Verdades y mentiras de la lista falciani

Una cosa es la lista Falciani y otra, muy distinta, la utilización partidista o periodística que se hace de ella. Cuando un nombre aparece en la lista, el individuo queda ya estigmatizado y obligado a dar explicaciones sobre si su actividad financiera o su relación con la entidad bancaria HSBC se ha ajustado a la legalidad. Es decir, el mero hecho de aparecer en la lista implica una presunción de culpabilidad. Esto es algo que el Sr. Falciani y las autoridades tributarias que han utilizado, a veces de forma ilegítima, esa lista con fines recaudatorios, hubiesen debido tener en cuenta. Es probable que determinadas personas puedan solicitar responsabilidades por ello.

Cuando a esto se le añade la difusión periodística, el daño que puede producir, de no ser ciertos los datos, o incluso por el mero hecho de salir publicitado, puede llegar a ser inmenso. El diario El Confidencial viene ofreciendo por entregas una serie de nombres con el mensaje explícito que se trata de defraudadores, por tener, o haber tenido, cuentas fuera de España. Pueden dar las explicaciones que quieran, pero el mero hecho de salir en la lista, junto a verdaderos defraudadores o incluso delincuentes, provoca un daño irreparable.

Mi nombre ha salido publicado por ese diario y, al día siguiente, publicitado por ABC. Es cierto que El Confidencial ha publicado una nota aclaratoria mía –incompleta- que en nada palia el daño producido. El diario ABC, como era de esperar, se negó a aclarar nada. Este es el periodismo que ahora se estila en algunos medios. La noticia fue amplificada por la Cuatro y por la Sexta, especialmente en el programa El Intermedio.

¿Y qué se puede hacer cuando te encuentras en medio de una situación así? Desgraciadamente, nada. Si demandas judicialmente, lo más probable es que las acciones judiciales, al tratarse de personas públicas como es mi caso, no prosperen. En cualquier caso, dependerá de la “suerte” con el juez o magistrados que te toquen para enjuiciar los hechos. Si se trata de jueces o magistrados honestos es probable que, si además son diligentes, se miren el asunto y juzguen con cordura. Pero también es muy probable que el juez sea partidista, o que las carreras de los magistrados dependan de políticos que miraran con lupa lo que hicieron o dejaron de hacer, a quien han favorecido y a quien no. Esta es la justicia “ad hominem” que en tantas ocasiones se imparte ahora en España.

La única solución es dedicarle tiempo y paciencia, en sitios como “¿Hay Derecho?”, para hacer pedagogía y explicar lo evidente. Y esto es lo que voy a intentar hacer a continuación. Se refiere El Confidencial a la aparición de mi nombre en la lista Falciani por una cuenta que, según una información filtrada, mantuve entre los años 1992 y 1994 en el banco HSBC. La noticia viene aderezada con referencias al caso Gürtel del que he escrito en varias ocasiones, por un lado; y a Guillermo Luca de Tena, del que fui abogado, por otro, que al parecer tenía una cuenta en ese banco. La consecuencia que extrae el lector es obvia. Pero los hechos no son como se dan en la noticia.

Así, resulta que nunca he tenido abierta cuenta alguna en el banco HSBC. Sí la tuve, en cambio, en National Republic Bank of New York, sucursal de Ginebra, que fue vendido por su propietario Edmond Safra –al que conocí- a HSBC en 1999 cuando yo ya no tenía relación alguna con esa entidad. Abrí esa cuenta para poder percibir unos honorarios profesionales, 30.000 €, (cinco millones de pesetas al cambio), derivados de mi actividad profesional como abogado hace 23 años. Dichos emolumentos fueron traídos y declarados oportunamente en España. ¿Dónde está la ilegalidad?

También debo aclarar que, al contrario de lo que se afirma en El Confidencial, yo no he sido nunca abogado de Luis Bárcenas. En las actuaciones derivadas del caso Gürtel intenté colaborar con mi partido entonces, el PP, por petición expresa de su presidente, y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que siempre aconsejé trasparencia y colaboración con la justicia. ¿Qué tiene que ver esto con la lista Falciani?

Referente a Guillermo Luca de Tena,  del que como también se dice en la noticia que fui abogado, eso sí es cierto. Fui su abogado y, sobre todo, amigo a lo largo de más de treinta años. Creo que su honestidad, que le llevó a situaciones patrimoniales muy difíciles para salvar ABC, está fuera de duda. A él, que murió hace años, si se le relaciona con una cuenta en el HSBC, pero no se menciona, o se hace muy de pasada, que regularizó esa situación anómala. Ni se investiga sobre el origen de esos fondos que, por lo que yo conozco, procedía de su padre, Juan Ignacio Luca de Tena, que lo llevó a Suiza al caer la Monarquía en 1931.

Y puestos a aclarar, quiero que sepan los lectores de ¿Hay Derecho? que he hecho mis declaraciones de Renta cada año, incluyendo los honorarios que por imperativo de clientes internacionales me han sido abonados en otros países. Y a mis declaraciones me remito. Por último, puedo afirmar que siempre que se ha solicitado, por el Congreso de los Diputados, partidos políticos, jueces o fiscalía anticorrupción, mi colaboración en determinadas investigaciones escandalosas de corrupción, o para cualquier tema, he prestado mi desinteresada ayuda y lo seguiré haciendo.

Se atribuye al almirante Méndez Núñez esa frase que procuro tener como divisa: “Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra”. Como consecuencia de ello a veces he salido hecho añicos del empeño.

Ni apolíticos, ni antipolíticos: sólo políticos

En este blog hemos tratado desde el principio cuestiones jurídicas puras y también jurídico-políticas, o sea, políticas pero desde la perspectiva del Derecho y, más concretamente, desde el Estado de Derecho, pues lo que básicamente propugnamos es que el juego de la política debe realizarse siempre dentro de las normas y que el poder, el gran Leviatán, ha de someterse a las mismas reglas que nos impone a los demás y debe estar permanentemente controlado para evitar que se desmande, algo a lo que por naturaleza es bastante propenso, como lamentablemente nos han demostrado los gobernantes de nuestra partitocracia, aunque formalmente no se les caiga de la boca el Estado de Derecho. Lo malo es que las estrellas rampantes de la política ya no se molestan en disimular y así Pablo Iglesias en su libro “Disputar la democracia (el bloguero responsable ha de leer de todo) afirma paladinamente –parafraseando a Joaquín Abellán- que él defiende “el poder de la política sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de ciudad o república como gobierno de la ley”. Ya saben lo que eso significa, amigos. Y está negro sobre blanco en un libro de 2014.

Pero volviendo al hilo principal, lo que quiero decir es que en el blog hemos hablado básicamente de las reglas del juego, pero no del juego mismo. Hemos defendido que el árbitro no esté comprado, las normas sean claras y se apliquen y que quienes las elaboren lo hagan sujetándose a los procedimientos y de una manera democrática. Pero no nos hemos metido demasiado en políticas concretas, ni hemos preguntado por ellas a quienes editan o colaboran, porque lo fundamental en este blog ha sido defender el marco donde esas ideas (o incluso intereses porque, como dice Savater, hay intereses perfectamente legítimos e ideales abominables) luchan y se desarrollan. Algo, en definitiva, prepolítico y no partidista.

Quizá ello ha sido así porque en una buena parte somos juristas y entendemos que estas cuestiones de organización son básicas, pero también que, por su grado de abstracción, son relativamente difíciles de transmitir al ciudadano porque no afectan de una manera aparente -sólo aparente- al día a día del ciudadano. Por eso precisamente se monta este blog y la Fundación: para dar a conocer la importancia que estas cuestiones tienen en nuestras vidas. Pero, dicho eso, lo que sí me sorprende es el relativamente poco relevante debate que hay en el espacio público nacional acerca de las ideas, de los intereses o de las políticas concretas, dejando de lado, claro, mareas blancas, acampadas de indignados, uves o Vias catalanas, tertulias de la Sexta y otros canales generalistas, ni tampoco aprecio un verdadero interés en los partidos por hacernos razonar acerca de lo que más nos conviene en un asunto u otro, más allá de comulgar con las ruedas de molino habituales. Faltan foros de discusión, libros blancos, reflexión sobre proyectos que han de durar más de los cuatro años de una legislatura política. Y puedo entender que la gente no se interese demasiado por el Reglamento de la Federación Española de Fútbol o las vicisitudes del Comité de Competición, pero me extraña que la gente se despreocupe del fútbol.

 ¿Estoy en lo cierto? En este caso, ¿a qué se debe eso? He robado al respecto un par de ideas muy interesantes. Dice Savater (esta cita y la anterior son de ¡No te prives!) que antes de la crisis la gente no se interesaba por la política y después de su estallido muchos salieron para proclamar las fechorías de los políticos. O sea, antes, políticos, después antipolíticos, pero ciudadanos políticos (es decir, auténticos ciudadanos), que son los que hacen falta, eso por lo visto es más difícil de conseguir en número suficiente. Y los Politikon, en La Urna Rota, destacan que los españoles no estamos familiarizados con los aburridos pormenores del trabajo asociativo a medio y largo plazo y somos inconstantes en el compromiso con las causas y nos cuesta salir de la “zona de confort” mental eligiendo opciones distintas de las que estamos acostumbrados. Además, preferimos la reacción a la anticipación y al trabajo proactivo. Somos un pueblo capaz de movilizarse puntualmente, sobre todo contra algo, pero poco orientada al compromiso y el trabajo organizado, a medio y largo plazo sobre fines bien delimitados. Eso lleva a una cierta tendencia a difuminar los objetivos en discursos ideológicos generales y a menudo grandilocuentes y a plantear los debates en términos morales, lo que dificulta muchas veces cualquier compromiso.

Pero parece que nada incita a hacer una reflexión mínimamente seria sobre el mundo que nos rodea y la situación en que nos encontramos, cuando cada vez esto es más necesario habida cuenta de que progreso democrático ha ido haciendo al Estado cada vez más abstracto y por tanto más necesitado de comprensión reflexiva y educación. De hecho, cabe decir –como he hecho en otro post- que es cierto que fórmulas antiguas no nos valen porque a muchos nos pasa como al filósofo polaco Kolakowski: que se sienten progresistas en algunas cuestiones sociales, conservadores en otras porque mantendrían ciertas tradiciones y liberales en aquellas en que importa el mérito y la competencia. Las ideologías omnicomprensivas y solucionalotodo se encuentran en decadencia y cada vez más se necesitan remedios a medida; y de hecho, los tradicionales partidos de masas que representan intereses de clase e ideológicos, conscientes de ello, han dado paso a los partidos que Politikon llama «atrapatodo», catch-all parties, porque abandonan los objetivos máximos y se centran en mejoras incrementales y en temas concretos, buscan el centro y se basan en el liderazgo y en la profesionalización de sus líderes, incurriendo  demasiado frecuentemente en el olvido de los principios y en la búsqueda en los propios intereses, que es lo que probablemente quería decir Pablo Iglesias cuando hablaba de que lo de izquierdas y derechas es un juego de trileros.

Y  lo malo es que quizá tenga alguna razón. Es evidente que el tradicional debate entre liberales y comunitaristas sigue ahí, en el ámbito intelectual, quizá ahora reflejado en el pensamiento de Piketty sobre la riqueza del capital y las recetas liberales, pero lo que parece evidente es que los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, son bastante incapaces de explicar ese debate y tomar una verdadera posición que permita orientarse en el marasmo vital en el que estamos y que no esté en contra de su actuación concreta una vez que se encuentran en el gobierno. De hecho, para mí, una de las causas de la debacle socialista y popular se encuentra no sólo en la corrupción sino también en las constantes incoherencias entre lo dicho y lo hecho, la presunta ideología y los intereses y acciones a corto plazo que han mantenido los partidos predominantes los últimos tiempos. No se puede ser español e independentista al mismo tiempo, liberal y subir los impuestos disfrutando, antiabortista y cabrear a los antiabortistas, etc, etc.

Evidentemente, el debate es ahora más complejo y no vamos simplemente a adscribirnos a un pack completo de ideas sin discusión pues, como decía al principio, cabe que cada problema precise una dosis diferente de liberalismo o de comunitarismo (no es una cuestión de dogmas, sino de dosis, me gusta decir). Pero ello no debe hurtar un debate sereno, objetivo, y basado en evidencias y en resultados –y no sobre emociones y prejuicios- sobre la Sanidad (privada-pública), sobre la Enseñanza (modelos de futuro estables), sobre Fiscalidad (presión fiscal admisible, directa o indirecta), o sobre otras cuestiones más amplias, como por ejemplo hasta qué punto la desregulación y el liberalismo que ha imperado desde los años ochenta no ha tenido nada que ver con la situación de crisis en la que hoy nos encontramos. Michael Sandel, al que cité profusamente aquí, se pregunta en “Lo que el dinero no puede comprar”, cómo puede ser que la crisis financiera no haya incitado a una reconsideración fundamental del papel de los mercados, respondiéndose que quizá los ciudadanos se sienten frustrados por un sistema político que es incapaz de actuar por el bien público o de tratar las cuestiones que más importan y ese lamentable estado del discurso público impide poner límites al mercado o de tomar otras decisiones trascendentales,

Pero, entonces, si la sociedad civil no funciona, los partidos no trasladan las inquietudes y el sistema político no da soluciones válidas ¿qué salida tenemos? ¿Hemos de resignarnos a optar entre las propuestas simplistas, reactivas y antisistema de los partidos populistas y las consignas vacuas de los partidos tradicionales? Creo que no. Aparte de que hay otras opciones diferentes en el «mercado», hemos de confiar en que la crisis produzca una concienciación de la necesidad de ser ciudadano, no apolítico o antipolítico, sino ciudadano político concernido por las reglas del juego que defendemos en este blog y en la Fundación ¿Hay Derecho? pero también por las políticas concretas que permitan un sociedad más justa y avanzada. Por supuesto, puede considerarse mi confianza una propuesta ilusa o voluntarista ante la magnitud de las fuerzas económicas o sociales que están en juego. Pero también se ha visto que muchas veces -no siempre- el ser humano se apercibe de las circunstancias y aprende de la Historia. Veremos.

La meritocracia de pega: artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli

 
En España se está produciendo últimamente un fenómeno muy curioso, y que revela una vez más este fenómeno tan actual de la “disonancia cognitiva”. A mi juicio, esta disonancia cognitiva es el resultado de contemplar la realidad con unas gafas tan mal graduadas -ya sea por el populismo, el fatalismo, el victimismo, la partitocracia o la autocomplacencia según los barrios- que la imagen que se recibe no se parece en nada a la que vemos el común de los mortales
Quizá uno de los aspectos donde es más visible esta distorsión es en el concepto del mérito. Según lo que vamos averiguando buceando en portales de transparencia, tesis doctorales,  departamentos universitarios e incluso instituciones centenarias como las Reales Academias en España el mérito –básicamente el académico y  el profesional- más que tenerlo hay que aparentarlo. Así se explican fenómenos como los plagios incesantes y por supuesto impunes por parte de políticos o de altos cargos que quieren adornar su cv con doctorados a costa de las tesis de los demás como el caso de Federico Trillo, según la noticia publicada aquí  o del actual Director del Instituto de Estudios Fiscales, Jose Antonio Martinez Alvarez, cuya tesis la dirigió nada menos que Juan Iranzo, el de las tarjetas “black” de Caja Madrid. De la misma forma, se manipulan tranquilamente los cvs para hacer constar títulos que solo existen en la imaginación de quien los redacta, aunque sí se les pilla siempre está eso tan socorrido de echarle la culpa a la pobre secretaria por un problema de transcripción, como hizo la vicepresidenta del Parlamento catalán Joanna Ortega cuando se descubrieron los “errores” consistentes en atribuirse un título de licenciada en Psicología pese a que le faltaba alguna asignatura para conseguirlo.
Mejor todavía, en estos casos también se puede atribuir la culpa a unos conspiradores  que pretenden acabar con la carrera del líder ungido por el dedo divino hurgando en sus supuestos masters, como en el caso del candidato del PP a la Junta Andalucía, Moreno Bonilla cuyos misteriosos títulos fueron desentrañados en el blog  con tal éxito de público que se nos cayó el servidor. Tampoco está de más recordar los colaboradores que se prestan a auxiliar en estas lides a políticos y cargos públicos dada la posibilidad de que se devuelva el favor, quizá con un apetecible puesto en el sector público. Ciertamente lo que está muy mal pagado y puede traer “consecuencia desagradables” -que diría el ínclito rector de la Universidad Rey Juan Carlos- es denunciar estas corruptelas o fraudes, aunque sea por parte de las víctimas intelectuales. Dicho en plata: la gente de a pie no se atreve a demandar a la gente de a caballo por un quítame allá unos párrafos fusilados.
Claro que entonces la pregunta es ¿Cómo distinguir entre el mérito verdadero ya sea profesional o académico y el fingido o simplemente aparente? Pues no es nada fácil, ya que requiere una investigación casi detectivesca porque todavía a día de hoy nuestras beneméritas instituciones no distinguen el grano de la paja, y tanto monta, monta tanto, tesis plagiada como tesis original, todas van a tener un “cum laude” por igual, especialmente con un Director de tesis dispuesto a hacer favores a gente importante. De manera que en la España oficial nadie se molesta en analizar si los cvs de los políticos o cargos públicos están o no amañados, ya se sabe que aquí rige el principio de la confianza y que los ciudadanos escépticos que preferimos creer a nuestros propios ojos antes que el papel oficial estamos en minoría.
Pero conviene no olvidar que en otros países más serios se da por sentado que si alguien dice que tiene el título de doctor es porque ha hecho una tesis con rigor y sobre todo con mucho esfuerzo personal, y no en sus ratos libres compatibilizándola con una vicepresidencia del Gobierno o con la Presidencia del Congreso. Por eso le dan tanta importancia –no solo jurídica sino también política- a que alguien presuma de unos méritos que no posee o que  cometa este tipo de fraude. No se trata de excesos calvinistas, contra lo que muchos podrían pensar, se trata pura y simplemente de honestidad intelectual, sin la cual es muy difícil que exista la honestidad pura y simple.
Mientras tanto aquí y ahora en España lo razonable es desconfiar y mucho. Gracias al portal de la transparencia y a la labor de los periodistas vamos enterándonos de algunas cosas interesantes, como que Pilar Platero, subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prefiere no hacer constar en su cv la etapa que compartió con su jefe el Ministro Montoro en el famoso despacho Equipo Económico, del que también hemos hablado muchas veces, porque lo merece. También averiguamos –con cierto retraso, porque les costó facilitar la información- que el Presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, no tiene titulación superior aunque es el cargo mejor pagado de la Administración General del Estado , aunque sin duda la hoja de servicios al Partido (en este caso al PP) es envidiable, y  ese es al fin y al cabo el cv que realmente cuenta, aunque otra cosa se nos diga.
Otros pueden tener un cv más aceptable (o así se considera al menos en la política española si se tiene una buena oposición, dada la gran cantidad de funcionarios metidos a políticos) pero que puede no ser el más adecuado para el puesto en cuestión; pero pelillos a la mar, que si alguien ha sacado una oposición difícil, aunque sea de jurista o economista, ya ha acreditado que lo mismo vale para presidir RTVE que para presidir Renfe o lo que le echen, especialmente si es “de los nuestros”. Por no hablar de la infinidad de cargos públicos cuyos cvs –sin retocar o incluso retocados-no darían ni para un puesto de dependiente o cajero de supermercado. Eso sí, a ningún político en activo –especialmente del PP- se le cae de la boca la palabra “meritocracia” utilizada como una especie de talismán o “detente bala” . ¿Se acuerdan de aquello del “gobierno de los mejores”? Pues si no se tienen los mejores a tiro, nada como la cosmética para intentar aparentarlo.
Y esto nos lleva a una última conclusión: nos estamos enterando también de que esto de los sueldos públicos es un auténtico desbarajuste, por no decir un disparate total. Pero en una meritocracia de pega ¿Cómo saber si los políticos y altos cargos están bien o mal pagados? Porque al final para entender si un determinado cargo público está bien o mal retribuido sería imprescindible no solo hacer comparativas con puestos similares en países de nuestro entorno, sería hacerlas también sobre la experiencia profesional y la formación que se exige para ocuparlos, las funciones que efectivamente se realizan y ”last but not least” la responsabilidad que se asume por los errores o por la mala gestión. Porque no nos olvidemos que cuando un cargo determinado tiene una retribución importante suele ser porque a) no es fácil acceder al mismo b) las funciones son muy relevantes c) la responsabilidad es muy grande.
Porque la meritocracia será de pega, pero lamentablemente las retribuciones, las funciones y las responsabilidades son muy reales.
 

What else?….. O, ¿tenemos los españoles un déficit ético?

Tengo frente a mi despacho profesional, al otro lado de la calle, una concurridísima tienda de una marca de cápsulas de café, de gran éxito, que ha sido popularizada hasta el último confín de la tierra por los famosos anuncios de George Clooney. “What else?”se pregunta en una pantalla plana de televisión el elegante galán ante la derretida mirada de todas las clientas femeninas, mientras yo me encuentro tramitando mi pedido. Con estos datos, creo que ustedes pueden identificar perfectamente de qué marca se trata. Pues bien, dado que yo también he sucumbido a los encantos del Sr. Clooney, o más bien del producto que tan convincentemente nos vende, hablando un día con el encargado de la tienda me contó una anécdota sorprendente. La marca, perteneciente a una conocida multinacional del mundo de la alimentación, comercializa en España y en algunos pocos países más unas cápsulas para consumo doméstico, de formato semicircular (las más conocidas) y otras diferentes para su uso en oficinas y despachos, de un formato ovalado, semejante a una gran píldora, y también dos tipos diferentes de cafeteras, cada uno de ellos preparado para su uso con uno de dichos formatos e incompatible con el otro. El motivo de esa duplicidad es bastante triste, y es el que constituye el eje de la reflexión que quiero plantearles a todos ustedes en este post. …“Es para que la gente no se lleve a su casa las cápsulas de la oficina”… me explicó el amable encargado, …”pero ésto sólo se comercializa en España y en pocos países más del sur de Europa, ya que de Francia para arriba no es necesario”
Visto lo anterior, y vistas también otras muchas cosas que todos estamos conociendo de forma abrumadora en los últimos tiempos, considero necesario preguntarnos si los españoles tenemos, por nuestro carácter, por nuestra genética o por cualquier otro inextricable motivo un déficit ético, cívico o moral que nos relaja nuestros hábitos y costumbres a la hora de manejar bienes ajenos.  Y esa cuestión la formulé verbalmente a los tres allí presentes editores de este blog el jueves 20 de noviembre por la noche, durante el turno de preguntas tras la presentación en Palma de Mallorca del libro “¿Hay Derecho?”, recibiendo una contundente y rápida respuesta del amigo Ignacio Gomá: “pues escribe un post sobre ello”. Y yo, obediente y disciplinado, aquí estoy.
En las múltiples conversaciones que ha generado esta situación de desasosiego general que vivimos en los últimos tiempos los españoles he oído varias veces decir, y por personas muy diferentes, que nuestros denostados políticos no son más que el fiel reflejo de nuestra propia sociedad, puesto que hemos sido históricamente muy laxos en ciertos conceptos éticos y de puro civismo. De todos es sabido que en España se han tolerado alegremente, e incluso a veces jaleado, muchos hábitos y conductas que en otros países son socialmente repudiados. Aparcar sobre la acera o en doble fila, pedir facturas sin IVA, pavonearse de cobrar honorarios en negro o de conducir colocado, engañar a las compañías de seguros, a Hacienda o a la Seguridad Social, cobrar el paro cuando se está trabajando en “B”, lanzar colillas, papeles o botellas al suelo, y una larga retahíla de irregularidades o muestras de incivismo son muy típicas de los españoles, e incluso, durante mucho tiempo, han parecido hasta “quedar bien”. Por ello, algunos contertulios míos, en diferentes conversaciones, han mantenido la triste tesis de que en nuestro país el que puede poco se lleva a casa unas cápsulas de café o los folios de la oficina, y el que puede más, por su cargo o por el puesto que desempeña, se lleva el dinero, los viajes, las visas oscuras u otros chanchullos varios, siendo todo ello reflejo de una misma degradación ética o moral bastante generalizada, que alcanza a todos los estratos de nuestra sociedad.
Reflexionando sobre todo ello, no cabe duda que los países de raíz protestante o calvinista nos sacan bastante ventaja en cuanto a ética social e incluso ética pública, pero que otros, más próximos a nuestro entorno latino, católico y mediterráneo, son prácticamente nuestros primos hermanos. Y podemos preguntarnos ¿qué nos diferencia a los del sur de los “países buenos”? ¿Nuestra raza? ¿nuestro carácter? ¿nuestra cultura? ¿nuestras costumbres? ¿Llevamos grabada a fuego en nuestros carpetovetónicos genes, todavía en el siglo XXI, la picaresca de “El Lazarillo de Tormes” o  de “El Buscón”?
Resulta difícil encontrar una sola respuesta a todas estas preguntas, pero yo me resisto, no sé si de forma fundada, a contestarlas de forma afirmativa. Sinceramente creo que genética o culturalmente no somos muy diferentes de nuestros vecinos del norte, lo que me lleva a concluir que, a estas alturas, siendo una sociedad bastante más culta e informada de la que fuimos en tiempos pasados cuando se gestó el literario modelo del “pícaro” español, lo que nos falla en la actualidad, y además de forma estrepitosa, es nuestra educación. Y no me refiero solamente a la educación personal, entendida como la cultura o la formación individual de cada uno de nosotros, sino especialmente nuestra educación colectiva o comunitaria.
Los españoles tenemos que aprender mejor, desde nuestras casas y nuestras escuelas, a vivir en sociedad, y a respetar, cuidar y proteger los bienes y los dineros comunes como hacemos con los nuestros propios. Algunos han creído, y hasta han manifestado públicamente, que el dinero público “no es de nadie”, por lo que su uso indebido es hasta justificable. De esta forma han acabado apropiándose, sin el menor rubor, de lo que han podido. Pero ese es, justamente, el gran “chip” que debemos cambiar: el dinero público, al igual que el mobiliario urbano del paseo, la marquesina que protege la parada del autobús, la farola que ilumina el parque o la acera de nuestra calle son de todos nosotros. Piensen que los hemos pagado nosotros, señoras y señores! Por ello, debemos cuidarlos con el mismo esmero con el que cuidamos nuestros ahorros, o nuestros muebles, o los objetos o enseres que tenemos en casa. Con un sueco que no paga correctamente sus impuestos o que deteriora un bien público sus conciudadanos no quieren salir a tomar una cerveza, ni le invitan a su casa a cenar. Les da vergüenza que les vean con él, y le afean socialmente su conducta. Yo no digo que en España hagamos eso de un día para otro. Pero si queremos que cambien nuestros políticos no basta con reclamarlo de forma pública, generalizada y cada vez con más intensidad. Tenemos que empezar por cambiar también nosotros.
 

¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.
Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, «es dimitido» a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.
Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto, lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, «el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.
No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:
Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.
Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un «colchón de confianza». A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.
Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.
En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.
Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.
El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.
De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.
 
 

De nuevo sobre las novatadas

El Senado aprobó recientemente una moción por la cual insta al Gobierno a adoptar ciertas medidas (colaboración, sensibilización, fortalecer la normativa, asistir a las víctimas) en el entorno universitario frente a las llamadas “novatadas”, así como a respaldar el manifiesto que aboga por eliminarlas. El tema fue analizado con anterioridad en este blog por Álvaro Delgado Truyols (aquí). Es un tema más complejo de lo que parece, y que merece ser profundizado, pues se aprecian muchos matices a tener en cuenta y quedarse en un análisis simplista referido sólo a los casos extremos (demasiado abundantes por desgracia) o al escándalo que generan las peores prácticas puede ser dañoso e incluso injusto.
Lo primero que cabe decir es que debemos considerar positivo que los poderes públicos asuman su papel respecto a las víctimas. He conocido excolegiales con heridas psicológicas procedentes de las novatadas, y casi les dolió más que quien debía preservar la Justicia (la Dirección, el Estado), no los protegiese, que el daño de sus compañeros en sí. Ahora bien, para que haya una acción eficaz sobre el fenómeno, hay que valorar la realidad, y los medios de Derecho disponibles.
Para juzgar el fenómeno de las novatadas, se debe partir primero de la realidad sociológica en que se producen. Al estudiar las formas de dominación, Max Weber (ver Economía y sociedad) señala que hay tres tipos: legal, tradicional y carismática. ¿Dónde situaríamos la dominación de los colegiales mayores sobre los aspirantes o “novatos”? Evidentemente en la tercera, pues los veteranos ni tienen poder por ley, ni han recibido la legitimación tradicional que tiene, por ejemplo, un parterfamilias (aunque las novatadas se hagan por tradición). Lo que si que han recibido es lo que Weber llama el “carisma”: en atención a sus cualidades (perseverancia en un Colegio Mayor con ciertas exigencias de camaradería, fraternidad, implicación, sociabilidad, capacidad de liderar a los universitarios más jóvenes…), se les respeta y sigue.
Las situaciones de dominación carismática llega un momento en que se “rutinizan” dando lugar a una institución, a la que sólo son admitidos quienes portan el mismo carisma. Un carisma que en opinión de Weber no se aprende, ni se inculca, sino que se despierta a base de pruebas que permiten acreditar que se tiene. Como ejemplo pone Weber precisamente las “casas de varones” o androceos, donde se prueba a sus miembros para que no permanezcan en ellas si no portan el carisma propio de la casa. Dichos androceos eran casas de guerreros de la antigüedad, pero su fundamentación vive hoy en Colegios Mayores masculinos y también femeninos y mixtos (con ciertos problemas como la inercia a veces machista en la inter- actuación de chicos y chicas en las novatadas, y la asunción a veces de roles masculinos por las jóvenes –lo cual hace pensar que hay una feminización pendiente en las novatadas-). En los Colegios Mayores, por debajo del poder legal (Dirección, Estado) está el poder de los mayores sobre los pequeños, que comienza por la experiencia de las novatadas (un poder que a veces se ejerce mal o por quien no es digno del carisma, y de ahí los problemas).
Para poder dar Derecho a esta situación (da mihi factum, dabo tibi ius) hay que partir de esta realidad. Considerada la misma, ¿qué decir con el Derecho? En primer lugar que por muy carismática que sea la experiencia, la legitimidad legal está por encima. Lo que es delito en Julio, lo es también en Septiembre, por muy novatadas que sean (y ello sin necesidad de que se contemplen tipos penales específicos referidos al fenómeno). Del mismo modo, determinados comportamientos como hacer destrozos, gritar por las calles, etc deben multarse. Frente a estos comportamientos, debe actuar el Estado, deben denunciar las víctimas o cualquier ciudadano (todos tenemos el deber, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal), deben imponerse las sanciones que correspondan, y deben funcionar las Direcciones de los Colegios Mayores (cosa que no siempre pasa: en algunos Colegios, a ciertas horas del día, el único adulto en condiciones de moderar comportamientos es el portero).
Los propios ofendidos pueden actuar, denunciar, ejercer sus derechos. Es más, según he podido indagar (yo no padecí novatadas), el límite lo suele poner el “novato”: conozco uno que logró evitar ciertas agresiones a base de amenazar al veterano con que lo iba a denunciar, lo cual bastó para lograr unas novatadas no violentas en su caso. El “novato” es un ciudadano y bien está que aprenda a defenderse, también legalmente, y a hacer uso de su legal autonomía de la voluntad. El entorno dominado por el carisma, como es el Colegio Mayor, no debe quedar al margen de la ley. Al igual que en cualquier otro ámbito es delito someter a alguien a conducta degradante (Art. 173 Código Penal), lo es en un Mayor (y debe denunciarse). Del mismo modo, debe ser el consentimiento informado del afectado el que juegue respecto a las conductas no penadas (lo cual plantea un problema con los universitarios que en el Septiembre de primero de carrera son todavía menores). Ahora bien, el hecho de que haya un mínimo indisponible (como lo tienen el consumidor, el trabajador por cuenta ajena o el arrendatario como contratantes “débiles”), no implica la prohibición total de contratar (reservada ésta a casos excepcionalísimos).
Por otro lado, hay que tener claro el sistema de fuentes. La ley rige hasta donde rige: prohibiendo ciertos comportamientos, pero permitiendo los demás. ¿Y en este resto, rige alguna norma? En lo demás entiendo que rige la costumbre, cuyo papel se subestima normalmente: se olvida que es la costumbre la que permite a la ley desarrollarse (como explica Joaquín Costa en El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones: el status individual, el referéndum y la costumbre. Cap. IV), y la misma es imprescindible para la ejemplaridad (vid. Javier Gomá, Ejemplaridad pública, quien señala que “el único programa republicano viable…sería un republicanismo de mores, es decir, uno que no ponga tanto el énfasis en la actuación estatal y en sus intervenciones coactivas en la vida moral de los ciudadanos como en la consolidación de aquellas costumbres que inducen a la virtud por persuasión y sin menoscabo de la libertad individual”). Y la costumbre (no podemos negarlo) admite las novatadas que no sean contrarias a la moral colectiva o al orden público (Art. 1 CC).
Por ello, pretender una prohibición total y demonizar el fenómeno en su conjunto (con el injusto descrédito de quienes “novatean” -verbo no incorporado al diccionario, pero usadísimo en el ambiente universitario- de acuerdo con la moral social y el orden público), no sólo no va a evitar que se produzcan (pues las bases sociológicas ahí están), sino que además puede causar un daño a la construcción de la Universidad en España. No se nos puede escapar a este respecto que todos cuántos han teorizado sobre la Universidad (Scheler, Heideguer, Giner de los Ríos, Newman, entre otros) reconocen la importancia de la Universidad residencial para la fraternidad y de la convivencia, para superar la masificación que caracteriza nuestras Universidades. Y para ello hacen falta estructuras como los Colegios Mayores. Si se limitan las novatadas en lo que la ley, la costumbre y la moral no prohíben, es probable que lo poco que queda de Universidad “convivencial” en nuestro sistema (los Colegio Mayores, institución algo herida por diversos factores), termine por desaparecer.
 

El imposible indulto de Carlos Fabra, artículo de Elisa de la Nuez en Vox Pópuli

Recientemente el ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón y del PP, Carlos Fabra, ha solicitado su indulto mediante carta dirigida al Ministerio de Justicia en la que manifiesta su convicción de merecerlo porque su condena no tiene fin resocializador alguno y con el indulto no se haría daño a nadie. A nadie, añado yo, salvo al Estado de Derecho ya que un indulto a Carlos Fabra equivale pura y simplemente a un torpedo en su línea de flotación.
Como es sabido, la condena del sr. Fabra no ha sido precisamente fácil de conseguir. Entre jueces que pasaban por el juzgado de instrucción de Nules como alma que lleva el diablo y billetes premiados de lotería, la sentencia del sr. Fabra ha tardado muchos años en llegar (en concreto, nueve años ha durado la instrucción) durante los cuales el ex Presidente de la Diputación ha seguido con su “bussiness as usual”. Es decir, con obras como el Aeropuerto de Castellón sin aviones con estatua del prócer incluida. Lo más curioso es que en la carta en que solicita el indulto se queja, precisamente, de lo larguísima que ha sido la instrucción como si él no hubiera puesto todos los obstáculos posibles, jurídicos y no jurídicos para que fuera así. Esto no lo digo yo, lo dice la sentencia que le condenó. Es lo que suele pasar cuando se investiga a gente poderosa, como por ejemplo al sr. Alfredo Saenz. Las instrucciones se dilatan hasta el infinito y más allá y los que las dilatan (gracias a los servicios de sus abogados)se  quejan después de su calvario judicial e incluso ven reducida la pena por la duración del procedimiento.   Es lo que ocurrió en el caso de Alfredo Saenz, como comentamos en su día aquí 
Alega también el sr. Fabra que habiendo transcurrido tanto tiempo desde la comisión del delito cumplir la pena ya no tiene ningún sentido. Y para no dejarse nada en el tintero, recuerda que al final ha sido absuelto de las acusaciones de corrupción, dado que –como es habitual en estos casos- no se han podido probar. Pero como al final la corrupción tiene que ver con el dinero como explica Francisco de la Torre en este artículo siguiendo el rastro del dinero (y en particular del dinero negro) se pueden extraer algunas conclusiones de sentido común aunque no sean suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que rige en el Derecho penal. Porque teniendo presente que D. Carlos Fabra era el todopoderoso cacique local en su doble condición de Presidente de la Diputación de Castellón y Presidente del PP de Castellón ¿de dónde puede sacar dinero negro una persona que está a sueldo de una Administración o/y de un partido?  Pues imagínenselo.
Eso sí, se trata en todo caso de evitar la cárcel mientras se decide sobre el indulto. Ya ha manifestado el Fiscal General del Estado en una reciente entrevista en la Cadena Ser que él no es partidario de que alguien que puede ser indultado ingrese en prisión. Pero ¿cómo se sabe si alguien puede ser indultado o no? Pues porque el indulto lo concede materialmente el Gobierno (aunque lo firma el Jefe del Estado) y el Fiscal General depende del Gobierno.
Efectivamente, el indulto es un residuo del derecho de gracia que tenían los monarcas absolutos en el antiguo Régimen y que ha sobrevivido  en las democracias modernas porque cumple una función necesaria como elemento de cierre del sistema. Se trata por esta vía de corregir situaciones particulares en las que la aplicación estricta del Derecho penal en un caso concreto puede producir una injusticia a la luz del contexto social en el que se debe aplicar la pena. Sería el caso de condenas tardías, desproporcionadas o que se impongan a personas que hace tiempo que están resocializadas o rehabilitadas. Pero como excepción a la regla general de que la persona condenada por un delito debe de cumplir la pena impuesta su utilización debe de ser extremadamente cuidadosa. Efectivamente, hay que impedir a toda costa que el indulto se convierta pura y llanamente en una medida arbitraria para “rescatar” de las manos de la Justicia penal a determinadas personas  que han prestado servicios o tienen buenas relaciones con el Poder político, ya se llamen Barrionuevo o Fabra. O simplemente para evitar que se utilice sin ninguna razón objetiva –aunque puede haber sospechas de que sí las había subjetivas- como ocurrió en el famoso caso del kamikaze cuyo indulto fue finalmente anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Pues bien, la utilización que se ha hecho del indulto en estos últimos años ha sido muy bien documentada en la web de la Fundación Civio “el indultómetro” cuya lectura es muy recomendable. A estas alturas no les sorprenderá saber que el número de indultados por delitos de corrupción es muy alto. Aunque quizá más les sorprenda saber que desde que la opinión pública ha puesto su foco de atención en los indultos, su número ha disminuido sensiblemente.
Para que se hagan una idea, la ley reguladora del indulto data nada menos que del 18 de junio de 1870 aunque haya sido modificada –y no precisamente para mejorla- por la ley 1/1988 de 14 de enero, que redujo los controles que existían en la ley original para su concesión. Urge por tanto una nueva Ley para reconducir la institución a unos términos compatibles con los de un Estado de derecho moderno. Y a la vista de lo que está pasando en España puede no ser una mala idea excluir del indulto determinados delitos –tal y como sucede en otros países- entre los que se encuentran los que causan una gran alarma social, como por ejemplo los relativos a la corrupción. En todo caso lo que parece imprescindible es que esta decisión pueda ser sometida a controles formales y materiales, en la línea apuntada en la importante sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2013 en el caso del kamikaze a la que ya nos hemos referido antes y que hemos comentado aquí
Parece también más que razonable que las víctimas del delito tengan al menos que ser oídas y que los informes de los jueces o tribunales sentenciadores sean vinculantes, es decir, que si son desfavorables, el indulto no puede concederse. Y por último, tiene que ser excepcional que la posibilidad más o menos lejana de un indulto impida la entrada en prisión, al contrario de lo que propone el Fiscal General del Estado.
Por último, conviene recordar que obtener un indulto no solo es relevante para evitar el ingreso en prisión (algunas personas condenadas, por su edad, no lo harán) sino porque “borra” los efectos negativos que tiene una condena judicial, por ejemplo, para ser banquero (ahí tenemos el caso de Saenz) o la prohibición de contratar con la Administración Pública. Creo que no es casualidad que la empresa Seguridad Integral Canaria de un empresario canario indultado (Miguel Angel Ramirez) haya recibido importantes contratos de distintas Administraciones como denuncia la web el BOE nuestro de cada día, también de la Fundación Civio /
Es cierto que al final en el caso Fabra –lo mismo que sucedió con Al Capone- solo se ha conseguido una condena por fraude fiscal, pero también -como en el caso del gángster- los ciudadanos podemos legítimamente considerar que su principal actividad no era defraudar dinero al Fisco, aunque esta fuera su consecuencia inevitable. Y que indultar este tipo de comportamientos, por extendidos que hayan estado entre nuestra clase política, resulta sencillamente intolerable no solo desde un punto de vista jurídico sino sobre todo desde un punto de vista moral.
 

¿Encontrar un buen trabajo en España? Mejor con contactos

Reconozco que el ferragosto no es el mejor momento para publicar posts, como bien dicen mis coeditores, pero el caso es que me apetecía hablar de un tema que debería ser objeto de un proyecto de investigación de esos que financian nuestras Administraciones Públicas muchas veces con tanta rumbosidad y sin excesivo criterio. Hemos hablado mucho en este blog de nepotismo en el sector público, y también de las «revolving door» con las empresas reguladas o dependientes del favor político. La lista de políticos o de familiares de políticos colocados en organismos públicos o en este tipo de empresas es muy larga, y hay gente que ha hecho el esfuerzo de recogerlas de forma ordenada, por ejemplo aquí.
Pero hoy me gustaría centrarme más en el fenómeno de la colocación de los «hijos de» quizá porque mi hija mayor está buscando trabajo en UK y ahí lo del «hijo de» funciona bastante peor, de lo que por cierto me alegro por mí y sobre todo por ella, dado que indica que las reglas del juego son limpias. Además me parece que una de las mayores satisfacciones personales  que puede dar la vida es conseguir las cosas por uno mismo y no porque alguien le hace (o le debe) un favor a tu padre o a tu madre. En España a muchos jóvenes se les evita esta satisfacción y  no hablo solo de los casos más obvios, de los hijos de Ruiz Gallardón, Aznar. Felipe Gonzalez, etc, etc, todos muy bien colocados dado que incluso aunque se dediquen a la fotografía acaban trabajando en Indra, que ya tiene mérito. Me refiero a un fenómeno más amplio y más preocupante en el que muchos profesionales o directivos de empresas piensan que si no «tiran»  de contactos los chicos no lo van a tener fácil. Lo que probablemente es cierto pero distorsiona las reglas del juego en la búsqueda de trabajo en la medida en que no va a primar tanto el mérito y la capacidad de los aspirantes sino los contactos paternos. Por otro lado favorece la endogamia, en el sentido de que es mucho más fácil «colocar» a los hijos si se dedican a la misma actividad o al menos a alguna actividad cercana a la que desarrollan sus padres.
Para ser justos, es cierto  que en muchas ocasiones el «hijo de» suele tener un cv bastante apañado, idiomas, una Universidad razonable (no siempre pública, especialmente para los de «letras») un máster o varios-preferiblemente en el extranjero o en una escuela de negocios prestigiosa en España- pero lo más importante es lo que viene en la parte de arriba del curriculum: los apellidos del aspirante que indican si  tiene, o no, unos padres que son capaces de apreciar los favores y sobre todo que están en condiciones de devolverlos.  Por esa razón los chicos pueden pensar -lo que también es muy gratificante, para que nos vamos a engañar- que si han accedido a un puesto de trabajo en un gran despacho o en una gran consultora es por sus méritos y no por sus padres. Aquí no estamos muy acostumbrados a la tarea de reflexionar sobre estas cuestiones, o como dirían los anglosajones a  «check your own privileges». Por otro lado, el problema es que tal y como están las cosas en España conseguir un cv así de aseado no es tarea fácil para muchos jóvenes, empezando por los idiomas (salvo que nos creamos lo de los colegios públicos bilingues con profesores españoles que han hecho un curso de inglés en Irlanda) y terminando por los masters buenos de verdad que suelen ser bastante caros y no están al alcance de todo el mundo. Pero es que incluso aunque a base de mucho esfuerzo se consiga, al final en igualdad de condiciones es más probable que entre el «hijo de» que el desconocido.
Con esto no quiero decir, ni muchísimo menos, que todo sea enchufe y contactos en el sector privado español (en el público en cambio casi se puede afirmar lo contrario) y menos en el que está más alejado del favor político. Pero hay mucho de eso, bastante más que en otros países serios, y lo preocupante es que cada vez hay más, dado que conseguir un buen puesto de trabajo en España es un premio gordo, y por tanto un favor muy importante . No es infrecuente precisamente que ese «colocame al chico» sea precisamente el mayor favor que se le puede a hacer a alguien con influencia. En ese sentido cada vez nos acercamos más a Italia y a los países sudamericanos y nos alejamos más del norte de Europa. Es bastante curioso asistir a cenas de amigos y ver como los hijos se cambian como cromos, valga la expresión; yo mando al tuyo a hacer prácticas a tu despacho y yo contrato al tuyo como becario. Todos contentos.  La red de favores se va haciendo cada vez más tupida, eso sí en perjuicio de los chicos cuyos padres no están en condiciones de  hacerlos.
En este entorno, no es sorprendente que crezca la desigualdad y que los jóvenes  preparados y sin contactos (o los que simplemente prefieren no depender de las redes familiares) se vayan de España. Y ojo que cuando hablo de jóvenes preparados no hablo de los que acumulan títulos universitarios múltiples sin mucho valor o de chicos que después de terminar la universidad (especialmente en carreras de letras y en Universidades que han jugado a llenar las aulas sin muchos miramientos)  tienen una formación equivalente, con suerte, a la del antiguo BUP. Y con suerte un trabajo que requiera ese tipo de formación será precisamente el que puedan llegar a conseguir, uno que requiera tener una formación básica. Pero de este tema hablaremos a la vuelta del verano con más detenimiento y con más datos.
Por ahora, disfruten del puente de agosto..
 

Flash Derecho: documental sobre la corrupción, últimos días para el mecenazgo

Nos hemos referido en dos ocasiones a un proyecto de documental sobre la corrupción («Corrupción, el organismo nocivo»), cuya financiación está basada en el mecenazgo: ver aquí y aquí. Pues bien, a muy pocas horas de cerrarse el plazo, queda una pequeña cantidad para conseguir recaudar los 45000 euros presupuestados. Ver en la página del proyecto.
Desde aquí queremos animar a nuestros lectores a acompañar a los promotores a dar los último pasos,  a alcanzar el primer objetivo como es la financiación, y, pese a quien pese (y parece ser que hay gente a la que le pesa), conseguir que el documental sea finalmente una realidad.
 
Actualización viernes 13 a las 10,00 horas: ¡Objetivo conseguido! Enhorabuena a los promotores y ahora a realizar un buen documental.

Teoría étnica de los naufragios…y de la política

El naufragio el pasado día 16 de abril del ferry surcoreano Sewol ha dado lugar a una serie de noticias que me han dado que pensar. No me refiero al naufragio en sí mismo, aunque esto ya de por sí ha dado que hablar por las imprecisiones que se han publicado, ni al enorme número de víctimas , casi 250, entre las que se encontraba un gran número de estudiantes que iban en viaje escolar, aunque añade un punto más de dramatismo al asunto. Ni tan siquiera por el lamentable espectáculo de la huida del capitán arrastrando por los suelos ese rasgo deontológico de ser el último que abandona el barco que todos nos presuponemos en un personaje tan representativo nos sorprende pues no ha mucho el capitán Schettino le precedía.

No, lo que me ha intrigado han sido varias cosas: que el primer ministro haya dimitido a los 12 días del naufragio “asumiendo sus responsabilidades por la mala gestión del naufragio”, dimisión que, por cierto, no ha sido bien recibida por los allegados de los desaparecidos ni por el principal partido de la oposición, que han tachado la decisión de precipitada, porque “podría haber continuado en su cargo hasta que terminaran las labores de rescate”. Y días después ¡ha sido detenido el presidente de la naviera! Desde otro punto de vista, me ha llamado la atención que hubo una tajante orden de los responsables del buque a los pasajeros en el sentido de que no se movieran de sus camarotes; orden que, acatada puntualmente condujo a los trágicos resultados que conocemos (véase la noticia en «Cumplir hasta la tumba»)

Huelga decir que ambas cuestiones me impresionan por contraste. Porque, ¿qué hubiera hecho el primer ministro coreano si le ocurre lo de Bárcenas? ¿Seppuku en plaza pública? Y es que por estos lares hispánicos no se estila la dimisión responsable: buscando en Google, por ejemplo, “Prestige dimisión”, lo que obtengo es que Zapatero estaba muy orgulloso porque con lo del Prestige nadie del PP dimitió y en cambio por el incendio de Guadalajara sí lo hizo una consejera autonómica ; que si que dimitió un consejero autonómico del PP, pero porque se lucraba vendiendo material para la limpia del chapapote; o que el diputado autonómico Carmona dimitió porque entre bromas decía que el PSOE tenía suficientes votos y si hacía falta «hundían otro barco». Es lo malo que tiene Google, que te enteras de todo, incluso de estas miserias.

Pero, de otro lado, también me impresionó mucho esa docilidad de los estudiantes que se someten a las órdenes de los superiores sin cuestionamiento alguno, como al parecer es lo propio en una sociedad fuertemente jerarquizada como la coreana. ¿Hubiera ocurrido lo mismo por aquí? No estoy yo muy seguro de la obediencia de los jóvenes mediterráneos de 16 o 17 años , y más bien me inclino por pensar que habrían subido al puente “a ver qué pasa”.

Me recordaba el otro día en Twitter la periodista Berta González de Vega las concomitancias de este caso con el que Malcolm Gladwell cuenta en “Outliers” (Fueras de Serie). El libro trata de por qué unas personas tienen éxito y otras no y es francamente interesante (recomiendo el capítulo de “La regla de las 10.000 horas», que explica como para ser maestro en cualquier cosa se precisa echarle ese tiempo) y desde luego nos viene al pelo: en el capítulo titulado “Teoría étnica de los accidentes aéreos” cuenta que en los años 90 la Korean Air tenía un porcentaje de accidentes muy superior a la media (17 veces superior a la de United Airlines) y que aunque ello se debía normalmente a una concatenación de errores, lo cierto es que había un factor muy significativo: la llamada “mitigación”, muy propia del legado cultural coreano.

La “mitigación” o el “discurso mitigado” se refiere a cualquier tentativa de minimizar el significado o el sentido de lo que se dice, como cuando queremos ser corteses con alguien o respetuosos con la autoridad, a quien no se le dice “quiero que vea esto” sino “quizá no le es mucha molestia echarle un vistazo, no me urge”. Este discurso mitigado no es apto para las comunicaciones entre copiloto y piloto de un avión y menos en situaciones de riesgo. Pero es lo que ocurre en aquellos países que tienen un muy alto “Índice de Hofstede de Distancia al Poder” -cuánto se respeta y valora la autoridad en una cultura determinada-, como es el caso de Corea del Sur (y no quiero pensar cuál será el del Norte).

Al parecer, en las tripulaciones coreanas se esperaba que los oficiales más jóvenes atendieran al capitán hasta el punto de hacerles la cena o comprarles regalos, y la palabra de éste es la ley al punto de que no era extraño que le cruzara la cara al novato si cometía algún error. En el lenguaje coreano hay hasta seis niveles diferentes de tratamiento según la jerarquía o familiaridad, y la relación piloto-copiloto está fuertemente jerarquizada. Claro que eso tiene un doble camino: mientras en el mundo occidental es obligación del emisor comunicar sus ideas de una manera clara e inequívoca, en esta sociedad coreana tan rigurosa, es el receptor de mayor categoría el que tiene la responsabilidad de descifrar el mensaje, que se ha adaptado a su categoría.

Eso explica que cuando el copiloto en el accidente del vuelo 801 observó que venía una enorme tormenta, que no había visibilidad y que el piloto no reaccionaba debidamente, sólo se atrevió a decir a su superior: “Capitán, el radar meteorológico nos ha ayudado mucho”. El capitán, muy estresado, no entendió lo que pasaba y se dieron con una loma, pereciendo todos.

Parece ser que el legado confuciano, recibido de China y predominante en el sistema de valores de Corea durante siglos bajo la dinastía Joseón (1392-1910) sigue muy presente en la sociedad coreana actual, aunque haya disminuido algo en las últimas décadas: principios como la jerarquía, la lealtad a la familia o un grupo social, la importancia de la educación y al respeto a los demás siguen vigentes en la psique del coreano y se manifiestan en la importancia que se concede al status social. 

O sea, que es indudable que el legado cultural es importante tanto para los accidentes aéreos y los naufragios como para la política. No conozco bien la sociedad coreana, pero desde luego suena que es un país muy organizado y eficiente, con altos niveles de educación y de innovación (ver conclusiones del enlace) pero quizá pone excesivo énfasis en la disciplina y tiene poca creatividad, lo que les lleva a fracasar en las universidades extranjeras (ver aquí). De la idiosincrasia hispánica, con sus cosas buenas y malas, no me molesto en ilustrarles.

Ahora bien, ese legado ¿es inmutable? ¿Tenemos que resignarnos a ser como somos y los coreanos a ser como son? O dicho de otra manera ¿tenemos que quedarnos el paquete entero? ¿No podemos ser individualistas en aquellas cosas en las que es importante tener iniciativa y ser responsables cuando procede? Porque quizá tampoco sería de mi gusto que el presidente del gobierno dimitiera cada vez que hay un accidente gordo porque probablemente no todo siempre culpa suya y no compensa, pero sí que lo hiciera él o alguien importante cuando realmente la tragedia podría haberse evitado o gestionado de otra manera. Y tampoco me gusta la falta de civilidad o de educación, pero no hasta el punto de cargarse la iniciativa individual y el criterio propio.

Mi respuesta puede ser tachada de voluntarista o ingenua pero creo que sí, se puede cambiar. Hace algún tiempo defendía en el ABC (reproducido aquí en el blog) que la tradición cultural española no es insoslayable y que la leyenda de un país sin remedio no es cierta, y lo mantengo. No hay más que ver cómo han cambiado nuestros hábitos al volante en los últimos 20 años o qué poco se fuma ahora para percatarse de que cosas que parecían intangibles  pueden cambiarse.

Pero claro, las cosas no se cambian solas, hay que empujar un poco cambiando nuestra conducta personal y haciendo que cambie la de los demás, mediante la exigencia de responsabilidades (y, no se olvide, a través del voto responsable, valiente  y escéptico con las encuestas el CIS) y del imperio del sentido común. Si hay alguna idea que destacara de mis posts en este blog es esa: hay que tener ese valor civil cotidiano, lento y tenaz de intentar modificar nuestras instituciones y nuestras costumbres, aunque no se vea el éxito en el horizonte.

NOTA: La compañía Korean Air contrató a un director de operaciones americano que no desesperó ante la tradición coreana sino que, sabiendo que ese legado cultural es importante y perdura mucho después de que su utilidad cultural haya desaparecido, logró, mediante el uso del inglés como lengua básica y sin despidos masivos, que el personal se adaptara a las circunstancias. Hoy la compañía tiene estadísticas de seguridad intachables.