Que nos intervengan ¡pero ya!

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Si no sube la recaudación, peligra el pago de nóminas”, Montoro dixit. Luego va a haber problemas para pagar nuestras nóminas porque parece complicado que puedan exprimirnos un poco más.

 

Soy funcionaria del grupo A1, Abogado del Estado para dar más datos. Y les voy a contar porqué no me uno ni a la huelga ni a las concentraciones diarias que los funcionarios vienen realizando puntualmente a las 12 del mediodía. No me uno a ellos, no porque no esté indignada- que lo estoy, y mucho, y luego les contaré por qué- sino porque: 1) no va a servir para nada (salvo para que a alguno le dé un desmayo); y 2) porque así no se sale del agujero en el que está el país.

 

No va a servir para nada porque estamos al borde del abismo, o sea, de que nos intervengan (si no estamos ya intervenidos de facto). Ello significa que son necesarias estas medidas y muchas más. Y no me uno porque, como les decía, así no se sale del agujero. Se sale trabajando más, siendo más productivos y más eficientes.

 

Cuando digo “trabajando más” no me malinterpreten. Hay que trabajar, simplemente, lo que está estipulado: 37,5 horas semanales, por ejemplo. Funcionarios hay muchos, y muy buenos y muy mal pagados. Hay funcionarios que no agotan su período vacacional por razones del servicio, que no disfrutan de los moscosos, que trabajan los fines de semana y que prolongan su jornada de trabajo más allá de lo previsto legalmente. Pero también los hay que trabajan una media de 25-30 horas semanales, los hay que sistemáticamente los viernes no van a trabajar y quienes habitualmente llegan a su puesto de trabajo pasadas las 10  de la mañana, o incluso más tarde. Esto no me lo han contado, sino que lo he visto yo. Y cuando hablo de “funcionarios” estoy incluyendo, por ejemplo, a jueces y fiscales.

 

Ahora es cuando paso a contarles porqué estoy indignada.

 

Estoy indignada porque el Gobierno ha ido a lo más fácil, a incrementar (o intentar incrementar, que lograrlo es otra cosa) los ingresos, pero sin una reducción racional  de los gastos, o sin reducirlos todo lo que sería posible.

 

Y no creo que vayan a poder incrementar los ingresos porque no es posible exprimirnos más, ni a los funcionarios ni a la clase media que, a fin de cuentas, es la que sostiene al país.  Los funcionarios (ésos a los que se puede insultar y denostar constante y gratuitamente) hemos perdido  en las últimas décadas alrededor de un 42% de poder adquisitivo, porque en la época de abundancia jamás nos subieron la nómina en consonancia con la subida del IPC. Y ahora que la abundancia se ha esfumado, lo más fácil y rápido para incrementar los ingresos es rebajarnos el sueldo, por segunda vez en dos años. Y subirnos los impuestos: el IRPF y ahora el IVA, también por segunda vez. Porque no olvidemos que, además de funcionarios, somos ciudadanos y, como tales, nos afecta, como a todos, las subidas de impuestos. Subida de impuestos, por cierto, que coexiste con una pseudo-amnistía fiscal, vergonzante para los que hemos venido pagando nuestros impuestos puntual y religiosamente.

 

Estoy indignada porque se nos haga pagar por el despilfarro  acumulado de estos últimos años

 

Estoy indignada porque se sube el IVA del 8% al 21% en productos como los pañales de los bebés, las gafas o los productos de higiene femenina. ¿No es un producto de primera necesidad comprarse unas gafas si tienes 14 dioptrías de miopía, como era mi caso? Menos mal que me operé cuando todavía me lo podía permitir. ¿No es un producto de primera necesidad comprar pañales para tu bebé?

 

Estoy indignada porque hace dos años en el seno de Fedeca se elaboró un prolijo documento con toda una serie de medidas que tenían por objeto la reducción de los gastos y el incremento de ingresos, como medias alternativas a aquel primer atraco que llevó a término el Gobierno presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero.

 

Estoy indignada porque  algunos de los que entonces participaron  en la elaboración de aquél documento ocupan ahora cargos de cierta responsabilidad en el Gobierno. ¿Y qué se les ocurre para sacar al país de lo más profundo del abismo? Oh, genial y feliz idea, ¡bajar nuevamente el sueldo a los funcionarios!. Segundo atraco, por cierto.

 

Estoy indignada porque esos mismos Señores ahora se “ofenden” ante la comprensible indignación de los que seguimos en la cosa pública, o en lo poco que queda de ella.

 

Estoy indignada porque intuyo que todo este sacrificio no va a servir para mucho. ¿Por qué? Pues porque los mercados y Europa no nos creen, y la prima de riesgo y tipos de interés siguen por las nubes; lo que supone, básicamente, que todo el recorte va a servir para seguir financiando lo que nos cuesta de más colocar nuestra deuda pública, esa deuda que tenemos que seguir emitiendo para ir haciendo frente al déficit acumulado.

 

¿Por qué no nos cree Europa? Porque somos unos tramposos, y nos hacemos trampa a nosotros mismos jugando al solitario. Hacemos trampa al elaborar los Presupuestos, al informar sobre los mismos a los posibles inversores (a los que se da una cifra de previsión de ingresos inmediatamente reducida en varios miles de millones de euros), al informar del déficit estatal y autonómico, al informar sobre la situación de nuestro sistema financiero, y al informar sobre el supuesto recorte de gastos (que no es tal); hacemos trampa cuando decimos que se está restructurando el sector público, y cuando decimos que se va a recortar el número de concejales (muchos de los cuales no cobran sueldo alguno), y cuando decimos que vamos a imponer a las Administraciones Públicas severos controles en cuanto a la estabilidad presupuestaria (controles que luego resultan inoperantes e inviables por el extraño juego de las estrategias políticas); y hacemos trampa cuando decimos que se suprimen los coches oficiales, y lo que se quita por un lado se devuelve por otro, etc, etc.

 

Ya no podemos engañar más ni a Bruselas ni a los mercados. Por eso parece que Irlanda intervenida está mejor que nosotros, Portugal intervenida tiene más éxito colocando su deuda, y que Italia, en una situación parecida a la nuestra (o peor, porque su nivel de déficit en relación con el PIB es muy superior), sin embargo, no está constantemente en el candelero (¿o era el candelabro?).

 

Por eso creo que nos deberían intervenir ya de ya. Así sí que nos iban a reducir los gastos, pero por la vía rápida. Y ni Estatutos de Autonomía, ni nacionalismos, ni sindicatos, ni intereses partidistas, ni Tribunal Constitucional, ni LOPJ, ni subvenciones, ni liberados, ni moscosos, ni pagas extras, ni nada de nada. Unos técnicos europeos, asépticos, se supone que profesionales, vestidos de negro que te ordenan: “Te corto esto, te callas y punto, vengo a salvarte, porque tú no sabes hacerlo”. Y los funcionarios que ahora protestan iban a tener motivos de verdad para protestar; si no, que les pregunten a los griegos y a los portugueses.

 

Yo, por mi parte, dejaría  de estar indignada pensando que, por fin, tendríamos exactamente lo que nos merecemos.

El problema minero en España y sus paradojas.

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Verdaderamente cuando uno contempla la actualidad española comprueba que la realidad puede superar cualquier fantasía. Un gobierno que al parecer es de derechas no hace otra cosa que subir impuestos hasta niveles escandinavos para mantener un sector público hipertrofiado, a costa de la economía productiva y de unos ciudadanos cada vez más sufridos. Y la izquierda critica esa subida de impuestos. Los papeles aparecen así invertidos respecto a la legislatura anterior, sin que ninguno de los partidos mayoritarios parezca sufrir en exceso por la evidencia de su falta de coherencia. Ese aplauso alegre, y hasta entusiasta, de la bancada popular a las nuevas medidas que violaban todas sus promesas electorales es todo un símbolo del sistema.

 

Con el problema de la minería y las movilizaciones de los mineros encontramos también bastantes aspectos paradójicos. Es evidente que la izquierda ha encontrado una bandera de la que seguramente estaba necesitada, y no parece extraño que apoye las movilizaciones de unos trabajadores que luchan por el mantenimiento de sus condiciones de trabajo amenazadas. Sin embargo una mirada más detenida nos descubre algunas anomalías. Como siempre, conviene situarse en una perspectiva histórica.

 

El mundo de las minas en España siempre ha sido peculiar. Aunque mayoritariamente deficitarias desde hace bastantes décadas, sus trabajadores han sentido tradicionalmente un fuerte espíritu colectivo de solidaridad y de combate por sus intereses, en el que se la izquierda ha querido ver reflejadas sus valores y aspiraciones. Incluso durante el franquismo, en años de fuerte represión, hubo importantes huelgas en el sector. La dictadura sabía que tenía allí un punto débil, y tal vez por eso quiso tratar de neutralizarlo con altas retribuciones. Es verdad que se trataba de un trabajo muy duro, y que casi condenaba a una muerte temprana por silicosis. Sin embargo, con el tiempo los avances técnicos y en prevención fueron mejorando esas condiciones, sin que las ventajas de los altos sueldos y las tempranas jubilaciones sufrieran por ello merma.

 

Los diversos gobiernos democráticos no quisieron alterar sustancialmente ese status, a pesar de que la apertura comercial iba haciendo al sector cada vez más deficitario. Sin embargo, sí se inició un proceso de redimensión del sector favorecido con fuertes ayudas públicas. Desde el año 1990 hasta hoy el número de mineros activos ha pasado de unos 45.000 a alrededor de 5.400. Y durante ese periodo las ayudas y subvenciones para el mantenimiento y la reconversión del sector ascendieron a unos 24.000 millones. Para darnos cuenta de la magnitud de esa cifra basta con recordar que los recortes que el 2010 hundieron la popularidad de Zapatero se quedaron en unos 15.000 millones.

 

En el curso de los acontecimientos intervino decisivamente la exigencia de la UE de que no quedaran explotaciones subsidiadas para 2019, con una reducción progresiva de las ayudas máximas permitidas. En una situación ya de clara recesión y reducción de recursos públicos, el Gobierno anterior envió a Bruselas una «hoja de ruta» negociada con los diversos agentes del sector, que trataba de apurar esas limitaciones, con un mantenimiento de las subvenciones cerca del máximo permitido. El PP, sin embargo, al llegar al poder, plantea una modificación de la hoja de ruta, con una importante reducción de las partidas presupuestarias de apoyo al sector. Y es entonces cuando se desata un conflicto con unos rasgos bastante sui generis.

 

En primer lugar no se trata de un puro «movimiento obrero» en el sentido tradicional del concepto, pues a la cabeza de la movida están también los empresarios del sector. Si en cualquier industria empleadores y empleados suelen tener intereses contrapuestos, las cosas parecen cambiar cuando la rentabilidad de la actividad está basada en la captación de subvenciones públicas. Los intereses, entonces, se hacen coincidentes. Si, por una parte, los trabajadores han gozado de salarios altos y jubilaciones privilegiadas, se dice que, por otra, por ejemplo, el mayor empresario del sector ha recibido alrededor de 2.000 millones en subvenciones.

 

El alcance de esas ayudas para el mantenimiento de ese sector no parece estar fundado en racionalidad económica alguna. Si en 2011 alcanzaban unos 855 millones, un sencillo cálculo matemático no da unos gastos de unos 157.400 € por cada puesto de trabajo de minero. Una cifra obviamente superior a sus retribuciones reales. Y tampoco se reduce tanto dicha cifra con las citadas modificaciones en presupuestos.

 

Sin embargo, esa clara «discriminación positiva» de este sector respecto de otros, al ser privilegiado por ingentes ayudas públicas, no ha disuadido a gran parte de la izquierda a irse de “marcha negra”. Incluyendo, por supuesto a famosos personajes siempre dispuestos a desplegar pancartas en defensa de subvenciones propias y ajenas.

 

En ese movimiento izquierdista están también muchos ecologistas, a pesar de que el producto de esa actividad, el carbón, es una fuente térmica altamente contaminante, causante de lluvia ácida, y con efectos contrarios a los propugnados por los defensores de energías alternativas. Es como si Greenpeace se manifiesta contra el cierre de las factorías balleneras.

 

Hay otro apunte histórico interesante. Los planes de reciclado de esa actividad económica que buscaban el objetivo de que nuevas industrias sustitutorias se establecieran en esas localidades minerasnhan resultado en general un completo fracaso. Lo cual, si se piensa un poco, era perfectamente previsible. No parece que una zona con mano de obra acostumbrada a altos salarios, de tradición reivindicativa y no especialmente cualificada sea lo que más pueda atraer a inversores y emprendedores. Puede gustar o no, pero así funciona un libre mercado de capitales.

 

Lo que nos lleva a plantearnos cuál puede ser el futuro de las zonas mineras. En países mucho más ricos que el nuestro es habitual la imagen de pueblos abandonados en antiguas zonas mineras. Prueba de que la dificultad de adaptar éstas a nuevas actividades económicas no sólo existen aquí. Sin embargo, desde hace mucho tiempo en España está extendida la convicción de que la Administración, es decir los contribuyentes, tienen la responsabilidad de conseguir ese casi imposible.

 

También en este ámbito se quiere jugar con una idea hipertrofiada del concepto de derechos adquiridos. A partir de ella, el empeño de los mineros en mantener su estatus es perfectamente comprensible. Hace muy poco leí un tweet en que una aguda e ingeniosa autora decía comprender perfectamente su lucha, pues ella misma «por ese sueldo y es jubilación, mataría». Lo que no se comprende tan bien es que la defensa de una posición tan privilegiada como antieconómica dentro de una actividad contaminante y sin futuro, y en una situación de crisis generalizada y de escasez de recursos públicos, haya sido asumida con ese entusiasmo por gran parte de la izquierda. Probablemente los antiguos clichés sentimentales de las épicas luchas obreras históricas tengan mucho que ver en eso.

 

No quiero concluir sin plantear un problema juridico-económico de calado. Al anterior Presidente se le han reprochado, con fundamento, los vaivenes en sus políticas de apoyo a las energías renovables. Concretamente, los cambios legislativos respecto a las llamadas granjas solares. En un momento dado los responsables se dieron cuenta de la equivocación y el derroche de recursos que suponía la regulación existente, y procedieron a cambiarla incluso con efecto retroactivo. Se ha dicho que el daño que ello supuso, no sólo a los inversores sino también a la confianza y a la imagen del país como destino seguro de futuras iniciativas empresariales, fue bastante mayor que el que se trataba de paliar. Pues, efectivamente, la estabilidad de los marcos regulatorios, de las reglas del juego, y en definitiva la seguridad jurídica, son valores imprescindible en cualquier país que quiera asegurarse un futuro en esta economía globalizada.

 

Ese mismo argumento se está utilizando con el problema minero. Aunque es cierto que la llamada hoja de ruta no tenía el mismo valor normativo, también lo es que las expectativas suscitadas han podido ser determinantes para inversiones realizadas en este sector. Frente a ello, se ha dicho que no es lo mismo el impulso a un sector con futuro que a otro casi condenado, que la alta dependencia se subvenciones públicas ya suponía un factor de riesgo que debía haber sido asumido por los inversores, y que los errores de políticas que supongan altos costes a los contribuyentes no pueden pesar como una losa que impida su rectificación. A pesar de esas razones, no deja de haber muchas semejanzas entre ambas situaciones. Dejo sin más este problema planteado a nuestros inteligentes lectores.

 

La Carta Abierta al Presidente del Gobierno por la Reconversión del Estado.

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En este blog han sido innumerables los llamamientos que muy diversos autores han hecho para una mayor madurez y la consiguiente participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Como dijo Napoleón respecto a la guerra y los generales, las cuestiones de interés general son demasiado importantes para dejarlas totalmente en manos de los políticos. Esta regla general se hace especialmente necesaria en momentos críticos de profunda crisis económica e institucional, como le ocurre ahora a España. Máxime cuando la clase política se está configurando como una oligarquía demasiadas veces más atenta a sus propios intereses que a los de la nación, y por ello renuente a cualquier reforma que pudiera cuestionar su estatus dentro del sistema.

 

Este mismo domingo, Elisa de la Nuez, recogiendo también ideas de Alberto Gil, nos daba algunas pistas sobre iniciativas que se podrían desarrollar, y los instrumentos a utilizar. Una iniciativa de ese tipo es la que está desde hace pocos días en la red, la carta abierta al Presidente del Gobierno para una Reconversión del Estado (www.reconversion.es), promovida por  varias importantes personalidades de muy diferentes ideologías, y para la que se solicitan adhesiones individuales.

 

Se puede o no estar de acuerdo con el contenido. Pero lo que no es de recibo es ese manto de silencio que, a pesar de la relevancia de los promotores, la mayoría de los medios de comunicación han echado sobre esta iniciativa.

 

Que una clase política partitocrática con tendencia al autismo y a una miope defensa de su condición haya recibido la iniciativa con hostilidad, incluso a veces sobreactuada  puede ser comprensible. Pero que además se ejerzan presiones sobre los medios para que ejerzan esa especie de censura  consistente es el ostracismo informativo resulta intolerable.

 

Esta misma semana Ramón Marcos nos hablaba de la excesiva dependencia entre Administración y empresas, y cómo ganarse apoyos políticos era una práctica habitual para hacer negocios. No queremos pensar que esto les esté ocurriendo también a algunos medios que están pasando apuros económicos, máxime con tanto banco nacionalizado al que se puede acudir en busca de crédito.

 

Tales presiones, sin embargo, no van a ser suficientes. Si en otros tiempos las diversas formas de censura se burlaban con publicaciones clandestinas, ahora este bloqueo se va a eludir con esas potentes armas que las nuevas tecnologías han puesto al alcance casi de cualquiera. Efectivamente, parece que contra viento y marea las adhesiones al manifiesto, gracias a internet y a las redes sociales, continúan de forma creciente.

 

Hoy, no sin advertir que, aunque no he tenido nada que ver con su génesis, yo sí he expresado mi adhesión, me voy a permitir el invitarles a leer el manifiesto. Y, si y solo si están conformes con su exposición y objetivos, les pido también que se adhieran. E incluso, aunque no estuvieran de acuerdo, y como forma de rebeldía social frente a este intento de manipulación del poder político y de los medios a él sumisos, les voy además a sugerir que lo difundan.

 

No falta quien manifiesta reservas por antipatías personales con alguno de los promotores. Frente a ese argumento, creo que lo importante es el contenido y los fines declarados. Otros han aludido al hecho de que entre los promotores hay personas que han formado parte de ese establishment que tan a la defensiva está reaccionando. Pero yo creo que es precisamente la existencia de tales disidentes la mejor prueba de la necesidad de las reformas que se proponen. Sin duda ese elemento «quintacolumnista» puede ser determinante para el éxito de la iniciativa.

 

Como nos ha recordado esta semana Fernando Savater  citando a Paolo Flores d’Arcais, «la ciudadanía no es un derecho adquirido en el que reposar, sino una permanente exigencia de militancia… lo cual contraviene nuestros tiempos abúlicos, en los que muchos despotrican pero pocos están dispuestos a sacrificar algo de su comodidad en informarse a fondo y reunirse con otros para reivindicar los cambios necesarios».

 

Es preciso que la decepción e incluso la legítima indignación de tantos ciudadanos no les lleve a un fatalismo resignado, sino que pueda traducirse en acciones colectivas, como la referida en este post, que tengan una posibilidad de influir de verdad. Como decía el artículo de Francisco Sosa Wagner publicado también esta semana en El Mundo, que los pocos solistas que hoy tararean se conviertan en un coro que inunde el escenario.

Palos de ciego

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Atrapados por la desconfianza. Atenazados por el miedo. Nos sentimos observados, en el ojo mismo de un huracán que puede arrancarnos con fuerza de un sueño irreal. Hoy Europa a pesar de sus múltiples problemas, no es el problema, es España. Sin la Unión no hay solución. No es la enemiga ni tampoco quién pende sobre nosotros una espada damocliana insensible e imperturbable. Hemos perdido todo atisbo de confianza. No somos serios, previsibles ni tampoco capaces de adoptar las reformas necesarias y contumaces que corten la hemorragia y empiecen a cauterizar. Donde hoy digo una cosa, mañana la desdigo, donde un real decreto regula apresuradamente una reforma a las semanas otro enmienda la plana, el contenido y el criterio. No había plan B en la oposición. La imprevisión, la superación, el desbordamiento y el criticar a otros y no a nosotros mismos, henchidos de soberbia y vanidad, no hacen sino que perdamos energía en lo verdaderamente importante y nos distraigamos en superficialidades y cortinas de humo que tanto gustan a los políticos, llámese Gibraltar, llámese respeto e himno oficial.

 

La Unión Europea, Bruselas, no doblega por el momento, nos hace pagar una contrición seria, rigurosa y efectiva. El Banco Central se niega a comprar deuda. Todo está calculado. No tienen prisa por el momento. Saben medir el riesgo. No es que el euro se la juegue en España e Italia como asevera el ministro, es que España se la juega si sale del euro, retrotrayéndonos a una autarquía en blanco y negro, a una devaluación del todo y por el todo y a un empeoramiento drástico del nivel de vida, del estado de bienestar y de las oportunidades. Cortocircuiteados los mercados, endeudadas familias y empresas, arrostrada toda competitividad, fuera del euro y al margen de la Unión, el futuro no es sombrío, es negro.

 

Nadie nos va a regalar nada. No tenemos peso para imponer políticamente nada en la Unión Europea. Y lo que pide España a medio camino de unas reformas insuficientes y que están empezando a ser criticadas desde Bruselas, con el serio correctivo y enmienda que supone para el gobierno Rajoy, quién una y otra vez adelanta y explica sus reformas fuera pero no dentro, no es aceptado. Quieren más. Exigen más. Son los financiadores netos del falso milagro español de la década del 2000.  Más allá de la sonrisa de cada reunión, del gesto y de la foto, lo que se negocia y se muñe entre bastidores es lo que se le impone a España. Nos invitan a última hora a cumbres bilaterales para los que no contábamos previamente y aquí sacamos pecho, pero todo es distraimiento y en suma buena labor del gabinete de presidencia que hace lo indecible para que aparentemos estar aun no estando. De nada sirven viajes a Berlín y a Washington. La suerte está echada.

 

España pide, deplora, suplica la intervención del Banco Central Europeo, la inyección multimillonaria de compra de deuda pública para bajar la prima de riesgo. Pero Bruselas no asiente, y el Banco Central insiste en no hacerlo. Ya lo hizo el verano pasado cuando el drama era inminente. Somos demasiado grandes para caer y que nos dejen caer, no por nosotros, sino porque significaría para euro, pero también nos harán y hacen expiar nuestros propios pecados.

 

Cada palo debe aguantar su vela. Jugamos a ser nuevos ricos, jugamos al derroche, al privilegio, al abuso, al dislate, a la soberbia que el dinero da y la vanidad rubrica. Y la partida de acabó. Y hemos perdido, pero podemos perder mucho más. Lo inminente es la intervención drástica del mercado financiero. Todo ha fallado, estrepitosamente, sobre todo, el mercado bancario y del crédito. Es vergonzoso lo que ha pasado, como estridente los silencios políticos y la ausencia de explicaciones coherentes, la no exigencia de responsabilidad y la inseguridad jurídica que una y otra vez ofrecemos como espectáculo bochornoso. La borrachera de optimismo y de gasto lo inundó todo, lo desreguló casi todo y todos nos creímos, egoístas y hedonistas, poseídos por el halo de los milagros económicos. Nos condujeron al abismo y lo permitimos, aplaudimos abúlicos de crítica, anémicos de reflexión. Los países del norte nos pagaron nuestra orgía de infraestructuras, algunas inútiles, el dispendio autonómico y local, de otras instituciones que siguen instaladas en el abuso del privilegio del poder y el derroche protocolario con una erosión institucional y legitimatoria en España de todas y cada una de las instituciones como nunca antes se había dado.

 

Pagamos la insensatez, la irresponsabilidad, lo suntuoso de un derroche vacío, estéril. Pagamos los pecados de políticos y partidos que han mangoneado el ruedo ibérico de punta a punta, comprando adeptos, voluntades y colocando afines entre el aplauso de unos y  la envidia de otros. Y todo igual, cada palo, ya se sabe, su vela. Pagamos el hedonismo conformista de una sociedad vacua y estéril de valores, anestesiada en el egoísmo. Pero cada vez son más y mayores los umbrales de pobreza, la marginación, la desesperación. Paro, pobreza y miseria son una cruz demasiado pesada para un país noqueado, incapaz de reaccionar y sus gobernantes de tener el pulso y la firmeza decidida y seria para llevarlo a cabo. Solo con las crisis, solo ante la inminencia de lo que parece inevitable se pueden emprender cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que embriden una situación, corrijan el exceso, racionalicen los criterios y los hagan efectivos. Pero para eso hace falta liderazgo, coraje, valentía, audacia y consenso. No, no es hora para el derrotismo ni para el pesimismo, es hora para el esfuerzo, la racionalidad, la valentía y la convicción de que se puede, con sacrificio y rigor, renuncia y verdad, salir de la peor crisis que hemos conocido la generación de la democracia. Europa nos situó en la senda de la prosperidad, pero no quisimos hacer deberes ni prever el mañana. Hoy todo el esfuerzo, todo actuar y supeditación, sólo depende de lo que queramos ser y hasta donde seamos capaces de renunciar a un modelo que era tan grande como angosto, pero inalcanzable e inasumible. Se acabó la fiesta. Se acabó un sueño que sólo era eso, un sueño. El gobierno debe ya afrontar la realidad con una catarsis total dejando de dar tímidos palos de ciego que hoy incluso Bruselas censura, critica y denosta.

 

Los irreductibles adipocitos: de nuevo sobre las cuentas públicas

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Llega el verano, y con él el momento de enfrentarse a la propia imagen en traje de baño. El reflejo que nos devuelve el espejo al probarnos el bañador nos lleva, como cada año, a arrepentirnos de todos los excesos calóricos cometidos durante el invierno; excesos que hasta ahora quedaban más o menos disimulados merced a la función protectora de chaquetas y abrigos, pero que ahora se manifiestan dolorosamente.

 

La situación de nuestras cuentas públicas, en las que una menguante recaudación dificulta cada vez más el objetivo de reducción del déficit, recuerda en cierta medida a ese terrible instante en el que comprobamos como la ropa de la temporada pasada ya no nos sirve. Las cremalleras no cierran, y la única forma de abotonar ciertas prendas es dejar de respirar. Pues bien, en ambos casos solo queda una solución: adelgazar. Pero, ¿cómo adelgazar? ¿Y cómo hacerlo a la velocidad necesaria? ¿Y cómo hacerlo de forma sostenible, evitando el efecto rebote que nos lleve a recuperar casi inmediatamente los kilos tan trabajosamente perdidos?

 

El tejido graso está compuesto por células adiposas, o adipocitos, que son las responsables de almacenar en su interior la grasa que da forma a esas redondeces que tan antiestéticas resultan según los actuales cánones de belleza. Algunos estudios científicos (ver aqui)  sostienen que los seres humanos fijan el número de adipocitos de su cuerpo hacia los veinte años de edad, de manera que si bien los niños engordan y adelgazan añadiendo o eliminando adipocitos de su organismo, los adultos mantienen un número constante de adipocitos, y cuando engordan o adelgazan lo que varía es el tamaño de estos. Esta es una de las razones por las que para los adultos es más difícil controlar el “efecto rebote”, ya que por mucho que se adelgace, el número de adipocitos permanece casi constante; es decir, las células grasas siguen ahí, prestas a cumplir con su función de almacenar lípidos y, por tanto, prestas, para nuestra desesperación, a hacernos recuperar las odiadas redondeces. También por esta razón es tan importante evitar la obesidad infantil, ya que un niño obeso acumulará en su cuerpo gran cantidad de adipocitos, cantidad que quedará fijada al entrar en la edad adulta, predisponiéndole por tanto a padecer de obesidad durante el resto de su vida.

 

En España, la estructura administrativa ha superado los veinte años de edad. Solo la derivada de algunas transferencias recientes a las Comunidades Autónomas, como son las de Administración de Justicia, es más joven. Pero, en general, la actual Administración Pública puede considerarse adulta. Adulta y obesa.

 

El Gobierno, forzado por el contexto económico y las directrices establecidas por nuestros socios europeos, está acometiendo recortes en las cuentas públicas, pero se diría que en lugar de tratar de eliminar adipocitos, que como se ha señalado es lo difícil en personas adultas, tan solo los está reduciendo de tamaño. ¿Qué fue de la supresión de las Diputaciones? ¿Por qué sigue habiendo en las Comunidades Autónomas Consejerías y Direcciones Generales dedicadas a asuntos de los que supuestamente ya se ocupan o bien la Administración General del Estado o bien las Entidades Locales? ¿Por qué se ha pasado por alto sin debate alguno la propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de devolver competencias al Estado y adelgazar radicalmente las CC.AA.? ¿Hay alguien dispuesto a consultar a los ciudadanos para preguntarles si quieren que los impuestos sigan subiendo para sostener este modelo de Estado Autonómico?

 

Si para alcanzar el objetivo de déficit lo que se plantea es una reducción más o menos lineal de los presupuestos de todos los departamentos, consejerías, secretarías, etc; es posible que dicho objetivo se alcance, pero los adipocitos seguirán ahí, simplemente conteniendo su natural tendencia a acumular grasas, esperando al momento propicio para dar nuevamente rienda suelta a su naturaleza. Por consiguiente, la reducción del déficit será meramente coyuntural, y el problema estructural de una Administración ineficiente que no responde a las necesidades de los administrados no habrá sido resuelto. Habremos perdido la oportunidad de evolucionar hacia una Administración magra y eficaz. Y el problema es que la Administración obesa que tenemos es estructuralmente insostenible, porque todos los organismos y departamentos que ahora tienen que arreglarse con una parte del presupuesto que solían manejar volverán a expandirse en cuanto tengan oportunidad, dando rienda suelta a su glotonería.

 

Si realmente se desea resolver la cuestión estructural de nuestras cuentas públicas, no se trata de contener la respiración dos o tres años esperando a que la recaudación se recupere o a que nos permitan volver a endeudarnos. No se trata de reducir el presupuesto a las televisiones autonómicas, sino de venderlas o cerrarlas. No se trata de recortar determinadas subvenciones, sino de suprimirlas. No se trata de limitar el número de miembros de los parlamentos autonómicos, sino de eliminarlos, aprovechando para podar la frondosa legislación autonómica, lo cual por cierto contribuiría decididamente a recuperar la tan necesaria unidad de mercado. No se trata de reducir un porcentaje el presupuesto de los servicios de salud y de las embajadas autonómicas, sino de cerrar las segundas antes de siquiera plantearse recortar las prestaciones de los primeros.

 

Se trata, en definitiva, de lograr eso que para los niños es sencillo pero para los adultos es mucho más difícil: eliminar adipocitos para que no vuelvan a engordar y no tengamos que horrorizarnos nuevamente frente al espejo el próximo verano.

Crisis financiera y Derecho penal

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Cuando se habla de la crisis financiera internacional desde la perspectiva del Derecho penal no parece haber término medio: para unos, se trata de una crisis sistémica en la que los tribunales penales nada tienen que decir; para otros, se trata ni más ni menos que de criminalidad organizada a nivel global. En realidad, lo cierto es que no resulta nada fácil sostener de modo general la subsunción de los hitos más significativos de la crisis en tipos delictivos.

 

En efecto: ¿Puede afirmarse que la concesión masiva de créditos subprime por parte de las entidades bancarias norteamericanas fue constitutiva de una administración desleal atribuible a los administradores de éstas? ¿Y acaso cabe argüir que realizó los elementos de la estafa el proceso de titulización de esos créditos y la posterior venta de los valores correspondientes? ¿Incurrieron en administración desleal los gestores de las entidades que invirtieron en los productos especulativos resultantes de aquellos procesos? ¿Y puede sostenerse la comisión de falsedades documentales en relación  con la no actualización de la valoración de activos mobiliarios o inmobiliarios existentes en las entidades que de uno u otro modo se han visto envueltas en la crisis?

 

Aun aceptando el dato de que múltiples personas físicas y jurídicas han sufrido y siguen sufriendo perjuicios de enorme entidad, no existen respuestas generales a tales preguntas. Por el contrario, una respuesta razonada requiere considerar los detalles de cada caso concreto. De modo previo, eso sí, es preciso partir de la consideración de que nos encontramos ante negocios de riesgo, en los que el deber de autoprotección del sujeto perjudicado adquiere notable relevancia. Dichos negocios de riesgo, por lo demás, tienen lugar en sectores en los que existe una compleja regulación sectorial (por ejemplo, estableciendo cuotas de diversificación de las inversiones) que fija los niveles de riesgo permitido. No en último lugar, conviene tener presente que la atribución de responsabilidad penal en el ámbito patrimonial requiere la constatación de un dolo de causar perjuicio.

 

Probablemente esta última es la cuestión decisiva. Así, por ejemplo, no es suficiente para el delito de estafa el dolo directo de engañar, que por lo demás requiere la emisión de juicios de hecho (a sabiendas de que generan o no evitan una situación de asimetría informativa) y no de meros juicios de valor. Es necesario además un dolo de causar perjuicio, cuya prueba indiciaria puede resultar especialmente difícil en contextos de riesgo. Por ejemplo: ¿hay dolo en los casos en los que el sujeto activo está sometido a lo que en economía conductual (behavioral economics) se llama “sesgo de sobreconfianza” (overconfidence bias)?

 

Resulta inevitable que consideraciones como las anteriores vengan a colación cuando se lee la querella recientemente interpuesta por el partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra los consejeros de las entidades Bankia S.A. y Banco Financiero y de Ahorros S.A. (BFA), accionista principal de aquélla. La querella, que parte de un relato detallado del proceso que condujo a la formación del Grupo Bankia con la ayuda del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB),  pasa a centrarse enseguida en lo que constituye su núcleo: la salida a bolsa de Bankia –de la que pronto hará un año- mediante una Oferta Pública de Suscripción y Admisión de Negociación de Acciones (OPS). Ello, aunque también se dedique una referencia a la financiación de Bankia mediante la oferta de participaciones preferentes a inversores  no especialmente versados. Un tema aparte, al que se dedican las últimas páginas de la querella, es el cuestionamiento de la política de remuneraciones que deben seguir las entidades bancarias que han recibido ayudas por parte del FROB y que, para el caso concreto de Bankia/BFA, conduce a imputar la comisión de un delito de administración desleal en la concesión de prejubilaciones y blindajes.

 

En el texto de la querella se profundiza en la información contenida en el Folleto de la OPS, en la que, por cierto, ante la inexistencia de cuentas consolidadas y auditadas de ejercicios anteriores, se partió de los estados financieros intermedios del Grupo a 31 de marzo de 2011, complementados con una información adicional pro forma basada en hipótesis y proyecciones (lo que no parece en absoluto irrelevante). Sea como fuere, y dado que la emisión fue autorizada por la CNMV, Bankia salió a bolsa el 20 de julio de 2011, entrando meses después en el Ibex 35.

 

El relato fáctico de la querella pone a continuación de relieve cómo, a lo largo del último año, la cotización de las acciones de Bankia no ha dejado de descender hasta desplomarse, siendo necesaria la nacionalización y rescate de la entidad, el cese de su Presidente y del Consejo de Administración y la reformulación de cuentas por el Consejo entrante, con el afloramiento de importantísimas pérdidas (2.790 millones de euros). La tesis de la querella, como puede inferirse de lo relatado y se expone después en la parte relativa a la calificación jurídica de los hechos, es que el Folleto contenía afirmaciones falsas y omisiones de información, que darían lugar a un delito de falsedad documental societaria del art. 290 CP, así como a un delito de estafa del art. 248 CP.

 

Para sustentar tal tesis fáctica, la querella no recurre sólo al análisis de la información del folleto, sino que la contextualiza  acudiendo a los hechos posteriores a la salida a bolsa de Bankia: así, la intervención del Banco de Valencia, el aparente deterioro de los activos inmobiliarios, los nuevos requerimientos europeos de capital, la presentación de las cuentas anuales de Bankia ante la CNMV, con un beneficio del ejercicio de 309 millones de euros, y –en fin- la negativa de la auditora Deloitte a avalar las cuentas formuladas por la entidad. El final es prácticamente de dominio público: la suspensión de la cotización, la solicitud de una ayuda pública adicional de 19.000 millones de euros y la reformulación de las cuentas presentando un plan de recapitalización  en vista de las necesidades detectadas tras el análisis de la cartera inmobiliaria de la entidad.

 

Que la cuestión de la concurrencia o no de dolo será la decisiva en el devenir del proceso lo pone de manifiesto el propio tenor de la querella. En alguna página se manifiestan dudas acerca de si los hechos constituyen una mera mala praxis contable o si hay en ellos una deliberada voluntad fraudulenta (p. 46). En otras páginas, en cambio, no hay lugar para las dudas: se afirma taxativamente que el Consejo de Administración y los gestores de Bankia/BFA conocían perfectamente la situación patrimonial de la entidad y prefirieron ocultarla para poder salir a Bolsa y recabar varios millones de euros de nuevos inversores” (p. 55, pp. 75 y ss.).

 

Con todo, el móvil –que obviamente no es el dolo, pero cuya identificación puede ayudar desde luego a la prueba del dolo- no resulta descrito con especial convicción. Aparentemente, una vez suscritas las acciones de Bankia, se habría tratado de mantener los datos publicados, a sabiendas de que eran falsos, para preservar la cotización  “a fin de que no se descubriera su verdadera situación y poder con ello seguir conservando sus puestos y cargos directivos el mayor tiempo posible” (p. 55). Precisamente, el escenario de “huida hacia adelante” que parece describirse en este párrafo parece casar mejor con un esquema de racionalidad limitada (bounded rationality), muy marcado por el sesgo de sobreconfianza (overconfidence, overoptimismbias). Lo que abre, al menos dos cuestiones: en primer lugar, si esa situación psicológica debe corresponderse, en el plano normativo, con la imprudencia grave o con el dolo eventual; y, en el caso de que se afirmara lo segundo, si el dolo eventual es suficiente, por ejemplo, para la imputación de un delito de estafa.

 

La querella interpuesta por UPyD relata hechos que, necesariamente, deben ser objeto de investigación judicial. Las calificaciones jurídicas que en ella se proponen se hallan, por lo demás, en general bien orientadas, a partir de los hechos relatados. Con todo, sí resulta sorprendente la ausencia de fundamentación jurídica de la imputación de un delito de estafa a los inversores (una estafa común del art. 248 CP o mejor, específicamente, la estafa específica del art. 282 bis CP, introducida en virtud de la L.O. 5/2010 y que curiosamente se omite). En su lugar, aparece una extraña referencia genérica al delito de administración desleal (art. 295 CP). La imputación de otros delitos, como el de alteración de precios (art. 284 CP), fundamentalmente a propósito de los hechos posteriores a la salida a bolsa de Bankia, y el de administración desleal (art. 295 CP), a propósito de las retribuciones, es coherente con el relato fáctico de la querella.

 

En resumen: la querella del caso Bankia constituye un reflejo paradigmático de lo que al inicio se planteaba como problema de partida de la intervención de los tribunales penales en el contexto de la crisis financiera internacional. No habiendo respuestas generales, tampoco las hay cuando se narran los hechos de un caso concreto en su dimensión objetiva. Dada la vinculación de la responsabilidad penal a la constatación del dolo del agente, la dilucidación de si las conductas realizadas fueron dolosas o sólo imprudentes –y, en consecuencia, impunes por muy grave que la imprudencia fuera- se convierte en la cuestión esencial. Y ésta no es precisamente una cuestión fácil, ni en términos de dogmática jurídica, ni en términos de prueba.

 

¿Sacrificios humanos, responsabilidad o regeneración?

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Lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos en nuestra economía nos está llenando a todos de congoja y preocupación. Quienes no somos muy duchos en la Ciencia Económica estamos, además, confusos y desconcertados porque nos da la impresión de que nos mueven fuerzas que van más allá de la lógica y que los que deberían saber de qué va la cosa no acaban de aclararse. Y a ello se añade que nuestros gobernantes también parecen desconcertados, dando una imagen de apresuramiento e improvisación (en alguna tertulia radiofónica dicen que Rajoy parece el estudiante empollón que ha sido suspendido y no sabe por qué), y que en la esfera pública se dan una serie de escándalos  (en sentido técnico, acciones que incitan al pecado) que van haciendo crecer en la población un sentimiento de indignación y rabia apenas contenidos.

En tiempos pretéritos, se consideraría que los dioses de la Economía, atrabiliarios y volubles, se habían vuelto contra nosotros y exigirían algunos sacrificios humanos para ser calmados, como aparece en el mismo Antiguo Testamento y por supuesto en multitud de culturas primitivas que, desconcertadas ante fenómenos de la naturaleza que no podían explicar, atribuían a los dioses las causas de sus penurias y pensaban que así podrían aplacarlos.

Desde luego, no parece que esta idea de sacrificio vaya a prevenirnos de desdichas, pues parece probado que a las culturas antiguas no les valió para nada. Pero en el aspecto de expiación de culpas sí puede tener un aspecto benéfico: no calmará a los dioses pero sí al ciudadano contrariado con la mezcla de escándalo y desgracia que nos está atenazando.  Por supuesto, me refiero a que quien la haya hecho, la pague: este es el sacrificio humano que es de recibo hoy en día. Y no me refiero a que “la paguen” mediante responsabilidades penales y civiles (aunque sin duda ello es imprescindible) pues está visto que esto no es suficiente, ya porque estas responsabilidades tardan mucho en llegar, perdiendo así su eficacia de prevención,  ya porque que  la “liquidez” del Derecho actual, de que hablaba Bauman, nos hace sospechar que muchas veces la cosa puede acabar en nada. Lo que quiero decir es que la la ley se revela muchas veces impotente para obtener resultados cuando no hay un tejido de normas sociales que apoya su cumplimiento, del mismo modo que para que funcione la enseñanza no basta meter dinero en las escuelas (les recomiendo al efecto la película “El profesor Lahzar”). Además, y también en este blog lo hemos dicho varias veces, hay muchas cosas que no entran dentro de la letra del Código civil o penal, pero que deberían ser inaceptables. 

Y es que en este país, en este sentido, nunca pasa nada: el presidente del Tribunal Supremo se va de viaje a nuestra costa; el yerno del Rey se forra también a nuestra costa, a Botín le perdonan unas cuentecitas en el extranjero, hay numerosos banqueros que hunden entidades financieras y se van a su casa tan tranquilos (e incluso con el bolsillo bien forrado) y aquí nadie pide perdón ni se le cae la cara de vergüenza, ni dimite, ni se le coloca el sambenito (prenda utilizada originalmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento por sus pecados), ni siquiera es condenado al ostracismo social, o sus hijos se cambian el apellido por la presión escolar, o sus cónyuges les abandonan escandalizados.

Todos sabemos que en otros tiempos no muy lejanos, el incumplimiento del deber llevaba a tremendas consecuencias, no necesariamente legales: los samuráis procedían al suicidio ritual en caso del incumplimiento del bushido o código del honor; mancillar el nombre de un caballero antiguo suponía un duelo a muerte o primera sangre; la dignidad de los honrados comerciantes se veía comprometida si dejaba de de pagar una letra de cambio; no se veía mal por Calderón de la Barca dar muerte a quien comprometía la pureza de nuestras hijas. Y por supuesto, silbar el himno nacional podía producir disturbios públicos.

¿Qué ha pasado aquí, que no hay honor ni vergüenza, ni despecho ni sambenito? Javier Gomá, filósofo y hermano del que suscribe y de otro editor de este blog, mantiene en su libro “Ejemplaridad Pública” interesantes tesis al respecto que ha prometido aplicarnos al caso en un futuro post. En síntesis, sostiene que la lucha durante los últimos tres siglos del hombre occidental por la liberación individual de la opresión -ideológica, social, cultural, económica- ha sido una causa dignísima y se ha conseguido, dado que son pocas hoy los condicionamientos morales a los que está sometido el hombre (por mucho que los artistas quieran siempre trasgredir, ya está todo trasgredido). Pero eso no significa que haya obtenido una verdadera emancipación moral, que es preciso buscar. En lo que a nosotros nos concierne, dice que los políticos tienen dos maneras de influir sobre la sociedad: lo que ellos hacen y lo que ellos son. Lo que ellos hacen son leyes coactivas capaces de transformar la realidad, pero lo que ellos son es a menudo mucho más importante, porque son ejemplos que tienen mucha influencia en nuestra vida, nuestra hacienda y nuestra libertad y se convierten en una fuente de moralidad social. El ejemplo de las personas que ocupan posiciones de poder puede ser extremadamente vertebradora o desvertebradora de la sociedad, y cuando los políticos son ejemplos de un estilo de vida vulgar y no ejemplar, se produce un efecto desmoralizador sobre la sociedad. Lo peor es que los políticos sólo encuentran cómo solución aprobar más y más leyes, es decir, más coacción, con lo cual la falta de ejemplaridad de sus conductas acaba produciendo un exceso de legislación para remediar la corrupción que ellos mismos han generado. Véase aquí una reflexión suya sobre la dicotomía respeto a la ley-vida privada.

Seguramente el fraternal filósofo tendrá a bien desarrollarnos estas ideas y afearme lo mal que las he resumido. Pero de momento yo me pregunto, hasta que venga la nueva moral, ¿qué hacemos? Porque ahora no tenemos ni la nueva ni la antigua: la posmodernidad nos ha llevado a prescindir de las “ataduras” morales  (algunas muy bien eliminadas) que a modo de rienda socializaban al individuo disciplinando la esfera privada. El complejo de culpa ha pasado a mejor vida de manera que si una cosa no está en el Código penal es lícita y, aunque sea antiestética, la sociedad parece mirar hacia otro lado. Porque, seamos sinceros, la tolerancia que tenemos en este país a la defraudación fiscal (“¿con IVA o sin IVA?”), la indolencia (¿es que la gente no viene desayunada de casa?), la informalidad (“certifica, que ya firmaremos el acta”), la impuntualidad (“quedamos de 10 a 10.30”), el poco respeto a los derechos de los demás (“quisiera poner la casa a nombre de mi tía porque es posible que me embarguen”), el daño al patrimonio común (“el graffiti es una expresión artística”), la falta de respeto al descanso de los otros (la fiesta en la calle hasta las 4 de la mañana), la ineficacia (el mítico “vuelva usted mañana”), la picaresca (Pedrosa copia en el examen de Patrón de Yate y sigue siendo un héroe) y tantas otras cosas son el caldo de cultivo donde nacen las corrupciones políticas y, en un proceso de retroalimentación, la actuación de los políticos es la que marca los límites de lo correcto e incorrecto para la ciudadanía.  Y todo ello tiene un denominador común: la anteposición de lo individual y propio a lo ajeno o colectivo, cuando es lo contrario lo que debería ser considerado un valor.

El otro día el torero Julio Aparicio, haciendo gala de “vergüenza torera”, se cortó la coleta después de una faena muy mala. Los toros tienen de por sí algo anacrónico y tampoco sé las interioridades de la anécdota, pero me gustó el hecho. Seguramente no es cuestión de volver al pasado y pedir que nuestros políticos se claven el tânto en la barriga cuando incumplan con su deber, pero lo que es claro es que urge regenerar el código social de lo bueno y de lo malo, como base de un verdadero Estado democrático y de Derecho. Porque no debemos quedarnos solo con las responsabilidades. Ni volver a los sacrificios humanos.

 

De lo fácil que es recortar y lo difícil que es gestionar

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Este post no pretende ser un alegato especialmente técnico, aún siendo conocedor del alto nivel que poseen la mayoría de los lectores de este portal eminentemente jurídico. Pretende ser una mera reflexión, en lenguaje común, de una situación social que cientos de miles de ciudadanos están soportando, situación social que les puedo asegurar, por mi trayectoria profesional, que conozco demasiado bien.

 

La situación de crisis económica global que vivimos está derrumbando el progreso social conseguido con tanto esfuerzo y lucha a lo largo de décadas. Y lo está haciendo, curiosamente, dejando seriamente lastimados a quiénes menos culpa han tenido en esta debacle: al ciudadano con menos recursos, al ciudadano con rentas medias-bajas. Paradójico: las grandes fuerzas políticas y financieras que nos han llevado a este desastre reciben sus grandes cuotas monetarias para superar el abismo, y los que no han tenido nada que ver son saqueados con reformas legales y recortes sociales cada semana para conseguir fondos para los primeros. El ciudadano siempre pierde. Pierde cuando es él el que gestiona mal su patrimonio, y pierde cuando gestionan mal el patrimonio común los políticos.

 

Para recortar y quitar prestaciones no hace falta haber estudiado económicas o empresariales. Para optimizar y controlar el gasto con actuaciones de vigilancia y eficiencia sí. Resulta que en vez de racionalizar y distribuir adecuadamente las prestaciones sanitarias, incluidos los medicamentos, tiramos por la calle de en medio eliminando activos, no sea que se nos caliente demasiado el cerebro en el proceso de un análisis exhaustivo de la eficiencia en la gestión. Eliminando de raíz prestaciones del servicio público se reduce el gasto, qué duda cabe, pero así es muy fácil, y “no hace falta tener estudios” para ello. Del mismo modo que, también, debamos plantearnos si reduciendo a niveles irrisorios la inversión en educación, ciencia, investigación y servicios sociales esenciales, no caeremos en un abismo de tal profundidad, que nos hagamos verdaderos dependientes de productos y servicios externos. Es decir, no sólo seguiremos perdiendo oleadas de jóvenes tremendamente preparados, por ejemplo, sino que también deberemos comprar sus resultados a terceros países donde se hallen desarrollando su potencial, y a precio de oro.

 

En el país de las leyes, hay que ver lo poco que se aprovechan las leyes. Supuestamente, cuando se aprobaron la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, se hizo con un objetivo último de racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia de nuestro sistema de prestaciones farmacéuticas vigente. ¿Acaso no hubiera bastado en nuestro país de las leyes, una vez aprobadas ambas normas legales, ponerlas en práctica de verdad antes de llegar a la reciente revisión del nuevo copago farmacéutico?. La cortedad de mira de nuestros gestores políticos, actuales y pasados, llevan desoyendo igualmente una petición lógica y evidente en la actualización de la cartera ortroprotésica, que a la postre significaría un importante ahorro: la introducción en ella de prótesis con materiales nuevos y más resistentes. Si una prótesis, silla de ruedas o elemento asistivo cuesta 3 veces más, pero dura 8 más en el tiempo de reposición o cambio, ¿qué es más rentable? Evidentemente, mucho más sencillo y lustroso para las mal gestionadas arcas públicas gravar las antiguas o directamente eliminarlas, que arriesgarse a mantener un gasto más rentable a medio y largo plazo, con consecuencias desastrosas para un porcentaje no desdeñable de población.

 

Gestionar las vidas de los demás a menudo suele ser más fácil que gestionar la de uno mismo, sobre todo cuando uno va en un coche de 50.000 € tirando por lo bajo, y el otro va caminando bajo su paraguas para evitar que le caiga el granizo encima. Algo no debe funcionar cuando una minoría de la representación ciudadana (sí, una minoría, no de escaños en el Congreso, una minoría de votantes al grupo gobernante en contraposición a todos los votantes del resto de grupos parlamentarios) adquiere una discapacidad, sordera, sobrevenida y esperemos temporal, para ni hablar ni escuchar, y así sacar adelante unos presupuestos generales y una serie de Reales Decretos-legislativos porque sí, porque yo lo mando, que van a suponer el mayor retroceso del bienestar social en 30 años.

 

La congelación, paralización, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia fue el primer mazazo social y humano de esta carrera de recortes para miles de ciudadanos. Una vuelta atrás, y a la realidad de necesidades no cubiertas de miles de ciudadanos dependientes de terceras personas y apoyos para llevar simplemente una vida digna. Dignidad que parecen obviar o desconocer desde las altas esferas. Dignidad y desconocimiento de, además, la pérdida y destrucción de miles de puestos de trabajo que engrosarán las listas del paro, y la vuelta a cargar a los círculos familiares de unos sobrecostes económicos difícilmente soportables en muchos casos. El ciudadano no debe pagar las consecuencias de lo mal que se hacen las leyes, llámese en este caso la coloquialmente conocida como “ley de dependencia”, una ley de mucha filosofía asistencial, trasnochada, y poca autonomía. Hoy no pueden hacer las leyes sólo los juristas, es completamente necesario contar con los técnicos que conjuguen el derecho y las garantías jurídicas con las mejores y más rentables soluciones, incluyendo el potencial que hoy aportan las tecnologías. Algo que debiera hacernos reflexionar si, sin menospreciar ningún ámbito, son mejores gestores y diseñadores públicos los tecnócratas o los juristas puros.

 

¿De verdad se creen nuestros representantes que no hay partidas más importantes para recortar, que aquellas que afectan a la integridad, la salud, el futuro y la dignidad de los ciudadanos? ¿Es necesario que nuestros representantes usen el smartphone más caro del mercado, cuando la mitad ni sabrán utilizarlo más allá de para llamar a sus correlegionarios? ¿Son necesarias las dietas de nuestros representantes, o podrían pagarse el menú diario de su sueldo como el resto o mayoría de los trabajadores?  ¿Cuánto se ahorraría en mantener reuniones por videoconferencia, en lugar de tanto desplazamiento y coste en tiempo y dinero? ¿Es necesaria una reduplicación de instituciones, un patrimonio desmesurado y anticuado, o unas infraestructuras completamente ruinosas? ¿Es necesario nuestro actual y carísimo parque de automóviles oficiales, en las distintas Administraciones? ¿Son más necesarias las múltiples traducciones cooficiales?… Cabría esperar la argumentación política de que estos gastos son menores, pero el ciudadano podría replicar que aún siendo menores, si se eliminaran, los recortes al menos sería también menores. Poco a poco  se van minando las posibilidades y el consumo de los más débiles y las economías más vulnerables: 5 € de aquí, 3 de allá, un microcrédito par la educación de los hijos por allí…

 

Son difícilmente justificables las medidas restrictivas al ciudadano que vemos día a día, cuando antes no se han acometido las que afectan a los grandes males de nuestra economía. Es decir, y dicho a la inversa, sólo quedarían justificadas cuando medidas ante el fraude fiscal, financiero, evasivo de capitales y contra los grandes morosos, e incluso imputación de responsabilidades en la mala gestión de fondos públicos, no hubieran dado resultados. En palabras metafóricas entendibles para un país eminentemente futbolero: cuando los equipos hayan devuelto sus deudas, oiga, exprímame a mí. Oiga, venda a sus jugadores, redima sus deudas con el fisco, y sólo entonces si no es suficiente, exprímame a mí como ciudadano cotizante. Oiga, cuando se eliminen las enormes subvenciones a entidades  difícilmente justificables, pida ayuda al ciudadano. Cuando haya una verdadera reforma financiera y de grandes salarios, recortemos al funcionario mileurista, como mucho. Cuando gestionemos bien los profesionales y los recursos públicos, y no dé resultado, entonces quizás nos creamos justificados los recortes sociales. Porque lo que está ocurriendo ahora, lo vamos a pagar durante décadas. Y lo que es más grave, las nuevas generaciones, la actual y las próximas.

 

La salida del «laberinto Bankia»

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Se ha tratado contundentemente en este foro sobre la exigencia pública de responsabilidades en torno a Bankia. No voy a insistir, pues, en ello, sino echar una mirada hacia delante: ¿Y ahora qué?

 

Cabe preguntarse de entrada: ¿y por qué no dejar que Bankia y demás Cajas que parece que la van a seguir se hundan? Pues porque uno puede marcharse del restaurante sin pagar; pero ya no podrá volver a comer en ese restaurante. Si descartamos la opción de dejar caer a Bankia, porque el efecto en términos de deterioro de la credibilidad del sistema financiero español sería inasumible, deberemos buscar otras. Pero los fondos del FROB son manifiestamente insuficientes (unos 5.000 millones) para arreglar el desequilibrio de Bankia. De ahí que deban buscarse otras soluciones.

 

1. Los medios de comunicación publicaron la primera ocurrencia del Gobierno. Si Bankia-BFA necesita aumentar sus fondos propios, pero no tiene credibilidad para acudir directamente al mercado de capitales, entonces sería el Estado quien suscribiría la ampliación de capital de Bankia-BFA, aunque para eso el Estado tampoco dispone de fondos.  Pues bien: emitamos deuda pública, pero no para colocarla entre los inversores a un precio elevadísimo, sino al precio (interés de la deuda) que convenga, porque no se va a acudir al mercado, sino que se va a entregar esa deuda a Bankia-BFA a cambio de las acciones que ésta va a emitir para ampliar su capital  Es decir, un cambio de cromos.

 

Esta fórmula mágica, sin embargo, tiene dos obstáculos que la hacen imposible. Uno, el que enseguida se apresuró a manifestar Draghi, el Presidente del Banco Central Europeo (BCE): los Tratados prohíben a los Estados “monetizar deuda”, es decir, pagar con deuda en vez de con billetes, sorteando así fulleramente las reglas del juego de la Unión Monetaria, que otorga las potestades de emisión de dinero al BCE (y no a los Estados miembros). Es como si el Estado, ante su creciente déficit, pretendiera pagar a sus proveedores, funcionarios y pensionistas con deuda pública en vez de con billetes de euros.

 

El segundo obstáculo es que la normativa comunitaria sobre sociedades de capital prohíbe (artículo 150 Ley de sociedades de capital) anticipar fondos o conceder préstamos o cualquier otro tipo de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones por un tercero. Y eso es exactamente lo que estaría haciendo Bankia-BFA: prestar dinero al Estado para que éste adquiera sus acciones. Y esa regla de prohibición de asistencia financiera para adquisición de acciones propias no sólo viene exigida por una Directiva comunitaria, sino que es una regla de sentido común financiero. Sería fácil para cualquier sociedad presentar unos Balances con unos fondos propios elevadísimos (engañando así al público) mediante la triquiñuela de aumentar los fondos propios prestando dinero a los propios accionistas que éstos vuelven a aportar (devuelven) a la sociedad.

 

2. La imposibilidad de la anterior solución, obliga a considerar otras diferentes, como que el Estado suscriba la ampliación de capital de Bankia-BFA, para reponer los fondos propios de ésta, aunque no colocando deuda pública a Bankia, sino en el mercado.

 

Pero con unas necesidades de endeudamiento previstas, si se cumplen las previsiones de déficit del 6% del PIB (cosa más que dudosa), de unos 60.000 millones de euros, anunciar al mercado de capitales que el Estado va a necesitar otros 23.500 millones adicionales para arreglar lo de Bankia (y quizá hasta 50 o 60.000 millones para arreglar lo del resto de las Cajas de Ahorro) dispararía la prima de riesgo hasta extremos insoportables, imposibilitando no sólo pagar la factura del rescate de Bankia, sino incluso la posibilidad de financiar el gasto público ordinario.

 

3. Parece, pues, dada la inviabilidad de las dos soluciones anteriores, que habrá que optar porque el dinero para Bankia-BFA provenga de otros países, a través de las instituciones de la Unión Monetaria Europea, bien el FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) o su futuro sustituto, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) que empezará a operar desde el próximo 1 de julio. Esta tercera vía parece la única practicable, pero también tiene sus inconvenientes, algunos de tipo intangible, como es el desprestigio de un país que se presenta internacionalmente como tan incompetente que no es capaz de solucionar sus problemas por sí mismo, lo que merecería una depuración de responsabilidades políticas sobre quienes, por inepcia, por desidia o por carencia de altura política, no han ido adoptando de forma paulatina las medidas que ahora se van a venir encima de forma muy brusca y dolorosa. Porque las condiciones para recibir esta ayuda de nuestros socios en la Unión van a ser muy duras. Los mecanismos sólo se ponen en marcha a solicitud del país necesitado y con la simultánea presentación de un programa de ajuste creíble para que la economía del país vuelva a los cauces normales de financiación de su deuda. Ese programa deberá contener dos tipos de medidas; unas de orden coyuntural para equilibrar las cuentas públicas ajustando el gasto a los ingresos, y otras de orden estructural, removiendo rigideces en los mercados de trabajo y de productos. Es decir, lo que durante estos años no se quería hacer, y ahora ni siquiera se podría sin el soporte financiero y bajo el estricto control de los demás países de la Unión Europea. Que Dios nos coja confesados.

 

Cuidado con el discurso económico victimista

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Cuentas falsas, administraciones sobredimensionadas, ausencia de responsabilidad de los políticos, opacidad, leyes de cartón piedra… la verdad es que en demasiadas cosas nos hemos parecido a Grecia y, lo que es peor, nos estamos enterando a la vez muchos ciudadanos y nuestros socios y acreedores. Pero en estos días críticos para nuestra economía se aprecia, no solo en las declaraciones de algunos políticos -la mayoría de los que están en el Gobierno, por cierto-, sino también en los medios de comunicación, un nuevo parecido: un creciente recurso a una explicación de la situación en claves de nacionalismo victimista,  una enfermedad muy arraigada en nuestros nacionalismos periféricos. Así resulta que nosotros hemos hecho ya todos los sacrificios posibles, pero los malvados alemanes no nos quieren ayudar y los mercados internacionales nos quieren hundir.

 

Es un recurso cómodo para muchos, porque -de manera muy conveniente- de nuevo evita la asunción de responsabilidades al  trasladarlas a otros culpables, que por suerte  están fuera y con un poco de suerte ni se enteran. Puede ser muy reconfortante, especialmente para los gobernantes que por cierto todavía no han asumido en carne propia ningún tipo de sacrificio. Y puede ayudar a vender muchos periódicos y a ganar en audiencia.  Pero sólo contribuye a exaltar los ánimos, a que no se tomen las medidas necesarias ni se acepten sacrificios, a que se retrase lo inevitable, y a un mayor deterioro, absolutamente inútil, del clima social y económico. Ya sabemos dónde le ha llevado todo eso a Grecia.

 

El que nuestros nacionalismos regionales, tan aficionados a deformar la realidad, recurran con tanta frecuencia a estos trucos debería ponernos en alerta ante ellos. Las responsabilidades de esta situación hay que buscarlas dentro, no fuera. Por eso es muy recomendable este artículo publicado recientemente en El País por algunos de nuestros amigos de FEDEA.

 

Nosotros también creemos que por debajo de esta España oficialista y chillona del «Gibraltar español» existe una España madura, responsable, de buenos, serios y honestos profesionales. Por eso estamos aquí y escribimos lo que escribimos.  Sería conveniente que todos diésemos un paso al frente para demostrar que existimos y que contamos, y mucho, para el futuro de este país.

 

Y no, señores del Gobierno y señor Presidente del Gobierno, no han hecho ustedes bien los deberes. Puede que en la sede del PP y en el Parlamento le digan eso, es el problema que tiene estar rodeado de aduladores y de gente que no quiere decirle la verdad, y eso durante tantos años. Que al final no la saben decir o simplemente ya no saben cual es. Aquì tienen las propuestas de la CE sobre el Plan presentado por España, digamos que esta esta es la nota  que les han puesto. Y les aseguro que a nosotros nos parece que les están corrigiendo con mucho afecto, vamos que la profe les tiene enchufe. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_spain_es.pdf

 

Lo que nosotros pensamos que hay que hacer lo hemos escrito en numerosos posts a lo largo de este año y medio  que llevamos con el blog. Nuestros amigos de Nada es Gratis llevan todavía mucho más tiempo. Y algunos pequeños partidos lo llevan en su programa electoral. Vale, también lo llevaba el PP, al menos en parte, pero resulta que el programa electoral que se elabora para salir de una crisis luego cuando la crisis arrecia es papel mojado.

Pero por resumir, acudiremos a los ya famosos 25 puntos del profesor Xala i Martín. http://financialred.com/25-propuestas-para-salir-de-la-crisis-de-xavier-xala-i-marti/

 

Buen fin de semana a todos