De la transición a la transacción ¿donde están los grandes hombres?

Maiora enim post omnia anteacta saecula et sperandi et tentandi tempus”

[“Ha llegado realmente la hora tanto de esperar como de intentar algo más grande”]

(J.A. Comenio, 1639)

 
Perdónenme la osadía de empezar este post con una frase en latín en un mundo post-moderno. Es un pequeño homenaje (indirecto) a un gesto de normalidad humana en una institución que no es famosa precisamente por ello. Ratzinger ha dimitido de su papado. Más allá de las razones (reales o potenciales) que lo hayan animado, lo cierto es que este hecho ha supuesto un revulsivo, una innovación, que ha removido las aguas (algo oscuras) del poder vaticano. Otros más cercanos tal vez deberían ir pensando en tomar nota, tener altitud de miras y saber marcharse antes de que sean devorados por su propia sombra y devoren en su (rápida o lenta) agonía a las instituciones y grupos que representan, y por ello a todo el país. Se habla en este sentido cada vez más de regeneración. Regenerar implica, en términos biológicos, producir nuevo tejido para reemplazar al viejo o suplir la que falta. Pero en términos políticos también implica cambiar de generación (sobre todo si llevan mandando demasiado tiempo los mismos): “re-generación” o “transgeneracion”, si ustedes prefieren. Y es que, como vulgarmente se dice: los cementerios están llenos de gente que se consideraba imprescindible.
 
Muchas veces se ha hablado en este blog (y en otros muchos sitios) del carácter modélico que tuvo la transición y de cómo se echa de menos el perfil de aquellos políticos. Lo cierto es que tal vez no todo el mérito fue suyo, sino también del “espíritu de la época” que soplaba con suficiente determinación en otra dirección. Después de una guerra civil y cuarenta años de dictadura existían unas expectativas y ganas enormes de no repetir errores pasados y de estar a la altura de las exigencias de un momento histórico crucial. Por ello, hasta los procuradores en Cortes mostraron una tal vez sorprendente altitud de miras, aceptando hacerse el famoso harakiri y marcharse a su casa, incluso sin las pensiones que hoy se gastan. Por ello, también los miembros del primer gobierno Suárez aceptaron generosamente dejar su puesto de ministros tras las primeras elecciones democráticas (para no contaminar el proceso). Por ello (tal vez) también dimitió Suárez, el único presidente por cierto que ha dimitido en nuestro periodo democrático. Por ello, Calvo-Sotelo aceptó renunciar a ir de primero en las listas de UCD a pesar de ser Presidente del Gobierno. ¿Qué queda hoy de eso? ¿Dónde está esa generosidad? ¿Dónde están los grandes hombres y mujeres?
 
Pues bien, ahora nos encontramos en un momento no menos crucial que aquél de 1975. No pretendo sumarme a la cortina de humo interesada de un republicano catalanista como Pere Navarro que juega probablemente al despiste. Pero en una democracia (real y no virtual) no deben existir asuntos excluidos oficialmente del derecho a debate. De la generación que pilotó modélicamente la transición sólo queda el Rey, pero éste ha perdido su obligación de ejemplaridad (esencial para poder ejercer la “auctoritas”) y difícilmente va a poder recuperarla, por mucho que lo lamentemos o cueste verlo en la/s Corte/s. Si mantiene una buena imagen internacional y unas relaciones privilegiadas y muy trabajadas que puede beneficiar a nuestro país, mejor que se la pase en vida a su hijo, y que se le otorgue un Estatuto especial de embajador extraordinario, con todas las garantías que se quiera.
 
Lo cierto es que de aquella transición fundada en ideales y en la voluntad de compromiso, donde todos supieron renunciar a algo importante para ellos ─poder absoluto, centralismo, república, secesionismo…─ en aras del bien común, la concordia y la convivencia, hemos pasado a un modelo de transacción basada en el negoci-o. Del “Todo por la patria”, que todavía figura en las puertas de algunas casa-cuarteles, hemos pasado al “Todo por la pasta”. Y por la pasta se está dispuesto a todo, hasta a romper al país o la baraja, como ustedes prefieran.
 
Y sin embargo…, a grandes males, grande remedios. Grandes problemas y retos requieren grandes hombres y mujeres para hacerlos frente. Hegel decía que los grandes hombres no son solo los grandes inventores, sino aquellos que cobraron conciencia de lo que era necesario en un determinado momento de la historia. Y a pesar de nuestra tendencia a despreciar nuestra historia, lo cierto es que algunos personajes hemos tenido, basta recuperar su memoria, por de pronto en las escuelas (sobre grandes hombres en lo público ver mi post sobre Gaspar de Bracamonte y en el ámbito privado ver: Eugenio Torres (dir) Los 100 Empresarios Españoles del siglo XX, ed LID Editorial, 2000. Madrid).
 
Y ¿qué es necesario en este momento de la historia? Pues por de pronto, volver a poner el interés público, de país o de la institución que se dirige o en la que se trabaja, por encima de la carrera, los privilegios de unos, el corporativismo mal entendido de otros, la impunidad, la imagen o el enriquecimiento o vanidad personal.
 
Debemos cambiar el sistema de promoción social, dentro y fuera de los partidos políticos, privilegiando el mérito, esfuerzo y valía personal por encima de la fortuna, el juego de favores o las puras relaciones sociales. En otras palabras: en lugar de nepotismo, profesionalidad y esfuerzo.
 
Debemos recuperar el sentido de nuestra historia, la dignidad y confianza en nuestro país, superando los comportamientos mecánicos y gregarios y preguntarnos por qué hemos llegado a pensar lo que pensamos y actuar como actuamos y no de otra manera. No podemos permitir que potencias extranjeras se aprovechen de nuestra debilidad, luchas intestinas y cortedad de miras para robarnos la cartera (desde IBERIA hasta las empresas expropiadas). Mientras nosotros nos peleamos, otros sacan partidos. Todos perdemos.
 
Debemos acordar entre todos el Estado de bienestar que estamos dispuestos a pagar, y luego hacerlo intocable, dejarlo fuera del debate partidista, enfocando si acaso ese debate en cómo puede mejorar su calidad y gestión.
 
Debemos cambiar una democracia virtual por una democracia real, rediseñando los elementos del control internos (incentivos para denunciar corruptelas y cacicadas) y externos (una justicia despolitizada, un Tribunal de Cuentas profesional…), eliminando zonas y “expectativas” de impunidad, para que quede claro que “quien la hace, la paga”, así como reduciendo el indulto (una medida que más que de gracia hace poca/mucha gracia, según los casos) para supuestos muy excepcionales, con informe vinculante del juez juzgador.
 
Debemos distinguir entre Política (así, con mayúsculas) y la “politización” que todo lo contamina, lo incrementa y lo paraliza, entre otras cosas la Administración pública cada vez más “pagana” de estos excesos. Debemos seleccionar/elegir a los mejores de entre nosotros para gobernarnos y dirigir las políticas públicas, para enseñar en las escuelas y universidades, recuperando el “valor” del ejemplo, los incentivos para innovar, el pensamiento estratégico y la capacidad de gestión y superación.
 
Debe desarrollarse el Título II de la Constitución y aprobar  la ley orgánica que se prevé en su art. 57.5. Hasta que no se desarrolle ese artículo no estaremos realmente en una monarquía parlamentaria. Empecemos por cumplir y hacer cumplir la Constitución en todos sus artículos pues los procedimientos y el estado de derecho traen más sensatez y derriban más murallas que las quejas o las declaraciones.
 
En definitiva, necesitamos un nuevo proyecto ilusionante. Tenemos el tercer idioma más hablado del mundo, aprovechémoslo para salir de la crisis política y económica. ¿Por qué no constituir la Comunidad pan-hispánica, que incluiría por de pronto a los Estados Unidos? ¿No existe la francophonie, a pesar de que Francia tiene también a catalanes y vascos)?  Eliminemos el triste espectáculo de las inútiles Cumbres iberoamericanas que se las ven y se la desean para rellenar su agenda. De este proyecto, por cierto, pueden beneficiarse todos los países donde se habla español, incluidos los catalanes y vascos que no se sienten españoles  (¿no están algunas de las mayores editoriales que publican en español en Cataluña?, ¿no quieren exportar sus empresas a Latinoamérica?). Es nuestro hecho diferencial, saquémosle partido. Nos lo merecemos.
 
Pero ideas y actitudes nuevas requieren personas nuevas. Una nueva generación pide paso. Hagámosla sitio. Todo esto si nos interesa nuestro país, si no sigamos mirándonos el ombligo, cada uno al suyo…, obviamente.

De mujeres e (o de) imputados

 
A primera vista la única cosa en común que tienen la Infanta Cristina y la todavía Ministra de Sanidad Ana Mato es su relación conyugal presente o pasada (aunque en puridad parece que jurídicamente al menos la Ministra sigue casada con el sr. Sepúlveda al no haberse divorciado) con personas que están imputadas en sendos procesos judiciales. Pero si ahondamos un poco más en el tema, veremos que tienen otras cosas en común.
 
Así llama la atención la sorprendente pretensión ya sea propia (Mato) o ajena (Fiscalía en el caso de la Infanta) de que pese a la existencia de una relación conyugal más (Infanta) o menos (Mato) intensa estas señoras no se enteraban de nada de lo que hacían sus maridos, especialmente cuando estas conductas eran de dudosa legalidad. Más sorprendente todavía cuando parece que en los dos casos se beneficiaban tranquilamente del  “producto” de dichas actividades, ya sea en dinero o en especie, y que en los dos casos, bien por su puesto en un órgano directivo bien por su condición de madre de una familia agasajada por una trama corrupta resulta de sentido común pensar que algo tenían que barruntar.
 
En cualquier caso, si la Infanta se enteraba o no de lo que hacía su marido en el Instituto Noos es una cuestión a dilucidar en el procedimiento de instrucción, aunque esperemos que los jueces tengan presente lo que suele ser habitual en un matrimonio normal y corriente, aunque este no sea –por su relación con la Casa Real-  un matrimonio normal y corriente. Particularmente cuando la Infanta se sentaba en la misma Junta Directiva del Instituto Noos que los otros cuatro imputados en el caso, su marido Iñaki Urdangarín, su secretario personal, Carlos García Revenga, el “socio”  Diego Torres y el cuñado del socio, Miguel Terceiro. Es también interesante destacar que la mujer del socio Diego Torres, Ana María Terceiro, que no formaba parte de la Junta Directiva sí que está imputada en la causa, por alzamiento de bienes.
 
Conviene recordar que, si para dilucidar cual fue su participación o su conocimiento de los hechos hay que llamar a declarar a la Infanta como imputada, así tendrá que hacerse, dado que no goza de ninguna especial inmunidad, a diferencia de lo que ocurre con su padre.  Evidentemente, las consecuencias de esta declaración como imputada para la Casa Real (por mucho que los políticos nos digan que es mucho mejor ir a declarar a un Juzgado en tal concepto por aquello de la tranquilidad que da ir con abogado) son muy relevantes, y es comprensible que el Juez de Instrucción tenga mucho cuidado a la hora de adoptar una decisión así.  Pero la pregunta es si al final no será peor el remedio que la enfermedad, dado que si ella es la única persona a la que no se llama a declarar como imputada cuando ya lo han hecho todos los demás miembros de la Junta Directiva del Instituto Noos,  cunda la opinión (o más bien la certeza) de que esto se debe a la exclusiva razón de ser la hija del Rey.  Lo que no parece muy conveniente en un momento en que todas las instituciones están bajo sospecha, y en que la mayoría de los españoles piensan que la Ley no es igual para todos.
 
El caso de la Ministra, al estar prescritas las posibles responsabilidades penales, por lo menos según esta noticia, es un poco más complejo, dado que estaríamos hablando sencillamente de una responsabilidad política, nada menos que por haberse beneficiado de regalos de una trama corrupta. Lo supiera o no su situación es insostenible, incluso para el nivel de impunidad política existente en España. El que lo supiera supondría que estaba dispuesta a aceptar regalos cuya contrapartida sólo podían ser favores políticos o peor aún, incluso aunque no se pueda demostrar ningún trato de favor (el cohecho impropio, por prescrito que esté). Si no lo sabía, queda en ridículo y no puede desempeñar un cargo como el de Ministra de Sanidad,  por muy devaluado que esté el cargo gracias a alguna antecesora.
 
Los ciudadanos españoles –entre los que me incluyo- hemos preferido “hacerle el favor” de pensar que no es tan limitada intelectualmente como para no saber lo que pasaba en su propia casa ni de donde salía el dinero para coches de lujo, fiestas y viajes que ella y su familia disfrutaba  y que estamos ante un caso más de un político que niega lo evidente simplemente porque ha tenido la suerte de escapar de una condena judicial, normalmente por la lentitud de la Administración de la Justicia. Porque esto es lo que significa que un posible delito esté prescrito.
 
Pero, como ya hemos explicado varias veces, no podemos tolerar de nuevo que nos den gato por liebre y que nuestros políticos limiten la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Comparar este caso con otro de Ministros de países de la UE que dimiten por asuntos infinitamente menos graves y por supuesto sin que haya mediado ningún juicio, más allá del muy severo de la opinión pública, produce sonrojo. La única comparación posible es con Ministros acusados de corrupción en países del tercer mundo que se aferran a la silla hasta que no hay una acusación formal o incluso una condena penal y ya ni siquiera en todos los casos, para ser justos, dado que en algunos países ya se dimite mucho antes. El dato de que se haya nombrado a Ana Mato Ministra con pleno conocimiento de estos antecedentes no hace sino reforzar esta sensación de vergüenza y deterioro institucional.
 
En cualquier caso, la responsabilidad política es distinta a la responsabilidad jurídica, ya sea penal o no, y empieza mucho antes en el tiempo y en la intensidad. Si nuestros políticos no dimiten hasta que no están espaciotemporalmente a dos pasos de la cárcel (vean por ejemplo a la alcaldesa de Alicante) apaga y vámonos.
 
Volviendo a las similitudes entre los dos casos, quiero terminar con otra que, como mujer, me parece especialmente preocupante. Es la tendencia a tratar a estas personas como irresponsables o menores de edad, aunque sea con la intención de exculparlas, y no como lo que son o deberían ser, dos mujeres adultas, de mediana edad, con plena capacidad jurídica, con una posición institucional muy relevante y –“a priori”- perfectamente conscientes de sus actos. En el caso de la Ministra, son las palabras de apoyo –a mi juicio ofensivas desde ese punto de vista- de sus propios compañeros de partido o incluso del Presidente del Gobierno que podríamos resumir en la frase “pobre Ana”.  En el caso de la Infanta, quizá no ha sido tan explícito al no haber existido declaraciones públicas similares, pero ciertamente sí ha habido o hay un clima tendente a considerarla como una “pobre Cristina”, una mujer enamorada e inconsciente y una madre de familia que lo está pasando muy mal.
 
A la vista de esta actitud, todavía resulta más curioso el que la Ministra de Sanidad se atrinchere en el puesto alegando, entre otras cosas, su condición de mujer que la sujetaría a este tipo de  “ataques machistas”. El ataque machista consiste, al parecer, en tratarle como si fuera una mujer adulta y responsable y no una menor inconsciente de las idas y venidas del cabeza de familia, varón, por supuesto.
 
Sinceramente, creo que un gesto por parte de estas dos señoras, dimitiendo la Ministra y renunciando la Infanta a la condición de miembro de la Casa Real, condición que sin duda la está protegiendo procesalmente, haría un gran favor a las instituciones que representan, liberándolas de un lastre que puede acabar siendo insoportable. Y, de paso, les devolvería un poco de dignidad.

Las fundadas “ideas” de Amy Martin

En la cascada imparable de irregularidades en el gasto público o, lo que es lo mismo, con cargo a los sufridos bolsillos del contribuyente, surge la figura de esta mujer que, con vocación creativa hiperactiva, fichó la fundación “Ideas” de donde -al parecer- se nutre el mensaje político del socialismo español.
 
A una edad precoz (por el buen aspecto que presenta en sus imágenes actuales), esta mujer -como otras muchas- se acogió al palio protector de un partido político, como mejor forma de “buscarse la vida” en el proceloso mundo de la creación y, el socialismo español, siempre en apoyo de la inteligencia y, al parecer, siempre falto de recursos humanos con que abastecer los cientos de miles de cargos con que se engordaron nuestras administraciones públicas, la fichó de inmediato.
 
De lo que hemos conocido, ésta mujer ya se instaló en las brumas frías de Suecia al frente del Instituto Cervantes en Estocolmo, con un cargo de esos que proporcionan pocas responsabilidades públicas, pero sustanciosos estipendios en ese convenio laboral elitista y poco publicado de los “directivos públicos”, cuyo número al parecer alcanza casi el medio millón de almas. Almas entregadas a la causa que las mantiene (como a las “mantenidas”) con cargo a los deteriorados y recortados presupuestos públicos.
 
Sus méritos intelectuales y genialidad creativa le ha permitido dedicarse a recibir otras subvenciones en el dudoso marco de las ayudas a la “creación”, pesebre o ubre de la que se alimentan todavía la gran parte de nuestros numerosos creadores cualquiera que sea su especialidad. Eso sí, siempre que sean de “los nuestros” como ha sido -y quizá siga siendo- nuestra protagonista, lo que le ha permitido mantener un alto tren de vida tal como parece haber reconocido.
 
Con el cambio de régimen podía darse el caso de pérdida de “chollos” y “subvenciones” a menos de convertirse en renegada o desleal con la mano que la había alimentado. Tenía buenos contactos establecidos y unas relaciones políticas en la primera línea del anterior gobierno que, naturalmente, antes de sucumbir ante la mayoría absoluta que se avecinaba, dejaba colocados convenientemente a sus leales, aún a costa de hacer trampas en el crucigrama. Los ingenuos populares ni siquiera se darían cuenta.
 
Entre las muchas posibilidades con que cuentan los partidos políticos para el desempeño de su función y, por si no fuera suficiente tener el organigrama lleno de asesores de toda especie o de personal especializado, existen las fundaciones. Esas en las que se debate con los ciudadanos las líneas políticas de acción de los gobiernos, abiertas a cualquier participación, llenas de altruismos intelectuales y materiales, mantenidas ¿cómo no? por nuestras magníficas subvenciones públicas con cargo a los presupuestos.
 
Siempre me ha llamado la atención la enorme proliferación de entidades altruistas y sin ánimo de lucro con que se ha llenado el panorama nacional pero que, como es lógico, se adaptan mejor a la fórmula de tener ingresos públicos para actividades subsidiarias a lo que debían ser las actividades institucionales. No he entendido que el Estado, los ciudadanos, pudiendo y debiendo atender a situaciones sociales o humanitarias con mejores herramientas y situación, derivaran fondos a través de intermediarios que (no todo es altruismo), viven de ellas.
 
Una cosa son las iniciativas privadas de ayuda a los demás desde la generosidad de sus agentes y otra las iniciativas privadas nacidas como excrecencias institucionales al amparo de las subvenciones públicas. En algún sitio debía estar la trampa.
 
La trampa era lo que se ha conocido (una ligera punta de iceberg en el mar helado del saqueo a las arcas públicas): el pago de servicios externos desde esas fundaciones y organizaciones, -muchas de las cuales abanderan la lucha contra la privatización de los servicios públicos-, a pesar de tener toda una plantilla de expertos bien pagados para que hagan estudios, análisis, dictámenes, informes, encuestas o cualquier otro documento de trabajo que -al parecer- no pueden hacerse desde las secretarías de estudios de los partidos; que no pueden hacer los asesores y personal de confianza de los gobiernos; ni siquiera los muchos consejos consultivos de diferente índole sufragados por el dinero público; menos aún los muchísimos empleados públicos de todas las administraciones.
 
Es el conocido sistema de la subcontratación en cascada, donde todos son intermediarios y los resultados finales pasan por tantas manos puestas que, al final, lo que debía valer 10 vale 100 (en el mejor de los casos). No nos extrañe pues la cifra de 3.000.- euros por artículo facturada no directamente, sino a través de un agente literario que también tiene que comer.
 
Pero, eso no es todo, la facilidad de esta mujer para crear toda una campaña publicitaria, de su persona y de sus capacidades variopintas sin soltar un duro para ello, es digna de quitarse el sombrero. No sólo ha llenado con su imagen las portadas mediáticas con mayor abundancia que los últimos premios Nobel, sino que le espera un largo “calvario” de entrevistas, promociones, subvenciones y ¿porqué no? fichajes estrella, al igual que le ha pasado a quien se le ocurrió repintar una mala pintura en la pared, en una desconocida iglesia, de un remoto pueblo español, al frente de una empresa de imagen  y…. es que “¡España y nosotros somos así, señora! “.

Algunas medidas contra la corrupción

Ante el piélago de corrupciones que literalmente ahoga a la sociedad española, los ciudadanos como auténticos titulares de la democracia debemos promover la adopción de medidas para tratar de cortar en lo posible esta incontenible marea de corrupción. Personalmente considero que el  mejor antídoto contra la corrupción es la honestidad; pero como ésta es una cualidad humana que no puede predicarse de todo hombre público, es urgente adoptar ya medidas de orden sustantivo y procesal, para atajar la corrupción.
 
Entre las primeras se encuentra la de modificar el vigente régimen electoral, eliminándose si no en todo, al menos en parte, el sistema proporcional de listas cerradas, bloqueadas y dirigidas, causa última de la corrupción política e ideológica existente en España, que se ha llevado por delante la credibilidad del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Se trataría de buscar un equilibrio entre la vigente representación proporcional con el sistema mayoritario, juxtaponiéndolos. Caso típico es el del régimen electoral alemán, en el que la mitad de los escaños del Bundestag son asignados mediante mayoría simple en distritos unipersonales y la segunda mitad de sus miembros son elegidos mediante voto proporcional utilizando listas bloqueadas en cada Land, variando el número de escaños atribuidos en cada Land en virtud de su población; de esta forma cada elector deposita dos votos: uno de libre elección del elector y otro para una lista. Este sistema propicia la entrada de aire fresco en la siempre viciada vida política.
 
Tomando lo anterior como punto de partida, habría que modificar el Código Penal, incluyendo un tipo específico de responsabilidad criminal sobre el delito de corrupción política, que hoy no aparece con perfiles claros, estableciéndose penas suficientemente duras como para disuadir en lo posible comportamientos corruptos.
 
Otra medida de carácter sustantivo podría afectar a la financiación de los partidos políticos, que constituye uno de los problemas más espinosos en las democracias modernas. Las vigentes Leyes Orgánicas de Régimen Electoral Español y de Financiación de los Partidos Políticos, han optado claramente por la financiación pública, relegándose la financiación privada, que es la seguida en los sistemas anglosajones y nórdicos. Eso supone cargar sobre las espaldas del contribuyente español un importante gasto anual que se calcula en función del número de escaños obtenidos por cada partido en el Congreso o en el Senado, mas una cantidad por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso y al Senado, además de cuantiosas subvenciones para cubrir gastos electorales, tales como sobres, papeletas, propaganda,  publicidad, y otros. La propuesta consistiría en cambiar este sistema por una financiación estrictamente privada controlada por la Junta Electoral Central y, en su caso, por el Tribunal de Cuentas, no en un enjuiciamiento estrictamente consuntivo y finalista sino mas bien mediante técnicas propias de las auditorias modernas. Se trata de liberar a los ciudadanos de esta carga tributaria, sirviendo de paso para amenguar los exorbitantes gastos estatales. Como el paso de la financiación pública a la privada no puede hacerse de la noche a la mañana habría que otorgar a los partidos políticos (y también a los sindicatos), un periodo transitorio de 3 a 5 años para que se fueran adaptando a su nueva realidad económica. Y, finalmente, habría que caminar hacia la eliminación de los aforamientos intuitu personae, que hoy carece de fundamento. España es el país del mundo con mayor número de aforados por número de habitantes. Hay que recordar que el aforamiento de los parlamentarios constituye hoy una antigualla que trae causa de las técnicas de defensa de los parlamentarios frente al Rey en el Antiguo Régimen, a través del llamado “freedom from arrest”, pero que hoy carece de significado político y lo único que pone de manifiesto es el carácter de casta de la clase política dominante.
 
Junto a esas medidas, propongo cuatro más de carácter procesal. La primera de ellas, que los juicios abiertos por corrupción política estén inspirados en los principios de preferencia y sumariedad; es decir, que gocen estos juicios de las mismas prorrogativas que la protección de los derechos fundamentales y del contencioso electoral, en cuya virtud, la sustanciación de esos procesos gozarían de preferencia absoluta frente a cualquier otro y su sustanciación se haría de forma urgente. Esto tendría una gran ventaja para el justiciable, ya que, no habría que esperar, a veces años, para obtener una sentencia, y desde luego, para los ciudadanos que, como contribuyentes netos de todo el sistema, verían satisfechas sus expectativas en una justicia garantista pero rápida y eficaz en la identificación y condena de los corruptos.
 
Otra medida procesal podría venir dada por incorporar el Jurado Popular en todos los procesos por corrupción política. Nada hay más justo que hacer partícipes a los ciudadanos en la Administración de Justicia, cuando se trate de enjuiciar asuntos relacionados con la corrupción política. Eso sí, habría que exigir que se dotase al poder judicial de los medios personales y materiales, como viene reclamando, para hacer efectivas sus resoluciones sin dilaciones indebidas.
 
Asimismo, la ejemplariedad pública que se demanda en un Estado de Derecho moderno exige que los condenados por sentencia firme en procesos judiciales por corrupción política no obtengan ningún beneficio penitenciario hasta tanto no devuelvan al Tesoro Público las cantidades defraudadas.
 
Finalmente, no se podría aplicar para las sentencias firmes recaídas en casos de corrupción política, la exótica Ley para el Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870, a mi juicio inconstitucional; pues en mor de esta norma los Gobiernos de turno vienen indultando a convictos de corrupción política a según su conveniencia ideológica.

Estafados

Fue el canciller de hierro, Otto Von Bismarck, quien a mediados del siglo  XIX comentaba frívolamente que era maravilloso que Prusia contase con la estafa de las elecciones democráticas, siempre claro está, que el consiguiese ser el estafador.  Dando un salto en el tiempo y el espacio a la España actual, los ciudadanos comenzamos a sentirnos un electorado estafado.
 
La Monarquía, pese a un costoso aparato burocrático sufragado por todos los españoles para ofrecer una imagen digna, no pudo evitar el caballo de Troya de un yerno infame ni lo que es peor, ha sido capaz de romper públicamente y sin rodeos con quien traicionó su confianza y la de todos los españoles.
 
El Ministro de Justicia, procedente de la carrera fiscal y un piquito de oro, ha asestado el mayor ataque al derecho de tutela judicial de la democracia al imponer unas tasas judiciales desproporcionadas que disfrazan de ahorro lo que supone privar a la clase media de su derecho a acudir a los Tribunales.
 
Los partidos políticos, con un estatuto privilegiado de financiación, han abusado del mismo y en algunos casos extremos dejan pequeña a la cueva de Alí-Baba.
 
La todopoderosa banca se vuelve mezquina en la concesión de créditos tras haberse lucrado con el anzuelo de las “preferentes” a costa de la buena fe de ancianos y ahorradores confiados.
 
Los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad se tambalean ante el empuje de la crisis y amenazan con desplomarse con grandísimos estragos.
 
Los impuestos y los recortes sociales y económicos están dejando en jirones las ilusiones de un pueblo laborioso que ve como se le quita tanto lo que tiene como lo que podría tener en el futuro.
 
Por si fuera poco, los tijeretazos económicos van camino de convertirse en sanguijuelas sobre el enfermo que, como es sabido, de tanto chupar sangre en vez de sanarlo pueden acabar con él. La denominada “clase media” cada día cuenta con menos miembros y cada día la “media” está mas abajo. Empresarios que ven sus inversiones como se van al garete. Trabajadores a los que nadie saca del desempleo. Funcionarios estrangulados en sus condiciones de trabajo. Profesionales liberales que paradójicamente ven como la “liberalización” encadena sus sueños.  Estudiantes que no saben qué ni para qué estudiar. Y miles de profesiones exitosas se han convertido en una trampa para quienes invirtieron tiempo y formación en ellas.
 
Además del natural hartazgo, el ciudadano siente las últimas gotas de la tortura malaya, al constatar  que la corrupción arde por los cuatro costados del país y que son muchos los que han robado ( afines a distintos partidos políticos), han robado mucho ( cifras mareantes) y han robado a muchos (todos los ciudadanos).
 
Para mas inri, ningún partido gobernante ha alzado como prioridad modificar la  justicia penal para que la sensación de impunidad se desvanezca de la mente ciudadana. Algo habrá que hacer, cuando los delincuentes de cuello blanco, con amigos de alto copete o enriquecidos, son capaces de aprovecharse de las holguras del sistema penal para que los delitos de pelaje económico sean impunes ( fraude fiscal, corrupción, falsificación o maquinaciones).
 
Veamos. No todos los delitos económicos son conocidos o denunciados. De los que se denuncian buena parte han prescrito pues llega tarde la alarma y los bomberos. De los que se denuncian y no han prescrito, muchos se libran por insuficiencia probatoria porque han conseguido borrar las huellas del delito o porque hábiles abogados con chequera abultada consiguen exprimir el jugo a la presunción de inocencia hasta el límite. De los que se denuncian, no prescriben y desembocan en condena penal, muchos consiguen pactar con el fiscal la conformidad por una pena inferior a dos años ( o sea, a la calle bajo la angelical promesa de no volver a delinquir en ese tiempo). Y de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal y no hay pacto de conformidad, algunos consiguen que el Tribunal Constitucional deje en papel mojado las bibliotecas completas de actuaciones de los Tribunales penales.
 
Por último, de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal, sin pacto de conformidad, y sin amparo del Tribunal Constitucional, malo será que un Gobierno no los indulte.
 
En suma, los delitos económicos o los delitos de corrupción parecen rentables en términos de riesgo para los delincuentes.
 
Sangrante es la sensación de que existe un mundo de políticos que surfean plácidamente en la crisis. Y que no ataja de frente los problemas porque existe un distanciamiento enorme entre el pueblo elector y los elegidos, entre ciudadanía y gobierno.
 
Me escandalizo como ciudadano cuando escucho al Presidente del Gobierno aquello de “haré lo que tengo que hacer, aunque no lo haya prometido”,  pues encierra un desprecio hacia los electores. Posiblemente en su fuero interno los gobernantes de cualquier ideología piensen lo mismo, pero en vez de decirlo se lo callan, pese a que el deber moral de un político que no cumple lo que promete es tener humildad, pedir perdón e intentar reparar su error. Mal actitud es la de quien se muestra prepotente y se atrinchera en los votos cosechados. No sólo hay que escuchar al pueblo en las urnas electorales y echarse a dormir. Si la situación económica y política es inquietante, razón de más para consultar al pueblo. Si se abusa de los Decretos-leyes (¡28 en el año 2012!), que están constitucionalmente pensados para situaciones de emergencia, razón de más para consultar al pueblo y ver si se avanza en la dirección correcta.
 
Envidio la madurez del Reino Unido que planteará un referéndum sobre la independencia de Escocia en términos claros: “¿Debería Escocia ser un país independiente,¿ sí o no?”. Y no lo digo por plantear en España consultas similares para Cataluña o para Soria, pues considero que no es prioritario con la que está cayendo entrar al juego de maniobras de distracción política. Lo digo porque sin necesidad de plantear costosos plebiscitos en España para marcar las líneas maestras de gobierno, bien estaría sencillamente encargar al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) una encuesta seria (eso que llaman “Barómetros de opinión pública”) para que de forma orientativa capte el sentir popular en cinco cuestiones a mi juicio cruciales:
 
1. ¿ Desea la reforma electoral que palie el bipartidismo bajo criterios de mayor proporcionalidad y se avance hacia listas abiertas para el Congreso?
 
2. ¿Desea que nadie ocupe cargos políticos por más de ocho años para evitar la profesionalización?
 
3. ¿ Desea una reforma de organización territorial que pase por la supresión de las Diputaciones, la reducción del mapa municipal a la mitad y la reversión de las competencias de sanidad y educación hacia el Estado?
 
4. ¿ Desea una reforma de la justicia penal que nos equipare en tiempos de respuesta y eficacia con la justicia penal en los países democráticamente avanzados de Europa?
 
5. ¿ Desea que las tasas judiciales tengan en cuenta la capacidad económica del ciudadano y en ningún caso excedan la décima parte de lo que se juega en el litigio?
 
 
El resultado de tal consulta podrá ser uno u otro, pero al menos marcaría a los gobernantes de turno la dirección correcta si se quiere dar respuesta al sentimiento ciudadano. También se evitaría el viejo truco político de reivindicar un “Gran Pacto” sobre la Justicia, sobre la Educación o sobre el jamón de Guijuelo. Tantos “pactos” como dice la canción, se rompieron de tanto usarlos, porque al final, detrás de un anuncio de Pacto hay una coartada para ganar tiempo así como infinidad de trampas bajo la mesa para ocultar  los intereses inconfesables de los partidos que pactan.
 
Mientras tanto, seguiremos sintiéndonos como los ciudadanos de los pueblos del Oeste a los que les vendían crecepelos inútiles, y lo peor, sin poder reaccionar como ellos cuando descubrían al estafador, sin poder cubrirlos de brea y plumas para ejemplo y escarnio general.
 
Al menos confío en que las analogías con Bismarck se hayan agotado en su concepción del sistema electoral, y que la historia no se repita, pues tan soberbio personaje no vaciló en amordazar la prensa ( que por cierto, hoy día es la mayor garantía de la democracia pues arroja luz y libertad de expresión sobre las cloacas políticas) e incluso llegó a decretar que los funcionarios que votasen a la oposición serían sancionados disciplinariamente. Y es que, una vez que la voz ciudadana no interesa, nadie puede parar a un gobernante desbocado hacia ninguna parte.
 

Artículo de Francisco de la Torre publicado en el Mundo: «Ética fiscal en tiempos de amnistía»

El pasado sábado, EL MUNDO publicaba la iniciativa del PP de implantar una nueva asignatura en la educación obligatoria para que, entre otras cuestiones, los niños cumpliesen en el futuro con su obligación de pagar impuestos. Rápidamente fue objeto de burlas y chanzas. En las redes sociales se proponían contenidos como: el sobre como institución fiscal transparente, la amnistía fiscal como instrumento de justicia fiscal o las SICAV como ejemplo de equidad… Además, el claustro que se proponía para impartir la asignatura era simplemente sobrecogedor.
 
En resumen, la iniciativa ha sido muy criticada por el momento en el que se ha hecho pública. Decía Maquiavelo que la única tarea del político es elegir los tiempos, y, ahora mismo, no parecen propicios. Esto ha originado algo que se debe evitar siempre que se pueda: el ridículo. Efectivamente, España tiene un problema grave de fraude fiscal, en buena parte derivado de la falta de conciencia fiscal de muchos españoles. Sin embargo, el planteamiento de combatirlo con una amnistía fiscal ha sido como el que tiene hambre y toma bicarbonato.
 
Otra cuestión más sutil que la iniciativa pone de manifiesto es la utilidad de las Cortes Generales. Casi todas la grandes iniciativas en materia fiscal se han aprobado por Decreto-Ley, con una intervención mínima del Congreso (y ninguna del Senado), que no ha podido cambiar una coma del texto. Entre tanto, el Parlamento se dedica a debatir iniciativas como la de «educación para la tributación». En el caso de la amnistía fiscal, la medida más polémica y criticada no sólo es que la misma se aprobase por Real Decreto-Ley, sino que el documento legal decisivo, por el que el 70% de las rentas presuntamente afloradas no tributó absolutamente nada, es un informe del director general de Tributos. Esto dice poco del respeto a las reglas de juego, entre ellas la jerarquía normativa consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución. Incluso, por encima de eso está la cuestión de la legitimidad democrática, que reside en el Parlamento y no en la Administración Tributaria.
 
Ahora bien, una cuestión positiva que la iniciativa pone de manifiesto es que nuestra clase dirigente empieza a darse cuenta de que la conciencia fiscal se está derrumbando. En los años 80 y 90 se hizo un esfuerzo muy importante por convencer a los españoles de que los impuestos eran necesarios: «Hacienda somos todos». Ésta es una cuestión que tienen muy clara todos los países avanzados y es una derivada directa de que las leyes, buenas o malas, incluyendo las fiscales, hay que cumplirlas. Incluso, en Estados Unidos, hay movimientos como el Tea Party que defienden menores impuestos a ultranza, pero no la insumisión fiscal. Que esta conocida frase del juez Holmes sea la inscripción de la sede central del IRS (Hacienda norteamericana) no es una casualidad: «Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización» (En la selva no existen). Efectivamente, no se puede tener la economía de Alemania con la conciencia fiscal de Tanzania.
 
Hace unos años, un ciudadano de clase baja y poca formación se sentó en mi despacho. Lo había citado porque había indicios de que podía estar emitiendo facturas falsas: me lo admitió. El contribuyente me dijo también que Dios se le había aparecido y le había ordenado que dejase de traficar con drogas. Entonces, él se pasó a emitir facturas falsas. Naturalmente, también me comentó que si le sancionaba, tendría que volver a vender droga y que sería responsable ante Dios de su perdición. Hasta hace poco, evidentemente, no todos los ciudadanos declaraban todos sus ingresos, pero las estrategias más burdas de falsificación y defraudación fiscal eran cosa de sectores marginados y de iluminadosanti-fisco.
 
De un tiempo a esta parte, los inspectores hemos visto que han vuelto fenómenos como el de la proliferación de las facturas falsas. Lo más preocupante es cuando se comprueba que estas formas de actuar se han ido extendiendo a grandes empresas e incluso a organismos públicos. Tampoco hay que trabajar en Hacienda para ver casos como estos, sino que basta con leer el periódico. Incluso, en algunos casos, ha habido desvíos de dinero a paraísos fiscales, y luego en los mismos, tampoco se querían pagar los escasos impuestos de territorios como Belice, y los ingresos se volvían a compensar con nuevas facturas falsas. Para algunos, que ya no pertenecen a los sectores más desfavorecidos, precisamente, parece que pagar impuestos es contrario a su religión; aunque finalmente, acaban pagando importes superiores en abogados, bancos, estructuras societarias y testaferros.
 
En este estado de cosas, aun así, cada vez resulta más complicado defender la obligación de pagar tributos. Esto se debe a que, particularmente en el último año, se han elevado sustancialmente los impuestos a los que ya los venían pagando. En paralelo, se producían recortes en gastos que muchos ciudadanos consideran fundamentales, como Sanidad, Educación y servicios sociales. Además, se han recortado los medios en la lucha contra el fraude fiscal, y como colofón se ha dado una amnistía fiscal, extremadamente generosa con los defraudadores, que han pagado de media un 3% de los importes aflorados.
 
Incluso así, los impuestos son imprescindibles para el mantenimiento no ya del Estado, sino de la civilización. El sistema fiscal es claramente inequitativo y, sobre todo, no puede aportar los recursos que necesita el Estado. Su reforma es una prioridad ineludible junto con la inevitable reforma administrativa en profundidad, si queremos salir de la crisis. Todo esto es explicable, y la educación tiene aquí su papel. Sin embargo, los únicos niños que parecen haber recibido lecciones de fiscalidad son los catalanes, muchos de los cuáles han aprendido lecciones de «expolio fiscal» y tienen grabado en la mente el Espanya ens roba.
 
Esto indica varias cosas. En primer lugar, que si no se modifican las competencias, va a ser casi imposible establecer nuevos contenidos comunes, cuando en parte de España no se puede estudiar ni siquiera en lengua castellana. En segundo lugar, que es necesario un consenso para que no se repita miméticamente el caso de la Educación para la Ciudadanía. Pero sobre todo, ésta no es una cuestión de conocimientos, sino de voluntad. Todo el mundo sabe que debe pagar sus impuestos y no colaborar con el fraude, pero si nuestra clase dirigente, tanto al establecer y aplicar los impuestos, como al distribuir el gasto público no actúa de forma justa, razonable y transparente, habrá poco que hacer. Como señalaba Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor forma de influir en el comportamiento de los demás, es la única. La ejemplaridad lo es todo.

Que se mueran los viejos…

Haciendo un remedo del título de la vieja película “Que se mueran los feos”, el ministro japonés de finanzas Taro Aso ha culpado a las personas mayores del elevado gasto sanitario de su país y ha declarado que él se sentiría mal si supiera que su tratamiento está pagado por el Gobierno,  al tiempo que atacaba las tácticas de reanimación y los tratamientos para prolongar la vida e instaba a los mayores a que se dieran prisa en morir. Así lo recogía The Guardian y así ha sido reflejado por la prensa española.
 
Lo cierto es que en Japón casi un veinticinco por ciento de sus 128 millones de habitantes supera los sesenta años. Y es posible que en los próximos cincuenta años alcance el cincuenta por ciento. El propio Aso tiene setenta y dos años…. pero parece que él no se incluye porque ya en alguna ocasión había criticado a quienes comen y beben y no hacen ningún esfuerzo y luego visitan las consulta: se debe de considerar en forma (ver aquí)
 
No pretendo hacer un post con esta sugerente noticia, sino sólo plantear las cuestiones que me suscita:
 
¿Es hasta cierto punto disculpable -aunque la forma sea brutal- la conclusión del ministro japonés cuando tenemos un mundo masificado, disponemos de recursos limitados y la esperanza de vida es cada vez mayor? ¿Nos encontramos ya en una situación como la del avión en peligro en el que es necesario -como en el chiste del español, el francés y el inglés- tirar a un pasajero para que los demás se salven?
 
¿Hasta qué punto tiene esta noticia conexión con estas otras más antiguas sobre la posibilidad de denegar el tratamiento a fumadores y obesos, que se planteó en Gran Bretaña? O, dicho de otra manera, ¿es exigible una autorresponsabilidad en el cuidado de nuestro cuerpo de tal manera que no genere costes innecesarios a la colectividad? ¿Puede la ley tomar cartas en el asunto, coartando nuestra libertad, como traté en unos de mis primeros posts, acerca de la ley antitabaco?
 
¿O estamos, en todos estos casos, ante un ejemplo más de economicismo eficientista del que ni siquiera la vida humana logra escapar, un utilitarismo racionalista que sacrifica lo que sea necesario si redunda en beneficio de la mayoría? ¿Estamos ya cerca de la distopía cinematográfica de Soylent Green, en la que la falta de recursos naturales -salvo para una reducida élite- hace que la gente se alimente de un producto sintético y les obliga, cuando son mayores, a irse a El Hogar, donde mueren en un ambiente como el de su infancia?
 
Se trata de un dilema moral -quizá un poco prematuro, pero posible en el futuro- del tipo de los que plantea Michael Sandel en Justicia (y que comentaba Rodrigo Tena aquí): un tren que se dirige contra varios obreros pero el conductor puede cambiar de vía para matar solo a uno: ¿es ético hacerlo? ¿Y si tiramos a un gordo a la vía desde un puente para que descarrile el tren?  En nuestro caso sería: vale, no incitemos a las personas mayores a suicidarse, pero no los reanimemos, no paguemos sus tratamientos, no los cuidemos, porque no hay recursos…¿o hay algo por encima de los recursos?
 
Como dice Sandel, hay tres maneras de enfocar la justicia: según el bienestar (maximizar el bienestar de la mayoría, el utilitarismo), según la libertad (la defensa de los derechos individuales) o según la virtud (la justicia asociada a ciertas virtudes). Y el dilema moral surge cuando estos ideales entran en conflicto.
 
¿Quid iuris? Decidan ustedes.

Voto identitario y corrupción

 
Los titulares de los periódicos nos ofrecen todos los días una sucesión de escándalos de corrupción en los que se ven inmersos los principales partidos españoles. En esta situación, y desde una cierta perplejidad, no está de más reflexionar sobre las razones que llevan a los ciudadanos a entregar su voto a uno u otro partido.
 
Para situar el contexto de la reflexión sobre lo que condiciona el voto de un ciudadano en España, quiero empezar este post mencionando el ensayo sobre el Estado de Bélgica que Tony Judt publicó en 1999 en The New York Review of Books, y que posteriormente fue recogido en su libro Sobre el olvidado Siglo XX”. Aún hoy este ensayo sigue ilustrando la historia y los vicios que han perseguido a las democracias europeas a lo largo  del último siglo.
 
Bélgica fue creada en 1831, a instancias de las potencias de la época (Francia, Prusia y Gran Bretaña). Su vida política desde el principio se configuró alrededor de los denominados “pilares”, grupos sociales organizados que en gran medida sustituían al estado. Inicialmente estos pilares fueron dos, los católicos y los anticlericales, que se configuraban alrededor de los partidos católico y liberal. Posteriormente, para cubrir a la creciente clase obrera, se creó el Partido Socialista a finales del siglo XIX. Estos partidos servían para mucho más que para ganar elecciones y acceder al poder, realmente se configuraban como comunidades económicas, culturales y sociales cerradas. A lo largo del siglo XX, a estos tres pilares se sumó el vector de la lengua. El creciente protagonismo económico y cultural de Flandes, con una expansión espectacular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, introdujo en la vida política reclamaciones de mayor protagonismo de la lengua neerlandesa, y con ello, una duplicación de los tres partidos tradicionales, para configurar seis partidos, tres en cada lengua. A los seis partidos tradicionales, que hoy son el liberal, el socialdemócrata, y el democristiano, en sus versiones flamenca y valona, se han sumado en los últimos tiempos partidos independentistas en la región de Flandes.
 
Este abanico de partidos políticos en Bélgica ilustra perfectamente las razones por las que los belgas han venido votando a uno u otro partido a lo largo de gran parte de su historia. La lengua, la religión y la clase social definían el partido al que votarían. En este escenario, los partidos configuraron un sistema clientelar para los grupos que representaban, que desembocó en un sistema complejo y corrupto de acuerdos y tratos.
 
Esta historia no es muy diferente a la que se ha desarrollado en otros países europeos. A medida que la religión ha ido perdiendo protagonismo en la vida pública, la fidelidad del voto por la religión ha ido perdiendo importancia, aun cuando debates morales y sociológicos como el aborto y el matrimonio homosexual sigan teniendo un papel muy relevante. Igualmente, a medida que se han reducido las distancias entre clases sociales, ha crecido la clase media, y se ha implantado el estado de bienestar y protección social en los estados europeos, el concepto de partido de clase se ha ido difuminando. En una democracia moderna, con una mayor cohesión social, y una sociedad más laica, el voto tenderá a definirse no por estos atributos de identidad tan básicos (religión, clase social, lengua), sino por aspectos más ligados a valores morales, programa económico,  o a la confianza en los líderes políticos.
 
Probablemente un indicador muy básico del grado de madurez de una democracia podría encontrarse en el porcentaje de personas que han votado a diferentes partidos a lo largo de su vida. En la medida en que gran parte de la población entregue su voto al mismo partido a lo largo de toda su vida, es una muestra clara de un voto ligado a la identidad personal, y por tanto de un sistema democrático inmaduro.
 
España dentro de las democracias europeas tiene una historia singular. La guerra civil y los años de dictadura han configurado una sociedad en la que aún hoy, 74 años después del final de la guerra, y 37 años después de la muerte de Franco, los factores identitarios juegan un papel muy relevante. La base electoral de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, ha sido extraordinariamente amplia. Electores dispuestos a perdonar cualquier decisión a su partido, y dispuestos a seguir entregándole su voto se han mantenido muy fieles desde el inicio de nuestra democracia. El voto a “los míos” aún hoy sigue teniendo un amplio protagonismo, y no deja de ser sonrojante la forma como el recurso a los “bandos” en la guerra civil siguen teniendo protagonismo en todas las campañas electorales.
 
Para un partido político, el voto identitario es un modelo perfecto. Poco esfuerzo es necesario para explicar el programa o el ideario, y poco esfuerzo es necesario para rendir cuentas de los resultados obtenidos o las acciones emprendidas. El grupo se mantendrá fiel al partido en la medida en que el partido siga representando su identidad. Igualmente, en una sociedad con un voto fuertemente identitario, es difícil que en el debate político puedan encontrarse argumentos sólidos, y que el comportamiento ético de los dirigentes tenga algún protagonismo. Tristemente esta situación describe el actual escenario político español. El debate sobre la privatización de la gestión de la sanidad madrileña es solo el último de los ejemplos. Ante una decisión de tanta trascendencia, uno esperaría una argumentación basada en razonamiento económicos y de eficiencia en la gestión. Lo que hasta ahora ha predominado son razonamientos básicos sobre la idea primaria de que “la derecha privatiza” y la “izquierda socializa”. Sin duda “debates de gran profundidad intelectual” y que sin duda “arrojarán mucha luz sobre la idoneidad de la decisión”.
 
Los ejemplos de estos debates en la vida política española son innumerables, pero sin duda, el aspecto más pernicioso de un voto fuertemente identitario es la corrupción. Seguir observando como los partidos políticos siguen incorporando en sus listas a personas inmersas en procesos judiciales por corrupción, con total impunidad, u observar el escaso peaje que pagan los partidos políticos por casos de corrupción tan graves como los EREs en Andalucía, o el caso Gürtel en Valencia, no invita al optimismo. Cuando las noticias sobre el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y los pagos opacos a sus dirigentes, sobre la corrupción en CIU y los indultos a cargos políticos, copan las portadas de los periódicos, aún seguimos preguntándonos qué tiene que suceder para que se rompan los lazos entre la identidad y el voto en España.
 
Probablemente los partidos políticos ya no representan los intereses de esa identidad con la que muchos electores lo asocian. En gran medida hoy los partidos políticos defienden sus propios intereses, pero es esa base electoral identitario la que les permite mantener impunes sus comportamientos de opacidad y corrupción. El voto identitario confiere impunidad y por tanto no hay motivo para erradicar la corrupción si el voto va a entregarse al partido en cualquier caso.
 
Mientras la corrupción salga tan barata, en términos de votos, a los partidos políticos, cabe poca esperanza de regeneración en la vida democrática española. Uno solo puede esperar que en las próximas elecciones cada español se piense muy bien a quien entrega su voto.
 
 
 

What money can´t buy (reflexiones sobre el libro de Michael Sandel y las elecciones… a lo que sea)

He leído recientemente el ensayo “What Money can´t buy, the moral limits of markets” de Michael Sandel, profesor de Harvard y autor muy conocido por su anterior obra “Justice”, que ya tiene traducción al español y es también muy recomendable. Las reflexiones que hace en este ensayo muy sencillo de leer son muy pertinentes para juristas inquietos, y más todavía si viven en España a principios del 2013. A mí, en concreto, me han venido a la cabeza un montón de ejemplos de aquí y ahora que ilustran perfectamente las tesis del libro, que, muy brevemente, puede resumirse en esta frase: es muy preocupante el que en nuestras sociedades de forma creciente todo esté en venta (“everything is up for sale”). Y las razones por las que debemos preocuparnos, y mucho son dos: la desigualdad y la corrupción que esta dinámica genera. La desigualdad, porque no todos van a tener las mismas posibilidades si todo se compra, de forma que la falta de dinero importará cada vez más. En cuanto a la corrupción, la idea central del libro es que poner precio a determinados bienes o servicios puede corromperlas o hacerlas perder su valor intrínseco. Los ejemplos del libro son extraordinariamente interesantes, y no se los cuento porque merece la pena leerlo.
 
Pues bien, uno de los casos –hay muchos más- que tienen que ver con la tesis del libro es precisamente el de las recientes elecciones al ICAM. Como saben, he ido en una de las candidaturas. Ya expliqué aquí que las elecciones solían despertar nulo interés entre los colegiados en Madrid y los motivos por los que yo pensaba que esto no debería ser así. Pues bien, después de una campaña electoral muy intensa desde todos los puntos de vista, en la que competían candidaturas con muchos medios o/y con muchos apoyos mediáticos (las dos cosas suelen ir de la mano) y también bastante sucia, para que engañarnos, la cosa culminó el día de las elecciones con un espectáculo bochornoso, como bien saben.
 
Efectivamente, la mayoría de los que estuvimos en el Palacio de Congresos el día 18 de diciembre pasamos mucha vergüenza, y desde luego la imagen de la abogacía como colectivo no ha salido muy bien parada que digamos. Pero, bien pensado, la escena final no era sino la lógica culminación de una campaña en la que pareció que todo valía para ganar los votos de los colegiados, desde las más habituales llamadas a los amigos, reparto de folletos, visitas y presentaciones en despachos, etc, etc hasta las invitaciones a comer o a cenar en sitios caros, las fiestas multitudinarias en discotecas, los regalitos, etc, etc pasando por los debates entre las candidaturas, incluido uno muy novedoso en twitter. No siempre nos es dado visualizar el grado de deterioro de una institución en tiempo real, pero ya les digo que no es un espectáculo agradable.
 
Y por degradación institucional no se entiende solo las escenas protagonizada por las candidaturas rivales en el Palacio de Congresos, voces y zarandeos incluidos, sino también a la forma en que el ICAM gestionó todo el proceso electoral, desde la complejidad del voto por correo, la negativa a proporcionar a las candidaturas el censo electoral, la falta de transparencia, etc, etc hasta los “encierros” de candidatos durante la noche del día 18, pasando por los gritos con que se llamó a los miembros de la Comisión Electoral (cuya composición desconocíamos), las filtraciones a la prensa o/y candidatos de la decisión de esa misma Comisión el fin de semana de dar por buenas las elecciones sin que hubiese comunicado oficial alguno a las candidaturas o las llamadas de abogados de la candidatura ganadora (extraoficialmente en ese momento) la noche de las elecciones en las redes sociales a rodear la sede del Palacio de Congresos. Evidentemente, todos estos problemas vienen de muy atrás, de una forma de gestionar el Colegio caracterizada por la opacidad y la falta de participación de los colegiados que ha durado muchos años y no son en absoluto imputables a la candidatura ganadora. Pero ahí están.
 
El final de la historia está recogido por ahora en el acuerdo de la Comisión Electoral que da por bueno el proceso electoral y por ganadora a la sra Gumpert, acuerdo cuya lectura recomiendo, básicamente porque pone de relieve gran parte de los fallos que han llevado a la necesidad de que la Comisión tenga que dictar esta resolución. Pero yo no quería referirme aquí a cuestiones de legalidad (ya lo ha hecho la Comisión Electoral) sino a otro tipo de cuestiones. La propia Comisión Electoral advierte que no le compete hablar de legitimidad de las elecciones, solo de la regularidad o legalidad del proceso electoral. De hecho, aunque muchas personas me preguntaron después del 18 si la candidatura ganadora había hecho algo ilegal por lo que hubiera que anular las elecciones, sinceramente les contesté que no tenía ni idea, dado que desconozco por completo la regulación electoral corporativa. Pero sí les contesté que había visto cosas que me parecían poco éticas, y no solo por parte de la candidatura ganadora, por cierto. Y les recordé que muchas veces los principios éticos no están recogidos sino implícitamente en las regulaciones de las instituciones, dado que se dan por supuestos. Creo que es a esto a lo que se refiere la Comisión Electoral cuando habla de “legitimidad” aunque no estoy segura.
 
En cualquier caso, es el aspecto ético o moral de toda la historia de estas elecciones lo que las relaciona con el libro de Sandel. Que a mi juicio se refleja estupendamente en la frase de uno de los abogados jóvenes que apoyaron a la ganadora dicha a una abogada joven de nuestra candidatura que se había dejado la piel en la campaña con toda la ilusión propia de su edad: “Tenéis que tener claro que esto es como las elecciones al Real Madrid, gana quien tiene más medios”. Una reflexión muy interesante, máxime cuando se hace por una persona joven de una candidatura con muchos medios a una persona joven de una candidatura con muy pocos medios. En fín, dos concepciones del mundo, no solo del mundo corporativo y profesional, muy diferentes.
 
Efectivamente, si las cosas son así, entonces las candidaturas digamos más “pobres” en las elecciones a Junta de Gobierno a una Corporación profesional (y en general a cualquier tipo de elecciones del tipo que sean) tendrán siempre menos posibilidades de ganar por esa exclusiva razón. Es una de las consecuencias (la desigualdad) que preocupa a Sandel cuando se cuestiona la creciente tendencia a comprar y vender cualquier tipo de bienes o servicios en nuestras sociedades. Entre los servicios que se compran o venden hay que incluir, en todo tipo de elecciones, a los medios, los favores, los regalos, las cenas que al fín y al cabo se traducen en la capacidad de atraer y movilizar a los electores, e incluso en algún caso, de trasladarlos físicamente a la sede electoral para que se molesten lo menos posible. En el caso concreto de las elecciones al ICAM movilizar los votos de los colegiados e incluso a los propios colegiados físicamente era esencial para ganar. Insisto en que este no es un fenómeno exclusivo de las Corporaciones profesionales, todo lo contrario, probablemente es de los últimos sitios a los que ha llegado, aunque hay que reconocer que cuando lo ha hecho ha sido de forma muy vistosa.
 
Pues bien, siguiendo con el razonamiento del profesor de Harvard, en elecciones así concebidas en el mejor de los casos los electores perderán opciones, dado que solo podrán elegir entre candidatos que tengan muchos medios económicos a su disposición –dado que la capacidad de disponer de medios económicos está muy relacionada con la capacidad de obtener la atención de los votantes- con lo que esto puede suponer tanto en términos de perfiles de candidatos como en términos de los perfiles de los que ponen los medios para apoyarles.
 
Pero la otra consecuencia, a mi juicio más todavía preocupante, es la pérdida de valor intrínseco que esta circunstancia confiere a la propia institución. Dicho de otra forma, si las elecciones a una institución solo se pueden ganar si se dispone de muchos medios materiales su propio valor como tal institución disminuye, mientras que aumenta su valor económico o comercial, valores que no son intrínsecos o esenciales a la institución, o que no son los auténticos valores de la institución, por lo menos en mi opinión. En este contexto, tiene bastante sentido la pregunta que muchos de los que estábamos allí la noche del 18 de diciembre nos hicimos, y de la que se hicieron eco después los medios de comunicación ¿qué tesoro esconde entonces el Colegio de Abogados de Madrid? En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza del tesoro, (dinero, favores, cercanía con el Poder, influencia, clientela etc, etc) si la razón fundamental para aspirar a ser Decano de un Colegio de Abogados (o Presidente de una Comunidad de Vecinos, o Alcalde, por poner otros ejemplos) es la gestión de ese tesoro, es más que probable que los incentivos materiales para aspirar al puesto desplacen a los motivos altruistas, cívicos, morales o simplemente profesionales que podrían también funcionar como estímulos (incluso como únicos estímulos) en otras circunstancias. Como explica muy bien Sandel en su libro en este caso, como en tantos otros, los dos tipos de incentivos no suman, sino que sencillamente, unos pueden eliminar a los otros produciendo un efecto de “crowding out”.
 
En cualquier caso, la experiencia ha resultado muy ilustrativa desde todos los puntos de vista y le deseo lo mejor a la nueva Decana del Colegio de Abogados de Madrid. Pero desde luego si resulta que las elecciones a una Corporación profesional son como las elecciones al Real Madrid, conmigo que no cuenten ni para electora ni para elegible. Si ni siquiera me gusta el fútbol!
 

Rodrigo Rato: una vida política española del siglo XXI

El reciente fichaje de Rodrigo Rato por Telefónica, pese a estar imputado por el caso Bankia en virtud de una querella que hemos comentado aquí, nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la asombrosa ausencia de responsabilidades efectivas que caracteriza al establishment español. Glosemos a tal fin algunos hitos muy destacados de la vida de Rodrigo Rato tras abandonar la cartera de Economía en el último Gobierno de Aznar.
 
En primer lugar, gracias al apoyo ofrecido por este último a George Bush hijo durante la guerra de Irak, Rato es designado para cubrir el puesto vacante de director gerente del Fondo Monetario Internacional (como es conocido, EEUU y Europa se reparten tradicionalmente la dirección del Banco Mundial y del FMI, pero el apoyo americano es decisivo para lograr el puesto). Pues bien, parece que el cargo de director gerente del FMI apenas tiene importancia, debe ser un puesto prácticamente honorífico de escasa incidencia práctica, especialmente en una época de grave crisis económica como la que atravesamos. Por lo menos así se lo debió parecer al Sr. Rato, que tras tres años como director y cuando todavía le quedaban dos –estancia, por cierto, en la que aprovechó entre otras actividades lúdicas para memorizar “La Venganza de don Mendo” y representarla con gran éxito de crítica y público en Washington (gran obra sin duda alguna)- decidió dimitir en 2007 (justo antes del inicio de la crisis) y volverse a España alegando “razones personales”.
 
No sé qué cuestiones personales eran esas (ni me importan) pero sí me imagino qué hubiera hecho don Fernando de Aragón si después de desencadenar una guerra para poner a España en el mapa –por ejemplo, para colocar a un papa en Roma- el susodicho pontífice hubiese dimitido del cargo y hubiese pretendido volver a la patria alegando “razones personales”… justo antes de una crisis internacional en la que su intervención hubiera sido muy conveniente. Yo creo sinceramente que no hubiera llegado.
 
Gracias al avance de las luces y de los derechos humanos no hay por qué temer ahora estas reacciones desorbitadas de la razón de Estado, pero eso no quita para imaginar de nuevo cómo hubieran recibido en un país democrático moderno (Francia, Reino Unido, Alemania) a un compatriota que hubiese dejado vacante ese pontificado de las finanzas por “razones personales”. Es cierto que Strauss Kahn dimitió también (obligado por razones tan personales que supusieron su ingreso en prisión) pero Francia colocó a otro compatriota de inmediato y de Strauss Kahn no volveremos a oír hablar jamás para un cargo público.
 
Esto es lo que hubiera debido ocurrir en España: que por un elemental principio de responsabilidad el Sr. Rato hubiese desaparecido de la vida pública para siempre. Pero no, Spain is different. Después de ocupar por un tiempo un cargo de asesor del Banco de Santander, en enero de 2010 se le premia por el PP con la presidencia de una de las entidades financieras más importantes del país (de entonces): Caja Madrid, hoy Bankia. Pues bien, después de un largo y penoso proceso que ustedes conocen perfectamente, Bankia, la que iba a ser la gran oportunidad de los ahorradores españoles, terminó intervenida y costándole un ojo de la cara, no sólo a esos ahorradores, sino a todos los contribuyentes.
 
Ahí Fernando de Aragón se hubiese ensañado con el interfecto, sin duda alguna; pero de nuevo la España moderna tiene cosas que la razón (cualquier tipo de razón) no entiende. Nadie se molestó en pedir explicaciones al presidente de la entidad que, por mucho que quisiera culpar a otros, alguna responsabilidad tendría en el asunto. Tuvo que ser un partido político minúsculo el que interpusiese una querella a ver si con un poco de suerte alguien termina respondiendo de todo este desaguisado. No confíen mucho, desde luego, pues aunque el Sr. Rato termine condenado (cosa nada probable) la responsabilidad civil la cubrirá el seguro y la penal –en su hipotético caso- el indulto pertinente, al que ya tenemos muy hecho el estómago gracias a la diligencia de este Gobierno (y del anterior).
 
Pero, en cualquier caso, cabría esperar que aunque salga de rositas otra vez, el Sr. Rato no sería, al menos, recompensado o, más bien, rehabilitado. Craso error, Telefónica nos acaba de recordar que nunca olvida y que de bien nacido es ser agradecido. Esta singular contratación puede obedecer a dos razones. La primera ya la hemos comentado en este blog al hablar del revolving door nacional (aquí). Con este tipo de contrataciones las entidades reguladas españolas quiere mandar un mensaje muy claro a los políticos en activo: cualquiera que sea vuestra situación -imputados, vilipendiados, vejados o escarnecidos- aquí estaremos nosotros si… claro, tenemos algo que agradeceros.
 
La segunda es más personal. Dado que César Alierta fue nombrado por el Sr. Rato para ocupar el cargo de presidente de Tabacalera (durante cuyo ejercicio, por cierto, aprovechó para realizar esa famosa operación con su sobrino que casi le cuesta la cárcel si no fuera por una prescripción apreciada por el Tribunal Supremo con enorme generosidad y que ya hemos comentado aquí) y posteriormente le apoyó para acceder a la presidencia de Telefónica, resulta de lo más natural que Alierta le devuelva el favor, a modo de esos indultos que los Presidentes americanos de salida (lame ducks) realizan en los últimos días de su mandato. Por supuesto,  con la anuencia del Gobierno del PP, que buscaba para el histórico dirigente una salida “digna” tras el papelón en Bankia. Esa es la clave del asunto: el interés concertado de todos los interesados por sustituir la imprescindible responsabilidad por la anhelada rehabilitación a costa de los intereses generales y, especialmente, a costa de los intereses de la compañía.
 
Efectivamente, cualquiera que sea la explicación real (pueden ser ambas y tampoco son muy distintas la una de la otra), hay que reconocer que tal contratación jamás se habría producido en ningún país del mundo (serio, se entiende), porque el coste de imagen que asumiría la compañía frente a los consumidores sería tan elevado que los accionistas no lo permitirían. Pero aquí las cosas de nuevo son muy distintas. Aunque el coste de imagen exista (y tampoco mucho cuando se trata de empresas con posiciones cuasi monopolísticas) no tiene incidencia suficiente como para disciplinar a la compañía. En el caso del revolving door, porque las rentas esperadas como consecuencia del mensaje transmitido a los políticos en activo compensan sobradamente las pérdidas derivadas de la reacción indignada proveniente de cualesquiera consumidores desafectos. En el caso personal de Alierta, porque nadie dentro del consejo y de la estructura de Telefónica tiene el más mínimo deseo ni posibilidad real de oponerse o discutir a su jefe este tipo de decisiones (¡cómo, si se lo deben todo!). Pensar en la junta de accionistas como controladora efectiva del consejo de administración ya sabemos hoy en día que es un desiderátum casi para cualquier tipo de sociedad que no sea familiar. Por eso, para este tipo de compañías que integran el establishment nacional, juega casi excepción la ley de hierro de la oligarquía que enunció Robert Michels pensando principalmente en los partidos políticos (que nosotros tan bien conocemos y padecemos), pero que se adapta perfectamente a este tipo de organizaciones empresariales especialmente vinculadas al poder.
 
La conclusión, por tanto, es la misma. El conglomerado político financiero que controla este país no responde de nada, ya sean políticos-empresarios o empresarios-políticos. Se indultan unos a otros, se contratan unos a otros, se colocan unos a otros. Usted sí responde, querido lector, para usted sí hay Derecho: pruebe a dejar de pagar su hipoteca y ya verá. Por eso, hasta que no nos demos cuentas de que hoy en España sólo hay una prioridad –sancionar democráticamente a ese conglomerado y pedirle cuentas electorales y judiciales- no tendremos remedio.