Flash Derecho: La inexistente regulación de los lobbies en España y el registro de la CNMC
Como recuerda el informe de Transparency International “Lobbying in Europe” una influencia oculta e informal de un agente (empresa, grupo de interés, significa un acceso privilegiado a la toma de decisiones públicas. De ahí la importancia de su regulación para garantizar la transparencia, la integridad y la igualdad en el acceso. En España, como es sabido, no existe todavía una regulación a nivel estatal, pese a los esfuerzos que se realizaron particularmente desde APRI, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales para conseguir que se contemplase en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno, dada la obvia conexión entre ambas cuestiones. Parece razonable pensar que con una regulación de los lobbies se puede también luchar contra la corrupción; quizá resultaría menos interesante buscar “conseguidores” o personas bien relacionadas que por un nada módico precio consiguen influir en ciertas decisiones o ciertas leyes en beneficio de sus clientes de forma totalmente opacai.
En todo caso, sería interesante regular la huella legislativa, es decir conocer como una determinada norma acaba en el BOE, quien la ha propuesto, qué reuniones con agentes externos se han celebrado, quienes la han apoyado y quienes no… Cierto es que en el caso español pese a la falta de regulación de la huella legislativa hay casos tan escandalosos donde es fácil identificar al redactor y/o beneficiario de una norma concreta. Así ocurrió en el famoso caso de la denominada “enmienda Florentino” ,en el que el Gobierno del POSE decidió hacerle un favor no ya a un grupo concreto, sino a una persona concreta. Eso sí, una persona muy poderosa, qué duda cabe.
Como en tantas otras cuestiones relativas a la transparencia, en España llevamos mucho retraso. En el informe de Transparencia Internacional “lobbying in Europe” nuestro país figura en el furgón de cola en lo que se refiere a los tres indicadores que se manejan en relación con la actividad de lobby: la transparencia, la integridad y la igualdad en el acceso incluso con niveles inferiores a países del Este y por supuesto a los países que van en cabeza, que ya saben ustedes quienes son.
En este contexto un tanto desolador, son bienvenidas todas las iniciativas no ya para regular el lobby, sino más modestamente para impulsar un registro de lobbyistas en órganos tan sensibles como la CNMC. Es importante destacar que el registro es voluntario, lo que puede suponer alguna limitación aunque parece que a día de hoy la iniciativa ha sido bien recibida, y está funcionando adecuadamente por lo que ya hay muchos agentes inscritos.
En definitiva, la CNMC pretende que cualquier grupo de interés que quiera relacionarse con el organismo se registre en el listado y que la ciudadanía lo sepa. Es importante destacar que dentro de grupos de interés se incluye cualquier agente que quiera influir en las decisiones de la CNMC, aunque defiendan intereses de terceros o generales. Porque conviene recordar que el buen lobbyista identificará siempre sus intereses particulares con los intereses generales. Además, los que se registren deberán comprometerse a cumplir un código deontológico en sus relaciones con el organismo. Esperemos que, como lamentablemente ocurre tantas veces en España, la falta de obligatoriedad y de sanciones para caso de incumplimiento no convierta esta interesante iniciativa en un simple “window dressing” , en castizo, paripé.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?