o “lag times” (Johnston). Cuando un gobierno persigue seriamente la corrupción se producen detenciones y escándalos políticos que generan una sensación de que hay más corrupción que cuando no se perseguía. De esta forma aumenta la percepción cuando empieza, probablemente, a reducirse el problema.

Los casos de corrupción que han salido en los medios y se han investigado provienen de la época anterior. La mayoría de los casos han estado muy vinculados al boom de la construcción y este había finalizado en el último trimestre de 2.007.

España no tiene una corrupción sistémica en la que los sobornos a los funcionarios son lo habitual. Por ejemplo, en América Latina la media de personas que reconocen haber pagado un soborno en el último año es de un 23% o en África subsahariana de un 56%. Los datos de España, de entre un 2 y 5% de pagadores, reflejan una Administración donde el pago de sobornos es lo excepcional y cercano a bastantes países europeos que tienen niveles de percepción bastante menores.

De los casos de corrupción importantes, la intervención funcionarial es muy minoritaria comparada con los 3.000.000 de funcionarios, un dato de 50 o 60 casos anuales no puede considerarse preocupante.

Sin embargo, la percepción ciudadana de corrupción en la Administración y la clase política es mucho más elevada de lo que los casos objetivos reflejan.

Los datos objetivos sobre la corrupción política, no obstante, tampoco dan la razón a las opiniones mayoritarias. De los 800 políticos imputados acabarán acusados en torno a 500. De un total de 70.000 políticos de las 3 Administraciones, 500 posibles acusados nos da un 0’7% de criminalidad.

Los datos objetivos nos dicen que la corrupción pública es mayoritariamente corrupción política y ella, se ha centrado, sobre todo, en el ámbito urbanístico y en las administraciones subnacionales, especialmente en la Administración local.

Sin embargo, en la percepción ciudadana se sanciona más al Gobierno nacional en las encuestas del CIS.

En los últimos 6 años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el Gobierno nacional que afectara a altos cargos relevantes. Sin embargo, en el ámbito local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en 39 de ellos ha habido casos investigados estos últimos años.

Es en el ámbito del urbanismo y los permisos de construcción, donde los encuestados denuncian mayores demandas de soborno.”.

Acotado el problema y en base a los datos objetivos anteriores, al agotarse el período especulativo en el último trimestre del 2007, la corrupción tiene que haberse reducido en la misma proporción.

Si la corrupción era esencialmente de ámbito local, si se recuperan y se introducen nuevos sistemas de control sobre las áreas y la discrecionalidad municipal, una parte importante quedaría reducida.

Una actuación en este sentido y de interés general es la de la Fundación ¿HAY DERECHO? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores proponiendo medidas dirigidas a devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias y conseguir el apoyo y la supervisión, desde un nivel superior al municipal .

Si el grueso de la misma se generó en la burbuja especulativa y la percepción social era mínima, un 1% hasta 2009 ( dos años después de su desaparición) y actualmente es máxima, cuándo los datos objetivos la desmienten , es evidente que nuestros medios nos deben una explicación de esta enorme divergencia. Y esta se puede comprobar en los informes anticorrupción de la U.E. en la que destacan la desmesurada diferencia en España entre la gran sensación de corrupción ciudadana y los índices de victimación (si han vivido o han sido testigos de un caso de corrupción) que dan porcentajes parecidos a los europeos..

Aclarar esta contradicción es enormemente importante para la consolidación del sistema democrático, el respeto a los gobernantes y a los funcionarios, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, para la confianza y la calificación internacional, la atracción de las inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo, para la financiación exterior y su coste. Incluso, esta falta de rigor informativo, al deslegitimar el sistema democrático forjado en un complejo y exteriormente admirado proceso de transición, ha abierto las puertas a grupos con principios políticos predemocráticos y soluciones económicas obsoletas, propias de los sistemas políticos del tercer mundo referidos en el artículo anterior, que han llevado a los pueblos donde se han aplicado a la miseria, a la falta de libertades y a los puestos más altos de corrupción.

Si España está en la media y mejorando (ha pasado del 40 al puesto 37, con Israel, 175COUNTRIES, 175 SCORES 2014), con la reforma del marco legal en relación a la transparencia de la actividad pública y la penalización de la corrupción, la incentivación de la independencia y la celeridad de la justicia y de la policía, el control de la selección de funcionarios y de la discrecionalidad de los políticos, las políticas anticorrupción de la UE (ejemplo, GRECO…) y el despertar de la conciencia ciudadana sobre este tema, iremos corrigiendo este problema progresivamente .

Aunque en colectivos tan enormes siempre habrá personas que se salgan del guión.

Pero, si estos casos continúan saliendo en las primeras planas de los periódicos como la noticia más importante del día, la percepción de la corrupción se irá reduciendo lentamente, aunque los datos objetivos nos acerquen a Dinamarca.

Nuestros medios de comunicación tienen un gran reto para recuperar la credibilidad social.

Porque si está acreditado que la percepción de la corrupción va relacionada con su cobertura mediática ¿Por qué no la denunciaron en el periodo central de la misma? ¿Fue por interés o por ignorancia? ¿Como nos van a convencer de que la ignoraban cuando todo el mundo la conocía y no eran profesionales de la información? Por poner un ejemplo claro… ¿Que hicieron los medios catalanes para averiguar si era cierta la denuncia que hizo Maragall en el Parlament? Si hay periódicos o programas de TV que son incapaces de dedicar ni un pequeño porcentaje de su principal atención a la corrupción del “partido amigo” ¿Seguirán denunciando la corrupción cuando este partido acceda al poder? ¿La denuncia de la corrupción tiene por finalidad evitarla para la ciudadanía o reducir la cuota de votos del enemigo político? Y si el amigo es un incompetente ¿denunciarán la incompetencia o intentarán ocultarla o enmascararla buscándole un responsable anterior, interior o exterior a donde dirigir la frustración de la sociedad?

¿Por qué unas democracias tienen más corrupción que otras?

Aunque parezca un poco extraño a quienes confían, todavía, en la fiabilidad de nuestros medios de información en relación a sus denuncias de corrupción en este país, según el Índice de percepción de la corrupción en 2014 ( 175 COUNTRIES, 175 SCORES), España ha  mejorado 3 puestos pasando del 40 al 37, de los 175 países analizados. El primero es Dinamarca y detrás de nosotros están países próximos como Grecia e Italia, en el 69 y entre los últimos 15  más corruptos, están los “mediáticos”, Venezuela, en el 161 y Corea del Norte, el último con Somalia.

Si repasamos los países incluidos en la relación comprobaremos que no todos los países con democracia están agrupados en los primeros lugares.

En un artículo publicado el 18 de marzo de 1.994, en base a las reflexiones de Octavio Paz sobre los sistemas políticos del tercer mundo, en el periódico económico Expansión exponíamos que “la democracia es un instrumento que ofrece tantas caras como grados de desarrollo tengan los países donde está implantada. En las democracias de los pueblos poco desarrollados se dan, a menudo, características negativas que no se encuentran en las democracias maduras.

Desplazado el centro de la decisión política a la colectividad, la capacidad y la calidad del control de la gestión pública quedarán condicionadas por el bajísimo nivel de renta y de cultura de la población.

Dos notas diferencian las democracias de los países más desarrollados de los países del tercer mundo:

1-      La relación neutra entre el Estado y los ciudadanos, garantizada por la existencia de un Estado de Derecho que trata a todos por igual. En el momento que los ciudadanos se encuentren discriminados por el Estado, a causa de sus ideas, nos encontraremos ante un sistema democrático falsificado, ya que gran parte de las libertades quedarán cercenadas por este abuso de poder.

2-      La concepción que del Estado tenga la clase política dirigente. Mientras que en los sistemas políticos del tercer mundo las clases dirigentes consideran al Estado como su propiedad privada, en las democracias maduras, el Estado es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno. De manera que, si desvían hacia finalidades particulares o partidistas dinero común, la sociedad les retira la confianza política y les aplica un severo correctivo legal.

De ahí que la corrupción no sea extraña en la democracia de las sociedades poco desarrolladas mientras que los políticos corruptos son habitualmente separados de la política por las sociedades en las democracias maduras”

Pero, para ello, ha de cambiar el concepto de la lucha política de la sociedad. Si esta continúa pensando que, el que gana las elecciones tiene derecho a apropiarse del Estado como un botín de guerra como lo hacían los ejércitos en los períodos predemocráticos, la corrupción no quedará definitivamente erradicada.

Y si todos los partidos participan de esta practica medieval la corrupción se hará crónica , los que la critican intentarán hacerse con el botín en el relevo de la clase anterior y la ciudadanía asistirá perpleja a que lo único que ha cambiado es el perfil y el número de beneficiarios.

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Corrupción en la FIFA: la dimisión del virrey Blatter

Como ya he comentado en algún otro post publicado en este blog (”Los “Estados fantasma” que rigen el fútbol internacional: FIFA y UEFA”), el fútbol internacional está controlado a nivel mundial por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), institución creada en 1904 como una asociación civil privada sujeta al Derecho suizo, ya que tiene su sede en la ciudad helvética de Zürich. La FIFA gobierna, a través de sus seis Confederaciones divididas por continentes, las Federaciones de fútbol de todo el planeta, que organizan y dirigen las competiciones nacionales (son órganos nacionales de naturaleza privada que ejercen funciones públicas de carácter administrativo; así lo reconoce en España el artículo 30.1 de la Ley 10/90, del Deporte), y también controla y organiza los Campeonatos del Mundo de fútbol en todas sus modalidades (ahora se está celebrando en Canadá el Mundial femenino, en el que participa la selección española por primera vez) lo que le permite manejar en la práctica un caudal económico impresionante basado, esencialmente, en la difusión multimedia de todos los derechos generados por el fútbol, tanto la autorización y distribución de imágenes, sonidos y otra información de los partidos que se juegan en todo el mundo como la gestión publicitaria y mercadotécnica del fútbol y de todos sus derivados. El artículo 71 de los Estatutos de la FIFA atribuye a la propia FIFA, a las Federaciones nacionales asociadas a ella, y a sus Confederaciones continentales, la propiedad exclusiva de todos los derechos derivados de las competiciones de fútbol, sin restricciones en cuanto al contenido, tiempo, lugar o legislación.

Los organismos rectores del fútbol internacional se crearon y han permanecido largos años regidos por un ordenamiento autónomo, cerrado y vinculante para todos sus miembros, desconectado del sistema general de fuentes de los ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales, y han conseguido hábilmente dotarse de un “status” normativo y jurisdiccional paraestatal, ajeno en principio a casi cualquier control. O sea, un auténtico virreinato independiente “de facto”. De hecho siempre han sostenido con gran habilidad para sus propios intereses que, al tener su sede en Suiza, sólo los Tribunales suizos, en su caso, podían analizar y controlar la aplicación de sus Normas y Reglamentos.

Habiendo permanecido sorprendentemente en ese “limbo” legal largas décadas, en tiempos más recientes se han producido algunos conflictos importantes con organismos internacionales, especialmente de la Unión Europea (el famoso caso “Bosman” resuelto por el TJUE en 1995, o las sanciones de la Comisión a algunos Clubes españoles por razones de las ayudas públicas o su política de fichajes de menores de edad). Y, más recientemente, una investigación federal por corrupción procedente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha causado hace escasos días la dimisión, a los cuatro días de haber sido reelegido por el Congreso de delegados de FIFA reunido en Zürich, de su inefable Presidente Joseph Blatter -de 79 años de edad y con 17 años en el cargo- uno de los más poderosos dirigentes mundiales de los últimos veinte años si nos atenemos a su capacidad de influencia política, mediática y sobre todo económica. La misma semana del Congreso de la FIFA convocado para la elección de su Presidente, la policía había detenido a siete de sus altos cargos, entre ellos dos Vicepresidentes y estrechos aliados de Blatter, por corrupción económica especialmente centrada en la elección de diferentes sedes para los campeonatos mundiales de fútbol, unos ya celebrados (Sudáfrica 2010, en el que España fue campeona) y otros por celebrar (Rusia 2018 y Qatar 2022). Al parecer, el blanqueo ingente de capitales, el mercadeo con automóviles de alta gama y los lujos de todo tipo financiados con dinero de FIFA ha llegado a alcanzar prácticas “desenfrenadas, sistémicas y arraigadas”, según fuentes de la investigación estadounidense. Todo ello muy ejemplar en un organismo que fomenta y defiende en todo el mundo la práctica del deporte rey….

La verdad es que Blatter, aunque muy respaldado en el interior de FIFA por una bien elegida y mejor gratificada guardia pretoriana, ha contado en los últimos años con cada vez menos apoyos, tanto de dirigentes políticos y deportivos como de patrocinadores (que tanto dinero suministran al fútbol), aunque algunos de sus principales sustentos han sido el Presidente ruso Vladimir Putin (por razones obvias, ya que no quería perder la organización del Mundial de 2018 concedido a su país de una forma que ahora está siendo investigada) y las Federaciones de Fútbol de Francia (próxima organizadora de la Eurocopa 2016) y de España, con su eterno Presidente Ángel María Villar a la cabeza, uno de los hombres fuertes de la organización. Éste último había quedado bastante en evidencia hace escasas fechas al haber respaldado públicamente la honorabilidad de Blatter pocos días antes de producirse su dimisión tras anunciarse la investigación por presunta corrupción.

Por otro lado, los gobiernos del Reino Unido, Alemania, la propia Francia, los Estados Unidos y la Unión Europea habían hecho recientemente manifestaciones públicas, más o menos contundentes,  exigiendo no sólo un cambio de Presidente, lo que ahora se revela de todo punto insuficiente, sino una profunda renovación en la FIFA y en todas las demás estructuras que controlan el fútbol mundial. También algunos de los más importantes patrocinadores de dicha organización, como las multinacionales Castrol, Johnson & Johnson, Continental, Emirates o Sony, han ido abandonando su patrocinio a FIFA en los últimos tiempos por las sospechas generalizadas de corrupción lo que, unido a las reticencias manifestadas por otras grandes marcas como Visa o Coca Cola, pone en una situación comprometida las hasta ahora florecientes finanzas del gran organismo rector del fútbol mundial.

Vamos a ver qué da de sí finalmente esta investigación, ya que parece ser que lo conocido hasta ahora no es más que la punta del iceberg. Si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con ayuda de sus aliados europeos y en su caso de las autoridades suizas –recordemos que es el país donde la FIFA y la UEFA tienen su sede-, se afana de verdad en llegar hasta el fondo del funcionamiento real de estas instituciones, no duden ustedes que lo vivido en los últimos tiempos en nuestro país puede parecernos irrisorio ante algo que, aunque sólo sea por los ingentes caudales manejados, las décadas que llevan estos organismos en ese “limbo”legal y jurisdiccional que les sustrae en la práctica a cualquier control, y los peculiares y “austeros” hábitos de vida de los personajes de los que estamos tratando, puede ser “la madre de todas las corrupciones”.

 

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

¿Debería restituir Esperanza Aguirre todo lo robado (presuntamente) por sus subordinados?

Uno de los motivos que parecen justificar la fidelidad de muchos votantes del Partido Popular a Esperanza Aguirre, pese al saqueo producido en las arcas públicas madrileñas por el partido que ella dirigía y por sus subordinados (listados aquí y aquí), es la creencia de que, como no robó directamente para sí, no es culpable ni responsable de nada. Es evidente que desde el punto de vista político esta opinión es insostenible (lo hemos tratado antes aquí), pero como este es un blog jurídico, en este post quiero estudiar el tema –no desde la perspectiva del Derecho positivo, algo bastante aburrido que no preocupa a casi ningún elector- sino desde el punto de vista del Derecho natural; algo que al votante tradicional del PP le debería sin duda importar.

Antes de que pongan los ojos como cuadros he de advertirles que este tema se trató específicamente por la primera escolástica, concretamente por el mismísimo Santo Tomás de Aquino en la quaestio 62, 7 de la Summa Theologica, bajo el rótulo Utrum illi qui non acceperunt teneantur restituere, que podemos traducir como “Si los que no han recibido nada están obligados a restituir”.

Como es habitual en el método escolástico, Santo Tomás comienza formulando la dificultad principal (que podríamos resumir como “tesis a favor de Esperanza Aguirre”): “Parece que los que no recibieron no están obligados a restituir. La restitución es cierto castigo del que sustrajo. Ahora bien, solo el que pecó debe ser castigado. Luego solo debe restituir el que tomó algo.”

Creo que la tesis favorable no se puede sintetizar con mayor elegancia. Dado que Esperanza Aguirre no sustrajo para sí, no pecó (no es culpable), luego no debe restituir (no es responsable), e implícitamente es elegible.

A continuación Santo Tomás, siguiendo escrupulosamente el método, formula la tesis opuesta (que podemos llamar “tesis en contra de Esperanza Aguirre”): “Dice el Apóstol (Rom. I): Dignos de muerte son, no tan solo los que hacen estas cosas, sino también los que consienten a los que las hacen. Luego por igual razón deben también restituir los que consienten.”

La respuesta parece contundente e inapelable, pero fijémonos en la expresión “los que consienten a los que las hacen”. ¿Qué alcance tiene? O, por plantearlo en términos modernos, ¿alcanza a la culpa (descuido) o solo al dolo (connivencia)? Pues bien, gran parte del respondeo dicendum de Santo Tomás en esta quaestio va a girar sobre esta problemática.

Siguiendo los pasos de su maestro Aristóteles, Santo Tomás comienza formulando un principio fundamental: “está obligado a la restitución todo el que es causa de una sustracción injusta”. Y esto puede acontecer de dos modos, directa o indirectamente. Directamente, cuando uno induce a otro a apoderarse de algo, e indirectamente, cuando no se impide lo que se puede o debe impedir, ya omitiendo el mandato que reprimiría el hurto, ya negando el auxilio con el que podría evitarse, ya ocultando el hecho acaecido.

Parecería que en el caso de Esperanza Aguirre nos tendríamos que circunscribir al examen de la causa indirecta. Sin embargo, incluso esto es discutible, porque entre las modalidades de causa directa el Aquinante contempla tres: el mandato a la sustracción, el auxilio al sustractor y,  respecto de la cosa sustraída, la participación en el hurto o rapiña. No olvidemos que entre los actos de Esperanza Aguirre está el apoyo incondicional a Granados (auxilio al sustractor), entre otros, y el escándalo Fundescam de financiación ilegal del partido a cambio de contratos (participación en el resultado del hurto, en cuanto le ayudó a ganar las elecciones de 2004).

Pero, concretamente, al analizar el caso de los políticos, Santo Tomás se centra en la causa indirecta y afirma lo siguiente: “Tiene también que restituir quién no impide el hurto siendo su deber impedirlo, como los gobernantes, que están obligados a custodiar la justicia, y si por su descuido se multiplican los ladrones, han de restituir; porque las asignaciones que disfrutan son como estipendios instituidos para que mantengan la justicia en la tierra”. Y un poco más adelante: “(es cierto) que no siempre el que no descubre, impide o reprende al ladrón está obligado a restituir, sino solamente cuando le incumbe por su cargo, como los gobernantes, quienes por hacerlo no correrían gran peligro, ya que disfrutan de la potestad pública para ser los guardianes de la justicia”.

Creo que es difícil exponer el argumento con mayor precisión técnica: los gobernantes tiene una responsabilidad con la justicia (en nuestro caso, un deber de tutelar los fondos públicos) a cambio de unas prerrogativas y prebendas. Si incumplen esa responsabilidad (y la incumplen cuando el resultado es tan absolutamente calamitoso como en el caso de Esperanza Aguirre), son causa indirecta del hurto y surge un deber de restitución a los damnificados (los contribuyentes) por exigencia de la justicia conmutativa.

Por tanto, frente a la primera dificultad enunciada, Santo Tomás advierte “que no solamente peca el que ejecuta el pecado, sino también el que de cualquier modo es causa del pecado” (etiam qui quocumque modo peccati est causa).

Podemos concluir, en consecuencia, de que al menos desde esta perspectiva escolástica del Derecho natural –absolutamente ortodoxa desde el punto de vista católico- Esperanza Aguirre ha pecado (es culpable) y debe restituir (es responsable), por lo que hasta que lo haga no sería propiamente elegible, quod erat demonstrandum.

 

Sed contra

No obstante, cabría alegar otra dificultad, imposible de apreciar en esa época para el Aquinante: la posibilidad de la absolución democrática. Pese que Esperanza Aguirre ha pecado y debe restituir, ¿puede una mayoría de damnificados (los contribuyentes/electores) absolverla de ese pecado y renunciar a la exigencia de responsabilidades mediante su nueva elección?

No soy teólogo, pero si hemos de consultar a los geniales teólogos-juristas de nuestra segunda escolástica, la absolución del pecado requiere reconocimiento de la falta y acto de contrición (arrepentimiento), que no cabe presumir si no hay –precisamente- restitución. En este punto citaban la autoridad de San Agustín (Epistola ad Macedonium) que entendía que la penitencia y la remisión de los pecados solo era posible cuando se realizaba la restitución (non remittetur peccatum, nisi restituatur ablatum, que podríamos traducir libremente como, “no se absuelven los pecados si no devuelves los ducados”) y que tuvo una enorme influencia en todo el mundo cristiano, hasta el punto de que el requisito fue recogido expresamente en el Decreto de Graciano (C.14,q.6,c.1). En nuestro caso podemos concluir, entonces, que la absolución de Esperanza Aguirre exigiría como requisito previo el reconocimiento de la falta y la consiguiente renuncia a concurrir a las elecciones o, al menos, la restitución.

¿Pero qué ocurriría entonces si, sin cumplirse estas exigencias, se presentase y fuese elegida? Pienso que desde el punto de vista de la restitución, se produciría claramente una condonación de esa obligación, por concurrir al efecto el consentimiento del perjudicado. Esto me parece incuestionable. Ahora bien, desde el punto de vista del pecado, conforme a los principios y argumentos expuestos, nada cambiaría en lo que hace a la candidata, pero se produciría un efecto muy interesante por lo que se refiere a los electores. Sobre este tema ya tuve la oportunidad de reflexionar desde el punto de vista político-moral en un artículo publicado hace algunos años en Claves de Razón Práctica (¿Son elegibles los políticos imputados? Una responsabilidad compartida). Pero ciñéndonos al tratamiento teológico-jurídico del asunto, no cabe duda de que en este caso nos encontraríamos ante un caso de complicidad en el pecado, y ni siquiera por vía indirecta, como en el propio caso de Esperanza Aguirre, sino directa. Efectivamente, recordemos que la segunda modalidad de causa directa la formula Santo Tomás en relación al sujeto que ha pecado, señalando que se participa con él en el pecado cuando, sin concurrir previo arrepentimiento,  “se le acepta o de alguna manera se le auxilia”. Y creo que no cabe ninguna duda de que a Esperanza Aguirre se le acepta, y se le auxilia bastante, si la sentamos en el sillón como alcaldesa de Madrid.

En conclusión, si Esperanza Aguirre es elegida desaparece su obligación de restitución y los electores se hacen cómplices de sus faltas. Mal negocio, sin duda alguna, que, ahora sí,  quod erat demonstrandum.

Corrupción en la educación, ¿se puede caer más bajo?

En la larga lista de episodios de corrupción destapados en los últimos años hemos podido comprobar cómo ésta ha extendido sus tentáculos a las más diversas actividades económicas y sociales. Desde la formación para parados (Caso Edu) hasta el ámbito cultural (Caso Palau), pasando por actividades clásicas ligadas a grandes infraestructuras (Caso Palma Arena), parece que ninguna actividad se libra del estigma de la corrupción. De hecho, sería muy enriquecedor un estudio exhaustivo de los casos de corrupción con el fin de comprobar si hay alguna actividad económica o social libre de corrupción, lo que sin duda resultaría ser una magnífica noticia. Parafraseando a Diógenes, podríamos salir con nuestro candil encendido buscando “actividades honestas no afectadas por la corrupción”.

Una de las últimas actividades en caer en las redes de la corrupción ha sido la educación primaria y secundaria. El levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Púnica ha desvelado una nueva trama que se aprovechaba ilegalmente del auge de la educación concertada en la Comunidad de Madrid.

En esta Comunidad Autónoma la educación concertada ha sido utilizada como bandera de liberalismo, ofreciendo a los padres, o más bien a aquellos que pueden permitírselo, diversas opciones a la hora de educar a sus hijos. Estando de acuerdo en el fondo de la cuestión – garantizar la pluralidad de opciones educativas -, lo que no parece haber funcionado son las formas.

Detrás de la educación concertada existen fuertes intereses económicos que en numerosas ocasiones se anteponen a la calidad de la enseñanza. En el caso de los colegios concertados que se han creado en el entorno de la Operación Púnica se han dado todos los ingredientes para que la educación quede en un segundo plano por detrás del negocio fácil. El sistema era muy sencillo: los ayuntamientos implicados cedían terrenos públicos a precios irrisorios a empresas intermediarias en teoría educativas que se encargaban de construir el colegio y de constituir cooperativas de profesores, que eran los que finalmente pagaban la construcción con las desorbitadas cuotas de entrada a la cooperativa. Obviamente el colegio se edificaba con el constructor amigo del político que cedía los terrenos, mientras que el político regional, a su vez amigo también del político local y del constructor, mediaba para la concesión del concierto por parte de la Comunidad de Madrid. La empresa agradecía los servicios prestados con millonarias comisiones camufladas como pagos por servicios de consultoría a todos los participantes en la operación: políticos y constructor. Una vez más se unen todos los elementos tradicionales de la corrupción (“regalo” del suelo público, constructor sin escrúpulos, comisiones), esta vez con la excusa de la educación.

¿Y la preocupación por la educación? Ni está ni se la espera. En el fondo se han aprovechado de la lógica preocupación de los padres por la educación de sus hijos para llenarse los bolsillos mediante la construcción de infraestructuras educativas de dudosa necesidad. Si me permiten la expresión, la empresa Alfedel, presunta pagadora de las comisiones a David Marjaliza,cerebro de la trama, construía los colegios concertados “como churros”, sin ofrecer ningún elemento diferencial que mejorase la calidad de la enseñanza respecto a los centros ya existentes en los municipios afectados.

El desprecio por la educación queda también patente cuando se comprueba el papel reservado para uno de los agentes clave del proceso educativo, maestros y profesores, convertidos en los paganos de la fiesta. Desesperados ante la falta de salidas profesionales, en gran parte motivada por el cerrojazo en la contratación en la educación pública, maestros y profesores optaban por endeudarse hasta límites insospechados para hacer frente a las cuotas de entrada (de varias decenas de miles de euros) de las cooperativas educativas, destinadas en su integridad a costear las obras de construcción, y de paso las comisiones para todos los participantes en la operación.

Este triste ejemplo muestra lo poco que interesa la educación a la clase política, que la utiliza para sus intereses partidistas, véanse las diferentes leyes de educación promulgadas, reformadas y vueltas a reformar por los diversos gobiernos de nuestra joven democracia, o, mucho peor aún, para obtener beneficio económico mediante prácticas corruptas. Estas prácticas lo único que alientan es la recuperación de la estéril discusión entre la escuela pública y la concertada, olvidando que el verdadero objetivo debería ser la mejora de la calidad educativa, aspecto que en este año electoral no parece tener de momento una relevancia especial en las diversas propuestas políticas.