Artículo de nuestro coeditor Ignacio Gomá en Libertad Digital: ¿Una Constitución zombi?

Una vez más llega el 6 de diciembre, trigésimo sexto aniversario de la Constitución, y hemos de disponernos a oír los tópicos característicos de la ocasión. Aunque, en realidad, este año tenemos algunas novedades: resulta que ahora Pedro Sánchez considera oportuno negociar sobre la Constitución, mientras que el presidente del Gobierno entiende que no es el momento porque hemos de centrarnos en la economía, que es la prioridad.
Desde luego, esta efemérides no debería ser ocasión para vacuas generalidades sino para reflexionar sobre si realmente ha llegado el momento de plantearse una reforma constitucional, a la vista de la crisis no sólo económica sino institucional que nos atenaza. Vaya por delante que para mí el origen del problema no es jurídico. No debemos caer en el vicio de nuestros dirigentes, que identifican hacer política con rellenar unas cuantas páginas más del BOE, aunque esas páginas sean verdadero papel mojado hecho sin pensar y para no ser aplicado. Pero que, eso sí, sirven para que ellos se pongan la medalla. Por eso las proposiciones de Sánchez son simples acciones para la galería: sólo pretenden una salida airosa a sus propias contradicciones internas. La cuestión no es reformar la Constitución, sino saber en qué sentido debe reformarse el sistema político. Lo contrario es tanto como decir que como un edificio tiene goteras hay que reformar los estatutos de la comunidad.
Claro que la posición de Rajoy tampoco es muy consistente. Sin duda, como dice Michel Ignatieff, la cualidad principal de un político es saber cuándo ha llegado el momento de una idea; y el presidente entiende que todavía no ha llegado el de tocar el sistema político. Claro que si se refiere al tema territorial quizá tenga razón, porque para entrar en ese tema es preciso que se haya rebajado en muchos grados la temperatura emocional y que prevalezcan los datos objetivos y los hechos sobre las consignas. Pero, lamentablemente, la actitud excesivamente pasiva del Gobierno en el 9-N y su incapacidad para defender lo que ya está escrito hoy en la ley no hace pronosticar que en una futura fuera a prevalecer el bien común sobre el oportunismo político.
Pero es que nuestro problema político no puede quedar limitado a Cataluña o, en general, al indudable mal diseño del Título VIII, que no ha favorecido, con su incoherencia y poca claridad, la convivencia regional. No, el problema es que incluso lo que está bien diseñado y sobre el papel responde a una democracia avanzada, en la realidad languidece porque modificaciones posteriores o la simple práctica partitocrática han conducido a que pilares esenciales de la democracia se conviertan en papel mojado. Esta es la verdadera cuestión: el mandato representativo ha fenecido a manos de los partidos, que son los que ostentan el verdadero poder de decisión, sustituyendo la voluntad del representante; el Parlamento, en teoría depositario de la soberanía nacional, pierde su primacía a favor del Poder Ejecutivo y a través de él de los partidos. Se sabe de antemano y con total precisión qué proyectos van a salir y cuáles no, por lo que los debates parlamentarios son hueros, simples comparsas de lo inevitable. La voluntad del Parlamento no es ya la voluntad general, sino simplemente la voluntad de la mayoría, con lo que se degrada la esencia de la misma democracia e impide un adecuado control del Poder Ejecutivo; el dogma de la separación de poderes es una simple indicación vacía, cuando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se encuentran politizados en sus órganos rectores, como ocurre en otras agencias de control del poder público.
El Leviatán que se consiguió trocear con la modernidad vuelve ahora recompuesto bajo otra apariencia, representada en la oligarquización de los intermediarios del poder. Cabría decir, pues, que la Constitución, forjada al fuego de El espíritu de las leyes de Montesquieu es más bien hoy un personaje de la serie televisiva Walking Dead, un zombi, más muerto que vivo, en metáfora ya utilizada por el conocido sociólogo Ulrich Beck a propósito de la familia moderna y que viene aquí muy a cuento debido a que formalmente los textos legales siguen respondiendo a un paradigma liberal que ya no existe porque la realidad política ha destrozado ese sistema de contrapesos, aunque a la cúpula dominante interese mantener la apariencia de que todo sigue igual, exacerbando el ritual parlamentario vacuo y escenificando artificiales contiendas ideológicas que en realidad responden a puras tácticas electorales enfocadas simplemente al reparto del pastel y nunca al interés general, que, por la propia dinámica del sistema, queda apartado.
Por eso, volviendo al principio, decir que no es el momento de plantearnos una reforma constitucional engloba dos engaños: primero, porque se pone en la mira la cuestión territorial, cuando el verdadero problema es el institucional, sin cuya resolución difícilmente se va a poder encarar aquel; segundo, porque ampararse en la economía para no cambiar nada es ignorar que un verdadero desarrollo económico a medio o largo plazo no se da sin unas instituciones que funcionen debidamente y que permitan que prevalezcan la verdadera justicia, la competencia, la meritocracia, la eficiencia y el sentido común. Sin ellas continuará el amiguismo, la corrupción, la ineficacia, el dispendio de recursos públicos y la mediocridad que tenemos ahora, aunque circunstancias coyunturales nos permitan respirar económicamente en un futuro.
No se puede uno escudar en la coyuntura para no hacer cosas que son imprescindibles. Al contrario, es el momento de hacerlas porque, de mejorar la economía, se perderá el impulso reformador. Pero, cuidado, es difícil que quienes manden lo hagan voluntariamente, porque ello significará que pierdan parte de su poder. Ha de ser la sociedad civil la que lo exija presionando sin desmayo para que se introduzcan las reformas necesarias para que el poder gire su mirada de las cúpulas de los partidos hacia el ciudadano, al menos en la parte necesaria para lograr el deseado equilibrio. Para eso puede que no sea imprescindible una gran reforma constitucional, y mucho menos destrozar el sistema desde fuera, como nuevos cantos de sirena que se nos ofrecen. Quizá baste con liberar al zombi de su maldición.

¿Es posible regenerar España si el PP y el PSOE no colaboran?

 
Gran parte de la ciudadanía desearía soluciones radicales ante la sensación de podredumbre que invade nuestra vida política. Reacciones enérgicas que expulsaran la corrupción y a los corruptos automáticamente, de un plumazo. Pero dicho objetivo  resulta difícil cuando la corrupción se ha infiltrado por casi todos los intersticios del poder.
Desgraciadamente, como sentenció Tácito, por la debilidad de la naturaleza humana los remedios son más lentos que los males. Por esa razón y por el mapa electoral que se avecina, la solución será más gradual. Y ello, en el mejor de los casos, pues bajo la consigna de la cacareada «regeneración» hay  variantes muy diversas: unas, pujantes, pero siniestras, que ofrecen remedios engañosos o imposibles, y pueden generar un país ingobernable; otras, cargadas de razones pero ayunas de liderazgo y votos suficientes para poner en práctica sus remedios. Y ya sabemos que en política tener razón no supone necesariamente tener votos (y tener votos no significa, ni mucho menos, tener razón).
Hace más de un año escribí en este blog un post -«No es la economía, estúpido»- dedicado a ese adalid del regeneracionismo patrio que es Mariano Rajoy. Criticaba su actitud táctica y electoralista ante la corrupción. Su falta de convicción profunda para  luchar decididamente contra ella y cortarla de raíz. Y concluía que si la manera de hacer política que llevan años practicando PP y PSOE no cambiaba, parte de sus votantes les abandonarían (…) porque ni PP ni PSOE estaban dando cabida a las corrientes de opinión que cada vez con más fuerza claman en el seno de la sociedad  por una regeneración del país que va mucho más allá de la superación de la crisis económica. Si siguen sin entenderlo, el aumento de votos que acabarán teniendo otros partidos les harán aprender a la fuerza lo que ellos no han querido brindar, voluntaria y generosamente, al conjunto de la sociedad española.
Resulta sorprendente que, a pesar del escarmiento que para PP y PSOE han supuesto las elecciones europeas de 2014 (con «Podemos» capitalizando el desencanto popular) y de los nuevos escándalos que después han surgido, ambos partidos  hayan continuado afrontando el problema  de la corrupción sin convicción alguna. Con una actitud simplemente cosmética y evasiva. Huelga detallar ejemplos. Desde aquellos SMS de aliento y cariño de Rajoy a un Bárcenas que ahora no conoce, el gravísimo caso de los ERE, o las últimas declaraciones de Cospedal, se advierte que los políticos no quieren aprender la lección y nos quieren seguir vendiendo la moto de lo que no hacen. Esa es justo la actitud que ya no aguanta la ciudadanía. Tampoco basta con pedir simplemente perdón,  como muy bien explica este artículo 
En esta coyuntura, ignoro qué va a resultar más dificíl. Si que el PP y el PSOE se regeneren desde dentro, o que los partidos minoritarios que primero propugnaron la necesidad de una regeneración se decidan a cambiar de estrategia  y rompan su techo de cristal. Porque por muy meritorias que sean algunas de sus iniciativas siguen siendo actores poco relevantes en términos electorales. Además, aparecen desunidos, y ni son una  una alternativa real frente al PP y al PSOE ni tan siquiera frente otros «regeneracionismos» anómalos que, hoy por hoy, les barren en las encuestas, aunque prometan soluciones imposibles.
La regeneración de la vida pública no es algo que nos vaya a dar hecho ningún partido político. Importa concienciarse de ello. Por eso, entregarnos a las soluciones utópicas y populistas que nos ofrecen algunos políticos es una actitud infantil  de efectos contraproducentes.
Todos -ciudadanos, funcionarios, jueces, políticos-, desde nuestra actitud cotidiana, desde nuestra responsabilidad individual,  desde nuestro voto, podemos ser sujetos activos de la regeneración o, por el contario,  de un mayor deterioro institucional.
En ese sentido, quiero referirme a la responsabilidad singular de todos esos diputados y cargos del PP y del PSOE -personas íntegras y valiosas- a quienes repugna lo que está pasando. Viven en una contradicción desde hace demasiado tiempo. Muestran silencio o aquiescencia en público, aunque luego reniengan y despotrican en privado contra la posición de las cúpulas de sus partidos, compartiendo el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Hasta ahora, se han resignado a seguir siendo asalariados de esos «partidos de empleados» (como decía Jiménez de Parga), a vivir agazapados para poder mantener su escaño y seguir saliendo en la foto.
Tienen la esperanza de que las cosas cambien. Y no se dan cuenta de que son ellos quienes pueden y  tienen que empezar a cambiarlas. Depende de ellos sacudirse la autocensura, la ambivalencia y el adocenamiento que les imponen las cúpulas de sus partidos. Dejar de ser hipócritas.    Empezar a ser valientes, a ser políticos con ambición de un país mejor y no tristes empleados del partido, asintiendo siempre a lo que digan Génova o Ferraz.
Hace años un diputado del PP dijo que los políticos «deberíamos dedicarnos» a «crear la ola» y «dejar de  surfear la ola» (es decir, dejar de sortear los problemas, tomando decisiones en función exclusiva de las encuestas del momento para que el asunto no te quite votos, aunque se quede sin resolver, en vez de abordar los problemas seriamente).
Ya es hora, pues, de salir del armario, de dejar de  surfear sobre tanta porquería, sorteando problemas como la corrupción y algunos otros para que no te salpiquen o te quiten votos. Es necesario propiciar un giro real (no aparente o propagandístico) y abordar con coraje los problemas en vez de esquivarlos. «Crear la ola» de una nueva dinámica para España que favorezca de verdad la solución de nuestros males y nos aleje de riesgos como el populismo y la demagogia. Dos riesgos que son hoy más cercanos gracias a  la actitud timorata y poco transparente que el PP y el PSOE han mantenido durante años respecto a la corrupción y el reparto partitocrático de las instituciones, desde las cajas de ahorro hasta los órganos con funciones de control,  incluido el Poder Judicial.
Hace tres años dije en este blog que la crisis institucional de este país no la iban a poder arreglar por sí solos los partidos minoritarios, tipo UPyD o Ciudadanos, si desde dentro del PP y del PSOE esa mayoría de gente íntegra que está en sus cargos no cambiaba de actitud y tomaba conciencia de que tienen que arriesgar, ser valientes, exponer su criterio  (y su escaño) por encima de los corsés que impone la disciplina de partido.
Algún intento tímido y aislado hay de vez en cuando. Si cundiese el ejemplo y dejaran de ser casos aislados, sus partidos -PP  y PSOE- quizá volverían a ser creíbles.  Está por ver si esos políticos empezarán a actuar con coherencia:  si serán valientes e intentarán provocar reformas desde dentro o dimitirán por no haberse atrevido o no haberlo conseguido.  Porque no cabe continuar mucho más tiempo con esa contradicción interna, con esa actitud cínica y esquizofrénica en la que viven, si de verdad quieren que las cosas cambien a mejor.
No pierdo la esperanza.
 

¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.
Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, «es dimitido» a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.
Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto, lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, «el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.
No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:
Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.
Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un «colchón de confianza». A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.
Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.
En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.
Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.
El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.
De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.
 
 

España hacia la catarsis

Cuando comencé a escribir este artículo, se titulaba “España: entre el regeneracionismo y la catarsis”. Será que escribo despacio, pero tres o cuatro escándalos de corrupción más tarde, he decidido alterar ese título por el presente. Tal vez sea un indicio de que los acontecimientos se precipitan.
No merece la pena entrar a relatar aquí los múltiples aspectos económicos, institucionales, organizativos de nuestra sociedad que están afectados por la crisis. Libros como ¿Hay Derecho? publicado por los editores de este blog, o los post de blogs como “Nada es Gratis”, o simplemente, el repaso  diario de los titulares de los periódicos reflejan perfectamente a que nos referimos.
Las prácticas viciadas y la continuada impunidad ha terminado generando que, aunque aun existan muchas personas limpias de polvo y paja, todos los estamentos de la sociedad estén en mayor o menor medida contaminados: las administraciones, sobre todo las más pequeñas (entidades locales, administraciones “independientes”, universidades); los agentes sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, el asociacionismo clientelar); el sector empresarial, tanto el de altos vuelos con sus prácticas oligopólicas y sus negocios subvencionados, como la pequeña y mediana empresa que trampea todo lo que puede con Hacienda y la Seguridad Social, etc…
Los organismos de control tanto los públicos (internos, tribunales de justicia, tribunales de cuentas, organismos reguladores, etc), como privado (auditores de cuentas, comités de RSC, etc) están absolutamente superados por las circunstancias, minados e infiltrados por aquellos a quienes han de investigar y afectados con frecuencia por conflictos de intereses irresolubles. La autorregulación se ha demostrado inoperante, los códigos éticos y  las propuestas de responsabilidad social de las empresas, en su mayor parte, son meros juegos de artificio y artimañas de marketing.
Dada la dimensión de los problemas que atenazan a España en estos momentos, lo único que mantiene una generalizada paz social es que las costuras del estado de bienestar -si bien tensas como tirantes- aguantan todavía. La legitimidad del sistema es puesta en entredicho y resulta cada vez más difícil encontrar argumentos para su defensa dialéctica eficaz.
A pesar de todo, todavía existen elementos esenciales para la vigencia de nuestro modelo de Estado que aguantan firmes y así, según podemos comprobar estos días, el respeto por la libertad de expresión permite que todos estemos puntualmente informados de las supuraciones del sistema y que el mensaje de posibles alternativas políticas llegue con claridad a la población;  la eficacia e independencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado facilita que esos actos delictivos que tanto nos escandalizan lleguen a los tribunales al margen del encuadramiento político de sus presuntos autores (lo que en otros países aparentemente democráticos sería impensable); y a pesar de la crisis y los recortes, el normal funcionamiento de la administración consigue que los servicios públicos sigan prestándose con normalidad. El enfermo está grave pero sus constantes vitales aún permanecen estables.
Pero no cabe engañarse, la torpeza –dicho sea por ser elegantes- con la que nuestros dirigentes -independientemente de su signo político- han gestionado España durante los últimos lustros, y la carencia de otras alternativas sólidas hace muy probable que en las próximas elecciones generales –o en las siguientes si una coalición consigue prorrogar el “statu quo” por una legislatura-, los electores puedan impulsar un cambio radical de nuestra sociedad hacia soluciones populistas y, aunque se disimulen, comunistas.
Ese panorama no puede sino atemorizar a quienes, como quien suscribe, apuesta por preservar lo esencial de nuestro sistema entendido como un “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico” y en donde se desarrollen políticas de corte socialdemocrata en el entorno de una economía de libre mercado.
Para evitar que se produzca el vuelco es imprescindible corregir las perversiones que ahora afectan a nuestro sistema político, pero preservando lo mucho de bueno que el modelo mantiene. La solución pasa por iniciar un proceso de cambio que suponga una regeneración completa del sistema y que consiga volver a captar la adhesión de la gran mayoría de la sociedad española. Pero el cambio debe ser profundo y auténtico, las huecas declaraciones formales y los pomposos planes de actuación sin contenido real y que, al final, quedan en mera componenda resultan a estas alturas inaceptables.
A la vista del deterioro de la situación, esa regeneración debe comportar incluso una catarsis, entendida como una “expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo” (2ª acepción del diccionario de la RAE). Ello exige no solo entonar un “mea culpa”, sino tomando como ejemplo los gestos realizados por la Corona continuar con una renovación completa tanto de las personas como de los usos y de esas costumbres que tanto daño han hecho e incluso, si se considerara necesario y se consigue un suficiente consenso, abriendo paso a un nuevo proceso constituyente.
Para conseguir llevar a cabo con éxito este proceso de cambio parce imprescindible aunar voluntades y asentar sólidas alianzas para alcanzar un acuerdo a la largo plazo y vencer las inevitables y poderosas resistencias al cambio. El esfuerzo debe ser conjunto, pues por si solas las fuerzas políticas tradicionales carecen ya de suficiente energía y aceptación. Así, resulta evidente que todo el trabajo realizado hasta ahora por el Gobierno con sus iniciativas reformistas no es percibido por la población como una auténtica regeneración. Por otra parte, la ambigüedad y escasa profundidad de los posicionamientos del nuevo líder de la oposición socialista tampoco parecen calar en la sociedad y, finalmente, las esperanzas que muchos regeneracionistas pusieron en el proyecto político de UPyD han terminado por verse defraudadas tras sus divisiones e incongruencias internas, probablemente perjudicando también las expectativas del otro proyecto netamente regenerador: el Movimiento Ciudadano.
No parece, pues, que haya fuerzas políticas lo suficientemente poderosas para, en solitario, poder practicar con éxito un impulso regenerador en la sociedad afrontando reformas estructurales realmente determinantes y perceptibles, es preciso alcanzar consensos en aspectos básicos entre quienes todavía son representantes legítimos y electos de la sociedad.
Dada la existencia de una mayoría absoluta en las Cortes, el liderazgo natural para emprender un proyecto de esta envergadura es lógico que corresponda al partido del Gobierno, pero debe también admitirse la participación activa y protagónica del resto de las fuerzas políticas y de la sociedad civil a través de los agentes sociales ya reconocidos, pero también mediante de los procedimientos de participación ciudadana más abiertos que las actuales tecnologías permiten para poder contar con la participación activa de todos los que crean que la reforma del sistema nacido de la Constitución del 78  es más aconsejable que una refundación partiendo de cero.
El objetivo no puede limitarse tan solo a una urgente persecución de la corrupción conocida, ni a la adopción de medidas para evitar que sea tan fácil y compense tanto corromperse.
Resulta imprescindible ir más allá y responder a las demandas sociales de abordar una transformación institucional de la gestión pública, limitando el nepotismo y clientelismo que se ha ido instalando en los últimos tiempos; reforzando la independencia y la capacidad de las autoridades de control para impedir que sectores estratégicos sean ocupados por determinadas oligarquías y grupos de poder; apostando decididamente por la transparencia; dotando a la Justicia de los medios humanos, materiales y tecnológicos precisos para que pueda dar respuesta veloz y de calidad a las demandas de los ciudadanos, así como acabar con las trabas económicas que dificultan el acceso a la misma de las clases medias; y cerrando definitivamente el modelo de organización territorial del Estado incluyendo una reforma profunda de la administración local. La lista de materias a reformar puede ser mucho más extensa, pero lo urgente ahora es volver a consolidar los cimientos del sistema y reformar nuestro modelos de Estado de manera que legalidad y legitimidad vuelvan a estar juntas de la mano.
En el fondo, de lo que estamos hablando es que el conjunto de personas, que ahora tienen asumida nuestra representación en virtud de los distintos mandatos democráticos vigentes, actúen con la responsabilidad, inteligencia, generosidad, lealtad institucional y altura de miras que la gravedad del momento exige. Que tengan el arrojo de dar un paso  adelante aunque sea arriesgado y la gallardía de dar un paso atrás cuando se conviertan en un estorbo ¿Será pedir demasiado?
Ya no cabe fiar en errores ajenos, ni jugar con la carta del miedo, tampoco vale de nada echarse las culpas unos a otros. La supervivencia del modelo que ha traído la prosperidad y la paz a nuestro país durante más de treinta años (y que ahora tiene carcomida su estructura) depende solo de que en el tiempo restante hasta las próximas elecciones, se consiga acertar lo suficiente –más incluso en lo político que en lo económico y social- como para demostrar a una mayoría de la población que merece la pena seguir confiando. En otro caso, la hastiada sociedad española demandará un cambio sin precedentes sin pensar demasiado en las consecuencias. Ha pasado antes en Italia o en Venezuela.
Los acontecimientos recientes demuestran que tras la alternativa ofertada por el nuevo partido político “Podemos” hay talento suficiente como para liderar esa legión de 200.000 personas que ya se han inscrito como seguidores y que, con legítima hambre de poder, aspiran a “asaltar el cielo” y convertirse en una nueva élite dispuesta a dirigir el país durante la próxima generación. El cronómetro se ha puesto en marcha, queda poco más de un año.

Nuestra carta al Ministro de Justicia solicitando la concesión de la orden del mérito civil para Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel

 

 
El día 9 de octubre los editores del blog procedimos a presentar en el Ministerio de Justicia la carta que reproducimos a continuación:
 
Iniciativa para la concesión de la Orden del Mérito Civil
AL MINISTRO DE JUSTICIA
COMPARECE:
La Asociación ¿HAY DERECHO?, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1 con el nº 599923, con CIF G86425881 y con domicilio a estos efectos en Madrid, Francisco de Rojas 10, 28010 Madrid.
Representada por su presidenta, Dª Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, con DNI *, y por sus vocales Dª Matilde Cuena Casas, con DNI *, D Rodrigo Tena Arregui, con DNI *, D Fernando Rodríguez Prieto, con DNI *, D Fernando Gomá Lanzón, con DNI *, y D Ignacio Gomá Lanzón, con DNI *.
EXPONE:
I. Que el art. 1.1 del Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil, señala que ésta “tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones públicas incluidas en el ámbito de la Ley 30/1992, o por personas ajenas a la Administración, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas, o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.”
II.- Que conforme al art. 7.3, “cualquier iniciativa de corporaciones, asociaciones, instituciones o cualesquiera otras entidades deberá ser canalizada a través de las autoridades previstas en el apartado anterior, según el área de actividad en donde se adquirieron los méritos, el ámbito territorial, o la vinculación profesional de la persona propuesta.”
III.- Que el apartado anterior menciona en su apartado f) a los “Ministros del Gobierno”.
IV.- Que doña Ana Garrido Ramos, empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha prestado un servicio relevante a la Justicia española, y por ende al Estado, al denunciar a un coste personal muy elevado –como demuestra la sentencia del Juzgado de lo Social de Nº 2 Bis  de Móstoles (sentencia 64/2014) condenando por acoso laboral al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, confirmada recientemente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- la trama corrupta diseñada por algunos miembros del Partido Popular (conocida como la trama “Gürtel”) colaborando así de manera decisiva a su desmantelamiento y persecución judicial de sus responsables.
Concretamente, doña Ana Garrido Ramos procedió a presentar en enero de 2009 un dossier/denuncia de más de 300 páginas ante la “Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado” de Madrid, en el que se reflejan los presuntos delitos de corrupción que se venían cometiendo durante los últimos años en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, bajo el mandato del alcalde Arturo González Panero. A raíz de dicha denuncia se produce la imputación del sr. Panero, así como la de numerosos empresarios y políticos del Partido Popular, implicados en la denominada trama Gürtel. Así mismo, durante este proceso, en paralelo a las aportaciones realizadas a la investigación del caso Gürtel, mantuvo una importante colaboración con la Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF).
Con motivo del hostigamiento recibido solicitó una excedencia voluntaria trasladándose durante cerca de dos años a Centroamérica, sin ningún tipo de protección, ni recursos laborales, económicos, etc. con el consiguiente coste emocional de desprenderse de su hogar, familia y amigos.
En febrero de 2010 viaja de incógnito a España durante unos días con motivo de la citación judicial por la que se le requiere, en calidad de testigo de la Fiscalía Anticorrupción, ante el magistrado Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. En dicha declaración aportó nueva información que serviría para avanzar en la investigación y por tanto, para ampliar la lista de imputados.
En junio de 2011 regreso a España con el sentimiento del deber cumplido y  la esperanza de recuperar la normalidad de su vida laboral y personal. Sin embargo es tal el grado de acoso  recibido por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presidido por el actual alcalde Antonio González Terol (Diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular), que se ve obligada a interponer una demanda por acoso laboral ante el Juzgado de lo social Nº 2 de Móstoles, contra dicho Ayuntamiento (Febrero 2013), cuyo resultado le ha sido favorable en ambas instancias, como ya se ha hecho referencia.
En julio de 2014, fruto de la información aportada por ciudadanos, presenta un nuevo dossier en la Audiencia Nacional dirigido al juez Ruz.
V.- Que a instancias de la Asociación ¿Hay Derecho? se ha formulado en la plataforma change.org una “petición dirigida al Gobierno de España para conceder la Orden del Mérito Civil a Ana Garrido, la empleada pública que destapó el caso Gürtel” (http://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-concedan-la-orden-al-m%C3%A9rito-civil-a-ana-garrido-la-funcionaria-que-destap%C3%B3-el-caso-g%C3%BCrtel) a la que, a fecha de hoy, se han adherido más de 150.000 firmas de ciudadanos españoles.
VI.- Que considera esta Asociación que este tipo de conductas en defensa de nuestro Estado de Derecho pese al coste personal y profesional sufrido por Ana Garrido Ramos –que además ha tenido que afrontar los gastos económicos del proceso, mientras que el Ayuntamiento de Boadilla ha usado dinero público para defenderse- merece la concesión de esta distinción, además de haber sido apoyada masivamente por la ciudadanía. Considera también que sería un magnífico gesto que incentivaría a otros empleados públicos a denunciar casos similares de corrupción en línea con las medidas regeneracionistas que pretenden impulsar el Gobierno y la oposición.
VII.- Y a la vista de lo expuesto,
SOLICITA:
Que de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil, formule al Ministerio de Asuntos Exteriores la propuesta de ingreso en la Orden de doña Ana Garrido Ramos, de nacionalidad española,  con DNI *  y con domicilio en * en base a los méritos relacionados en el expositivo IV.
En Madrid, a 8 de Octubre de 2014
 

El imposible indulto de Carlos Fabra, artículo de Elisa de la Nuez en Vox Pópuli

Recientemente el ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón y del PP, Carlos Fabra, ha solicitado su indulto mediante carta dirigida al Ministerio de Justicia en la que manifiesta su convicción de merecerlo porque su condena no tiene fin resocializador alguno y con el indulto no se haría daño a nadie. A nadie, añado yo, salvo al Estado de Derecho ya que un indulto a Carlos Fabra equivale pura y simplemente a un torpedo en su línea de flotación.
Como es sabido, la condena del sr. Fabra no ha sido precisamente fácil de conseguir. Entre jueces que pasaban por el juzgado de instrucción de Nules como alma que lleva el diablo y billetes premiados de lotería, la sentencia del sr. Fabra ha tardado muchos años en llegar (en concreto, nueve años ha durado la instrucción) durante los cuales el ex Presidente de la Diputación ha seguido con su “bussiness as usual”. Es decir, con obras como el Aeropuerto de Castellón sin aviones con estatua del prócer incluida. Lo más curioso es que en la carta en que solicita el indulto se queja, precisamente, de lo larguísima que ha sido la instrucción como si él no hubiera puesto todos los obstáculos posibles, jurídicos y no jurídicos para que fuera así. Esto no lo digo yo, lo dice la sentencia que le condenó. Es lo que suele pasar cuando se investiga a gente poderosa, como por ejemplo al sr. Alfredo Saenz. Las instrucciones se dilatan hasta el infinito y más allá y los que las dilatan (gracias a los servicios de sus abogados)se  quejan después de su calvario judicial e incluso ven reducida la pena por la duración del procedimiento.   Es lo que ocurrió en el caso de Alfredo Saenz, como comentamos en su día aquí 
Alega también el sr. Fabra que habiendo transcurrido tanto tiempo desde la comisión del delito cumplir la pena ya no tiene ningún sentido. Y para no dejarse nada en el tintero, recuerda que al final ha sido absuelto de las acusaciones de corrupción, dado que –como es habitual en estos casos- no se han podido probar. Pero como al final la corrupción tiene que ver con el dinero como explica Francisco de la Torre en este artículo siguiendo el rastro del dinero (y en particular del dinero negro) se pueden extraer algunas conclusiones de sentido común aunque no sean suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que rige en el Derecho penal. Porque teniendo presente que D. Carlos Fabra era el todopoderoso cacique local en su doble condición de Presidente de la Diputación de Castellón y Presidente del PP de Castellón ¿de dónde puede sacar dinero negro una persona que está a sueldo de una Administración o/y de un partido?  Pues imagínenselo.
Eso sí, se trata en todo caso de evitar la cárcel mientras se decide sobre el indulto. Ya ha manifestado el Fiscal General del Estado en una reciente entrevista en la Cadena Ser que él no es partidario de que alguien que puede ser indultado ingrese en prisión. Pero ¿cómo se sabe si alguien puede ser indultado o no? Pues porque el indulto lo concede materialmente el Gobierno (aunque lo firma el Jefe del Estado) y el Fiscal General depende del Gobierno.
Efectivamente, el indulto es un residuo del derecho de gracia que tenían los monarcas absolutos en el antiguo Régimen y que ha sobrevivido  en las democracias modernas porque cumple una función necesaria como elemento de cierre del sistema. Se trata por esta vía de corregir situaciones particulares en las que la aplicación estricta del Derecho penal en un caso concreto puede producir una injusticia a la luz del contexto social en el que se debe aplicar la pena. Sería el caso de condenas tardías, desproporcionadas o que se impongan a personas que hace tiempo que están resocializadas o rehabilitadas. Pero como excepción a la regla general de que la persona condenada por un delito debe de cumplir la pena impuesta su utilización debe de ser extremadamente cuidadosa. Efectivamente, hay que impedir a toda costa que el indulto se convierta pura y llanamente en una medida arbitraria para “rescatar” de las manos de la Justicia penal a determinadas personas  que han prestado servicios o tienen buenas relaciones con el Poder político, ya se llamen Barrionuevo o Fabra. O simplemente para evitar que se utilice sin ninguna razón objetiva –aunque puede haber sospechas de que sí las había subjetivas- como ocurrió en el famoso caso del kamikaze cuyo indulto fue finalmente anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Pues bien, la utilización que se ha hecho del indulto en estos últimos años ha sido muy bien documentada en la web de la Fundación Civio “el indultómetro” cuya lectura es muy recomendable. A estas alturas no les sorprenderá saber que el número de indultados por delitos de corrupción es muy alto. Aunque quizá más les sorprenda saber que desde que la opinión pública ha puesto su foco de atención en los indultos, su número ha disminuido sensiblemente.
Para que se hagan una idea, la ley reguladora del indulto data nada menos que del 18 de junio de 1870 aunque haya sido modificada –y no precisamente para mejorla- por la ley 1/1988 de 14 de enero, que redujo los controles que existían en la ley original para su concesión. Urge por tanto una nueva Ley para reconducir la institución a unos términos compatibles con los de un Estado de derecho moderno. Y a la vista de lo que está pasando en España puede no ser una mala idea excluir del indulto determinados delitos –tal y como sucede en otros países- entre los que se encuentran los que causan una gran alarma social, como por ejemplo los relativos a la corrupción. En todo caso lo que parece imprescindible es que esta decisión pueda ser sometida a controles formales y materiales, en la línea apuntada en la importante sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2013 en el caso del kamikaze a la que ya nos hemos referido antes y que hemos comentado aquí
Parece también más que razonable que las víctimas del delito tengan al menos que ser oídas y que los informes de los jueces o tribunales sentenciadores sean vinculantes, es decir, que si son desfavorables, el indulto no puede concederse. Y por último, tiene que ser excepcional que la posibilidad más o menos lejana de un indulto impida la entrada en prisión, al contrario de lo que propone el Fiscal General del Estado.
Por último, conviene recordar que obtener un indulto no solo es relevante para evitar el ingreso en prisión (algunas personas condenadas, por su edad, no lo harán) sino porque “borra” los efectos negativos que tiene una condena judicial, por ejemplo, para ser banquero (ahí tenemos el caso de Saenz) o la prohibición de contratar con la Administración Pública. Creo que no es casualidad que la empresa Seguridad Integral Canaria de un empresario canario indultado (Miguel Angel Ramirez) haya recibido importantes contratos de distintas Administraciones como denuncia la web el BOE nuestro de cada día, también de la Fundación Civio /
Es cierto que al final en el caso Fabra –lo mismo que sucedió con Al Capone- solo se ha conseguido una condena por fraude fiscal, pero también -como en el caso del gángster- los ciudadanos podemos legítimamente considerar que su principal actividad no era defraudar dinero al Fisco, aunque esta fuera su consecuencia inevitable. Y que indultar este tipo de comportamientos, por extendidos que hayan estado entre nuestra clase política, resulta sencillamente intolerable no solo desde un punto de vista jurídico sino sobre todo desde un punto de vista moral.
 

Calidad legislativa, calidad democrática

A Montesquieu (+++),
autor de “El espíritu de las leyes”
La consideración de la Justicia como valor ético y democrático ha tenido en diversos sectores del Derecho cauce de expresión reactiva muy clara con ocasión de actuaciones gubernamentales que no eran nada coherentes ni conformes con ese principio. Así, con ocasión de unas disparatadas tasas judiciales como recorte a la tutela judicial efectiva o un uso arbitrario y absolutista en la concesión de indultos (ahora mitigado por los escándalos anteriores), la reacción de muchos operadores jurídicos ha sido rotunda y también ha calado en la opinión pública la impresión de que el poder no tiene y no quiere límites.
Cuando se habla de la crisis que padecemos, generalmente se entiende a nivel económico. Algunos hablan también de crisis ética y de valores, de crisis de las instituciones, etc. Pero hay una dimensión importante que añadir y de la que tendríamos que hablar más: la crisis jurídica entendida no solo desde un punto de vista formal sino también como manifestación de la crisis democrática.
El Derecho son normas como expresión de unos cauces consensuados para fijar reglas de convivencia. Y ello ha de ser vinculante tanto para los ciudadanos como, especialmente, para los poderes públicos. Cuando estos son capaces de utilizar fuera de los cauces reglados y en su propio beneficio las normas para imponer (en el sentido más contundente) su voluntad, es que algo se resquebraja. Cuando es capaz de despreciar reiteradamente la dimensión formal y los modos establecidos legalmente para generar Derecho, deben advertirse luces rojas.
Los gobernantes viven siempre con la impulsividad de ver convertidos sus deseos en órdenes. Así, el poder que da el considerar como valor absoluto lograr que sus deseos, ocurrencias, impulsos, propaganda etc, se publiquen cuanto antes en el BOE aunque fuese despreciando las formas de producción normativa y no importándoles el resultado final.
Hace tiempo se viene hablando del deterioro de la calidad normativa. No es ciertamente solo de ahora. Pero es indudable que esas nuevas o revitalizadas prácticas de imposición y el ejercicio de la autoridad entendida de modo cuasi autoritario están teniendo un uso muy desmedido y grave. Ello se manifiesta en muy diversos ámbitos concretos aunque sólo me centraré aquí en dos que han tenido, una vez más, manifestación reciente y crítica unánime (por los que nos atrevemos a hablar).
Antes hemos de referirnos a la producción normativa desde un punto de vista formal del lenguaje. Sobre ello, entre muchos aspectos, uno no menor es el creciente deterioro (y lo que es peor) el desprecio, por el lenguaje normativo. Pienso que el lenguaje no es neutro pero peor que mal intencionado es que sea una chapuza casi sistemática y que esto no interese ni preocupe a los gobernantes.
Que se haya perdido el placer de leer leyes (el Código Civil sigue siendo un monumento) y que se haya convertido su lectura en una tortura incomprensible, hace que algunos, a título de broma, puedan alegar la excusabilidad de su cumplimiento por esa fórmula ritual clásica de promulgación: “A todos los que vieren y entendieren…”.
Pero el lenguaje no solo es la expresión formal de unas palabras sino que en su contenido afecta de raíz a uno de los pilares de nuestra convivencia: “la seguridad jurídica”. Siempre todo lo que se haga o diga para reivindicar este valor será poco. Pero ahora cuando es tan despreciada por los poderes públicos que consideran en la práctica a los ciudadanos como súbditos, tiene especial valor. Y, ciertamente, unas normas mal escritas, confusas y alambicadas en su redacción generan, sin duda, inseguridad jurídica.
Otro elemento perturbador (y que también afecta a la seguridad jurídica) es, sin duda, la profusión normativa y el desorden. La hiper-producción legislativa, su carácter desordenado, compulsivo, respondiendo a veces a interés muy puntuales de grupos de influencias, ensanchando siempre el ámbito de la discrecionalidad del poder, convirtiendo leyes en pura publicidad, etc es una realidad constante.
Pero hay dos aspectos que quiero destacar y que engarzan con una idea nuclear: la merma clara y muy creciente de la calidad normativa tiene una profunda relación con el deterioro gigantesco de la calidad democrática.
El primero se refiere a la forma de introducir normas de modo semioculto. Y ello es cada vez más constante. Son muchas manifestaciones de ello. Alguna vez se aprovecha una norma en tramitación parlamentaria para introducir vía enmienda gubernamental (los grupos parlamentarios son sólo correa de trasmisión) modificaciones de materias ajenas al objeto originario.
Formalmente parecía que todo valía hasta que el Tribunal Constitucional dictó hace tres años una sentencia importante y novedosa. Se estaba tramitando en noviembre de 2003 ante el Senado una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial conexa a la que simultáneamente sería Ley Concursal, procediendo aquella norma a crear los Juzgados Mercantiles. Pues bien (pues mal), en esa reforma de la LOPJ prevista para tal fin se introdujo dos enmiendas en el Senado mediante las cuales se reformaba el Código Penal, introduciendo un nuevo tipo delictivo: la convocatoria ilegal de consultas vía referéndum. El destinatario de esas penas del infierno y de cárcel tenía entonces nombres y apellidos, aunque se extendía a todos los que participasen en el proceso, los miembros de las mesas, los interventores, etc.
Dicha sentencia 119/20111, de 5 de julio, declaró inconstitucional esas incorporaciones en el Senado, señalando, entre otras cosas, que: “Desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa, no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. Una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener pero no forzar la Constitución”. Alguien debería ser castigado a copiarlo cien veces.
Como manifestación de lo contrario que el Tribunal Constitucional rechaza, toda la ciudadanía y no solo los juristas han podido ver un estilo lamentable (el presidente del Congreso lo calificaría de “chapuza”) con ocasión del aforamiento a toda prisa no solo del Jefe del Estado y su hipotético/a sucesor/a sino también (y era el motivo de la urgencia) del monarca que muy recientemente había abdicado. Sin entrar en la cuestión de fondo, lo que debe reputarse disparatado era la forma de hacerlo a toda prisa…y la utilización de nada menos del proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público que estaba en trámite parlamentario para introducir tamaño desafuero de aforamiento.
Lo que queda es, como en el futbol, es el resultado pero es preocupante la percepción de la ciudadanía con este caso de que en Derecho todo vale. ¡Y no es así! Ese gusto o adición por incorporar en una Ley temas ajenos a su contenido originario es muy creciente. Las Disposiciones Adicionales y Finales se convierten en auténticas emboscadas. Yo leo las leyes en el BOE como si fuesen sentencias: comenzando por el final, con expectación, porque sé que algo me sorprenderá. Así, entre otras manifestaciones, solo en el último año, pueden citarse la Ley 3/2013, de 4 de junio, de “Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”. Pues bien, en ella se aprovecha para tratar el tema del personal no controlador aéreo de AENA o para modificar la Comisión Nacional de la Energía. También la Ley 8/2013, de 26 de junio, de “Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana”, donde se acude para modificar la ley general presupuestaria o la tributaria en diversos aspectos. O arrobados de espíritu navideño, se les devolvía a los funcionarios un día de permiso de los abundantes suprimidos por decreto ley, haciendo tal regalo mediante…la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de “Control de la Deuda Comercial en el Sector Público”.
Sobre leyes “heterogéneas”, muy recientemente debe destacarse una sentencia del Tribunal Constitucional 120/2014, de 17 de julio (BOE de 15 de agosto de 2014) en la que se es muy benevolente hacia el poder con la mezcla de leyes diversas en un solo instrumento normativo, atendiendo a un criterio básicamente formal. No obstante, lo que dicha sentencia juzga (como siempre, con endémico retraso: 11 años) era la impugnación de una ley de 2003 titulada de “medidas fiscales, administrativas y de carácter social”, como sucedáneo a las antiguas ley de acompañamiento, sobre las cuales ya se había pronunciado la sentencia de 27 de enero de 2003. En la recentísima sentencia de este verano, se combinan afirmaciones como “si la conexión de homogeneidad exigible a las leyes de contenido heterogéneo ha de entenderse de modo flexible para que atienda también a su funcionalidad”, con otras que ya advirtió en su momento de que “en el ejercicio del derecho de enmienda al articulado, como forma de incidir en la iniciativa legislativa, debe respetarse una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado”. Pero en todo caso, estaba examinando leyes con títulos muy genéricos y no específicos como los ejemplos señalados.
¿Dónde está la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho? Sobre ello ya escribiría en esta Newsleter de la Abogacía el 21 de febrero de 2013 en “Lamento por la seguridad jurídica”. Igual que lo haría sobre otro punto muy preocupante en lo que es la muy deteriorada calidad normativa en un contexto de degradación de la calidad democrática que estamos sufriendo. Me refiero al uso más que abusivo de los decretos leyes sobre lo que ya muy al comienzo de esta legislatura se percibía. Solo llevaba este gobierno cinco meses cuando (31 de mayo de 2012) llegaría a escribir también en esta Newsletter: “Decretos leyes: la virtud de la rapidez y el defecto de la prisa”.
Ahora se ha llegado al paroxismo recientemente con el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, en el que de golpe se procede a alterar de un día para el siguiente nada menos que 26 leyes diversas y de contenido diferente. Que ello tenga reflejo en 172 páginas del BOE de ese sábado es algo sin precedentes ni en épocas autoritarias. Una consecuencia de esa manera de hacer las cosas es que solo cinco días después el BOE publicase por vez primera en su historia ¡6 páginas de correcciones de errores de una sola disposición! Volvemos o, mejor dicho, continuamos el llanto por la seguridad jurídica cada vez está más destrozada en España.
Esta es la triste realidad de un país que exige seguridad jurídica en defensa de intereses de grandes empresas españolas que actúan en países con gobiernos populistas latinoamericanos y que se olvida de ese valor cuando depende de ella y afecta a ciudadanos españoles corrientes.Es la triste realidad de un país cuyo deterioro de su calidad normativa está llegando a niveles muy degradados, fruto, precisamente, de una calidad democrática en notable retroceso.
 

¿Quien defiende a los (presuntos) corruptos?

Reproducimos el artículo publicado por la editora Elisa de la Nuez en el periódico digital Vozpopuli.
No me entiendan mal, este post se refiere solo a la defensa técnica y legal en los casos de corrupción institucional, es decir, a los que afectan a una institución (por ejemplo, a un alcalde) por lo menos mientras lo sigue siendo, es decir, mientras no dimite lo que en España no es frecuente precisamente. Porque aunque se habla mucho de la corrupción, se habla menos del hecho de que la defensa jurídica de los (presuntos) corruptos y de sus actuaciones – corre por cuenta del contribuyente. Y lo más interesante es que, incluso cuando resultan condenados –es decir, se demuestre que la actuación fue incorrecta, ya sea en vía administrativa o incluso penal- la factura la sigue pagando el contribuyente. Como lo oyen.
La explicación es que las instituciones disponen de sus asesores jurídicos internos para defender sus actuaciones (por aquello de que los actos de los organismos públicos tienen presunción de legalidad mientras no se demuestre lo contrario) cuyos sueldos pagamos todos. No solo eso, con frecuencia se contratan también abogados externos “de campanillas” para los casos particularmente complejos o difíciles, léase comprometidos para el político o el gestor de turno. Efectivamente, en ocasiones las instituciones  consideran que los asesores internos carecen de la suficiente especialización, o de la necesaria sensibilidad o influencias (ya saben, por aquello de los cursos, los seminarios, las conferencias que un gran despacho puede pagar a un juez y un funcionario municipal no). A veces lo que se desea es contratar a abogados de confianza, por ejemplo, al abogado que lleva los asuntos jurídicos del partido que gobierna en la institución que tiene el problema. Pues bien, a estos abogados que no son precisamente baratos también los pagamos los contribuyentes. Y si al final el pleito se pierde nadie le exige al gestor o político de turno que reembolse el dinero, cosa que por otro lado sería perfectamente posible con la ley en la mano.
El último ejemplo concreto de esta forma de actuar lo tenemos en el caso de la empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la trama Gurtel, Ana Garrido Ramos, para la que por cierto se ha iniciado desde la Asociación ¿Hay Derecho? una solicitud para que se le conceda la orden del mérito civil que lleva recabadas en change.org más de 144.000 firmas, lo digo por si se quieren sumar.  Pues bien, después de la denuncia de la trama Gurtel en el Ayuntamiento le hicieron la vida imposible (lo cuenta ella en su blog personal) hasta que finalmente consiguió una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles por “mobbing” contra el Ayuntamiento, cuyo recurso pende ahora ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid. Pues bien, en todo el proceso el Ayuntamiento estuvo defendido por el abogadodel Estado excedente Iván Gayarre , abperteneciente al conocido bufete Sagardoy especialista en Derecho Laboral, que casualmente es el mismo abogado al que el PP encomendó su defensa ante la demanda laboral de Bárcenas.  Contratado con el dinero de todos aunque desconozco a través de qué procedimiento dado que el contrato no aparece en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Boadilla. Lo cierto es que aunque el Ayuntamiento de Boadilla consideró en su momento el asunto “un mero conflicto laboral” que han tomado muchas molestias para defenderse bien. Ana Garrido lógicamente se tuvo que pagar su propio abogado.
Curiosamente, en la segunda instancia (el recurso que el Ayuntamiento de Boadilla pone ante el TSJ de Madrid por estar disconforme con la sentencia laboral condenatoria) se ha optado, al menos formalmente, por contar con los propios funcionarios del Ayuntamiento para la defensa jurídica. Digo que es curioso porque no es habitual cambiar de abogado en la segunda instancia, sobre todo si se tiene en cuenta que normalmente la minuta del abogado ya incluye la vía del recurso si se pierde el pleito en primera instancia, como es el caso. Parece que el Ayuntamiento esta vez ha preferido no acudir a los servicios externos de un abogado conocido por defender al PP en un pleito famoso, y los escritos los firma ahora un funcionario, el jefe de recursos humanos. O a lo mejor hay otros motivos, vaya usted a saber. Otra cosa es que lo más probable es que la dirección técnica aunque sea en la sombra la realice el mismo abogado que llevó la defensa del Ayuntamiento en la primera instancia, dado que es lo más razonable desde todos los puntos de vista. Pero el Ayuntamiento ahora prefiere que no figure.
¿Conclusión? Muy sencilla, la ocupación de las instituciones por los partidos políticos supone que en caso de conflicto entre el interés del partido “ocupante” y el interés general al que se supone que sirve la institución (y sus funcionarios o empleados públicos, que para eso les pagamos los contribuyentes y no el partido) se impone el primero. De esta forma no solo se realizan actuaciones contrarias a la ley (la implicación de los sucesivos alcaldes de Boadilla en la trama Gurtel) sino que cuando alguien intenta defender los intereses generales, es decir, los de los contribuyentes se utiliza toda la artillería institucional –ojo, no la del partido aunque los abogados puedan coincidir- para perseguir al denunciante, profesional y personalmente y por supuesto para entorpecer la investigación judicial todo lo que se pueda. No resulta tan complicado cuando además los compañeros del denunciante se ponen de perfil, no les vaya a pasar a ellos algo igualmente desagradable. Insisto, todo este despliegue para defender lo indefendible se realiza con el dinero de los contribuyentes, dinero que por mucho que se confirme la existencia de actuaciones irregulares -me apuesto lo que quieran- nadie va a devolver a las arcas públicas. Así están las cosas en España en septiembre de 2014: no solo hay que ser un héroe o heroína para denunciar la corrupción sino que además hay que tener dinero. En cambio,  a los abogados de los (presuntos) corruptos los pagamos los contribuyentes.
 

El voto malogrado

​Excluir injustificadamente de su aplicación la totalidad o parte de las promesas electorales hechas por un partido político para obtener el voto por las cuales ese partido logró su éxito, constituye una estafa a los ciudadanos, un engaño por el que se les ha inducido a malograr su voto. El programa con el que se presenta un partido político a las elecciones constituye una oferta de contrato dirigido a la multitud de ciudadanos que han de votar en ellas. La oferta contiene una serie de propuestas que el partido ofertante ha de ejecutar para el caso de que gane las elecciones, por lo que obviamente tiene un carácter condicionado al triunfo en los comicios. Si sucede que, tras el éxito del partido, el programa propuesto no puede ser aplicado por circunstancias imponderables ajenas a su voluntad, entonces tendrá que explicar públicamente y en detalle las razones antes desconocidas que afectan a la realización del programa, y qué partes del mismo pueden gozar de viabilidad. Y es que la oferta de contrato en qué consiste el programa alberga los ingredientes necesarios para su validez: un conjunto de acciones a desarrollar destinadas al mantenimiento, alteración o sustitución de organismos o puesta en marcha o paralización de proyectos que afectan a la vida civil, sean personales, de servicios o de fomento. Además, la oferta suele estar confirmada por una publicidad escrita en folletos, editada en internet y voceada hasta la extenuación y el cansancio en mítines y en toda clase de convocatorias o debates.
Hay tanta ilusión puesta por los ciudadanos en estos proyectos, afectan tanto a la vida de las personas en su nacimiento, su educación, su matrimonio, su economía, su trabajo u otras cuestiones, que decir que los programas de los partidos están hechos para ser incumplidos, como se atribuye a Tierno Galván, supone un desprecio profundo a la trascendencia del hecho colectivo de las elecciones, no mitigado por la torpe intención jocosa con la que tal vez la frase fuera pronunciada. La frescura y el desparpajo de partidos o individuos que desvergonzadamente rechazan aplicar el conjunto o parte de sus promesas electorales no puede considerarse más que como una provocación a las personas que con su voto las alzaron al gobierno de la nación.
Y es que la propagación del proyecto político del partido suscita adhesiones de múltiples ciudadanos que se suman a él, vertebrando una mancomunidad de esperanzas compartidas, no sólo con los directivos o líderes, sino entre toda clase de personas de muy diferente carácter y condición. La alegría desbordada de los vencedores o el sufrimiento de los perdedores en el momento de conocer los resultados electorales nos evidencian los estados psicológicos de las masas alineadas con los partidos, semejantes a la estruendosa algarabía y al jolgorio con que truenan los estadios cuando el equipo propio corona su jugada con un gol o al penetrante silencio con que es acogido el del contrario.
Toda esta comunicación de sensibilidades y aspiraciones tiene lugar con la emisión del voto, porque entre el ciudadano votante del proyecto vencedor y este mismo partido se establece un vínculo moral, racional y apasionado por la convergencia de voluntades en la ejecución de un plan de vida social, el desenvolvimiento de una empresa común a desarrollar por una organización detentadora del poder, lo que constituye, como dijo el historiador José Antonio Maravall, el esquema conceptual de la política, y a ese esquema se llega después de un análisis de la específica realidad social, practicado con el objetivo de resolver el problema de la convivencia con arreglo a un determinado punto de vista.
El incumplimiento de la promesa –incumplimiento de la prestación contractual– conlleva deslealtad hacia sus votantes y hacia los ideales tenidos por comunes, por lo que una actuación consciente del partido contraria a lo convenido en ese programa constituye una imperdonable vileza, sobre todo cuando el compromiso proyectado y no realizado supone el fortalecimiento de tendencias destructoras de la convivencia, como el terrorismo o la fragmentación territorial o social, difícilmente anulables en comicios posteriores y con el riesgo de su consolidación social, lo que causa entre los seguidores defraudados un estupor que oscila entre la protesta indignada o la irritación silenciosa. A pesar de los riesgos que acarrea la juridificación de la política hay que intentar poner coto a la ruptura arbitraria de las promesas realizadas para alcanzar el poder una vez que éste ha sido conseguido.
Junto al incumplimiento consciente y puro, existen estrategias de simulación, que pueden tener infinidad de variantes: puede, por ejemplo, esgrimirse el cumplimiento de una parte del programa como prioritaria y absorbente, lo que sirve de coartada para omitir las restantes; se puede disimular la ejecución de un objetivo odioso para su electorado, bajo la capa de la necesidad de obedecer una decisión internacional no estrictamente obligatoria y tal vez pactada con otras fuerzas políticas; puede persuadirse tal vez a la población de que un enemigo exterior -por supuesto, inexistente y hábilmente elaborado- trata de dañar gravemente los intereses públicos de una región, cuando en realidad los únicos intereses que peligran son los que las oligarquías locales han obtenido mediante sus múltiples delitos.
Sabemos que los pueblos están cargados de mitos y prejuicios; sabemos que las técnicas de simulación, de sugestión, se utilizan en todos los ámbitos de la vida social; sabemos que la opinión tiene interferencias onerosas o acaso coactivas; pero, como dice Hermann Heller: “Desde hace unos doscientos años la opinión pública, al menos en el terreno de la política, rechaza todo género de intervención trascendente en el acontecer causal, toda clase de creencia en lo maravilloso, diabólico o mágico, prefiriendo, cualquiera que fuera su actitud en otros aspectos, las interpretaciones racionales de carácter naturalista, económico o técnico”.
Es más, creo que podemos considerar, con Jovellanos, que la opinión que se diferencia de los rumores y cotilleos “se forma siempre por el juicio desinteresado de los hombres de bien”. Y aunque estas palabras puedan ser calificadas de optimistas e ingenuas en un plano general, sobre la opinión pública emitida en forma de voto en una urna no cabe otra calificación que la estrictamente jurídica de su capacidad para contribuir a la gobernación del estado. Y esa voluntad ha de ser respetada por todo el mundo y, antes que nadie, por el beneficiado con su designación.
​Ahora bien, tratar de establecer sanciones a políticos o partidos por el incumplimiento puro o simulado de las promesas es tarea casi imposible. Los diputados no están jurídicamente obligados a realizar lo prometido en campaña. El artículo 67.2 de la Constitución Española dice que “los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo,” lo que les permite decidir en conciencia sin necesidad de rendir cuenta de su gestión ante los ciudadanos. Otra cosa es que traten de justificar los incumplimientos para evitar que los electores los penalicen negándoles el voto en los siguientes comicios.
​Ese trilero de la política que es Artur Mas escenificó en 2006 ante tres notarios de Barcelona una especial asunción de responsabilidades mediante un llamado “contrato con los catalanes”, que envió a 5,3 millones de electores para que se adhirieran a él reenviando un cupón a una página de su partido o rellenando un formulario. Pues bien, todas estas triquiñuelas desembocaban en que el incumplimiento de sus promesas “podía conllevar implicaciones políticas”, es decir, que los ciudadanos podían no votarle en los comicios posteriores. ¡Una burla más de este tramposo a su electorado que pudo creer que mediante ese supuesto compromiso se le otorgaba algo que no tenía con antelación!
​En fin, como en tantas ocasiones hay que acudir a Roma como unidad histórica en la que cristalizaron variadas experiencias para rescatar de ella una idea que, según Polibio, fue una de las causas del éxito de la Constitución Romana: el poder autocrático de los Cónsules. Con la fundación de la República fueron escogidos dos cónsules que desempeñaban el cargo durante un año y ejercían la mayor parte de las competencias que antes desempeñaba la realeza. Ambos, de igual autoridad y contrapeso el uno respecto del otro, ocupaban el más alto puesto de la república, convocando y presidiendo el Senado, ejecutando sus decretos y levantando y mandando el ejército. Dice Montesquieu en la “Grandeza y decadencia de los romanos” que “Roma estableció cónsules anuales; esto es lo que la llevó a tan alto grado de poder…los jefes se renovaban todos los años, y deseando dejar huella de su paso para obtener otros cargos, no había hora perdida para la ambición …”
Tal vez el ritmo veloz de la tecnología, ahora más que nunca protagonista de la historia, permita establecer un mandato más corto entre los comicios, expulsando de la vida pública a los políticos o partidos incumplidores, y ello  sin perjuicio – si gozáramos de otra judicatura- de castigar imparcialmente y con rapidez a los que delinquen o se enriquecen a costa de los ciudadanos.
 

El postureo legislativo

El presente artículo fue publicado recientemente por el diario El Jurista, según puede verse aquí. El autor nos ha autorizado a su reproducción en este Blog, lo que hacemos encantados dado su indudable interés y calidad. El uso propagandístico de las normas es una costumbre que se extiende y que es preciso denunciar. (Los editores).
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El postureo es una actitud que se basa en el deseo de mostrar a los demás una cualidad, que en realidad no se tiene, con la intención de lograr una apariencia atractiva frente a la gente. Es propio, sin duda alguna, de las tendencias conectadas con el florecimiento que ha existido en los últimos años del empleo de las redes sociales por parte de un gran sector de la población.
Resulta necesario detenerse un momento y entender que el postureo ya ha sido objeto de reproche en el ámbito de lo político en algunas situaciones en las que puede haberse producido, como la de la presunta pasividad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el caso de la menor transexual que tuvo que cambiar de centro escolar por ser discriminada, la de la visita de Elena Valenciano a Extremadura antes de las elecciones al Parlamento Europeo, o la de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyas bases no fueron respetadas por el Parlamento estatal. La conducta relacionada con la intención de mostrar una apariencia deseable existe en sectores como el legislativo desde hace años, en el que se pueden encontrar normas que fueron promulgadas, más que para cambiar una figura jurídica y con ello un aspecto de la sociedad, para conseguir ocupar los titulares de la prensa en un momento determinado o para obtener una mayor popularidad política, al contrario de lo que pasaba hasta hace más de una década, en un momento en el que se le otorgaba seriedad a la legislación, que se utilizaba, no como instrumento publicitario, sino como una herramienta para lograr, exclusivamente, la alteración efectiva de la vida de la ciudadanía.
El postureo legislativo lleva años siendo practicado por el Parlamento estatal y por los Parlamentos de las distintas Comunidades Autónomas, pero también por el Gobierno estatal y por los Gobiernos autonómicos a través de los Decretos-leyes, sin que se puedan hacer distinciones entre los partidos políticos que controlan los poderes legislativos y los poderes ejecutivos que hay en España, ya que todas las formaciones han empleado en una medida similar la creación de normas para alcanzar una buena imagen de cara a la opinión pública y otros fines de naturaleza mediática. A nivel estatal, el postureo legislativo provocó la promulgación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible según algunos y con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha sido criticada por la Unión Europea. Además, se ha podido dar algún caso de postureo en lo que se refiere a normas autonómicas que plantean problemas de eficacia en las Comunidades Autónomas, como ya sucedió, según lo que se dice en El Blog Salmón, en Cataluña, con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y en Andalucía, con el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que fue analizado por Ignacio Gomá Lanzón en un interesante artículo.
El caso más claro de promoción política a través del campo legislativo hasta hace unos años era el del Derecho Penal simbólico, constituido por reglas sancionadoras que, únicamente, sirven para conseguir los aplausos de la ciudadanía. El fenómeno de las normas jurídicas simbólicas se ha extendido, desgraciadamente, a los demás ámbitos del Derecho Público y a ciertos aspectos del Derecho Privado desde el campo penal y, además, se han propagado sus devastadoras consecuencias.
Crear leyes pensando únicamente en la propaganda que pueden suministrar es legislar por legislar y provoca, en la mayoría de las ocasiones, que se creen normas jurídicas con demasiada rapidez, que no se emplee la técnica legislativa adecuada y el establecimiento de la inseguridad jurídica, que termina produciendo efectos negativos en el desarrollo de la actividad de los sujetos públicos y privados. Las normas jurídicas tienen que ser las justas y las necesarias y deben ser, necesariamente, eficaces y eficientes.
Lo mejor para todos los ciudadanos y para los operadores jurídicos es que no exista ninguna tendencia relacionada con lo que se puede denominar el postureo legislativo y que se produzca la legislación justa y necesaria de la forma adecuada para reglar de manera efectiva las relaciones que hay entre los distintos sujetos privados y públicos que actúan en la sociedad, garantizándose la seguridad jurídica. De lo contrario, el Estado de Derecho continuará derrumbándose como un viejo edificio cuyos cimientos no han sido correctamente cuidados.