La comparecencia en el Congreso de los responsables de la crisis financiera española o el Congreso de los irresponsables

Reconozco que el título de este post puede inducir a error. En primer lugar, porque de la crisis financiera española nadie es responsable. En segundo lugar, porque no han comparecido más que unos pocos, cuando la responsabilidad por este estado de cosas es universal. Reconozco también que estas dos aclaraciones parecen contradictorias, pero no lo son, ni muchísimo menos; son perfectamente armónicas, porque, como afirmó con su habitual agudeza Hanna Arendt al hablar dela Alemanianazi, cuando se dice que “todos somos culpables” -lo que de entrada suena muy noble- lo que en realidad se está diciendo es que nadie es culpable. Al afirmar que nadie se salva por un motivo o por otro, lo que en el fondo se está afirmando es que lo que ha sucedido es un lamentable efecto derivado de la naturaleza de las cosas, tan inevitable como el granizo en primavera.

 

 

Así lo ha dejado meridianamente claro el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordoñez, al final de su comparecencia: “En una situación así resulta contraproducente buscar chivos expiatorios, a los que endosar todas las responsabilidades. Porque, como he mostrado, no los hay. Es más, esa pretensión ilusoria mina todavía más la confianza en las instituciones y obstruye el diálogo y la cooperación que tanta falta  nos hacen.” En un sentido parecido (aunque con otra letra, claro) se ha pronunciado el Sr. Rato, un verdadero especialista en aceptar y abandonar responsabilidades por capricho y/o interés, sin el más mínimo sentido de la responsabilidad personal (¿se acuerdan de su increíble salida del FMI?, pues en otro país tal cosa le hubiera condenado al ostracismo de por vida, mientras que aquí se le premió con Bankia). Tanto uno como otro han buscado difuminar y extender las culpas hasta hacerlas desaparecer, especialmente de su proximidad. No comento a los ex presidentes de Cajas que afirman que de la gestión se ocupaba el Consejo de Administración (sic.), porque este nivel se aproxima a lo grotesco y carece de precedentes. Durante el nazismo algunos se escudaban en que obedecían órdenes, pero por muy presionado que estuviera a ningún líder se le ocurrió una excusa tan idiota.

 

 

Ocupémonos entonces de los dos primeros, un poco más listos, porque sobre su argumentación se construye el discurso que caracteriza este moderno fenómeno de la huida de la responsabilidad a todos los niveles. Sostienen, en definitiva, que vivimos en un sistema complejo estrechamente interconectado cuyas puntuales disfunciones (la crisis internacional y el excesivo endeudamiento español) –a las que son totalmente ajenos- desencadenaron evoluciones de difícil previsión. En la gestión de esos desarrollos se pueden cometer puntuales errores –los cometen además los otros, por supuesto- pero aún así esos errores apenas marcan la diferencia.

 

 

Es cierto que esta argumentación no se sostiene y que está plagada de contradicciones, especialmente cuando se contraponen los detalles de las diferentes versiones, pero el problema es que nadie tiene interés en apuntar esas contradicciones y rebatir el fundamento sobre las que descansan. Al menos no tienen interés nuestros partidos mayoritarios, cómplices en el actual estado de cosas; aunque quizá habría que denominarles dirigentes últimos, pues ellos son los que se han aprovechado de nuestro sistema financiero poniéndolo a su servicio particular con grave detrimento de su solvencia y buen funcionamiento. La comparecencia, por tanto, estaba diseñada, no para pedir cuentas a estos responsables (perdón por la palabra) sino para permitirles argumentar en contra de su responsabilidad. No me extraña en que insistieran en comparecer, aunque quizá con otro formato se lo hubieran pensado un poco más.

 

 

Pero aquí no se acaba la historia, afortunadamente. A falta de política existen varios procedimientos judiciales en marcha que, si no terminan condenando a prisión a estas personas tan reacias a asumir responsabilidades, al menos servirán para suplir el trabajo que no quieren hacer nuestros políticos. Las cuestiones criminales y las morales no son en absoluto las mismas (tienen una diferencia de grado que no cabe desdeñar) pero tienen en común el hecho de que tienen que ver con personas y no con sistemas. No me resisto a terminar con otra cita de Hanna Arendt que lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacerlo jamás:

 

 

“La innegable grandeza del procedimiento judicial radica en que debe centrar su atención en la persona individual, y ello incluso en la época de la sociedad de masas, en que todo el mundo siente la tentación de considerarse a sí mismo como una simple pieza de engranaje en algún tipo de maquinaria, sea en la maquinaria bien engrasada de alguna gigantesca burocracia, social, política o profesional, sea en el casual cúmulo de circunstancias caóticas y mal ajustadas en que transcurren nuestras vidas. El desplazamiento casi automático de responsabilidades que habitualmente se produce en la sociedad moderna se detiene bruscamente en el momento en que uno entra en la sala del tribunal. Todas las justificaciones de naturaleza abstracta y no específica (…) que indican que uno no es un hombre, sino una función de algo, se desvanecen (…) La institución misma desafía todo eso, y debe hacerlo o dejar de existir.”

 

Roguemos porque nuestros tribunales, pese a todos los intentos de nuestra partitocracia, no dejen de existir. Ora pro nobis.

 

PD: Les dejo algunos links a las comparecencias de los no-responsables y a las preguntas de Irene Lozano, diputada de UPYD y periodista de profesión.

 

Ex Gobernador del Banco de España

 

Rodrigo Rato

http://www.expansion.com/2012/07/26/empresas/banca/1343305387.html?a=c0e73b95e6abfa6d62bc4a59a688655a&t=1343562501

 

 

La de la diputada de UPYD Irene Lozano

 

 

 

 

 

 

Defraudadores en impunidad ¿hay solución?

 

En un momento de crisis galopante, recortes y subida de impuestos, conviene reflexionar sobre por qué en España no se consigue reducir el fraude fiscal. Uno tiene amigos que trabajan en el sector financiero y en el de la asesoría fiscal y le cuentan cosas, algunas parecen increíbles, más propias de la ciencia ficción o de un país de tercera, otras mueven sin más a la indignación y nos hacen exclamar: ¿cómo puede ser esto cierto? El problema, me cuentan, no es que haya defraudadores (hecha la ley, hecha la trampa) sino la sensación de impunidad y descaro con que se mueven estos sujetos, como si la inspección fiscal no fuera con ellos. Recuerda esto a aquellos casos de corrupción que se siguen produciendo en nuestro país, “con la que ha caído ya”, aunque los jueces aparentemente hayan actuado y estén actuando en principio a bombo y platillo. De esta sensación de impunidad, que probablemente alcanza a otras esferas de la delincuencia mayor o menor (acoso en colegios o en el trabajo, gamberradas en urbanizaciones y nuestras calles) hablaremos tal vez otro día, ahora déjenme que les relate tres casos de fraude que han tenido éxito y luego planteemos algunas soluciones:

 

  1. A.    Tres casos de defraudadores con éxito

 

Caso 1

 

Se puede preguntar alguno si es posible conseguir que Hacienda (que “somos todos”) te financie tus gastos cómo si fuera un banco. La respuesta es sorprendentemente afirmativa: haces una promoción de pisos con un préstamo de un conocido banco y cómo no vendes ninguno ─sabe dios por qué, quizá por las calidades que has metido─, se los entregas al banco a cambio del pago del préstamo que no puedes pagar. Por aquí negocio redondo: no tienes que seguir pagando el préstamo porque no es hipotecario y no es tu vivienda, el banco llega a un acuerdo contigo, etc… Por otro lado, te pegas la vida padre y no reparas en gastos de comidas, viajes, gasolina, etc… (por ejemplo, 3.000 euros al mes de media) porque sabes que Hacienda (eso que “somos todos”) te va a devolver el 18% de todo con el IVA que, obviamente al no vender un piso, te sale a devolver: pongamos, por ejemplo, unos 12.000 euros al año durante los 3 años que has intentado vender la promoción. Todo ello sin olvidarse de que no has contratado oficialmente a nadie porque la obra la has hecho con emigrantes sin papeles a los que has pagado en B

 

Caso 2

 

Supongo que a ustedes les gusta utilizar las facilidades de las numerosas casas rurales que han surgido como setas en España, por cierto todas ellas construidas con generosas subvenciones de las Comunidades Autónomas, y en algún caso de Ayuntamientos. Pues bien: ¿en cuántos casos les han dado factura? Podrá decirse que son negocios pequeños donde el beneficio es reducido, pero me cuentan al menos un caso de una familia que cuenta con once casas rurales que alquila en verano a razón de 1.200 euros a la semana. Consulté el calendario, todas llenas. Haciendo el cálculo aproximado de cuánto pueden generar al año me dicen que puede llegar a los 300.000 euros. Un amigo fue allí unas navidades, y pidió factura, le dijeron que se la enviarían por correo electrónico: todavía la está esperando. ¡Ah!, y además ponen pegas para devolver el dinero de la reserva que deben religiosamente enviar los clientes con antelación y por transferencia. Solo lo hacen si la consiguen alquilar aunque se avise con meses de antelación y tengas causa justificada. Parece que desconocen el “derecho de desistimiento” que le asiste a todo consumidor según la ley de protección de consumidores. A un amigo que amenazó con llevar el asunto a los tribunales le respondieron sorprendidos: “en cuatro años de actividad nadie se había quejado”. Conclusión: el fraude existe porque existen también los que lo permiten/permitimos, y eso que estoy seguro de que algún inspector de hacienda había sido cliente de esas casas.

 

Caso 3

 

Pongamos una Caja rural de las muchas que existen o existían en España. Su Consejo de administración toma una decisión sorprendente: ofrecer préstamos a tipo de interés cero, para devolver en 10-15 años, dirigidos a miembros de dicho Consejo y altos directivos de la Caja. La media de los préstamos fue de unos 15 millones de euros. Estrategia de los hábiles prestatarios: depositar los préstamos en depósitos de algún banco de la competencia (por ejemplo ING) que ofreciera un interés del 4%, mantener la inversión esos 10 ó 15 años. ¿Resultado? Pongamos 10 millones, 10 años al 4%: cuatro millones de beneficio, limpios de polvo y paja. Se devuelve el préstamo original a la caja y se obtiene un sabroso sobresueldo. Ley del silencio, todos afectados, todos protegidos.

 

  1. B.    Soluciones

 

Obviamente en todos esos casos, hay un común denominador: había gente que lo sabía, que lo conocía y no pasó nada. No hubo denuncia, no hubo inspección. ¿Debemos quedarnos resignados a que estas cosas sigan pasando en nuestro país? ¿Solo nos cabe lamentarnos o quedarnos en el tópico “Spain is different”? ¿Hay solución? Pues sí, señoras y señores, “haberlas haylas” (o “las hay” para los puristas del lenguaje), como las meigas. Aunque desconozco las razones que motivan que no se adopten estas medidas que por otra parte son de sentido común. Veamos tres de ellas:

 

Solución 1: Abrir un buzón de correo para denuncias en la Agencia Tributaria donde se garantice la confidencialidad del denunciante

 

Obviamente no bastaría con abrir el buzón sino que la AEAT se debería comprometer a responder al denunciante (si este ofrece sus datos) de las actuaciones que se van a realizar con su denuncia. Un procedimiento parecido existe en la Comisión Europea para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos europeos para casos de infracción del Derecho de la UE y ha tenido un notable éxito.

 

Solución 2: ofrecer al denunciante la recompensa del 10% de lo recaudado con su denuncia

 

Esta es la madre del cordero y lo que rompería el actual temor o pasotismo ciudadano a denunciar a un vecino, al comerciante de la esquina o, por qué no, a un familiar o a un cliente. Es un técnica habitual en otros países para favorecer la ejecución de ciertas normas, ¿Por qué no aplicarlas al mundo fiscal?

 

Solución 3: incrementar el número de inspectores y subinspectores

 

Obviamente nada de eso funcionaría si no hay suficientes inspectores fiscales en España. Según datos ofrecidos por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (ver: http://www.gestha.es) tenemos un inspector de Hacienda por cada 1.680 contribuyentes, tres veces menos que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que Francia o Alemania. A ello se añade que la tasa de reposición es solo del 10%, esto es, por cada 10 inspectores que se jubilan solo se contrata uno nuevo.

 

En ese contexto se podría objetar que no están los tiempos para contratar más funcionarios sino para todo lo contrario. Pero yo no estoy diciendo que se convoquen más oposiciones sino que se aplique una estrategia, por cierto muy habitual en el sector privado, pero que en la Administración española parece chocar con diversos intereses que nada tienen que ver con el interés común. La estrategia es muy conocida: me refiero a la redistribución de efectivos, esto es aprovechar funcionarios que ya trabajan en la Administración con el grupo y la titulación requeridos, pongamos con más de cinco años de experiencia, para poder reciclarlos tras el oportuno curso selectivo y dedicarlos a funciones donde falte personal. Una técnica habitual también en otros países de nuestro entorno y que incluso existió su día en España, aunque solo por un breve periodo de tiempo, pero que podría extenderse a prácticamente a todas las áreas de actuación, incluida la del ámbito judicial (¿no sería mejor que contratar jueces sustitutos?). Para ello bastaría simplemente anteponer en interés del servicio público a los de ciertos cuerpos.

 

En resumen, no sé si otro mundo, pero otro país sí es posible, basta con remover obstáculos e introducir los estímulos adecuados que propicien el cambio cultural que he venido defendiendo en otros posts.

Cuando la imagen no lo es todo

Es muy frecuente que las compañías prescindan de sus fichajes más sonados cuando éstos, en vez de potenciar la buena imagen de la empresa, la enturbian. Hace poco hemos comprobado como la ONG conservacionista WWF eliminaba el cargo de presidente  honorífico de la organización, que ostentaba el Rey desde su fundación, en 1968, tras el famoso episodio de la cacería de elefantes en Botswana, comentado también en este blog (aquí). Pero lo cierto es que eso es una práctica común, que ha afectado a gente tan famosa como a Tiger Woods, tras su mediática infidelidad, o a John Galliano por sus comentarios racistas. Sin embargo, el caso Urdangarín es una excepción a la regla, y yo creo que puede ser interesante preguntarse el porqué.

 

Efectivamente, en este caso no hablamos de una cacería legal, aunque estéticamente desafortunada, ni de unos amoríos extramaritales que a quién sólo deberían preocupar es a su familia, ni de unos comentarios fuera de tono con unas copas de más. No, aquí estamos hablando de la imputación por unos delitos muy serios penados con años de cárcel (hasta 18, concretamente). Nada menos que por cinco delitos: evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos (aquí). Y pese a ello, según informa la prensa, Telefónica le renueva el contrato por un año y por un millón y medio de euros fijándole una indemnización en caso de despido de 4,5 millones de euros. Y eso que este año no parece uno de los mejores de la historia de la compañía: acaba de anunciar que cancela el dividendo para el 2012, en una decisión que la prensa califica de “histórica” (aquí). La medida no hace más que presagiar un escenario complicado para el empleo a corto plazo, al menos si se quiere respetar los compromisos adquiridos con los accionistas para el año que viene. Todo ello contribuye a hacer el caso Urdangarín todavía más inexplicable.

 

Tampoco parece que el yerno del Rey sea un ejecutivo clave en la estructura de Telefónica internacional completamente insustituible, de tal manera que su aportación personal compense el coste de imagen que puede suponer su renovación. Su formación como jugador de balonmano no es la más adecuada para ayudar a defender esa hipótesis. No, lo más lógico es considerar que Urdagarín fue contratado por razones de imagen y que, en consecuencia, un acontecimiento tan serio como su imputación penal le haría perder automáticamente todo el valor que podría aportar a la compañía.

 

Por ese motivo, la renovación nos obliga a descarta también esta posibilidad. De hecho, parece que viaja mucho menos por el continente y vive casi recluido. La idea que alegan algunas fuentes de que con la renovación del contrato se ha pretendido no condenarle de antemano es totalmente absurda. No es Telefónica quién tiene que meterle en la cárcel, sino los jueces. Galliano no está en la cárcel, pero sí fuera de Dior, y eso que no podemos negar que personalmente aportaba bastante más a la firma. Lo único que debía entrar a valorar Telefónica es si a la compañía le interesaba mantenerle en plantilla o no, y si ha decidido que sí, será por algo.

 

Otra interpretación posible es que Urdangarín no está en Telefónica ni por competencia personal ni por imagen, sino por hacerle un favor a alguien. Puede que por hacerle un favor a la casa del Rey o al Gobierno de turno, o más bien a ambos. Sin embargo, el problema es que en las sociedades mercantiles el ánimo de lucro se presume y las donaciones están excluidas del ámbito de competencia del órgano de administración, al estar fuera del objeto social de la empresa (art. 234 LSC). Luego deberíamos descartar también esta hipótesis, pues la regulación nos pone sobre la pista de lo raro que resulta que una sociedad de este tipo haga favores a cambio de nada.

 

En conclusión, y a falta de más información, habrá que suponer que este caso es uno más derivado de ese estrecho conjunto de relaciones entre la clase política y las grandes empresas reguladas de este país, conocido con el nombre de “revolving door”, y que ya hemos denunciado en este blog (aquí y aquí). Hoy por ti, mañana por mí. Unas relaciones tan valoradas que compensan cierto coste de imagen.

 

Es verdad que, como se comenta en esos post, estas singulares vinculaciones son el pan nuestro de cada día, incluso a nivel internacional, pero lo cierto es que normalmente se intentan disimular un poco, aunque sea por decoro. Siempre he pensado que, por contraposición al cinismo típico de algunos países latinos (Argentina, Venezuela, Italia), es muy merecedora de elogio la clásica y casi venerable hipocresía anglosajona. Al fin y al cabo, como tantas veces se ha dicho, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. De hecho, el historiador John Lukacs afirmaba que «la hipocresía es el cemento que mantiene unida a la civilización». Por eso, un dato muy revelador del estado de cosas en España es que aquí empiece a importar muy poco disimular nada.

Arquitectura institucional de base 0.

 

El entramado institucional creado en España tras la Constitución de 1978, y que ha regido los destinos de nuestro país desde la muerte del dictador parece encaminarse a un prematuro fin, a una velocidad mayor que la que cualquiera podría haber imaginado hace apenas unos meses. La desastrosa gestión de la crisis realizada por el hoy principal partido de la oposición, y la incapacidad del hoy partido en el gobierno, no ya de encauzar la situación económica, sino siquiera de interpretar correctamente la creciente indignación de todos los ciudadanos, parece abocarnos a una situación de completa ruptura con el modelo actual.

 

La historia, hasta ahora complaciente con el proceso constituyente llevado a cabo en España tras la muerte de Franco, siempre exhibido como ejemplo de la capacidad de entendimiento y consenso entre todos los agentes sociales y políticos para impulsar la democracia en España, quizás no lo sea tanto a la vista del resultado al que hemos llegado en el año 2012. Un sistema ahogado en corrupción y clientelismo, y dominado por una estructura de partidos políticos opaca y poco democrática. Un sistema agotado. Da la impresión que hemos iniciado ya la búsqueda de un nuevo Torcuato Fernández Miranda capaz de idear una salida a la situación de deterioro en que nos hayamos sumidos.

 

Muchos son los análisis que se están realizando estos días sobre como hemos podido llegar a una situación de deterioro institucional tan grave. Este post solo pretende aportar alguna reflexión sobre una de las causas más ampliamente apuntada. La ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas, y la escasa capacidad tradicional de organización y respuesta de la sociedad civil española.

 

Cuando en la primavera de 1979 tras las primeras elecciones democráticas constitucionales UCD ocupa el poder, se instaura la idea de que en la nueva sociedad democrática, los ciudadanos deben recuperar el poder en todas las instituciones. Si los ciudadanos han elegido democráticamente unos representantes políticos, deben ser estos representantes los que ostenten el poder delegado por los ciudadanos en todas las instituciones. Con la legitimidad de las urnas, los políticos ocupan el poder en la administración, tanto central como local. La administración estatal franquista era una administración que hoy podemos reconocer como profesional, con una clara separación entre los cargos que ocupan los funcionarios y los cargos que ocupa el poder político. Los cargos que ocupaban los funcionarios se encontraban regidos por una meritocracia basada en el prestigio de las oposiciones a los cuerpos de altos funcionarios del Estado. Con la llegada de la democracia, el número de cargos que ocupa el poder político en la nueva administración democrática se multiplica. A los cargos se unen asesores, personal de confianza, personal de libre designación, y un largo etcétera. Esta situación aún se acrecienta más con la irrupción de las autonomías, donde la no existencia de una estructura previa pone aún menos barreras a la ocupación de la administración por parte del poder político.

 

La tensión tradicional entre política y administración que se produce en cualquier estado moderno se decanta claramente en España del lado de la política. El caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción en España ya estaba creado. La relación entre el número de personas que ocupan cargos en cualquier administración que dependen directamente del resultado de unas elecciones y el grado de corrupción de un país se describe muy claramente en este artículo publicado en el año 2009 en el diario El País.  La ocupación se acelera con los gobiernos del PSOE en el período de 1982 a 1996. En los años posteriores, se establece cierto límite al volver a fijar condiciones más estrictas para los puestos de dirección política administrativa en principio reservado a funcionarios (directores generales, subsecretarios,…).

 

El argumento que legitimaba la ocupación de altos cargos en la administración, servía igualmente para ocupar los organismos de decisión de las televisiones públicas, las cajas de ahorro, el Consejo General del Poder Judicial, o un largo etcétera. ¿Qué mejor forma de elegir a las personas que deben ocupar puestos en todos estos órganos que a través de los parlamentos elegidos democráticamente? El poder político lo ha copado todo, y las personas cuyos puestos han sido designados por los partidos políticos han crecido sin control en todos los poderes del estado, y en todos los espacios que tienen cualquier tipo de influencia en la vida pública.

 

Hace menos de un año que en este post hablábamos de la necesidad de legitimar los recortes que debían aplicarse en los servicios básicos, eliminando primero los gastos prescindibles. Televisiones públicas, Senado, diputaciones… la lista de gastos prescindibles era amplia, y se ha mencionado en multitud de artículos y análisis en los últimos meses. Tras los duros recortes aprobados el pasado 19 de Julio, y la dura contestación en la calle de los mismos, sorprende la escasa sensibilidad que ha mostrado el gobierno ante la necesidad de conseguir una mayor legitimidad para aplicar estos recortes. Sin duda muchos de los que salieron a la calle a protestar el pasado 19 de Julio lo hicieron ante lo que consideraban injustas subidas de impuestos o injustas rebaja de salarios. Pero la percepción más generalizada es que los ciudadanos españoles, que habían mostrado hasta ahora un carácter más bien de resignación ante los inevitables recortes, viven con mucha más indignación que estos recortes se apliquen en todas partes, menos en la macro estructura política que se ha creado en los últimos 30 años, y que se aplican sin ningún criterio de priorización, afectando por igual a servicios perfectamente prescindibles, y a servicios esenciales como la educación o la sanidad.

 

Escuchar hoy a algún senador hablar sobre el trabajo que están realizando en el Senado para sacar adelante la reforma que lo convierte en una cámara territorial resulta cuanto menos sorprendente en una cámara que nunca ha tenido ninguna utilidad, y a la que nadie ahora le pide tampoco que la tenga en el futuro. Escuchar la defensa de los principales partidos políticos del modelo autonómico frente al creciente clamor contra una estructura cara, clientelar e insostenible empieza a resultar en gran medida sonrojante. Escuchar a los políticos ofrecer como gran gesto de generosidad una rebaja en sus sueldos igual a la aplicada a los funcionarios resulta indignante. Escuchar que la gran reforma de la administración local consiste en reforzar las diputaciones provinciales, una de las instituciones con menor grado de rendición de cuentas y menor transparencia resulta casi una broma.

 

La Constitución del 78, analizada con la perspectiva que nos da la actual crisis, recogió no pocos errores en su diseño del modelo de estado para España. Consagró instituciones como el Senado que se han mostrado totalmente innecesarias en el transcurso de los años, tal como contamos en este post. Diseñó un estado autonómico, ideado para dar cabida a las exigencias de autogobierno del nacionalismo catalán y vasco, que hoy solo podemos calificar de delirante. Este modelo lejos de acomodar el “problema” vasco y catalán, lo ha magnificado: ningún nacionalismo considerará satisfechas sus reclamaciones si su grado de autonomía es similar al de otras regiones que nunca habían mostrado interés por el autogobierno. Una constitución que ha consagrado un modelo de partidos políticos que han acumulado un poder que parece incompatible con un estado democrático y libre de corrupción (este artículo reciente ahonda en este tema de forma muy clara). Y una constitución donde la separación de poderes no fue suficientemente garantizada, ante la creciente intromisión del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Sin duda otros identificarán otros errores en nuestra constitución, pero creo que estos son suficientes para que superemos el  “enorme respeto” por el tremendo salto que supuso esta constitución para la sociedad española, y empecemos a pensar en un futuro donde muchas cosas de las recogidas en la Constitución deben cambiar.

 

Dado que parece que la política económica de nuestro país no va a ocupar mucho tiempo de nuestros políticos en el futuro cercano, puesto que vendrá impuesta por nuestros acreedores, bien estaría que dedicáramos parte de nuestro tiempo a diseñar un nuevo entramado institucional para España, que nos pueda devolver a la senda de la democracia, la transparencia, la sostenibilidad y la racionalidad que todos los españoles anhelamos. Haría bien el actual gobierno en escuchar las reclamaciones ciudadanas de un profunde recorte en la macro estructura política que ha copado las administraciones, en suprimir los muchos privilegios de la clase política, en empezar a priorizar con mayor criterio los servicios en los que se aplican recortes, huyendo de las decisiones fáciles de recortes lineales, y comenzara a apuntar la necesidad de una profunda revisión del actual modelo de estado, insostenible e ineficiente

Normas contra normas

Se dice que un político triunfa realmente cuando consigue que también sus adversarios sigan sus concepciones. Así lo hicieron el movimiento laborista y socialdemócrata en Europa tras la Segunda Guerra Mundial con su modelo de Estado del bienestar, o años más tarde Thatcher y Reagan con sus cambios políticos y económicos.

 

Todo ello es virtud cuando se basa en la convicción de la mayoría, pero  se torna en patología si se consigue por mecanismos de coacción más o menos explícita, con el uso de mecanismos de propaganda, o si los adversarios se alimenten de algún tipo de “pensamiento débil” que le impida articular un discurso diferente al oficial.

 

En estos casos el especial marco de corrección política que se genera supone una verdadera losa que aplasta el debate y la libre circulación de ideas y deforma la realidad hasta lo grotesco. Y surge todo un sistema de reglas no escritas, al margen del ordenamiento oficial y frecuentemente incluso en contra del mismo. Con su propio sistema sancionador incluso más eficaz, pues muy diversos comisarios sin placa vigilan con desvelo por su observancia.

 

Lo vemos todos los días en los territorios donde en nacionalismo regional ha alcanzado una cierta penetración. Uno de sus mecanismos, por el que se trata de justificar la legitimidad de estas reglas, es el argumento de que ciertos actos, aunque perfectamente legales, resultan una «provocación» contra cierta exquisita sensibilidad que, eso sí, siempre está de un solo lado. Van algunos ejemplos.

 

Capítulo 1: en la Plaza.

Hace unos cuantos años, en la plaza de toros de Bilbao, el banderillero de la cuadrilla de un diestro prepara sus banderillas. Como en muchos otros sitios, éstas son de dos colores: amarillo y rojo. Alarma. Inmediatamente alguien se da cuenta de que ello viola uno de esos códigos sagrados no escritos, y un comisario es enviado a avisar de la necesidad de que se cambien las banderillas por otras de otro color para evitar «la provocación». Por supuesto que el objetivo se consigue sin resistencia digna de mención.

 

Capítulo 2: en la montaña.

Hace unos años un regimiento de montaña del ejército, durante unas maniobras, y según su costumbre, se hace una foto en la cima de un monte vizcaíno con su bandera española. De alguna manera la foto se filtra, y se agita escandalizado el PNV, que lo tacha de provocación. Como al parecer la cima ha sido mancillada, ese partido convoca una procesión laica (o no tanto) de militantes que, con destacados dirigentes al frente, suben al monte en una marea de ikurriñas como si se tratara de conseguir una suerte de exorcismo.

 

Algo parecido ha ocurrido hace pocos días, cuando de nuevo el mismo partido junto con el partido próximo a ETA ha considerado provocación inaceptable (ver aquí) que el ejército español haga unas maniobras en suelo vasco, es decir, en parte del territorio español. Parece que la provocación se intensificaba por coincidir con el aniversario del bombardeo de Guernica, que realizó la Legión Cóndor en el marco, no lo olvidemos, de una ofensiva de un ejército español (el sublevado) contra otro ejército español (el republicano). Aunque esto último ya haya sido convenientemente tergiversado.

 

Capítulo 3: en la calle.

Recuerdo una orden dada, creo, por algún responsable del Gobierno anterior para que las unidades de la Policía Nacional que actúan en Cataluña no exhiban como distintivo el que es habitual en cualquier otro lugar: la bandera española. Se trata también, al parecer, de no provocar.

 

De la misma forma, en la mayoría de los municipios vascos y catalanes se incumple la ley de banderas, a veces con el beneplácito del partido socialista y casi siempre con el de EB e ICV (las marcas de IU allí). De nuevo se justifica con el argumento de que cumplir la ley resultaría provocador. La sensibilidad de los millones de vascos y catalanes que se sienten españoles y se identifican con ese símbolo, al parecer, debe de ser de segunda, o indigna de ser considerada.

 

Capítulo 4: carta del colegio.

Hace tiempo que ese empeño de “no provocar” ha saltado las barreras regionales, y esa forma represiva de corrección política no se conforma con las normas jurídicas, sino que se atreve también a violar las semánticas. Ocurre así con el hipertrofiado e indebido uso del adjetivo «estatal».

 

La palabra «Estado» puede tener un significado geográfico en países federales en los que reciben ese nombre las entidades federadas. Pero nunca en otros países, en que el Estado no es un concepto geográfico, sino referido al conjunto de las administraciones públicas. En definitiva, uno puede entrar en el Estado de Oklahoma, pero nunca en el Estado francés, italiano o español. Como mucho, podrá entrar en algún edificio perteneciente a tales Estados.

 

Ya Orwell predijo que los totalitarismos tratarían de cambiar a su capricho el significado de las palabras, y esa profecía se vio tristemente cumplida en los regímenes soviético y nazi del pasado siglo. Se puede comprobar en este interesante libro (ver aquí) de Rosa Sola.

 

Pero parece que la cosa sigue. Nuestros nacionalismos regionales parecen haber decidido que la una forma de afirmarse en su independentismo es negar de entrada, y contra toda evidencia, que todavía formen parte España. O negarse, para no tener siquiera que planteárselo, a «mentar la bicha». Yo no entiendo muy bien esa forma de pensar, pues si yo fuera independentista respecto de cualquier región no vería contradictorio con mi anhelo de secesión la aceptación de la realidad de que, mientras no se consiga, y por mucho que me pueda doler, todavía tal región forma parte de España. Pero ya sabemos que es consustancial al nacionalismo el empeño en deformar la realidad, motivo por el que si el secesionismo en abstracto tiene todos mis respetos, no lo tenga el nacionalismo en concreto que suele acompañarlo. El caso es que forma parte de sus (para mí) extraños complejos el negarse a verse incluidos en cualquier cosa que, refiriéndose a todo el país, lleve el calificativo «español», «nacional» o semejante. Y la forma de conseguirlo es exigir que tales palabras malditas sean sustituidas por el adjetivo «estatal», incorrecto en ese sentido hasta la estridencia.

 

Este error ha sido sorprendentemente acogido con entusiasmo por una parte de nuestra izquierda, empeñada en confundir con progresista cualquier ocurrencia nacionalista. Y podemos encontrarlo en los sitios más insospechados.

 

Recibo una carta del colegio de mis hijos en que se nos comunica con alborozo que se va a realizar un proceso para conseguir no sé qué certificación de calidad a partir de no sé qué herramienta de un tal «Observatorio Estatal de Convivencia». De entrada no me causa ningún entusiasmo ni esa forma de construir un pretendido prestigio, ni la existencia de ese organismo, que supongo financiado con los impuestos de todos, con la que está cayendo y las verdaderas necesidades que hay que atender. Pero lo que ya no puedo aguantar es el nombre. Y contesto a la carta:

 

«Yo no creo que se pueda confiar en una herramienta que procede de una cosa que se llame “Observatorio Estatal de Convivencia”.

¿Tal vez el adjetivo “Estatal” se usa por ese extraño complejo de no querer usar la palabra “Nacional”? En primer lugar, si nuestros nacionalismos regionales tienen alergia a la palabra (salvo cuando se refieren a “lo suyo”, claro), ese es un complejo que ellos tendrán que resolver sin involucrarnos a los demás. Los demás no podemos jugar en ese campo. Esa deformación del lenguaje, para hacerle significar a las palabras lo que no significan, en pos de una “corrección política”, me parece tan inaceptable como para negarse a colaborar con toda institución, asociación o entidad que pretenda hacernos tragar tales ruedas de molino.

Un abrazo,»

 

No deja de ser una paradoja que un organismo dependiente del Ministerio de Educación cometa una falta semántica ya en su propio nombre. Ya sé que esto es un mero derecho al pataleo, pero ya es hora de denunciar la estupidez que por todas partes se multiplica.

Cultura rima con basura

Ayer, en el desayuno, volví a sentir que ya no era un ciudadano. Era una sensación familiar, pero que llevaba descansado algún tiempo, especialmente cuando acababa de estar varios días paseando por la Feria del Libro de Madrid, viendo las colas de lectores apasionados llenos de ejemplares que buscan la firma de su autor, aún a riesgo de volar a Eduardo Galeano o a Javier Marías de un estornudo, estando todos rodeados de esa nieve del diablo que es el polen y que nos tiene los ojos rojos, la cabeza llena de esquinas y soltando tan extraños alaridos que la ciudad parece una orquesta de trompetas desafinadas. Pero ahí estaban, alérgicos y no alérgicos, sin ceder un palmo al desaliento del calor y la crisis para comprar esa última novela o incluso recomprar aquel ensayo que hace tiempo fue prestado y nunca recuperaron.

 

Pero ayer por la mañana presentí que de nuevo yo ya no era un ciudadano. Desayunaba en la calle Toledo mi café con periódico de papel cuando mi chica me señaló una esquina del diario y me dijo, ‘mira, esto te interesa’. Y ahí pude leer cómo la recién creada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual había comenzado a actuar en las funciones a ella conferidas por la Disposición Final Cuadragésimo Tercera de la Ley de Economía Sostenible, la llamada Ley Sinde o, aún peor, Ley Sinde-Wert. Así, al parecer, la Comisión había notificado la apertura de un procedimiento de posible cierre de página web a una compañía, domiciliada en Suiza, que aloja el contenido de una página a la que yo aquí no haré publicidad y que te ofrece la posibilidad de descargarte, de forma gratuita y entiendo que por tanto no autorizada, el recopilatorio de la artista Luz Casal Un ramo de rosas.

 

Para terminar con la descripción de los hechos, y volver a mi angustia existencial, a partir de la citada notificación la empresa tendrá dos días para retirar el contenido presuntamente ilícito de forma voluntaria y cinco para presentar alegaciones. Si la Comisión finalmente estimara que el contenido está en esa web sin autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual obligaría a su retirada en un plazo de tres días, y a que se controlaran e impidieran futuros enlaces al mismo contenido.

 

Cerré el periódico, despedí a mi chica, pagué nuestros cafés (ya saben, soy del anticuado y absurdo proceder del consumo-pago, para que los camareros puedan seguir percibiendo sus sueldos y saldando sus facturas e hipotecas, ¡qué chorrada!) y volví a casa rumiando la noticia y temiéndome lo que me iba a encontrar. Todo lo que había leído sonaba lógico, aunque ya había puesto de manifiesto alguna vez mis desacuerdos y dudas conforme a la pertinencia de la Ley Sinde, e incluso acababa de terminar una tesis doctoral sobre la materia. Ahora estaba más centrado en el libro de poemas que acababa de publicar, en dar mis clases y descansar del tema, aunque seguían rondándome la cabeza palabras como inducción, facilitación, o contribución a la infracción, que tanto echaba de menos en la obsoleta Ley de Propiedad Intelectual y que, pensaba, habrían solucionado este embrollo de una mejor y más feliz manera.

 

Al subir las escaleras y llegar a casa me puse en lo peor, y es que, cuando presentía que ya no era un ciudadano, sentía que, en consecuencia, ya no tenía derechos. Me fui a mirar al espejo, para ver si además me había convertido en una cucaracha como la de Kafka, pero no: por fuera continuaba siendo el mismo, lo cual representaba el problema de que para sobrevivir seguiría necesitando comprar comida y tener dinero con el que pagarla.

 

Encendí el ordenador, para comprobar si todo aquello que yo presagiaba era una pesadilla o la realidad, e inmediatamente empecé a leer en Twitter, ese espacio en el que todo el mundo dice lo que piensa y pocos piensan lo que dicen, una avalancha de mensajes defendiendo esa falacia de la cultura gratis y hablando de una regulación, la de la Ley Sinde, que parece ser no es sino ‘una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos’. Y eso ya es demasiado. O sea, que como los intereses de esos ciudadanos consisten en disfrutar gratis de mi trabajo y del de otros como yo, que también escriben poemas o dan clases, o escriben novelas o canciones, pues queda claro que para ellos la cultura y sus profesionales no valen nada, que hay que atarles la etiqueta de cero euros en el dedo gordo del pie, como a los cadáveres de la morgue, y que no deben de recibir una sola moneda a cambio de su trabajo, como sí lo hacen el fontanero, el dependiente de la tienda de ultramarinos, el electricista, el conductor del autobús, la azafata o la empleada del banco.

 

¿Se han fijado en que con las letras de ‘C-O-N-S-U-M-I-D-O-R-E-S’ se puede escribir la palabra ‘S-U-M-I-D-E-R-O’?. Y por ahí se va todo, claro.

 

Pasé la mañana leyendo a esos Robin Hood y a toda la gente que les aplaude y usa mil y una disculpas para justificar el atraco; los internautas asegurando que lo hacen por amor al arte y para castigar a las prepotentes compañías discográficas, como si la justicia consistiera en saltar de un barco pirata a otro; y los políticos, como de costumbre, entregándose a la retórica y al miedo, porque sólo son capaces de tomar medidas impopulares cuando es para subir los impuestos y abaratar los despidos.

 

No leí a nadie diciendo, cuando salí a comer, que quizá la Ley Sinde no fuese el método ideal, sino una ingenua e incluso mal configurada aproximación, pero sí el principio para atajar un problema de dimensiones ya insoportables.

 

Después paseé para comprarle un regalo a una amiga muy melómana, y lo tuve difícil porque casi todas las tiendas de discos están cerradas o desabastecidas. Pensé en comprarle alguna película, pero tampoco es fácil encontrar dónde, porque lo videoclubes andan en vías de extinción. En un par de años, seguramente, tampoco quedarán librerías, me dije. Entonces recordé que en la Feria del Libro había comprado una estupenda novela de Eduardo Mendoza, El enredo de la bolsa y la vida, que me había dedicado especialmente para ella, así que ya tenía regalo.

 

De vuelta a casa abrí el buzón y encontré una carta del Ayuntamiento de Madrid, donde mi alcaldesa la por-nadie-votada Ana Botella me invitaba a pagar 86,60 Euros en concepto de tasa de basura municipal. Por cierto, que la por-nadie-votada alcaldesa es del mismo partido que el Ministro de Justicia que nos impuso esta tasa y que los que despotricaron contra la Ley Sinde, pidieron la abolición y luego abolieron el canon de copia privada, límite aún hoy sin nueva regulación, contraviniendo así lo impuesto por Europa y, finalmente, aprobaron una normativa que, por arte de magia, de pronto les resultó útil y conveniente. Y ahora ni esta boca es mía.

 

Al final del día, descarté la idea de escribir la columna impopular que tenía en la punta de la lengua y decidí meter mi nuevo libro de poemas entre yogures caducados en una bolsa de basura, y bajarla al contenedor. Al fin y al cabo, en este país la cultura es gratis y, en cambio, los desperdicios se pagan a precio de oro. Quizá así me vaya mejor.

 

P.S: A la mañana siguiente, leo que la por-nadie-votada alcaldesa está pensándose el reducir la recogida de basura, que tampoco es plan de tener la ciudad limpia a todas horas. Pienso en mis poemas. ¡Pobres yogures!

El turismo político o como viajar gratis a costa del contribuyente.

 

Ahora que los españoles están planificando –los que todavía se lo pueden permitir- sus vacaciones de verano mirando con mucho cuidado los euros, me parece que no está de más hacer unas reflexiones sobre el turismo de nuestros cargos públicos, más conocido como “turismo político” .

 

Porque resulta que no solo el Sr. Divar, felizmente dimitido, o los Consejeros del CGPJ  hacían turismo con dinero de los contribuyentes, sino que se trata de una práctica absolutamente extendida y consentida en un montón de organismos públicos, como bien sabemos los que procedemos de la Administración Pública. Lo que pasa es que mientras Divar prefería destinos nacionales y cenas íntimas, (tan íntimas que llegan a ser de uno si no contamos a los siete guardaespaldas, que en algún sitio cenarán, digo yo ) en Puerto Banús y Marbella por motivos que solo él y  su conciencia saben  hay otros cargos públicos que prefieren ver mundo. Muchos, porque ya se sabe que al final los españoles somos muy viajeros, especialmente si el dinero del viaje no sale del bolsillo propio.

 

El último escándalo, por ahora, es el de los viajes del Presidente del Gobierno de Canarias.D. Paulino Rivero, que este mismo año de 2012, ya medio rescatados o medio intervenidos, o lo que sea, sigue gastando alegremente  55.000 euros en viajes a Uruguay y a Marruecos, con un objetivo al menos poco definido.

 

Pero también hemos tenido recientemente los viajes del Sindic de Greuges catalán (ya saben que a las autonomías les privan estos nombres entre medievales y folklóricos, fiel reflejo por otro lado del espíritu que anima a los titulares de estas instituciones)  D. Rafael Ribó nada menos que 50 viajes a cargo del erario público en dos años.  Al parecer, como es Presidente nada menos que del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombusdman él entiende que la cosa está más que justificada y tal y como ha explicado en el Parlament, sin duda más benevolente que la opinión pública, entre otras cosas porque me imagino que los parlamentarios catalanes hacen mucho turismo político ellos también. Y porque además, como el sr. Ribó es nacionalista de toda la vida, ya se sabe que tiene patente de corso, porque siempre se puede decir (de hecho es lo que se dice) que todo sea por construir país, nación o Estado independiente. Total, que al Parlament, faltaría más, estos viajes les parecen lo más natural del mundo, y las críticas -siempre bajo sordina- de los «outsiders» (incluido el PP catalán, aunque aspire a ser insider) pues ya se sabe, ataques contra el nacionalismo, nacionalismo español, troglodismo recentralizador, etc, etc. Lo de siempre, vamos.

 

Por cierto, que  a cuenta de las excursiones del sr. Ribó nos enteramos que esta venerable institución – no solo en cuanto a la nomenclatura sino también en cuanto al sistema feudal, ya saben, el señor manda y protege a los vasallos, que le pagan a cambio de esa protección- tiene adjudicado un presupuesto de nada menos que 7 millones de euros, con una plantilla de  87 trabajadores.  Recuerden además que este Sindic forma parte del glorioso “lobby” de los Defensores dispuestos a defenderse a sí mismos a toda costa como ya comentamos en este post.

 

Total, que por lo que se ve, nuestros turistas políticos también se quieren también defender de los asombrados ciudadanos que contemplan perplejos este vagabundear permanente por sitios francamente exóticos, y donde, aún dejando volar la imaginación, parece extraño que se le haya perdido nada a ningún cargo público español, catalán o de Alpedrete, aunque sea muy nacionalista y nada menos que el Sindic de Greuges. Sitios como las Bermudas o Zambia, por ejemplo.

 

Pues lo que ocurre sencillamente es que el turismo político es otra de las corruptelas absolutamente afianzadas y consentidas en el panorama nacional, y sospecho (por las alegres fotos que ilustran estos viajes “oficiales” llenas de gente contenta) que también en el internacional. Se trata de viajar a sitios apetecibles con excusas más o menos relacionadas con el puesto oficial; claro está que el grado de éxito de la conexión depende mucho del tipo de puesto que se ostente, y del carácter más o menos viajero del cargo en cuestión o simplemente del morro que gaste. También los afortunados tienden a desplazase con la Corte, es decir, con los asesores (que pueden felizmente coincidir con la familia, amigos o novios gracias a la libre designación) por aquello de que viajar solo no es tan  agradable; eso cuando no viajan además con todos sus guardaespaldas. En el caso del Sindic, parece que su jefa de gabinete es también -por una sin duda feliz coincidencia- su pareja, así que todo queda en casa y la economía doméstica no se resiente por tanto deambular.

 

Por otro lado, habida cuenta del tiempo que exigen estos desplazamientos, dado que se viaja mucho y a sitios muy lejanos, parece también evidente que no se tiene mucho trabajo en el despacho de origen. Lo que, por cierto,  no parece tener consecuencias en la dimensión de la plantilla, ni en el presupuesto ni en nada. Ah, pero es que nuestros turistas políticos “hacen país” y ya sabemos que eso no se puede recortar. En realidad, esto no tiene precio, como los pinganillos de sus Señorías en el Senado, porque ya se sabe que ni las lenguas, ni el país sea cual sea, ni los sentimientos los tienen. Lástima que los billetes, hoteles, comidas y demás sí que lo tengan.  Y lo más gracioso es que muchos de estos turistas oficiales no hablan no ya la lengua del lugar de destino (normal, teniendo en cuenta la variedad y la cantidad) sino ni siquiera un inglés de andar por casa, más conocido como “international english”. Lo que me imagino que debe de dificultar un tanto la parte “oficial” del trabajo, aunque puede que ni siquiera. Son muchos los turistas políticos que no abren la boca en las «reuniones-excusa», suponiendo que acudan, que es mucho suponer.

 

Bueno, y para que esto no parezca también un post turístico (aunque esté modestamente escrito desde mi casa) terminaremos con la nota jurídica. Esto de viajar a costa del erario público se denomina, en lenguaje administrativo, indemnización por razón del servicio, al menos en la Administración General del  Estado, y está regulado en el RD 462 462/2002 de 4 de mayo cuyo artículo 3 define las comisiones de servicio con derecho a indemnización como los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en el artículo anterior y que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial, entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, salvo que, de forma expresa y según la legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en término municipal distinto al correspondiente a dicho puesto de trabajo y se haga constar en la orden o pasaporte en que se designe la comisión tal circunstancia.” Detrás de este lenguaje administrativo y traducido al román paladino lo que hay es algo tan sencillo como que los viajes que se pagan con cargo al dinero de los impuestos son viajes «por razón del servicio» oficial que se presta en el organismo público donde se trabaja, y no por decisión libérrima del que viaja.

 

Ah pero ¿Quién decide si se viaja o no, o por volver a la terminología administrativa, si hay o no comisión de servicio o turismo privado? ¿Quien decide cuanto tiempo se va y cuanto se gasta? ¿Qué personas van? Esta es la madre del cordero. Pues probablemente los mismos que viajan.

 

Cierto es que las instituciones públicas solían tener, por lo menos en mis tiempos, una instrucción interna regulando estas cuestiones, es decir, qué viajes se podían hacer y por qué motivos, quien los tenía que autorizar, qué gastos se podían pasar,  qué dietas se podían cobrar, cuantas personas y en calidad de qué podían viajar. Su mera existencia implicaba una serie de controles que por lo menos disuadían un poco del turismo oficial o político, si bien es verdad que su efectividad dependía en último término de la seriedad del «controlador»  de turno. Da la sensación, visto lo visto, que como tantas otras cosas, este tipo de regulación ha caído en el olvido o directamente no se aplica.
¿Control de los gastos, y sobre todo, control de la oportunidad o el carácter oficial de los viajes? Pues a estas alturas, no les sorprenderá saber que ni lo hay ni se le espera, ya sea político o jurídico. La Intervención, si la hay, constata que ha habido un evento del tipo que sea por muy lejano que a primera vista parezca estar del objetivo del organismo público y de las  funciones de los viajeros públicos, y que la documentación esté correcta. Que el evento en cuestión sea una excusa, tenga algún objeto definido, justifique que viajen a todo trapo el cargo y su corte celestial, etc, etc, no es el problema del Interventor o del auditor. Mucho menos de los que se dedican a viajar. Es un problema solo de los ciudadanos que lo pagan de sus impuestos.

 

Las dietas a percibir, por cierto, sí están fijadas, por lo menos en la AGE y me imagino que en el resto de las Administraciones, aunque a lo mejor en este tipo de organismos tipo Sindic se las «autofijan» también en nombre de la sacrosanta autonomía que impide  al parecer exigir responsabilidades por cómo se gasta nuestro dinero. Si además hay nacionalismo de por medio, pues ya paren de contar.

 

Tengo entendido que con la austeridad han vuelto a proliferar este tipo de Instrucciones,pero deduzco que en estos años burbujiles o no han existido, o se han hecho por el mismo que iba a viajar, o simplemente se han incumplido. Es la historia de siempre, si quien las elabora es también quien viaja y quien supervisa que se cumplan, ya sabemos lo que ocurre.

 

Claro que con la que está cayendo, no es de extrañar que estos turistas con cargo al erario público prefieran explicarse ante otros turistas con cargo al erario público, ya se trate de parlamentarios o de altos cargos de Gobiernos regionales o estatales…suelen ser bastante más comprensivos que la perpleja ciudadanía que está haciendo sus numerillos para ver si se puede o no ir de vacaciones a Alicante.

¿Sacrificios humanos, responsabilidad o regeneración?

Lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos en nuestra economía nos está llenando a todos de congoja y preocupación. Quienes no somos muy duchos en la Ciencia Económica estamos, además, confusos y desconcertados porque nos da la impresión de que nos mueven fuerzas que van más allá de la lógica y que los que deberían saber de qué va la cosa no acaban de aclararse. Y a ello se añade que nuestros gobernantes también parecen desconcertados, dando una imagen de apresuramiento e improvisación (en alguna tertulia radiofónica dicen que Rajoy parece el estudiante empollón que ha sido suspendido y no sabe por qué), y que en la esfera pública se dan una serie de escándalos  (en sentido técnico, acciones que incitan al pecado) que van haciendo crecer en la población un sentimiento de indignación y rabia apenas contenidos.

En tiempos pretéritos, se consideraría que los dioses de la Economía, atrabiliarios y volubles, se habían vuelto contra nosotros y exigirían algunos sacrificios humanos para ser calmados, como aparece en el mismo Antiguo Testamento y por supuesto en multitud de culturas primitivas que, desconcertadas ante fenómenos de la naturaleza que no podían explicar, atribuían a los dioses las causas de sus penurias y pensaban que así podrían aplacarlos.

Desde luego, no parece que esta idea de sacrificio vaya a prevenirnos de desdichas, pues parece probado que a las culturas antiguas no les valió para nada. Pero en el aspecto de expiación de culpas sí puede tener un aspecto benéfico: no calmará a los dioses pero sí al ciudadano contrariado con la mezcla de escándalo y desgracia que nos está atenazando.  Por supuesto, me refiero a que quien la haya hecho, la pague: este es el sacrificio humano que es de recibo hoy en día. Y no me refiero a que “la paguen” mediante responsabilidades penales y civiles (aunque sin duda ello es imprescindible) pues está visto que esto no es suficiente, ya porque estas responsabilidades tardan mucho en llegar, perdiendo así su eficacia de prevención,  ya porque que  la “liquidez” del Derecho actual, de que hablaba Bauman, nos hace sospechar que muchas veces la cosa puede acabar en nada. Lo que quiero decir es que la la ley se revela muchas veces impotente para obtener resultados cuando no hay un tejido de normas sociales que apoya su cumplimiento, del mismo modo que para que funcione la enseñanza no basta meter dinero en las escuelas (les recomiendo al efecto la película “El profesor Lahzar”). Además, y también en este blog lo hemos dicho varias veces, hay muchas cosas que no entran dentro de la letra del Código civil o penal, pero que deberían ser inaceptables. 

Y es que en este país, en este sentido, nunca pasa nada: el presidente del Tribunal Supremo se va de viaje a nuestra costa; el yerno del Rey se forra también a nuestra costa, a Botín le perdonan unas cuentecitas en el extranjero, hay numerosos banqueros que hunden entidades financieras y se van a su casa tan tranquilos (e incluso con el bolsillo bien forrado) y aquí nadie pide perdón ni se le cae la cara de vergüenza, ni dimite, ni se le coloca el sambenito (prenda utilizada originalmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento por sus pecados), ni siquiera es condenado al ostracismo social, o sus hijos se cambian el apellido por la presión escolar, o sus cónyuges les abandonan escandalizados.

Todos sabemos que en otros tiempos no muy lejanos, el incumplimiento del deber llevaba a tremendas consecuencias, no necesariamente legales: los samuráis procedían al suicidio ritual en caso del incumplimiento del bushido o código del honor; mancillar el nombre de un caballero antiguo suponía un duelo a muerte o primera sangre; la dignidad de los honrados comerciantes se veía comprometida si dejaba de de pagar una letra de cambio; no se veía mal por Calderón de la Barca dar muerte a quien comprometía la pureza de nuestras hijas. Y por supuesto, silbar el himno nacional podía producir disturbios públicos.

¿Qué ha pasado aquí, que no hay honor ni vergüenza, ni despecho ni sambenito? Javier Gomá, filósofo y hermano del que suscribe y de otro editor de este blog, mantiene en su libro “Ejemplaridad Pública” interesantes tesis al respecto que ha prometido aplicarnos al caso en un futuro post. En síntesis, sostiene que la lucha durante los últimos tres siglos del hombre occidental por la liberación individual de la opresión -ideológica, social, cultural, económica- ha sido una causa dignísima y se ha conseguido, dado que son pocas hoy los condicionamientos morales a los que está sometido el hombre (por mucho que los artistas quieran siempre trasgredir, ya está todo trasgredido). Pero eso no significa que haya obtenido una verdadera emancipación moral, que es preciso buscar. En lo que a nosotros nos concierne, dice que los políticos tienen dos maneras de influir sobre la sociedad: lo que ellos hacen y lo que ellos son. Lo que ellos hacen son leyes coactivas capaces de transformar la realidad, pero lo que ellos son es a menudo mucho más importante, porque son ejemplos que tienen mucha influencia en nuestra vida, nuestra hacienda y nuestra libertad y se convierten en una fuente de moralidad social. El ejemplo de las personas que ocupan posiciones de poder puede ser extremadamente vertebradora o desvertebradora de la sociedad, y cuando los políticos son ejemplos de un estilo de vida vulgar y no ejemplar, se produce un efecto desmoralizador sobre la sociedad. Lo peor es que los políticos sólo encuentran cómo solución aprobar más y más leyes, es decir, más coacción, con lo cual la falta de ejemplaridad de sus conductas acaba produciendo un exceso de legislación para remediar la corrupción que ellos mismos han generado. Véase aquí una reflexión suya sobre la dicotomía respeto a la ley-vida privada.

Seguramente el fraternal filósofo tendrá a bien desarrollarnos estas ideas y afearme lo mal que las he resumido. Pero de momento yo me pregunto, hasta que venga la nueva moral, ¿qué hacemos? Porque ahora no tenemos ni la nueva ni la antigua: la posmodernidad nos ha llevado a prescindir de las “ataduras” morales  (algunas muy bien eliminadas) que a modo de rienda socializaban al individuo disciplinando la esfera privada. El complejo de culpa ha pasado a mejor vida de manera que si una cosa no está en el Código penal es lícita y, aunque sea antiestética, la sociedad parece mirar hacia otro lado. Porque, seamos sinceros, la tolerancia que tenemos en este país a la defraudación fiscal (“¿con IVA o sin IVA?”), la indolencia (¿es que la gente no viene desayunada de casa?), la informalidad (“certifica, que ya firmaremos el acta”), la impuntualidad (“quedamos de 10 a 10.30”), el poco respeto a los derechos de los demás (“quisiera poner la casa a nombre de mi tía porque es posible que me embarguen”), el daño al patrimonio común (“el graffiti es una expresión artística”), la falta de respeto al descanso de los otros (la fiesta en la calle hasta las 4 de la mañana), la ineficacia (el mítico “vuelva usted mañana”), la picaresca (Pedrosa copia en el examen de Patrón de Yate y sigue siendo un héroe) y tantas otras cosas son el caldo de cultivo donde nacen las corrupciones políticas y, en un proceso de retroalimentación, la actuación de los políticos es la que marca los límites de lo correcto e incorrecto para la ciudadanía.  Y todo ello tiene un denominador común: la anteposición de lo individual y propio a lo ajeno o colectivo, cuando es lo contrario lo que debería ser considerado un valor.

El otro día el torero Julio Aparicio, haciendo gala de “vergüenza torera”, se cortó la coleta después de una faena muy mala. Los toros tienen de por sí algo anacrónico y tampoco sé las interioridades de la anécdota, pero me gustó el hecho. Seguramente no es cuestión de volver al pasado y pedir que nuestros políticos se claven el tânto en la barriga cuando incumplan con su deber, pero lo que es claro es que urge regenerar el código social de lo bueno y de lo malo, como base de un verdadero Estado democrático y de Derecho. Porque no debemos quedarnos solo con las responsabilidades. Ni volver a los sacrificios humanos.

 

Hans en España

Nuestro amigo Hans se levanta, como cada día, a las 6 de la mañana en su modesto apartamento situado en un barrio de edificios bajos próximo a la zona portuaria de Hamburgo. Antes de dirigirse a la industria naval en la que trabaja, desayuna con el telediario matinero de la RTL y echa un rápido vistazo a la prensa local. “No puedo quejarme. Con tanto desastre en el mundo, Alemania va bien” piensa, mientras la televisión, tras una sonora loa a la Sra. Merkel, le somete a su dosis diaria de ininteligibles datos sobre el euro, el sistema financiero, las primas de riesgo y los deberes por hacer de esos latosos vecinos del sur que parecen dedicarse todo el día al ocio mientras él ajusta tornillos en buques que pronto conocerán las gélidas aguas del mar del Norte. ¿Pero qué le pasa a esa gente? ¿No les gusta trabajar? ¿Están viviendo a costa nuestra? …. son las preguntas que le martillean la mente mientras se dirige en su automóvil a cumplir su jornada laboral.

 

Pero Hans esconde un secreto. Hace unos días, buceando en internet, ha conseguido unos billetes a un precio baratísimo en una compañía “low cost” para viajar a Mallorca con toda su familia, y así poder disfrutar de unas merecidas vacaciones de una semana de duración, dedicadas básicamente al sol y a la playa. Hans y su familia no conocen las islas Baleares, pero algunos amigos de la fábrica, y los vecinos del apartamento situado justo encima de su casa, les han hablado maravillas de esas interminables jornadas con una enorme jarra de cerveza en la mano bajo un sol abrasador, ese mismo sol que en Hamburgo resulta más difícil de pillar que un premio gordo de la lotería.

 

Y, pasadas unas semanas, llega el gran día. Tras el barullo doméstico habitual, maletas, esposa, niños, perro,…. todo embarcado en un vuelo de Air Berlin, repleto de rubios albinos ávidos de apropiarse de unos cuantos rayos del astro rey, con destino a Palma de Mallorca. “¿Cómo será ese extraño país poblado por gente tan ruidosa, juerguista y poco trabajadora, según nos cuentan en la tele?”… se pregunta Hans, espoleado por el incesante interrogatorio de sus hijos pequeños. Pronto van a despejarse todas sus dudas. Su avión aterriza en un aeropuerto moderno y enorme, bastante mayor que el de su Hamburgo natal, repleto de gente acelerada que llega o se marcha, y provisto de innumerables “fingers”, cintas transportadoras, pantallas y todo tipo de avances aeroportuarios. Tras colocar familia, perro y equipaje en un moderno autobús, dotado con todas las comodidades imaginables, llega a la ciudad por una impecable autopista de tres carriles por cada sentido, perfectamente señalizada con paneles electrónicos. A los lados de su autocar circulan, a toda velocidad, vehículos de las mejores marcas conocidas: BMW, Mercedes, Audi, varios Porsche…. La ciudad parece recibirles con sus mejores galas, pese a la crisis económica que dicen golpea duramente al país. Largas filas de gente por las aceras, bares llenos de ruidosos comensales, terrazas repletas de turistas y nacionales consumiendo múltiples bebidas al sol, tiendas con las mejores marcas de ropa abiertas por doquier… Y, por fin, la playa… enorme, tentadora, con un mar azul en el que se refrescan en ese momento cientos de personas….

 

Y Hans, con los ojos saliéndosele de sus órbitas, le dice a su mujer que no entiende nada. ¿De verdad estamos en España?, ¿son éstos los que no nos pagan sus deudas?, ¿los que nos piden dinero un día sí y otro también?, ¿los que dice Frau Merkel que gastan mucho más de lo que ingresan?…. No puede ser…. Pero si aquí viven de cine! Mucho mejor que nosotros! Pero vaya caradura tiene esta gente!

 

Este breve relato ficticio es una parábola explicativa de lo que muchos europeos, y otros ciudadanos extranjeros, pueden estar pensando, en los últimos tiempos, sobre España y los españoles. Tenemos que reconocer, a pesar de que consideremos que el nuestro es un gran país, y tengamos la certeza de que en él habitan muchas personas serias, trabajadoras, emprendedoras y responsables, que llevamos un tiempo ya prolongado transmitiendo al exterior la idea machacona de que formamos parte de los “morosos vividores” de esa gran Comunidad de propietarios llamada Europa. Muchos ciudadanos europeos piensan de nosotros que somos ese vecino vago y molesto, que paga tarde y mal las cuotas de la Comunidad, mientras tiene aparcado un deportivo en el parking del edificio y sale ruidosamente a tomar cañas todas las noches con sus amigotes. Y esa imagen, ciertamente distorsionada pero fundamentada en datos económicos irrefutables de los últimos años, la tenemos que cambiar urgentemente.

 

Estoy convencido de que en España se han hecho muchas cosas mal, y otras aun peor, pero también de que es un país mucho más importante, más serio y con más potencial que la imagen que estamos transmitiendo por ahí. Y, desde luego, con una población de base infinitamente superior, en esfuerzo, formación, tesón, capacidad de trabajo y valía que su mediocre clase política. En un mundo dominado por la imagen y los medios de comunicación, nos corresponde a todos los españoles, empezando por nuestros políticos, hacer un esfuerzo para transmitir al exterior la imagen de que, a pesar de nuestro clima que incita al ocio y al bullicio callejero, nuestras modernas infraestructuras en buena parte financiadas por Europa, nuestra fama de perezosos, y nuestra nada discreta forma de vida, no somos los gorrones y los golfos de la vecindad europea. En definitiva, de que la inmensa mayoría de los españoles somos gente seria y trabajadora, de que no pretendemos robarles su dinero, y de que pueden fiarse de nosotros y de los compromisos que asumimos con ellos.

 

Nuestra imagen exterior tiene mucha más importancia de lo que parece en todos los problemas que nos asolan en los últimos tiempos. Incluso más, yo diría, que bastantes cifras macroeconómicas aisladamente consideradas. El alza imparable de la prima de riesgo española, los altos intereses que tenemos que pagar por financiarnos en el exterior, la rigidez de los ajustes que nos exigen para reducir el déficit, las suspicacias sobre la salud de nuestro sistema financiero, los recurrentes rumores sobre nuestra salida del euro o nuestra intervención por la Unión Europea…. Todo ello esta tremendamente condicionado por la visión negativa y desconfiada que nuestros socios europeos, y otros países relevantes en la economía mundial, tienen sobre nosotros. Si no cambiamos pronto esa imagen, por mucho dinero que inyectemos en Bankia o en la próxima entidad o administración en pasar por quirófano, pronto seremos un país muerto. Y esta vez será de verdad y para mucho tiempo.

 

Cuatro ideas absurdas sobre regeneración y autoestima

Saldremos, sin duda, pero tan importante como el cuándo, es el de qué manera lo hagamos. Me refiero, por supuesto, a esta crisis, que  no solamente es económica, sino política, social y ética. Y también emocional. En estos momentos los españoles tenemos la sensación de estar siendo señalados por un fantasmal dedo acusador; de ser culpables. Su comportamiento ha sido profundamente erróneo, nos dicen, y la solución le vendrá dada de fuera, haciendo los sacrificios que le sean indicados. Usted no puede influir en su propia cura.

 

Es todo lo contrario, sin embargo. La tarea que los españoles tenemos por delante es ingente: regenerar nuestro sistema político, a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Y lo primero es reflexionar, no solamente criticando lo mucho que hay de criticable en el pasado y el presente, cosa que hacemos con frecuencia en este blog (este mismo domingo, la coeditora Elisa de la Nuez se preguntaba si todavía era posible la regeneración de nuestras instituciones), sino también proponiendo soluciones para el futuro. Hace unos días “tuiteaba” el periodista Antón Losada: “Yo es que ya me he cansado de buscar culpables. Estoy más en buscar soluciones”. Creo en esa tarea y dedico tiempo a la reflexión, si bien en mi modestia únicamente pueda ofrecerles una serie de ideas absurdas –en el tercer sentido de la RAE, “chocantes”, aunque admito que también lo sean en el más usual-. Estoy convencido de que usted, amable lector, tiene muchas más y de mejor utilidad. La caja de comentarios está esperándole.

 

Una.- Bankia es un desastre económico, pero es asimismo un pésimo ejemplo ético ¿Qué ha de pasar para que se investigue políticamente? El PP se niega a hacer lo mínimo, como es crear una comisión parlamentaria de investigación, con una argumentación que me siento incapaz de adjetivar: “no conviene” ¿No conviene? ¿Y qué, si fuera cierto, que no lo es? No conviene, ¿a quién? ¿A los que han cometido presuntamente delitos de todos los colores, a la sombra de los partidos y los sindicatos? ¿A políticos amigos del poder actual y del anterior? Porque desde luego a usted y a mí, anónimo inversor en Bankia, cuenta correntista, o simple señor que pasaba por ahí y dado que vamos a tener que copagar el agujero impresentable de la entidad, sí nos conviene. De hecho, nuestra autoestima lo necesita urgentemente.

 

Hay que atajar esta frustración: se podría investigar la posibilidad de utilizar la iniciativa legislativa popular (500.000 firmas) para modificar los reglamentos de las Cámaras en el sentido de que en el caso de que un número concreto de ciudadanos lo solicitara, se constituyera obligatoriamente una comisión.  No creo que la redacción del art. 76 de la Constitución fuera un obstáculo para ello. Y ya puestos, que en la comisión participara obligatoriamente un representante de los promotores. La petición de comisión podría efectuarse muchas veces directamente vía Internet y certificado de firma electrónica.

 

No estoy de acuerdo con el eslógan de no nos representan, los partidos y políticos lo hacen y es una de las bases de la democracia, pero la representación no significa impunidad, sino controles externos y efectivos, rendición de cuentas y consecuencias en su caso. Con el bloqueo de los mecanismos de control, los partidos quieren lo bueno (el poder) pero no lo malo (la responsabilidad que tiene que conllevar si no quiere convertirse en poder injusto e intolerable).  Es en estos casos cuando tenemos que decir: en este tema no hace falta que me represente, ya lo hago yo mismo. E indagar caminos para ello.

 

Dos.- Ah, el periodismo, el cuarto poder, que ha de controlar a los otros tres, barrera frente al Poder. Qué bellas palabras, pero cuando un político convoca una rueda de prensa sin preguntas… allí están todos para tomar apuntes y transcribir el mensaje precocinado del portavoz de turno.  Eso no es informar, es servir de vehículo transmisor a la publicidad del emisor y a la mayor gloria de éste. En estos momentos hay, parece, un tibio movimiento entre los medios para no aceptarlo (en twitter bajo el hastag #sinpreguntasnocobertura), y hacen reuniones entre ellos. Lo que resulta llamativo es que sea tan complicado, y que entiendan que haga falta ponerse de acuerdo en un asunto como éste, que es de transparencia y del derecho a ser informado, pero sobre todo es una cuestión de dignidad. No es preciso ningún consenso. Un periódico, una radio o una TV puede sin más no ir a este tipo de mítines, hagan lo que hagan los demás. Para animarles a dar este paso, propongo que cualquier reseña en una web de una comparecencia de este tipo se inunde de mensajes de los internautas, con un mensaje del tipo: No preguntas, no lectores (hasta podría ser otro hastag, #nopreguntasnolectores). Cuando un político sabe que va a ser objeto de escrutinio, lógicamente ha de esforzarse más, conocer mejor el asunto, en definitiva y sencillamente trabajar mejor. No es lo mismo ir a un examen oral que dar una amable conferencia.

 

A mí me gustaría ver en ciertas ruedas de prensa importantes no a los becarios de turno, sino a Pedro J. Ramírez, Carlos Francino y Ana Pastor, por dar tres nombres. Gente con personalidad, conocimientos y su propia trayectoria, con la que se puede coincidir o no. No se trata de poner en aprietos a los políticos por deporte, se trata de controlarles de cerca y que sientan ese control. Las tertulias y similares les resbalan completamente. Si un periodista súper mediático hace una pregunta en una rueda de prensa, aparece en todas las televisiones, si la hace el sr./sra. García, pasa lo que pasa.

 

También sería magnífico que los artículos y los periodistas tuvieran el nivel intelectual, la independencia y la visión ética que muestra este artículo de ese extraordinario blog que es Politikon. Asistimos en ocasiones a un periodismo de trinchera (combativo y propagandístico) o de tranchette (insípido y plasticoso). Fuentes como ese blog, o Nada es Gratis, ofrecen calidad y sensatez, se esté de acuerdo o -mejor aún incluso- se discrepe. No hay un menú del día a la hora de elegir información, sino una amplia carta. La dieta depende de nosotros. Quédense con esta frase del artículo enlazado: «Personalmente, pienso que los intelectuales, los académicos, los periodistas que deciden contar las cosas de una u otra forma y a quien dan o dejan de dar voz y de forma general cualquier persona con influencia tienen una responsabilidad (moral) de usar esa posición adecuadamente«. No sabría decirlo mejor. Todos tenemos responsabilidad moral en nuestro ámbito de influencia, grande o pequeño.

 

Tres.- Leo hace unos meses que jubilados alemanes están dando clases gratis de alemán a españoles, por mero sentido de la solidaridad.  Nosotros no somos peores que ellos. Sabemos ser solidarios y estoy convencido de que si nos pidieran aportar nuestro trabajo, conocimientos y tiempo para echar una mano a otras personas que lo necesitan lo haríamos. Muchos de nosotros estamos frustrados por varias razones y una de ellas es que sentimos que tenemos el deber y la capacidad para generar valor social, pero que no se nos reclama. No solamente me refiero a labores de voluntariado social, tan imprescindible, sino a formar parte de un movimiento colectivo de regeneración, aportando gratis el valor de su trabajo y haciéndolo por un ideal de mejora social.  Hay mucha gente con capacidad sobrada y con deseo de quitarse la sensación de impotencia que nos atenaza, de que no podemos hacer nada. Falta el impulso, la organización. Pero mucha gente respondería a una llamada así, estoy convencido.

 

Los bancos, después de los swap, las preferentes, los bonos convertibles, van a tardar media hora en sacar el siguiente producto trampa para el consumidor. Seguro que hay expertos que pueden hacer una labor de análisis y deconstrucción de los contratos bancarios para decir lo que son verdaderamente. Es una labor ciudadana de transparencia, porque no cabe esperar al Banco de España, al menos de momento.

 

En estos momentos se están planteando acciones judiciales, incluso penales, contra los responsables de Bankia por parte de U.P.y D, Manos Limpias, y hay un hastag en twitter muy significativo: #nurembergfinanciero. ¿Cuántos asuntos hay que necesitarían un seguimiento similar y cuántas personas necesitarían apoyo en temas como éste? Y atención que, como sabemos, las responsabilidades de los políticos y administradores de lo público no son, no pueden ser solamente penales, están las administrativas, las civiles y las mercantiles, de tipo patrimonial; será dudoso que estas responsabilidades vengan exigidas por los propios políticos,  de modo que es un campo abierto a la sociedad civil, una labor posible es orientar qué tipo de acciones pueden ejercitarse en cada momento.

 

Y cuatro.- De cualquier modo, la labor ingente que tenemos por delante y a la que me refería al principio, incluye también a nuestro propio comportamiento individual, y solamente terminará cuando hayamos aprobado el examen ético al que tenemos el deber de someternos cada uno de nosotros ¿soy una rueda o soy una rémora para la sociedad? ¿Hago bien lo que debo hacer en cada momento? ¿Qué tipo de ciudadano soy? Veintidós premios Nobel nos han recordado ayer el valor del esfuerzo personal. Quizá sea la idea más absurda y menos posmoderna de todas, pero no es la menos necesaria.