Flash Derecho: micro-mecenazgo para el documental «Corrupción: el organismo nocivo»

Se está desarrollando una campaña de captación de fondos para hacer un documental sobre la corrupción en España.  Nos gusta mucho la iniciativa, que estimamos muy necesaria.  Este es el tráiler:
http://www.youtube.com/watch?v=9apbyHl5p6s
 
Los que hablan en él retratan certeramente la verdadera naturaleza de la corrupción: no se trata de algo pasivo, inerte, de cuya influencia pudiera librarse el ciudadano que no quiera degradarse con estas prácticas, simplemente no participando en ellas. Por el contrario, la corrupción es, como bien dice el título del documental, un organismo nocivo, agresivamente vigilante, atento a su propia supervivencia, dispuesto a neutralizar a todo aquél que se oponga a ella. La corrupción es un enemigo viscoso,  informe, peligroso .
El sistema de obtención de fondos para la realización del documental es el de micro-mecenazgo, tal y como se explica en su web, de visita muy instructiva, en la cual se encuentra toda la información. Se puede colaborar económicamente desde 10 euros.  Los editores del blog hemos hecho nuestra aportación.
Una de las participantes del tráiler interventora municipal, dice que aunque le cueste muchos sinsabores, personales y profesionales, ella «no cruzará la línea». En España se ha cruzado la línea tantísimas veces que hemos llegado a creer que no existía. Pero existe, está ahí y es el momento de repintarla.
Colaborar con lo que se pueda para la producción de este documental es ayudar a comprar un poco de pintura.
 

Un año de la tragedia del Madrid Arena

 
Hoy hace un año murieron unas chicas en una fiesta de Halloween en una tragedia no solo previsible, sino probablemente evitable. La vida de sus familias ha cambiado para siempre pero ¿ha cambiado algo la forma de hacer las cosas del Ayuntamiento de Madrid cuyo equipo de gobierno es el responsable político último de esta tragedia? Pues parece que poco.  Aparte de las dimisiones y/o ceses casi siempre ligados a las imputaciones penales (y seguidas normalmente de “recolocaciones” de los cesados o dimitidos afines o afiliados, considerados más como una especie de víctimas de la instrucción que como responsables de nada) la vida política sigue como siempre, en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Nadie responde  nada, ya sea –a nivel local- esta tragedia,  la candidatura olímpica, la degradación de las calles de Madrid o el último escándalo de nepotismo o corrupción.  En España no se depuran más responsabilidades que las penales y eso con mucha suerte y muy tarde, aunque eso sí, se montan hasta Comisiones de Investigación supuestamente para depurarlas. Como en este caso.
Aquí tienen un resumen de las comparecencias que se permitieron (el PP vetó muchas otras pedidas por la oposición pero que podían resultarle incómodas)   donde la tónica general fue la autoexculpación y el echar balones fuera. La conclusiones finales también se las pueden imaginar  Aquí tienen el dictamen de la Comisión. 
Por si los lectores no tienen paciencia para leer todo el documento, les copiamos algunos párrafos que no tienen desperdicio: “La causa incuestionable de la tragedia del Madrid Arena puesta de  manifiesto en la Comisión de Investigación ha sido la intolerable e  injustificable conducta del promotor del evento, Miguel Ángel Flores,  propietario de Diviertt, S.L., al vender entradas que superaban el aforo  máximo permitido en el recinto del Madrid Arena. Éste, sin duda, es el desencadenante primero de una tragedia que responde básicamente al mal uso realizado de una instalación que sí estaba preparada para acoger el evento tal y como estaba planificado contractualmente.  Así, se produce una trágica situación que se debió también, de acuerdo con los testimonios recabados en la Comisión, al incumplimiento por parte del personal de la empresa Kontrol 34, contratado por Diviertt, S.L, de su deber a la hora de limitar la circulación de los asistentes entre los diferentes niveles del recinto.”
Es decir, menos mal que hemos encontrado el chivo expiatorio perfecto. El Ayuntamiento dueño de las instalaciones y de la empresa pública que le contrató  no tiene nada que ver, ya nos aclaran que “El pabellón Madrid Arena lleva funcionando más de diez años, y en todo este tiempo se han celebrado eventos muy diversos, muchos de ellos de similares características al del 1 de noviembre objeto de esta Comisión. Estos datos avalan la seguridad de la instalación, pero es obvio que en esta ocasión algo falló.”  Y tan obvio, nada menos que cinco chicas muertas.
Por supuesto, toda la contratación era legal.  “A estas alturas se ha demostrado que las cláusulas del contrato eran las correctas. También sabemos que se habían previsto los correspondientes procedimientos de seguridad, y que los servicios de emergencia del Ayuntamiento desarrollaron su labor con eficacia una vez tuvieron conocimiento de lo sucedido.”
Es decir, todo se hizo dentro de la legalidad más absoluta, pero como es evidente que algo falló –más bien todo- hay que concluir la culpa fue del malvado empresario en solitario.  Claro que entonces no se entienden mucho las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación para que una tragedia así no vuelva a suceder, ni siquiera la de destituir a los gestores de Madridec que, aunque contrataron legalmente a la empresa de Miguel Angel Flores, algo debieron de hacer mal. Hasta tenemos un responsable político, el Concejal D. Pedro Calvo que era el superior de los gestores de Madridec -aunque en realidad no mucho, porque no tenía funciones ejecutivas- pero cuya autoexigencia ética le lleva a dimitir sin que eso tenga nada que ver por supuesto con que el Juez de Instrucción le haya imputado. Suponemos que a estas alturas la música y la letra de este dictamen de la Comisión de investigación ya les sonará, es una especie de cuadratura del círculo muy parecida a la del Gobierno cuando elabora medidas de regeneración para una corrupción generalizada que supuestamente no existe y que tampoco le afecta en absoluto. Resulta bastante esquizofrénico.
Por si creen que estamos exagerando transcribimos literalmente la lectura del apartado de las conclusiones sobre las “responsabilidades políticas” del caso. “La gravísima conducta del promotor del evento como causa de la tragedia no puede ser, en modo alguno, un motivo para sortear la responsabilidad de Madrid Espacios y Congresos, S.A., la empresa municipal que contrató al citado promotor. Responsabilidad asumida sin ambages ni excusas con la dimisión del Delegado del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, don Pedro Calvo Poch, era el más alto cargo del Ayuntamiento de Madrid – si bien sin funciones ejecutivas ni de gestión- en la citada empresa municipal. Dimisión que responde a la exigencia ética a que nos debemos los responsables políticos en el ejercicio de nuestra misión de servicio a los ciudadanos”  Además de a la autoexigencia ética, la dimisión parece que tiene que ver con su imputación por el Juez de Instrucción  y no le ha costado mucho -dinero al menos- dado que sigue a sueldo del grupo parlamentario municipal.
El dictamen sigue explicando que “Asimismo, las responsabilidades se han sustanciado en la destitución del Consejero Delegado de Madrid Espacios y Congresos,  S.A., don José del Rivero, y del Gerente de la misma empresa municipal,  don Jorge Rodrigo. Independientemente de que los procedimientos utilizados por “Madrid Espacios y Congresos, S.A” fueran legales, que lo fueron a la luz de lo acontecido y declarado en la Comisión de Investigación, este Grupo Municipal entiende que los espacios públicos no deben utilizarse para macroeventos como el de la madrugada del 1 de noviembre. Como ha declarado ya la Alcaldesa, nunca más van a tener ese uso”.
Es decir, el concejal políticamente responsable que dimite por vergüenza torera y no por haber sido imputado no tiene ningún tipo de función ejecutiva ni de gestión en la empresa a cuyos responsables también se les destituye pese a haber respetado escrupulosamente la legalidad vigente y haber firmado un contrato perfectamente correcto con el responsable directo del desastre. Y como corolario, ya no se alquilan más los recintos municipales para este tipo de eventos, que así lo ha decidido la sra. Alcaldesa sin necesidad de modificación normativa, procedimiento o votación alguna, que para eso es la que manda. ¿Alguien entiende esto?
Pero en fin, diga lo que diga una Comisión de Investigación controlada por el partido al que pertenecen los investigados, detrás de lo que ocurrió en el Madrid Arena no hay fenómenos naturales e inevitables, sino una serie de fallos humanos y muy previsibles, incumplimientos flagrantes de la normativa aplicable, amiguismo, desorganización y por tanto muchas responsabilidades de todo tipo, administrativas, judiciales y por supuesto políticas. Las penales ya se están investigando aunque la tradicional lentitud de la Justicia española. Según esta noticia, la causa puede alargarse todavía otros dos años. Hay 24 imputados,  entre ellos una docena de cargos del Ayuntamiento. Las imputaciones se deben a las negligencias municipales, tratos de favor a la empresa de Miguel Angel Flores y el descontrol en el área de seguridad de Madridec como responsable del recinto y en general en el área de Seguridad y policía municipal.  Nada de eso aparece  en el informe elaborado por el Ayuntamiento y en el  dictamen de la Comisión de Investigación tienen como finalidad principal exculpar a los posibles responsables, particularmente a los dirigentes políticos y elegir un culpable, en este caso el muy adecuado “empresario de la noche” Miguel Angel Flores,( que por cierto era íntimo amigo del vicealcalde, cesado a consecuencia de estas amistades peligrosas pero que sigue también como concejal.  No es sorprendente, dado que para esto, para ocultar y no para investigar es para lo que sirven en general las Comisiones de Investigación en España,  
Como comentamos en este post en este caso prácticamente no se cumplió ninguna norma ni de contratación, ni de seguridad ni de espectáculos públicos, ni de urbanismo, ni de nada. Solo de forma secundaria y una vez conseguida la principal finalidad exculpatoria se proponen medidas para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a suceder. Lo más curioso es que muchas de estas medidas ya están en la normativa vigente e incumplida, como las que prohíben superar en un recinto un determinado aforo. Da igual, se proponen otra vez. Nunca hay consecuencias graves –salvo las muy lejanas en el ámbito penal- para los que pudieron impedir los hechos por el sencillo expediente de exigir o garantizar que se cumpliera la normativa en vigor. Normativa cuya finalidad es precisamente evitar que se produzcan este tipo de catástrofes. Porque es importante recordar que el cumplimiento de las normas, fundamento básico de un Estado de Derecho también está para impedir desastres como estos. El que haya cargos públicos que incumplan la Ley o permitan que se incumpla a veces tiene también este tipo de consecuencias. Y que una tragedia como ésta salga tan barata en términos políticos en España da mucho que pensar.

Las «novatadas» universitarias: ¿rito de iniciación o gamberradas puras y duras?

El antropólogo francés Arnold Van Gennep definió, a principios del siglo XX, los “ritos de paso” señalando que, en su desarrollo social, un individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones personales -entre la juventud y la edad adulta, entre la soltería y el matrimonio, entre no pertenecer o pasar a pertenecer a un grupo social, entre viajar por el mundo o a la guerra y retornar a casa-, en las que se celebraban tradicionalmente determinados ritos. En las sociedades no industrializadas, tales ritos de paso constituían un componente esencial de la vida social, de modo que los cambios y peligros que suponían las transiciones humanas se celebraban no individualmente, sino de forma grupal y comunitaria.
Para Van Gennep, uno de los ritos de paso más importantes eran los “ritos de iniciación” que, en muchas sociedades, escenificaban el paso de la condición infantil a la adulta. En las sociedades antiguas, los ritos de iniciación tenían mucho que ver con la resistencia del cuerpo humano y con la madurez física, y se superaban habitualmente con determinadas marcas corporales (cicatrices, mutilaciones rituales, etc.), que manifestaban el tránsito del individuo a la edad adulta, reconociéndole a partir de ese momento los demás adultos como un igual. En las sociedades modernas, el ritual iniciático ha ido perdiendo paulatinamente importancia individual y social, y sólo ha pervivido como parte del protocolo de acceso a determinadas sectas, sociedades secretas y otro tipo de organizaciones como la masonería, las órdenes aristocráticas o militares, y los clubes rotarios y otras entidades filantrópicas o similares. Y en España, desaparecido ya por Ley el servicio militar obligatorio (la famosa “mili”), poco ámbito público o social queda ya para bromas o ritos iniciáticos generalizados, salvo el ámbito universitario en determinadas ciudades del país, como vamos a ver a continuación.

Van Gennep


Las conocidas “novatadas”, entendidas como el periodo de bromas con que se recibe a los nuevos estudiantes en las Residencias y Colegios Mayores -y también en algunas Facultades o Escuelas Universitarias- de muchas ciudades españolas, han querido ser identificadas por sus defensores, que son bastantes, como uno de esos tradicionales ritos de iniciación. Y lo cierto es que un periodo de novatadas relativamente breve y dirigido por un grupo de veteranos ingenioso, y que no traspase la delgada línea roja de la humillación personal o los castigos físicos a los novatos, puede sin duda contribuir a todo lo que sus numerosos defensores argumentan: facilitar el conocimiento, la integración y la cohesión de los diferentes estudiantes de una ciudad universitaria. Aquí tengo que dejar claro, como padre de dos estudiantes que viven en un Colegio Mayor de Madrid, que éste se ha mostrado siempre muy estricto en el control de las novatadas a sus residentes, y que buena parte de las bromas que han recibido mis hijas en el entorno de la Ciudad Universitaria (pues suelen hacerse en la calle, o en parques cercanos) han sido ciertamente graciosas, de esas que crean una verdadera y sana camaradería entre los estudiantes.
Pero todos sabemos que, a pesar de estar oficialmente prohibidas en Estatutos y Reglamentos universitarios, las novatadas se repiten todos los años y que, en determinados casos, caen en excesos poco presentables, generando situaciones de violencia, acoso, maltrato y humillación que van mucho más allá de unas simples bromas iniciáticas o integradoras de un joven grupo de estudiantes recién llegados. El pasado día 13 de septiembre saltó a los medios de comunicación que cuatro estudiantes veteranos habían sido expulsados temporalmente de un Colegio Mayor de Madrid por realizar novatadas vejatorias a los nuevos residentes de su centro. Tales novatadas fueron grabadas por una cámara oculta de Antena 3 Televisión, y en las imágenes aparecen algunos de ellos golpeando y obligando a beber directamente de varias botellas de bebidas alcohólicas a un grupo de aterrorizados novatos, uno de los cuales acabó en el hospital con un coma etílico. Debemos recordar, como aviso para aquellos “listos” a los que se les suele ir la mano en estos temas, que nuestro actual Código Penal castiga en su artículo 173.1 con la pena de seis meses a dos años de prisión, bajo el título “de las torturas y otros delitos contra la integridad moral”, al que “infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”. O sea que, según nuestras leyes penales actualmente vigentes, en aquellos casos especialmente graves y que se puedan demostrar, la cosa no va de broma….
Y ustedes se preguntarán: ¿por qué unos hombretones hechos y derechos soportan esas vejaciones que aparecieron en televisión y no se niegan rotundamente a participar en ellas? La explicación está en la convivencia posterior en sus Residencias o Colegios Mayores. Los novatos que se encierran en su habitación y se niegan a participar en las novatadas saben que sufrirán un peculiar “bullying” durante el resto del curso, y experimentarán una situación de exclusión y aislamiento social total respecto de sus compañeros que sí superaron el “rito iniciático” impuesto por sus veteranos. Ante este preocupante panorama, la gran mayoría opta por soportar cualquier cosa durante un mes o mes y medio esperando que llegue pronto la “fiesta del novato” (se celebra entre finales de septiembre y mediados de octubre), que marca el fin oficial de las novatadas y de su particular pesadilla. Pero algunos no pueden soportar la presión y abandonan precipitadamente su Residencia o Colegio Mayor, con el consiguiente disgusto de sus familias que no saben qué hacer con un estudiante que está comenzando, con no demasiado buen pie, su nueva vida universitaria. Aun así, el número de denuncias en esta materia es prácticamente inexistente.
En definitiva, esta historia de las novatadas, y pese al esfuerzo -que me consta- de los órganos de dirección de la mayoría de Colegios Mayores y Residencias Universitarias, al practicarse mayoritariamente en la vía pública, depende del buen o mal sentido y responsabilidad de muchos veteranos. Los hay con un gran sentido del humor que organizan bromas o actividades lúdicas ciertamente graciosas en las que los chicos y chicas se conocen, se integran y lo pasan realmente bien, generándose entre ellos esa especial clase de amistad que surge entre personas que viven algunas dificultades en común. Y en otras ocasiones aparecen en escena auténticos y auténticas psicópatas, que llevan años esperando hacer pasar a los demás lo que algún día sufrieron, siendo hasta capaces de anticipar su vuelta de las vacaciones de verano para amargar la vida a los novatos, y convirtiendo lo que podría ser un divertido rito de iniciación en una patochada descerebrada carente de sentido.
Al final, lo que sucede en esta materia no es más que un fiel trasunto de la vida misma, en la que, junto con personas normales, respetuosas y de buen humor, uno puede encontrarse individuos crueles o desequilibrados a la vuelta de cualquier esquina. Siendo positivos podríamos concluir que aprender a “torearlos”, dentro de unos límites racionales, puede formar parte también de la formación vital de un joven universitario, aunque en los tiempos actuales, en los que se ha desarrollado una importante sensibilidad social frente a todos los tipos de maltrato, las novatadas, que tienen su origen hace siglos, no pueden considerarse una tradición socialmente aceptable. Recientemente ha surgido una Asociación, denominada muy gráficamente «No Más Novatadas» , que trabaja para apoyar a los afectados y para exigir el cumplimiento de las normas y de los principios éticos que deben presidir la convivencia universitaria.
 

Una juez responde al artículo de Almudena Grandes sobre la Juez Alaya.

A propósito del artículo de Almudena Grandes, titulado «La mujer perfecta», sobre la Juez Alaya, publicamos esta carta abierta de una juez, Gemma Vives.                                                                                                                                                                                                                            
A veces una anécdota puede ser reveladora. Zanjo desde ahora el posible debate acerca de la libertad de expresión y derecho a la información, por obvio y trillado. Y lo digo porque paso a responder, a reaccionar o a comentar, como ustedes prefieran, la columna de opinión de Almudena Grandes, a propósito de la juez Alaya, denominada asimismo “la juez de los ERE”.

No está en mi intención rebatirla, Sra. Grandes. Ni posicionarme en un casposo corporativismo. Eso apestaría, y además, si un mal tiene mi colectivo es su división interna y la ausencia de empatía entre nosotros cuando hay que sacar las castañas del fuego. O de la prensa.Ni siquiera pretendo solidarizarme con la maltratada compañera, que a estas alturas del desfile mediático, no lo necesita ya.

Está en mi intención aclararle un par de asuntos, en el bien entendido de que –como periodista profesional- tomará usted nota, si a bien lo tiene.

La confusión de su artículo pasa por haber mezclado dos aspectos que nada tienen que ver el uno con el otro. La juez Mercedes Alaya es mujer. Y la juez Mercedes Alaya es juez. Quiero decir: ella no puede evitar ni una cosa ni la otra. Le viene dado. Como dado le vino el caso que investiga. No elegimos los asuntos que investigamos. Estamos obligados por ley a aceptarlos si proceden del reparto general, de una guardia en particular o de una pieza separada que a su vez puede desembocar en un racimo letal (como le ha sucedido al colega José Castro con lo suyo).

Dicho lo cual, su artículo da para otros tantos artículos. Hay un doble fondo en él. Doble y peligroso. El que se lee y el que se adivina. El ataque inopinado aparentemente se queda en el vestidor de la juez Alaya. Pero dispara contra algo mucho más grave: su independencia. En suma: la juez Alaya es un incordio.

Podría quedarme en el calificativo leído últimamente (a propósito de su columna) de las mujeres machistas y demás. No entraré en ello. Allá cada cual, máxime si es un difusor de opinión en los medios de comunicación, con sus tendencias o creencias. No me entretendré calificando palabras ajenas.

Sin embargo, me llama la atención que usted afirme, rotundamente, que una mujer que cambia cada día de atuendo, hierática, casi cual estatua de sal, sin traslucir estado de ánimo alguno, no es de fiar. Bueno, también allá cada cual con sus cuestiones de confianza.

Veamos, Sra. Grandes. Ahí le ha dado usted con insana puntería a la compañera (que lo es también suya por ser mujer, no lo olvide). Ha sacado usted, creo que premeditadamente, lo de qué modelo de juez (¿jueza?) queremos. Es curioso. Un sencillito repaso a la Constitución la pondrá a usted en órbita. La justicia emana del pueblo soberano. Lo que no detalla la Constitución es que si quien se halla investigando es el juez Castro, el paseíllo diario hacia su juzgado carece de relevancia estética (lo mismo que si sube las escaleras de la Audiencia Nacional el compañero Pablo Ruz y le aseguro que ambos acuden cada día al trabajo) pero si quien arrastra su maletilla de expedientes enormes es una mujer, pongamos por caso, la juez Alaya, la cosa cambia.

Y, de verdad, ¿cambia algo, Sra. Grandes? Pues no. Cambia su percepción. Cambia la cicatería con la que se la escruta y juzga. A ella, a la mujer, y precisamente por ser juez (¿o por ambas cosas?). Entonces, dígame usted qué modelo de juez ad hoc prefiere (cuando quien investiga pertenece al sexo femenino). Deduzco que, entonces, clama usted por una juez que, a su paso, entre micros que la acechan, llore cuando se siente enferma, grite cuando se encuentre desesperada, incluso se rasge las vestiduras (esas que a usted le desagradan tanto) cual folklórica a las puertas de su propio Juzgado. Como en la tele, ¿no? Pan y circo.

Sra. Grandes…un juez (¿una jueza?) es un profesional que ejerce la autoridad del Estado. Huelga decir, aunque usted desconfíe y porfíe, que sentimos, lloramos, nos desesperamos. Tenemos hijos, divorcios, enfermedades y agobios, dolores e incluso vamos de compras. Y esto último nos encanta. ¿Sorprendida?

Le pondré un ejemplo de los fáciles, para no enredar más. Un médico (¿o una médica?)…si llevara entre manos un caso mediático (es decir, el paciente lo es, el médico, no)…. ¿sería juzgado por no mostrar públicamente su ansiedad o cansancio? ¿Le pondrían ustedes en el punto de mira por entrar maqueado (disculpe el vocablo tabernario) y con traje en el Hospital o acaso prefiere un médico con ropa deportiva porque le inspira confianza?

¿Capta lo ridículo del caso? Seguro que sí. Pues ni aún con un ejemplo tan básico, el supuesto no es el mismo. Porque aun cuando el médico y la juez (¿jueza?) son dos profesionales de quienes se espera lo mejor de su conocimiento y virtud, la segunda ejerce en nombre del Estado y el primero no ejerce autoridad estatal alguna. Con lo cual, fíjese qué disparate. Que pudiendo informarse de lo que supone una causa con centenar de imputados y perdí la cuenta de los testigos, se fije una en los vestidos de la juez, en el carrito de la juez y en que, al cabo, la juez no inspira confianza porque no la ven destrozada cuando acude a su trabajo. La verdad es que como artículo de opinión, la cosa no tiene precio.

Titula su artículo “La mujer perfecta”. Y me pregunto qué cosa es la que le ha dado tanta rabia a usted. Acaso ver a la juez infartada o deshecha, ¿cambiaría su parecer? O acaso nos está usted diciendo, a las claras, que los jueces tenemos todos que pasar por el patrón de la España rancia, desgarrada y dramática para inspirar confianza?

Afortunadamente, la colega Alaya, a quien no tengo el placer de conocer, sigue haciendo a diario su entrada (no tiene otra puerta por donde hacerlo, oiga, tampoco es culpa suya) con la máxima dignidad de la que es capaz. Ah…y desde el jueves, con escolta policial. No, no sufra. No le han puesto escolta por si le manchan su vestido de colores. Se la han puesto por si acaso alguien le parte la cara. Esa cara sin gesto que a usted la desasosiega tanto. Y le han asignado escolta no porque el CGPJ, o esa Fiscalía a la que usted alude como garantes de la ley, lo hayan pedido. Lo han pedido sus propios colegas de partido judicial, a quienes, por lo visto, les importa más que Mercedes Alaya salga viva de este trance, que su vestidor. Calculo yo que no debe ser un plato de gusto desayunarte cada día con calificativos como “franquista, pepera, lechera, gorda, fea”.

Confíe, Sra. Grandes. A mi colega, eso, no le hace mella alguna. Duerma tranquila. Me apuesto un vestido (de los buenos) a que no. Pero la marca que le va a quedar tras la exposición pública y el desgaste profesional que lleva en absoluta soledad, asimismo me juego otro vestido (de los baratos) a que le pasarán una alta factura.

La confianza pasa por el trabajo bien hecho, aunque el trabajo de mi colega Alaya pasa por poner al aire las vergüenzas de algunos que, presuntamente, se llevaron dineros de donde y adonde no debían. Créame. Para investigar semejante trama, no hay vestido que te ampare. Ni vestida como La Dolorosa se podría digerir.

Claro, que cabe también que sea esa trama la que a usted le ha dolido.

Yo también soy mujer y juez (¿jueza?) y entro en mi juzgado cada día por la misma puerta. Y, ¿sabe cuál es mi lema? salir llorada de casa, como me decía mi abuela.

Ay…la perfección…dicen que Nietzsche dijo, y dijo bien, La mujer perfecta es un tipo humano superior al varón perfecto, pero también es un ejemplar mucho más raro.

De nada, Sra. Grandes. Estoy convencida que, en realidad, lo que a usted le importa es la independencia judicial y este artículo que escribió solamente era para despistar.

Ha sido un placer.

Botín para Rato

La contratación de Rodrigo Rato como miembro del consejo asesor internacional del Banco de Santander, sumada a la contratación realizada unos meses antes por Telefónica como consejero asesor para Europa e Iberoamérica,  ha generado una gran polémica en las redes sociales y en algunos medios digitales (aquí y aquí) aunque muy escasa -era tristemente previsible- en nuestra muy endeudada prensa en papel. Sobre este tema del revolving door en España y de la connivencia entre sus élites políticas, financieras y empresariales, hemos escrito mucho en este blog (aquí y aquí, por ejemplo). Es más, la contratación de Rato por Telefónica ya fue comentada en un post de enero de este año. Sin embargo, hoy no quiero tratar el asunto desde el punto de vista del ciudadano, es decir, analizar la forma en que los políticos chulean a sus representados en su propio beneficio (el “botín para Rato”), sino desde la perspectiva del accionista de Telefónica o del Banco de Santander, es decir, de la forma en que los consejeros de las grandes sociedades se ríen de sus representados en su propio beneficio (el “Botín para rato”). En definitiva, un análisis desde un punto de vista más mercantilista, como corresponde a la vocación jurídica de este blog. Lo que ocurre es que, anticipando un poco la conclusión, al final ambos temas inevitablemente vuelven a confluir, lo que explicaría a la postre el sincrético título escogido para este post: “Botín para Rato”.
Contratar como asesor a una persona cuya deficiente gestión en el mismo ramo de negocio ha costado 20.000 millones de euros al contribuyente, ha arruinado a miles de pequeños inversores, ha supuesto el despido de cientos de trabajadores y le ha valido a él una imputación penal por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios varios… no es normal. Cabe presumir que su asesoramiento será erróneo y técnicamente deficiente, pero aunque fuera tan certero como el de Casandra, se mire como se mire su contratación supone un importante coste de imagen para la compañía. La explicación de que ha sido el mejor ministro de economía de la democracia resulta a estas alturas casi obscena, más o menos al mismo nivel que invocar su imborrable recuerdo en el FMI con dimisión anticipada incluida. Si se preguntase a los accionistas y clientes del Banco de Santander, su respuesta sería evidente: esa contratación les produce vergüenza propia y ajena. Cualquiera de ellos, dentro o fuera de España, podría preguntarse: ¿Qué sentido tiene gastarse miles de millones de euros de los accionistas en la Fórmula 1, cuando esa simple noticia en los medios nacionales e internacionales vuelve a colocar al Banco de Santander, no como el banco moderno, cool y globalizado que aspiraba a ser, sino como el banco rancio y casposo que sospechábamos que era?
En consecuencia, esa contratación sólo puede tener dos explicaciones:
a)      Los intereses personales del Sr. Botín, divergentes de los del banco.
b)      Los intereses espurios del banco, es decir, el banco agradece a los políticos los favores irregulares que se le hacen, cualquiera que sea la circunstancia.
Analicemos ahora la primera posibilidad. Es obvio que al Sr. Botín le preocupa muy poco la deficiente imagen moral que ofrece a la sociedad española (aunque lo cierto es que la «miseria moral», el «ejemplo», y la «asunción de responsabilidad» sí parece que le preocupan mucho a su hermano Jaime, aunque no sé si de esto hablan en casa y si, de hacerlo, sacan alguna conclusión). En cualquier caso, si el escándalo de los 2.000 millones de euros de la familia ocultos en Suiza, el caso Sáenz y su millonaria jubilación a costa del accionista pese a su condena en firme, y la contratación de Rato –entre otros asuntos menores- no le preocupan en absoluto, es porque no sufre ningún coste personal por ellos. Su puesto como presidente del banco está totalmente a salvo, de hecho ni se pone en cuestión. Como se ha observado por psicólogos e historiadores desde la caída de la República romana, esta invulnerabilidad frente a la responsabilidad es lo que explica el comportamiento despótico, y la consiguiente desvergüenza o indiferencia ante la opinión ajena (Tiberius ad Tiberim).
El blindaje de los consejos de las grandes sociedades cotizadas frente a sus accionistas es un tema tan clásico en el Derecho Mercantil que hasta aburre traerlo a colación. Pero sin duda aquí está la clave del asunto y conviene hacer alguna referencia al respecto.
Con el fin de salir al paso de este problema de falta de responsabilidad, por un lado, y de hacerlo de la forma menos intrusiva posible para conceder a las entidades la flexibilidad más adecuada a sus circunstancias, han proliferado en los últimos años informes y recomendaciones de gobierno corporativo. En nuestro país terminaron cristalizando en el Código Unificado de Buen Gobierno, que carece de valor normativo alguno y que constituye un mero compendio de recomendaciones dirigido a las sociedades cotizadas. No es que sea precisamente el Código de Draco –más bien es extraordinariamente “prudente”- pero contiene una serie de recomendaciones muy elementales entre las que podemos destacar, por ejemplo, la siguiente:
“32.- Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales.”
Este tipo de recomendaciones –en realidad otras mucho más serias y rigurosas- se cumplen en otros países porque allí las sociedades cotizadas operan en mercados transparentes firmemente controlados por reguladores independientes y en los que el público inversor no tolera la más mínima tontería. De hecho, es que no necesitarían ni la recomendación 32, porque en ese caso, ya sea por la presión del regulador o por la de accionistas y clientes, el consejo de turno se cuidará muy mucho de reírse del público.
Aquí, sin embargo, a la vista de que pese a la blandura del Código Unificado ni se le tenía en cuenta, se propuso por parte de la doctrina mercantilista convertir al menos algunas –sólo algunas- de las recomendaciones en obligaciones, es decir, en normas imperativas. El primer intento al respecto surgió de un conjunto de catedráticos en el seno de la Comisión General de Codificación a través de lo que se denominó una Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, en el año 2002. Entre otras propuestas interesantes podemos destacar la de limitar la edad de consejero a los setenta años, el número de consejos a los que se puede pertenecer a tres, hacer incompatible la presidencia de consejo con la de consejero delegado, etc. Como se pueden ustedes fácilmente imaginar, la propuesta no llegó a convertirse ni en Anteproyecto de Ley. Quizás podía ser muy interesante para inversores y accionistas, pero muy poco para los gestores instalados en las sociedades cotizadas que, vaya por Dios, son con los que los políticos se reúnen en el palco del Bernabéu y en los aviones privados que vuelven de Buenos Aires.
Ahora los catedráticos han vuelto a la carga –hay que reconocerles moral, como mínimo- en el actual Proyecto de Código Mercantil. No es que se atrevan tampoco con un trasvase completo y riguroso del CUBG, pero si recogen bastantes de sus proposiciones en forma de limitaciones y prohibiciones. Entre ellas destaca el citado límite de los tres consejos -aunque ya no el límite de edad (a la fuerza ahorcan)-, un régimen mucho más riguroso y serio de los consejeros independientes, expresa previsión estatutaria y mayoría cualificada para la acumulación de cargos, limitaciones a la remuneración, etc.
Me atrevo a aventurar que las posibilidades de este último intento –pese a su moderación- se aproximan mucho a las del anterior. Los Consejos de las sociedades cotizadas quieren seguir haciendo lo que les da la gana, y como a los políticos les pasa lo mismo -y, además cuando se jubilan quieren terminar en uno de ellos- ésta feliz confluencia de intereses garantiza que habrá Botín para rato (hasta los noventa y más allá) por un lado, y botín para los Ratos de turno, en forma de cargos y prebendas, por el otro.
No dudo que algo de la posibilidad b) también puede existir (Botín está premiando los favores que los políticos hacen al banco) y sin duda existe –basta contemplar la reticencia con la que se abordan en este país soluciones que contribuyan a aligerar de verdad la carga de los deudores hipotecarios y de los estafados por productos complejos y tóxicos, a diferencia de lo que ocurre en otros. Pero no seamos ingenuos: allí donde no existen instrumentos efectivos de exigencia de responsabilidades es totalmente imposible que nadie vele por intereses diferentes de los propios. Los intereses ajenos (del banco) se comparten cuando confluyen, y cuando no se desprecian. Éste de Rato es un caso más.
Por curiosidad, y reconociendo que es sólo una afortunada casualidad, ¿saben quién era ministro de Economía en 2002, cuando Emilio Botín cumplía 68 años y se presentaba la Propuesta de Sociedades Mercantiles que se decidió no convertir ni en Anteproyecto?
Sí, do ut des: Rato para Botín, y en justa reciprocidad, Botín para Rato.

La Comisión para la verdad y la regeneración ¿Un informe Nolan para España?

Reproducimos a continuación el artículo publicado el pasado jueves por nuestra coeditora Elisa de la Nuez en el diario El Mundo, en el que defiende la conveniencia de impulsar en España una Comisión de análisis de los males de nuestro sistema democrático al estilo de la realizada en el Reino Unido a mediados de los años noventa y que cristalizó en el informe Nolan. Si tienen interés por conocer el contenido de dicho informe pinchen aquí.
 
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Tal y como suele suceder en la vida, volvemos de vacaciones y seguimos con los mismos problemas políticos e institucionales que teníamos cuando nos fuimos. La clase política, encabezada por el Presidente del Gobierno, sigue empecinada en negar que nos encontramos ante el final del régimen iniciado en la Transición, que ya no es capaz de dar satisfacción a las legítimas aspiraciones democráticas de los ciudadanos españoles aquí y ahora. Muy especialmente a las nuevas generaciones que, habiendo nacido después de la Transición, son inmunes al discurso oficialista sobre las bondades del sistema, y perciben con claridad sus limitaciones, especialmente en comparación con otras democracias maduras donde ya viven bastantes jóvenes españoles.
Ante esta situación y siendo evidente que los viejos partidos políticos todavía mayoritarios no están por la labor de hacerse el harakiri despojándose en beneficio de la sociedad del enorme poder alcanzado (ni siquiera por la vía más modesta de reconocer las dimensiones del problema por ser muy difícil ver algo cuando tu interés depende de no hacerlo) ¿qué soluciones hay? No es una pregunta retórica, dado que este bloqueo institucional está generando una frustración enorme en la ciudadanía que puede tener consecuencias muy graves no solo a corto plazo y para los viejos partidos, sino en el medio plazo y para la democracia. Urge recuperar la confianza de los españoles en una democracia que, por maltrecha que esté, nos ha dado la época de más prosperidad y estabilidad de nuestra historia. Pero también parece claro que las iniciativas de regeneración serias –más allá de las maniobras de distracción de un Gobierno que se niega a asumir responsabilidad alguna por el caso Bárcenas- solo pueden surgir de la sociedad civil. El problema es que, más allá de la concienciación de la opinión pública sobre su necesidad y urgencia, es precisa la colaboración de los políticos para  su implantación efectiva.
El domingo pasado el director de este periódico hablaba de la necesidad de promover una “Comisión para la Verdad y la Regeneración” para intentar superar este bloqueo. Sugería también que esta Comisión, con base parlamentaria pero con participación externa para reforzar su credibilidad, podía funcionar en paralelo con un Gobierno  centrado en combatir la crisis económica. Vaya por delante que soy de los que piensan que es imposible un crecimiento sostenido sin una regeneración institucional profunda, una transformación de las reglas de juego para recuperar los principios del mérito, el esfuerzo y la capacidad y una reforma del Estado de las autonomías que lo haga viable  política y económicamente. Así que no soy partidaria de esta dualidad un tanto esquizofrénica .  Pero lo cierto es que el Presidente del Gobierno no parece dispuesto a dimitir, ni su partido a reemplazarle por otra persona  que no esté tocada por el caso Bárcenas –como podría hacer perfectamente desde un punto de vista jurídico- ni tampoco quiere adelantar las elecciones, dada la elevada posibilidad de perder muchos votantes. Tampoco la oposición parece tener ganas de plantear una moción de censura que perdería, y nuestros socios y acreedores están más interesados en recuperar su dinero que en la calidad democrática de nuestras instituciones, seguramente porque piensan,  no sin razón, que este es un problema doméstico.
Por tanto, siendo prácticos, creo que merece la pena analizar la propuesta de una Comisión  para la Verdad y la Regeneración capaz de realizar una  “auditoría democrática” y proponer las medidas necesarias para transformar nuestra actual partitocracia en una democracia madura. Afortunadamente  no se trataría de investigar y depurar casos de vulneración de derechos humanos acaecidos durante una dictadura sino de analizar el funcionamiento real de nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos y su financiación, origen de gran parte de los problemas de corrupción, sin interferir por supuesto  en los procedimientos judiciales en curso. Procedimientos judiciales de los que, pese a la creencia popular, tampoco cabe esperar mucho en términos de regeneración democrática puesto que los Tribunales no están para depurar responsabilidades políticas sino jurídicas (e incluso con respecto a estas conviene no ser optimistas a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en los casos Matas, Barcina y Blanco).
Precedentes no faltan dado que  los problemas de nuestra democracia no son únicos, ni mucho menos. El más relevante es sin duda el informe Nolan, elaborado por una “Royal Commission” que se  elevó al Parlamento británico el 16 de mayo de 1995 y que se enfrentó de manera sistemática con dos fenómenos que conocemos bien en España: la partitocracia y la corrupción política que habían provocado “ansiedad” en la ciudadanía. Este informe marcó un hito en el sistema político inglés siendo su propósito declarado la reconstrucción de la confianza pública en el sistema.
¿Es posible una Comisión Nolan en España? Jurídicamente parece factible, dado que una Comisión con este objetivo tendría encaje como Comisión Parlamentaria cuyo objeto y finalidad puede ser muy variado. Efectivamente  el Reglamento del Congreso permite el establecimiento de Comisiones no permanentes para la realización de un trabajo concreto, que se extinguen cuando termina el trabajo o en todo caso cuando finaliza la legislatura. En particular, el art. 53 del Reglamento del Congreso permite a la Mesa del Congreso crear Comisiones a iniciativa propia o de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces.
En cambio no considero conveniente que nuestra Comisión Nolan sea una Comisión de Investigación, dado el rotundo fracaso de este tipo de Comisiones. Por eso pienso que pedir que nuestro Parlamento actual cree una (o varias porque la tarea sería ingente) Comisiones de Investigación sobre los principales escándalos de corrupción de nuestro país puede ser hasta contraproducente, dado  que  su previsible falta de resultados podría generar una frustración y una desafección ciudadana hacia las instituciones aún mayor. Como ejemplo de su inutilidad, ahí tienen los tres últimos y sonados casos de Comisión de Investigación a nivel estatal (Caso Bankia) regional (caso ERES Andalucía) y  local (caso Madrid Arena). ¿Consecuencias prácticas de las Comisiones? Ninguna. Las únicas dimisiones y ceses producidos han sido consecuencia de resoluciones judiciales que han imputado a determinados cargos.
La razón por la que estas Comisiones no funcionan es muy sencilla: los partidos mayoritarios se las arreglan para inutilizarlas con o sin mayorías absolutas (hoy por ti, mañana por mí, ocasiones no faltan). Las Comisiones de Investigación se convierten así en un teatrillo sin mayor trascendencia o, por decirlo en términos más castizos, en un paripé. Las conclusiones se imponen o se pactan para que el partido responsable de los hechos objeto de la investigación no sufra daño político alguno.
¿Qué requisitos tendría que reunir nuestra Comisión Nolan entonces? Pues idealmente los mismos que una Royal Commission. Esta figura, como señala García de Enterría, hace referencia a una formación independiente que cuenta en su seno con expertos independientes y con representantes de los partidos  (aunque minoritarios) actuando bajo la autoridad general del Parlamento con la finalidad de efectuar un estudio objetivo de un problema determinado para proponer sobre esta base unas recomendaciones para solucionarlo que dado el prestigio de la institución suelen ser aceptadas por todos los grupos parlamentarios. En nuestro caso esta Comisión podría configurarse como una Comisión de estudios que analice el funcionamiento real de la democracia española en las tres últimas décadas, con participación de representantes de los grupos parlamentarios pero sobre todo con representantes y expertos de la sociedad civil que deberían ser la mayoría. Si para conseguir este objetivo hace falta modificar el Reglamento del Congreso, hágase, merece la pena.
La principal virtud de una Comisión de estas características sería el reconocimiento de la verdad: en España tenemos una partitocracia ahogada por escándalos continuos de corrupción, muchos de los cuales tienen su origen en la propia financiación irregular de los partidos. Nada nuevo bajo el sol, pero lo que es preocupante es que no se haga nada. Daríamos un gran paso puesto que el problema del bloqueo institucional a las reformas deriva de la negativa de nuestros gobernantes a reconocer una realidad que es evidente para todos los ciudadanos mínimamente ilustrados. Que en el seno del Parlamento se pueda realizar un diagnóstico o una auditoría democrática con libertad y rigor es esencial.
Para ello, sería preciso que esta Comisión no solo no esté compuesta exclusiva ni mayoritariamente por parlamentarios sino que no reproduzca milimétricamente la composición de las Cámaras. Es fundamental la presencia de personas independientes con experiencia profesional dilatada y sin intereses partidistas (por ejemplo, los anglosajones suelen recurrir a jueces o catedráticos jubilados) y la publicidad no solo de sus conclusiones sino también de sus debates.  Porque si este trabajo no se hace desde las instituciones se hará desde fuera de ellas, de forma desordenada, a golpe de titular y con bastantes menos garantías para todos.


 

Arte contemporáneo y compromiso político

Me he permitido durante estas semanas de agosto una desconexión total de los asuntos del blog (unos cuantos post por leer) y casi de cualquier materia jurídica, para dedicar mi tiempo a otros menesteres más lúdicos. Entre ellos, la lectura del recomendable libro ¿Qué estas mirando? 150 años de arte moderno, de Will Gompertz, en el cual se explica de manera amena pero experta el curso del arte desde Delacroix e Ingres, hasta el tiburón en formol de Damien Hirst o las performances  de Marina Abramovic.
No obstante, aún en este libro encuentro temas interesantes para el blog, como este texto sobre la ausencia de compromiso político por parte de los artistas actuales (pp. 427-428):
En la mayor parte de los casos, el arte contemporáneo no ha hecho gala de ninguna clase de contenido político real, salvo por alguna intervención ocasional que, en la mayoría de los casos, termina por parecerse más a un carro de moda al que alguien se ha subido a toda prisa.  Lo habitual es que, incluso en los casos en los que los artistas de vanguardia de nuestra era se han mostrado más agresivos o han tenido una actitud más desafiante, suelen presentar su obra con una sonrisa de frescura más que con el ceño fruncido. La tendencia general es a entretener, no a dar mítines.
 En el último cuarto de siglo, los artistas no han atendido a los grandes cambios sociales que se han producido. Apenas se ha criticado una época impregnada por el capitalismo y una moral competitiva en la que lo fundamental eran la fama y la fortuna (…) Por lo que se refiere a los problemas medioambientales, la corrupción política y mediática, el terrorismo, el fundamentalismo religioso, la desintegración del mundo agrario, las diferencias sociales cada vez mas extremas (unos ricos cada vez más ricos y unos pobres sumidos en la miseria), la codicia sin fin y la falta de sentimientos de la que hacen gala los banqueros, si uno acude a un museo y da por bueno el testimonio del arte contemporáneo es como si nada de esto estuviera sucediendo.

 Quizá los ojos y cabezas de los artistas estaban en otra parte. Es posible que se sintieran en un impasse. Una de las consecuencias que tiene ser artista-empresario, al igual que sucede en cualquier otro negocio, es que uno se volverá tan propenso a caer en la filosofía de la conveniencia como cualquiera y a veces tendrá que firmar contratos con el diablo. Una vez que uno comparte mesa con el de las orejas y el rabo en punta, es imposible evitar la hipocresía ¿Cómo se puede crear una obra de arte de honda significación anticapitalista, por ejemplo, si uno se ha pasado la noche anterior en una cena de museo, sentado al lado de un financiero, que resulta ser, además, uno de los mejores coleccionistas/clientes de uno?(…) ¿Es posible hacer un cuadro o una escultura que pretenda arrojar luz sobre una injusticia de la que uno mismo se está beneficiando en el fondo? ¿Cómo se puede criticar al establishment cuando uno pertenece a su círculo más exclusivo? ¿Quieren ustedes una respuesta? Es imposible.
 

Los enemigos (internos) de España

Ya en diciembre de 2012, escribía un post con el título “¿Quiénes son los enemigos de lo público?”, donde alertaba del peligro (ignorado) de los enemigos internos. Ahora, la lectura del libro de Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia (ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2012), me ha reafirmado en la necesidad de depurar esta tesis. Todorov menciona como enemigos “íntimos” de la democracia al mesianismo, el ultraliberalismo y el populismo. Pero creo que se puede ir más allá y sostener que todos los sistemas acaban fracasando o entrando en fase deterioro, no tanto por la presión o ataque de los enemigos o competidores externos cuanto por los elementos internos a esas organizaciones o sociedades (incluso en cada persona o familia) pues suelen pillar desprevenidos, frente al enemigo externo al que se suele tener más controlado e identificado.

Por ejemplo, si miramos a la Iglesia católica el enemigo más preocupante para su propia supervivencia no sería tanto el ateísmo, el relativismo o la mayor pujanza de otras confesiones, sino que su mayor amenaza surgiría de los curas pederastas, la permisividad interna a este fenómeno o la corrupción a gran escala que se ha adueñado del IOS y el Vaticano. Si nos fijamos en la dialéctica derecha-izquierda o PP-PSOE, podemos observar igualmente que la mayor amenaza de estas ideologías-partidos no proviene de su posible alternativa, sino de la escandalosa presencia dentro de sus filas de dirigentes incompetentes, aprovechados o simplemente corruptos. Algo semejante ocurre en la economía, donde un aparente éxito del propio capitalismo, como se consideró hasta hace poco que eran el acceso fácil al crédito y la inmediatez del consumo, se ha convertido en causa directa de una de las mayores crisis económicas que se recuerdan. ¿Por qué?  Porque destruyeron valores culturales muy importantes del propio liberalismo como eran la disciplina de la gratificación diferida, la capacidad de ahorro o el trabajo duro (ver, N. Berggruen y N. Gardels, Gobernanza inteligente para el siglo XXI: una vía intermedia entre occidente y oriente, ed. Taurus, Madrid, 2012, pp. 70, 71). Siguiendo esta línea de pensamiento puede sostenerse que el mayor enemigo del capitalismo no es quien quiere someterlo a reglas sino quien lo quiere absolutamente salvaje (pues esto lo llevaría a su auto-destrucción).

Del mismo modo, cabe afirmar que el enemigo más peligroso de lo público en general y del Estado (social) en particular, no son tanto los que proponen reducir su tamaño (pues estos al menos enseñan sus cartas) cuanto quienes, incluso bajo la bandera de su defensa, caen en el gasto excesivo y la mala gestión de las políticas públicas encomendadas, dando así argumentos complementarios a los ‘minimalistas’”. En este sentido, a veces se olvida que algunos de los que más perjudican la imagen de lo público trabajan dentro de él, pudiendo diferenciarse entre servidor público y quien intenta servirse de lo público.

¿Y qué pasa con España? Pues lo mismo. Curiosamente nuestras mayores amenazas no provienen en la actualidad de los países con los que competimos económica o políticamente, o con los que mantenemos disputas territoriales, sino de los españoles que no creen en España. De hecho, cabe afirmar que cuando nuestros competidores se atreven a atacarnos (o a expropiar nuestras empresas) es porque previamente se aprovechan de un estado de debilidad interno, que ya es público y notorio. Y ¿quiénes son los que no creen en España? La primera respuesta obvia sería los partidos y grupos nacionalistas que abiertamente proponen la secesión y por tanto la ruptura del proyecto de vida en común, pero probablemente estos grupos no hubieran podido tener tanto éxito si no hubieran contado con la complicidad directa o indirecta de muchos otros españoles que no viven en Cataluña o el País Vasco, pero que poco a poco se han ido acomodando a una situación de deterioro y de mirar a otro lado, y estos ¡ay!, probablemente se encuentran tanto en los grandes partidos supuestamente nacionales, en el profesorado de supuestas universidades de prestigio sufragadas con fondos públicos, como (incluso) en los miembros y representantes de las principales instituciones del Estado. Hace poco hablaba con un profesor catalán que había tenido que abandonar su Universidad en Barcelona, por el creciente acoso personal y profesional que estaba sufriendo a partir de declarar que había votado a Ciudadanos. Me decía que para él, como catalán resistente, le resultaba tanto o más indignante, incomprensible y sorprendente que la figura del “charnego agradecido”, la del “madrileño complaciente”, entendiendo madrileño como aglutinador del resto de españoles. Añadía que, para él, si España un día desaparecía del elenco de naciones europeas no sería tanto por la habilidad de los nacionalistas en presentarse como víctimas ajenas a todos los males españoles (que también) como por la actitud banal, displicente o complaciente del resto de los españoles.

Pero volvamos a Todorov para introducir un elemento de esperanza. César Molinas en un libro reciente sobre Qué hacer con España sostiene que el mundo de la historia de las ideas ha llegado a su fin porque occidente se muestra incapaz de superar la oferta de la Revolución francesa ─libertad, igualdad y fraternidad─ y el resto del mundo se mira al ombligo. Sin embargo de la lectura del libro de Todorov cabe sacar dos nuevos componentes a esa tríada: la responsabilidad y la ética del límite. La necesidad de asumir la responsabilidad de todos los ciudadanos respecto a lo que pasa en su sociedad y la aceptación de la mesura frente al exceso (ver sobre este aspecto: Tzvetan Todorov/Louis Valsa, “El eterno retorno de la ‘Hybris’”, Claves de la Razón Práctica, nº 229, 2013, pp. 98-105). De hecho, si miramos a España su crisis multipolar derivaría principalmente de haber incumplido esos dos principios. Volviendo al nacionalismo, por ejemplo (pero podría extenderse sin dificultades al resto), sus presupuestos se fundamentan en dos axiomas: sus problemas son culpa de España y no la responsabilidad de los  propios gobiernos nacionalistas con más de 30 años de presencia ininterrumpida, y la autonomía o el auto-gobierno debe conceptuarse sin límites, optando por romper la baraja antes que por el compromiso (que tan bien representaba el pacto constituyente).

Por último, termino con una referencia a otro libro de Todorov (El miedo a los bárbaros: Más allá del choque de civilizaciones, ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2008), donde se diferencia entre sociedades y culturas marcadas por el miedo y las que lo son por el resentimiento. Creo que podemos afirmar que España es una sociedad marcada por el miedo y Cataluña está guiada (crecientemente) por el resentimiento. Ambas emociones nos llevan al fracaso por lo que conviene sentarnos al diván, superar nuestros complejos, y mirar juntos al futuro.

 

La intervención de Rajoy: la retórica contra la confianza

Finalmente intervino el presidente del Gobierno ante el pleno para dar, en sus palabras, “su versión” de los hechos del asunto Bárcenas. Era una papeleta en principio complicada, la verdad, porque las informaciones aparecidas en los periódicos eran escalofriantes.
 
El presidente estuvo en mi opinión retóricamente bien, en modo estadista por encima del bien y del mal, y fue jaleado estruendosamente por sus huestes, tal y como había sido solicitado el aparato. Tuvo, además, la habilidad de no intentar distraer con el tema de la economía, frente a lo que se había estado sugiriendo, y se limitó a ponerla como un punto de referencia lejano hacia el que él dirige como presidente, dejando caer que este lamentable asunto detrae parte de sus esfuerzos de ese designio superior. También tuvo la astucia de no meterse directamente con los trapos sucios de los otros, el “y tú más”, aunque sí dijo que su comparecencia no iba nunca a contentar a aquéllos que se han formado ya un criterio, a modo de dogma personal.
 
Luego acometió el asunto directamente para decir:
1.- Que se ha equivocado al mantener la confianza en quien no la merecía.
2.- Que hay que creer en las personas “mientras los hechos no desvirtúen la presunción de inocencia”, reforzando el concepto con numerosas citas (culminado con el ya muy parodiado “fin de la cita”), incluso de Rubalcaba. Hizo notar las especiales circunstancias en que se inició el procedimiento, con Garzón y el ministro yéndose a cazar, insinuando que eso justificaba el escepticismo frente a las acusaciones.
3.- Que son falsas o medias verdades las acusaciones de Bárcenas.
4.- Que se han pagado remuneraciones complementarias, y que es responsabilidad de cada uno declararlas a Hacienda.
 
Para rematar la faena, le dio una elegante colleja a Pérez Rubalcaba, mostrando que amenazar con la moción de censura para hacerle venir a dar explicaciones era un “fraude constitucional”, amonestándole por la incertidumbre que eso produce dentro y fuera de España, y metiéndole a continuación el dedo en el ojo al dejar en evidencia que no hay candidato real, requisito imprescindible de la moción de censura.
 
Finalmente, aderezó todo con unas cuantas promesas: de la ley de Actividad Económica y Financiera de los Partidos políticos, otra del Tribunal de Cuentas, otra de Contratos del Sector Público, de Funciones políticas, de la LEC y Código penal.
 
Retórica, y luego dialécticamente, pienso que el presidente estuvo bien, seguro y contundente. Pero la cuestión no es si estuvo bien o no, si “ganó” a los puntos a Rubalcaba o si el “aplausómetro” dio vencedor a uno u otro. Hoy la cuestión es la de la confianza: pero no la confianza de la que habla el presidente, del mundo en España, sino la que nosotros podamos tener en él, si nos creemos lo que dice el presidente o no. «A los españoles lo que les interesa la economía», dijo Esteban González Pons, y es verdad. Pero no a toda costa.
 
Esta es la confianza que a mi personalmente me interesa, la que sustenta las duras medidas que el gobierno ha tomado y probablemente haya de tomar y hace que lo que él ejerce no sea solo poder, sino también autoridad. Sin duda, los fríos números de la mayoría parlamentaria harán que tal cosa sea, de momento, irrelevante, pero creo que los ciudadanos nos merecemos algo más que el que dentro de cuatro años podamos cambiar el voto.
 
Hace pocos días publicaba algunas reflexiones sobre este asunto, y me parece que, lamentablemente, siguen vigentes. Por un lado, no me basta que el presidente diga que se ha equivocado y que le han defraudado. Existe también una culpa in vigilando y, como él mismo dice, ha tenido cuatro años para verificar si esa confianza era o no merecida y lo que se ha hecho es protegerle y ampararle.
 
Por otro, me importa, pero no mucho, si los sobresueldos se han declarado o no. Lo que verdaderamente me importa, tal y como señalaba en el post antes enlazado, es de dónde se ha sacado ese dinero con el que se han pagado los sobresueldos y, particularmente, si ese dinero se ha entregado al partido a cambio de favores en otros sitios. Eso sí que sería muy grave y no he oído una palabra sobre eso.
 
Lo de la moción de censura me interesa poco. Me parece fuera de lugar que afine tanto el presidente con si se está desvirtuando la Constitución amenazando con la moción pero luego se hagan trazos gruesísimos con otras cosas.
 
Personalmente, ni doy ni dejo de dar credibilidad a las acusaciones de Bárcenas pero, eso sí, no acepto en modo alguno presunción de inocencia alegada varias veces por el presidente porque ésta, como ya dije en el mencionado post, opera en el marco penal, que implica graves restricciones de derechos; pero no opera en el marco de las relaciones interpersonales ni políticas, donde no es necesaria un acta notarial para que uno se percate de lo que está ocurriendo, o se mosquee ante algunos indicios. En estos casos, o me das prueba cumplida o te borro de mi lista. Y, de ser falso lo que dice Bárcenas, habría que haber justificado mucho más ampliamente la cobertura que se le ha dado desde el punto de vista económico, social y político y las razones del la “indemnización en diferido”; habría que sacar unas “contra cuentas” reales, mostrando la falta de conexión entre donaciones y concesiones, desmontar las acusaciones de sobresueldos en B con la prueba de su correcta declaración, etc, etc.
 
Las acusaciones son graves y el que las hace tenía medios para conocer lo que dice, y eso exige una cumplida respuesta, no bastando mirar para otro lado y negarlo todo. Si con motivo de un divorcio, uno de los cónyuges acusa al otro de graves delitos, puede ser que sus razones para acusar sean non sanctas, pero el otro no se libra de la duda con alegar que el acusador le odia.
 
En definitiva, las explicaciones han estado formalmente bien construidas, pero han sido muy insuficientes, y eso no genera confianza en que el presidente no haya tenido nada que ver en el asunto. De poco nos vale, pero es así. Nos queda la confianza en los tribunales o en las elecciones. Y esperemos no acabar como  en Francia, donde se amnistiaron los sobornos.
 
Algo sacaríamos, eso sí, si las promesas de leyes que ha hecho el presidente se convirtieran en una realidad efectiva. Pero tampoco creo en ellas, pues la reforma del Consejo General del Poder Judicial me ha demostrado en qué quedan las promesas. Ya sólo nos valen hechos. Sólo hechos.

Los debates adulterados

¿Algún seguidor de este blog se atrevería a publicar su opinión crítica con el sistema nacional de trasplantes, o con que se comercialicen productos bajo la etiqueta de “ecológicos”? ¿Alguien duda de que todos los homicidios de mujeres a manos de sus parejas son manifestaciones de machismo? ¿Quién defendería en público la implantación de un servicio social obligatorio e igualitario entre sexos, o la validez civil de un matrimonio indisoluble de conformidad con la respectiva confesión religiosa? ¿Y la introducción de límites a la profesionalización del deporte, o la desaparición de todos los medios de comunicación de titularidad pública? ¿Algún partido con opciones de poder ha propuesto alguna vez la capitalización y reintegro de los derechos cotizados a la Seguridad Social, la introducción del cheque escolar o la legalización de la prostitución?
 
Los debates sociales están adulterados cuando una de las posiciones dialécticas aparece impuesta de antemano. La tesis dominante no es entonces expresión de un consenso social, sino una situación de hecho en cuyo trasfondo siempre se encuentra la inoperancia de los mecanismos de formación y expresión de la opinión pública. El vacío de ideas deja margen para que ciertas tesis aparezcan como incontestables, desde ideologías expansivas incrustadas o aliadas con el poder político, o desde lobbies de minorías sociales muy activas o de grupos de interés. Los medios de comunicación masivos se alinean con las tesis dominantes por inercia irresistible tanto como por iniciativa ideológica. En su expresión más acabada, tales tesis consiguen revestirse de autoridad científica, jurídica o internacional, lo que, más que pervertir el debate, lo sustrae del ámbito social.
 
Esta situación no sólo es propia de regímenes autoritarios; también se da en democracias de baja intensidad, como la nuestra. Los debates adulterados degradan gravemente la calidad del sistema democrático: el debate es presupuesto de la participación política y del activismo cívico. Al no haber intercambio de argumentos, la tesis dominante no necesita especial refuerzo ideológico ni intelectual; las tesis disidentes, si se atreven a manifestarse, son fácilmente manipuladas y expulsadas a la marginalidad o a la extravagancia. Lo anterior repercute en los programas electorales de los partidos y en la acción de gobierno de los vencedores, que tiende a moverse en márgenes cada vez más estrechos. La tensión dialéctica imprescindible para la renovación de ideas queda neutralizada. Puede haber alternancia política, pero no hay alternativas de proyectos sociales.
 
En Francia, el debate social se considera que forma parte del núcleo esencial de los valores republicanos. Uno de los ejercicios de la selectividad universitaria (el temido “bac”) ha venido consistiendo en proponer un tema de relevancia pública sobre el que el alumno debe redactar un planteamiento dialéctico: argumentos a favor, en contra y síntesis. No se trata de acertar, sino de saber expresar y contrarrestar opiniones contrarias a la propia. En Reino Unido, aparte de la calidad legendaria de sus medios de información públicos, el sistema mayoritario y la dimensión del distrito electoral obliga a todos los candidatos a bajar a la arena del debate casa a casa y cara a cara, tanto de los asuntos domésticos como de las grandes cuestiones nacionales.
 
Entre nosotros, es tópico decir que padecemos una propensión histórica a intercambiar tiros en vez de razones. Pero en la situación actual, estas ocurrencias no nos deben hacer perder la perspectiva. El origen de la actual adulteración de los debates públicos se encuentra en parte en las circunstancias en que se desarrolló la transición. Miedo a la involución, posibilismo y consensos forzados arrinconaron debates cuyo solo planteamiento habría herido demasiadas sensibilidades. Por todos, el relativo a la legitimidad histórica de la monarquía juancarlista, tema unido al de la forma de Estado.
 
Durante la democracia, los medios de comunicación no han contribuido a la apertura de los debates públicos. La supresión del programa “La Clave” en la campaña institucional del referendum sobre la OTAN de 1986, o el tratamiento informativo de la huelga general de 2002, por no hablar del escándalo permanente de las televisiones autonómicas, son ejemplos de la desvergüenza con que el grupo gobernante ha instrumentalizado a su favor los medios de titularidad pública. El blindaje laboral de los profesionales contratados en cada etapa no facilita que cambien las cosas.
 
Los medios privados han padecido en este período una grave asimetría ideológica, lo que ha limitado su papel en el campo de la formación de opinión. Los medios escritos, sin la competencia de los de titularidad pública desde la desaparición de la prensa “del movimiento”, y los radiofónicos, han estado en estos años muy fragmentados en el campo de la derecha, y nucleados en torno a un grupo principal en el sector de la izquierda. Los primeros han estado condicionados por su tamaño o, especialmente los de capital extranjero, por dinámicas empresariales ajenas a estas inquietudes. En cuanto al grupo mediático mayoritario en la izquierda, sus niveles de difusión y de homologación internacional le hubieran podido conferir autoridad intelectual suficiente para asumir cierta función institucional de instrumento de debate social. Pero una política empresarial ultrapersonalista y, últimamente, urgencias de supervivencia financiera, han determinado que los redactores de estos medios hayan tenido que anteponer como norma su pretendida capacidad de consigna y de presión, a la función social de la información de la que hablamos.
 
El cine, el teatro, la música y otras manifestaciones culturales, no han sabido en estas décadas acoger ni provocar debates sociales abiertos. Un sesgo ideológico demasiado explícito y actitudes gremiales exageradas han desconectado estos ámbitos de la sensibilidad general, lo que en el caso del cine alcanza desde el “no a la guerra” de los premios Goya del 2003, extremos de verdadera patología social. La transversalidad del pop de la “movida” parece haberse sustituido por el linchamiento ideológico de los no afiliados al sindicato de la ceja (Russian Red, Nena Daconte, Café Quijano…).
 
El marco institucional no favorece los debates públicos. Nada que añadir a las iniciativas de los editores de este blog en relación con las disfunciones del sistema de partidos. No hay debate ni en las bases ni en los cuadros. El sistema jerarquizado, la ausencia de primarias y de trabajos precongresuales, y las listas electorales cerradas blindan la organización contra la disidencia interna.
 
Pero tampoco los restantes mecanismos de representación política fomentan el debate abierto. La regulación constitucional del referendum es absolutamente restrictiva; su aplicación ha estado además contaminada por la falta de neutralidad institucional del gobierno de turno, apoyando con todo su aparato propagandístico la opción finalmente triunfante. Por ello son percibidos como un instrumento de refrendo plebiscitario a la iniciativa del gobierno, y las cifras de participación en los dos celebrados durante la democracia son modestas (59% en el de la OTAN de 1986, y 42% en el de la Constitución Europea de 2005). La iniciativa legislativa popular del art. 87 CE está regulada con desconfianza y racanería, y no garantiza que la opinión pública movilizada se vea reflejada normativamente.
 
Por otra parte, no existe en nuestro país un entramado de organizaciones sociales consagradas a la elaboración de ideas de debate, característico del mundo anglosajón. En el ámbito público, las universidades no han podido asumir el papel de think tanks que les habría correspondido por historia, presupuesto y dimensiones. La politización, las distorsiones del sistema autonómico, y los muy discutidos criterios de selección y promoción, son explicaciones sólo parciales de esta realidad. Las fundaciones “pensantes” de los partidos actúan como reductos de atrincheramiento ideológico de cada facción, cuando no de puro personalismo de políticos prejubilados.
 
Hay iniciativas privadas en este sector de los laboratorios de ideas, para las que las redes globales de transmisión de la información han constituido instrumento determinante de despegue. Están llamadas a ser parte fundamental de la apertura de los debates. Pero los seducidos por ellas debemos reconocer que parte de la sociedad española sigue asociando las más relevantes a intereses particulares: empresariales, corporativos, confesionales, o, en general, elitistas. Una de las más pintorescas está reservada sólo para exministros; quizá más de uno debería aplicarse el principio marxista de no aceptar nunca ser miembro de un club donde admitan gente como él.  Nuestra falta de tradición en fabricar ideas provoca más simpatía e interés hacia movimientos de debate asambleario como el 15M, víctima de su propia espontaneidad.
 
La actual crisis económica e institucional ha precipitado debates públicos esenciales para nuestro futuro colectivo: forma de Estado, distribución territorial del poder, dimensión de la función pública, cauces de representación política y sindical, extensión y límites del estado del bienestar, función social de la educación, estructura del sistema tributario, mecanismos de previsión social, disponibilidad de la vida humana, marco jurídico de la familia, etc.
 
Nos está llegando el momento de decidir, quizá sin miedo esta vez a una quiebra traumática de la convivencia, pero sin ámbitos ni mecanismos de debate social.  Debates sociales adulterados darán lugar a que lo que salga de esta crisis sea tan frágil y artificial como lo que hoy criticamos. “Las ideas tienen consecuencias”.