» La corrupción engendra corrupción», tribuna en El Mundo de la coeditora Elisa de la Nuez

Ahora que la contemplación diaria de los resultados de la corrupción y el mal gobierno generalizado nos ha dejado tan claro el pésimo funcionamiento de nuestras instituciones, especialmente de las de supervisión y control, el sistema político nacido en la Transición empieza a incurrir en una especie de esquizofrenia. Por una parte, tiene que atender al clamor ciudadano y a las recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción -muy especialmente la transparencia- pero por otro lado quiere hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente y de captura de rentas públicas del que depende en gran medida su subsistencia. De ahí que las medidas de regeneración que se proponen sean siempre a futuro, y nunca obliguen a asumir las muy presentes responsabilidades del aquí y ahora, o que se pretenda controlar el frente judicial que tantos daños colaterales es todavía capaz de causar, ya sea vía CGPJ o con el nuevo Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, se persigue la cuadratura del círculo, luchar contra la corrupción y el mal gobierno pero sin cuestionar sus causas y sobre todo a sus responsables.

Las encuestas del CIS ponen de manifiesto una y otra vez que la corrupción política es uno de los principales problemas para los ciudadanos españoles: 9 de cada 10 españoles creen que está muy o bastante extendida. A esto se une la desconfianza y desafección creciente en las instituciones, que alcanza en el último barómetro del CIS máximos históricos. Los informes europeos apuntan en la misma dirección, como revelan los datos del último informe de la Comisión sobre corrupción de febrero de este año.

Según este informe, en nuestro país el soborno no es habitual, pero la corrupción en sentido amplio constituye una grave preocupación. Si buscamos consuelo, podemos recordar que tres cuartas partes de los encuestados europeos piensan que la corrupción está muy extendida en su país. Eso sí, los países en que más ciudadanos piensan que es así son Grecia (99 %), Italia (97 %), Lituana, España y la República Checa (95 %). No es para estar muy orgullosos.

En todo caso, conviene recordar que la percepción de la corrupción tiene mucho que ver con la falta de transparencia y de mecanismos de exigencia y rendición de cuentas y con la falta de asunción de responsabilidades ya sean jurídicas o políticas. En definitiva, con la percepción de la impunidad que gozan los corruptos y los malos gestores tan característica de nuestro país. Y es que según la definición ya clásica de Klitgaard corrupción = monopolio en la toma de decisiones + discrecionalidad – rendición de cuentas.

La llamada teoría política del agente y el principal considera que los problemas de corrupción y mal gobierno aparecen cuando el agente (el representante político) coloca sus propios intereses por encima de los de su principal (el ciudadano). Porque es frecuente que principal y agente no tengan siempre los mismos intereses. Es más, lo normal es que sus intereses sean divergentes, lo que constituye un incentivo para que el agente decida actuar en beneficio propio y no en beneficio de su principal. Por ejemplo, haciendo recortes en el gasto público muy sensibles para el ciudadano antes que recortes en el gasto político, muy sensibles para el político.

Por otro lado, lo habitual es que el ciudadano no disponga nunca de toda la información sobre la actuación de su representante político. Una cultura política como la española, donde prevalece la opacidad, ofrece grandes oportunidades para que el agente pueda actuar en contra de los deseos e intereses del principal confiando en que con un poco de suerte, éste no se va a enterar de cómo funcionan las cosas, o de que se enterará demasiado tarde. La situación actual de los medios de comunicación en España contribuye de manera decisiva al mantenimiento de esta situación, aunque finalmente algunos casos acaben saliendo a la luz. Pero siempre se puede decir que son excepciones y no la regla general.

Pero el problema más grave surge cuando el ciudadano no está tan deseoso como podría parecer a primera vista de controlar al agente, es decir, a su representante político. O dicho de otra forma ¿qué ocurre si el ciudadano está dispuesto a hacer la vista gorda siempre que se trate de sus agentes? Pues que se produce el fenómeno del sálvese quien pueda, de los que tantos ejemplos que vemos a diario.

Efectivamente, la teoría política nos dice que las soluciones que pretenden atajar la corrupción y el mal gobierno suelen funcionar en entornos de baja corrupción donde se espera que los representantes políticos actúen en interés de los ciudadanos. En esta situación, cuando se observan incumplimientos puntuales, basta con introducir reformas que aumenten la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas, o que penalicen estas conductas para desincentivarlas. Se trata de casos excepcionales, dado que el ciudadano es muy exigente en la defensa de sus intereses y se esfuerza en controlar a todos los políticos por igual, con independencia del partido al que pertenezcan como sucede en los países con un menor nivel de corrupción como los nórdicos.

Sin embargo, en países como Italia, Grecia y España en los que la percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos. Lo decisivo es que esta mala opinión se extiende incluso a los nuevos agentes o nuevos partidos. El ciudadano piensa que «todos son iguales» y que por tanto se van a compartar como élites extractivas, por usar la expresión que ha popularizado Cesar Molinas. Esta creencia dificulta enormemente la llegada de nuevos políticos, que tienen que demostrar su inocencia, y beneficia a los que ya están establecidos por corruptos que sean en la medida en que esa percepción o favorece la abstención o les favorece a ellos. Efectivamente, si todos los políticos son iguales, el ciudadano optará no por el más honesto o más eficiente -que por definición no existe- sino por el más próximo.

Como ha señalado el profesor Bo Rothstein, de la Universidad de Goteburgo (Suecia), especialista en el tema, en estos entornos se genera un círculo vicioso de desconfianza general que incentiva aún más la corrupción y el mal gobierno que resultan mucho más difícil de combatir.

Los ciudadanos ya no pueden confiar en los políticos, los empleados públicos o simplemente en las personas que no conocen. Nadie cree de verdad que las instituciones sean neutrales y que protejan y garanticen por igual los derechos de todos los ciudadanos, por lo que es más seguro tener un contacto que facilite las cosas. Predomina la confianza particularizada en los grupos, familias, clientelas o partidos políticos por encima de la confianza en toda la sociedad y en sus instituciones. Las empresas ya no piensan que pueden obtener contratos públicos si no contratan al conseguidor de turno, o si no practican de forma compulsiva la revolvingdoor y llenan sus consejos de administración de ex políticos. Las redes informales de confianza sustituyen a las institucionales y se instala la percepción del sálvese quien pueda o más bien del salvemos a los nuestros que ahonda todavía más el círculo vicioso.

No parece exagerado concluir que en España nos estamos deslizando por esta peligrosa pendiente. El entorno de crisis económica contribuye a agudizar el problema, lo mismo que la voluntad de muchos responsables de la corrupción y el mal gobierno de eludir los tribunales de Justicia. ¿Cómo salimos de esta espiral? La respuesta no es fácil, pero sin duda pasa por convertirnos en ciudadanos exigentes y en impedir que quienes dirigen una administración pública puedan usarla de forma patrimonial para construir o mantener redes clientelares que les mantengan en el poder con el dinero de todos los contribuyentes. Para eso, lo primero es no votar a los partidos que hacen este tipo de política y dar una oportunidad a los que no funcionan así. Tenemos una gran oportunidad a la vuelta de la esquina.

Puntos de aprendizaje

 
El frenesí de nuestro tiempo y la saturación  de información   conspiran   contra ese  “pararse a pensar”, siquiera unos minutos al día, que es la manera que tiene la inteligencia humana de aprender individual y colectivamente.  Y de  conducirse a partir de ahí por el bosque  de la realidad, también de la política cuando esta hace aguas como ahora. Son precisamente estas actividades–pensar y aprender- las que distinguen la polis de la caverna platónica en la que  los prisioneros  no salen de la mera impresión de imágenes inmediatas  e inconexas. Pensar, nos enseña Platón, sería entonces un  “salir a ver” que en sí mismo es ya un aprender. Un viaje de comprensión que se aplica también- y en grado sumo-  a la realidad política.  De ahí que uno de los peligros de nuestra crisis sea precisamente no “darla por pensada” sin aprehender de ella personal y socialmente las muchas lecciones que encierra.  A dicho peligro contribuyen  tanto los afanes que consumen al español  medio para  llegar a fin de mes o buscar barojianamente trabajo o ver de no perderlo,  cuanto al inmenso cansancio personal y colectivo desde 2008 a esta parte.
Para conjurar todo ello salgamos de la vorágine que nos ocupa  y alcemos la mirada inteligente para determinar algunos descubrimientos y aprendizajes que nos  deparan  estas horas  nuestras:
1.  La consustancial fragilidad de nuestro sistema político: Pensábamos que nuestro sistema democrático, basado en el “turno”  y en el clientelismo de la Restauración de Cánovas era, como aquella, indeleble y eterno, bien afianzado. Justo el mismo error de apreciación que precipitó su súbita desaparición en 1923. Así,  los primeros deterioros graves de nuestra calidad democrática se achacaron a la tendencia hegemonista y propensa a la corrupción del partido socialista.  Pero se contrarrestaba –al menos en teoría para una gran parte de votantes- con la mayor pureza y liberalidad de nuestro partido conservador.  Mas los graves  affaires de corrupción del Partido Popular-que dejan en anécdota el caso “estraperlo” que hundió al Gobierno Lerroux-  han finiquitado la “estabilidad correlativa” de nuestro sistema. Y ello a falta de lo que los ciudadanos conozcan en breve nuevos escándalos de largo alcance que afectan a la propia jefatura de  la Comunidad de Madrid. La consabida ausencia  de una real división entre  poderes, la falta de los mínimos “checks and balances” de control y transparencia explican el retorno de la  desconexión orteguiana entre la España oficial y la real. No es casual-y sí bien grave-  que un indicador del CIS, el “Indicador de confianza del sistema gobierno/oposición” (que miran con especial atención  los dos grandes partidos  ya que   mide precisamente el grado de  solidez de nuestro sistema) muestre su nivel más bajo desde  las primeras elecciones democráticas (23,7 puntos en enero 2014 frente al 31, 9 de abril 2012).Así de grave es el declive y así de frágil nuestra situación.
2.  Una  errónea presunción sobre la naturaleza humana: Ha subyacido en nuestro país  un error grave que explica parte del colapso al que asistimos: La exaltación en  los últimos decenios de una visión muy superficial sobre  la  humana naturaleza, que era  tan buena que no hacía falta moral alguna. Y por tanto ningún control de lo público.  Al respecto, pocos países han soportado una erosión tan brutal y en  tan breve tiempo de los valores privados y públicos, sin los cuales como señalaba Allport, “no se puede sobrellevar la pesada carga de toda democracia”.  Volviendo a Platón,  hemos pensado que la  polis se podía construir sin virtud,  de la que  quedan exentos  tanto el gobernado cuanto el gobernante.  Así, de aquel  “bon citoyen”  ilustrado hemos pasado aquí a su  caricatura  situada más allá de lo bueno y de lo malo  y  encaramada a nuestras instituciones fundamentales (partidos, sindicatos, magistraturas, parlamentos, realezas, Ibex 35, etc.),  sin inquirirse nadie ni por sus  currículums vitae ni por su  “ethos” moral. Cualquier regeneración del sistema tendrá, pues, que rehabilitar  el concepto  de “naturaleza falible” del ser humano – y por tanto de la arquitectura política –  que está en la base de la sabiduría  de los grandes  pensadores  políticos clásicos, incluidos los más señeros  del siglo XX (Ortega, Voegelin, Arendt y  Strauss, por ejemplo).  Y deducir los mecanismos de control e intervención correspondientes.
3. Una  percepción  ingenua sobre el poder político: Lo anterior no se explica  sin percatarse de  que hemos confiado cándidamente  en el poder de nuestro  partido ante  el que se ha realizado una auténtica  “dejación de funciones” y abdicación de nuestro yo, cayendo  en aquella “mansedumbre lanar”  que denunciaba Ortega. La Crisis está sirviendo  para descubrir, en esta hora de la verdad,  el rostro verdadero de la naturaleza de los poderes políticos instalados y su profunda desconexión del bien común. El ejemplo más palmario y agresivo, amén de la corrupción campante, es el expolio fiscal “sin contemplaciones” con que dicho poder está asolando a la clase media, no digamos a  los autónomos. Todo ello compatible con que ninguno de los partidos nos haya ofrecido relato alguno de cómo y por qué hemos llegado a este estado de bancarrota nacional ante la que  se despacha  un silencio administrativo tan desdeñoso como implacable.  Urge un movimiento de “ciudadanía vigilante” que parta del principio de que el poder no es bueno por naturaleza y necesita de continúa fiscalización. Un poder  que no muestra ninguna intención de irse, acuciado por el miedo a acciones judiciales que explican  muchas de sus resistencias al cambio. Por eso, ante la merma previsible de votos, sea plausible pensar que  en el 2015 se forme una “Gran Coalición” PP-PSOE como  la solución de defensa del statu quo que agoniza.
4. La índole corrosiva de la mentira: Tal vez sea la auténtica “ley de hierro” que hemos de asimilar en este viaje purgativo: Cómo  la muerte de la verdad y veracidad  ponen en peligro la pervivencia misma de todo un sistema democrático y su correlato económico-financiero. Hemos llegado a un punto de nuestra vida pública y económica donde es tal la falta de transparencia – hay tanto que ocultar- que las elites se conducen  según aquella confesión de Maquiavelo: “Llevo algún tiempo en que nunca digo lo que creo y nunca creo lo que digo; y si a veces me ocurre que digo la verdad, la escondo entre tantas mentiras que es difícil hallarla”. Un dato elocuente de esta  “institucionalización de la mentira” es  su aceptación social y jurídica como estrategia de defensa  según comprobamos abochornados en las comparecencias judiciales de nuestros personajes públicos. Ante ello, hay que rehabilitar urgentemente ese “afán de verdad” que  es  inherente a toda democracia.
Todo aprendizaje, Platón nos lo avisó, tiene algo de doloroso. Y a veces de traumático.  Pero solo podremos salir de la caverna oscura en la que nos hallamos poniendo en práctica personal y colectivamente las enseñanzas debidas.  Porque de lo contrario, mucho me temo,  descenderemos  de la caverna  a “la caverna de la caverna”. Por nosotros que no quede.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash Derecho: de nuevo, mecenazgo para el documental “Corrupción, el organismo nocivo”

Hace unos meses nos hacíamos eco de una iniciativa de captación de fondos (micro mecenazgo) para la realización de un documental sobre la corrupción. Y decíamos entonces, sobre la verdadera naturaleza de la corrupción: no se trata de algo pasivo, inerte, de cuya influencia pudiera librarse el ciudadano que no quiera degradarse con estas prácticas, simplemente no participando en ellas. Por el contrario, la corrupción es, como bien dice el título del documental, un organismo nocivo, agresivamente vigilante, atento a su propia supervivencia, dispuesto a neutralizar a todo aquél que se oponga a ella. La corrupción es un enemigo viscoso, informe, peligroso.

Este primer intento de producir el documental no llegó a buen puerto por razones económicas, pero sus impulsores han vuelto a la carga una segunda vez. Aquí está la web que lo explica todo, quién participa, cómo se pueden efectuar aportaciones hasta el total necesario de 42.000 euros, las razones para hacer el documental (aunque esto se lo podrían incluso ahorrar, habría miles de ellas), cómo se difundirá, etc.

Es una iniciativa muy saludable, como encomiable es el tesón que demuestran sus responsables en conseguir finalmente que vea la luz, porque no lo hacen sin dificultades, presiones o censuras, como se recoge en esta noticia de eldiario.es.Y no solamente ellos, ayer mismo en el diario El Mundo se contaba cómo una serie de personas que han querido hacer frente a la corrupción han sufrido amenazas, insultos, coacciones y agresiones por parte de los que no quieren que nada cambie.

Aquí está el tráiler, que enlazo de nuevo y cuya visión es muy recomendable. La primera en hablar es Maite Carol. Entre 2006 y 2010 fue interventora interina del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. En 2010 denuncia las presiones del ex alcalde, implicado en el “Caso Pretoria”. A ella pertenecen los informes que alertaban de las inversiones ilegales entre el Ayuntamiento de Santa Coloma y la empresa Gramepark. Maite Carol pronuncia en el video una frase impactante: “aunque me cueste muchos sinsabores, personales y profesionales, yo no cruzaré la línea”. Es lo que yo llamo heroísmo cívico. Merece la pena apoyar a este tipo de personas, ¿no les parece?

 
http://youtu.be/9apbyHl5p6s
 
 

Mejor plagiar que citar

A algunos “intelectuales” el verbo “citar” parece provocarles la misma reacción que el verbo “dimitir” a los políticos españoles: ¡lo último, por favor! Y seguramente por las mismas razones. En este blog acabamos de comprobar que también ocurre con algún magistrado, como Alfonso Villagómez Cebrián. Claro que, si como pasa aquí, unes las tres cosas en una -magistrado, articulista y político (en el gabinete de López Aguilar y Bermejo)- entonces todo se entiende mucho mejor.
El tema viene a cuento de un artículo de opinión firmado por este señor ayer domingo en el diario El País (aquí), acompañando a una extensa crónica de dos páginas sobre el tema de los aforamientos. Como pueden comprobar fácilmente, ese artículo plagia párrafos y frases completas del post que publiqué en este mismo blog hace casi un año (aquí).
La verdad es que la historia de la actual repercusión en muchos medios de comunicación de este asunto de los aforamientos merece ser contada, porque nos puede ilustrar sobre bastantes cosas, entre ellas sobre la repercusión del trabajo aparentemente inútil de mucha gente, para bien y para mal.
Un buen día de principios de abril de 2013 me encontré por ahí con dos amigos de UPyD, Andrés Herzog y Francisco Jerez, y me preguntaron si tenía tiempo para investigar algo sobre este tema del aforamiento en España.  A simple vista y por encima les parecía un poco chocante, y me sugirieron escribir algo sobre ello en el blog, especialmente sobre cómo se resolvía este asunto en otros países, siempre, eso sí, que considerase al final que la cosa valía la pena.
Como pueden fácilmente imaginar yo no tenía ni pajorera idea de qué me estaban hablando, y menos todavía tiempo para ponerme a estudiar un asunto tan alejado de mi disciplina. Así que por supuesto les dije que sí.
Llegué a la oficina y lo primero que hice fue mandar un email a Urbano Blanco Cea, letrado bibliotecario de la Biblioteca del Colegio Notarial de Madrid, una persona excepcional por muchos motivos, cuyo trabajo ha contribuido a convertir esa biblioteca en una de las mejores de Europa en Derecho privado (aquí). Lo envié con poca esperanza, la verdad, porque ¿qué podía tener una biblioteca de Derecho privado sobre aforamientos?
Por supuesto, tenía lo que tenía que tener, la Biblia sobre la cuestión: el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, de Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar, escrito en 2009 y que cuenta con la friolera de 1077 páginas.
Cogí la moto y me fui para allá. Cargué el libro (un verdadero adoquín) y me lo leí. La verdad es que está bien escrito y estructurado, por lo que uno puede ir rápidamente a lo fundamental leyendo bastante en diagonal.
Una vez redactado el post (en el que se cita expresamente esa obra, por supuesto), se lo envié a Herzog y a Jerez, y lo publiqué en el blog. Sobre esa base ellos comenzaron a elaborar la estrategia del partido en relación al tema y a meter mucho ruido denunciado el escandaloso asunto. Pueden ver aquí la intervención al respecto de Rosa Díez en el Congreso. Es de junio de 2013. Poco a poco todos los medios de comunicación empezaron a replicarlo (aquí El Confidencial) hasta llegar a estos artículos del domingo en el principal periódico de la nación.
Todo esto es interesante porque demuestra que el trabajo serio de mucha gente (y no me incluyo yo, que hice lo más sencillo) al final produce ciertos frutos. Gómez Colomer e Iñaki Esparza dedicaron mucho tiempo a analizar científicamente un tema, a primera vista marginal, y escribieron un enorme tocho cuyo destino parecía ser una condena a perpetuidad en alguna biblioteca de universidad destinada a especialistas. Un bibliotecario especialmente competente de un Colegio Notarial ve interés en la obra y la adquiere. Unos abogados luchadores de un pequeño partido casi marginal quieren investigar y denunciar el asunto. Unos políticos de ese mismo partido arriesgan la inquina generalizada del establishment denunciando el privilegio. Y, por último, un humilde blog prende la mecha.
Que la crónica del periódico no nos cite, casi lógico, aunque al menos una referencia a UPyD hubiera sido de justicia. Pero que el artículo del Sr. Villagómez no solo no nos cite, sino que ya directamente nos plagie, parece el colmo. Habría que inventar un nuevo término –quizás espablishment– para incluir a todos esos espabilados del establishment que quieren aprovecharse hasta de la mismísima necesidad de regeneración del país para seguir viajando gratis.
Pero es que, además, resulta que esto no ocurre primera vez, por supuesto, sino que este señor ya es famoso por la liberalidad con la que plagia los post de la blogosfera. Hace apenas dos meses y medio le plagió íntegro un post a Sevach de su magnífico blog (Contencioso) y lo publicó con su nombre en el Diario La Ley. Toma esa, un señor magistrado. Siete paginitas fusiladas línea a línea. Sevach se quejó al diario La Ley en una carta que, afortunadamente, ha conservado esta página (en la red nada muere para siempre) porque él, haciendo gala de una elegancia que el interfecto a las claras no merecía, una vez que éste se disculpó borró el post de queja de su blog (aquí).
Ya advertimos que nosotros no vamos a borrar nada, porque precisamente el problema que se esconde detrás de estas conductas, como tantas veces hemos denunciado, es la absoluta impunidad. En las universidades anglosajonas te expulsan del claustro y del alumnado, en  Alemania dimiten los ministros, pero aquí los magistrados siguen copiando. ¿Por qué? Porque aquí, amigos, nunca pasa nada.

¡Ay, Derecho!: Esperanza, Thelma y Louise

Lo malo de estos pequeños incidentes es que a veces dicen mucho de nosotros. A veces más de lo que pensamos. La fuga motorizada de Aguirre creo yo que es uno de estos incidentes. Como en todos los sucesos en los que pueda haber involucrado algún interés político, por lejano que sea, las versiones son enormemente diferentes. En algunos sitios se dice que Esperanza Aguirre huyó inmediatamente, que arrolló a un guardia; en otros, que la retuvieron quince minutos, o incluso que todo es una chulería de los policías para darse importancia y hacerse una foto, y que el comunicado de UPyD, exigiendo el cumplimiento de la legalidad y el principio de igualdad de trato, es vomitivo.

Pero, en fin, tampoco hace falta dar tantas vueltas, que se embrollan las cosas. Los hechos que se conocen con seguridad son suficientes. Yo, desde luego, no tengo lo que hay que tener para parar a las cuatro y media de la tarde en el carril-bus de la Gran Vía, detrás de un taxi del que se está bajando un pasajero, e irme a sacar dinero de un cajero. Los cajeros estos se lo piensan bastante y se toman su tiempo para darte el dinero, preguntarte si quieres recibo, si vas a hacer alguna operación, etc, etc. De un minuto, nada. En un minuto no te da tiempo ni a bajarte del coche y sacar la 4B de la cartera.  Y mientras llegando autobuses y taxis tocando el claxon. Yo me pondría amarillo de tensión. Pero, claro, es que yo no valgo para político, no tengo esa capacidad de pasar de la normativa vigente, bastante severa en materia de carril-bus, aun a sabiendas de que si me pillan se va a montar gorda por ser conocido.

Ese detalle ya es de por sí significativo, porque revela capacidad para desarrollar una conducta irregular que la mayoría de la gente no tiene. Al menos en la Gran Vía de Madrid. Y es, por tanto, un mal ejemplo, lo que para una persona con aspiraciones políticas a la alcaldía, al menos como rumor, es importante.

Pero si encima después de pillarte en falta, lo que haces es irte –rápidamente o después de esperar un rato, estén abusando los agentes o no- arrollando una de las motos policiales, estás mostrando una grave falta de prudencia, muy necesaria en situaciones críticas. Y si, además, después de todo ello, cuando ocurre la previsible revolución mediática, te defiendes atacando a los agentes (“si tiene un ataque de ansiedad hay que ver si puede ser agente”), haciendo comparaciones con Bolinaga, diciendo que la moto estaba muy mal aparcada, y hablando de machismo (ver aquí y aquítambién revelas una carencia de criterio y olfato muy grandes. O quizá no, es que sabe que sus enemigos le van a atacar siempre y sus amigos le defenderán en todo momento.

Esperanza Aguirre tiene un estilo espontáneo y directo, sin pelos en la lengua, que es del agrado de mucha gente. Pero eso no es suficiente: los políticos han de tener, como figuras públicas, más respeto a la ley que los ciudadanos que han de gobernar. Y si se equivocan, han de dar también ejemplo de arrepentimiento y contrición, porque eso es también que es lo que se nos pide a nosotros.

¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?

Seguro que no poca gente se pregunta qué es lo que ocurre tras el supuesto final feliz en que acaba el drama humano de la inmigración, qué ocurre con esos subsaharianos que vemos en la televisión correr por las calles de Melilla exhaustos de alegría tras haber conseguido acceder a la Ciudad Autónoma, por fin, objetivo conseguido. Qué, en definitiva, pasa con la princesa y el príncipe del cuento tras haberse dado un beso y galopar juntos hacia el horizonte ¿Qué hay después de ese horizonte? ¿Qué es lo que esperan conseguir esas 80.000 personas que, según Delegación de Gobierno de Melilla, están esperando para entrar en la ciudad?
Pues bien, ahora que los asaltos a la valla de Melilla están tan de actualidad, quiero aprovechar este espacio para tratar de acercar al público en general, desde mi posición de magistrado que ejerce sus funciones en esta ciudad, la respuesta a la pregunta del título, que en su versión más corta se resume en la siguiente frase:
En su inmensa mayoría, estos inmigrantes acaban en la península ibérica y el resto de Europa.
Me explico.
Cuando un inmigrante entra en Melilla saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.
Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada. Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe, en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Durante la tramitación del procedimiento de expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí, porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan. De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura.
Ahora bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos prácticos, una cárcel.
Como decía, el procedimiento de expulsión no es judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50 extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE.
Pues bien, aquí se da la increíble circunstancia de que los inmigrantes están deseosos de estar entre esos 30 ó 50 que cada semana la policía lleva(ba) al juzgado para ingresar en un CIE ¿La razón? Pues que en Melilla no hay CIE, sino que están en su mayoría en la península (Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Algeciras y Valencia), y es ahí donde quieren ir los inmigrantes. Porque no hay que perder de vista que cuando un ciudadano del África subsahariana cruza el desierto, atraviesa la selva, se enfrenta al hambre, supera enfermedades, sobrevive a los ladrones y luego tiene que lidiar con las mafias, no lo hace porque quiera ir a Melilla, no. Melilla es la seguridad, el techo y la comida, pero sobre todo, es la inminente y real posibilidad de cruzar a la Europa sin fronteras. Para qué va a querer quedarse en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados cuando tiene a su alcance todo un vasto y civilizado continente.
¿Y qué dice el juez de guardia cuando el Gobierno le pide autorización para llevarse de golpe unos cuantos inmigrantes a un CIE de la península? Lo que siempre contestamos los jueces, salvo supuestos muy excepcionales, es que adelante con el internamiento. El Gobierno desea el internamiento porque quiere asegurarse que va a poder notificar al inmigrante la resolución de expulsión, y como no tiene la certeza de dónde va a estar éste cuando termine el procedimiento, pide que quede privado de libertad para garantizar su localización y tenerlo a mano cuando, por fin, se haga efectiva su expulsión. Y los jueces de Melilla, conscientes de que esta gente no tiene arraigo alguno en España y de que van a intentar por todos los medios posibles acceder a la península y evitar su expulsión, autorizamos su internamiento en un CIE.
Para alegría de ellos, como decía.
Porque lo que ocurre, y lo que ellos saben, es que el periodo máximo por el cual van a estar en un CIE es de sesenta días, porque así lo dice la Ley. Imposible retenerlos por más tiempo. Pero sobre todo, lo que ellos saben y con lo que cuentan es que el procedimiento de expulsión no va a culminar antes de que pasen esos sesenta días. Y es verdad, es muy difícil entrar dentro de ese plazo puesto que hay que averiguar de qué país es cada uno (lo que ellos suelen dificultar mucho al venir indocumentados y/o mentir sobre el lugar de su procedencia), hay contactar con las autoridades de dicho país, esperar que éstas lo reconozcan efectivamente como ciudadano suyo y, finalmente, que dichas autoridades consientan la devolución.
Resultado: en un elevadísimo porcentaje (muy alto) transcurren los sesenta días y aún no han terminado los trámites de expulsión, por lo que automáticamente quedan en libertad, pero ya en suelo peninsular, pudiendo ir donde les plazca. Sí, siguen incursos en un procedimiento de expulsión, pero en una Europa sin fronteras y con toda una sociedad de desarrollo a su alrededor, saben que va a ser casi imposible volver a dar con ellos.
Así que, de Melilla, los inmigrantes pasan a la península, y a partir de ahí el cielo es Schengen (España, Portugal, Francia, Bélgica, Grecia, Holanda, Alemania, etc.) Y luego Europa hace oídos sordos a este problema, no se entiende.
Por eso, cuando la policía nos trae al juzgado de guardia una tacada de subsaharianos para su internamiento en un CIE, éstos, irremediable y (no tan) sorprendentemente, siempre contestan que sí a la pregunta “¿estás de acuerdo con tu internamiento?”. Claro que sí quieren que les prives de libertad, cómo van a decir que no a ir a la península con altas probabilidades, tras un periodo de confinamiento, de quedar en libertad pero ya en suelo europeo, que es lo que de verdad quieren.
Dos precisiones. La primera es que el ritmo de internamientos en un CIE había bajado mucho con la crisis económica. Antes, como decía, cada semana nos pasaban por el juzgado de guardia entre 30 y 50 inmigrantes para su internamiento. Pero de un tiempo a esta parte, como ya no hay dinero para fletar tanto avión, hay semanas que no pasan ninguno, y muchas semanas nos presentan tan sólo unos pocos.
La segunda es que eso de que los inmigrantes no se quedan en Melilla es relativo. Por lo acabado de decir, que ya no internamos (o internábamos) a tantos. Y porque, bueno, desde hace unos meses entran en Melilla a un ritmo muy elevado. Mucho. Escribo esto cuando antes de ayer entraron unos doscientos inmigrantes y hoy mismo más de quinientos, en lo que es el mayor salto a la valla de la historia de la Ciudad Autónoma. Según datos oficiales, en dos meses y medio ha entrado en Melilla la mitad de “sin papeles” que en todo el año pasado, y ello sin contar estos últimos asaltos masivos. El CETI de Melilla da cobijo ahora mismo a 1.900 extranjeros, cuando su capacidad máxima es de 480 personas, el Ejército ha tenido que montar tiendas a su alrededor para subsanar relativamente esta falta de espacio y recursos, e incluso la Cruz Roja ha visto la necesidad de levantar un hospital de campaña.
Aquí en Melilla cada vez somos más, con todo lo que ello significa desde el punto de vista social, económico y humano. Y claro, entran tantos y tan deprisa que no es posible darles salida por los trámites normales.
Así que, para paliar en lo posible esta aglomeración de inmigrantes en Melilla y las consecuencias negativas de tener a miles de subsaharianos en una ciudad tan pequeña, no sólo se ha recuperado el ritmo de internamientos en CIEs de antaño (hemos vuelto a los 50 inmigrantes por semana), sino que me consta que se están haciendo traslados de extranjeros a la península sin seguir ningún tipo de procedimiento, ni de la Ley de extranjería ni, mucho menos, judicial. Quiero decir que directamente los están cruzando a la península porque aquí no caben, y supongo, seguro que sí, que una vez allí ya se siguen todos los trámites legales correspondientes, los mismos que se hacían en Melilla, pero ahora en territorio continental. Por supuesto, que nadie dude que los inmigrantes se van encantados.
¿Y las llamadas “devoluciones en caliente”? Bien, lo que se vio por la televisión (cruzan, les abrimos la puerta de atrás de la valla, y automáticamente otra vez en territorio marroquí) y que se da dado en llamar así, no está contemplado en la Ley. Sí es cierto que existe un convenio hispano-marroquí de 13 de enero de 1992 (que entró en vigor en diciembre de 2012) por el cual Marruecos se obliga a aceptar a los inmigrantes de terceros países que hayan entrado ilegalmente en Ceuta o Melilla desde su territorio, pero ello debe hacerse a través de un procedimiento, que aunque rápido y breve, exige el cumplimiento de una serie de requisitos tales como solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportación de datos referidos al modo en que entró y cualquier otra información sobre el mismo de que se disponga, sin que, además, se pueda olvidar cumplir con la Ley que, entre otras cosas, prevé la posibilidad de que estos inmigrantes pidan asilo. Entonces, cumplido todo esto, sí se puede conseguir que, de forma muy rápida y siempre que Marruecos los acepte, estos inmigrantes estén de vuelta al otro lado de la valla, un entrar y salir. ¿Cuál es la trampa? Pues que Marruecos casi nunca admite que estos inmigrantes hayan llegado a Melilla desde Marruecos (¿?), obligando a seguir los trámites ordinarios de expulsión ya señalados.
Ahora suenan cantos de sirena reformadores de la Ley, como respuesta a estos problemas. Como obra humana que es, toda ley puede mejorarse, por supuesto, y la Ley de Extranjería no lo va a ser menos. Pero me genera cierta intranquilidad que sean los titulares de los periódicos los que animen estos propósitos legislativos. Veremos a ver.
En fin, confío haber arrojado algo de luz sobre este controvertido y actual problema, que mezcla política interior, exterior y derechos humanos en un cóctel nada glamuroso.

El curioso «síndrome de Robin Hood» que afecta a algunos juristas

Tengo que advertir a muchos de mis amables lectores que, con toda seguridad, el presente post no les va a resultar políticamente correcto, pese a lo cual he sentido una necesidad perentoria -casi fisiológica- de escribirlo tras más de veinte años de dedicación profesional al Derecho y unos pocos menos de observación de ciertos fenómenos anormales y casi  “paranormales” en torno al mismo.

He comentado ya varias veces en mis escritos que, en mi opinión, la salida de la dura crisis que nos afecta, que no es tanto una crisis puramente económica como de sistema y de valores, no depende exclusivamente de los demás, ni de los grandes gurús de la economía o de la política, ni siquiera de las grandes instituciones europeas o mundiales, sino de que –pura y simplemente- cada uno de nosotros hagamos un poquito mejor nuestro propio trabajo diario. Pero ello, como vamos a ver, y especialmente en España, no a todo el mundo le resulta fácil ni demasiado estimulante.

Llamo “síndrome de Robin Hood”, sin ninguna pretensión científica y en terminología más bien jocosa y acotada al ejercicio del Derecho, a aquella especie de “patología” que afecta a algunos juristas investidos de cierto “poder” oficial o público (jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores tributarios y otros altos funcionarios) quienes, en un momento determinado –que suele coincidir con tiempos de crisis o de crispación social- no se conforman con el desempeño normal de su profesión por los monótonos y ordinarios cauces legalmente establecidos y deciden convertirse, casi siempre con abundantes medios de comunicación por testigos, en  “paladines” de la agobiada ciudadanía, traspasando notablemente los poderes y la función que el “imperium” del Estado ha puesto en sus no siempre sensatas manos. No me parece un buen pretexto para tal actitud el ya manido recurso a la “sensibilidad social” de la que, aunque algunos pretendan tener la exclusiva, la gran mayoría de profesionales jurídicos no andamos faltos, especialmente en momentos duros. Recordemos que el artículo 3.1 del vigente Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero el buen jurista debe saber siempre dónde está el límite, de forma que la “sensibilidad” del funcionario de turno no puede servir como excusa o cajón de sastre para dinamitar la seguridad jurídica de un Estado moderno con decisiones populistas, caprichosas, ideológicas o directamente estrafalarias.

Casualmente, esta “patología” suele ir asociada a personas con un carácter especial, no excesivamente estudiosas ni muy dotadas técnicamente, a quienes el normal y rutinario ejercicio de su profesión, lejos de gratificarles, les resulta -tras unos años de insulso anonimato- bastante agobiante y aburrido, y que deciden saltar a la notoriedad pública para ganar un protagonismo que, con el dominio del Derecho que suelen demostrar en sus escritos y actuaciones, difícilmente les estaría reservado.

Sin personalizar demasiado, pero dando algunos ejemplos que a todos ustedes les resultarán familiares, en los últimos tiempos hemos conocido ciertos casos de jueces a los que el desempeño ordinario de su profesión -juzgando de conformidad con lo que regulan las leyes vigentes y haciendo ejecutar lo juzgado, tal como prevé el artículo 117.3 de nuestra Constitución- no les resulta suficiente, y se convierten con estrépito y notoriedad en justicieros o pseudolegisladores, creando a conveniencia sus propias normas, o dejando de aplicar aquellas normas vigentes que no les parecen bien en un momento determinado. Así hemos visto publicados en los medios de comunicación interrogatorios completos con preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes, prohibidas expresamente por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (en sus artículos 389, 439 y 709), según ha explicado con su claridad habitual el abogado penalista José María de Pablo en su blog (www.josemariadepablo.com; “La declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas”). También sentencias realmente sorprendentes, dictadas exclusivamente sobre el criterio de la peculiar percepción del juzgador –y por tanto absolutamente subjetiva- sobre lo que debe ser la justicia del caso concreto, pero que se apartan estrepitosamente de lo que debe hacer un juez: aplicar con mesura y buen criterio al caso concreto la ley vigente, le guste o no, pues cambiarla o mejorarla es sólo competencia del legislador.

Pues bien, el presente blog está bien surtido de ejemplos, excelentemente comentados la mayoría de ellos, de juzgadores que, en momentos de tribulación social, deciden hacer “su” propia justicia declarando nulos determinados contratos, especialmente los bancarios, por razones no siempre claras, o inválidas unas donaciones hechas con un apoderamiento general, o inconstitucional un procedimiento ejecutivo legalmente establecido y pactado por las partes en escritura pública como el extrajudicial de hipotecas ante notario. Y todo ello casi siempre mirando al tendido y sin preocuparse de las tremendas consecuencias que supone para la seguridad jurídica del país.

Hemos conocido también casos de destacados funcionarios de la justicia que interactúan continuamente con los medios de comunicación, y que van dosificando sus acusaciones o resoluciones a la medida que requieren los intereses políticos, mediáticos u otros menos confesables del momento, generando culebrones públicos de una dimensión estratosférica que se diluyen como azucarillos cuando, años después, órganos superiores y más alejados del circo mediático analizan con detalle tales sumarios, por lo general pésimamente acusados o instruidos. Para alguno de ellos, condenado por prevaricación tras muchos años y causas acumulando enormes méritos, ya andan sus fans pidiendo el indulto, que espero por el bien de nuestra maltrecha Justicia nunca le sea concedido.

También ciertos inspectores de nuestra administración tributaria han saltado a la palestra por elaborar curiosos informes “ad hoc”, en los que se utilizan para casos idénticos determinados criterios interpretativos o justo los contrarios, rindiendo merecido tributo –nunca mejor dicho- a los principios del memorable Groucho Marx, según quien sea el feliz o infeliz destinatario de los mismos. Y no sólo en el regio asunto en que todos ustedes están pensando se ha dado esta situación, sino también en bastantes otros que han trascendido por una razón o por otra a los medios de comunicación en los últimos años, alguno de los cuales he podido conocer en profundidad. A algunos de estos casos les podríamos denominar, siendo justos y siguiendo el símil jocoso, como “Robin Hood a la inversa”.

Del síndrome del famoso arquero del bosque de Sherwood tampoco nos salvamos los notarios y los registradores de la propiedad. Algunos compañeros, no siempre demasiado ejemplares, han querido mostrarse en los últimos tiempos ante la opinión pública como defensores o garantes de no se sabe bien qué derechos de nuestros clientes o de los consumidores, traspasando notoriamente los límites que exige el ejercicio prudente y recto del asesoramiento y la intervención notarial, que legalmente es -y debe seguir siendo- lo que es. Así hemos podido leer publicadas en los medios de comunicación declaraciones extemporáneas de algunos fedatarios contra la banca en general, o contra el Ministerio de Justicia, o los propios órganos o las cúpulas corporativas, achacándoles oscuros intereses económicos o de poder nunca bien explicados pero que siempre hacen “quedar bien”, y de paso darse cierta publicidad, a quien los insinúa.

Reconozco que este post, debido a la propia mecánica del blog y a su dimensión natural, resulta tal vez un poco demasiado esquemático y generalizador, siendo imposible un análisis exhaustivo de los ejemplos citados, que ya se ha realizado en muchas otras brillantes entradas aquí publicadas. Pero mi mensaje es sólo uno y bien fácil de entender. Hagamos algo mejor nuestro oscuro trabajo de cada día, contentémonos con ello y así ganaremos todos. Dejemos de lado gestos toreros, postureo mediático o búsqueda del aplauso o la notoriedad facilona pero estéril. En un país convertido en los últimos tiempos en un enorme plató televisivo, hay profesionales del Derecho que no se resignan a trabajar digna y honestamente en el anonimato de sus despachos, ni se conforman con -seguramente no saben- buscar con un discreto buen hacer la excelencia profesional. Esa que resulta tan necesaria para la seguridad jurídica, elemento imprescindible para la regeneración de nuestro maltrecho Estado de Derecho, al que algunos le siguen poniendo cada día palos en las ruedas.

Por favor señores, aunque a muchos no se lo parezca, en España se puede -y yo diría que se debe- vivir sin ser famoso.

 

Pobreza argumentativa: a propósito del artículo de un secretario de Estado

El deterioro que estamos experimentando en la calidad del debate público es cada vez más notable. Esto es así porque el debate público se sustenta en las argumentaciones sólidas, y éstas han sido sustituidas por un mal sucedáneo: las apelaciones sentimentales.
En un caso reciente el secretario de Estado para el Deporte, señor Miguel Cardenal, se valía de una tribuna en el diario El País para ilustrarnos sobre sus particulares puntos de vista en relación con un prestigioso club deportivo radicado en Barcelona.
Analicemos el artículo en cuestión. Contaba con diez párrafos:
1) El primero glosaba destacados momentos deportivos protagonizados por deportista enrolados en las filas del mencionado club vistiendo la camiseta nacional. [OK.]
2) El segundo se apoyaba en una serie de virtudes del club (apuesta polideportiva, apoyo a la cantera, defensa de la igualdad de género, impulso a la integración) para ensalzarlo y otorgarle rango de activo fundamental de eso tan amorfo y sospechoso llamado ‘Marca España’. [Bueno, vale.]
3) En el tercero el autor, encuadrado en el Ejecutivo, no olvidemos, declaraba su obligada rebeldía frente a la desmesura de unos impersonales acosos y acusaciones experimentados por un club considerado patrimonio del deporte español. [¿Cómo? ¿Qué acosos y acusaciones, exactamente? ¿Por qué es obligada la rebeldía frente a ellos?]
4) El cuarto párrafo es un autoelogio de la labor realizada al frente del Consejo Superior de Deportes. [Ruido argumental.]
5) En el quinto el autor se autoasigna encomiables méritos pro transparencia en su desempeño y formula la hipótesis de que el club en cuestión pueda ser el equipo de fútbol que más impuestos genera en el mundo.  [¿Relevancia? ¿Hay algún motivo por el que debería no serlo? ¿Dónde están los datos?]
6) En el sexto comienzan los problemas importantes. Con la manida fórmula de ‘no me corresponde opinar, pero…’, el señor Cardenal formula una serie de juicios de valor espeluznantes sobre un asunto sometido a escrutinio judicial. [Esto ya no es serio.]
7) El séptimo incluye una introducción a la fiscalidad en el ámbito de las compraventas de derechos federativos, con un guiño a lo extendido de unas prácticas concretas bajo investigación ahora. El párrafo concluye que la casuística fiscal es diversa. [Insinúo algo, pero no digo nada.]
8 ) En el octavo párrafo Cardenal lamenta la gran repercusión mediática adquirida por el caso y relaciona el asunto judicial con una tendencia española al enfrentamiento enfermizo. [¿A entre jueces y políticos, se refiere?]
9) En el noveno se especula con el grado de orgullo que en opinión del autor los españoles podemos continuar sintiendo respecto al club y, de propina, se ofrece una posible línea argumental de defensa. [¿Es ese el rol de un miembro del Ejecutivo?]
10) Como colofón se reclama la desaparición del “juicio paralelo” que se está llevando a cabo “en beneficio del deporte español”. [Por fortuna no se pide directamente la desaparición del juicio original…]
¿Qué sucede tras la publicación de la tribuna? Pues que la Fiscalía se queja y, tras el consiguiente escándalo, el señor Cardenal recalca su absoluto respeto por las actuaciones de la AEAT y de la justicia. A continuación, eso sí, se marca una ronda por distintos medios radiofónicos para hablar de cualquier cosa menos del núcleo real de su argumentación precedente.
En una democracia no debería resultar aceptable una mezcla de argumentos tan grosera bajo el puño y letra de un representante público. Cualquier guía para falacias permite desnudar la pobreza de la argumentación empleada por nuestro secretario de Estado para el Deporte en esta ocasión –aunque el ejemplo elegido podría haber sido cualquier otro–. Tampoco una reacción tan poco rotunda.
En su informe anual más reciente la singular organización estadounidense Code for America incluye una cita de Alec Ross, Senior Adviser de Hillary Clinton en la Secretaría de Estado dentro de la primera legislatura de la administración Obama.
La frase traducida viene a decir: “La tensión principal del siglo XXI no es izquierda o derecha, sino abierto vs. cerrado”. Estoy muy de acuerdo. En un artículo publicado en julio 2012 defendí un punto de vista similar, sustituyendo los términos abierto y cerrado por los sustantivos más definidos –y equilibrados–transparencia y privacidad, respectivamente.
¿Qué propicia lo cerrado? Lo cerrado, por mantenerse fuera del alcance del escrutinio público, da cobijo a un mundo opaco de justificaciones y de confusión de roles. Ahí es donde surgen esas actitudes propias de quien se cree ungido de un poder que le mantendrá indemne frente a las consecuencias de sus –bienintencionados incluso– despropósitos argumentativos.
 

El jurista complaciente (o nuestro hombre en el Consejo)

En el post de hoy, amigos lectores, quiero glosar un fenómeno muy nuestro y extraordinariamente castizo: el del jurista complaciente. En pocos países del mundo cabe apreciar con tal pureza de rasgos este espécimen, profundamente imbricado en nuestro hábitat partitocrático. En ¿Hay Derecho? hemos hablado hasta hartarnos de la captura de nuestros organismos reguladores supuestamente independientes por el actual establishment extractivo, y sus perniciosos efectos, pero tal cosa no sería posible sin la entregada colaboración -porque no podemos calificarla precisamente de desinteresada- del jurista complaciente. Para ilustrarlo, vamos a escoger dos ejemplos muy interesantes: el de Vicente Guilarte, actual consejero del CGPJ, y el de Fabio Pascua Mateo, Secretario General de la CNMV.
Vicente Guilarte, Catedrático de Derecho Civil, comenzó su carrera política al fichar como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad. Era el encargado de defender en los juzgados las posturas de la Corporación, impugnando resoluciones de la Dirección General de los Registros cuando convenía o defendiendo de la impugnación calificaciones registrales. Fue una época muy movida corporativamente hablando, pues la Dirección General pensaba, en su ingenuidad, que era el superior jerárquico de los funcionarios a su cargo (notarios y registradores) y que podía sancionarles cuando no obedecían sus mandatos. En fin, recordarlo hoy da casi ternura.
Bueno, el caso es que uno de los muchos sancionados fue nada menos que Enrique Rajoy Brey, un hombre muy implicado en la defensa de los intereses corporativos. El Sr. Guilarte se encarga activamente de la defensa del Sr. Rajoy y consigue levantarle las sanciones en los tribunales. Es el comienzo de una gran amistad. Sin duda complacido por su actuación, el propio Rajoy la recuerda públicamente en esta carta (aquí) enviada a todos sus compañeros en diciembre de 2013, en donde glosa la persecución a la que fue sometido y agradece “el impagable apoyo de Vicente Guilarte Gutierrez”.
Es una carta muy emotiva cuya lectura recomiendo encarecidamente. En su parte final realiza una advertencia que interesa retener por lo que luego veremos y que transcribo seguidamente: “casi nos hemos olvidado de que el riesgo que entonces estuvo a punto de acabar con nuestro status todavía permanece y no sólo permanece sino que se agranda cada día que pasa y, en lugar de aprovechar el tiempo para mejorar nuestro sistema de seguridad jurídica, para modernizarnos, para aumentar nuestra eficiencia y acrecentar así nuestro valor añadido, lo utilizamos para cazar musarañas, proponer cambios tan urgentes y candentes como la pre-horizontalidad y difundir insidiosos e interesados rumores sobre la ruina a que las reformas propuestas por el Ministerio nos abocarían o la ‘contaminación’ que implicarían para nuestra función.”
El caso es que el Sr. Guilarte, poco a poco y sin olvidar sus encargos judiciales, fue promocionado a otros menesteres. El 2012 se le incorpora al consejo de redacción de la revista del Consejo General de la Abogacía en representación de los registradores y desde allí comienza a publicar (en ese y en otros medios) una serie de artículos en defensa de la profesión (tal como él entiende la defensa de una profesión, claro, que es denigrando a las demás). Pueden leer uno de esos interesantes artículos aquí (tampoco tiene desperdicio).
Tantos méritos no podían quedar desatendidos. Si Enrique Rajoy había sido capaz de nombrar medio Ministerio de Justicia, estaba claro que podía ayudar a un amigo (y a la Corporación, claro) colocando al Sr. Guilarte en el CGPJ. Sin duda resultaba muy interesante para todo el mundo (recordemos esa advertencia sobre los riesgos para “nuestro status” y la necesidad de defender las reformas propuestas por el Ministerio). Dicho y hecho, Guilarte es nombrado consejero en la última renovación por la cuota del PP y desde el primer momento se pone manos a la obra, sin por ello dejar sus tareas anteriores, al menos las principales, pues en enero y febrero de 2014 Guilarte sigue firmando un buen número de escritos procesales en representación de los registradores (concretamente escritos de personación, lo que significa que lleva la dirección letrada en su conjunto). Suponemos que sigue cobrando por ello, naturalmente. Quizás la reforma del CGPJ propulsada por el PP -permitiendo compatibilizar la actividad de consejero con el ejercicio profesional- buscaba precisamente esto, quién sabe.
En cualquier caso, el resultado final era el previsible (al fin y al cabo para eso le han nombrado) en un frente y en el otro. En el frente de los Juzgados, ¿se imaginan la presión para un juez de Primera Instancia que tenga que decidir sobre un asunto de interés para los registradores cuando se entere que el abogado de esa parte es un consejero del CGPJ? En el frente del Consejo, se propone él mismo como co-ponente en el informe del CGPJ sobre jurisdicción voluntaria, en el que tanto interés tiene los registradores (en eso sí que se juegan el status y no en la pre-horizontalidad, como nos ilustraba Rajoy) y ya se pueden ustedes imaginar el desenlace: la propuesta de informe deja pequeños a los mismísimos artículos de Guilarte anteriormente mencionados. Y lo que te rondaré, morena. Definitivamente, nuestro hombre en el Consejo (pero todo legal, eh, aunque otra cosa es que ética y estéticamente resulte sencillamente asombroso).
Pasemos ahora al otro caso, que no es menos divertido. Fabio Pascua Mateo es Letrado de las Cortes. Comienza su andadura política en Madrid a la sombra de Elvira Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien le designa Secretario General de la Asamblea. En la siguiente legislatura la Sra. Rodríguez se va al Congreso de diputada y el Sr. Pascua continúa con el nuevo Presidente, Ignacio Echevarría. Pues bien, al poco tiempo estalla el escándalo BFA-Bankia y la oposición, en su ingenuidad y a la vista del desaguisado, quiere debatir las posibles responsabilidades políticas en las que han podido incurrir los gestores autonómicos en una comisión de investigación.
La pretensión sobre el papel parece lógica, puesto que  la Ley 4/2003 de 11 de marzo, reguladora de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid,  establece una serie de responsabilidades administrativas para quienes ostenten cargos de administración y dirección que infrinjan normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito,  correspondiendo la competencia para exigirla y sancionarla a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y, en su caso, a su Consejo de Gobierno, aunque en determinados casos se requiere informe del Banco de España.
Quizás sobre el papel de la ley, sí, ¡pero menos mal que tenemos juristas complacientes para interpretarlas! Si no estaríamos perdidos, desde luego. Se encarga urgentemente un informe a la Secretaría General de la Asamblea para que emita su opinión (institucional e imparcial, naturalmente) y el Sr. Pascua se descuelga en mayo de 2012 con uno, que pueden consultar aquí, en donde afirma que la Comunidad de Madrid no tenía ninguna competencia en materia de Cajas de Ahorro.
Como lo leen. Pese a que la Ley de la Comunidad de Madrid establece claramente que  el órgano responsable dentro de la Comunidad de Madrid de ejercer las funciones de disciplina y sanción es la Consejería de Economía y Hacienda, el informe supuestamente independiente, en base a argumentos de tipo formal y temporal, y con abundante retórica, afirma que el único responsable es el Estado y el Banco de España.
El informe cumplió su cometido: por supuesto que no hubo Comisión de investigación –tampoco es que hubiera servido para mucho, visto el paripé que se montó en el Congreso por el mismo tema- pero, sobre todo, el jurista complaciente es en la actualidad Director del Servicio Jurídico y Secretario General de la CNMV, de nuevo bajo las órdenes de su jefa de siempre, Elvira Rodríguez. Estamos seguros de que sus informes en ese órgano serán del mismo tipo al que ya estamos acostumbrados, para tranquilidad de su presidenta… e intranquilidad de los ciudadanos, lamentablemente.
 

Hollande y la falacia de la zapatilla

Se ha aireado mucho en los medios que el Presidente francés, François Hollande, podría haber mantenido una relación con una joven actriz y que, ante la noticia, su compañera sentimental se ha llevado un buen disgusto, hasta el punto de tener que ser ingresada en un hospital.
¿Qué juicio merece esta información, desde un punto de vista jurídico? Pues para mí no ofrecía dudas. Hace años comenté una Sentencia de nuestro Tribunal Supremo sobre un caso similar. Luego mi vida profesional ha tomado otros derroteros, pero creo que no me equivoco si digo que nuestros Jueces y probablemente también los franceses condenarían este tipo de intromisiones. La vida de un ciudadano es un santuario, que solo se puede profanar por razones poderosas, y el caso de los personajes públicos no es una excepción. Ser artista o político no equivale a una renuncia a la privacidad, salvo en la medida en que el sujeto lance, con su propia conducta, el mensaje contrario. Es el caso del famoso que vende las vicisitudes de sus amoríos. O el del político que predica un programa que luego conculca en privado.  Verbigracia, el anti-abortista que manda a su hija a Londres a interrumpir su embarazo o el revolucionario que explota a su empleada de hogar. Mas la libertad de información no es una patente de corso para husmear en cualquier aspecto de la vida de los personajes públicos. El interés público no debe confundirse con el interés o la curiosidad, más o menos sana, del público. En particular, en el caso de los gobernantes, solo está justificada la intromisión cuando el asunto que se desvela está relacionado (normalmente choca) con la tarea de gobierno del personaje en cuestión, pues de esta manera se pone de manifiesto que el tipo está engañando al electorado.
Ahora bien… ¿y si el político no ha engañado directamente a sus votantes, sino a su profesor o a su socio o, como Hollande, a su pareja? Pues me ha sorprendido la tesis de este artículo de EL PAÍS, que he leído con mucho interés. Según el autor, también en ese caso puede y debe la prensa denunciar y, lo que es más importante, debe el afectado dimitir, pues no se puede “gobernar así”. La razón sería esta: “quien engaña (…) en lo privado, ¿por qué no va a engañar en otros asuntos más o menos trascendentes?” Debo reconocer que la idea es incisiva. Si Hollande pensaba alegar que su vida sexual no guarda relación con la pública, este argumento parece desarmarle. Viene a significar: usted “es” mentiroso y si miente, lo hará en todas partes, en la cama y en la tribuna. Una vez que alguien encaja en el concepto de “tramposo”, ya no hay vuelta de hoja: esa etiqueta le persigue a todos los efectos.
El tema tiene dos vertientes: la jurídica y la política. En cuanto a lo primero, admito que de facto, hoy en día, en un mundo globalizado, es harto difícil defenderse contra este género de ataques. Para empezar, la agresión puede proceder de un país donde sea legal.  Ciertamente, el ordenamiento francés, como el nuestro, no recoge la exceptio veritatis: si la divulgación de un hecho privado es ilegítima, será perseguible, incluso penalmente, aunque el dato sea cierto. Pero en los países anglosajones sí se admite el test de verdad y será difícil que un tribunal francés, por ejemplo, pueda actuar contra un periódico británico. En cualquier caso, a través de Internet es fácil difundir estas informaciones de modo anónimo y con impunidad.  Así pues, la de la protección jurídica es una batalla ardua, si no perdida. ¿Pero y la política? ¿Debería Hollande, contrito, renunciar a su cargo de Presidente de la República francesa?
Aquel artículo lo propugna con vehemencia e invoca en su apoyo un libro del colaborador de este Blog, Javier Gomá, Ejemplaridad pública. En este sentido, presenta el caso de algunos grandes líderes (como Churchill, De Gaulle o el propio Felipe González), que reputa ejemplares. También menciona, como era de esperar, el affaire de Clinton con la famosa becaria y apunta que en aquella ocasión lo que repelía al público anglosajón no era tanto (o solo) la inmoralidad de la relación sino el hecho de que el Presidente americano la negara. De nuevo, la mentira.
Pues bien, yo también creo, como Javier Gomá, que los titulares de cargos públicos deben ser ejemplares. Aunque suene elitista decirlo, al pueblo hay que educarlo y como mejor se enseña es con el ejemplo. Ahora bien, cuando se pide ejemplaridad, a lo mejor podemos conformarnos con que el estadista tenga alguna virtud grande, que lo haga imitable. Tampoco hace falta que reúna el surtido completo, que lo lleve al Cielo. No voy a mantener que Hollande obró bien. Si quería cambiar de pareja, podía haber manejado el tempo y las formas con más tino. Al no hacerlo, se la jugado a su chica. Pero eso no significa que sea un traidor a la patria.
Comprendo que el ensanchar el ámbito de los conceptos es tentador. Esto de buscar patrones con los que clasificar la realidad es un rasgo muy humano. Hace poco tiempo leía el magnífico libro de Leonard Mlodinov, The Drunkard’s walk, que nos advierte que el ojo humano tiende a encontrar patterns donde solo hay randomness, sentido en lo que es fruto del azar. Precisamente el autor pone como ejemplo el hecho de que veneramos a muchos personajes públicos cuando lo que les diferencia de otros tantos fracasados desconocidos es solo una pizca de suerte, que les hizo ganar el Match Point de Woody Allen. He dado en pensar que hay una razón darwiniana detrás de esa tendencia: está ahí porque representa una ventaja evolutiva, porque en nuestro devenir como especie nos fue provechosa. Y, en efecto, ayer escuchaba en la radio que nos gustan los automatismos mentales por la sencilla razón de que de esa manera ahorramos energía: al cerebro le resulta menos costoso tirar de rutinas.
Ahora bien, esta afición a los atajos, a los principios mágicos que resuelven antinomias y colman lagunas, a los grandes “sistemas” (que por cierto algo tienen que ver con las religiones y las ideologías),  con ser útil, no se debe llevar al extremo. Eso es lo que llamo “la falacia de la zapatilla”. Sabido es que no es oro todo lo que reluce, ni es Cenicienta todo lo que se calza la zapatilla que apareció en las escaleras de palacio, ni deja de serlo quien no se la puede calzar. ¡A lo peor su hermanastra se ha recortado los dedos o igual Cenicienta ha engordado! Precisamente, si queremos madurar como especie, debemos poner los conceptos en cuarentena y no ser sus esclavos cuando aquellos, como tantas cosas que nos ha legado la evolución, son contra-producentes. Habría que dejar de ser Homo Conceptualis y empezar a ser de verdad más Sapiens.
Volviendo al tema, la máxima de “lapidemos (civilmente) al infiel porque nos mentirá a todos” no resiste el stress test de confrontarla con la historia. Por poner un ejemplo,  he “googleado” para saber algo de la vida privada de uno de los líderes antes mencionados, Winston Churchill. No le he encontrado renuncios en su rol de marido, pero sí en el de padre.  Se dice en esta biografía que descuidó a sus hijos. Y no en vano, de cuatro que tuvo, tres llevaron vidas torcidas: una se suicidó y dos anduvieron enzarzados con el alcohol. De haber trascendido este defecto, los británicos podrían haberse preguntado: “¿cómo va a cuidarnos quien ni siquiera saca adelante a sus propios retoños?” Afortunadamente no lo hicieron. Churchill sería mal padre, pero gobernó bien. En cuanto a Hollande, habrá que juzgarle por su desempeño en economía y política y no por sus correrías nocturnas. Más bien, cuando se pierde el tiempo con esas historias, se esconde el verdadero debate. Hay que estar en guardia contra el peligro de convertir la política en el arte de descubrirle al otro los trapos sucios de su vida íntima, que no vienen a cuento.  Si no, nos gobernará el que arme un mejor ejército de espías y cotillas, en lugar del más apto.