La posible privatización parcial de AENA: ¿un nuevo caso de falta de transparencia?
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del pasado 13 de junio compareció la ministra de Fomento Dª Ana Pastor Julián (aquí) para, entre otras cosas, manifestar que el Consejo había tratado el tema de la entrada de capital privado en AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Como enseguida aclararía ella misma se estaba refiriendo solamente a AENA Aeropuertos y no, por tanto, a AENA Navegación Aérea. Anunció que, tras la entrada del capital privado, el Estado conservaría el 51 % y que, en consecuencia, mantendría la mayoría en el Consejo de Administración.
El principal argumento que utilizó la ministra a favor de dicha entrada de capital privado lo enunció de la siguiente manera:
“La presencia de inversores privados, a nuestro juicio, va a fortalecer la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red. La mayor eficacia de AENA será un estímulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como son, fundamentalmente para nuestro país, el turismo y el comercio; y, sobre todo, algo muy importante que es el desarrollo internacional de la compañía, que es la tendencia en este momento en todos los mercados”.
Por otro lado, añadió: “[…] la estructura de esta operación ha sido preinformada favorablemente por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que supervisará el proceso en su conjunto, y que la operación tiene una autorización legal ya de un Real Decreto Ley del Gobierno anterior, el Real Decreto Ley 13 del año 2010 (aquí), que había ya autorizado esa entrada de capital al 49 por 100”.
En esa rueda de prensa la ministra justificó la oportunidad de acometer esta privatización parcial en los próximos meses debido a las mejoras habidas en los resultados empresariales del ente:
“La mejora de la eficiencia en AENA se ha logrado en todas sus áreas: se ha mejorado la política comercial, hemos recortado los gastos superfluos y hemos adaptado los horarios de los aeropuertos. Como ustedes saben, había aeropuertos en los que salía un vuelo y estaba abierto todo el día; eso no es de recibo. Hemos mejorado la generación de caja: teníamos una caja negativa de -511 millones, no podíamos pagar la nómina, y estamos en este momento, al cierre de 2013, en 847 millones y, a día de hoy, en más de 1.000 millones. AENA Aeropuertos ha entrado en rentabilidad por primera vez y ha alcanzado un beneficio neto de 597 millones. Y la relación deuda-Ebitda ha pasado de 13,8 en 2011 a 7,1 en 2013”.
Es evidente que sobre esta decisión del Gobierno de España se pueden esgrimir argumentos, tanto a favor como en contra, desde diversos puntos de vista: político, jurídico, económico, etc. Desafortunadamente no parece posible un análisis riguroso de lo que puede suponer esta decisión en la medida en que el Gobierno no ha facilitado suficiente información. De todas formas, hay que señalar, de entrada, la posible incongruencia de plantear la necesidad de incorporar al capital privado para mejorar la gestión del ente cuando, según la propia ministra, esa gestión ha mejorado muy notablemente en apenas dos años con el actual estatus. Por otro lado, y esa es posiblemente la principal objeción que se podría hacer a priori, el proceso iniciado conducirá a un modelo aeroportuario muy distinto del que conocemos ahora, en el cual, en aras del interés general, se compensan los resultados económicos negativos de los aeropuertos con una menor actividad con los resultados económicos de los aeropuertos que soportan las mayores demandas. En el futuro el mantenimiento inexcusable de determinadas obligaciones de servicio público obligará al Estado a compensaciones por la vía de las subvenciones, lo que implicará sin duda unos mayores costes para el conjunto de los ciudadanos.
La ministra, en la referida rueda de prensa, manejó una presentación en PowerPoint que se puede descargar de la web del Ministerio de Fomento (aquí). Hasta hace unos días era posible descargar también de esa web una nota de prensa (aquí) con la misma información que la proporcionada por la ministra el día 13 de junio. Sin embargo, ni en la web del Ministerio ni en la de AENA se encuentra ningún documento que avale la decisión del Gobierno: dictámenes jurídicos, estudios técnicos y económicos, etc., ni tan siquiera el “preinforme” del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al que aludió la ministra en su intervención.
En cambio, en la web de este organismo (aquí) se puede descargar un “Informe de Actividades 2012-2013” (aquí) en el que sí hay información, aunque sea limitada y quizás insuficiente. Se indica que con respecto a la privatización de AENA Aeropuertos, S.A. el CCP solo ha elaborado “un informe intermedio sobre una propuesta de diseño y sobre la selección de los asesores. Esta operación está pendiente de la decisión del Gobierno de llevarla adelante así como su posible diseño definitivo. A partir de abril de 2013 se ponen en marcha los concursos para la selección de un asesor jurídico y un asesor financiero. Estos concursos se publican en la página web de AENA y posteriormente en el BOE. El 22 de abril se cerró el plazo para la presentación de ofertas y el 26 del mismo mes se propone la adjudicación de Pérez LLorca Abogados, S.L. como asesor jurídico y de Lazard Asesores Financieros, S.A./NMAS1 Corporate Finance, S.A. como asesor financiero en el proceso de privatización de AENA Aeropuertos”. A pesar de que, como se ha indicado, lo que hace público el CCP es solo un “informe intermedio”, resulta muy aconsejable leer las páginas 185 a 205 del referido “Informe de Actividades 2012-2013”, que tienen fecha de 21 de octubre de 2013, en la medida en que orientan sobre los pasos que puede tener intención de dar el Gobierno en los próximos meses y a los que se refirió la ministra de Fomento en la repetidamente citada rueda de prensa.
La pregunta final es inevitable: si ya nos encontramos en la penúltima fase del proceso de privatización parcial de AENA Aeropuertos, ¿no deberían hacerse públicos y con un fácil acceso los resultados más relevantes de los estudios elaborados por las entidades asesoras, así como los que, con toda seguridad, habrá elaborado la propia AENA, de carácter técnico y referidos específicamente al funcionamiento del sistema aeroportuario estatal? Si el Gobierno ha diseñado una operación que considera positiva para los intereses generales, ¿cuál es la dificultad para hacer públicos los resultados principales de unos estudios que, no se olvide, han sido pagados con dinero público?
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM (1981). Catedrático de Universidad (1992). Además de su actividad docente e investigadora en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la UPM ha trabajado como consultor para diversas instituciones públicas y privadas. Actualmente es también miembro de la Comisión Permanente de la Plataforma Tecnológica de la Construcción y del Comité Directivo de la Asociación Española de la Carretera.