Edward Snowden, ¿héroe o criminal?

¿Debe Snowden ser perseguido sin descanso por toda la faz de la tierra? ¿O protegido y honrado allí donde llegue, como si fuera un verdadero héroe? Probablemente… las dos cosas. Califiquémosle de héroe trágico, entonces, como Antígona. Y ahora expliquemos por qué.
 
Uno de los aspectos que más llama la atención de este grave caso de espionaje es la general falta de sensibilidad al respecto entre la población, concretamente la norteamericana y la británica, cuyos gobiernos son los impulsores de estas actividades, pero también en la europea, lo que es todavía más chocante. El alcance de la intervención, tanto la telefónica como la realizada en la web, es formidable, pero además hay que tener en cuenta que el esquema de actuación (ordenado en regulaciones secretas, ejecutado a través de procedimientos secretos, y autorizado por decisiones judiciales secretas) era completamente desconocido para la mayor parte de la ciudadanía. Por eso mismo, en la medida en que no está sometido a debate y control público, resulta potencialmente muy peligroso. Es obvio que la seguridad nacional no puede justificarlo todo, al menos si uno quiere seguir llamándose un país libre y democrático. Y, sin embargo, la gente parece conformarse si se les dice que es por su seguridad y que el espionaje principalmente afectaba a extranjeros. En definitiva, que el americano o británico que no tenga nada que ocultar y que por ello no sea sospechoso de algo feo puede vivir muy tranquilo.
 
Bueno… siempre que no haya leído a Martin Niemöller (y no Bertolt Brecht, por cierto):
 
“Cuando vinieron a por los sospechosos
guardé silencio
porque yo no era sospechoso.
 
Cuando vinieron a por lo que hablaban en árabe
no dije nada
porque yo no hablaba en árabe
 
Cuando vinieron a por los extranjeros
no protesté
porque yo no era extranjero.
 
….
 
Cuando vinieron a buscarme
no había nadie más que pudiera protestar.”
 
(La versión es mía, claro, pero la gracia del poema es que es abierto y uno lo completa en función de las circunstancias).
 
Resulta entonces bastante natural que Snowden despierte escasa solidaridad entre sus compatriotas. Unos le llaman traidor y otros le miran con cierta indiferencia (aunque esta reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac cambia un poco la anterior impresión, al señalar que sólo es un traidor para el 34 % de los entrevistados y un whistleblower para el 55 %). Sin embargo, los que le califican de traidor no están desprovistos de cierta razón. Al igual que ocurre con el decreto prohibiendo enterrar a Polinices, el sistema de espionaje ideado por la Administración Obama es dudoso que pueda calificarse de ilegal, es decir, de contrario al Derecho. La legislación americana atribuye amplios poderes a las agencias de espionaje que, al menos en teoría, están supervisadas por el Congreso y por los Tribunales (aunque no en todos los casos). Las normas clave a este respecto son  el título II de la Patriot Act (especialmente la sección 15) y la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISAAA) enmendada en 2008. Estas normas permiten interceptar comunicaciones y requerir información a los proveedores de Internet con el fin de almacenar “data” y “metadata” (contenido de los mensajes o únicamente sus parámetros). En general, metadatos de nacionales y datos de extranjeros, por simplificar, pero también datos de americanos al amparo de la sección 15.
 
En consecuencia, es evidente que con arreglo a esta legislación Snowden no es técnicamente un whistleblower, es decir, un informante de dentro de una organización que, vulnerando la normativa interna de esa organización, denuncia prácticas ilegales, corruptas o fraudulentas. Otra cosa es que esas prácticas puedan ser  “inmorales” o, por utilizar una terminología un poquito más moderna, políticamente impresentables, y que al denunciarlas se preste un servicio al interés público, lo que podría suscitar alguna duda. Pero lo cierto es que, en este caso, la práctica totalidad de los representantes políticos estadounidenses, democráticamente elegidos, no consideran que se haya prestado un servicio público a la nación con estas revelaciones, por lo que, ni por un lado ni por el otro, Snowden es un whistleblower que merezca amparo. De ahí que, con arreglo a Derecho, deba ser sancionado. Antígona no dudaba de que cometía un crimen (un “piadoso crimen” lo llamaba) y estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de su elección moral. Snowden encaja todavía mejor en esa calificación.
 
Por eso, lo primero que hay que destacar de este asunto es que revela como pocos que el Derecho no lo es todo, que existen siempre otros valores que escapan completamente del ámbito de lo jurídico, y que no tiene sentido pretender resolver cualquier cosa con normas legales, como si todo se resolviera con la ecuación:
 
Bueno = Legal
Malo = Ilegal
 
No se trata de que el Derecho positivo quede anulado por el Derecho natural, no se trata de que la orden de Creonte sea nula, técnicamente hablando, por contravenir la ley de los dioses. No, el famoso decreto prohibiendo enterrar a Polinices por traidor es Derecho (incluso entendido como valor, no como mera norma vigente), como es Derecho el decreto estadounidense de busca y captura de otro traidor, Snowden, y, sin embargo, puede ser perfectamente moral desobedecerlos. Snowden cree estar prestando un importante servicio a la democracia y a los verdaderos intereses de la ciudadanía americana (y creo que tiene razón) por lo que hay que elogiar su valor moral a la hora de afrontar el riesgo, que no es precisamente insignificante. Por eso es bastante incompresible la crítica que le hace Vargas Llosa, en este artículo de El País publicado ayer, acusándole de no optar por el camino legítimo de acudir a los tribunales o a la prensa de un país libre, como el suyo, en vez de violentar la legalidad y convertirse en un instrumento de regímenes totalitarios. Incomprensible, porque optar por el primer camino exige transitar el segundo.
 
Y en cuanto a servir de instrumento a países totalitarios, creo que los europeos tenemos cierta responsabilidad en eso. Porque lo segundo que hay que destacar es que desde la perspectiva europea la cosa varía sensiblemente, ya que con arreglo a nuestro Derecho Snowden sí es claramente un whistleblower que encaja perfectamente en esta figura y que por ello merecería protección. Es obvio que nuestro Derecho no permite que una potencia extranjera se dedique a interceptar las comunicaciones de los ciudadanos europeos y de sus representantes políticos, incluidos los de las instituciones europeas. Las revelaciones del ex espía han servido para denunciar estas actividades y Obama no las ha contradicho en ningún momento (en eso no se parece a Rajoy, será tonto). Sólo dice –con un cinismo verdaderamente impresionante- que para eso están los servicios de inteligencia, para obtener información. Muy bien, pero a la vista de esa forma de proceder, Snowden merece el amparo europeo, no sólo desde el punto de vista moral, sino también jurídico. Recordemos que el tratado de extradición EEUU-UE excepciona los delitos de carácter político, y el de revelación de secretos no está en la excepción de la excepción (art. V, A, 3 y B). La sospecha de que, precisamente, si pone los pies en nuestra vieja Europa, los tribunales estarían dispuestos a proporcionarle amparo, es lo que ha puesto histérico a los Gobiernos del continente, para su vergüenza (y para la nuestra). Seguramente porque ellos también tienen mucho que ocultar. No nos podemos quejar ahora de que otros regímenes menos presentables aprovechen la oportunidad que les hemos ofrecido de manera tan irresponsable.
 
Resulta lamentable, entonces, que pese a que Snowden merezca nuestro agradecimiento y protección, lo único que hasta ahora le hayamos ofrecido sea… el ridículo. El caso de Evo Morales es una de las chapuzas más formidables cometidas por los europeos en una época repleta de chapuzas europeas. La prohibición de sobrevolar Francia, Italia y Portugal o el patético intento de nuestro embajador en Viena por fisgonear en el WC del jet de Evo serían dignos de una tira de la Codorniz o de una noticia de El Mundo Today. Me imagino a Putin diciéndole a Evo antes de subir a su avión: “oye tío, por qué no te llevas a éste y le dejas en algún sitio en cualquiera de tus escalas, como quien no quiere la cosa, como si fuese una bolsa de palos de golf o algo así, o mejor lo tiras en paracaídas cuando sobrevueles Normandía, en plan alegoría del desembarco informativo…”. Y, mientras tanto, Margallo diciendo que tenía “información fidedigna”. Qué vergüenza.
 
 
Quizás no proceda hacer el papel de Antígona en esta farsa -Creonte es un rey muy poderoso- pero tampoco estamos forzados a hacer el papel de vigilantes del cadáver de Polinices, esos que en la versión de Anouilh iban vestidos de payasos. Siempre cabe encontrar un término medio un poquito más digno.

El denominado “escrache” ¿alternativa de manifestación pacífica o ejercicio excesivo del derecho fundamental de reunión?

La puesta en práctica del tipo de manifestación denominada como escrache (de escrachar a alguien, ponerlo en evidencia) ha supuesto la irrupción de un nuevo  y acalorado debate en el seno de la sociedad Española.
 
Aunque la versión del escrache existente en España, se podría calificar como de baja intensidad o venida a menos, dado que carece de muchas de las características que en los países donde se gestó esta práctica –Argentina y Chile- posibilitaban su calificación como manifestación de carácter agresivo o radical.
 
Esta novedosa forma de manifestación, obtuvo intensa difusión mediática a causa de su originalidad y peculiaridad, y más pronto que tarde se suscitó la polémica en torno a su legalidad. Se expuso por varios de los miembros del gobierno actual, que esta forma de expresión popular suponía una grave vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18, inciso primero, de la Constitución Española. Esta opinión fue ampliamente compartida por los medios de comunicación que.o bien se alinearon a la versión oficial o incluso elaboraron discursos más proclives a la ilegalidad absoluta de la tan cuestionada práctica.
 
Por otro lado, la puesta en práctica del escrache se enmarca dentro del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, establecido por el artículo 21, incisos primero y segundo, de la Constitución Española. Pero al estar afectando en su ejercicio –considerado excesivo para algunos- al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, el conflicto entre derechos está servido.
 
Para posicionarse a favor de una de las dos posturas que nos ofrece el conflicto –delimitar o “modular” el derecho de manifestación, o tolerar la presunta vulneración al derecho a la intimidad- es preciso realizar un análisis jurídico pormenorizado de los derechos en pugna.
 
Si nos atenemos al tenor literal de ambos derechos enfrentados y los comparamos entre sí, nos asaltan las dudas. Una argumentación recurrente de los defensores de la limitación del derecho de manifestación, es que éste no puede ser ejercitado frente a los domicilios personales de las personas que ocupan cargos políticos públicos dado que el domicilio es “inviolable”. La duda más inmediata es si dicha inviolabilidad contempla la posibilidad de no ser perturbado por unos cuantos ruidosos que exigen de manera pacífica una u otra cuestión. La literalidad del texto nos dice claramente que no. Que la inviolabilidad se circunscribe estrictamente a la entrada de facto o registro material del domicilio que se trate. Tampoco en el desarrollo jurisprudencial de este derecho, que le otorga un alcance más amplio, se consideran entre los supuestos vulneradores de la inviolabilidad del domicilio casos que pudieran encajar en la práctica del escrache.
 
Otras voces en cambio, también favorables a la anulación de la práctica, se inclinan por calificarla de “acoso”, amparándose en el supuesto carácter “hostil” que la caracteriza. Revisando minuciosamente los razonamientos que van en esta línea se puede deducir que ninguno de ellos responde a la objetividad o a un análisis más o menos preciso de la cuestión, sino que se encuadran más bien en un intento tendencioso de relacionar los escraches con la violencia, teniendo por fin último la inmediata erradicación de dicha práctica dadas las molestias que genera en ciertos sectores de la política.
 
Tampoco parece que los escraches puedan llegar a suponer una intromisión ilegítima de terceros en la intimidad personal y familiar del afectado, ya que no parece posible subsumir dicha práctica en ninguno de los supuestos que son considerados como una vulneración del derecho a la intimidad y que se establecen en el artículo 7 de la  ley orgánica que lo regula (LO 1/1982). A grosso modo, se consideran como vulneraciones de dicho derecho las acciones que logran inmiscuirse en los aspectos más íntimos de una persona y que permitan desvelar información de su personalidad, salud, relaciones o comunicaciones, entre otras. Por lo que en base a esta definición sería complicado calificar al escrache como de injerencia arbitraria o ilegal en la intimidad de una persona, y sería igualmente complicado pensar que el escrache revela, por el sólo hecho de ejercitarse, datos o información que pudiera vulnerar el derecho a la intimidad de la persona afectada en la forma antes definida.
 
Por tanto, me parece que las impresiones negativas existentes acerca de la controvertida práctica podrían estar más bien influenciadas por el posicionamiento oficial y el mediático más que por la realidad de la práctica en sí. El uso recurrente y excesivo de palabras que expresan rotundidad en las argumentaciones contrarias al escrache realmente poco aportan a un debate razonable, crítico y jurídico.
 
Descartada entonces la posibilidad de que el escrache suponga una vulneración a la inviolabilidad, un acoso o una intromisión ilegítima en la intimidad, se podría afirmar que la pretensión de acotar el derecho de manifestación en su modalidad escrache, se ajusta más a la idea del right to be alone  o “derecho a no ser molestado”, del cual el cargo público carecería, al menos en su concepción más absoluta. Justamente, la excepción a la regla de no ser molestado, vendría dada por el carácter público del “escrachado”, ya que se podría aventurar que el dirigente político al asumir su cargo decide renunciar –al menos en parte- a la protección de su privacidad personal, y por tanto no poseería un derecho absoluto a no ser importunado en su ámbito privado. Esto es, no podría rechazar cualquier intromisión en el ámbito de su intimidad, y ciertos aspectos de su privacidad serían accesibles al público en general y podrían ser objeto de información masiva y crítica aún cuando ello le resulte molesto o incómodo.
 
Puede que a primera vista un conflicto entre derechos como el expuesto pueda parecer de difícil resolución, pero la aplicación de la racionalidad jurídica convierte su dificultad en aparente, ya que realmente no habría que apelar a mayores concesiones de uno u otro derecho para que ambos coexistan en armonía. Para posibilitar la convivencia entre estos derechos, habría que apelar a soluciones prácticas basadas en la evidencia empírica que nos proporciona las varias manifestaciones de modalidad “escrache” que ya se han llevado a cabo hasta el momento. La ya vasta experiencia constata que las manifestaciones no son violentas ni tienen viso alguno de serlo. También, que éstas al realizarse cuentan con la debida autorización y que muchas veces ni siquiera afectan el tránsito público debido al civismo de las personas que integran el grupo escrachador. En ellas casi no se escuchan insultos, ni suponen una alteración significativa del orden público. Lo único que se podría compartir con los detractores de esta práctica es que las manifestaciones de escrache hacen ruido y son molestas. Como todas las manifestaciones.
 
Dichas molestias ¿merecen una limitación de un derecho fundamental o una regulación en términos prácticos? Probablemente la segunda opción sea la más conveniente, y de hecho es la que ya está en uso. Actualmente, se permite el desarrollo de los denominados “escraches” pero a una distancia de seguridad “razonable” del domicilio del escrachado. De esta manera se logra complacer ambas pretensiones en conflicto: por un lado se permite el objetivo del escrache, que no es más que el señalamiento público de un determinado cargo político fuera de su hábitat natural –congreso o sede partidista-, y por el otro se garantiza el respeto y la no vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del afectado y sus allegados, (a pesar de que entiendo que aún manteniendo la dinámica sin regulación el derecho a la intimidad tampoco se vería afectado).
 
La clara posibilidad de satisfacción conjunta de ambas pretensiones en conflicto, erradica de plano cualquier posibilidad de limitación «a futuro» del derecho de manifestación. No debería dudarse de la superioridad que ostenta una solución –el libre ejercicio del derecho de reunión- sobre la otra –la supuesta vulneración de muy escasa entidad que ocasiona a la privacidad personal-.
 
Los valores en juego exigen ser en extremo cuidadosos a la hora de contemplar la posible limitación de un derecho fundamental. Un juicio valorativo de tipo utilitarista a los propios intereses nunca podría imponerse a un balance cualitativo de los valores en juego que se desarrolle a través del razonamiento jurídico-filosófico. Un hipotético triunfo de la versión del gobierno podría llegar a causar un daño difícilmente reparable a un derecho fundamental de soberana importancia para las sociedades democráticas como lo es el derecho de manifestación. Argumentos efectistas e interesados, no basados en la legalidad y que no contemplen la totalidad de posiciones y opiniones de los actores involucrados en el conflicto, deberían de ser rechazados de plano para dar lugar a soluciones basadas en la equivalencia, que sirvan para armonizar las pretensiones enfrentadas y logren garantizar la coexistencia pacífica de los derechos fundamentales.

La coherencia, ¿vicio o virtud?

Me gusta esto de plantearme si una cosa es un vicio o una virtud, como ya hice en otra ocasión, pues es como reírse un poco de la condición humana y de uno mismo. Y voy a empezar por ahí, riéndome, pues tengo que reconocer que he sido educado en la idea de que la coherencia es una virtud irrenunciable, inalienable, imprescriptible y todas esas cosas que decimos los juristas. O sea, que me han enseñado que si pienso una cosa tengo que actuar como pienso, porque si no, acabaré pensando como actúo, que decía Blaise Pascal. Y eso significa que considero honrada mi propia conducta cuando coincide con las premisas que yo mismo me he  impuesto (o, quizá, que creo que me he impuesto) y me escandalizo cuando otros -siempre son otros, por supuesto- actúan de una forma palmariamente contraria a aquello que predican: curas que pecan, sindicalistas que se acogen a los ERES, políticos que hacen lo contrario de lo que hicieron, políticos que no cumplen sus promesas electorales (no hace falta enlace), ministros de presupuesto que tienen dinero en Suiza….
Y no es que diga, como los artistas, «mi gran defecto es que soy demasiado coherente». No, la coherencia a veces hace sufrir porque acentúa las contradicciones que pueda tener el sistema moral empleado, puede implicar poca adaptación a las circunstancias (el “tomarse las cosas al pie de la letra”, la “dura lex sed lex”, la “palabra dada es sagrada”) y lleva consigo a veces una rigidez  poco compasiva. Puede incluso ser hipócrita pues, como decía el poeta americano R.W. Emerson, “las coherencias tontas son la obsesión de las mentes ruines” y -reconozcámoslo- lo cierto es que nos llenan de regocijo porque su llamativa grosería nos hace sentirnos mejor, más elevados moralmente en nuestra presunta rectitud. E incluso a veces puede ser peligrosa, pues cabe reconocer que los nazis eran muy coherentes con sus ideas. O sea, que la coherencia depende, por supuesto, del sistema de valores que la respalde.
Estos inconvenientes me han hecho plantearme hasta qué punto la coherencia (la integridad o, si quieren, otras virtudes antiguas, como el esfuerzo) puede seguir manteniéndose como virtud en unos tiempos posmodernos en que todo cambia, todo se relativiza, nada perdura ni es “para toda la vida” ni sagrado ni, al parecer, hay valores eternos, sistemas universales que sirvan de guía y permitan ejercer la coherencia.
Me hizo pensar sobre ello el pasado miércoles Pedro G. Cuartango, en un interesante y breve artículo en El Mundo titulado “Un profeta llamado Daniel Bell”, en el que elogiaba la visión de este pensador que fue capaz de ver la contradicción de un capitalismo surgido de la ética del trabajo y cultura del esfuerzo que desemboca, por su propio éxito, en una sociedad obsesionada por el hedonismo y felicidad personal.
En efecto, pienso que esa es una de las claves del asunto, aunque no creo que sea sólo una cuestión del capitalismo, sino de la sociedad entera, ni que Daniel Bell sea el único que ha previsto esta situación. De hecho, hay muchos autores que han tratado este tema con profusión, y entre ellos a mí me interesan mucho Gilles Lipovetsky y Zygmunt Bauman. Vamos a dar una pequeña vuelta por su pensamiento.
El bueno de Gilles Lipovetsky dice en “La era del vacío” que en la sociedad moderna (la anterior a la Segunda Guerra Mundial) la lógica de la vida consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las expresiones singulares, ahogar las particularidades idiosincrásicas en una ley universal, sea la “voluntad general”, las convenciones sociales, el imperativo moral, las reglas fijas y estandarizadas. Ahora, en esta sociedad posmoderna, desaparece la imagen rigorista, dando paso a nuevos valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad íntima, la legitimación del placer, el reconocimiento de las peticiones singulares. El ideal moderno de la subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado, pues el proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el del respeto a la singularidad objetiva. El derecho a ser íntegramente uno mismo es inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal, pero hay un salto adelante: esa libertad pasa a la vida cotidiana y vivir libremente, escoger libremente el modo de existencia es el hecho cultural y social de nuestra época.
Por ello, el esfuerzo ya no está de moda, nos dice: todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha devaluado en beneficio del culto al deseo y de su realización inmediata como si se tratase de llevar a sus últimas consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a favorecer la “debilidad de la voluntad”, es decir la anarquía de los impulsos y tendencias y, correlativamente, la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo: “la pluralidad y la desagregación de los impulsos, la falta de sistema entre ellos desemboca en una voluntad débil”; nuestra ideología del bienestar estimula la dispersión en detrimento de la concentración, y contribuye al desmenuzamiento del Yo, a la aniquilación de los sistemas psíquicos organizados y sintéticos. El fin de la voluntad coincide con la era de la indiferencia pura, con la desaparición de las grandes objetivos y grandes empresas por las cuales merece la pena sacrificarse.
Por su lado Zygmunt Bauman, -el que acuñó el concepto «tiempo o mundo líquidos»– en “Ética Posmoderna”, arremete contra Lipovetsky considerando que éste confunde las conductas prevalecientes con el juicio moral (o sea, que cree que una cosa está bien simplemente porque existe) y entiende que, aunque la moralidad no es universal, sino relativa en función de tiempo, lugar y cultura, en la perspectiva posmoderna no ha de haber un relativismo en la moralidad: lo que pasa es que se ha producido una descentralización de la autoridad intelectual y un despego de los metarrelatos que buscan explicar y controlar la sociedad, mediante normas morales rígidas, ha desaparecido la fe en reglas que funcionen con fundamentos que no se tambaleen, en un código ético no ambivalente y no aporético (sin contradicciones insuperables), que él llama “código ético a prueba de tontos”, y se ha asumido que nunca se encontrará.
El enfoque posmoderno de la ética consiste, ante todo, no en hacer a un lado las preocupaciones morales modernas características, sino en rechazar las formas modernas típicas de abordar los problemas morales; esto es, responder a los retos morales con normas coercitivas en la práctica política, así como la búsqueda filosófica de absolutos, universales y sustentos de la teoría. Los grandes problemas éticos —derechos humanos, justicia social, equilibrio entre la cooperación pacífica y la autoafirmación— no han perdido vigencia; únicamente es necesario verlos y abordarlos de manera novedosa en la que no hay una simple distinción entre lo “correcto” y lo “incorrecto”, independientemente de otros conceptos como la utilidad, verdad, belleza…Y ahora el camino correcto se divide en multiplicidad de opciones: lo razonable económicamente, estéticamente agradable, moralmente adecuado…y es preciso decidir cual tiene prioridad.
Es decir, Lipovetski parece que da por bueno lo que hay y Bauman admite un criterio ético pero adaptado a las circunstancias y a los diversos planos de los problemas.
Pero, me pregunto yo, ¿podemos vivir sin una mínima coherencia, sin un hilo conductor de nuestras vidas que, aunque pueda adaptarse a las circunstancias, dé un sentido  a nuestras conductas?
Sin duda es una pregunta ambiciosa que supera los recursos de este bloguero y quizá los límites de ¿Hay Derecho?, pero me atrevo a apuntar que no deja de tener una gran relación con la idea de que el orden social no debe estar únicamente confiado a la poder coactivo de las normas positivas, que tantas veces hemos remarcado en el blog.
Sin duda, como señala Bauman, será preciso encontrar unos nuevos criterios que permitan ordenar la conducta humana pues probablemente sea difícil volver a metarrelatos de otras épocas, a anteriores explicaciones universales del mundo, aunque me cuesta creer que tales criterios vayan a ser puramente individuales y subjetivos -por mucho que la realidad actual sea enormemente compleja y cambiante- pues no parece que la coherencia sea solamente coherencia con los propios deseos y ambiciones y que ello sea el fundamento de todas nuestras actuaciones. Tal cosa no sería moral sino psicología.
Pero no es dato insignificante que el libro de Lipovetski sea de 1983 y el de Bauman de 1993, tiempo cercano en la cronología, pero quizá no tanto en las circunstancias sociales y económicas y no sería de extrañar que el cambio de hábitos que la crisis no está obligando a sufrir hiciera más fácil el alumbramiento de nuevas reglas.

Play it again, Sáenz (as time goes by)

El caso Sáenz ha sido un auténtico regalo para la sociedad española y, en consecuencia, para este blog, y de ahí nuestro profundo agradecimiento. No ha habido otro acontecimiento al que le hayamos dedicado tantos post (con éste van seis). En “Todo por la pasta” comentamos la sentencia que le condenó; en “El indultado” y en “Honorable por Decreto”,  el Decreto que le indultó; en “Comentario a la última sentencia del TS en el caso Sáenz”, la sentencia que anuló parcialmente el indulto, y en “Comentario al proyecto de normativa sobre honorabilidad…”, las intenciones del Gobierno de suprimir el requisito de falta de antecedentes penales por delitos dolosos para ejercer la actividad bancaria, consumadas el pasado viernes al aprobarse el RD 256/2013.
 
Y si el caso es un regalo, es porque revela a la perfección –por lo menos para el que tenga el atrevimiento de mirar- la valoración que nuestros dirigentes políticos y económicos tienen del Estado de Derecho. Gracias al caso Sáenz contemplamos con total transparencia, cómodamente sentados en nuestra butaca, cómo se instrumentalizan los resortes del Estado para conseguir que la ley no sea igual para todos. No podemos acusar a nadie de engañarnos. Esto es lo que hay, y, as time goes by, con nuestra completa aquiescencia.
 
Ya nos enseñó Bodenhaimer hace muchos años (poco después de salir pitando de la Alemania nazi) que si el Derecho es algo, es fundamentalmente un freno al poder, político y económico. El Derecho impide que el poderoso estruje al débil. Impide, por ejemplo, que un banquero pueda dirigirse contra una persona reclamándole un dinero cuando no tiene derecho a ello, amenazándole con encerrarle en una mazmorra de su castillo si no le paga. El Derecho prohíbe que se compren jueces para forzar torticeramente a la Justicia a decir lo que no es justo, y no sólo para decirlo, sino además para meter en prisión a sus enemigos. Y como lo prohíbe, castiga esos comportamientos.
 
Pues bien, cuando eso ocurre se supone que el poder ejecutivo en una democracia debe colaborar con el Derecho y no convertirse en cómplice y valedor del poderoso. El hecho de que en algunas partes lo haga es tan asombroso y chocante que basta sólo con ello para caracterizar un régimen político, tal como demostró de manera genial Chaplin con una simple escena al comienzo del Gran Dictador (y como nos recordaba hace poco Elisa).
 
Alfredo Sáenz fue condenado por un delito de acusación falsa (con la concurrencia de un atenuante por dilación indebida en el procedimiento, que supuso rebajarle la pena en un grado). Si el procedimiento se alargó tanto (lo que le valió al Sr. Sáenz la atenuante) es porque la investigación del delito de cohecho llevó mucho tiempo y al final no pudo probarse. Es decir, el ex juez Estevill prevaricó al ordenar el ingreso en prisión de las víctimas, pero no se pudo demostrar que recibiese dinero a cambio (ya sabemos ahora que esto de Suiza y de los paraísos fiscales es un lío, especialmente si uno de los implicados es un banco). El juez debió prevaricar por amor al arte, seguramente.
 
Pues bien, el Gobierno de Zapatero indulta al Sr. Sáenz. Y le indulta porque  el Sr. Botín, al conocer la sentencia, no le había cesado -como habría ocurrido en cualquier país civilizado- sino confirmado en su puesto de Consejero-Delegado del Santander, quizá porque ese es el espíritu combativo que en defensa de los intereses del banco –por encima de cualquier otro- quiere que reine en el Grupo. Al Gobierno de España, en conclusión, esta conducta también le parece digna de un banquero (básicamente porque se lo parece al Sr. Botín) e intenta remover los obstáculos legales que impiden que pueda seguir ejercitando legalmente su actividad bancaria.
 
Pero como adulterar un sistema democrático ya instalado exige al menos un poco de competencia técnica, el TS anula parcialmente ese indulto aclarando que las normas en España en pleno siglo XXI no pueden ser singulares, es decir, que no se puede mantener el requisito de honorabilidad para todos menos para el Sr. Sáenz. Una pena, porque la sentencia fuerza al Sr. Rajoy a mojarse, él que pensaba que Zapatero le había resuelto el problema definitivamente.
 
La solución, por tanto, es evidente: si una norma singular no vale, será necesario una general. Pero como la reticencia a retratarse está ahí, en el genoma, procede diseñar un instrumento que permita echar la culpa del apaño por una parte a la Unión Europea y por otra al Banco de España. De ahí el RD 256/2013. La norma es una imposición de la UE, se dice. Aunque realmente no es así, porque se podía haber mantenido perfectamente el requisito exigido por la legislación anterior. La UE se limita a atribuir libertad a los países, y especialmente a los reguladores, para valorar estas conductas (ya lo comentamos en el post anterior), por lo que la exclusión de este requisito de exclusión automática realizada por este RD es una decisión política, muy sospechosa dado el momento en que se produce. Con esta norma el Gobierno permite al Banco de España escaparse de su obligación de cesar al banquero, pero ojo, al mismo tiempo le atribuye, por eso mismo, una enorme responsabilidad.
 
Luego, en el fondo, lo único que ha cambiado con este Real Decreto es que ahora el Banco de España, en vez de tener que cesar al Sr. Sáenz necesariamente, debe hacerlo, sin duda, pero podría no hacerlo. Nada más (y nada menos). El asunto cae ahora, íntegramente, bajo su responsabilidad.
 
Interesante palabra esta de la responsabilidad. Todo el mundo habla mucho de ella, pero parece que pocos saben lo que significa. No hablo para nada de la responsabilidad con España del Sr. Botín y del Sr. Sáenz al forzar la situación hasta este punto, porque para qué. Ciñámonos a la de las instituciones. ¿Qué pensarán ahora en el Banco de España?: ¿Cumplimos con nuestro deber y cesamos al banquero? Porque que ese es su deber parece evidente. Sería inconcebible que una conducta como la descrita pudiera no ser considerada como excluyente de la honorabilidad para ejercer la profesión. Si esto no lo es, excluyamos también todo lo demás. Verdaderamente, no se me ocurre algo peor que pueda hacer un banquero. Si no es excluyente, deroguemos la norma directamente, por favor, y permitamos a los banqueros dirigir sus asuntos desde la cárcel, tal como hacen los jefes mafiosos. No sería peor que la imagen de un Banco de España afirmando que  acusar falsamente a los clientes de la entidad y utilizar los servicios de un juez prevaricador para meterlos en la cárcel no es incompatible con la honorabilidad que debe exigirse a un banquero.
 
¡Pero ay, si la responsabilidad fuera sólo deber! También están las consecuencias… pensarán. También está la reacción del Sr. Botín, el banquero más importante de España. ¿Podemos en estos momentos enajenarnos su colaboración, cuando tanto nos jugamos? ¿No podríamos quizá aprovechar este caso para sacarle alguna contrapartida que de otro modo sería imposible? ¿No le hemos metido en el SAREB? ¿Acaso no consiste en esto la verdadera responsabilidad?
 
Pues bien, cuando en una sociedad democrática esta pregunta se plantea seriamente, entonces su Estado de Derecho tiene los días contados. Cuando para los poderosos las normas son negociables, y se pueden comprar y vender con dinero, y se sabe además que eso es así, desaparece la legitimidad para todo, para condenar los escraches en la puerta de casa y para condenar cosas más graves. Yo no sé, sinceramente, si nos podemos permitir eso en España a estas alturas. No sé si el Banco de España es consciente de que esa ética de la responsabilidad que le perturba (frente a la de la convicción que impone el deber) no sólo tiene como único polo al Sr. Botín, sino a una sociedad hipersensibilizada con el tema bancario al que sólo le falta esto. Y al que lo dude le recomiendo que eche un vistazo a este video.
 
Por eso me resulta completamente asombroso que la prensa asegure que con este RD se aclara definitivamente el panorama para el Sr. Sáenz. Me resulta increíble que se pueda decir que los factores que incluye el nuevo RD (por favor, lean el art. 2.2.b) “ayudan a la exculpación de Sáenz” y juegan a su favor, entre ellas la existencia “de una circunstancia atenuante”. De acuerdo, puede ser cierto, pero sólo en el caso de que el Banco de España desconozca completamente en qué consiste su responsabilidad.  Me atrevo a decir que la futura decisión de esta entidad sobre el caso Sáenz puede ser una de las decisiones más relevantes de la historia reciente de España y, dependiendo de su contenido, marcar su futuro, en un sentido, o en otro.
 

Escrache y democracia

En primer lugar, me gustaría dejar claro el propósito del siguiente artículo. Mi objetivo no es reflexionar sobre la ley hipotecaria, la dación en pago o la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sino sobre los escraches promovidos por la propia PAH a raíz de dicha ILP. Mi intención es evaluar el escrache como medio empleado por un grupo determinado para alcanzar un fin, y mi objetivo último es responder a la siguiente pregunta: ¿pueden considerarse estos escraches aceptables desde una perspectiva democrática? En estas reflexiones, voy a huir de símiles y comparaciones con otros métodos utilizados en el presente o en el pasado, no porque no puedan aportar valor, sino porque temo que el eventual debate posterior acabe centrándose en dichas comparaciones. Así pues, me limitaré a razonamientos teóricos, sustentados por textos de la PAH o de sus portavoces.
 
Para empezar, podemos repasar el texto con el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llamó a la realización de escraches, y que se encuentra en este link. Hay frases muy significativas, como las siguientes: “Nos tememos que algunos partidos van a expresarnos su determinación de votar en contra”, “haremos visible su actividad legislativa en los barrios en los que viven mediante carteles y manifestaciones para que no puedan vivir de forma impune y sientan la incomodidad en sus actos cotidianos”, “Se acabó la impunidad para aquellos que permiten que se sigan vulnerando los derechos humanos en nuestro país”, “La ILP no se negocia”, “Votar en contra es declarar la guerra a las mayorías sociales de este país”.
 
Para continuar, tenemos el correo electrónico que se envió a varios diputados en lo que la PAH denominó “escrache virtual”. El texto completo está en este link. Me gustaría destacar las siguientes frases: “Entendemos que en estos cuatro años de vida hemos agotado todas las vías y mecanismos democráticos que ofrecía el sistema para cambiar una ley injusta y obscena”, “Ante el aumento de la presión popular el gobierno se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema”, “exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo”, “En caso de no recibir respuesta afirmativa, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría”, “no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país”.
 
A la vista de estas frases, podemos fácilmente extraer las siguientes conclusiones:

  1. La PAH se arroga la representación de “una incontestable mayoría”, de “las mayorías sociales de este país”
  2. La ley actual se considera ilícita: se le califica de “injusta”, “obscena”, y se dice incluso que vulnera los derechos humanos.
  3. La aceptación de la ILP se plantea como única alternativa aceptable: las iniciativas del gobierno se descartan por completo. Así mismo, se deja claro que la ILP debe ser aceptada por completo, “sin rebajas ni concesiones de ningún tipo”:  “La ILP no se negocia”
  4. Como consecuencia de lo anterior, el diputado que se oponga a la ILP en su totalidad o en parte, es considerado inmoral e injusto, un enemigo público que “declara la guerra a las mayorías sociales del país” y por lo tanto merece ser castigado: “que no puedan vivir de forma impune”, “se acabó la impunidad”.
  5. La PAH se considera acreditada para aplicar ese castigo a los diputados inmorales, es más, está moralmente obligada a ello: “no tendremos otra opción”.

 
Si aceptamos estas conclusiones como válidas, ¿podemos considerar el escrache un medio democrático para lograr la aprobación de la ILP?
 
De entrada, podríamos deducir que la propia PAH no lo considera así, ya que en su escrache virtual dice haber “agotado todas las vías y mecanismos democráticos”, lo que da pie a pensar que el siguiente paso, el escrache, no lo es. Pero este razonamiento es, tal vez, demasiado sutil.
 
Revisemos más bien las cinco conclusiones obtenidas de la lectura de los textos:

  1. ¿En qué se basa la PAH para considerarse representante de la mayoría? Como plataforma, la PAH tiene miembros (su número no es especifica en los textos ni en su página web, o al menos yo no lo he encontrado), y para la presentación de la ILP recabó 1.402.854 firmas. Sin embargo, hay que señalar que estos centenares de miles de ciudadanos dieron su apoyo a un documento concreto, no se adhirieron a la plataforma, de modo que la PAH no puede considerarse representante de esos ciudadanos más que para la presentación de la ILP, que es para lo que dichos ciudadanos dieron su firma y su permiso. Así pues, en lo referente a los escraches, la PAH solo representa a sus miembros, que difícilmente pueden considerarse “una mayoría social”
  2. Es obvio que a la PAH, como a los firmantes de la ILP, y sin duda a muchos otros ciudadanos, no les gusta la actual ley hipotecaria. Y por supuesto, tienen derecho a manifestarlo y a intentar cambiarla: para eso existe el procedimiento de ILP. Sin embargo, en su crítica la PAH eleva extraordinariamente el tono de los calificativos, llegando a acusarla de ir contra los derechos humanos. Como expresión de una opinión, es respetable. Sin embargo, parece incompatible con su afirmación de que se hayan “agotado todas las vías y mecanismos democráticos” para cambiarla: ¿podría una ley que va contra los derechos humanos, superar todos los mecanismos y controles democráticos nacionales e internacionales? O bien la PAH no ha recurrido realmente a todos los estamentos posibles, o bien no ha encontrado ninguno que respalde esa valoración. Tenemos que concluir pues, que estamos ante una consideración meramente subjetiva de la PAH, pero de gran transcendencia en la justificación del escrache.
  3. Según la PAH, nadie puede aportar nada ni corregir nada sobre la ILP, debe aceptarse en su totalidad y no admite ningún tipo de negociación. Debemos deducir por tanto que la ILP es perfecta, y cualquier retoque solo podría empeorarla. En los mecanismos normales de cualquier democracia, las leyes requieren un proceso de discusión y presentación de enmiendas previo a su aprobación, pero con su representatividad de 1.402.854 firmas, la PAH considera que este proceso es, no solo innecesario, sino inaceptable.
  4. Llegamos por fin al punto de justificación del escrache: la criminalización de todo aquel diputado que no apoye la ILP. Es una consecuencia lógica de las premisas anteriores: si la ley hipotecaria va contra los derechos humanos, y la única solución posible contra esta ley criminal es la total aceptación de la ILP, entonces todo aquel que se oponga a la ILP en su totalidad o en parte estaría obstaculizando la solución y, por lo tanto, apoyando la continuidad del crimen. Su derecho a votar “NO” se convierte en un mero obstáculo para la PAH, ya que el único voto lícito es el “SÍ”.
  5. Ya tenemos el delito y el culpable: ahora vamos al castigo. Con la misma representatividad discutida en el punto 1, la PAH se arroga el derecho a dictar sentencia y ejecutar el castigo. El objetivo es muy claro: “que no puedan vivir de forma impune”, y la PAH pretende lograr eso mediante el escrache. No aparece el menor indicio de cualquier garantía democrática en este punto: no hay derecho a la defensa ni tribunal independiente, el acusador es también juez y verdugo, y dicta sentencia sin escuchar siquiera al acusado.

 
Desde mi punto de vista, no hace falta siquiera entrar en el grado de violencia a la hora de aplicar el escrache para evaluar su carácter democrático, el proceso descrito y su identificación como medio punitivo lo dejan en evidencia: no otorga ninguna autoridad al procedimiento de tramitación establecido; al considerar que solo un sentido del voto es lícito, desacredita automáticamente la votación, y resulta claro que, si pudiera evitarla, la evitaría; no acepta la menor corrección a la ILP, por lo que el proceso de negociación carece de sentido; y finalmente, la oposición a la ley es tratada como un crimen que merece un castigo. Es decir, la ILP debe aplicarse porque lo dice la PAH, respaldada por sus 1.402.854 firmas. Y punto. Resulta evidente que, si la PAH no impone la reforma legal por la fuerza, es sencillamente porque no cuenta con la fuerza necesaria para poder imponerla.
 
Mi conclusión: no solo el escrache, sino todo el enfoque que la PAH da a su defensa de la ILP, no solo no es democrática, sino que es claramente totalitaria.

Sin sentido pero ¿con salida?

La pregunta que formula el nombre de este blog ‒¿Hay Derecho?‒ merece una respuesta en diferentes planos.
 
Desde la perspectiva de la moralidad colectiva, el mundo progresa o al menos lo hacen las sociedades occidentales. Las democracias contemporáneas representan el punto más alto de la historia universal del progreso moral de los pueblos. Nada inventado por el hombre en el pasado resiste la comparación con estas sociedades nuestras que combinan, en feliz equilibrio, soberanía popular a través de elecciones periódicas, derechos individuales garantizados en la norma suprema, protección de minorías tradicionalmente marginadas, libre mercado, resolución pacífica de conflictos en el marco del Estado de Derecho, redistribución de rentas y prestaciones directas por el Estado social. Nadie que no supiera la posición que ocuparía en la sociedad, de tener que elegir una etapa de la historia para vivir, dejaría de escoger la nuestra: esto es ya de por sí muy elocuente. Además, la llamada globalización como tendencia general observable en las últimas décadas se resuelve, en altísima medida, lisa y llanamente en una occidentalización del mundo, pues el resto del mundo anhela y emula nuestras instituciones y nuestro estilo de vida (hasta, asombrosamente, nuestra corbata), de manera que esa muerte de Occidente como cuerpo político y económico que hoy tanto se proclama puede que finalmente deje como legado el inesperado triunfo del espíritu occidental a un nivel planetario.
 
Ya este progreso moral sería suficiente de por sí para dignificar una sociedad como la nuestra. Pero lo cierto es que, en los últimos sesenta años, el progreso moral ha ido en paralelo ‒segundo de los planos‒ a una prosperidad económica sin precedentes. Hay muchísima más riqueza material para compartir y, aunque también aumenta la población, la renta per cápita se ha incrementado extraordinariamente en el último medio siglo. Y a este enriquecimiento universal han contribuido los avances de una ciencia que eleva nuestra esperanza de vida, cura nuestras enfermedades y alivia el dolor corporal y psicológico, y también la innovación tecnológica que multiplica nuestra productividad y provee de utilidades, comodidades y entretenimiento a esa vida humana previamente ampliada y mejorada.
 
Si las democracias occidentales han sido capaces de dignidad y de prosperidad en una proporción desconocida en todos los siglos anteriores, ¿por qué cunde por doquier el negro pesimismo?  Es bueno que los ciudadanos desarrollemos nuestras facultades críticas a fin de pensar por nosotros mismos y no con conceptos prestados, pero, exagerando esa virtud hasta el paroxismo, se diría que ahora desenfundamos demasiado rápido la pistola de nuestra crítica disparando locamente en todas las direcciones contra las deficiencias del sistema y olvidadizos de todos los logros colectivos que hemos conseguido entre todos con grandísimo esfuerzo, como si los descontáramos o estuvieran ahí desde y para siempre. Hombre culto es quien tiene conciencia histórica y sabe que todo lo humano es en realidad una conquista contingente y consiguientemente, como todo lo nuestro, precaria y reversible. Y, sin embargo, son muchos los ciudadanos de extensa cultura (lo que no los hace cultos en el sentido antedicho de tener conciencia histórica) que argumentan que nos hallamos a las puertas de un inmenso colapso civilizatorio. Todo es posible, pero los mencionados antecedentes sugieren lo contrario. Entonces, ¿por qué esa abundancia de descreimiento hacia nuestra civilización, esas enfáticas denuncias de sus insuficiencias, esas amargas quejas por sus imperfecciones, esas resonantes profecías sobre su declive inevitable? ¿A qué viene esta atmósfera de derrota y desesperación, contraria a los hechos, incluso en lo más profundo de la actual crisis? Yo creo que este clima responde a dos causas, relacionadas entre sí.
 
La primera tiene que ver con nuestra mayor riqueza de bienes dignos de protección. Un esclavo de la antigüedad podía lamentar su triste estado pero no quejarse de él porque asumía que la esclavitud era natural y su vida carecía de valor en sí; hoy, en cambio, no poseer una vivienda o no recibir una prestación no contributiva se considera un atentado intolerable a la dignidad personal, siempre a flor de piel. El “mínimo vital”, aquel por debajo del cual estimamos que la vida sería casi invivible, se ha elevado extraordinariamente a consecuencia de un muy refinado sentimiento de los derechos emanados por nuestra condición de ciudadanos. Percibimos que son muchísimos más los riesgos que amenazan nuestra existencia por lo numeroso y valioso de los bienes ahora en juego, todos ellos potencialmente en peligro. De manera que la sensación general de colapso vendría a demostrar lo contrario de lo que se pretende: nos invade el pánico y ponemos el grito en el cielo, agitando con furia los puños, no porque estemos desprovistos de bienes materiales y morales sino porque los poseemos en grado sumo.
 
En segundo lugar, el progreso material y moral de la civilización occidental como proyecto colectivo es perfectamente compatible con un sentimiento de angustia individual. El abandono de la imagen antigua del mundo, que otorgaba a cada ente una reconfortante función dentro de un orden cósmico general, ha dado como resultado el nacimiento de la individualidad moderna, pero simultáneamente ha hecho surgir la pregunta por el sentido. Durante la premodernidad, nadie preguntaba por el “sentido de la vida” porque era demasiado obvio qué era lo que a cada uno le correspondía hacer conforme a una jerarquía natural y eterna de las cosas. El mundo era entonces verdadero, bueno y bello, y la muerte de uno de los habitantes de la tierra podría representar una desgracia para él pero en nada menoscababa la majestad eterna del cosmos, que seguía tan perfecto como antes. En cierta manera, no sería inexacto afirmar que la muerte es un invento moderno, ya que sólo mueren de verdad, en toda la radicalidad de su significado, los individuos, no las entidades genéricas, y la individualidad, como conciencia del valor absoluto del yo, es un hecho culturalmente reciente. Tan pronto la individualidad se emancipó del cosmos clásico-medieval y asumió su dignidad incondicional como entidad autónoma y autorreferente, siempre fin en sí misma y nunca medio, se percató del destino indigno que el mundo le tiene preparado: la muerte. Dignidad de origen, indignidad de destino: esa es la extraña suerte del hombre moderno en busca de un sentido para su vida sin hallarlo nunca. De ahí la desesperación, el absurdo y el sinsentido como estado general del ciudadano contemporáneo y la comprensible tendencia de éste a proyectar el pesimismo vital que como individuo le domina a su visión objetiva del mundo, aunque éste nunca haya progresado tanto ni en lo moral ni en lo material.
 
Con esto el argumento se desplaza al último y definitivo de los planos que se mencionaron al principio en respuesta a la pregunta sobre si hay o no Derecho en este mundo. Podemos porfiar por mejorar las condiciones políticas, sociales y económicas y tratar de construir una sociedad más justa; podemos, también, gracias a la ciencia y la técnica incluso corregir algunas de las injusticias en que incurre la Naturaleza, que reparte tan desigualmente sus dones. Pero luego hay una injusticia estructural que desgraciadamente no tiene solución: el hecho de que el mundo permita el nacimiento y maduración de los individuos y luego los condene a la destrucción definitiva de la muerte, haciendo desaparecer ese yo único e irrepetible que antes dejó crecer. En esto el mundo es y será siempre injusto, y al respecto hay que decir con voz potente: “No hay derecho”.
 
Ante este mundo estructuralmente injusto, la conciencia dirige un imperativo moral al individuo que rezaría así: compórtate en tu vida con tal dignidad que tu muerte sea en tu caso particularmente injusta, haz que el mundo se empobrezca irremisiblemente cuando mueras. Pero, por otro lado, resulta de lo más natural que ese individuo se interrogue si, con total y absoluta seguridad, es la tumba el final definitivo de la historia del yo, si la injusticia estructural del mundo supone una sentencia irrevocable, si es o no pensable alguna posibilidad de prorrogar la historia de lo humano más allá de la muerte, si podemos esperar un suplemento de ser en el trasmundo que desmienta la tradicional asunción positivista de que el mundo de la experiencia agota toda la realidad y ostenta su monopolio. En fin, la pregunta de si este mundo, que no tiene sentido, ofrece, sin embargo, alguna salida.
 
Este es el tema que aborda mi último libro, Necesario pero imposible, o ¿qué podemos esperar? (Taurus, 2013). Adopta una perspectiva antropológica que indaga sobre las posibilidades existenciales de una continuidad post-mortem de lo humano, sin que los elementos sobrenaturales o divinos tengan participación principal salvo como colaboradores necesarios en la realización de esa esperanza de perduración personal. Además, tratándose de realidades respecto de las que no hay experiencia, el libro limita su alcance a formular una propuesta creíble, con independencia de que luego el ciudadano moderno, consultada su conciencia, le preste o no su asentimiento íntimo. El libro quiere ser una recuperación para filosofía de la cuestión involucrada en el antiguo tratado sobre la inmortalidad del alma –la esperanza en una supervivencia de nuestra individualidad‒, central en nuestra tradición filosófica desde Platón hasta Kant pero olvidada en los dos últimos siglos dominados por el positivismo. Y, sin embargo, en ese empeño nada menos útil paradójicamente que la propia doctrina griega sobre la inmortalidad del alma, porque para ella el enemigo del hombre no parece ser la muerte sino el cuerpo (soma sema), el cual hoy creemos que forma parte indisoluble de la identidad del individuo tanto como el alma, de manera que ninguna supervivencia individual creíble podrá ser pensada como incorpórea. Un obstáculo éste que supera, en cambio, la esperanza judeo-cristiana en la resurrección de la carne, que salva el individuo entero, también el cuerpo (no sólo el alma), de la destrucción de la muerte, la auténtica adversaria, cuyo poder, antes definitivo, quedaría así neutralizado.
 
Si esta hipótesis mereciera crédito ‒que es lo que se celebran las Iglesias cristianas hoy, domingo de resurrección, la festividad más solemne de todo el año litúrgico‒ el mundo seguiría siendo injusto pero la injusticia no sería la última palabra sino sólo una etapa dentro de una más extensa historia de la individualidad.

Lecturas recomendadas: cartas desde un remoto pasado. El ejemplo de Séneca

A lo largo de la historia no ha sido infrecuente, cuando la situación política se tuerce y empieza a ofrecer pocas alegrías y escasas oportunidades, que la gente tienda a mirar a su interior. Precisamente, «retirarse al jardín interior», ha sido un motto popular en tiempos difíciles, desde los estoicos a Karl Schmidt o Ernst Jünger, por no citar épocas y lugares más próximos (como el País Vasco hasta hace dos días, por ejemplo). Sin embargo, estas retiradas pueden ser de muy diversos tipos. A veces con ellas se busca ocultar de la forma más cómoda posible responsabilidades o complicidades, y resultan cualquier cosa menos edificantes. En otros casos, por el contrario, responden a actitudes filosóficas y personales extraordinariamente valientes, y aún cuando haya transcurrido un par de milenios nos son más próximas (o al menos así nos gustaría pensarlo) y nos enseñan más cosas que las de nuestros contemporáneos. Quizá por eso los llamamos clásicos, porque son modelos imperecederos de los que nunca dejamos de aprender.
 
Un ejemplo paradigmático fue el de Séneca. Preceptor de Nerón, después su hombre de confianza y durante algunos años gobernante de facto del imperio, pronto se dio cuenta -cuando el pupilo decidió tomar las riendas del gobierno- de que no iba a ser nada fácil conciliar los honores y la honestidad. Optar por los primeros implicaba necesariamente el sacrificio de la segunda, para él algo absolutamente inaceptable. Optar por esta última, implicaba el sacrificio de la propia vida.
 
Retirarse a su jardín interior era casi esto porque, al fin y al cabo, y como Nerón no dejó de recordárselo, esa renuncia conllevaba una censura implícita, especialmente en el caso de un hombre que había sido amigo del emperador. Durante esos años comenzó a escribir a su amigo Lucilio una serie de cartas en las que, bajo la forma de consejos o enseñanzas, nos resume su filosofía (estoica) de la vida, con una viveza y una profundidad insuperables. Hay que tener en cuenta, además, que estas epístolas, a diferencia de las cartas ciceronianas, estaban destinadas a ser publicadas a medida en que su autor las escribía (un poco como los post actuales) por lo que la policía de Nerón estaba perfectamente al tanto de lo que nuestro autor opinaba. Por eso, no cabe poner en duda su fortaleza (ni del resto de sus virtudes cardinales, por cierto), pues en ese momento aspirar a tener una voz propia, y encima a ser oída, era sinónimo de insubordinación.
 
Por otra parte no hay que olvidar los temas sobre los que le gustaba disertar. El estoicismo es una filosofía verdaderamente extraña, pero de un atractivo, al menos teórico, indiscutible. Si tuviéramos que resumirla en una sola frase quizás podíamos escoger esta: si piensas correctamente querrás correctamente; es más, llegado al extremo, no querrás otra cosa que la propia virtud (que como consecuencia practicarás) lo que constituye, en definitiva, la única vía de acceso a la felicidad. Es algo imposible, sin duda, pero el estoico siempre está «progresando» hacia ese fin, hacia ello vuelca completamente su «animus».
 
Por eso el estoico no es complaciente con el poder. La simulación le resulta intolerable. Ningún interés material justifica la mentira, porque el precio que se paga es la infelicidad que provoca necesariamente la falta de honestidad. «En esta morada expuesta a los golpes habita un alma libre» -afirma Séneca- «jamás esta envoltura carnal me forzará al miedo, jamás a la simulación indigna de un hombre de bien; jamás mentiré por consideración a este corpezuelo.» (76, 21 y 22). De hecho, el pueblo tenía a los sabios por gente sin miedo a nada ni a nadie, siempre dispuestos a cantarle las cuarenta a reyes y emperadores. Quizás porque al estoico le gustaba probarse a sí mismo la fuerza de su carácter.
 
Es cierto que el estoicismo tiene un componente providencialista que le permite volcarse en la felicidad personal y desentenderse del mundo, cuya salvación estaría garantizada si todos abrazásemos la sabiduría. No es de extrañar, por tanto, el consejo que Séneca da a Lucilio acerca de la conveniencia de abandonar sus cargos públicos y centrarse en el estudio de la filosofía. Sin embargo, pese a todas las reticencias que tal consejo hoy nos suscita, hay que reconocer que no pretende con ello incentivar ningún tipo de escapismo. La retirada es cualquier cosa menos hipócrita. Volcarse en la vida privada no significa preocuparse por los intereses personales de tipo material, porque eso implica siempre complicidad y colaboracionismo con la deshonestidad. Significa simplemente aprender a ejecutar en todo momento la acción correcta, con todos los riesgos y sacrificios que ello conlleva (al menos para la generalidad de la gente, porque ya se sabe que el estoico no da importancia a esas cosas). Por eso, como consecuencia de su visión providencialista, los estoicos entienden que en la medida en que se ocupan de su vida interior se ocupan también de los asuntos de todo el género humano.
 
La honestidad, evidentemente, es también el principio máximo que debe regir la actuación de un buen gobernante. Es más, es que el título que supuestamente le legítima para ejercerlo no es nada ni importa nada, a menos que sus administrados se sientan llevados gracias a él a la añorada edad de oro, en donde la honestidad proveía beneficios por añadidura. A esa edad en la que -según nos explica Séneca- gobernar era un servicio, no un dominio, y el rey no podía formular una amenaza mayor a los desobedientes que la de abandonar su reinado…. (90,5).
 
A la vuelta de dos mil años todo esto parece muy lejano. En realidad, también se lo parecía a sus compatriotas. Para muchos, el que no se enriquecía a costa de la debilidad del poder (o de su proximidad) no demostraba ser un sabio sino un necio, y no faltaron los que acusaron al propio Séneca de ser menos «sabio» de lo que presumía. Puede que en parte tuvieran razón, pero si se enriqueció gracias a Nerón no fue a través de comportamientos deshonestos o manifiestas ilegalidades como acusar falsamente en los tribunales a sus deudores para meterlos en la cárcel (hay que recordar que uno de los muchos negocios de Séneca era prestar con interés y en eso destacó como uno de los más importantes banqueros de Roma). En la actualidad un comportamiento como el indicado no mancha ninguna reputación ni escandaliza a nadie, ni siquiera a las máximas instituciones del Estado, que lo contemplan con total normalidad.
 
Hoy en día, decir la verdad, manifestar la propia opinión honestamente, se considera una actitud inoportuna, en casi todos las acepciones de la palabra. Inoportuna por arriesgada, desde luego, aunque lo que esté en juego no sea la arena del circo o el suicidio forzoso, sino algo infinitamente menos incómodo. Pero también inoportuna por discordante, casi por maleducada. Hoy un estoico no duraría cinco minutos en cualquier reunión profesional o política en nuestro país. Sería considerado como un cínico (en el sentido filosófico del término) absolutamente insoportable, merecedor de ser introducido en un tonel y arrojado de una patada a la calle, que es por donde debería deambular. Realmente, el que haya tantos «estoicos» en los bares y tan pocos en los despachos es un dato que dice mucho de nuestra época, y no para bien.
 
No es de extrañar, por tanto, que lo que nos sorprenda en la política sea precisamente el comportamiento honesto, y eso si llegamos a verlo. No esperamos que Ana Mato nos amenace públicamente con privarnos de su servicio para nuestra orfandad y desamparo -y con razón, porque no se trata de forzarle a hacer el ridículo-, pero tampoco esperamos que simplemente dimita en silencio. Menos aún que lo haga su Presidente, pese a haber tenido a su servicio a un reconocido delincuente durante tantos años. Tales muestras de honestidad nos parecerían asombrosas, y casi irresponsables, por lo que no es de extrañar que a ellos también se lo parezca.
 
Y, sin embargo, cuando uno lee esas cartas, escritas hace tanto tiempo, se da cuenta que sin algo de esa honestidad no hay efectivamente sabiduría práctica ni solución posible. Puede que no sea necesario llegar hasta el extremo, como exigían los estoicos, pero tampoco nos podemos quedar tan cortos. Que las normas son necesarias nadie lo duda, pero que las normas sin «animus» no nos llevan a nada, estamos empezando a comprenderlo. Quizá porqué, cómo el propio Séneca intuía, «el camino es largo a través de los preceptos, pero breve y eficaz a través de los ejemplos» (6,5).
 
Séneca, Epístolas Morales a Lucilio, editorial Gredos (tres tomos), existe una selección de las cartas en la misma editorial (Cartas filosóficas) prologada por Antonio Fontán.
 

¿Creemos al gobierno?

Podemos constatar que la corrupción es una preocupación fundamental de los españoles, según las encuestas del CIS, y tema de conversación absolutamente general en la calle. En estas conversaciones Bárcenas y sus sobres ocupan, lógicamente, un lugar estelar. Por el contrario, en el Congreso de los Diputados el presidente puede defender que la corrupción no está generalizada o -un tanto contradictoriamente- enumerar una batería de medidas para atajarla en el futuro sin mencionar al misterioso ex tesorero de su partido.
 
Para colmo, la clase política nos reprocha la enorme injusticia que cometemos los que afirmamos que la corrupción está no sólo generalizada sino, lo que es peor, absolutamente institucionalizada. Ni se les pasa por la cabeza que la enorme injusticia es la que están cometiendo ellos cuando se niegan a reconocer que estamos ante un cáncer terminal que amenaza con llevarse por delante no ya la democracia sino también el futuro de los españoles, desde un punto de vista institucional, político, económico y moral. Y que cuando nos proponen por enésima vez medidas anticorrupción que, además de confundir interesadamente la responsabilidad política con la responsabilidad penal, no servirán para nada nos están faltando al respeto. Así la ministra Mato o el ex ministro Blanco pueden aplaudirlas con la total tranquilidad de que su aplicación en un futuro lejano -suponiendo que se apliquen- es perfectamente compatible con que ellos sigan sentados donde están.
 
A esta falta de respeto contribuyen los periodistas e intelectuales orgánicos que nos dicen que lo que pasa en España no es tan grave, o que en todos los países de nuestro entorno hay los mismos niveles de corrupción. Pero es que esto sencillamente no es cierto, salvo que hablemos de países como Argentina, Rusia o Nigeria. Lo que nos diferencia de otros países «de nuestro entorno» no es que los políticos alemanes o los suecos o los británicos sean menos proclives a la corrupción que los nuestros. Lo que nos diferencia es que en esos países las instituciones de control funcionan, la transparencia funciona, la rendición de cuentas funciona, y hasta la mera vergüenza torera funciona. Sin olvidar unos medios de comunicación y una opinión pública que no toleran esas conductas. Es decir, no hay impunidad y la corrupción política se castiga mucho antes de que lleguen las siguientes elecciones o las sentencias condenatorias de los tribunales penales, que pueden demorarse muchos años. Por ejemplo, acabamos de ver el caso del ministro inglés que ha dimitido por haber mentido en el asunto de una multa de tráfico.
 
Los ciudadanos creemos firmemente que el sistema político instaurado en la Transición está profundamente corrompido y que no puede aguantar más. Y creemos también que ni el Gobierno ni la oposición tienen la credibilidad y la fuerza o el valor necesarios para regenerarlo, aunque quisieran, porque esto requeriría acabar con todos los resortes que permiten a las cúpulas de los partidos políticos el control casi total de la vida pública y de la sociedad española y que les convierten, en la afortunada expresión de César Molinas, en unas auténticas «élites extractivas». Es decir, regenerar el sistema de verdad y adoptar medidas efectivas de verdad contra la corrupción supondría abrir un enorme boquete en su línea de flotación y no lo harán salvo que cualquier otra alternativa sea realmente mucho peor.
 
Para demostrarlo, basta con analizar las medidas enunciadas por el presidente del Gobierno en su discurso del estado de la Nación. Lo primero que sorprende es que necesitemos tantas leyes. Porque si algo caracteriza a España es la hiperregulación. Todo está regulado, dada la querencia nacional por el papel del boletín oficial, y la confusión entre gobernar y hacer leyes. Porque los vacíos normativos o la alegalidad de la que tanto hablan los políticos cuando se trata de corrupción solo existen -salvo en el caso de normas imperativas de democracia interna para los partidos políticos- en su imaginación. Lo que hay no son espacios de alegalidad, lo que hay son espacios de impunidad, que es algo muy distinto. Espacios que cada vez son más grandes y que están provocados por la ausencia de mecanismos de control y sanción efectivos de las conductas relativas o/y favorecedoras de la corrupción al estar dichos mecanismos de control en manos directa o indirectamente de los propios controlados, que son, en último término los partidos políticos. Lo único que queda todavía (parcialmente al menos) fuera de su control son los tribunales de Justicia, pero son muy lentos y además los partidos han aprendido también cómo soslayar las sentencias condenatorias que no les interesan mediante la concesión de indultos escandalosos.
 
Lo segundo que también sorprende es que insistan en ligar la responsabilidad política a la jurídica, y en particular, a la responsabilidad jurídica penal. Señores políticos, puede y debe haber responsabilidad política aunque no haya responsabilidad penal. De nuevo, en las medidas propuestas se hace hincapié en los mecanismos procesales (reforzar las penas para los corruptos, lo que se ha hecho en varias ocasiones con el éxito que puede apreciarse) en la modificación de los procedimientos, judiciales, en la ampliación de los plazos de prescripción para que haya más tiempo para investigar y en su caso sancionar, etc. De paso empaquetan algunas medidas con el formato de Ley Orgánica, no sé si para darles más empaque o para que se tarde más en aprobarlas. En fin, son medidas que, sin estar mal, no servirán para mucho siempre que los mecanismos de control sigan desmontados. Conviene decir alto y claro que es imposible que sean los jueces penales los que tengan que luchar y acabar solos contra la plaga de la corrupción generalizada, incluso aunque se extienda un movimiento de manoslimpias similar al de Di Pietro en Italia.
 
El resto de las medidas tampoco parece muy impresionante, siempre partiendo de la idea de que los partidos no renuncian a la ocupación de las instituciones de control. Son las relativas a la financiación de los partidos (se ve que la modificación de hace menos de un año de la Ley Orgánica de financiación ya no sirve), al reforzamiento del Tribunal de Cuentas, ocupado sistemáticamente por la partitocracia, a la «estandarización» de las declaraciones de bienes e intereses, pasando por alguna casi surrealista, como la de obligar a los tesoreros de los partidos a explicar en el Parlamento como han gestionado sus recursos. Lástima que Bárcenas ya no sea el tesorero del PP, lo que se han perdido sus señorías.
 
Lo cierto es que las medidas de verdad necesarias que modificarían las conductas de los políticos al cambiar su régimen de incentivos ni están ni se las espera. Y no será porque no estén perfectamente identificadas y recogidas en manifiestos regeneracionistas, artículos de opinión y blogs. Son las referentes a la necesidad de regular la democracia interna de los partidos, de la recuperación de todas y cada una las instituciones de control empezando por el Tribunal de Cuentas y terminando por los interventores locales, de la despolitización de la Justicia, del desalojo por los partidos de las instituciones que han colonizado, de la modificación del sistema electoral, de la reducción del sector público, de la eliminación de los mecanismos clientelares, de la introducción de mecanismos para reforzar la participación ciudadana, etc.
 
Yo no sé ustedes, pero yo, parafraseando al genial Groucho Marx, entre creer al Gobierno o a mis propios ojos, prefiero creer a mis propios ojos.

La burbuja en la que viven los futbolistas profesionales: el «caso Benzema» y otros similares

Hace escasos días saltó a todos los medios de comunicación la noticia de que el futbolista francés del Real Madrid Karim Benzema había sido “cazado” por un radar conduciendo su automóvil a 216 km/h en la autopista de circunvalación M-40 de Madrid. Algo parecido sucedió con sus compañeros de equipo Michael Essien, que conducía la misma noche a 150 km/h en la misma vía, y Marcelo Vieira, sorprendido una semana después junto a la Ciudad Deportiva de Valdebebas conduciendo sin puntos en su carnet tras haber realizado un cambio de sentido prohibido poniendo en peligro la circulación. Esas noticias, que para cualquier persona, y no digamos una persona pública –un político en ejercicio, por ejemplo- hubieran supuesto una repulsa generalizada y sonora de todos los medios de comunicación y de la opinión pública en general durante interminables días -y que podían haber acabado incluso con la carrera política de alguien en un país serio- no han trascendido mucho más allá de comentarios puntuales a los hechos en sí, dado el carácter de los infractores: archiconocidos jugadores profesionales de fútbol, que militan en uno de los clubes más famosos del mundo, y que cobran muchos millones de euros netos por temporada.
 
Con Benzema (contra quien nada tengo, ni personal ni deportivamente, que quede claro) ha sucedido justo lo contrario, pese a ser reincidente (ya hace un par de veranos fue multado por hacer carreras con un potente coche por el centro urbano de Ibiza). Su Club ha manifestado públicamente que no va a adoptar ninguna sanción disciplinaria contra el jugador, ya que se trata de un asunto privado que sólo tiene que ver con la vida personal del futbolista, y que no supone ninguna ruptura de las normas de régimen interno de la entidad. Y tanto el Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, como el seleccionador francés de fútbol, Didier Deschamps, para cuya selección también juega Benzema, manifestaron ante las cámaras de Canal Plus, en el descanso del Real Madrid-Barcelona del pasado sábado 2 de abril, algo así como “¿quién no ha corrido con el coche un poco más de lo permitido alguna vez?”, reflejando perfectamente el altísimo nivel de tolerancia que se tiene en muchos países con el comportamiento de estos ídolos del deporte. Con ellos se da la enorme paradoja de que los mismos padres que los pondrían a parir si se tratara de algún político “cazado” en situación similar, no dudan en pedirles al día siguiente un autógrafo para sus hijos -haciendo un par de horas de cola- al salir de su entrenamiento subidos a su potente deportivo.
 
Eso no sucede exactamente igual en otros países. El futbolista danés Nicklas Bendtner, que juega en la Juventus italiana cedido por el Arsenal inglés, y ahora se encuentra lesionado “recuperándose” en su país, fue detenido el pasado domingo día 3 de marzo en Copenhague conduciendo en sentido contrario y triplicando la tasa de alcohol permitida en Dinamarca. Pues bien, en sólo dos días los Tribunales de Justicia daneses le han impuesto una multa de 113.000 euros y tres años sin carnet de conducir, y la Federación Danesa de Fútbol se ha apresurado a prohibirle jugar con su selección durante un plazo de seis meses. Y eso que Bendtner es una de las estrellas de la selección, delantero centro de 25 años con 55 partidos internacionales a sus espaldas. El comunicado de la Federación no tiene desperdicio: “La Federación acepta el ámbito privado de cada jugador, pero al mismo tiempo tiene reglas y expectativas con respecto a cada miembro del equipo ante la opinión pública…”. Los nórdicos siguen siendo diferentes, tanto en ejemplaridad y contundencia como en rapidez. Mientras tanto, en Madrid se ha pedido el aplazamiento del juicio a Benzema porque tiene partido con la selección francesa ese mismo día…. contra la selección española….
 
Yo fui durante bastantes años miembro del Consejo de Administración de un Club de Fútbol de la Primera División española, y por ello he viajado y convivido largas horas con futbolistas y técnicos de primer nivel, he podido compartir informaciones y confidencias de todo tipo con directivos de los demás Clubes, y conozco bastante bien las interioridades de este mundillo. Los jugadores de fútbol de élite, y también los técnicos más cotizados, forman parte de una “casta” especial, casi mitológica, con un estatus tal vez sólo equiparable al de las grandes estrellas internacionales de la música o del cine, que les convierte en ídolos de masas se comporten como se comporten en su vida personal. Todos los principios y arquetipos que nuestra sociedad tiene arraigados profundamente en cuanto al correcto comportamiento social de las personas ceden de forma clamorosa y casi vergonzante cuando el protagonista negativo es uno de estos ídolos. ¿Cuál es la razón de ello?
 
A mí me resulta muy difícil explicarles a ustedes, amigos lectores del blog, las razones profundas de esa llamativa e inaudita tolerancia social. No sé muy bien por qué la sociedad en general, y los medios de comunicación en particular (de éstos tengo que confesarles que sí creo saberlo), se muestran tan benévolos, e incluso condescendientes –casi lindando en la complicidad- con estos personajes cuando alguna vez infringen clamorosamente las normas consideradas básicas para una apropiada convivencia social. Pero sí puedo intentar explicarles, porque lo he vivido en directo, la compleja personalidad de estos jóvenes ídolos, algunos de los cuales se comportan en su vida personal-muchas veces sin excesiva culpa propia, todo hay que decirlo- con un alto grado de engreimiento, infantilismo e irresponsabilidad, cuando su actitud debería ser la contraria, dada su condición de ejemplo para millones de niños, jóvenes, e incluso adultos en todo el planeta.
 
Muchos futbolistas profesionales viven en un entorno muy peculiar, tanto en su equipo como en el resto del mundo que les rodea. Su Club y su entorno personal suelen “protegerles” (es decir, apartarles) de la sociedad normal: de ir a hacer la compra al supermercado, de ir al banco, de elegir casa, de invertir personalmente su dinero…. Casi todo lo hacen con intermediación de variados “asesores”o “ayudantes” que, por supuesto, viven a su costa o a la del Club en el que juegan. Sepan que si a Benzema le quitan el carnet de conducir, el Real Madrid le pondrá inmediatamente un chófer y a tirar millas con él. Son, en definitiva, personas tratadas como adolescentes a una edad en la que otros trabajan como ingenieros nucleares o como agentes de Wall Street. Y ello sucede con más intensidad en España que, por ejemplo, en Inglaterra o en los países del Norte de Europa, donde se valora mucho más la educación deportiva. Además, muchos de estos jóvenes son tratados como ídolos en casi todos los sitios a los que van: les suelen regalar la ropa que visten, muchas veces también su automóvil, su teléfono móvil o incluso los muebles o electrodomésticos de su casa, son invitados en la mayoría de los restaurantes, bares o discotecas a los que acuden, se los rifan en los eventos sociales y las chicas de cualquier ciudad, eligen a las camareras que les sirven en la zona VIP del local de moda.… Y sus clubes no hacen demasiado para mejorar su educación: desde edad juvenil tienen varios utilleros a su disposición que les preparan, limpian y transportan todo su material deportivo, e incluso enseres personales, para los entrenamientos, viajes, concentraciones y partidos; cuentan con un completo equipo de médicos, enfermeros y fisioterapeutas disponibles 24 horas ante la más mínima molestia, sea la que sea; un empleado del Club acudirá raudo a su domicilio a solucionar cualquier nimio problema, incluso a sustituir una bombilla fundida (lo he visto en persona con un conocido entrenador) para que el ídolo no tenga que girar excesivamente su muñeca…. Conozco casos de jugadores que han hecho cambiar a su Club el color de alguna de sus equipaciones deportivas o de calle, o una campaña publicitaria ya contratada, o el hotel de concentración reservado para un viaje, o determinados vuelos ya pagados, simplemente porque…. “daban mala suerte”. Y el Club lo ha hecho, perdiendo a veces mucho dinero. Visto todo ello, surge entonces la primera gran pregunta: ¿cómo se puede ser un tipo normal si desde los quince años tienes todo eso a tu disposición con sólo arquear una ceja? Y la segunda: ¿quién tiene la culpa de todo eso? Voy a responderles de forma clara y contundente: si uno conoce a fondo todo lo que les rodea, especialmente en España, el que menos parte de culpa tiene, con toda probabilidad, es el propio Benzema

Políticos honestos, pero silentes

Fui colaborador cercano de Mariano Rajoy en su primer ministerio (1996-1999). Era de Administraciones Públicas. Yo, recién llegado al Congreso, era portavoz del PP en esa comisión. Mi oponente en el PSOE era un tal José Luis Rodríguez Zapatero (que llevaba 10 años). Ambos llegarían a ser presidentes del Gobierno. Yo abandonaría la política. Aunque como abogado del Estado tenía muchas posibilidades en el ámbito privado, decidí volver al servicio público. Me fui con el honor de haber sido representante de los ciudadanos y la decepción de haber conocido el lado oscuro de la política. Mi alejamiento comenzó por mi desacuerdo público sobre la guerra de Irak y el alejamiento del centrismo por el PP. Pero también por la observación de actitudes humanas que nada me gustaban.
 
Eran los míos, como los contrarios, una secta. No bastaba votar sino que era obligado jalear y tener un pensamiento casi único, sin matices. Incluso en conversaciones privadas con compañeros, apenas nadie criticaba a los dirigentes, cuya corrupción exponía ya alguna prensa. El Gran Hermano existía, el riesgo era letal y la sumisión, elevada. Ya entonces escribiría artículos en diversos medios, como EL MUNDO, mostrando públicamente mi distanciamiento.
 
Conocí numerosos políticos a todos los niveles. Creo en la honradez de muchos de ellos. Pero también constaté el deterioro progresivo de cada nivel. Veía que, voluntariamente o empujados, caían de las candidaturas personas muy interesantes. Otros continuaban, pero ese espacio era mayoritariamente ocupado, y cada vez más, por vividores de la política que nunca antes trabajaron ni nada harían en un futuro fuera de ese mundo y su entorno de amistades y favores. En etapas anteriores probablemente así fue también, aunque menos. Todos, pues, progresivamente alejados de los políticos de la Transición que frecuentemente tenían una acreditada cualificación. En aquellos dedicados entonces sólo a la política, el compromiso ideológico era muy superior al de ahora, donde los intereses priman sobre las convicciones.
 
La enorme crisis económica, social y ética se produce -no es casualidad- con una dirigencia mayoritariamente súperprofesionalizada, amarrada durante muchos años (muchos desde jóvenes) a vivir de la política, con colocaciones familiares y evitando que personas de cualificación ética y profesional se incorporen. El grupo es muy cerrado y la gestión interna es asumida por quienes creen que lo importante es el poder y lo que le rodea. Entre ello, el dinero.
 
La corrupción surgida en la financiación de los partidos -y también aprovechando ésta- se ha extendido y consolidado. También la utilización del cargo público para enriquecerse. La impunidad (ningún político fue nunca a la cárcel) ha multiplicado comportamientos inmorales y delictivos. Eso no es monopolio de nadie, ni siquiera del PP, aun siendo abundante el estiércol en lugares como Valencia, Baleares y Madrid o la transversalidad y gravedad del caso Bárcenas. Éste era de su total confianza. Ahora aseguran que nunca le conocieron, como sucede con Camps y Matas, que eran modelos a seguir, según decían, aunque al guardián del tesoro y los secretos le siguieron pagando grandemente para comprar su silencio. Pero casi todos los partidos tienen su propia podredumbre, como es el caso del PSOE, CiU (abundante en éste), en algunos casos institucionalizada en la organización y, en otros, en el ejercicio abusivo del poder. De ahí la timidez vergonzante de Rubalcaba.
 
Ante tanto sinvergüenza, el pueblo, muy escandalizado y con muchos sacrificios, reclama urgentemente una regeneración. Más que hartazgo, siente ira. No pueden seguir los mismos dirigentes, mirando para otro lado o dando un titular o unas medidas que absolutamente nadie cree. Como un escándalo tapa al surgido dos días antes, la clave es aguantar.
 
Pero quiero referirme particularmente a los abundantes políticos honestos. ¿Pueden seguir silentes, convertidos en encubridores? ¿No valoran que su silencio propicia esa generalización ciudadana de censura? Ellos, los honestos, deberían sentirse indignados con sus jefes. Pero siguen callados.
 
Estar en la política siempre implicó cierto desprestigio. Pero ahora es algo más: la presunción de que todos son corruptos. Toda generalización es injusta, pero los miles de cargos públicos honestos que hay tienen que alzar la voz a sus propios dirigentes pues la pestilencia afecta ya a todos. Especialmente a quienes promovieron y defendieron tipos como Bárcenas.
 
Cuando estaba en el PP, de cuya Junta Directiva formaba parte, era inusual que alguien interviniese. Quien pedía la palabra era mal mirado. Incluso quien pretendía hacer loas a los sumos sacerdotes. Pero jamás hubo una reflexión mínimamente crítica y leal sobre cualquier asunto, y menos sobre corrupción.
 
Aunque son abundantes los casos actuales superpuestos, los más relevantes son, sin duda, el caso Bárcenas y la trama Gürtel que afectan de raíz al PP. La reacción pretende sólo minimizar los daños para el partido, más que depurar y limpiar. Se ha apelado y conseguido la unidad de la familia, prietas las filas, sumándose toda la dirigencia. Pero, que no les engañen: sólo pretenden ganar tiempo y hacer ver que era la actuación irregular y aislada de alguien, como si hubiese amasado tal fortuna fuera de las cañerías de la organización.
 
De quien sobre la corrupción dice que «a veces no tomar decisión alguna es la mejor decisión», ¿qué se puede esperar cuando el pueblo está más que indignado? Y mientras el coro aplaudía la frase y nadie pedía la palabra.
 
Un gran problema en España es la nula ejemplaridad. Tristemente, el jefe del Estado no quiere ni puede asumir, al no actuar en consecuencia, el liderazgo contra esa plaga corrosiva de nuestra democracia. Igualmente, muy poco puede esperarse de los máximos dirigentes de los dos partidos principales españoles que amparan las actividades corruptas del entorno o de políticos importantes.
 
Junto a la reacción airada del pueblo, quisiera soñar que los numerosos cargos públicos honestos abandonan su silencio -que supone aquiescencia o encubrimiento- y empiezan a alzar la voz clamando dignidad y ejemplaridad. Aunque fuese por su honorabilidad y sus familias. Aunque soy poco optimista. Tampoco tienen coraje ni otras cosas.
 
Si los corderos siguen callados, esta etapa de Mariano Rajoy pasará tristemente a la historia no sólo como la de gran retroceso democrático y social sino también como la de la mayor corrupción generalizada y consentida en España.