Honestidad y conflictos de Intereses: Reproducción de la tribuna en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Recordaba Jefferson que el arte de gobernar consiste en el arte de ser honesto. Pero parece que es un arte que no está al alcance de todo el mundo, y menos en una democracia de baja calidad, sin contrapesos importantes y sin rendición de cuentas. En todo caso, lo primero que se echa en falta en el debate público en estos días es la honestidad intelectual, dada la tendencia a encubrir los intereses de quien sostiene determinados argumentos bajo unos ropajes más presentables de cara a la opinión pública. Si no somos demasiado inocentes debemos entender que cuando alguien defiende una determinada postura sobre un asunto de interés público lo puede hacer por convicción pero también por puro y simple interés, ya se trate del interés del partido, del grupo social, económico o profesional al que se pertenece o del interés particular (muchas veces crematístico). Lógicamente la ciudadanía considera que mantener una postura públicamente en base a convicciones o principios -léase ideología- resulta más admisible que hacerlo por un interés egoísta y/o material. Pero no siempre es fácil distinguir un caso de otro, especialmente cuando los intervinientes no tienen demasiado interés, como suele suceder, en proporcionar la información que podría permitirlo.

La cuestión es especialmente relevante cuando hablamos de decisiones que tienen un marcado carácter técnico. Por ejemplo, si un Comité de expertos aconseja al Ministerio de Sanidad la prescripción de un determinado medicamento tendrán más credibilidad si no trabajan para la empresa farmacéutica que los fabrica. El caso, por cierto, no es inventado. Recientemente se ha hablado de los posibles conflictos de interés en que incurrirían algunos de los expertos nombrados por el Ministerio de Sanidad para elaborar el Plan Nacional contra la Hepatitis C. El problema de fondo –según la información disponible- es que en el Ministerio nadie se había molestado mucho por comprobar si los nombrados incurrían o no en un conflicto de interés. Ya saben, hay que fiarse de la gente. Por lo que se ve, los interesados tampoco se habían preocupado por proporcionar una información que podría ser bastante relevante a los efectos de valorar sus recomendaciones.

En definitiva, ni el Ministerio ni los expertos habían considerado la posibilidad de la existencia de un posible conflicto de interés digno de tal nombre. Suele ocurrir: es muy complicado que quien puede incurrir en un conflicto de interés sea capaz de detectarlo por sí mismo. Por eso precisamente se requiere el juicio ajeno, juicio que debe fundamentarse en los datos objetivos y no en el carácter moral de los intervinientes. Afortunadamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto en sentido favorable la petición de un ciudadano de que se hagan públicas las declaraciones de interés de los expertos: en este ámbito, como en tantos otros, la transparencia es esencial dado que es la única herramienta de que disponemos para desvelar los posibles intereses particulares que se esconden –a veces inconscientemente- detrás de las manifestaciones o las declaraciones en un debate público.

Efectivamente, muchas personas pueden no ser llegar a ser conscientes de hasta qué punto son sus intereses particulares los que determinan sus argumentos a favor o en contra de una determinada decisión o política pública, aunque por supuesto nunca faltan los cínicos que lo saben perfectamente. En todo caso, parafraseando la famosa frase atribuida a un senador norteamericano, es propio del ser humano no reparar en los conflictos de interés en que incurre cuando el hacerlo perjudicaría gravemente sus ingresos.  Por eso es tan frecuente que se detecten con toda precisión las contradicciones, los errores y los conflictos que subyacen en los argumentos y posturas de los contrarios mientras que rara vez se observan en los propios.  De ahí que la transparencia y los contrapesos institucionales sean esenciales y no sea suficiente con apelar a la confianza en las personas, incluso en aquellos casos en que su honorabilidad parece fuera de duda.

El debate sobre la privatización de la gestión de la sanidad, sobre la calidad de la educación, sobre la gobernanza de la Universidad y no digamos ya sobre reformas que afectan directamente a determinados colectivos profesionales son otros tantos ejemplos. Sin olvidar que muchas veces los mejores expertos son también los que más intereses tienen en la cuestión. A veces incluso nos encontramos con un problema añadido: las personas  pueden tener varios “gorros” y no siempre es sencillo identificar con cual defienden una postura. Y no todos los gorros son iguales: hay algunos –el birrete académico, por ejemplo- que otorgan una cierta presunción de imparcialidad y una mayor credibilidad, dado que se supone que un profesor universitario no puede tener más interés particular en un asunto que el estrictamente académico o teórico. En cambio otros gorros, como los de empleado por cuenta ajena, no gozan de la misma presunción de neutralidad. Pero ¿qué ocurre si por ejemplo un catedrático que participa en una importante reforma sobre la legislación mercantil del gobierno corporativo de las empresas cotizadas es también socio de un gran despacho que a su vez asesora a una de ellas que tiene interés directo en evitar la imposición de determinado tipo de normas? ¿No convendría saberlo? Por no hablar de los casos un poco más sofisticados donde las relaciones que se entablan no son profesionales, sino personales y no fácilmente detectables al pertenecer al ámbito privado.

Evidentemente esto no solo ocurre en España; pero como es habitual, aquí el problema se agrava por la tradicional opacidad y resistencia a facilitar información personal o profesional que puede resultar muy clarificadora precisamente para que los ciudadanos podamos conocer algunos datos relevantes de la biografía de los que intervienen en un debate público: datos que nos ayudarán a valorar no solo su formación sino sobre todo su independencia y su credibilidad. Pero solemos topar con la sacrosanta protección del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, que tantas veces se usa en España como un pretexto para ocultar información cuyo conocimiento no favorecería precisamente a quien la esconde. No nos confundamos: no se trata de cotillear, se trata sencillamente de conocer cuáles son las trayectorias personales y profesionales de las personas que adoptan decisiones públicas relevantes o intervienen en un debate público importante. Es cuestión de honestidad intelectual, sin la cual –para qué nos vamos a engañar- no es fácil que exista la otra. En este sentido, resultaría muy de agradecer que los protagonistas de la vida pública faciliten no solo sus declaraciones de interés, como los asesores del Ministerio de Sanidad, sino su “curriculum vitae”, a ser posible sin adornos, omisiones o directamente falsificaciones.

Claro que en una democracia se supone que los políticos deben de anteponer los intereses generales sobre los suyos particulares, o mejor aún, que sus intereses coinciden precisamente con los intereses generales y que la única diferencia entre unos y otros es la forma de interpretarlos, es decir, la ideología que subyace según que se trate de conservadores, socialdemocrátas, etc, etc. Pero eso es solo la teoría. Conviene no pecar de ingenuidad: el político tiene su propia agenda, y salvo en el caso de personas altruistas y con auténtica vocación de servicio público –que también existen- puede ocurrir que esa agenda tenga también algo que ver con los intereses no ya del grupo de pertenencia, lo que es más comprensible, sino también con los particulares, lo que es más peligroso. De ahí que la exigencia de transparencia a nuestros cargos electos –y al resto de la clase política- sea irrenunciable. Actitudes como la del Presidente del Congreso de los Diputados señalando que hay que creer en la palabra de parlamentarios o ex parlamentarios como Martínez Pujalte o Trillo cuando afirman no haber incurrido en ninguna incompatibilidad o ilegalidad después de cobrar grandes cantidades de dinero por “asesoramientos verbales” a empresas que obtuvieron contratos de Administraciones autonómicas gobernadas por el PP resultan anómalas y preocupantes y como tales deben de ser denunciadas Y es que hoy sigue plenamente vigente la observación de Jeremy Benthan: “Cuando más te observo, mejor te comportas”.

Política de usar y tirar

La política está cambiando mucho en España, aunque por el momento quizá sea más en forma que en fondo. Las expectativas son altas: las exigencias sobre transparencia, lucha contra la corrupción o regeneración democrática, hacen esperar a muchos ciudadanos que España será pronto un mejor lugar donde vivir.

Pero el optimismo no debe impedir la prudencia. Se debe tomar conciencia del riesgo de “efectos secundarios” ante la celeridad de los cambios, la desconfianza entre los agentes políticos o su inexperiencia para manejarse en un entorno multipartidista. Uno de los principales riesgos es el cortoplacismo en las decisiones políticas.

No se trata de una amenaza nueva. Los responsables políticos siempre han tenido en mente que el impacto de sus acciones debe ser visible antes del final de su mandato, por ambición electoral o para rendir cuentas con la legítima expectativa de ser reelegidos para poder seguir desarrollando sus proyectos. Sin embargo, ese horizonte se está viendo reducido últimamente de los habituales cuatro años de una legislatura a plazos que en ocasiones se miden en escasos días.

Muchos dirigentes están cayendo en la obsesión de que cualquier medida que salga de sus labios o de su twitter debe ser perceptible como útil de manera inmediata para la “mayoría social”. En este mercado de la política “de usar y tirar” no caben las ideas complejas ni las que requieren un esfuerzo inicial o asumir cierto riesgo antes de dar sus frutos. Veamos tres ejemplos.

1. Por las “puertas giratorias” ha entrado buena puerta de la corrupción que sufrimos y se requiere una regulación más estricta para atajar este mal. La reacción inmediata es prohibir que quienes hayan ejercido una responsabilidad pública ocupen un puesto en el ámbito privado… por cinco años, por diez, de por vida… en su sector, en cualquiera… cuando se trata de cargos electos, de funcionarios en puestos directivos, ¡de cualquier empleado público!… ¿hasta dónde llegar con los familiares? Pero obrando así se agrava otro problema importante de nuestra democracia que es la “profesionalización de la política”, porque quien ejerciese una responsabilidad pública se vería abocado a saltar de un cargo a otro toda su vida sea o no competente, mientras que quedaría al margen de la política institucional mucho talento formado en el ámbito privado. La solución –inspirándose de otros países– pasa por regulaciones menos espectaculares pero más efectivas, basadas antes en la prevención que en la sanción, como sería un riguroso régimen de declaración de conflictos de intereses, cuya omisión fuera por sí misma indicio de delito. De igual manera, en lugar de imponer rígidas incompatibilidades entre cualquier puesto público y privado, resultaría globalmente más eficaz un exigente régimen de transparencia y la obligación de deducir de la remuneración pública todo lo que se gane en la privada.

2. Otro ejemplo es la caza de brujas a los consejos consultivos de las Comunidades Autónomas. Con el argumento de un ahorro inmediato y las insinuaciones de que no son más que un retiro dorado para sus consejeros se olvida analizar a fondo tanto la utilidad de estos órganos como la adecuación del perfil de quienes los integran. Los consejos consultivos, dado el volumen y la naturaleza de las materias que abordan, representan una eficaz descentralización de tareas que de otra manera debería realizar con mayores recursos el Consejo de Estado (por ejemplo, quien fuera su presidente, Francisco Rubio Llorente, solicitó a la Comunidad de Madrid que creara su propio consejo consultivo). Tienen cometidos tan necesarios como analizar la oportunidad política y calidad técnica de las leyes, resolver las demandas de reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos con la Administración o asesorar a los entes locales, que en el caso de los más pequeños no disponen de servicios jurídicos propios. Sus consejeros suelen tener experiencia política (útil en estas funciones) pero con frecuencia también una sólida formación y carrera profesional; además de ser en general personas que se retiran de la política activa, su independencia se refuerza con su irrevocabilidad por el poder ejecutivo y con mandatos de duración superior a las legislaturas. Los antiguos presidentes que forman parte de los consejos (algo muy habitual en otros países) representarían de hecho el máximo exponente de esta independencia pues se trata de consejeros natos y permanentes, cuya representatividad se origina además de la mayoría que obtuvieron para ser elegidos. Estos consejos habitualmente celebran plenos semanales (igual que el Consejo de Ministros o muchos consejos de dirección se reúnen con esta frecuencia), donde se toman las decisiones finales pero no se limitan obviamente a trabajar en esos momentos. Por supuesto, es deseable optimizar su funcionamiento: adelgazar las remuneraciones y otros costes, preservar mejor la independencia de sus miembros, o coordinar los consejos consultivos entre ellos y con el Consejo de Estado para facilitar sinergias y armonizar la producción legislativa entre distintas comunidades autónomas. Se puede incluso realizar un balance más amplio de su coste-beneficio y plantearse cualquier escenario, pero prometer sin más su supresión sin haber analizado de veras su impacto, es una ocurrencia que no llega más lejos que los titulares del día siguiente, como lo prueba que los partidos que lo defienden en Madrid no usan esos mismos argumentos en las demás comunidades autónomas ni tampoco respecto al Consejo de Estado.

3. El máximo exponente del cortoplacismo se encuentra en las propuestas económicas y sociales. El funcionamiento de un sistema económico es complejo, no solo por factores como que el aumento de los tipos impositivos puede frenar la actividad económica de tal manera que el resultado llegue a ser una disminución de la recaudación, sino también por una miríada de variables cuyo impacto sobre el crecimiento y la igualdad pueden ser opuestos, y a menudo difíciles de predecir. La economía es una ciencia y, aunque sus expertos no deben reemplazar a quienes han sido elegidos para fijar los objetivos políticos de la sociedad, tampoco los políticos pueden hacer creer que no necesitan más armas que sus proclamadas buenas intenciones y honestidad. Puede ilustrarse con la engañosa comparación con que se estrenó la alcaldesa de Barcelona entre el coste de las becas-comedor y la subvención a la Fórmula 1, ya que lo relevante es comparar el coste de oportunidad de lo que Montmeló reporta a la ciudad frente a otros usos posibles; bien puede ser que los beneficios de actividades aparentemente superfluas sean el sustento de los ingresos para asumir las prioridades sociales que se determinen.

Se está insistiendo mucho y con razón en que los pactos han de producirse sobre programas, antes que sobre quién ejercerá cada cargo. Los programas se afirman en principios, pero deben ir más lejos. Quien solo propone como elementos de negociación vagas referencias a grandes objetivos (“acabar contra los corruptos”, “proteger el Estado de bienestar”, “preocuparse de la clase media” o “defender el bien común”), huyendo de cualquier propuesta compleja o cifrada, se está en realidad dejando las mangas anchas para decidir con oportunismo electoral lo que le convenga. En política hay medidas que pueden formularse en pocas palabras y concitar un amplio acuerdo (por ejemplo, el matrimonio homosexual) pero la mayoría son multiformes y sometidas a incertidumbres. Exijamos pues a nuestros representantes claridad pero no simplezas.

Relecturas de agosto: Ada Colau y el respeto a la Ley

Mi intención primera era que este artículo versara sobre la costumbre de ciertos cargos electos (cada vez más) de prometer la Constitución “por imperativo legal”, pero resulta que se me han adelantado… ¡cuatro años nada menos! Ignacio Gomá escribió ya una excelente entrada en este blog aquí y, como cabría esperar, la única aportación que me queda por hacer al respecto es recomendaros encarecidamente que lo leáis.

Como quiera que ya me he sentado freente al ordenador con ánimo de escribir, y además le he prometido a mi amigo Fernando un artículo, voy a centrarme en un comunicado de doña Ada Colau, cuyas declaraciones suelen dar bastante juego (ya tuve la oportunidad de comentar en este blog algunas observaciones de la Sra. Colau, aquí).

El comunicado al que me refiero fue publicado por la propia Colau en su muro de Facebook (puede leerse completo aquí) y hacía una encendida defensa de su correligionario Guillermo Zapata, Concejal del Ayto. de Madrid y recientemente imputado por unos tuits sobradamente conocidos, que renuncio a reproducir para no resultar reiterativo ad nauseam.

Personalmente, opino que los tuits del también concejal Pablo Soto, con sus continuas referencias a la guillotina, resultan más preocupantes que los de Zapata, pero la opinión pública ha sido más sensible a los “chistes” sobre las víctimas del Holocausto o de ETA que a las llamadas a torturar y asesinar ministros. La opinión pública es como es.

Pero volvamos a la Sra. Alcaldesa de Barcelona: en su comunicado nos dice “¿Es Guillermo Zapata antisemita? ¿Es Guillermo Zapata insensible al sufrimiento de las víctimas? Y la respuesta es: absolutamente NO. Su activismo lo avala , su lucha al lado de la gente que sufre, su energía y empuje por cambiar las cosas, su entrega a la nueva política que tiene, no lo olvidemos nunca, un único objetivo: mejorar la vida de la gente.”  Diría que nos encontramos ante una forma peculiar de falacia de autoridad: el sr. Zapatano puede ser insensible al sufrimiento ajeno porque el sr. Zapata es un activista, y “su activismo le avala”. Es decir, según doña Ada, los activistas son inmunes a la insensibilidad, no pueden albergar pensamientos ni ideas crueles, y quienes les acusen de tal cosa yerran porque ignoran el aval que supone su activismo.

Pero el título de este artículo hace referencia al “respeto a la ley”, así que, más que centrarme en las falacias, tan frecuentes en los mensajes de la “nueva política”, me gustaría entrar en el fondo del asunto. La Sra. Colau no hace la menor referencia al delito que se imputa a su correligionario. Sí que manifiesta que “Con su persecución absurda, PP y Fiscalía harán el ridículo. Porque la gente no es tonta y sabe juzgar.” No es el juicio de los magistrados lo que interesa a doña Ada, sino el juicio de “la gente”. Y da por sentado que “la gente” absolverá al acusado, porque la gente no es “tonta” (¡qué pasión por la falacia!). En una entrevista a El País (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/31/catalunya/1433095687_171375.html ), declaró “Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen.” No podemos sorprendernos pues del desinterés de la alcaldesa por el delito que se imputa al sr. Zapata.

En lugar de centrarse en el delito, el comunicado se centra en el imputado, y esto es, en mi opinión, lo más preocupante. El imputado es inocente porque es una gran persona: es un activista, tiene energía, empuje, lucha al lado de la gente que sufre. Si hizo algo mal fue porque era “joven”, “gamberro”, “irreverente”, e incluso estas condiciones son más positivas que negativas: “suerte que lo éramos. Si no llega a ser por los irreverentes de este mundo, triunfarían el conformismo y el miedo.” A una persona así no se la debe juzgar, no se la puede condenar. Por el contrario, “todos aquellos que, a pesar de ser los verdaderos responsables de tanto sufrimiento, nunca dimiten”, esos sí merecen que caiga sobre ellos la condena de “la gente”, que es la que importa.

Es una constante en las ideologías totalitarias juzgar a la persona en su totalidad, más que a sus actos. En el 1984 de Orwell, los condenados se declaraban culpables de todos los delitos posibles, porque el delito en sí no importa: el disidente es culpable porque es disidente, y por lo tanto, sus actos son malvados por definición. En cambio el activista, el que lucha por la causa, es bueno por definición, y si algunos de sus actos pudieran llegar a ser criticables, no serían más que efectos colaterales de unos medios necesarios para alcanzar el fin: “mejorar la vida de la gente”. Y ese fin supremo, por supuesto, justifica cualquier medio.

Para las ideologías totalitarias, el respeto a la ley se subordina al respeto a la “justicia”, a su idea de justicia, y esa justicia va de identificar buenos y malos, y actuar en consecuencia.

Relecturas de agosto: Las debilidades de la democracia liberal y la deriva populista

La afirmación de la nueva alcaldesa Ada Colau sobre el incumplimiento de las leyes injustas ha inspirado numerosos artículos (ver aquí o aquí) sobre lo que supone que un cargo público plantee incumplir las leyes vigentes. Creo que más allá de esa reflexión, merece la pena valorar lo que esa frase revela sobre las debilidades del modelo democrático, que se plasman en la actual situación de la política española. En un reciente editorial de El Mundo , su director recordaba una anécdota de la exministra Leire Pajín, cuando afirmó que como ministra nombraba a quién quería, en su intento por promocionar a una amiga para dirigir el Plan Nacional sobre Drogas. No son casos aislados. El Ministro Gallardón defendió con descaro que la elección por parte de los grupos políticos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial era el mejor exponente de la democracia. No puede haber mejor forma de elegir cualquier cosa que por aquellos que han sido elegidos por los votos de los ciudadanos. Si se preguntara a cualquier diputado del congreso sobre si el parlamento debe elegir a los vocales del consejo de la televisión pública, o a los vocales de un regulador cualquiera, …, la mayoría respondería que no puede haber nada más democrático. Y si algún diputado respondiera otra cosa seguro sería de la oposición.

La legitimidad de los votos es una de esas ideas intuitivas que todo el mundo entiende, y que resulta difícil rebatir, pero que puede acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para deteriorar cualquier arquitectura democrática. Defender que más allá de la legitimidad de los votos debería buscarse la legitimidad que da la buena gobernanza no es un tema popular.

Cuando Nicholas Berggruen y Nathan Gardels presentaron en Madrid hace ya muchos meses su libroGobernanza Inteligente para el siglo XXI, muchos titularon en las reseñas “meritocracia vs populismo”.  El libro no ha perdido nada de vigencia al abordar muchos de las debilidades de los dos modelos que rigen los destinos de la mayor parte de la población mundial, la democracia liberal y la meritocracia china, para proponer un modelo híbrido capaz de superar las debilidades de la democracia liberal que la crisis ha mostrado en toda su crudeza. Hablar de que el modelo de gobernanza chino tiene algunos elementos sobre los que Europa y USA podrían aprender es casi un anatema en esta sociedad occidental tan acostumbrada a mirarse el ombligo. La tesis del libro es que los poco más de 100 años reales de vigencia de la democracia liberal no deberían hacernos dar por supuesto el “fin de la historia” de Fukuyama, sino más bien asumir que el deterioro del modelo de gobierno democrático se produce siempre, y deberíamos estar pensando en las reformas necesarias para preservarlo. La frase de Churchill “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”, siempre parece resonar en nuestras cabezas, y  el carisma del personaje hace que nos cueste mucho cuestionar el modelo democrático. Solo el zarandeo de una crisis como la que estamos viviendo nos lleva a plantear la necesidad de introducir correcciones si realmente queremos que la democracia siga entre nosotros muchos años.

Las debilidades de la democracia liberal son bastante conocidas. El populismo es uno de los mayores riesgos. La democracia liberal, ha ligado su éxito a la economía de mercado consumista, y con ello su foco es siempre satisfacer los intereses  a corto plazo. Se suele decir que hoy solo quedan dos estados en el mundo que planifican a largo plazo, el Vaticano y China. Obviamente, cada uno por motivos diferentes. La necesidad de satisfacer los deseos de nuestros votantes siempre parece un objetivo positivo, pero desemboca fácilmente en un modelo populista que destruye  la verdadera democracia y el bienestar a largo plazo. Es un mal general de las democracias pero en el caso español la deriva lleva bastantes años siendo muy rápida. En países como Holanda existe un “auditor  de programas políticos”, el Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), que identifica las promesas irrealizables. Parece una utopía plantear algo similar en España, y sin embargo nunca ha parecido tan necesario. Prometer rentas básicas para todos, bajadas de impuestos sin fin, o aeropuertos internacionales en Ciudad Real no hace ningún favor a la democracia.

Los votos lo justifican todo. James Madison y los demás padres fundadores de la constitución americana, en su modelo de gobierno federal  introdujeron muchos elementos de protección para contrarrestar la “tiranía de las mayorías” y las “pasiones inmediatas de los hombres”, los famosos “check and balances”, como eran cuerpos no electos como el Tribunal Supremo, cámaras deliberativas como el senado, y el contrapeso de la meritocracia frente a la democracia.  Alguno de estos papeles debería ser hoy lectura obligatoria desde el bachillerato. El populismo encuentra siempre vía libre cuando los contrapesos se pierden, y la democracia se escora hacia el lado siempre atractivo de la legitimidad que dan los votos. En España todos loscontrapesos que proporciona el equilibrio de poderes,  la independencia de la justicia y sus órganos de gobierno, los reguladores, el banco central, …, han sido arrasados en los últimos 20 años víctimas de la colonización de los partidos políticos.

Recuperar los contrapesos y recuperar la meritocracia son los dos pilares básicos para volver a contar en España con una democracia de calidad y evitar la deriva populista.  Para superar el debate meritocracia-democracia nada más fácil que recuperar la meritocracia en democracia.

El populismo no es la única debilidad de la democracia. La vetocracia es otra de las destacadas. Si los partidos buscan su interés y lo que sus votantes priorizan, y pierden de vista el interés general y lo que la sociedad necesita, el resultado suele ser la parálisis y el imperio de la táctica. Estados Unidos es el principal exponente de los riesgos de la vetocracia, y California, y su colapso en el año 2009  el ejemplo más citado. La dificultad para lograr pactos entre partidos que busquen el bien común a largo plazo, y no el tacticismo del apoyo de sus votantes es el principal exponente del imperio de la vetocracia.

Al referenciar a California no puedo dejar de mencionar el recurso a los referéndums populares que tanto atractivo tiene en el modelo de sublimación de la democracia, y que pocos países han conseguido aplicar de forma amplia con éxito. Suiza es el ejemplo soñado. California es el contraejemplo, y nuevamente enseña, que un modelo de referéndum mal diseñado siempre suele llevar a dotar de más poder a aquellos que cuentan con más dinero y más acceso a los medios de comunicación. California aprobó algunas leyes sorprendentes, fruto del poder de los lobbies capaces de dedicar mucho dinero y medios a que las votaciones diesen el resultado que más les favorecía. Información, transparencia e igualdad de oportunidad para las diferentes opciones, suele ser el antídoto de la manipulación de las  mayorías. Sin ello el modelo de referéndum suele ser un paso más en la deriva populista de las democracias.

Defender la meritocracia como antídoto del populismo y la vetocracia suele sonar elitista. En este blog ya se ha escrito algunas veces sobre la necesidad de situar la democracia en su sitio (ver aquí), y el riesgo de pensar que la recuperación de los valores democráticos consiste en votar lo que no tiene sentido votar, o votar a ciegas, sin debate y sin información.

Recuperar la fortaleza de las instituciones que deben proporcionar los contrapesos, deteriorados en las últimas décadas, introducir instituciones meritocráticas inspiradas en los modelos originales de Senado, o las comisiones de expertos, que permitan contar con mayor deliberación y debate en los temas críticos, y recuperen la necesaria planificación a largo plazo de los estados, no parecen propuestas demasiados rupturistas. Más bien suenan a sentido común. Aunque quizás cuestionar la tiranía de la legitimidad del voto, en estos años de deriva populista, si sea demasiado rupturista.

Relecturas de agosto: El Tribunal de Cuentas, evaluado por sus iguales… y no demasiado bien

Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

Relecturas de agosto: El mejor juez el ex Consejero de Justicia: De la revolving door político-judicial. Reproducción del post en Voz Pópuli de Elisa de la Nuez

Hace unos días manifestó el todavía alcalde de Zaragoza y senador, Juan Alberto Belloch, juez de carrera, su intención de volver a la carrera judicial nada menos que como Presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, salvo que el partido le ofrezca algún cargo mejor, claro. Nadie le dio mucha importancia a tan asombrosa declaración, quizá porque coincidió con la detención de Rato o la condena por delito fiscal del socio principal de un gran bufete español, Emilio Cuatrecasas o con las sospechas sobre el supuesto asesoramiento (de pago) prestado por un Magistrado del TS bien relacionado y totalmente incompatible a Iñaki Urdangarín que también supuestamente está investigado el Consejo General del Poder Judicial. Comprensible que el sufrido ciudadano no tenga tiempo material para detenerse a valorar lo que supone para nuestra débil democracia este trasiego tan desenvuelto de la política a la judicatura y viceversa. Trasiego que, por cierto, es otra singularidad de nuestro ordenamiento jurídico, del tipo de los miles de aforados para entendernos. No solo eso, recientemente en el año 2013 se reformó el sistema (si bien con la excusa de una mejora técnica) para facilitar todavía más la revolving door político-judicial o político-judicial, computando como antigüedad efectiva los años en que un juez ha estado ocupando un puesto político como explicó Fernando Gomá en este post de ¿Hay Derecho?

Para que no se nos olvide lo que significa, acabamos de conocer que el famoso Fernando de la Rosa, Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (a propuesta del PP) luego Presidente cuando tuvo que dimitir Carlos Divar y sobre todo Consejero de Justicia del Gobierno de Camps  ha obtenido la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. En primer lugar, lo que significa para sus compañeros de carrera, jueces que han seguido ejerciendo de jueces y no han desempeñado ningún puesto político. Estos profesionales de la judicatura son postergados por el Consejo General del Poder Judicial ante los obvios méritos de quien tantos amigos ha hecho en la política y en particular en el PP. La Plataforma por la Independencia del Poder Judicial, formada por un grupo de esforzados jueces y juristas –entre los que me cuento- ha emitido un informe sobre este peculiar nombramiento que pueden consultar aquí. Para los lectores más perezosos se puede resumir así:  “El candidato elegido no ha desempeñado actividad jurisdiccional a lo largo de quince años. Aunque, de entre los otros aspirantes, sea el segundo en el escalafón, su experiencia en órganos colegiados de naturaleza penal se reduce a poco más de un año. No obstante, a la hora de computar su antigüedad, se ha tenido en cuento el tiempo que estuvo al frente de la Consejería de Justicia de la Generalidad Valenciana.”

¿Todo legal? Sí, esa es la anomalía.  Los años pasados en el desempeño de puestos de carácter político se computan como años de antigüedad igual que los pasados en el desempeño de la carrera judicial, por lo que la “revolving door” tiene un coste cero para el juez con inquietudes políticas; cuando decida volver a la carrera judicial no solo no tiene ninguna penalización sino que obtiene un “plus” por los servicios al partido de turno. Esto último gracias a la politización del órgano de gobierno de los jueces, que es quien decide sobre los nombramientos para los cargos judiciales más importantes. No nos engañemos: el Consejo General del Poder Judicial –como pone de relieve los informes sobre los nombramientos que elabora la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial, que ya lleva unos cuantos- suele seguir un sistema de reparto donde son sistemáticamente preferidos los jueces “afines” a uno u otro partido, normalmente identificados convenientemente por su pertenencia a alguna de las Asociaciones Judiciales “alineadas” valga la expresión. Hasta el punto de que en el cv que hacen llegar al Consejo los jueces aspirantes se cuidan mucho de hacer constar como “mérito” su pertenencia a alguna Asociación judicial.

Pero la historia no acaba aquí. No solo resultan perjudicados los jueces que han optado por una carrera profesional y cuyo acceso a las plazas más importantes de la carrera judicial puede verse bloqueado porque se les “cuelan” otros compañeros más avispados que han tenido cargos públicos durante un periodo de tiempo prolongado o/y están dispuestos a hacer favores o/y simplemente se han afiliado a la Asociación correcta en el momento oportuno.   El problema, como siempre, es el perjuicio para la legitimidad de las instituciones porque, sinceramente, ¿alguien va a confiar en la neutralidad e independencia del ex Consejero de Justicia del Gobierno Camps cuando le toque, como es previsible, juzgar a alguno de sus antiguos colegas? ¿O cuando le llegue simplemente el pleito de alguien con el que haya tenido trato, bueno o malo, en su etapa política?

Recordemos que la Audiencia Provincial de Valencia es la competente para juzgar los delitos más graves contra la Administración Pública (es decir, los relacionados con la corrupción) que parece que se han cometido a mansalva en la Comunidad de Valencia durante estos últimos años. Todos salvo los que lo hayan sido por personas aforadas, que serán juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia, cuyo Presidente, por cierto, se nombra de forma similar. Muchas de estas causas afectarán a personas que probablemente conozca muy bien el nuevo Presidente de la Audiencia Provincial. Pero seguramente también habrá tenido relación con muchos otros cuyos asuntos -no siempre penales- acaben también en la Audiencia Provincial.

Claro que -se nos dirá- existe la posibilidad de la abstención, es decir, que el propio Presidente de la Audiencia se abstenga voluntariamente de intervenir en algún caso por existir algún tipo de relación, buena o mala, con alguna de las partes en el proceso. Y también existe la posibilidad de la recusación, es decir que, si no lo hace espontáneamente, alguna de las partes solicite que sea apartado del proceso y sustituido por otro Magistrado más neutral. Pero sinceramente, ¿es razonable exigir que se tenga que abstener o que haya que recusarle en todos los casos en que se juzgue a políticos del PP, por ejemplo? ¿No sería mucho más razonable que el sr. De la Rosa estuviese una temporadita en “hibernación” o  en “cuarentena” (“cooling off period” en terminología anglosajona) antes de volver a asumir responsabilidades judiciales y sobre todo en la misma localidad en que fue Consejero de Justicia? ¿O que no pudiera solicitar durante un plazo razonable plazas que se cubren por el sistema de libre designación? ¿O que incluso tuviera que concursar como cualquier hijo de vecino sin el plus de antigüedad/afectividad por servicios al partido con lo probablemente obtendría plaza en un juzgado de “base” en un sitio alejado de Valencia? ¿Ciencia ficción? Pues esto es lo que pasa en los países más avanzados (por ejemplo, Noruega) y no ya para los jueces sino, en general, para todos los que han ocupado cargos políticos y desean volver a un puesto en el sector público.

Creo que urge colocar el debate de la “revolving door” encima de la mesa. Y para empezar ¿por qué no preguntarnos si queremos que jueces y fiscales salten alegremente del juzgado a la política y de la política al juzgado? A mí personalmente no me gustaría en el ejercicio de mi profesión encontrarme en la Audiencia Provincial con alguien que tuviera motivos para estar enfadado conmigo por este post que acabo de escribir. Sinceramente, estaría más contenta con un Presidente de Audiencia Provincial que llevase toda la vida ejerciendo de juez. Y no creo que sea la única.

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

El Tribunal de Cuentas, evaluado por sus iguales… y no demasiado bien

Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de «Revisión entre Pares» (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario «El País» (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo «pack» con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este «método», además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

Las debilidades de la democracia liberal y la deriva populista

 

La afirmación de la nueva alcaldesa Ada Colau sobre el incumplimiento de las leyes injustas ha inspirado numerosos artículos (ver aquí o aquí) sobre lo que supone que un cargo público plantee incumplir las leyes vigentes. Creo que más allá de esa reflexión, merece la pena valorar lo que esa frase revela sobre las debilidades del modelo democrático, que se plasman en la actual situación de la política española. En un reciente editorial de El Mundo , su director recordaba una anécdota de la exministra Leire Pajín, cuando afirmó que como ministra nombraba a quién quería, en su intento por promocionar a una amiga para dirigir el Plan Nacional sobre Drogas. No son casos aislados. El Ministro Gallardón defendió con descaro que la elección por parte de los grupos políticos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial era el mejor exponente de la democracia. No puede haber mejor forma de elegir cualquier cosa que por aquellos que han sido elegidos por los votos de los ciudadanos. Si se preguntara a cualquier diputado del congreso sobre si el parlamento debe elegir a los vocales del consejo de la televisión pública, o a los vocales de un regulador cualquiera, …, la mayoría respondería que no puede haber nada más democrático. Y si algún diputado respondiera otra cosa seguro sería de la oposición.

La legitimidad de los votos es una de esas ideas intuitivas que todo el mundo entiende, y que resulta difícil rebatir, pero que puede acabar convirtiéndose en la excusa perfecta para deteriorar cualquier arquitectura democrática. Defender que más allá de la legitimidad de los votos debería buscarse la legitimidad que da la buena gobernanza no es un tema popular.

Cuando Nicholas Berggruen y Nathan Gardels presentaron en Madrid hace ya muchos meses su libro Gobernanza Inteligente para el siglo XXI, muchos titularon en las reseñas “meritocracia vs populismo”.  El libro no ha perdido nada de vigencia al abordar muchos de las debilidades de los dos modelos que rigen los destinos de la mayor parte de la población mundial, la democracia liberal y la meritocracia china, para proponer un modelo híbrido capaz de superar las debilidades de la democracia liberal que la crisis ha mostrado en toda su crudeza. Hablar de que el modelo de gobernanza chino tiene algunos elementos sobre los que Europa y USA podrían aprender es casi un anatema en esta sociedad occidental tan acostumbrada a mirarse el ombligo. La tesis del libro es que los poco más de 100 años reales de vigencia de la democracia liberal no deberían hacernos dar por supuesto el “fin de la historia” de Fukuyama, sino más bien asumir que el deterioro del modelo de gobierno democrático se produce siempre, y deberíamos estar pensando en las reformas necesarias para preservarlo. La frase de Churchill “La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”, siempre parece resonar en nuestras cabezas, y  el carisma del personaje hace que nos cueste mucho cuestionar el modelo democrático. Solo el zarandeo de una crisis como la que estamos viviendo nos lleva a plantear la necesidad de introducir correcciones si realmente queremos que la democracia siga entre nosotros muchos años.

Las debilidades de la democracia liberal son bastante conocidas. El populismo es uno de los mayores riesgos. La democracia liberal, ha ligado su éxito a la economía de mercado consumista, y con ello su foco es siempre satisfacer los intereses  a corto plazo. Se suele decir que hoy solo quedan dos estados en el mundo que planifican a largo plazo, el Vaticano y China. Obviamente, cada uno por motivos diferentes. La necesidad de satisfacer los deseos de nuestros votantes siempre parece un objetivo positivo, pero desemboca fácilmente en un modelo populista que destruye  la verdadera democracia y el bienestar a largo plazo. Es un mal general de las democracias pero en el caso español la deriva lleva bastantes años siendo muy rápida. En países como Holanda existe un “auditor  de programas políticos”, el Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), que identifica las promesas irrealizables. Parece una utopía plantear algo similar en España, y sin embargo nunca ha parecido tan necesario. Prometer rentas básicas para todos, bajadas de impuestos sin fin, o aeropuertos internacionales en Ciudad Real no hace ningún favor a la democracia.

Los votos lo justifican todo. James Madison y los demás padres fundadores de la constitución americana, en su modelo de gobierno federal  introdujeron muchos elementos de protección para contrarrestar la “tiranía de las mayorías” y las “pasiones inmediatas de los hombres”, los famosos “check and balances”, como eran cuerpos no electos como el Tribunal Supremo, cámaras deliberativas como el senado, y el contrapeso de la meritocracia frente a la democracia.  Alguno de estos papeles debería ser hoy lectura obligatoria desde el bachillerato. El populismo encuentra siempre vía libre cuando los contrapesos se pierden, y la democracia se escora hacia el lado siempre atractivo de la legitimidad que dan los votos. En España todos los contrapesos que proporciona el equilibrio de poderes,  la independencia de la justicia y sus órganos de gobierno, los reguladores, el banco central, …, han sido arrasados en los últimos 20 años víctimas de la colonización de los partidos políticos.

Recuperar los contrapesos y recuperar la meritocracia son los dos pilares básicos para volver a contar en España con una democracia de calidad y evitar la deriva populista.  Para superar el debate meritocracia-democracia nada más fácil que recuperar la meritocracia en democracia.

El populismo no es la única debilidad de la democracia. La vetocracia es otra de las destacadas. Si los partidos buscan su interés y lo que sus votantes priorizan, y pierden de vista el interés general y lo que la sociedad necesita, el resultado suele ser la parálisis y el imperio de la táctica. Estados Unidos es el principal exponente de los riesgos de la vetocracia, y California, y su colapso en el año 2009  el ejemplo más citado. La dificultad para lograr pactos entre partidos que busquen el bien común a largo plazo, y no el tacticismo del apoyo de sus votantes es el principal exponente del imperio de la vetocracia.

Al referenciar a California no puedo dejar de mencionar el recurso a los referéndums populares que tanto atractivo tiene en el modelo de sublimación de la democracia, y que pocos países han conseguido aplicar de forma amplia con éxito. Suiza es el ejemplo soñado. California es el contraejemplo, y nuevamente enseña, que un modelo de referéndum mal diseñado siempre suele llevar a dotar de más poder a aquellos que cuentan con más dinero y más acceso a los medios de comunicación. California aprobó algunas leyes sorprendentes, fruto del poder de los lobbies capaces de dedicar mucho dinero y medios a que las votaciones diesen el resultado que más les favorecía. Información, transparencia e igualdad de oportunidad para las diferentes opciones, suele ser el antídoto de la manipulación de las  mayorías. Sin ello el modelo de referéndum suele ser un paso más en la deriva populista de las democracias.

Defender la meritocracia como antídoto del populismo y la vetocracia suele sonar elitista. En este blog ya se ha escrito algunas veces sobre la necesidad de situar la democracia en su sitio (ver aquí), y el riesgo de pensar que la recuperación de los valores democráticos consiste en votar lo que no tiene sentido votar, o votar a ciegas, sin debate y sin información.

Recuperar la fortaleza de las instituciones que deben proporcionar los contrapesos, deteriorados en las últimas décadas, introducir instituciones meritocráticas inspiradas en los modelos originales de Senado, o las comisiones de expertos, que permitan contar con mayor deliberación y debate en los temas críticos, y recuperen la necesaria planificación a largo plazo de los estados, no parecen propuestas demasiados rupturistas. Más bien suenan a sentido común. Aunque quizás cuestionar la tiranía de la legitimidad del voto, en estos años de deriva populista, si sea demasiado rupturista.

Ada Colau y el respeto a la Ley

Mi intención primera era que este artículo versara sobre la costumbre de ciertos cargos electos (cada vez más) de prometer la Constitución “por imperativo legal”, pero resulta que se me han adelantado… ¡cuatro años nada menos! Ignacio Gomá escribió ya una excelente entrada en este blog aquí y, como cabría esperar, la única aportación que me queda por hacer al respecto es recomendaros encarecidamente que lo leáis.

Como quiera que ya me he sentado freente al ordenador con ánimo de escribir, y además le he prometido a mi amigo Fernando un artículo, voy a centrarme en un comunicado de doña Ada Colau, cuyas declaraciones suelen dar bastante juego (ya tuve la oportunidad de comentar en este blog algunas observaciones de la Sra. Colau, aquí).

El comunicado al que me refiero fue publicado por la propia Colau en su muro de Facebook (puede leerse completo aquí) y hacía una encendida defensa de su correligionario Guillermo Zapata, Concejal del Ayto. de Madrid y recientemente imputado por unos tuits sobradamente conocidos, que renuncio a reproducir para no resultar reiterativo ad nauseam.

Personalmente, opino que los tuits del también concejal Pablo Soto, con sus continuas referencias a la guillotina, resultan más preocupantes que los de Zapata, pero la opinión pública ha sido más sensible a los “chistes” sobre las víctimas del Holocausto o de ETA que a las llamadas a torturar y asesinar ministros. La opinión pública es como es.

Pero volvamos a la Sra. Alcaldesa de Barcelona: en su comunicado nos dice “¿Es Guillermo Zapata antisemita? ¿Es Guillermo Zapata insensible al sufrimiento de las víctimas? Y la respuesta es: absolutamente NO. Su activismo lo avala , su lucha al lado de la gente que sufre, su energía y empuje por cambiar las cosas, su entrega a la nueva política que tiene, no lo olvidemos nunca, un único objetivo: mejorar la vida de la gente.”  Diría que nos encontramos ante una forma peculiar de falacia de autoridad: el sr. Zapata no puede ser insensible al sufrimiento ajeno porque el sr. Zapata es un activista, y “su activismo le avala”. Es decir, según doña Ada, los activistas son inmunes a la insensibilidad, no pueden albergar pensamientos ni ideas crueles, y quienes les acusen de tal cosa yerran porque ignoran el aval que supone su activismo.

Pero el título de este artículo hace referencia al “respeto a la ley”, así que, más que centrarme en las falacias, tan frecuentes en los mensajes de la “nueva política”, me gustaría entrar en el fondo del asunto. La Sra. Colau no hace la menor referencia al delito que se imputa a su correligionario. Sí que manifiesta que “Con su persecución absurda, PP y Fiscalía harán el ridículo. Porque la gente no es tonta y sabe juzgar.” No es el juicio de los magistrados lo que interesa a doña Ada, sino el juicio de “la gente”. Y da por sentado que “la gente” absolverá al acusado, porque la gente no es “tonta” (¡qué pasión por la falacia!). En una entrevista a El País (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/31/catalunya/1433095687_171375.html ), declaró “Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen.” No podemos sorprendernos pues del desinterés de la alcaldesa por el delito que se imputa al sr. Zapata.

En lugar de centrarse en el delito, el comunicado se centra en el imputado, y esto es, en mi opinión, lo más preocupante. El imputado es inocente porque es una gran persona: es un activista, tiene energía, empuje, lucha al lado de la gente que sufre. Si hizo algo mal fue porque era “joven”, “gamberro”, “irreverente”, e incluso estas condiciones son más positivas que negativas: “suerte que lo éramos. Si no llega a ser por los irreverentes de este mundo, triunfarían el conformismo y el miedo.” A una persona así no se la debe juzgar, no se la puede condenar. Por el contrario, “todos aquellos que, a pesar de ser los verdaderos responsables de tanto sufrimiento, nunca dimiten”, esos sí merecen que caiga sobre ellos la condena de “la gente”, que es la que importa.

Es una constante en las ideologías totalitarias juzgar a la persona en su totalidad, más que a sus actos. En el 1984 de Orwell, los condenados se declaraban culpables de todos los delitos posibles, porque el delito en sí no importa: el disidente es culpable porque es disidente, y por lo tanto, sus actos son malvados por definición. En cambio el activista, el que lucha por la causa, es bueno por definición, y si algunos de sus actos pudieran llegar a ser criticables, no serían más que efectos colaterales de unos medios necesarios para alcanzar el fin: “mejorar la vida de la gente”. Y ese fin supremo, por supuesto, justifica cualquier medio.

Para las ideologías totalitarias, el respeto a la ley se subordina al respeto a la “justicia”, a su idea de justicia, y esa justicia va de identificar buenos y malos, y actuar en consecuencia.