Tres crisis en una. Las cabezas de la Hidra

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Cumplido más de un año desde que el señor Rajoy ganó las elecciones, se ha demostrado que un cambio de gobierno no significa necesariamente un cambio de rumbo. Sigue la crisis, suben el paro, el IPC, y el nivel de endeudamiento. Y no hay una suficiente separación entre los dirigentes políticos, y el sistema financiero, la Justicia o los medios de comunicación.

 
El Gobierno del PP ha incumplido los puntos básicos de su programa. Niega a menudo la evidencia, y se defiende de cualquier crítica con el argumento de la herencia que les dejó el PSOE. Crece el descontento social, la desconfianza, y la desafección hacia las instituciones. Un 85 % según las encuestas se muestran descontentos con el sistema de representación parlamentaria. Y los nacionalismos periféricos se aprovechan de la crisis para hacerse más fuertes, incrementar sus demandas y acercar a más gente a sus políticas excluyentes y autoritarias. Ya sin tapujos se vende la secesión como una solución definitiva, como la perfecta huida de la crisis.

 
Se ha dicho que esta crisis política y económica se fundamentan en realidad en otra crisis social. Que el deterioro económico y la progresiva decadencia del sistema político no habrían sido posibles con una sociedad civil donde no hubiera avanzado tanto la pérdida de valores como la unidad y cohesión social y familiar, la responsabilidad personal, o el respeto a la autoridad. Lo que nos lleva a preguntarnos qué es lo que está fallando en los mecanismos de transmisión de valores.

 
Se ha señalado al sistema educativo como uno de los principales responsables de este problema. No cabe duda de su deterioro como mecanismo tanto de transmisión de conocimientos como de socialización y educación cívica. De hecho entre los docentes e incluso alumnos que protestan por la reforma educativa proyectada se echan de menos una dosis suficiente de autocrítica, un sincero reconocimiento de la actual situación, y  el planteamiento de otras alternativas diferentes de reclamar más dinero.

 
Pero también que en las aulas es donde más se sufre, y no sólo por los profesores, la citada crisis social y de pérdida de valores. Se ha consolidado un sistema que favorece el mínimo esfuerzo y la desvalorización de la excelencia, y que permite la “estabulización” de  adolescentes que no tienen el menor interés en los estudios, a costa del ambiente general. Y a ello se añade la falta de autoridad de los maestros, demasiadas veces condicionados por los caprichos de padres y alumnos.

 
Sin embargo la crisis del sistema educativo no es sino una manifestación más de la citada crisis social. En una sociedad sana y con claras convicciones este deterioro no habría sido posible.

 
Por eso hay que señalar también otros responsables de esta crisis social. Si en la época de bonanza tanta gente perdió la noción de austeridad y prudencia y vivió por encima de sus posibilidades confiada al crédito, y si tantos hicieron entonces dinero fácil en la llamada “cultura del pelotazo”, de ello muy probablemente no sea la escuela la principal responsable.

 
Creo que no ha sido menor el efecto de los ejemplos recibidos de nuestros dirigentes.En nuestra clase política la calidad tampoco ha merecido una especial valoración. Se ha llenado de oportunistas de muy poco nivel y formación gracias a los lamentables mecanismos de selección de la partitocracia. La política se ha convertido en un medio fácil de vida, que no requiere especial formación ni esfuerzo, y donde basta para colocarse con demostrar una lealtad acrítica y con decir donde corresponda, incluso con cínica desvergüenza, bonitas palabras.

 
Hoy, tras décadas de burbuja inmobiliaria y lucidos despilfarros en carreteras, aeropuertos, centros culturales vacíos y urbanizaciones fantasma, los ciudadanos españoles deben pagar las facturas y las peores consecuencias de la crisis, mientras que los políticos tan mal seleccionados son los únicos a los que parece que la crisis les es  ajena y pueden seguir viviendo por encima de sus (en realidad, “nuestras”) posibilidades.

 
Los políticos, lo mismo que los periodistas o los intelectuales en general, tienen también la obligación moral de transmitir valores una sociedad gravemente necesitada de ellos para sustentar una democracia sólida. Y mucho más con hechos que con palabras. Pero en vez de ejercer ese papel y actuar con ejemplaridad, se han servido de su poder para mantener su status, y manipular a un pueblo inculto y maleable. Actuando muchas veces al margen de la ley, o adaptando ésta a sus específicos intereses. Domesticando y colonizando la justicia, la prensa o cualquier otro contrapoder equilibrador. Y corrompiendo o anestesiando a la sociedad con sus mecanismos clientelares. Todo ello para seguir en su particular estado de bienestar, sin exigencia alguna de responsabilidad.

 
No resulta fácil pedir a la sociedad desde esta atalaya un comportamiento ejemplar, y  la asunción de innumerables sacrificios que ellos mismos son incapaces de hacer. Cuando las pequeñas corruptelas y canonjías (caso ipads), el tapar o mirar hacia otro lado en los casos de corrupción de tu propio partido, o el uso generoso del indulto cuando otros escudos han fallado se han convertido en una indisimulable seña de identidad de esa clase diferente e inmune al sufrimiento general. A nadie asombra que los ciudadanos se refieran al conjunto de ellos no ya como “clase política”, sino más bien como la casta que antepone sus prioridades al bien común de la sociedad.

 
Con razón Georg Christoph Lichtenberg dijo una vez que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.

 

 

El misterioso caso de los ipads perdidos y recuperados en el templo (de la ley)

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Estos días ha habido noticias tan importantes como la reelección de Obama o la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los matrimonios homosexuales, y yo he hecho esta semana otro post más sesudo, sobre la delación, pero hoy, en este día festivo madrileño, se me va la vista, también festiva, a una noticia menor, pero no por ello irrelevante, como la de que el presidente del Congreso ha dispuesto que ya no se repongan más ipads a sus señorías, porque al parecer ya van por 30 perdidos o destruidos.

 

Es necesario hacer de esta cuestión un análisis riguroso y no dejarnos llevar por la fácil demagogia. Si mis cálculos son correctos, hay 350 diputados y ya se han cargado 30 ipads, o sea, estamos hablando del 8,5 % de los diputados favorecidos con la dádiva. Y como los diputados llevan menos de un año en su cargo, estamos hablando de un porcentaje de pérdida o destrucción de más de un 8,5 % al año

 

Pudiera parecer un porcentaje amplio respecto a las estadísticas de torpicie de la población en general, cierto. Pero no debemos ser excesivamente duros con los diputados. Razonemos. En primer lugar,  sus obligaciones son de tal naturaleza e importancia que les obligan a estar fuera del Congreso en muchas ocasiones, así que el ipad es una herramienta totalmente imprescindible. Piensen cómo si no van a expresar sus profundos pensamientos y ejemplares disquisiciones a través de twitter (aunque a veces meten la pata estridentemente, lo admito). Porque el iphone está bien, sí, pero es un poco impreciso e incómodo para los dedos de algunas señorías y hay un cierto riesgo de error ortográfico al que no deben arriesgarse. Imagen, vamos.

 

Por otro lado, nuestro país ha de ser pionero en la conciliación de la vida familiar y laboral, y la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Por ello no ocurre aquí como en muchos países, en los que la asistencia a los templos democráticos es casi del 100 %, como por ejemplo en Chile, vean ustedes aquí qué niveles, demostrando una total falta de sensibilidad con el concepto de conciliación; no, en España hay muchas cosas que hacer fuera y además es que hace muy buen tiempo y ahora con las calefacciones esas que ponen en las terrazas, se está muy bien al aire discutiendo asuntos importantes, lo que además es más ecológico pues no se gastan las bombillas aquellas del ministro Sebastián, que se colocaron en el Congreso (suponemos). Por todo eso la asistencia al Congreso es menor, claro. Bueno, al menos eso creemos por las fotos del congreso medio vacío, pero en realidad no hay datos ciertos de cuál es la asistencia de los diputados o senadores; debe de ser un gran secreto para que no les tengan localizados por el tema del terrorismo o algo así, porque no quieren decirlo, aunque les sea preguntado, según parece, vean aquí.

 

Y claro, lo normal es que, con el trajín, pues se caigan o se pierdan estos delicados aparatillos. Parece un nivel de torpeza superior al normal el de nuestros diputados, es cierto, pero hay que valorar que se suben al AVE, luego el taxi, meterse en el Palace, cruzar la calle. Es mucho movimiento. Se pueden romper. E incluso perder y no saberse dónde están. Porque pensar que se lo han dado, para así tener dos, al cónyuge o compañero/a (de cualquiera de las orientaciones sexuales posibles y de uno y otro sexo, pues a todos les gusta) es una infamia… y pienso que no está bien que Posada diga que las conexiones de las tabletas que Sus Señorías pierdan de vista “se anularán inmediatamente de forma remota para hacerlas inservibles” y que “se trata, -esa es también la vocación de la Cámara-, de evitar cualquier sospecha”.

 

Vamos, me parece que son muy mal pensados, no creo que eso pueda ser así. ¿Cómo van a hacer esa inmoralidad, hombre? Y no me vengan con lo de la amnistía fiscal, las pensiones vitalicias, las exenciones, menús baratos, etc. No tiene nada que ver. Y además, aunque fuera así; porque, sea sincero, lector, ¿quién no se ha llevado las toallas del hotel? ¿O sisado la propina del restaurante cuando nadie te ve? ¿Quién no ha cogido el periódico de la puerta del vecino que está suscrito,  guardado dinero negro u obtenido una baja falsa? Toooodo el mundo lo hace.

También se ha dicho con mucha mala baba que esos ipad son bienes públicos, y que si lo rompes, lo has de reponer tú. Como si fuera esto una empresa privada, sujeta al Derecho Privado, esa cosa capitalista y globalizadora. Esto no es así, perdonen. Los ipad, como el dinero público, no son de nadie, Carmen Calvo Pixi y Dixit.

 

¡Son los Padres y Madres –o progenitores A y B- de la Patria, leche! No son como usted y yo, no les vamos a hacer un ERE como a los demás y suprimir el cincuenta por ciento de ellos: todos y cada uno son totalmente imprescindibles, con sus correspondientes ipads (al que por cierto habría que añadir ahora el ipad mini porque hay que estar perfecta en cada ocasión y no vas a sacar el aparataco normal en una reunión en el Ritz, digo yo).

 

Lo interesante sería –vean que soy proactivo- que pudieran conectar vía wifi los famosos pinganillos que el PP no ha querido suprimir en el Senado para las traducciones simultáneas (a pesar de que votó en contra de su establecimiento) a dichos ipads para poder seguir las sesiones desde fuera del Congreso o Senado. Eso sí sería aprovechar los recursos públicos de manera eficiente.

 

Perdonen que me extienda, pero es que hay mucha demagogia. Ahora me viene a la memoria lo del 25-S, los revolucionario rodeando el Congreso, ¡precisamente cuando estaban a punto de resolver los diputados sobre sus retribuciones! Claro, con esa presión no tuvieron más remedio que dejarlas como estaban. Y ahora cómo las van a bajar, si les han hecho esta jugada, ¡ni que fueran como Artur Mas, que se va a un hotel de 1600 euros noche, es que España les roba!

 

De verdad, un poquito de por favor.

 

La delación, ¿vicio o virtud?

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Este verano se ha planteado en los periódicos una interesante polémica en relación al valor moral de la delación. Resulta que la Generalidad de Cataluña adoptó una serie de medidas que, en cierto sentido, tenían como denominador común esa idea. Por ejemplo, el Departamento de Educación decidió que los padres pueden tener acceso a datos de otros padres de quienes sospechen haber falseado información familiar para matricular a sus hijos en los mismos centros que los suyos; también se facilitó en la web del Departamento de Interior la posibilidad de aclarar la identidad de los que habían hecho graves destrozos en la calle; finalmente, se creó la posibilidad de denuncia de los casos de lanzamiento de colillas encendidas en la carretera o el aviso de incivismo en los Ferrocarriles a través de una aplicación para móvil. Aquí se puede ver una referencia a esta polémica.

 

Dejando de lado que resulta curioso que eso haya ocurrido precisamente en Cataluña y en esta época, lo cierto es que la cuestión ha generado una notable polémica. Los hay como Ana María Moix, la escritora catalana, que consideran que esas normas fomentan un vicio moral realmente vergonzante, la denuncia, y recuerda las consecuencias trágicas a las que llevó la denuncia de inocentes en otras épocas, señalando que es a los poderes públicos  a quienes corresponde esa tarea: “Es su trabajo, y cobran por él. Trasladar la responsabilidad y las funciones policiales a la ciudadanía es propio de las dictaduras, de todas las dictaduras habidas y (toquemos madera) por haber”.

 

Salvador Cardús, en cambio, estima que la invasión progresiva de la Administración pública en nuestras vidas y el exceso de tutela a que nos hemos acostumbrado ha conducido a una progresiva desresponsabilización del ciudadano en los asuntos públicos, que siempre encuentra la excusa adecuada –“siempre se ha hecho así”, “los ricos más”, “es inútil denunciar”- para no plantar cara al incivismo. Si hubiera civismo, no harían falta tanto revisores ni tanta invasión administrativa.

 

Desde luego, convengo con Cardús en que la sobrelegislación, de la que hemos hablado varias veces en este blog, y, en general, la invasión de muchas parcelas de la vida por el Estado rebaja el valor de la ley, desincentivando su cumplimiento, y nos induce a ver al Estado como un tercero, más bien enemigo, contra el cual no es irracional aliarse en defensa de las parcelas de libertad que nos quedan. Por otro lado, no hay que desdeñar el argumento de que precisamente se pagan unos impuestos elevadísimos para crear unas instituciones bastante celosas de sus competencias cuya responsabilidad es precisamente reprimir el fraude, lo que nos libera en buena parte de nuestra mala conciencia por no denunciar y de las consecuencias negativas que la delación suele conllevar al denunciante, salvo que el delito denunciado sea de los que están de moda y políticamente correctos.

 

Y lo cierto es que instintivamente el chivato nos repele. Desde niños se nos enseña a despreciar la delación (“acusica, barrabás, al infierno irás”) y de mayores el delator es visto como un sujeto que falta a ciertos deberes de lealtad que nos unen a la persona que delatamos y que se consideran de mayor valor que los deberes de lealtad frente a la norma cuyo incumplimiento se denuncia. Ahora bien, no siempre es así: seguramente veríamos bien delatar al empleado de un amigo al que aquél está robando en su tienda y no vemos igual denunciar al amigo que roba en la tienda donde trabaja. Claro que también  dependerá de lo amigos que seamos y de la cantidad que se robe.

 

O sea, que la bondad o maldad de la delación depende de aquello que se delate y de la relación con la persona a quien se delata y con la persona ante quien se delata. Por poner algunos ejemplos cinematográficos, lealtad es lo que guardan los marines para ni denunciar el Código Rojo –presión física y mental que le llevó a la muerte- a un compañero débil en “Algunos hombres buenos”, que el coronel Nathan Jessup (Jack Nicholson) justifica por una necesidad superior: “Yo desayuno a 300 metros de 4.000 cubanos adiestrados para matarme, así que no crea por un segundo que puede usted venir aquí, mostrar su placa, y ponerme nervioso”. Con lo que quiere decir que aunque encubren un delito, en realidad esa presión es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional. Cosa que no ocurre con el colaboracionista nazi de “Monsieur Batignole” (de Gérard Jugnot), cuyas motivaciones son crematísticas. Esta ambivalencia de la delación se advierte en el cineasta Elia Kazan que, avergonzado por haber denunciado a compañeros ante el Comité de Actividades Antiamericanas, dirigió  una magnífica película, “La ley del Silencio”, que ha sido considerada como apología de la delación (no de comunistas, pero sí de criminales).

 

La familia puede crear unas relaciones de una fuerza superior a las legales que justifiquen la no-delación, como cuenta Michael Sandel en “Justicia” que hizo William Bulger, presidente del Senado estatal y rector de la universidad de Massachussets, que no quiso colaborar con la detención de su hermano, un conocido gangster, y al que, ante preguntas del fiscal, reconoció debía más lealtad que al Estado de Massachussets. Otra lealtad es lo que le pedía en “El padrino II” Michael Corleone a su hermano Fredo en el asunto de Mou Green (“Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero bien. Pero no vuelvas a ponerte del lado de alguien que vaya contra la familia. Nunca”): lealtad entre delincuentes, frente a otros delincuentes por supervivencia: la omertà o la ley del silencio carcelaria.

 

Ahora bien, salvo los casos de relaciones familiares, cuando se habla de no delatar a defraudadores fiscales, empleados que no trabajan, padres que mienten para obtener acceso a institutos  o destructores de mobiliario urbano ¿qué lealtad superior protegemos? ¿Estamos en el caso de los marines y el código rojo, en la ley del silencio carcelaria o en un compromiso de la Familia? No, no tenemos deberes de lealtad con ellos y a lo mejor ni les conocemos, pese a lo cual estamos amparando situaciones contrarias a las leyes legítimamente aprobadas y a la debida convivencia, no digo yo que porque estemos de acuerdo –salvo los que lo estén- con esas acciones y seamos solidarios con sus autores, pero sí al menos porque no queremos arriesgarnos a las incomodidades y riesgos que la denuncia supone.

 

Pero sobre todo porque no hemos asumido la idea cívica de que en el cabal cumplimiento de las leyes estamos involucrados todos (ver esta entrada de Jesús Alfaro sobre la cuestión); porque no somos súbditos que debamos confiar toda nuestra vida a un Leviatán todopoderoso, sino ciudadanos que consideran las normas algo propio. En otros países la palabra delator está privada de sus connotaciones negativas y se usa en cambio el término whistleblower, alguien que advierte (“pita“ o “silba”) cívicamente del incumplimiento de las normas y que debe ser protegido (ver aquí). Y, me comenta un amigo, en otros países, como Alemania, no es visto mal que si alguien te raya el coche y no deja los datos se le tome la matrícula o se denuncie un plagio de tesis doctoral a través de un blog anónimo, como le ha ocurrido recientemente a  la ministra de educación alemana, que ha generado una enorme polémica. En España, hay algunas iniciativas pro denuncia como el Programa de Clemencia del que nos hablaba Clara Guzmán en este blog.

 

Vale, comprendo a quienes se ven desanimados a colaborar con un Estado partitocrático en el que las noticias sobre corrupción son diarias y en el que el ejemplo de la clase política no es el mejor; y también con quienes entienden que no se debemos convertirnos en una sociedad de delatores que se acusan unos a los otros, y que la parte importante de la investigación y de la sanción corresponde al Estado. Y también a quienes les cuesta hacerlo (por ejemplo en lo grandes cuerpos de funcionarios) porque se temen que no va a servir para nada.

 

Pero si queremos evitar que España sea un país inseguro, ineficiente; un país en el que unos pagan muchos impuestos y otros defraudan y en el que se trata injustamente a los trabajadores o se maltrata a las mujeres; un país que es número 31 del mundo en nivel de corrupción (ver aquí), debemos hacer dos cosas: primero, no hacer nada de esto nosotros mismos; segundo, no creer que el cumplimiento o no cumplimiento de las normas es una cuestión de libertad individual del otro que a nosotros no nos compete. La ley no puede llegar a todo ni los poderes públicos tienen la exclusiva de hacer cumplir aquella: la presión social puede hacerse sentir fuertemente sobre los incumplidores, a veces mediante la oportuna denuncia, a veces mediante la desaprobación o el vacío de los asociales o incívicos, máxime cuando ejercen cargos públicos (UPyD acaba de pedir que los imputados no puedan presentarse a las elecciones), o impidiendo que sean personajes públicos quienes realicen actividades antisociales.

 

Pues, como decía Joan Baez, “si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre acabarás formando parte de ellas”

 

Indignación frente a la decadencia

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Nota de los editores: El presente artículo fué publicado por el autor, colaborador del blog, en el diario El Mundo. Por cortesía del mismo, y dado el indudable interés de su difusión, lo publicamos también aquí como post.

 

Al inicio de nuestra democracia, en los años setenta, España tenía problemas de gran paro, grave crisis económica y un terrorismo constante. Pero había algo que hoy carecemos: confianza en nosotros mismos, esperanza en un futuro mejor y una clase política muy diferente.

 

Este año murieron Fraga y Carrillo, exponentes  de los dos grupos extremos en el Congreso tras las elecciones de 1977. Tuvieron generosidad, patriotismo y capacidad de encuentro. Esa clase política fue sucedida por otras hasta la actual, la más mediocre, que está agrietando los pilares constitucionales de convivencia.

 

Las encuestas reflejan hace tiempo que los políticos son la tercera preocupación. Pero siguen sin darse por aludidos de esas luces rojas. Aunque, en verdad, son el principal problema. Los que le preceden, la situación económica y el paro – ambos muy unidos-, no serían tan graves si no fuese tan nefasta la casta política.

 

Esta crisis global tiene aquí gran hondura por los políticos. ¿Cual es el origen de la burbuja inmobiliaria? La desregulación del suelo, el “todo urbanizable” y lo que no, se recalificaba. Y ello, con unos políticos locales, ávidos de “desarrollo” (¿) urbanístico y de tramas de financiación de sus partidos aunque algo quedaba en sus bolsillos. Muy pocos fueron condenados y varios indultados. Sin los políticos locales insaciables (y quienes les amparaban) no se entiende esa burbuja.

 

También ahondó esa crisis otro lugar donde metían la mano los políticos: las Cajas de Ahorro. Muchos de la nueva casta constructora se financiaba a través de esas corporaciones que okuparon aquellos. El abordaje y control de estas entidades y la gestión  irresponsable generó esa otra burbuja financiera que ha estallado.

 

Otro elemento es el autonómico que creó una nueva casta de políticos despilfarradores, con televisiones propagandistas, autopistas sin tránsito, aeropuertos sin aviones, etc. Para colocar a militantes y familiares parieron abundantes e innecesarios organismos y entidades. Este suflé generaría la bancarrota de muchas autonomías.

 

Otra muestra de la voracidadde los políticos, es el rapto de los órganos constitucionales que deberían ser elementos de control. Todas las instituciones constitucionales están contaminadas, desacreditadas y prima colocar a gente de obediencia o sintonía con el partido.

 

Tenemos un gobierno sin legitimidad moral por actuar en todo radicalmente en contra de lo que prometió. Sus decisiones están creando mucha pobreza, ahondando en una gran brecha social y condenando a millones de españoles al sufrimiento. El Informe de Caritas muestra una realidad pavorosa. Además, quien gobierna tiene siempre un plus de responsabilidad de evitar crispación social. Ahora es enorme. Pero el principal partido de la oposición, en su actual configuración, igualmente carece de legitimidad moral. Son los mismos que contribuyeron en primera línea a esta crisis pero, sobre todo, carecen de programa de futuro y modelo. Perdieron hace tiempo el norte.

 

Quienes lideran los dos principales partidos llevan treinta años en este “oficio”. Representan el pasado. En torno a ellos ha surgido un estilo de dirigentes donde pocos con sentido ético y de convicciones sobreviven. O son fagocitados o tienen que irse. A nadie de afuera, competente y honesto, se le ocurre incorporarse. Ya lo decía Marx (Groucho, el que también fumaba puros): “estos son mis principios. Si no le gustan, no se preocupe, tengo otros”

 

Es una gran crisis económica y política pero, sobre todo, de valores éticos. Pero desde que estalló no han aprendido. Nadie ha pedido perdón. Siguen sin decir la verdadtratando de engañarnos. Continúan sin tener un mínimo atisbo de ejemplaridad. Siguen anteponiendo los intereses de partido a los generales. Estan atrincherados en su bunker de privilegios. Continúan sin recortar sus privilegios. Siguen siendo incapaces de dialogar para trabajar juntos. Continúan viviendo ajenos a la realidadde una población harta.

 

Su actitud esta acelerando una erosión del sistema democrático. Y no son antisistemas subversivos quienes expresan hartazgo. Somos millones quienes desde la derecha, el centro o la izquierda, sentimos indignación. Que la ira contra ellos se traduzca en rechazo de las instituciones es muy peligroso. Eso han engendrado. Quienes tememos al vacío y somos moderados, defendemos la democracia representativa pero detestamos la burbuja en la que siguen instalados. Reaccionen ya y no desprecien a la gran mayoría silenciosa de españoles indignados ante una clase política decadente

Los imputados aforados: una explicación racional del apego al escaño

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Mucha gente se pregunta la causa de por qué todos los imputados de los distintos partidos, y hay ya unos cuantos (solo en el Parlamento de las Cortes Valencianas los diputados del PP suman el increíble número de diez, ya que nada menos que la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica Sonia Castedo acaba de sumarse a la lista), siguen en sus puestos. Como mucho se consigue, si hay mucha presión mediática, y se vende como gran logro, que algunos dimitan de sus cargos en el partido o que se les cese en sus cargos de dirección en el Parlamento de turno, pero ninguno prescinde de su condición de diputado. Y ya se sabe que, como el acta es personal e intrasferible (a pesar de que se haya sido elegido en unas listas cerradas y bloqueadas elaboradas por la cúpula del partido, sin que muchas veces los electores conozcan de nada al electo), si el diputado imputado quiere quedarse sentado en su escaño no hay nada que hacer. Eso incluso en el caso de que el partido le diga algo, cosa que tampoco suele hacer, para qué nos vamos a engañar, pese a todos esos códigos éticos que tienen.

 

A mi juicio y más allá de las explicaciones habituales políticamente correctas (ya saben, las que se refieren a la presunción de inocencia que hay que mantener a todo trance cuando de políticos se trata, la persecución política de los del partido contrario, la politización de los jueces, los juicios paralelos en la prensa,  etc, etc)  existen explicaciones jurídicas que me parecen bastante relevantes para no abandonar el escaño (o el cargo) y que son de las que aquí me quiero ocupar. Tampoco es este el sitio para tratar por extenso de la causa última de que haya tanto imputado en los partidos políticos sobre todo en los niveles local y regional  (por cierto, he encontrado en una web una lista de políticos imputados la tienen aquí) que es, a mi juicio,el modelo caciquil que campa a sus anchas por la mayor parte de la geografía española y en el que de hecho se basan en gran parte las estructuras regionales de los grandes partidos. Más que nada, porque de esta tradicional lacra española ya han escrito muchos pensadores ilustres desde el siglo XIX (Joaquín Costa) hasta el siglo XXI (Alejandro Nieto, cuyo último libro “El desgobierno de lo público” recomiendo, aunque advierto que su lectura resulta desoladora). Pero si creen que exagero, vean el perfil del siete veces ConsellerRafael Blasco, que ha pasado por PSOE y PP y ha sido recientemente imputado.

 

Tampoco voy a hablar aquí de la enorme responsabilidad que tienen los electores que votan a partidos que llevan a imputados en sus listas, puesto que con este voto anómalo desaparece el único incentivo que los partidos tienen para deshacerse de ellos, a saber, que llevarlos en las listas les pueda costar muchos votos, o incluso la pérdida de las elecciones. Pero conviene no olvidarlo.

 

Centrándonos en el tema jurídico, la situación de imputado supone jurídicamente, como ya recordé en su momento, en un artículo que se publicó en el Mundo hace ya dos años (sin que las cosas hayan mejorado un ápice desde entonces, por cierto) que se inicia un momento procesal clave a partir del cual el imputado dispone de todas las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga para salvaguardar su derecho a la defensa. A partir de la imputación conviene defenderse, y defenderse bien. Desde el punto de vista constitucional, el imputado tiene los derechos y garantías reconocidos en el artículo 24 CE a todos los ciudadanos, es decir, el derecho al juez predeterminado por la ley (que en su caso es el que corresponda por razón del aforamiento especial contenido en la LOPJ), a la defensa y a la asistencia de abogado, a ser informado de la acusación que contra él se formula, a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable de los hechos imputados y a la presunción de inocencia.

 

Además, y como es sabido, los aforado disponen de garantías adicionales a las del común de los mortales, en cuyo origen histórico tampoco nos detendremos aquí, aunque les podemos asegurar que tenían poco que ver con tramas de corrupción como el caso Gurtel, el caso Brugal, el Pokemon, el caso Blanco, el caso Palau o cualquier otro que se les venga a la mente.

 

Pero ¿Quiénes son los aforados en Derecho Español? Porque uno puede preguntarse, por ejemplo, por qué es aforada la Alcaldesa de Alicante. Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico, lo mismo que han proliferado las leyes o los organismos públicos como setas, también han proliferado los aforados como setas. Particularmente los Estatutos de Autonomía han sido muy generosos con diputados autonómicos, sus Gobiernos y sus cargos electos, y algunos han ido bastante más allá, ya puestos.

 

Por empezar por donde se debe, la Constitución española  reconoce el aforamiento en su art.71.2 a los Diputados y Senadores, que además gozan de inmunidad parlamentaria durante su periodo de mandato y que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (sobre la distinción entre los conceptos de aforamiento e inmunidad parlamentaria puede consultarse la  STC 243/1988 de 19 de diciembre). En todo caso, en la práctica, la necesidad de solicitar un suplicatorio por parte del Tribunal para proceder contra un diputado o un senador nacional (no es así para los autonómicos) supone una importante protección adicional por lo que no es de extrañar que, prescindiendo de otras consideraciones, imputados tan conocidos como el ex Ministro José Blanco se presenten en las listas para renovar el escaño.

 

Por su parte el art.102 señala que la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aunque aquí no hay autorización previa, aunque si se especifica que si la  acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo se podrá plantear por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. En fin, casos que entonces preocupaban a nuestros constituyentes pero que claramente se quedan muy lejos de los que hoy podrían producirse y de los que preocupan a la opinión pública.

 

Por otra parte, en todos estos casos  será competente para conocer de estas causas la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto es importante porque no es el Juez que ordinariamente les correspondería a estas personas si hubiesen sido imputadas no ostentando dicha condición. De ahí que mantener el cargo que da lugar al aforamiento es necesario para ser juzgado por Tribunal distinto y superior al que correspondería normalmente, que es el Juez del lugar donde se hubiera cometido el delito, salvo en algunos casos (por ejemplo, violencia de género).

 

Además,  son también aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los enumerados en el art.57.1 párrafo 2º de la LOPJ que son (además de los ya citados) el Presidente del TS, Presidente del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ, Magistrados del TC y del TS, Presidente de la AN y de sus Salas, Presidentes de los TSJ, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del TS, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, Magistrados de la AN o de un TSJ. Más aquellos supuestos que contemplen los Estatutos de Autonomia.

 

Y aquí esta el quid de la cuestión de la extensión del aforamiento, porque por supuesto los Estatutos de Autonomía han declarado aforados a todos sus parlamentarios, Gobiernos, Defensores del Pueblo, e incluso en algunos casos a sus adjuntos, como ocurre con el Estatuto de Autonomía de Andalucía.Solo que esta vez el órgano judicial competente es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, en concreto su Sala de lo Civil y Penal. Que también conoce de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en dicha Comunidad, salvo que corresponda al Tribunal Supremo, de conformidad con el art.73 de la LOPJ

 

Teóricamente el encomendar el enjuiciamiento de personas que ostentan poder y cargos públicos relevantes a un órgano colegiado de carácter superior debería –siempre sobre el papel- garantizar mejor la independencia del órgano en cuestión. Sin embargo, como suele ocurrir en España, la teoría y la práctica no siempre concuerdan. De hecho, si nos fijamos en que el Presidente de la Sala de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia es el Presidente del TSJ, que es designado por el CGPJ, y que uno de los otros dos Vocales que la forman, o dos de entre cuatro, es designado entre una terna que le presenta la Asamblea legislativa de la Comunidad Autonóma correspondiente al CGPJ entre “juristas de reconocido prestigio” y cotejamos esta información (que da el CGPJ por cada uno de los TSJ ya que no siempre es exactamente igual ni el número de Vocales ni la forma de elección.

 

Si a esto le añadimos la conocida politización del CGPJ nos explicaremos los rifirrafes que saltan de vez en cuando a la prensa en torno al nombramiento de vacantes en estas Salas “clave” (acuérdense del caso Camps y de la Presidencia del TS J de Valencia)  Todo esto, sin dudar de la profesionalidad y el buen hacer de muchos Magistrados que se resisten a las presiones de todo tipo, como demuestra precisamente la existencia de tantos imputados aforados. Pero no debe de ser fácil ni cómodo. Esto es lo que tiene la famosa “proximidad” de la Justicia en el caso de  imputados aforados, que te los acabas encontrando todo el rato, especialmente si hay muchos aforados y la Comunidad no es muy grande.

 

En cualquier caso, parece claro que mientras se ocupe el escaño se defiende uno mejor, tanto frente al Tribunal como frente al partido en cuyas listas se ha sido elegido. Aunque si uno es el cacique local tampoco le va mal sin aforamientos, que se lo digan al sr. Fabra.

 

 

“La política y la mentira” de nuestro colaborador Jesús López-Medel

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“La política y la mentira”, de Jesús López-Medel

Son diversas la cualidades que podrían exigirse, aunque fuese en grado mínimo, a los políticos. Sin embargo, hay defectos o vicios que parecen muy asociados a quienes a ello se dedican a alto nivel. Uno de ellos es, sin duda y desgraciadamente, la mentira. Y esto es algo que parece que la sociedad en cierto modo tolera. Solo así se explica que los dirigentes políticos (aunque toda generalización puede ser injusta) sigan faltando a la verdad y que sepan que esto, la falta de credibilidad y confianza, no es penalizado por los ciudadanos. Por tanto, la falsedad de los políticos es tanto culpa de ellos como de la propia ciudadanía que lo admite.

Algo parecido sucede en los países latinos con la corrupción: apenas se penaliza electoral (ni penalmente tampoco). Hay sobre ello múltiples ejemplos. Por solo mencionar dos recientes, la ausencia de castigo al PP en la Comunidad Valenciana donde la corrupción se manifestaba a borbotones o el caso muy actual en Andalucía donde los vergonzosos ERES apenas castigaron al PSOE que sigue gobernando. Y ello porque la sociedad (y es a mi juicio un criterio de inmadurez) considera que es algo generalizado, inherente a la condición política y no da gran valor a este principio ético de la honradez.

Exactamente igual sucede cuando la ciudadanía admite como pauta de comportamiento de los políticos la falta de verdad como si fuese algo inevitable. Que un político diga una cosa y haga lo contrario parece, cada vez más, que es normal o tolerable. Y como el mentiroso sabe que esto no es castigado, sigue mintiendo. Eso es así en todos los lugares y colores aunque, repito, acaso sea injusta la generalización. Pero ahora, el cúmulo del engaño masivo lo ostenta el gobierno central que a raudales está haciendo en todos los campos lo más contrario a lo que prometía hace muy poco. Luego se buscarán justificaciones, también falsas: “es lo único que podíamos hacer”, no teníamos libertad para tomar otras decisiones”, “si actuáramos de otro modo, cometeríamos prevaricación”, etc. En definitiva, excusas que engordan la bola de nieve de la mentira.

Se puede juzgar a un político por múltiples razones: por su eficacia, por resolver problemas en lugar de crearlos, por su coherencia, por su coraje, por su sintonía con nuestros planteamientos ideológicos básicos o por muchos otros factores, incluso hasta sicológicos. Pero también deberíamos introducir mucho más el elemento de la credibilidad como factor de elección.

Si se vuelve a votar a un dirigente que actúa como difusor de mentiras masivas, estamos legitimando su actuación y permitiéndole que en el futuro siga engañando impunemente. No nos quejemos entonces. Si, por el contrario, nos atrevemos a decirles: no les voy a renovar mi confianza por sus múltiples engaños, les estamos dando una lección de madurez y diciéndoles, como en el anuncio de un conocido establecimiento comercial: yo no soy tonto.

Porque cuando algunos políticos engañan de modo contumaz están menospreciando a la sociedad. Y cuando los ciudadanos admiten, o toleran que les engañen abundantemente, están revelando una falta de consideración a sí mismos muy grave. Además, cuando esto es un comportamiento extendido, hay algo que no funciona bien en nuestra dignidad como personas ni como comunidad.

Se puede perdonar que un político se equivoque o tome decisiones erróneas, incluso que tenga alguna desviación respecto sus promesas electorales. Admitamos unos márgenes. Pero cuando se instala ese comportamiento como algo constante, si lo consideramos como algo inevitable, les estamos dando permiso o bula para que sigan mintiendo o aún más.

Hace años en uno de los acontecimientos más trágicos de nuestra historia reciente alguien dijo, sobre la gestión de aquel hecho, con énfasis y acierto: “Los españoles no nos merecemos un gobierno que nos mienta”. En aquel momento, eso fue un aldabonazo que hizo girar votos y cambiar el resultado predecible de unas elecciones. Hoy ese dirigente, aunque siga en primera línea, esta amortizado y no esta en condiciones de legitimidad de decir eso mismo. Pero alguien, mucho mejor en plural, ha que tener una mínima autoridad moral y valentía para decir: dejen ya de mentir. Pocas voces de intelectuales comprometidos con una ética pública resuenan. Pero, al menos, sí deben ciudadanos anónimos ir concienciándose y extendiendo a otros que en ningún caso y en modo alguno, auque sean “de los nuestros”, puede tolerarse tanta mentira.

Hay que expresarles: dígannos la verdad, adminístrela si quiere, no nos diga todo lo real, pero, por favor, no hace falta que de modo constante nos engañen. Solo si reaccionamos con firmeza y claridad frente a la mentira compulsiva y masiva, cambiaran nuestros políticos. En otro caso, no nos quejemos de que sigan haciéndolo y aún más, se rían, con razón, de nosotros. En tal  supuesto, acaso, es que si estuviéramos en su lugar también mentiríamos como ellos. Quizás, por eso, seamos tan tolerantes. Yo desde luego no lo comparto porque  yo no soy ni quiero que ellos me consideren un tonto.

El negocio del conflicto de intereses en España

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A raíz del (no) escándalo suscitado por la publicación en la cadena Bloomberg de las actividades de la empresa Estudio Económico S.L,  (incluso en medios como “el País” poco sospechosos de complacencia con el Gobierno) y a la vista de la victoria de las tesis del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la crucial cuestión de la reforma energética   podemos hacernos  algunas reflexiones interesantes sobre el negocio del conflicto de intereses en España.

Recordemos que Equipo Económico S.L  es el despacho donde trabajan el hermano (Ricardo Montoro) y otros cercanos colaboradores del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. Incluso algunas personas  del  equipo ministerial proceden de la empresa, como es el caso de la Subsecretaria del  Ministerio, aunque la web de la empresa no da mucha información sobre sus socios, seguramente porque no hace falta. El despacho Equipo Económico S.L denominado con anterioridad “Montoro y Asociados”  cambió su nombre cuando el Ministro se desvinculó formalmente de la empresa, al volver a la primera fila de la política nacional.

En cualquier caso no se trata en este post  de hacer periodismo de investigación, ni siquiera de decidir si jurídicamente puede existir un conflicto de intereses en el caso de la anunciada reforma del sector energético por el Ministro de Industria, que tanto puede afectar al sector de las energías renovables. 

Se trata, básicamente, de entender por qué este tipo de noticias, que producen tanto impacto (y daño) fuera de nuestras fronteras tiene tan poco dentro. En ese sentido, es llamativo observar que el interés periodístico se centra básicamente en la pugna política entre los ministros Soria y Montoro,  incluso llegando al nivel de lo que podríamos llamar “cotilleos” (conspiraciones internas, confidencias en los pasillos, luchas soterradas por el poder, etc, etc) más que en lo que, a mi juicio, es mucho más relevante, que es el de la posibilidad de que exista un conflicto de intereses que podría impedir que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España estuviese en condiciones de velar adecuadamente por los intereses generales frente a los de alguna empresa o empresas en particular en un asunto de tantísima trascendencia para España como es la reforma del sector energético.

La empresa sevillana Abengoa líder en la producción de energía termosolar (las empresas a las que asesora Estudio Económico S.L no aparecen en su web contra lo que suele ser frecuente si los clientes son importantes) cuenta como Consejero con Ricardo Martinez-Rico, hermano del actual jefe de Gabinete del sr. Montoro, Felipe Martinez-Rico, que ha “sucedido” al hermano del Ministro Miguel Sebastián, Carlos Sebastián, en el Consejo de esta empresa desde febrero del año pasado. Todo queda, pues, entre hermanos. Pues bien, esta empresa pasa papeles (con membrete de la empresa) al Ministro de Industria, sr. Soria, con la intención, legítima, de influir en el proceso de reforma del sector energético en España, como me imagino que habrán hecho otras muchas empresas. Aunque siempre es recomendable ordenar este tipo de envíos, y recibirlos de la forma más formal y transparente posible, hasta ahí poco más se puede decir. Pero, siempre según esta noticia, lo extraño es que cuando estos mismos papeles llegan al Ministerio de Hacienda,  desaparezcan los membretes de la empresa y pasen a ostentar, por arte de birlibirloque, los del propio Ministerio. Eso sí que se llama convencer a los técnicos para que hagan suyos los argumentos de una empresa privada afectada por una posible regulación. O a lo mejor es que los papeles no han llegado precisamente a los técnicos y se han quedado en el Gabinete del sr. Montoro. Ciertamente difícil de saber, entre hermanos hay una confianza que seguramente borra los contornos entre lo privado y lo público. En cualquier caso, y sea cual sea la verdad, tampoco esta noticia parece haber suscitado mayores comentarios, más allá del habitual runrún y de las  voces que siempre en el anonimato y en privado manifiestan sus dudas sobre este tipo de conductas.

Vista la diferente reacción dentro de España y fuera ante este tipo de conductas, la conclusión parece muy sencilla: en España estas actuaciones que no son precisamente infrecuentes no importan o no preocupan mucho. Ni a los políticos, ni a las empresas, ni a los medios, ni a los ciudadanos. Probablemente porque también hay en España cada vez más gente, ex altos cargos incluidos, que hacen negocio del conflicto de intereses y por tanto, no sorprenden nada este tipo de noticias. Casi parece que escandalizarse es de ingenuos. Nuestro umbral de tolerancia, por así decirlo, al conflicto de intereses (como a otras muchas conductas dudosas, por lo demás) es inusualmente alto comparado con el de otras sociedades situadas más al norte. Así, de manera creciente se ficha a altos funcionarios no ya solo por sus competencias técnicas (que también) sino por sus relaciones y su capacidad de hacer lobby con sus antiguos compañeros, cuando no directamente con sus familiares o parejas. En el caso del fichaje de políticos, muchas veces las competencias técnicas son inexistentes, pero sus relaciones y su agenda son cruciales. Y esto es como la marea, cada vez sube más. Cuando ya no hay ex altos cargos o políticos disponibles las ofertas se extienden a los familiares. Cuando, como es el caso de Espacio Económico, se consiguen fichajes en los que se unen felizmente las competencias técnicas y las relaciones y la agenda (caso del ex Director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, o de Manuel de Vicente-Tutor, que fue jefe de gabinete suyo y es ahora secretario no Consejero de Solaris, además de socio director del despacho) pues miel sobre hojuelas. El negocio va como un tiro.

¿Y el Derecho? Pues para no aburrir, repetiremos que en materia de conflicto de intereses tenemos una normativa teóricamente adecuada   Así, la Ley española de Conflicto de Intereses señala en su art. 4 que hay conflicto de intereses “cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.”.

Pero en la práctica, como ocurre con tantas otras normas en España, esta normativa no funciona demasiado bien. La interpretación decididamente formal que se hace por los órganos administrativos (mejor respetar las formas que el espíritu y finalidad de la ley) y la dependencia jerárquica (con un mísero rango de Subdirección General) del órgano encargado de su control, la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ayuda mucho. Y tampoco ayuda, conviene no olvidarlo,  la tolerancia social o que los informes de la Oficina tengan como último destinatario (a través del Ministerio) el Congreso de los Diputados.

Si recordamos algunos casos sonados, como el de David Taguas, o el más reciente de Elena Salgado, veremos que las interpretaciones de hasta donde llega el conflicto de intereses son bastante laxas, especialmente si  el “controlado”  tiene importantes  vinculaciones empresariales o políticas, o ambas, que es de lo que se trata. Que estos sean precisamente los posibles casos de conflicto de intereses  a vigilar con mayor esmero, no parece quitarle el sueño a nadie.  Se suele pedir o comprobar el cumplimiento de unos cuantos requisitos formales y todo solucionado.  Y eso que leyendo solo ese artículo de la Ley, parece claro que las dos personas citadas y otras muchas que nos pueden venir a la cabeza tenían un conflicto de intereses como la copa de un pino cuando saltaron, por ejemplo, de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a la Patronal del sector  de la construcción, o de la cartera ministerial de  Economía y Hacienda a una importante empresa del sector energético.

El caso de la ex ministra Elena Salgado es un ejemplo muy claro como ya escribí en su momento, la contratación por la filial chilena de Endesa permite “saltarse” el espíritu de la norma que solo se cumple formalmente, aunque creo que este caso es tan extremo que hasta se podía discutir si se cumple formalmente (la norma no habla de filiales, solo de empresas)  cosa que por supuesto nadie ha hecho. Como hay tantos casos que cada uno elija el que prefiera.

¿Qué pasa entonces? Pues que el muy amplio concepto de conflicto de intereses se desarrolla y se pretende  hacer operativo mediante una regulación minuciosa que establece una serie de mecanismos formales y burocráticos para intentar evitar que se produzca el conflicto o para remediarlo. Así tenemos un régimen de incompatibilidades, un Registro de actividades, un Registro de bienes y derechos patrimoniales,  un procedimiento administrativo muy completo, una Oficina de Conflicto de Intereses, etc, etc.

En relación con el caso de la empresa Abengoa recordemos la previsión del art. 7.2 de la Ley 5/2006 de 10 de abril de Conflicto de Intereses:

“ Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.”

Ah, dirán ustedes, pues ya está. Pues no, porque el Jefe de Gabinete del sr. Montoro siempre puede decir que él  formalmente no va a adoptar o aprobar acuerdo o resolución alguna en relación con este tema, lo que probablemente es cierto, dada las competencias teóricas de un jefe de Gabinete. (Aunque sobre las competencias formales y las reales de un jefe de gabinete también podríamos hablar, y mucho, como el asunto del asunto del membrete da a entender).

¿Y el Ministro? Pues como ya se recoge en la noticia de Bloomberg menos todavía, ya que, aunque su hermano presida Estudio Económico S.L y esta empresa asesore a empresas del sector, él no el encargado formalmente de elaborar el Anteproyecto de Ley de reforma del sector energético, que es competencia del Ministerio de Industria. Eso sí, el propio Ministro aclara que los aspectos fiscales de la reforma (sobre los que versa precisamente la discusión entre Ministerios y los papeles con o sin membrete de Abengoa) sí son competencia suya. Claro está que, en último término, las leyes se aprueban en el Parlamento, no se nos olvide, así que no son competencia de ningún Ministro. Así que llevando ese razonamiento al extremo, ningún Ministro podría incurrir jamás en conflicto de intereses por lo menos por este motivo.

En conclusión, que  como suele suceder con las leyes españolas más recientes, La ley yel reglamento que la desarrolla ( reglamento (RD 432/2009 de 27 de marzo, pretendiendo prever y solventar los casos concretos en que se pueden producir estos conflictos, atienden más a la casuística y al procedimiento administrativo que al espíritu y finalidad de la ley, por lo que establecen mecanismos muy formales para evitarlos (Registros, procedimientos, oficinas,  etc, etc ) que no obstante resultan bastante menos operativos que los que recogen otras regulaciones, que buscan más conseguir el fin último perseguido que garantizar el cumplimiento de las formas. Si quieren ver como recomienda la OCDE tratar estos casos, o comparar con otras legislaciones, les dejo el link (en inglés) aquí. 

Para terminar, con independencia de lo que dicen nuestras leyes, creo que la conclusión es bastante obvio, lo que escandaliza en Suecia, en Alemania o en Holanda, aquí no le importa a nadie. Lo que no quiere decir que estemos a favor de impedir o prohibir cualquier paso del sector público al privado o viceversa. Lo que no estamos es a favor de hacer trampas al solitario todo el rato. Los lobbies tienen que estar regulados y ser transparentes, como vienen reclamando asociaciones como  APRI. De hecho ya hay en marcha alguna iniciativa al respecto.Y si tienen un rato (unos cuantos minutos) no dejen de ver este interesante video donde se explican perfectamente las conductas morales de los seres humanos en base a unos experimentos ciertamente muy curiosos. http://www.youtube.com/watch?v=_Pstq6Dro1A. Se entienden muchas cosas.

¿Y si Lance Armstrong fuera español? (Una reflexión sobre la valoración de la responsabilidad en nuestro país)

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El ciclista Lance Armstrong, una gloria nacional americana ganador nada menos que de siete tours de Francia consecutivos, ha sido sancionado a perpetuidad por la Agencia Antidopaje Estadounidense (USA-DA), lo que supondrá probablemente la pérdida de esos siete triunfos. Siete tours menos para EEUU en el ranking de la gloriosa prueba ciclista. Michel Rieu, consejero científico de la Agencia Francesa Antidopaje, ha manifestado en unas declaraciones a la prensa (aquí) que se quita el sombrero ante la valentía de USA-DA, “pocos organismos nacionales se habrían comportado de la misma manera”, concluye.

 

Efectivamente, no hay más que recordar el caso Contador y como  todo el mundo aquí hacía patria reclamando que no fuese sancionado, desde la Federación hasta el mismísimo Presidente del Gobierno, pasando, por supuesto, por el entonces líder de la oposición y ahora Presidente, gran aficionado al ciclismo (aquí y aquí). En realidad, este caso no es más que uno entre muchos que podrían citarse para demostrar el abismo que nos separa en materia de exigencia y de asunción de responsabilidades con otros países, pero sirve a la perfección para destacar dónde reside el problema de la falta de responsabilidad en España: en nosotros, no nos engañemos, no en nuestras instituciones.

 

Existe hoy en día una corriente doctrinal muy de moda que ve la explicación de casi todo (incluida la causa del desarrollo económico) en las instituciones. Y claro que tienen una enorme importancia, qué duda cabe, pero sería bueno preguntarse de dónde salen las buenas instituciones y por qué en un países se corrompen con mucha más facilidad que en otros.

 

Pensemos en el caso Camps. Quizá otro sistema electoral más abierto gracias a la existencia de primarias, o tal vez unos partidos más democráticos, hubieran sido factores capaces de dificultar el que se hubiera vuelto a presentar, no lo dudo, pero una vez que lo hizo fuimos los electores los que le elegimos otra vez por mayoría absoluta. Y una vez sentado en el banquillo, fuimos los ciudadanos los que le absolvimos. Precisamente por eso, el caso Contador, en comparación con el de Armstrong, es tan significativo: porque el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición sabían que presionando a las autoridades deportivas españolas ganaban popularidad, que la gente prefería un campeón sospechoso a conocer la verdad; que quizá el ciclista se había dopado, pero que el triunfo lo compensaba todo y que no había que ponerlo en riesgo.

 

Como en el caso Camps, o en el de Alfredo Sáenz, o en el de César Alierta, en España siempre hay algo que compensa el que no se exijan responsabilidades. En unos casos es un triunfo deportivo, en otros es una gestión política, financiera o empresarial que se considera eficiente y beneficiosa para la colectividad. Y a mucha gente le parece razonable: “es que mira que ciudad de las artes más bonita nos ha hecho”, “es que mira dónde ha colocado la empresa en el mundo”, “es que gracias a él se ha apoyado a los emprendedores”, “es que si no se le indulta el banco no compra deuda”, etc., etc.  Pues bien, la diferencia con EEUU (y con otros países de esa tradición) es que ellos consideran que no hay NADA que compense el que no se exijan responsabilidades. Este es el quid de la cuestión y el verdadero fondo del problema. Ellos tienen la convicción de que una sociedad donde no se exijan responsabilidades por los comportamientos erróneos o inmorales es una sociedad que degenerará a gran velocidad, una sociedad que perderá el nervio y la savia que vivifica su entramado institucional que, sin ella, estará condenado a marchitarse y a morir. O quizá más interesante aún: es que ni se lo plantean, está tan metido en su ADN que ni siquiera es efecto de una reflexión consciente o teorizada.

 

No me parece casual que esta concepción separe por un lado a los países anglosajones y  protestantes (EEUU, Reino Unido, Holanda, Alemania) y por otro a los latinos (España, Italia, Grecia, Latinoamérica en general). Pienso que las tradiciones culturales tienen mucha importancia para explicar la génesis y la conservación de las instituciones. No es que tengan una preponderancia total, pero determinan una forma de ver el mundo consolidada a través de muchas generaciones que indudablemente puede marcar una pequeña diferencia que en la práctica resulte definitiva.

 

Si pensamos en las tres tradiciones más proclives a fomentar un comportamiento responsable, comprobaremos que han tenido mucha mayor incidencia en esos países que en el nuestro: el republicanismo, el liberalismo y el protestantismo. El republicanismo moderno nació en Italia, es cierto, en Florencia concretamente, pero allí tuvo una vida efímera, mientras que pudo arraigar mucho mejor en Inglaterra y luego en EEUU en tiempos de la Revolución. Y aunque es verdad que de todo ello queda hoy poco, apenas los rescoldos, sostiene todavía cierta retórica que el estadounidense considera parte inescindible de su tradición. Qué decir del liberalismo, que al fin y al cabo se presenta a sí mismo como el gran sistema incentivador de la responsabilidad: vive como quieras pero a tu riesgo y ventura. Es cierto que en la práctica todo es mucho más formal que real, pero también forja el carácter.

 

Pero sobre todo me quiero detener un momento en el protestantismo. Sí, ya sé que Max Weber está de capa caída y que cada día recibe más palos el pobre, pero en mi opinión injustamente. No olvidemos que en Alemania los ministros dimiten por plagiar una tesis doctoral, pese a que de republicanismo y liberalismo ese país no supiera nunca mucho, pero al fin y al cabo sí era la patria de Lutero.

 

Lutero rompe con la Iglesia para no quedar sujeto al yugo de la jerarquía (sí, lo de las indulgencias). La consecuencia es el sacerdocio de todos los creyentes. Todo cristiano en el ejercicio de su profesión (como funcionario, médico o panadero) es un sacerdote que encuentra su salvación personal a través de un ejercicio profesional responsable. Este es el primer elemento de la vocatio o Beruf (en alemán). Ahí no hay un cura que te confiese ni un purgatorio que te dé una segunda oportunidad. La salvación se gana en el día a día y es un todo o nada. Pero no sólo es eso, ni siquiera lo principal. El segundo elemento de la vocatio es el pacto con Dios, la alianza, el covenant (en inglés). Dios, a cambio de su promesa de salvación, me impone unas condiciones que debo cumplir, pero la característica fundamental de esas condiciones es que son colectivas, que afectan a la comunidad en su conjunto, a todo el pueblo de Dios. La clave del asunto es que si se incumplen –colectivamente- la correspondiente sanción me afectará a mí personalmente. La consecuencia es que todo el mundo está muy interesado en que el vecino actúe de una manera moralmente adecuada. Las sociedades de reforma de las costumbres, que tuvieron una importancia clave en el desarrollo del Derecho anglosajón a la hora de fomentar la exigencia de responsabilidades, buscaban perseguir y castigar el pecado, no el delito, y por este motivo exclusivamente religioso (que no dejaba de ser bastante egoísta). Como destaca Berman, criticando en este punto a Max Weber, es el comunitarismo, más que el individualismo ascético, lo que constituye la aportación fundamental de la Reforma. Pero un comunitarismo muy especial, bastante distinto del republicano.

 

Como efecto de la secularización hoy en día ya no importa tanto el pecado como el delito, pero la tradición pesa, y mucho. Las faltas morales siguen mereciendo una superlativa valoración en las sociedades protestantes, por lo menos en comparación con las latinas. Y lo cierto es que les va bien, porque, como tantas veces ocurre en la vida (¿acaso la biología no funciona de ese modo?) características nacidas por un motivo –quizá totalmente absurdo o aleatorio- encuentran luego su nicho biológico y la facultad de resultar tremendamente adaptativas, aunque sea por razones muy diferentes. Algo así ha ocurrido con el rigor protestante a la hora de exigir responsabilidades por faltas morales. De una manera indirecta ha demostrado que los fines nunca compensan los medios, algo, por cierto, que el republicanismo nunca tuvo totalmente claro. Pero lo cierto es que es así, que las sociedades que no pasan una, hasta de manera un tanto exagerada, y que en consecuencia son mucho más morales, son también mucho más eficientes. Hay menos oportunismo, menos free riders, más respeto por las reglas, y la sociedad en su conjunto termina ganando.

 

No quiero hacer este post demasiado largo –podría ser infinito- pero sí recordar que, si bien esa no es nuestra tradición, los protestantes no tienen el copyright. Es una enseñanza que está a disposición de cualquiera que tenga ojos en la cara. Lo que ocurre es que, a diferencia de ellos, nosotros no podemos asumir ningún automatismo de tipo cultural. Tenemos que ser conscientes de sus ventajas y querer incorporarlas, aun comprendiendo que nos va a costar más: se trata de no votar a Camps ni a otro como él, sacar nuestra cuenta del Santander y darnos de baja de Telefónica (reconozco que en estos dos últimos casos yo no lo he hecho).

 

Por último, quiero aclarar que el título de este post, sin duda lo mejor, es de Luis Garicano y agradecerle a él y a los amigos de NeG la idea de tratar este tema y de comentarlo con ellos.

¿Qué es ser español?

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Estaba en la costa, en mi lugar de holganza habitual, cuando me reencuentro en la estantería con varios libros sesudos que reflexionan sobre el hecho de ser español, comprados y leídos, quizá como reacción inconsciente, en fechas en los que mis destinos profesionales me llevaban a sitios en los que lo español no estaba precisamente de moda, y donde sigue sin estarlo. Pero no teman, no voy a ir por la cosa autonómica; más bien me decanto por algunas reflexiones generales, de estío, y sin efecto ni valor alguno, como decía el ínclito Paniagua, al hilo de estos libros reencontrados cuya aplicación a la situación crítica actual es, aparentemente, muy apropiada.

 

Intentando presentar a su país, dice Julián Marías en Ser Español que “el pueblo español es poco utilitario”, que antepone su pasión y sus humores a su conveniencia. Eso sí, dice, el español es uno de los hombres más fácilmente dispuestos a jugarse la vida, pero “tiene cierta pereza para jugarse algo menos que la vida”; por ello, en España no es frecuente el valor civil, cotidiano, lento, tenaz, mientras que es notorio el valor agresivo, bélico, violento, instantáneo. Y sigue: “el español está dispuesto a jugarse la vida de una vez, pero no a plazos, es decir, porciones de ella: un puesto una ventaja, la comodidad, la buena prensa, alguna seguridad, algún privilegio”.

 

Por eso, desde el punto de vista negativo, la imprevisión y la urgencia nos definen y, como dice Marías, no nos quedamos en las distancias medias –las de la cooperación y la actividad social- como los países desarrollados, sino que nos proyectamos a distancias extremas: para esta misma tarde o para toda la vida. Y lo cierto es que parece que estos rasgos los seguimos viendo hoy, pues no otra cosa significarían hechos como la misma existencia, y su frecuencia, de la figura del Real Decreto Ley; o que al médico no nos visite por la vía normal, sino que si quieres que te atiendan pronto hay que ir urgencias. Y que muchas veces haya que usar el camino extraordinario, no el normal: para que alguien te pague no hay que interponer una demanda civil, no, hay que ir por lo penal (la querella catalana); o para echar a un juez por cuestiones disciplinarias reiteradas no basta con un procedimiento administrativo, hay que querellarse contra él, como bien ha destacado Rodrigo Tena en este blog (ver aquí). E incluso, ¿no es un ejemplo de ello la existencia de las oposiciones como forma de progreso social e intelectual? Ese jugárselo todo a una, pero para luego obtener una colocación de por vida, ¿no existe porque no hay una preparación universitaria suficiente, es decir, una preparación normal y ordinaria de las mismas materias a las que luego opositas?

 

En España, según parece, ha predominado el tipo aventurero, pues no en balde nos pasamos ocho siglos luchando contra el moro y cuando en 1492 la cosa acaba comenzamos con la conquista de (o “encuentro con”, como se dice ahora) las Américas. No es difícil pensar que en un país así tuviera especial predicamento el luchador agresivo y aventurero, despreocupado de las cosas materiales, que le parecen propias de “clases inferiores”. Señalaba Menéndez Pidal (“Los españoles en la Historia”) que se da en el español, junto a una cierta sobriedad, un cierto desinterés en el orden económico, pues no se antepone el cálculo de pérdidas y ganancias a consideraciones de otro orden: el descuido del trabajo productivo, el contentarse con los primeros resultados, que satisfacen las necesidades más apremiantes, la imprevisión del mañana….. E incluso a veces se consideran insultantes, como revela la conocida anécdota de las cuentas del Gran Capitán, que enumera sus hazañas frente a las míseros números que se le piden. Ya Marías decía en el año 66 que aunque al español la actitud “económica” continuada le produce una extraña fatiga y que “siente como insoportable pobreza la forma de relación con lo económico que domina en gran parte de Europa”, la creciente economización del mundo es irreversible y exige un rigor que es un requisito necesario para la prosperidad. No vale ya el “poco más o menos” y todos –poco más o menos- somos conscientes de ello.

 

Menéndez Pidal pone en conexión este desinterés con otra dimensión del carácter español: el sosiego, en su doble aspecto, la serenidad de acción, la mesura elegante, pero también la apatía y la inacción, la ausencia de resortes (¿les recuerda esto a alguien?). Pero también es verdad que eso trae consigo la extraña capacidad del español para la vita mínima: cuando las circunstancias se vuelven tan adversas que apenas se puede hacer nada, el español sigue viviendo con cierta dignidad (y eso me sugiere la imagen tando de Hernán Cortés como al hecho de que tengamos hoy más de cinco millones de parados aguantando estoicamente).

 

Pues bien, dirán ustedes, está claro, somos incorregibles, la crisis nos la merecemos porque somos temperamentalmente unos pródigos mediterráneos, qué razón tenían los pensadores de finales del siglo XIX que, con motivo del desastre del 98 e incluso ya antes, decían que “España es una nación absurda y metafísicamente imposible, y el absurdo es su nervio y principal sostén” (Ganivet) y proclamaron la necesidad de una regeneración. Recordemos (véase Laín Entralgo y otros en España: reflexiones sobre el ser de España, RAH, 1997) el “España sin pulso” de Francisco Silvela, el turbador interrogante de Ortega “Dios mío, qué es España”, y tantos otros, que desembocaron en el “feroz análisis de todo” que practicaron Unamuno y Azorín, haciendo suyas las caracterizaciones de los castellanos del Siglo de Oro hechas por los estudiosos alemanes y franceses del siglo XIX: tipos codiciosos, indolentes, capaces de un heroísmo vago, hidalgos crueles…

 

Sin embargo, creo que se acerca más a la realidad el análisis de un historiador actual como Juan Pablo Fusi (La evolución de la identidad nacional, Temas de Hoy 2000) que, sobre la base de un análisis historiográfico riguroso, demuestra que en realidad los ensayos de Unamuno y Ganivet, y tantos otros, no eran historia, aunque fueran metáforas convincentes y probablemente más eficaces que las interpretaciones rigurosas, pero no por ello exactos y que la pretendida anormalidad de España, de la que hablaba Ortega, no es tal. Es más, no existe una naturaleza de las naciones, pues lo que las naciones tienen es historia, tal y como el propio Ortega decía, y su identidad es cambiante y evolutiva, como demostró palmariamente Julio Caro Baroja en El mito del carácter nacional. Y Fusi demuestra este aserto aplicando los datos históricos a los pretendidos caracteres nacionales de varios países europeos. De hecho, de los estudios más recientes se desprende que la identidad nacional se relaciona más con aspectos geográficos, con los lentos cambios demográficos y sociales, la continuidad de una comunidad política y social, la lengua y literatura y con los sistemas legales administrativos.

 

Por ello creo, en definitiva, que, aunque pueda resultar un perverso placer de la autoflagelación, no hay que caer en ella, pues a nada conduce; pero tampoco hay que cejar en el análisis realista de la situación y en particular de las imperfecciones del sistema y exigir su mejora. Es decir, se precisa ese valor civil, cotidiano, lento, tenaz que Marías no consideraba propio de los españoles. No hay que romperlo todo: hay que tener la perseverancia y la inteligencia necesarias para cambiar lo que hay que cambiar (y hacerlo a fondo y sin miramientos) y mantener lo que hay que mantener, nuestras características positivas. Y particularmente, como tanto decimos en este blog, hemos de ser capaces de modificar nuestras instituciones (y nuestras costumbres), que esas sí que definen la identidad nacional y que tanto influyen sobre el éxito o fracaso de las naciones, como hoy Acemoglu y Robinson destacan  en Why Nations fail?

 

Ahora bien, una coda final: sin duda, la solución, como a principios del siglo XX, estará en Europa, pues como dice Fusi, “España debe ser entendida ante todo como una variable europea”. Pero, siendo eso verdad, creo que también Europa debe mantener con nosotros no la actitud del acreedor ejecutante, que solo quiere cobrar su dinero, sino la del socio, que conoce y comprende al compañero con el que comparte empresa. Es decir, que sería bueno que la señora Merkel no haga cierto el tópico contrario, aplicado a la mentalidad  centroeuropea y reflejado en el weberiano “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, en el que se destaca la influencia del ascetismo protestante y el enriquecimiento como señal de predestinación divina, el racionalismo aplicable al capitalismo como tendencia a la obtención del máximo de riqueza.  Para ella, para Merkel, termino con una cita de Julián Marías que ilustra estas ideas:  “La vitalidad de España se revela a cualquiera que, con alguna esperanza de pueblos, ponga la mano sobre su corazón….El crédito no es solo cosa de economía; a los países hay que concederles también el crédito histórico. Si se acierta, puede resultar una maravillosa inversión, como solo suelen serlo las inversiones desinteresadas; si se yerra, lo que se pierde es más que dinero: posibilidades históricas”.

Antonio Jiménez Blanco o la dignidad de la política

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Hoy la política parece haber quedado reducida a la tarea de un contable. Saber cuadrar el presupuesto como un simple administrador de fincas o un experto en contabilidad, parece bastar. Si es que al menos supieran cuadrarlo bien. Que ni eso, en demasiadas ocasiones.

 

Pero la política es mucho más. Vaya por delante mi respeto a los buenos contables. Pero siempre se ha tenido la imagen del contable como alguien gris, sin ilusión. Diligente con su trabajo, ordenadito, y poco más. Y efectivamente la política precisa de buenos contables, y de buenos juristas y diplomáticos e ingenieros. Pero más allá del funcionario cumplidor y prudentón, la política es liderazgo, ilusión, valentía. Sentido del honor, lealtad a los principios, generosidad, altura de miras y por tanto desinterés personal y partidista. Hombría de bien, arrojo, decisión.

 

Me viene a la memoria estos días un ejemplo simbólico de en qué consiste el ejercicio noble y verdadero de la política. Prudente cuando hay que serlo, pero valiente y decidido cuando el sentido de la responsabilidad y la lealtad a unos valores lo precisa. El caso de Antonio Jiménez Blanco, Presidente del Consejo de Estado al tiempo de los sucesos del 23-F.

 

Hasta poco antes del 23-F, Jiménez Blanco había sido presidente del grupo parlamentario de la UCD en el Congreso. Las luchas internas de ese partido, inducidas de manera singular por la ambición de Herrero de Miñón, propiciaron su salida de ese puesto. Y, para que ésta fuera menos amarga, Suárez le ofreció como premio de consolación el retiro en la presidencia del Consejo de Estado. Pues bien, ya ex diputado, nada más enterarse del intento de Golpe de Estado, se presentó de inmediato en el Congreso para estar juntos a sus antiguos compañeros diputados y correr la misma suerte que ellos (algo parecido hizo también don José Vida Soria, que en esos momentos sí era diputado, del PSOE, y pese a estar fuera del Congreso cuando se enteró de la noticia, pensó que su deber era acudir allí, pese a lo que pudiera pasar, y así lo hizo).

 

“Con más arrojo que prudencia”, dijo años después Herrero de Miñón, que había actuado don Antonio. Lo que para Jiménez Blanco era un ejercicio de lealtad (a los principios y valores democráticos), para Herrero una imprudencia. Cabe deducir que Herrero, en las mismas circunstancias, no habría hecho lo mismo que don Antonio. Lepoldo Calvo-Sotelo dejó bien reflejado en sus memorias que Miguel Herrero, además de un brillantísimo dialéctico, era un gran desleal. Y señalaba la importancia de la lealtad en política, más allá la formación intelectual de los que a ella se dedican. Pero ése es otro tema.

 

 

Hay políticos que nos intentan disfrazar la indecisión y la cobardía con el manto de la prudencia, como si fuéramos tontos. Hay quien puede ser un funcionario ejemplar, pero carece de arrrojo para estar en la primera línea de fuego política, y decide casi siempre tarde y mal. A la parálisis por el análisis, que dicen en la bolsa londinense. De tanto pensar y repensar y sopesar lo que debe hacerse, se te pasa la oportunidad de hacerlo a tiempo y debidamente. Y pese a tus buenas ideas, a tus sesudos análisis, acabas sufriendo en la práctica las consecuencias negativas de la indecisión, uno de los más graves males, como decía Burke. Y es que el político debe jugar con la variable tiempo, pero no en plan partidista, sino con sentido del Estado. Y ello, por ejemplo, supone no aplazar medidas necesarias para tu país porque tengas unas elecciones autonómicas cerca. Eso es dejación de funciones, falta de arrojo, corteza de miras, no velar por el interés general.

 

 

El político se distingue del funcionario en que debe li-de-rar. Dar la cara. Tomar la iniciativa. Y si las circunstancias son adversas, no delegar esa tarea en subalternos, sino al revés: crecerse. Cuando uno ve al Presidente del Gobierno salir por el aparcamiento del Congreso para escabullirse de los periodistas con el fin de no dar la cara  en un día de noticias adversas, lo que ve es a un funcionario en un puesto que le queda grande. Cuando se le ve con aspecto cariacontecido -con voz temblorosa y cara de cordero degollado- implorando comprensión ciudadana, y pidiendo perdón por adoptar unas medidas que considera necesarias y buenas para el país, se da cuenta de que no está a la altura de las circunstancias. No basta con saberse los temas para jugar a la dialéctica -gallega o no- con la oposición o con la prensa. Hay que tomar la iniciativa y la delantera a los problemas, incluso a riesgo de fracasar. Y eso, hasta ahora, no se ha hecho. Todas las medidas se han adoptado a rebufo de Bruselas, de Merkel o de la inquietud de los mercados.