Un soneto a la crisis

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Mi querido amigo y esporádico comentarista de este blog, el Fénix de los Ingenuos, me acaba de remitir este soneto (con hipervínculos) dedicado a la crisis por la que atravesamos que, por cierto, me resulta vagamente familiar. No cabe duda de que en estos tiempos de zozobra la poesía tiene la virtud, no sólo de proporcionarnos el consuelo por el que claman nuestras almas atribuladas, sino de recordarnos que siempre hemos sido gobernados (con nuestro cómplice consentimiento) por genuinos irresponsables.

 

Soneto a la crisis

 

 

Miré los muros de la patria mía

de Roses a Gata enladrillada

a golpe de especulación tasada

por públicas Cajas, cual obra pía.

 

Salime al campo, vi que el Plan comía

terrenos como fiera desatada

lucrando a la política instalada

y a su clientela agradecida.

 

Entré en mi casa: vi que, ejecutada,

de mi fiel Banco eran sus despojos

(y aun así le adeudaba una gran parte).

 

Vencida de la edad sentí mi espalda

cargada de gorrones y de enojos,

viejo ya para emigrar a Marte.

 

 

La profecía. El estado autonómico, en el 31 aniversario del informe de la comisión de expertos sobre autonomías

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La crisis en que nos hallamos sumidos ha obligado a los políticos a tomar medidas que, en condiciones de bonanza, cuando todo ‘parece’ ir bien, jamás se hubieran atrevido ni a plantear. La necesidad se ha convertido, así, en virtud. Es una gran lástima que para empezar (solo empezar, por ahora) a racionalizar la estructura del Estado y el gasto público se haya tenido que llegar a una situación de deterioro tan acusada. Parece como si los políticos vivieran en un estado de irresponsabilidad natural, y solo pensaran y se aplicaran a sus obligaciones cuando se ven amenazados con una pistola en la cabeza, llamemos a esa pistola Merkel, ‘hedge funds’, Banco Central Europeo o FMI. Pueril eso de echarle siempre la culpa a otro.

 

Pero, políticos aparte, hay gente que es capaz de pensar también cuando la necesidad no acucia. La ha habido en España desde siempre. Y, en concreto, desde 1978. Cuestión distinta es que los políticos no les hayan hecho caso. Porque los políticos, de natural prepotentes e irreflexivos, se dejan llevar, se dejan ir. No importa dónde. No toman, con perspicacia, la delantera para prevenir problemas, ni llegados éstos los atajan con coraje y rapidez, sino que van casi siempre a la deriva, renqueantes. Los políticos ‘deberíamos crear la ola’, pero no lo hacemos -como reconoce resignado (pero no dimitido) el valioso diputado Gabriel Elorriaga- , sino que ‘se suben’ en la ola política y mediática, y se dejan llevar por la encuesta de opinión según la cual, estemos haciendo las cosas bien o mal, la intención de voto nos es favorable. Y con eso basta.

 

Pues bien, en España, desde que se estaba elaborando la Constitución, ha habido expertos que se han planteado seriamente, serenamente, sin las urgencias de esta crisis, medidas para que el Estado de las Autonomías no tomara la deriva que luego ha tomado. Es decir, para que fuera viable, y ‘sostenible financieramente’, por usar la jerga de moda. Pero a los políticos no les gusta escuchar. Y menos tomar medidas de carácter preventivo para evitar problemas futuros. ¿Evitar problemas, pudiendo conducirnos a ellos?

 

Entre esos expertos que ‘avisaron’ desde el principio lo que debía -y no debía- hacerse para racionalizar el Estado de las Autonomías, y evitar duplicidades e ineficiencias políticas y prespuestarias, conviene traer hoy el Informe de la Comisión de Expertos sobre las Autonomías, aprobado en mayo de 1981. Bajo la presidencia del profesor García de Enterría, dicha Comisión estaba compuesta por los siguientes expertos: Tomás de la Quadra-Salcedo, Sosa Wagner, Cosculluela Montaner, Tomás Ramón Fernández, Sánchez Morón y S. Muñoz Machado). Deliberadamente se buscó que fueran expertos de ideas y tendencias políticas diversas, con el fin de que sus conclusiones pudieran ser más representativas. Uno de ellos fue ministro con UCD, otro con el PSOE.

 

Sin ánimo de ser sistemático, dejo aquí la referencia de algunas de las medidas propuestas, siguiendo el resumen del Prof. Lorenzo Martín-Retortillo (REDA, núm 153, 2012):

 

– Como número 12, en relación con lo que luego se han llamado “parlamentos autonómicos”, se indicaba: “Los periodos de sesiones de las Asambleas que en el futuro se constituyan en las Comunidades Autónomas deberían ser limitados temporalmente. Deberán aplicarse criterios restrictivos respecto del número de miembros. Estos sólo percibirán dietas por su asistencia a las sesiones y no sueldos fijos”.

 

– Igualmente -número 14-, se sugería contención en cuanto a la composición de los Gobiernos:”Los ejecutivos regionales no deben tener un número de miembros superior a diez”.

 

– No faltaban reservas para impedir la proliferación de personal, así –número 15-, “No existirá más personal libremente designado en las Comunidades autónomas que el estrictamente preciso para el apoyo inmediato de los órganos políticos. Todos los cargos con responsabilidades administrativas directivas desde el nivel equivalente a Director general serán designados entre funcionarios”.(Conviene recordar que, desde 1997, existe la obligación de ser funcionario de carrera para poder ser Director General en el ámbito de la Administración General del Estado, -art. 18 Ley 6/97, de 14 de abril-, pero sigue sin haberla en las CCAA y en los entes locales, cuando sobre todo en este último caso bastaría con reformar la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, cosa fácil con la mayoría absoluta que tiene hoy el partido gobernante).

 

– No faltaban destacadas previsiones para impedir la duplicación de aparato administrativo. Así, cuando en el punto 16 se sugería:”En la redacción de los Estatutos de las Comunidades pluriprovinciales ha de preverse que las Diputaciones provinciales gestionen, ordinariamente los servicios confiados a aquéllas bajo su dirección y control, así como que puedan recibir competencias por transferencia o delegación”.

 

– Nueva regla de sentido similar, en el punto 17: “Los Estatutos deben incluir medidas tendentes a evitar la burocratización de los servicios centrales, en el sentido que se ha indicado en este informe, y a impedir la constitución de una Administración periférica propia de la Comunidad autónoma”.

 

Una nueva propuesta de gran agudeza y lógica, si bien difícil de cumplir en cuanto pasara el tiempo y se afianzaran las situaciones, lleva al número 19: “Con el fin de que cualquier eventual rectificación del mapa autonómico no obligue a replantear la totalidad del proceso de constitución de Comunidades autónomas, los Estatutos de autonomía deben prever la ulterior integración de provincias limítrofes con características afines de carácter histórico o cultural”.

 

Quizá algunas de las muchas propuestas (de las que solo hemos transcrito unas pocas) de ese Informe fueran equivocadas, o el tiempo las haya dejado ya obsoletas. Pero eran producto de la seriedad y de la reflexión. No de la premura o de la compulsión. Hoy, la falta de financiación externa e interna nos ha obligado a pensar, tras varias décadas sin pensar lo suficiente. Y lo que parecía impensable en 1978, parece hoy posible.

 

Sirva como ejemplo la reciente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril), cuyo artículo 26 permite adoptar medidas coercitivas contra las entidades locales que persistan en el incumplimiento de sus obligaciones presupuestarias, llegando incluso a su disolución (art. 61 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local). Y establece, con una serie de requisitos previos, la aplicación de una medida parecida respecto a la Comunidad Autónoma que no adopte las medidas de ajuste presupuestario exigidas en dicha ley. Es decir, para hacer cumplir la ley y garantizar la viabilidad financiera del Estado en su conjunto, se plantea por vez primera la aplicación del artículo 155 CE (similar, por así decir, al art. 61 LBRL, pero de mucha más intensidad política, hasta el punto de que Carl Schmitt calificaba al precepto de la Constitución alemana que regula la ‘ejecución federal’ como ‘guerra civil constitucional’). Un precepto de aplicación extraordinaria e indeseable. Pero un remedio que puede ser necesario para garantizar coercitivamente la ejecución por parte del Estado de las obligaciones de las Comunidades Autònomas que se resisten a cumplir la ley. El Estado empieza a perderle el miedo a las Comunidades Autónomas que actúan al margen de la ley y de la unidad del sistema. Gracias a la crisis y a la necesidad.

 

Valor de Ley. Nuestros políticos y el largo plazo.

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Uno de los (muchos) parecidos entre el partido hoy gobernante y el anterior es esa fe casi supersticiosa en que los problemas se resuelven promulgando Leyes (o Decretos Leyes). Claro es que si los socialistas legislaban sobre los derechos del gran simio o la represión del lenguaje presuntamente machista, éstos parecen más preocupados por cuadrar cuentas, que ya es un avance. Pero ambos parecen considerar que lo que de verdad importa es alumbrar una ley para cada problema. Que se acierte en atacar la raíz de los problemas, establecer mecanismos eficientes de resolución o incluso asegurarse de que la norma se va a ejecutar y cumplir parece no tener para ellos tanta importancia.

 

Si vemos algunas noticias recientes, no resulta difícil relacionarlas y sacar algunas conclusiones. El lunes leo que la generalidad de los ayuntamientos van a afrontar el problema de sus déficit, a lo que les obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, no con ajustes en el gasto corriente sino con subidas de impuestos. Y el martes, que España ya está en el «top five» de países con impuestos más altos  de la UE. Al parecer, sólo Bélgica, Francia, Dinamarca y Suecia nos superan… por ahora. Y si esa fiscalidad «sueca» se traduce en excelentes servicios públicos en esos países ¿Qué está obteniendo a cambio el sufrido contribuyente español?

 

Durante años ha sido evidente el disparate de que los ayuntamientos estuvieran usando unos ingresos extraordinarios y necesariamente sujetos a caducidad, los derivados del proceso urbanizador del boom inmobiliario, para engordar con organismos, personal y servicios que suponían gasto corriente indefinido. Supongo que esa evidencia tampoco se ocultaba a generalidad de la clase política. Sin embargo, con manifiesta irresponsabilidad, decidieron que sólo importaba el corto plazo y ganar elecciones. Por toda la geografía española los alcaldes se habían acostumbrado a ser como los Reyes Magos de las cabalgatas, repartiendo caramelos a discreción en forma de empleos, servicios y regalías, mientras recibían aclamaciones. Sin recibir por ello el más mínimo reproche por parte de los líderes nacionales de sus partidos. La cosa, al parecer, ni ocupaba ni  preocupaba a la clase política nacional. ¿Recuerdan ustedes si ello fue alguna vez objeto de un debate parlamentario de la entidad que el problema merecía?

 

Recuerdo haber pensado que la única forma de afrontar esa patología cuando el problema se manifestara en toda su crudeza iba a ser un duro régimen de adelgazamiento, una fase de dificultades para perder toda la grasa sobrante acumulada. Los Reyes Magos, empapados por un baño de realidad, tendrían que bajarse de sus camellos para quitar a los niños sus caramelos, y cambiar las aclamaciones por abucheos. Pero tal pronóstico ha resultado no solo optimista, sino una auténtica ingenuidad: la gravísima situación no ha vuelto a nuestros políticos locales más responsables.

 

Si algún alcalde estuviera enfrentándose de verdad al problema, al futuro a largo plazo y, en definitiva, a una planificación de un bienestar duradero de sus vecinos, tendría que haber agarrado el toro por los cuernos y estar enfrentándose a la cólera de los inevitables damnificados. A pintadas y protestas de mucha gente a la que necesariamente va a costar admitir que no pueden seguir subsistiendo del presupuesto o favoreciéndose de servicios que ya no se pueden pagar.

 

En vez de eso, que les resulta sin duda incómodo, nuestros próceres locales han decidido seguir cargando con la grasa a costa de subir los impuestos, hasta que el cuerpo (electoral) aguante. Una huída hacia adelante hasta que la realidad se les caiga encima con todo su rigor. Y a nosotros también.

 

Desde un blog jurídico como éste, ante esta al parecer inevitable deriva de la clase política local y la inexistencia de incentivos correctores, podemos echar de menos normas que hubieran prohibido, por ejemplo, destinar los ingresos municipales extraordinarios a gastos corrientes, o a inversiones que exigieran tales gastos corrientes en el largo plazo. Tal regla sería todavía bienvenida, a pesar de que el mal esté ya hecho y vayan a pasar muchos años antes de que esos ingresos extraordinarios se vuelvan a ver. Pero en su día contra una iniciativa así hubieran clamado sin duda algunos defensores de la sacrosanta autonomía municipal, como hay quien todavía clama contra cualquier intento de disciplinar el gasto regional, aunque cada vez menos porque algo de vergüenza ya les debe estar dando. Pero en cualquier caso, como conocemos el percal y vamos siendo viejos, pocas dudas tenemos de que tales limitaciones, como otras de la Ley Reguladora de Haciendas Locales  se habrían incumplido con pocas consecuencias. Que ya sabemos que las leyes aquí no rigen igual para contribuyentes y contribuidos.

 

En cualquier caso, nuestros dirigentes nacionales siguen ignorando el problema. Al parecer, todo va a ser resuelto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria por el simple hecho de existir. Pero ¿Alguien se cree que vayan a aplicarse las sanciones previstas contra ayuntamientos incumplidores?

 

No es de extrañar que el Gobierno nacional se comporte así cuando está haciendo exactamente lo mismo en su ámbito de responsabilidad. Nuestro equipo de gobierno todavía no ha sido capaz de sacar conclusiones del impresionante aumento de la prima de riesgo desde que el proyecto de presupuestos optó por el ajuste por vía de subir impuestos y de recortar inversión e investigación, es decir, de cercenar el crecimiento futuro, y todo para no tener que recortar gastos corrientes. Es decir, para no tener que enfrentarse a protestas incómodas. Sostenella y no enmendalla, el proyecto sigue su curso sin que se haya tocado una coma. Desperdicia así, de nuevo, el camino del sacrificio hoy y la esperanza para mañana, que la mayoría de la población estaría dispuesta a comprender, sobre todo si alguien desde el Gobierno se toma la molestia de explicarlo.

 

Como bien nos explica Jesús Sánchez Quiñones aquí, el problema ya no es la reducción del déficit para el año que viene, sino que el plan de reducción ha de seguir al menos hasta el 2012, y no sólo ya no van a poder hacerse esos recortes fáciles en inversión, porque no va a quedar nada que recortar, sino que con ellos se cierran también caminos de futuro. Como bien dice este autor, «Si España quiere cumplir su Programa de Estabilidad 2012–2015 inevitablemente tiene que redimensionar el sector público y aplicar reformas profundas de la Administración. No es cuestión de pequeños ajustes, sino de cambios radicales, incluso en la estructura actual del Estado». Y de eso, por ahora, nada de nada

 

Con tan pobres mimbres, sin embargo, Guindos tiene la desfachatez de acudir a Europa a implorar ayuda del BCE con el argumento de que el Gobierno ya ha hecho «todas las reformas» y ahora le toca a los europeos ayudar. Cuando esa reforma fundamental, la de las administraciones públicas, ni ha comenzado. ¿O conocen ustedes a muchos organismos públicos desmantelados y empleados de los mismos despedidos?

 

Pero para vender esa burra nuestros dirigentes tienen un grave problema de credibilidad. A los centroeuropeos ya les han engañado los griegos, y ahora es bastante más difícil. Leemos también hoy que Instituto IFO de Munich, uno de los think tank más influyentes de la Unión Europea desaconseja cualquier tipo de ayudas, sea vía compras por el BCE, sea a través de los Eurobonos. Consideran con buenos motivos que “sólo una política restrictiva de rescate dará a los países más endeudados incentivos para reducir su gasto público y mejorará su competitividad a través de los precios y de los salarios”.

 

De hecho, esa presión que los acreedores externos y los líderes europeos pueden ejercer sobre los responsables políticos españoles es casi la única esperanza de reformas verdaderas. Y lo que ha provocado las escasas que hasta la fecha se han dado, como la laboral. Cito un artículo de McCoy en El Confidencial: “La única manera que los ‘rescatadores’ tienen de presionar para que esto ocurra es dejando que se hunda nuestra renta fija soberana, negando cualquier auxilio por el camino. Encarecer la financiación para provocar una reacción. Ahí fuera entienden mal la manera en que nuestros gobernantes se empeñan en llevar a España al matadero. El porqué, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Su facilidad para defraudar expectativas sistemáticamente y quedarse cortos. Su incapacidad de comprender que la tolerancia a la frustración de los ciudadanos tiene un límite. El tiempo les ha demostrado que solo llevando a profesionales de la política, como los que rigen nuestro destino, a situaciones extremas pueden extraer de ellos un deje de estadistas, un atisbo de algo que sea duradero y vaya más allá de la siguiente elección. Desgraciadamente son los mayores acreedores de nuestro país, están en su derecho. Lo triste es que, como a los peores morosos, nos tengan que apretar así. ¿No creen?”

 

Lo verdaderamente sorprendente es que todas estas cuestiones están absolutamente ausentes del debate político de nuestros partidos mayoritarios, no digamos ya de los nacionalistas. Parecen sentirse más cómodos discutiendo de sus problemas de cartón piedra, de espaldas a la realidad. No ya el muy largo plazo, sino toda esa montaña de problemas que amenazan a la vuelta de dos o tres años parecen no existir. Si en algo pueden ponerse de acuerdo es en mantener su ficción a salvo de la realidad.

 

Hay, no obstante, ya algunas voces discordantes que advierten que «el Rey está desnudo», y dónde están de verdad los problemas. No es de extrañar que los que quieren, como decía el Príncipe de Salina retratado por Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual se pongan nerviosos al escucharlos.

 

Señores, no se puede hacer tortilla sin romper les huevos. A ver si se enteran de una vez.

La reforma del sector financiero. Una visión panorámica.

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Los bancos necesitan fondos para poderlos prestar a sus clientes y que éstos realicen sus proyectos de inversión o de consumo; y para eso el banco tiene que acudir al mercado  de capitales. Pero el éxito de la captación dependerá, tanto en términos del volumen colocado como del precio que el mercado va a exigir por invertir en el banco, de la solvencia de éste, es decir, en principio, del volumen de los fondos propios que figuran en el Balance de la entidad bancaria. Pero también de la fiabilidad que a los inversores les merezca la información contable facilitada por el banco. O lo que viene a ser lo mismo: la confianza en que se han dotado adecuadamente las provisiones de a) cobertura de las depreciaciones de los activos y b) del riesgo latente de impago de los créditos en el Balance del banco. Y ahí tenemos el problema: los inversores, nacionales y extranjeros, no se fían de los Balances de los bancos españoles.

 

La primera solución implementada fue el (Real Decreto-ley 2/2012 de 4 de febrero) . En cuanto a la excesiva valoración de activos inmobiliarios (o lo que es lo mismo: la deficiente provisión contable de su pérdida de valor), el Gobierno salía por peteneras, renunciando a obligar a los bancos a realizar una tasación independiente de tales activos y estableciendo en cambio unos porcentajes a tanto alzado de las provisiones a dotar. En cuanto a la falta de provisión adecuada por riesgo de impago de créditos vivos en los Balances bancarios de origen inmobiliario, se renunciaba también a una evaluación personalizada e individual de los riesgos, fijándose asimismo unos porcentajes de provisiones a tanto alzado.

 

No ha hecho falta esperar al 31 de diciembre de 2012, plazo que fijaba el Real Decreto-ley 2/2012, para que el fracaso en la aspiración de recuperar la confianza de los inversores en la realidad contable de los Balances de los bancos se haya hecho evidente. Han bastado tres meses.

 

Si el Real Decreto-ley 2/2012 obligaba a los bancos a dotar provisiones del 7% con carácter general por cualquier financiación de suelo, construcción o promotor inmobiliario por el hecho de serlo, sin necesidad de que existieran sobre él indicadores específicos de riesgo, el nuevo (Real Decreto-ley 18/2012, de 12 de mayo)   mantiene ese 7% para la financiación de promoción terminada, pero lo eleva al 22% si la obra está en curso y al 45% si se trata de suelo o si la financiación carece de garantía real (normalmente hipoteca). Eso hará que la información contable sobre los fondos propios de la entidad bancaria sea más aceptable en términos de reflejar el riesgo para los futuros inversores. No obstante, sigue sin establecerse medida alguna en relación con los préstamos y créditos del banco a particulares.

 

En cuanto a los tan cacareados “bancos malos” ya existían, constituidos por algunos bancos. Ahora se les da carta de naturaleza, pero sin entrar en la raíz del problema: la correcta valoración de los activos. El Real Decreto-ley 18/2012 generaliza la práctica de la creación de “sociedades para la gestión de activos”, traspasándoles éstos y sustituyendo los bancos en sus Balances sus activos inmobiliarios por acciones en esas sociedades de gestión de activos inmobiliarios. Pero la norma permite que no se traslade al Balance del banco la pérdida experimentada por la diferencia entre el valor de adquisición del inmueble por el banco en su día y su valor real en el momento de traspasarlo a la sociedad de gestión inmobiliaria filial. En efecto, se remite al limbo de un etéreo “valor razonable” o supletoriamente, pero más previsiblemente utilizado, la regla de su cómputo por su “valor en libros”, es decir, el valor neto contable del inmueble en el Balance del banco (valor de adquisición menos la provisión dotada por imperativo legal) y no, como sería lógico, el valor real del inmueble según la pertinente tasación. Es más: se excepciona la obligación, establecida con carácter general por la Ley de Sociedades de Capital, de realizar una tasación pericial por experto independiente cuando se realicen aportaciones no dinerarias al capital de sociedades anónimas. El éxito del paquete legislativo depende de si los inversores se van a creer que los activos inmobiliarios que se traspasan a las sociedades gestoras instrumentales realmente valen lo que los Balances de los bancos dicen que valen.

 

Sustituiremos en el Balance de los bancos los activos inmobiliarios (tóxicos los llaman ahora) por unos activos financieros consistentes en acciones de unas sociedades filiales cuyos Balances estarán a su vez, viciados de toxicidad. Es como si sustituimos en nuestra despensa un yogur caducado por un papel que diga: “Vale por un yogur caducado”. Puede que desaparezca el olor a podrido, pero lo que hay ahora en la despensa vale lo mismo que lo que había antes.

 

La medida que tal vez consiga estimular la repatriación de capitales desde el exterior, o bien la atracción de capitales extranjeros, es de orden fiscal. El Real Decreto-ley 18/2012 establece para los impuestos de Sociedades, de Renta de no residentes y de IRPF, la exención del 50% en las ganancias de capital que pudiera obtener en el futuro quien comprara inmuebles entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012. La bonificación es importante y puede favorecer una reactivación del mortecino mercado inmobiliario español. Se echa de menos, no obstante, que esta medida fiscal no haya ido acompañada, para su mayor eficacia y coherencia, de similares reducciones en otros tributos directamente vinculados a la compraventa de inmuebles, como Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Plusvalía Municipal.

 

Demasiadas incógnitas y demasiada falta de transparencia para que podamos augurar un éxito que, sin embargo, en las actuales circunstancias económicas resulta casi de primera necesidad, pues se va agotando el margen de tiempo para equivocarnos más.

Reflexiones sobre el copago

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Durante los últimos meses, al socaire de las dificultades financieras de las Administraciones Públicas y el objetivo de la reducción del déficit, surge con insistencia la idea del “copago”, es decir, la idea de imponer a los usuarios de los servicios públicos la obligación de abonar una cantidad de dinero, en ocasiones puramente simbólica. El debate en torno a esta posibilidad tiene aspectos jurídicos y aspectos de Administración Pública (es decir, aspectos relativos a la ciencia de la Administración Pública) que es necesario distinguir para que las conclusiones alcanzadas en cada caso sean correctas.

 

Empezando por los aspectos jurídicos, recodaremos que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 185/1995 y 182/1997 diferenció con claridad entre las prestaciones patrimoniales públicas y los tributos: es una prestación patrimonial pública toda exacción exigida coactivamente; es un tributo la prestación patrimonial pública que tiene por objeto sufragar los gastos públicos.

 

Además el Tribunal Constitucional ha elaborado un concepto constitucional del impuesto y de la tasa en su sentencia 296/1994, de tal forma que mientras que en el impuesto “el sujeto pasivo se determina por la actividad de los contribuyentes y el gravamen se obtiene sobre una base imponible que es expresiva de una capacidad económica”, en la tasa “la determinación del sujeto pasivo se realice por referencia a la actividad administrativa y el importe de la cuota se fije, esencialmente, atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una relación, más o menos intensa, de contraprestación”. La consecuencia de lo anterior es que difícilmente una tasa podrá ser utilizada para financiar un servicio público distinto del que motiva su exacción, dado que el importe de lo recaudado no podrá exceder del coste de ese servicio (este es el llamado principio de equivalencia).

 

Naturalmente, el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve como los impuestos son los tributos a los que corresponde en mayor medida hacer que el sistema tributario responda a los principios recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución.

 

Puestas así las cosas, el legislador, para financiar un determinado servicio público puede optar por financiarlo con cargo a los impuestos, en cuyo caso todos los ciudadanos contribuirán a sufragar su coste en proporción a su capacidad económica; o financiarlo mediante tasas específicas, en cuyo caso solo los ciudadanos que usen ese servicio público contribuirán a sufragarlo. Cualquiera de las dos decisiones es, en principio, jurídicamente correcta y la opción entre una u otra dependerá de consideraciones políticas o de oportunidad; o si se prefiere, a consideraciones propias de la ciencia de la Administración Pública.

 

Pues bien, a raíz de la crisis del Estado del Bienestar producida en la segunda mitad del siglo pasado, consecuencia de las sucesivas crisis económicas, se observó que el hecho de que no existiera pago alguno a realizar por los ciudadanos directamente ligado a la prestación de servicios públicos, provocaba que por aquellos no se percibiera el coste real que implica la prestación de éstos y, en última instancia, daba lugar a un mal uso o a un abuso de los servicios públicos.  La  solución propuesta a esta situación es adoptar una postura intermedia a las arriba expuestas, es decir, financiar los servicios públicos o algunos de ellos, en parte con cargo a los impuestos pagados por la totalidad de los ciudadanos de acuerdo con su capacidad económica y en parte con  cargo a una tasa a pagar por los ciudadanos que requieran el servicio público de que se trate. De aquí el nombre de copago, pues el coste del servicio que recibe cada concreto ciudadano es pagado, en una parte por él mismo y en otra, por el conjunto de la sociedad.

 

Este sistema tiene ventajas evidentes: responde a razones de justicia material, pues es más justo que contribuyan más a financiar los servicios públicos, los ciudadanos que más los utilizan; tiene un efecto pedagógico, pues hace visible a los ciudadanos que la prestación del servicio público implica importantes costes; y tiene un efecto disuasorio, no en el sentido de que impida que se requiera el servicio público cuando este sea necesario, sino que se desincentiva que se solicite este servicio cuando no es necesario.

 

Frente a estas ventajas se puede argumentar, con razón, que el copago es regresivo, puesto que las tasas no responden a la capacidad económica del contribuyente y que los servicios públicos son requeridos en la mayor parte de las ocasiones por las capas más desfavorecidas de la población. No obstante, debe recordarse que el copago no significa que el coste de los servicios públicos siga siendo financiado, en su mayor parte, con cargo a impuestos, por lo que el sistema tributario, en su conjunto, seguirá siendo progresivo. Y que los servicios públicos no son nunca financiados por “los ricos”, sino por las clases medias, que también utilizan de forma importante los servicios públicos.

 

En definitiva, la decisión sobre el establecimiento de un sistema de copago para la prestación de un determinado servicio público, debería ir precedido de un detenido estudio de las características de ese servicio, de las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos que mayoritariamente lo solicitan y del uso que actualmente se está haciendo del mismo. Solo de esta forma, la decisión podrá ser acertada.

 

 

Las deudas del exitoso fútbol español, los recortes y la crisis

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El fútbol español está viviendo en estos momentos una situación realmente paradójica, que contrasta enormemente con la situación general del país y con la política de recortes que los gobiernos estatal y autonómicos están siendo obligados a acometer por imperativo de la Unión Europea. Mientras el país se encuentra al borde del abismo económico, nuestros clubes de fútbol están viviendo un éxito deportivo sin precedentes, con cinco equipos clasificados entre los ocho semifinalistas de las dos grandes competiciones europeas (Real Madrid y Barcelona en la Champions League; y Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Valencia en la Europa League). Desde que existe la Liga de campeones con el actual formato, inaugurado en 1992, nunca antes un país había colocado a tantos equipos en el penúltimo escalón de las dos mayores competiciones continentales, lo que ha generado los elogios de los principales diarios deportivos europeos.

 

Pero en Europa no todo son alabanzas. Algunas voces defienden, no sin razón, que dicho éxito espectacular está basado en las condiciones desiguales en las que compiten los clubes españoles con otros clubes europeos, dada su peculiar situación económica. Así Uli Hoeness, Presidente del Bayern de Munich alemán, ha declarado textualmente: “Para mí es el colmo, impensable. Pagamos cientos de millones de euros a España para que salgan de la mierda (sic) y luego los clubes no pagan la deuda. Esto no puede ser así”. La realidad es que los clubes españoles adeudaban a la Agencia Tributaria 752 millones de euros a fecha 1 de enero de 2012, según datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados por Izquierda Unida. Y es importante destacar que esa deuda tributaria se ha incrementado en los últimos cuatro años en casi 150 millones de euros. Y eso no es todo, ya que el Gobierno no ha facilitado la deuda de los clubes con la Seguridad Social, aunque se presume que asciende también a varios cientos de millones de euros. Ciertamente, la Administración siempre ha puesto enormes trabas para detallar de forma individualizada la deuda particular de cada uno de los equipos, pareciendo un asunto de importancia estratégica casi lindando el secreto de Estado, cosa que resulta difícilmente comprensible para el ciudadano corriente.

 

No podemos dejar de enmarcar tal situación de morosidad general de los clubes de fútbol en una dramática crisis económica general, que está suponiendo ya importantes recortes en necesidades básicas de la población como educación, sanidad y gasto farmacéutico. La paradoja que deriva de esta situación, y de la diferencia de trato a los clubes con respecto al resto de empresas o ciudadanos del país resulta realmente insultante.

 

Especialmente llamativo es el caso del Atlético de Madrid, uno de los semifinalistas de la Europa League, que es el club con más deuda reflejada en su contabilidad, con 252 millones de euros, lo que no le ha impedido pagar a principio de la presente temporada cerca de 40 millones de euros para fichar a su goleador colombiano procedente del Oporto portugués Radamel Falcao. Esta es la muestra más palpable de que el fútbol español necesita aprobar un plan de pagos consensuado con la Administración, y que si hay clubes que no pueden fichar jugadores, o que tienen que ser descendidos de categoría por incumplimiento de sus pagos, que así sea, y se les apliquen medidas coactivas con el máximo rigor e igualdad de trato.

 

Estos últimos días de marzo hemos conocido el respaldo que la Unión Europea, a través de su Vicepresidente y Comisario de Competencia Joaquín Almunia, buen conocedor de la situación de los clubes españoles, ha prestado al nuevo Reglamento de “Juego Limpio Financiero” elaborado por la UEFA. El Presidente de esta institución rectora del fútbol europeo, Michel Platini, junto con el Comisario Almunia, realizó una reciente declaración explicando que el objetivo del “Juego Limpio Financiero” es lograr la disciplina en las finanzas de los clubes de fútbol y poner freno a los excesos que han realizado muchos equipos en dificultades financieras. En virtud de esas medidas aprobadas por la UEFA, y que acarrean importantes sanciones como la exclusión de las competiciones europeas e incluso nacionales, los clubes estarán obligados a equilibrar sus libros de cuentas, no gastar más de lo que ingresan y actuar con responsabilidad para garantizar la viabilidad del fútbol europeo de clubes a largo plazo.

 

No podemos discutir que la intención de esta nueva normativa es realmente loable, pero siempre nos quedará la duda de si la UEFA y la Unión Europea actuarán con la misma contundencia frente a un club modesto (como hicieron excluyendo al Real Mallorca de su participación en la Europa League hace un par de años por estar en situación legal de concurso de acreedores, asignando su plaza, ganada en los terrenos de juego, al Villarreal, cuya deuda era casi tres veces mayor, aunque no estaba en situación concursal) que cuando el moroso o incumplidor sea un gran y poderoso club europeo con importantes padrinos entre la clase política nacional y continental.

 

No estaría de más, para finalizar, que también otros de los implicados en este tema, tal vez los más importantes -por ser los protagonistas del juego-, realizaran algún gesto destacado para expresar su solidaridad con la población del país en el que viven, en el que ganan cantidades millonarias y crecientes de año en año, y en cuya Liga de fútbol, hoy en día la más atractiva de Europa como al principio hemos comentado, se están labrando un importante prestigio profesional y publicitario. Que unas cuantas estrellas rutilantes de nuestro balompié renunciaran a unos días de sus millonarios emolumentos como muestra de solidaridad y respeto con la población del país que, en el fondo, les está pagando parte de sus enormes ingresos, sería un detalle enormemente llamativo que permitiría reconciliar al mundo del fútbol con los hoy sufridos ciudadanos españoles, y que proporcionaría al deporte rey esa garantía de viabilidad y de exitosa supervivencia que el hábil Sr. Platini reclama desde su poltrona.

El debate sobre la reforma territorial del Estado

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Uno de los rasgos reveladores de inmadurez que ha caracterizado a nuestro sistema político ha sido la aceptación tácita, no ya sólo por la clase política cómodamente instalada en él, sino incluso por muchos líderes de opinión, de límites al debate. Con una excesiva docilidad hemos aceptado dogmas y principios inatacables, barreras infranqueables y líneas rojas, al amparo de las cuales han crecido como floresta ineficiencias diversas. Uno de esos jardines echados a perder es nuestro modelo territorial.

 

Han causado por ello revuelo, y en algunos medios incluso escándalo, las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, propugnando un adelgazamiento de las estructuras de la administración regional. La propuesta era la asunción de algunas de las competencias hoy autonómicas por parte de los ayuntamientos y, sobre todo, de otras importantes como justicia, educación y sanidad, por parte del Estado central. Al margen de la opinión que se tenga de Aguirre y de su gestión política, el que por fin se haya «mencionado esa bicha» dentro de uno de los partidos que constituyen el núcleo de nuestro régimen, me parece una buena noticia.

 

La cuestión ya ha sido estupendamente analizada desde el punto de vista jurídico en esta blog por José Luis Ezcurra . Yo quisiera continuar aquí con este análisis para destacar las inmensas dificultades legales que existen para que ésta o cualquier otra propuesta de racionalización de nuestro Estado pueda llevarse a efecto.

 

Efectivamente, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid exigiría una mayoría nada menos que de dos tercios de su Asamblea. Algo imposible, incluso en una situación de hegemonía tan amplia como la actual del PP, ni siquiera contando con el apoyo de UPyD, partido comprometido con este tipo de reformas.

 

Además, ni siquiera en una situación excepcional en la que alguna comunidad pudiera alcanzarse la mayoría reforzada exigible, ello podría servir, puesto que la reforma hacia un nuevo diseño más eficiente debería ser global y afectar al menos a la mayoría de las actuales autonomías.

 

Si echamos un vistazo a los diferentes Estatutos de Autonomía, vemos que esa exigencia de una mayoría reforzada, a veces de 2/3, otras veces de 3/5, es generalizada para reformas sustanciales que afecten a las competencias. En algunos casos, como Asturias, nos encontramos con la previsión de que el refuerzo sólo se exige para perder competencias, pero no para ganarlas. Se plasma así en papel legal ese prejuicio largamente cultivado de que el destino natural de cualquier administración regional es crecer en competencias mientras el Estado adelgaza, y nunca lo contrario.

 

Como por la naturaleza doble de los Estatutos de Autonomía no cabe su reforma unilateral por norma estatal, nos encontramos con un verdadero problema. Cualquier iniciativa debería contar con el consenso de la otra fuerza política nuclear, el Partido Socialista, y si hoy por hoy resulta difícil imaginar al PP acometiendo reformas sustanciales en el sistema, y ahí están las últimas declaraciones de Rajoy en defensa del mismo, mucho menos podemos imaginarlo en el partido de la oposición, todavía entusiasta del proceso que nos ha llevado a esta situación, y además siempre condicionado por las exigencias cuasinacionalistas de su federación catalana (el PSC).

 

Desde un punto de vista de filosofía del Derecho, existe un verdadero problema de legitimidad de estas exigencias de mayorías reforzadas que petrifican de hecho cualquier organización. Podría admitirse algún tipo de cautelas en favor de la estabilidad del sistema, para evitar que cualquier mínima mayoría ocasional pueda modificarlo, como la necesidad de un referendum de ratificación para el cual se exigiera una participación sustancial (al contrario de lo que pasó en Cataluña), o la exigencia de que la propuesta hecha durante una legislatura fuera también aprobada por la Asamblea que surgiera de las siguientes elecciones. Pero esa exigencia de mayoría reforzada en todo caso supone un verdadero despropósito. Una mayoría apabullante de un 66%, por tanto ampliamente respaldada por una contundente mayoría social, podría estar deseando un cambio, y no poder hacerlo por estar rehén de una mera minoría del 34%, y así lustro tras lustro.

 

Claro está que estos Estatutos de Autonomía tienen a quién parecerse, pues el mismo sistema de mayorías reforzadas, junto con otros requisitos adicionales, se prevé en la Constitución para su propia reforma.

 

Hay que decir que esos sistemas cerrados a su propia reforma tampoco tienen por eso mismo una garantía de supervivencia. Desde el Siglo XVIII en Europa el Antiguo Régimen trató de oponerse al principio de soberanía popular desde el dogma legitimista de que el poder de los monarcas era una delegación directa del de Dios. Y ya sabemos lo que duró. Desde entonces muchos otros sistemas políticos que han pretendido alterar el principio democrático de soberanía en beneficio de ciertas minorías han sido también arrumbados a los cajones de la Historia, ya hayan querido basar ese privilegio en motivos socioeconómico (sistemas de sufragio censitario o restringido), racial (como el Apartheid) o sexuales (sufragio masculino). No se ve por qué el privilegio concedido a los partidarios de un Estado centrífugo, aun por encima de la mayoría social, habría de tener mejor suerte. En general, ordenamientos jurídicos con mecanismos rígidos de reforma no suelen conseguir su propósito de evitar los cambios, sino sólo que éstos se produzcan de forma más traumática.

 

Sin duda la Señora Aguirre es consciente de las dificultades del procedimiento de reforma del sistema, al cual por cierto ella y su partido han contribuido decididamente. Por ello, probablemente lo que haya tratado es plantear un debate que, a pesar de las renuencias de la mayor parte de la clase política, es ya no solamente necesario, sino urgente. Nuestro modelo territorial no ha conseguido el objetivo de integrar a los nacionalismos disgregadores, y sus excesos han ocasionado duplicidades administrativas, despilfarro, y propensión a la irresponsabilidad e indisciplina presupuestaria. El montaje de redes clientelares en beneficio de las oligarquías gobernantes ha primado en demasiadas ocasiones sobre los objetivos de eficiencia.

 

No podemos hoy extendernos en las razones que avalan esa urgencia y necesidad del debate. Basta con echar un vistazo a cualquier medio nacional o internacional. Ahora mismo nuestro modelo territorial se contempla por los analistas internacionales como la principal dificultad en la lucha contra el déficit público, y es causa esencial de la desconfianza de los inversores en nuestras cuentas públicas. Causa bien fundada, por cierto. La actual situación de emergencia económica se ha visto además agravada casi hasta el colapso cuando se ha visto que, a través del proyecto de presupuestos, el Gobierno prefería recortes en inversión que perjudicarán aún más al crecimiento que un recorte en los ingentes gastos corrientes que el sistema exige. Y no faltan incluso analistas que piden que cesen las intervenciones del Banco Central Europeo, para obligar a nuestros dirigentes a unos cambios contrarios a sus propios intereses partidistas, pero imprescindibles para nuestro futuro como sociedad.

 

Probablemente la solución tenga que pasar hoy por plantearse no sólo una reforma de los Estatutos de Autonomía, sino también de la propia Constitución, en cuyo título VIII se encuentra el origen de esta situación. Mercedes Fuertes, con su habitual lucidez, proponía el otro día en un artículo  la creación de una comisión de expertos que estudie con rigor cómo deben distribuirse las competencias, para evitar duplicidades, disfunciones y despilfarros, y para diseñar un modelo idóneo de prestar los servicios públicos a los ciudadanos. Pues es éste el propósito de cualquier administración pública, y no el convertirse, como demasiadas veces ha ocurrido a nuestras Comunidades Autónomas, en fines en sí mismas. Probablemente la comprobación por los inversores de que los políticos españoles abordan el problema en vez de eludirlo ya tendría un gran efecto tranquilizador en los mercados.

 

Añado que para conseguir estos objetivos es preciso hacer el esfuerzo de limpiar al debate de cualquier carga emocional en uno u otro sentido. Yo personalmente creo que el objetivo no pasa necesariamente por un absoluto vaciado de competencias de las regiones, y también que hay que admitir que ciertas competencias radiquen en ellas. Pero no por motivos «patrióticos» o emocionales, sino de pura eficacia. No creo que se deban responder los dogmatismo y prejuicio proautonómicos que hemos padecido estas décadas con dogmatismos y prejuicios de signo contrario.

 

Las posibles conclusiones a las que se llegaran podrían ser objeto de otros posts. Por ahora, de lo que se trata es de poder abrir el debate. Frente a una clase política en su mayoría miope y renuente a él,p más preocupada por asegurar su status, los medios de comunicación y, más modestamente, blogs como éste deben ir creando un estado de opinión que fuerce a introducir esta materia en el centro del debate político. Y a los partidos mayoritarios a plantearse la necesidad de reformas. Un poco como los salones de la sociedad parisina durante la Ilustración. Ya lo estamos haciendo.

 

 

¿Se ha terminado la crisis del euro tras el éxito del segundo rescate a Grecia?

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Hace unos cuanto días los ministros de Finanzas de la Eurozona aprobaron formalmente el segundo paquete de medidas de rescate para Grecia. Dieron el visto bueno a la operación tras acreditar que un porcentaje mayoritario de los acreedores del país heleno habían aceptado una quita sobre la deuda existente. También el Fondo Monetario Internacional ratificó su contribución al rescate.

Sin embargo, más allá del éxito momentáneo de dichas medidas, numerosos expertos consideran que los políticos europeos no han hecho otra cosa que comprar tiempo y que, más pronto que tarde, se desencadenarán nuevos episodios de crisis en Europa, en el euro y en los mercados de deuda.

Muchos analistas dudan que la economía griega pueda, de verdad, sobrevivir con un ratio entre su deuda pública y su PIB que, en el mejor de los casos, podría rondar el 118% en el año 2020. El ritmo al que se está contrayendo el PIB del país heleno en los últimos años resulta alarmante y dificulta hacer previsiones optimistas. Además, no se ha definido todavía una estrategia coherente para conseguir que Grecia pueda convertirse en una economía competitiva dentro de la zona Euro. Y parece que los problemas se están postponiendo más que arreglando.

En los próximos meses Grecia deberá hacer públicas nuevas cifras de déficit y, al poco tiempo, se empezará a plantear la necesidad de nuevas ayudas o paquetes de rescate. Por si fuera poco, el 22 de abril se celebrarán elecciones generales en Grecia, y todo apunta a que ganará una mayoría de izquierdas, contraria a las medidas de austeridad que se tratan de imponer desde la Unión Europea. Hay, incluso, quien augura que Grecia terminará saliendo del euro tras dichos comicios, aunque ello resulte poco probable.

Mientras tanto, otros gobiernos europeos como Italia o España se afanan en dejar claro que la situación griega no tiene similitud alguna con las suyas y parecen aprovechar estos meses de relajación en los mercados para avanzar en las medidas de austeridad presupuestaria.

Pero no basta sólo con recortar el gasto público y la deuda pública. Es preciso, además, estimular el crecimiento económico de manera sostenida en el tiempo. Y hacer ambas cosas de manera simultánea –recortar el déficit y, a la vez, estimular el crecimiento- no parece nada fácil. Entre otras razones, porque los elevados déficits existentes dificultan la puesta en marcha de políticas de estímulo fiscal. Y porque la política monetaria, con tipos de interés ya bastante reducidos, tampoco ofrece soluciones mágicas. Y menos aún después de que tanto el Presidente del Bundesbank como el ministro alemán de Finanzas (Sr. Schaüble) se hayan opuesto hace pocos días a que el BCE realice nuevas subastas de préstamos a tres años al 1% (LTROs) como las que realizó, en diciembre de 2011 y en febrero de 2012, a los bancos europeos con el fin de garantizar la liquidez de sistema.

Resulta sintomático el hecho de que casi todo ese dinero, prestado por el BCE a los bancos comerciales al 1%, haya sido depositado por éstos en el propio BCE a cambio de un 0.25% de interés. Es decir, parece que los bancos prefieren perder dinero (un 0.75%) antes que trasladarlo al sistema productivo e incentivar, así, el crecimiento de la economía. Una situación inquietante de lo que está por venir.

De hecho, el propio Presidente del BCE, Sr. Draghi, manifestó hace pocos días que en los próximos meses se intensificarán las tensiones en los mercados de deuda y que eso repercutirá negativamente en la economía real de los países europeos. No parecen buenos augurios para el euro, aunque tampoco estemos ante la situación terminal -de “ruptura de la moneda única”- que algunos analistas e inversores vaticinaban a finales del verano pasado.

¿Por qué los recortes tienen que ser lineales?

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Ahora que toca recortar día sí y día también,  no sé si se habrán dado cuenta del extraño carácter “lineal” de los recortes. Que si los sueldos de los funcionarios, un 5% (por ahora) que si el adicional de la Generalitat del 2% también para funcionarios (ya se sabe que eso de hacer patria No es Gratis)  que si el número de empresas públicas tiene que rebajarse en el mágico número de 450  que si hay que pegar un tijeretazo a los presupuestos en todas las partidas presupuestarias del 10% , del 15% o incluso del 20% (varían según las fuentes y las negociaciones con Bruselas) Es sencillo, sí,  pero si lo piensan un poco preocupante. Porque ¿esto no se puede hacer de otra forma, digamos, un poco más fina?

 

Seguro que algunos o muchos de ustedes,  dado que la crisis ya va alcanzado prácticamente a todas las unidades familiares de este país  (probablemente con la excepción de las que viven de un cargo político o de varios, dado que ya hay muchas sagas familiares en la política española y cada vez más se casan entre ellos) ya habrán tenido que proceder a recortar alguno o algunos de sus gastos. Pero no creo que lo hayan  hecho de manera” lineal”, tipo  15% menos en alimentación, 15% menos en ocio, 15% menos en ropa y calzado o en telecomunicaciones o en transporte o en servicio doméstico. Lo normal es que, suponiendo que  su economía familiar no es un completo desbarajuste, hayan ustedes ido mirando cuidadosamente partida por partida donde se puede recortar sin que la unidad familiar se resienta demasiado. Y seguramente habrán “priorizado” recortes, o dicho de otra forma, habrán decidido recortar más en los gastos más superfluos o innecesarios (por ejemplo, restaurantes o ropa, o viajes) y menos en los gastos más esenciales o importantes (por ejemplo alimentación,  transporte y  hasta servicio doméstico si uno trabaja fuera de casa y tiene niños). Y luego hay gastos que no se pueden o no se deben tocar como los impuestos incluidos las fabulosas tasas de basura o el IBI que nos pasan nuestros beneméritos Ayuntamientos, o cualquier otro tributo que se les pueda ocurrir.

 

Además, todo esto dando partiendo de que gastos igualmente necesarios tales como “sanidad” o “educación” son pagados por una mayoría de las unidades familiares vía impuestos (lo que conviene no confundir con una supuesta gratuidad) dado que muchas unidades familiares pueden tener sus complementos “privados” tanto en forma de actividades extraescolares, clases de inglés, clases particulares como en forma de seguro sanitario. En cualquier caso, la unidad familiar en crisis no suele recortar linealmente sino que intenta mantener los gastos más esenciales y suprimir o recortar los más prescindibles. Cada unidad familiar tendrá sus prioridades, pero todo dentro de unos márgenes bastante previsibles, pues me apuesto lo que quieran a que nadie se queda sin comer por irse al cine.  O va andando a trabajar para poder comer en un restaurante.

 

Pues si para una unidad familiar incluso modesta es tan sencillo adoptar un criterio racional a la hora de recortar ¿por qué no lo es para las Administraciones Públicas? ¿Por qué los recortes tienen que ser lineales? ¿Por qué enseguida claman que hay que subir los impuestos sin haber retocado ni un ápice el mastodóntico sector público que padecemos? ¿Por qué enseguida quitan camas y profes de los colegios pero no tocan otras cosas cuya utilidad los ciudadanos no perciben, aunque ciertamente los políticos sí? Aquí caben tres respuestas: o porque no saben hacerlo, o porque no pueden hacerlo o porque no quieren hacerlo. La verdad es que cualquiera de las tres opciones resulta muy poco tranquilizadora para los contribuyentes de a pie.

 

La primera contestación supone que se carece de información necesaria, la segunda que es carece del criterio necesario y la tercera que se carece de voluntad, política o de la ordinaria, necesaria. Personalmente creo que nos encontramos en una situación en que probablemente las tres respuestas son ciertas en mayor o menor medida, así que ya se imaginan lo poco que espero del esfuerzo de reducción del gasto público vía esas “reformas del sector público” de la que tanto nos hablan y que son las que, en mi opinión, podrían evitar un recorte lineal a lo bestia, y perdonen por la expresión. Recortes a lo bestia no quieren decir recortes muy grandes, sino recortes indiscriminados, donde tanto valen las embajadas autonómicas como las camas de hospital, las teles autonómicas como los profesores, las subvenciones en I+D como las subvenciones “ideológicas”, los técnicos cualificados como los enchufados y parientes,  las inversiones en infraestructuras como los gastos corrientes, en definitiva los gastos esenciales como los superfluos.    Y ya puestos ¿no nos sobran unos miles de Ayuntamientos y todas las diputaciones con sus respectivas estructuras? ¿O unos cuantos parlamentarios autonómicos?

 

Volviendo a las tres horribles posibilidades que antes mencionaba. Si se carece de información, busquése porque seguro que es posible encontrarla, dado que modestos partidos políticos como UPYD han sido capaces de buscarla y procesarla, y hasta modestos blogueros como nosotros ha conseguido encontrar datos muy interesantes en nuestra una serie de “posts de investigación”  como y otros muchos que hemos publicado . Y no somos los únicos que hacemos posts de investigación, hay muchísima información en la blogosfera, bastante más por cierto que en nuestros grandes medios de comunicación, pero esa es otra historia.

 

Así que seguro que el Gobierno central y los autonómicos, si se ponen a ello, encuentran la información también. Es verdad que se tiende a ocultar o a maquillar los datos que no favorecen a quienes los muestran, pero sinceramente, a estas alturas como sigamos así nos van a venir a verificar las cuentas como a los griegos a ver como de fiables o de creativos somos. Reconocerán que lo del déficit del 2011 no ha estado mal para abrir boca y para dar una imagen de seriedad.

 

En cuanto a la segunda contestación, y aunque el criterio es más difícil de buscar, pero quiero ser optimista; este Gobierno tiene indudablemente mejor nivel técnico que el anterior, ya se que no es mucho decir, pero algo es algo, y además hay mucho experto fuera de la Administración dispuesto a colaborar y a echar una mano para que la cosa salga lo mejor posible y en vez de cortarnos las uñas o el pelo no nos cortemos un brazo o una pierda, o la cabeza, ya puestos. Eso sí, hay que echarle un poquito de tiempo, de estudio y de metodología. Y conviene ver lo que han hecho en otros países que han tenido problemas similares y los han solucionado, con o sin intervención.

 

Y ya puestos, para tener criterio con carácter digamos general y con independencia de la mayor o menor valía profesional de los técnicos y gestores públicos, que también ayuda, lo cierto es que es conveniente que estos dispongan de herramientas o instrumentos de evaluación de políticas públicas, que permiten precisamente eso, evaluar lo que se está haciendo con el dinero de los contribuyentes. Si no medimos lo que hacemos, difícil será que podamos valorar, priorizar y, llegado el caso, recortar. Si, ya se que existe una Agencia de Evaluación  y Calidad   y seguro que ha evaluado algunas cosas, por ejemplo, políticas públicas, pero no parece que haya tenido mucho éxito.

 

Así, con instrumentos de evaluación podríamos evaluar, por ejemplo, el sector público y hasta establecer unas categorías que nos permitiesen, por ejemplo, agrupar a los entes en la categoría de “chiringuitos”, creados por los Poderes públicos y para los Poderes públicos (aunque con la excusa de que su existencia mejora de alguna forma la vida de los ciudadanos, aunque estos no noten nada)  y “otros” en que se englobarían los creados por los Poderes Públicos para prestar servicios a los ciudadanos.  Los primeros se reconocen porque básicamente sirven los intereses de los partidos políticos y su clientela (por ejemplo, vía creación de empleo para amigos y simpatizantes y vía subcontratación o/y subvención a empresas amigas, que suelen denominarse “empresas de aquí”,  o “empresas locales” para entendernos) y porque su desaparición no supondría ninguna merma en la calidad de vida de la ciudadanía, todo lo contrario, dado que contribuiría a la reducción del déficit público. En la segunda categoría, muy variopintas, se englobarían los entes que prestan algún tipo de servicio directo a los ciudadanos, con mayor o menor eficiencia, por lo que requieren personal técnico o especializado y suelen tener vías de financiación adicionales o complementarias a las de los presupuestos de sus entes matrices. Es verdad que aquí habría que matizar mucho, pero bueno, ustedes ya entienden de lo que estoy hablando.

 

Y esto entronca con la última y crucial pregunta: suponiendo que los Gobiernos y Administraciones Públicas pueden saber y pueden tener criterio para hacer esta reducción del sector público con datos y con criterio ¿se van a atrever?

 

Porque claro, esta es la gran pregunta. Suponiendo que se pueden identificar los chiringuitos, lo suyo es que estos desaparezcan enteramente, de forma ontológica, por así decirlo, con su inmueble, su plantilla, sus Consejos de administración o cúpulas directivas, sus gastos de representación, etc, etc dado que no prestan ningún tipo de servicio a los ciudadanos, y por tanto suponen gastos no esenciales, innecesarios, superfluos. A los ciudadanos no les pasaría nada, pero a los partidos políticos y a su clientela sí.  Con la que está cayendo. ¿Mi apuesta? Seguirán con los recortes lineales y nos dirán que “todos” tenemos que sacrificarnos, con la tranquilidad de que “todos”  somos “nosotros”, los de siempre.

 

Una explicación psicológica a la crisis política y económica: el triunfo del pensamiento débil y el optimismo irracional

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Entre las múltiples explicaciones de la crisis que estamos padeciendo, echo de menos personalmente la que atienda a criterios psicológicos. Algo de eso hay, pero he encontrado poco (una muy interesante interpretación de carácter más bien sociológico se puede encontrar en un artículo publicado en su día por uno de los editores de este blog: http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1977&seccion_ver=0).

Y sin embargo si algo ha demostrado la crisis actual es que la “creencia” en que la mano invisible arregla por sí sola los problemas del mercado es equivalentemente irracional a las “creencias” en el progreso automático de la sociedad o en que la lucha de clases estaba destinada a ser superada de acuerdo con reglas científicas y mecánicas del materialismo histórico. Si algo queda claro hoy es que la crisis ha sido consecuencia de los excesos de los dos modelos ideológicos que compiten, todavía hoy, por ofrecer soluciones milagrosas a nuestros problemas: del liberalismo, por no prever mecanismos de control adecuados a las hipotecas sub prime y la cadena de reaseguros conectadas, y al keynesianismo, por haber propiciado un derroche de recursos y endeudamiento público no necesariamente conectado al modelo de protección social por cierto.

Se dice que la economía es cuestión de estado de ánimo, de generar confianza, todo ello con el fin de fomentar el consumo interno cueste lo que cueste, lo que se traduce en que hay que comprar lo que sea (no hace falta que sea necesario o útil) y como sea (y si para ello debemos endeudarnos, mejor que mejor). El buen ciudadano ya no es el que paga impuestos, cumple las leyes y hace bien su trabajo, es el que consume más. Tal vez por eso a los ricos se les ofrece fórmulas legales para no pagar impuestos (sicav) si a cambio siguen consumiendo en el país (la industria de productos de lujo no conoce la crisis) y no tanto invirtiendo en crear nuevas empresas.

Recientemente en un interesante libro, Barbara Ehrenreich [Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo (trad. M. Sierra), ed. Turner, Madrid, 2011] ha planteado la provocadora tesis de que la presente crisis económica es la consecuencia de los excesos del llamado “pensamiento positivo” que ha inundado la sociedad y ha llegado a muchas empresas (y en concreto todas las americanas afectadas de primera mano por excesos financieros). Estas empresas decidieron contratar a gurús del pensamiento positivo, aparcando los métodos tradicionales de la estrategia racional o del mérito y el esfuerzo, así como de los mapas de riesgos. El empleado al que se despide debe estar contento y verlo como una oportunidad, trasladando a ellos y no a la empresa la responsabilidad de su pobreza sobrevenida, aunque se le haya despedido no por haber hecho mal su trabajo o por falta de beneficios sino como fórmula para incrementar el valor de las acciones. Los únicos a los que hay que mantener contentos son los accionistas y al propio equipo directivo, lejos quedan los tiempos de valorar y motivar al personal como principal activo de la compañía.  Esta forma de pensar ha llevado, entre otras cosas, a que la diferencia entre el sueldo del presidente y uno de los trabajadores medios pasara en EEUU de 24 a 1 en 1965 a 300 a 1 en 2000.

Como consecuencia de esta estrategia las cúpulas directivas de las grandes empresas se llenaron de visionarios refractarios a cualquier análisis de riesgos: había que ser optimista-positivo y a quien alertara de que las cosas iban o podían ir mal se le despedía sin miramientos por “negativo”, personas que se convierten así en los nuevos “apestados” sociales aunque su función fuera la muy sensata de alertar de posibles peligros. Se legitima así la figura del pelota pues al que no da buenas noticias se le despide o pasa un rincón como agorero. Si no se sonríe permanentemente pasa uno a ser sospechoso, una tiranía que recuerda bastante al “mundo feliz” de Aldous Huxley. De hecho, deshacerse de la gente (“negativa”) que alertaba de peligros o riesgos es lo que hicieron los altos directivos de Lehman Brothers o Goldman Sachs.

Las características de este modelo comparado con el anterior (que tampoco era perfecto) pueden quedar resumidas en el siguiente cuadro:

  Objetivo Medios Agentes Zona de influencia principal Consecuen-cias
Pensamiento racional (finales siglo XIX- fin. siglo XX) Hay que cambiar la realidad, el problema son los otros Reformas políticas y sociales. Alerta a los problemas sociales Partidos, sindicatos, asociaciones Modelo europeo Relaciones laborales rígidas y protegidas
Pensamiento positivo (finales Siglo XX- ppios XXI) Hay que cambiar la percepción de la realidad. El problema somos nosotros Selección de pensamientos.Alerta hacia cómo funciona nuestra mente El individuo y su coach o gurú Modelo americano Falta de protección. El empleado es un objeto más de consumo, de usar y tirar

En la práctica, el pensamiento positivo (o mejor sus excesos) ha acabado siendo el aliado más productivo del capitalismo más banal y consumista, pero también de los gobiernos mal gestionados y derrochadores, que encargaban a la providencia (o a unos intereses milagrosamente bajos) el resolver en el futuro que el déficit o la deuda se disparara: ¡había que ser “positivos” y “optimistas”! Queda por ver si este pensamiento también ha influido en el cambio en el perfil de muchos dirigentes políticos “modernos”, caracterizados por su incapacidad de reconocer errores, convertidos en visionarios que actúan siguiendo corazonadas, optimistas a carta cabal que prefieren negar las malas noticias o darles otro nombre para que parezcan buenas en lugar de encararlas y ponerse a resolver problemas, vendedores de eslóganes que huyen de los estudios rigurosos y la gestión sensata. Tal vez debería analizarse con más detenimiento de lo que permiten mis capacidades y estas líneas de qué manera estamos donde estamos por esta una nueva psicología ingenua y banal que ha contaminado nuestra forma de pensar. Esperemos al menos haber aprendido la lección.