DEDÓMETRO V: El juego de la oca

Presentamos hoy un nuevo avance de resultados de “El Dedómetro”, el proyecto de la Fundación Hay Derecho para medir el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos.

Aena SME, S.A. es la sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. Al analizarla dentro de nuestro proyecto de “El Dedómetro”, hemos observado que nos sirve para ilustrar uno de los efectos de la colonización de nuestras instituciones: el de los nombramientos al más puro estilo juego de la oca. 

¿A qué nos referimos? Pues a personas que “concatenan” diferentes cargos directivos públicos siempre bajo el Gobierno de un mismo color (hasta ahora o bien gobiernos del PSOE o bien gobiernos del PP). Lo único que el tradicional “de oca a oca y tiro porque me toca” lo podríamos adaptar aquí a un “de cargo a cargo y sigo porque me toca”.

Y es que uno de los efectos que hemos observado como consecuencia de la falta de meritocracia y la ausencia de mecanismos de selección públicos, transparentes y objetivos es que los responsables del Gobierno de turno tienden, en muchas ocasiones, a elegir a las mismas personas para diferentes puestos directivos de máximo nivel dentro del sector público. 

Dicho de otra forma: una de las consecuencias de la falta de meritocracia es la endogamia. Y es que en el sector público asistimos a movimientos de personas que ocupan altos cargos de lo más variopintos al albur de un determinado Gobierno (hasta ahora PP/PSOE). Eso sí, cuando no gobierna el partido de su “color”, las trayectorias profesionales de esas personas abandonan las altas esferas públicas y según el caso o se vuelven a la administración si son funcionarios, o vuelven al partido político de turno o ejercen alguna actividad en el sector privado. 

Este fenómeno está intrínsecamente relacionado con unas instituciones públicas donde prima la dedocracia. No podemos obviar que en el sector privado no resulta nada fácil ocupar puestos directivos de alto nivel en diversas empresas sobre todo de diferentes sectores de actividad. Esos “saltos” son complejos, sin embargo, en la esfera pública resultan mucho más sencillos con la “conexión” adecuada. 

Al analizar Aena nos hemos encontrado que tanto el actual como en el anterior Presidente-Consejero delegado de la entidad tienen experiencia previa en cargos públicos, uno con el PSOE y el otro con el PP. Repasamos brevemente su trayectoria. 

Mauri Lucena, actual Presidente-Consejero delegado de Aena, llegó al cargo tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Procedía del Banco Sabadell, puesto al que llegó tras ser el portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña. Esa fue su experiencia profesional durante los Gobiernos de Rajoy, pero con Zapatero como Presidente del Gobierno, ocupó dos altos cargos en la Administración General del Estado. Primero, de julio 2004 a mayo 2010, fue Director General del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y desde mayo de 2010 hasta febrero de 2012 fue vicepresidente ejecutivo (CEO) de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España). Fue cesado de su puesto en ISDEFE tras el cambio de “color” en el Gobierno. 

Por otra parte (en el lado del PP), tenemos a Jaime García Legaz, que fue Presidente-Consejero delegado de Aena entre octubre de 2017 y julio de 2018. Su nombramiento se produjo durante el segundo mandato de Rajoy al frente del Gobierno. Antes de llegar a Aena ocupaba el puesto de Presidente de CESCE (compañía de seguro de crédito a la exportación) y justo antes fue titular de la Secretaría de Estado de Comercio. En resumen, en los casi 7 años de Gobierno de Rajoy “encadenó” tres altos cargos diferentes. 

Cabe señalar que no pretendemos en ningún caso juzgar la valía profesional de los dos últimos presidentes de Aena. Lo que queremos poner de relieve es que, si el nivel de politización de nuestras instituciones fuese menor, no serían tan común ocupar varios altos cargos de diferente índole bajo un Gobierno del mismo color. 

En el momento en el que escribimos estas líneas desconocemos cuál será el Gobierno resultante de las últimas elecciones generales celebradas el pasado 10 de noviembre. Actualmente la alternativa que más visos tiene de prosperar es una coalición PSOE-Podemos. Ambos partidos han alcanzado un acuerdo con 10 puntos donde uno de ellos se denomina “Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción”. 

Promover la meritocracia, la transparencia y la concurrencia en la designación de los máximos responsables del sector público sería una medida excelente de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. El problema es que ni Pedro Sánchez ni el PSOE en general han sido capaces de ponerla en marcha gobernando en solitario (al igual que el PP). ¿Serán capaces en un gobierno de coalición?. 

 

Dedómetro IV: ¿Qué ocurre en Correos?

Correos, una empresa estatal con más de tres siglos de historia y diseñada por ley para prestar un servicio postal universal, es una de las principales compañías nacionales por tamaño, contando con una plantilla de 53. 605 trabajadores y una cifra de negocios que ascendió a 2.035.632 euros en 2018 -aunque a su vez arrastra un déficit estructural de en torno a 220 millones, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado en julio de este mismo año-. El mismo informe sitúa a Correos como el grupo postal más deficitario de Europa, con pérdidas que pueden llegar a alcanzar los 1.727 millones  en los próximos cuatro años. En los Presupuestos Generales del Estado de 2019, se asignó a Correos una subvención de 150 millones.

No parece, por lo tanto, el destino idóneo para alguien sin experiencia ninguna en materia o de gestión. Sin embargo, eso es lo que sucedió en Julio de 2018, cuando el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E nombró a Juan Manuel Serrano Quintana como presidente de Correos. Serrano Quinta desde 2014 fue jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Ingeniero Técnico de Informática, Serrano desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No tiene por lo tanto experiencia de gestión al más alto nivel, y nunca ha desempeñado labor ninguna dentro de la compañía o en el sector.

Este perfil de nombramientos no es desconocido para nuestros lectores, ni tampoco para Correos. Desde 2004, fecha de corte de nuestro estudio, Correos ha tenido un total de 6 presidentes. Juan Manuel Serrano Quintana elegido en julio, 2018, durante el Gobierno de Pedro Sánchez; Javier Cuesta Nuin, marzo 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy; y Ángel Agudo San Emeterio, Alberto Lafuente Felez, Sixto Heredia Herrera y José Damián Santiago Martín, todos ellos elegidos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011.

Cabe destacar que salvo el de Javier Cuesta Nuin, todos los nombramientos tuvieron cargos relacionados con el partido que los nombró (en este caso el PSOE),  y que la mayoría no tenían experiencia en gestión de este tipo de empresas. Y dos de ellos, José Damián Santiago Martín y Alberto Lafuente Felez se movieron por diversos altos cargos. Santiago fue nombrado Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y Lafuente presidente de la Comisión Nacional de la Energía después de su breve estancia en la empresa. Correos (a pesar de ofrecer una remuneración en torno a los 200.000 euros anuales a su máximo directivo) no suele ser el destino final.

También cabe destacar la asombrosa frecuencia de rotación en el puesto de directivo. En Correos ha habido, entre 2004 y 2012, un total de 5 presidentes, un promedio de uno cada año y siete meses. En comparativa su homóloga francesa, La Poste, ha tenido solo dos directivos en 10 años (y 892 millones de beneficios, demostrando que incluso en 2019 es posible ganar dinero como una empresa de servicio postal, o por lo menos no perderlo). Es difícil que estos directivos hayan tenido tiempo para poco más que conocer la empresa, máxime teniendo en cuenta su poca experiencia previa en puestos similares. También es difícil de comprender cómo la empresa puede diseñar una estrategia a medio o largo plazo para salir de su difícil situación actual con este nivel de rotación. Claro que a lo mejor esto no es su mayor preocupación.

Quizás esto explica el que la impronta que puede dejar un directivo de estas características se limite a cambios cosméticos. Recordemos que el último mes de junio saltó al plano nacional la decisión de Correos de cambiar el logo de la empresa, quitándole cuatro puntos a la tradicional corona, algo que fue duramente criticado dado lo mínimo del cambio y el elevado coste de realización (unos 200.000 euros). O no solo cambios cosméticos, dado que el mes pasado Correos abrió la mayor convocatoria de contratación de personal desde 2004: 4.005 plazas de personal laboral fijo. Justo a tiempo para las elecciones.

Uno no espera que una compañía de mensajería consiga acaparar muchas portadas. Pero lo cierto es que por dedazos, déficit presupuestario y controvertidas decisiones de marketing Correos lo está consiguiendo. No es algo de lo que estar muy orgulloso,

Dedómetro III: desmontando algún mito

Presentamos hoy la tercera entrega de avance de resultados de “El Dedómetro”, el proyecto de la Fundación Hay Derecho para medir el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos.

Después de la AEDP (Agencia Española de Protección de Datos) y la SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado), le toca el turno a la Entidad Pública Empresarial Red.es, cuyo caso nos sirve para desmontar un mito: los cambios en los directivos del sector público se producen solamente cuando cambia el partido de turno en el Gobierno (PP / PSOE). 

Es cierto que cuando cambia el color del Gobierno, una de las primeras consecuencias que observamos es el “baile” en los máximos responsables del sector público y suele tener cierta repercusión mediática. Por ejemplo, el cese y posterior nombramiento de más 300 altos cargos tras convertirse Pedro Sánchez en Presidente de Gobierno.  

Pero no menos cierto es que el “baile” de directivos públicos se produce también cuando hay cambios o tensiones dentro de un Gobierno, sin que cambie el partido político al mando. Y es que no olvidemos que cuando se colonizan las instituciones públicas, los nombramientos y ceses de los directivos públicos no obedecen a razones ni objetivas ni basadas en el mérito sino a los contrapesos internos, las luchas de poder, las afinidades personales… y todo eso sucede dentro de un mismo partido político, no hace falta un cambio de “color”. 

Y una entidad que nos sirve para ilustrar este hecho es la Entidad Pública Empresarial Red.es, que es una de las entidades analizadas dentro de nuestro proyecto que más rotación a nivel ejecutivo ha sufrido: desde 2004 hasta la actualidad, la entidad ha contado con 10 Directores Generales. 

El Director General de la entidad es nombrado y cesado por el Consejo de Administración a propuesta del Presidente, siendo el Presidente el Secretario de Estado para el Avance Digital (anteriormente Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información) que depende en la actualidad del Ministerio de Economía y Empresa.

Cabe destacar que no existe un procedimiento ni objetivo, ni público ni transparente para elegir al Director General de Red.es. Tampoco en sus Estatutos se fijan unos requisitos mínimos de formación y experiencia profesional que se deban acreditar para poder acceder el al puesto. Cuando esto sucede, la práctica nos demuestra que como consecuencia del alto nivel de politización imperante, la elección se reduce principalmente a un factor: la confianza. Se trata de un único factor pero con muchos matices (no excluyentes entre sí): la confianza puede ser de tipo personal (amistad/familiar), profesional (personas que han trabajado juntas en el pasado) o política (alguien del partido, o recomendado por alguien del partido en su defecto). Es innegable que encontrar a alguien de confianza para un puesto directivo público resulta sencillo y rápido, otra cosa es que ese alguien sea el perfil más adecuado para el puesto a cubrir, pero eso a nuestros políticos no suele importarles.

Lo único que en el caso que nos ocupa, el Presidente de Red.es y responsable del nombramiento de la Dirección General es el Secretario/a de Estado de turno, que depende del Ministro/a de turno, por lo que según los contrapesos internos y la relación que pueda existir entre ambos, la decisión sobre los nombramientos y ceses  puede “caer” de un lado u otro.

Un ejemplo: en los casi 7 años de Gobierno de Mariano Rajoy la entidad pública empresarial Red.es tuvo 4 Directores Generales. Por supuesto que después de prosperar la moción censura y con Pedro Sánchez de Presidente del Gobierno, se nombró a otro Director General, el quinto en apenas 7 años. Repasemos a continuación brevemente los cambios producidos en la Dirección General de Red.es durante este periodo. 

El primer Director General que nombra en enero de 2012 el por aquel entonces Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Víctor Calvo Sotelo, es Borja Adsuara, que había sido años atrás alto cargo con el PP y asesor parlamentario del PP en el Congreso. Podríamos decir que es un nombramiento basado en la confianza política que mencionábamos anteriormente. 

Año y medio después de su nombramiento, el Sr Adsuara es cesado y nombran en su lugar a César Miralles, persona de confianza (personal y profesional) del por aquel entonces Ministro José Manuel Soria, que hizo su particular “colonización” de Red.es de la que se hicieron eco diferentes medios (ver por ejemplo esta noticia). 

Año y 9 meses después de acceder al cargo, el Sr Miralles es cesado una vez que José Manuel Soria deja de ser Ministro. En esta ocasión, el nombramiento recae en Daniel Noguera, persona de confianza del propio Víctor Calvo Sotelo. 

Como se habrán imaginado, año y medio después el Sr Noguera es cesado, coincidiendo con el nombramiento como Secretario de Estado de José María Lasalle, que accede al cargo en el segundo gobierno de Rajoy. El nuevo Secretario nombra para la Dirección General de Red.es a José Manuel Leceta, profesional que llegó por recomendación de María Dolores Cospedal (quien años atrás le había dado el reconocimiento al Sr Leceta de hijo predilecto de Castilla La Mancha ensalzando públicamente su trayectoria). Sí, somos conscientes que la Sra Cospedal no era en aquella época Ministra de Economía, Industria y Competitividad, el titular de esa cartera y por tanto “jefe” del Sr Lasalle era Luis de Guindos, pero está visto que la confianza no conoce fronteras.

Y para cerrar el círculo (o el despropósito según se mire), año y 8 meses después el Sr Leceta es cesado, ya con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Francisco Polo, Secretario de Estado para el Avance Digital nombra a David Cierco, que había sido con anterioridad alto cargo en el gobierno de Zapatero y posteriormente cargo electo municipal del PSOE (en Pozuelo de Alarcón, municipio de Madrid). Volvemos a la confianza política en este caso. 

Pero viendo el histórico de la entidad, lo más probable es que se produzcan cambios en la Dirección General de Red.es cuando dejemos de tener un Gobierno en funciones, sea del color que sea… salvo que el nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones del 10 de noviembre trabaje duro en la descolonización de nuestras instituciones públicas, cosa que a día de hoy, vemos poco probable la verdad. 

Dedómetro II: sin cambios en el rumbo. Loterías del Estado

El proyecto del dedómetro continua, viento en popa, en su finalidad de comprobar hasta qué punto el clientelismo y el nepotismo permean nuestras instituciones.

Esta vez la institución analizada es la empresa pública SELAE, más conocida como Loterías del Estado. SELAE es una Sociedad Mercantil Estatal, con una participación del 100% por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, por lo cual el nombramiento, así como el cese de los miembros del Consejo de Administración y a última instancia el Director General, depende enteramente del mismo. Realiza la gestión, explotación y comercialización exclusiva de los juegos de titularidad estatal (loterías, apuestas deportivas, etc)

Nos hemos centrado en los últimos quince años para abarcar gobiernos de ambos lados del espectro político. Desde el año 2004 hasta la fecha, SELAE y la entidad previa (LAE) ha tenido un total de seis presidentes; Don Jesús Huerta Almendro (elegido según Doña María Jesús Montero, actual Ministra), Doña Inmaculada García Martínez (por Don Cristóbal Montoro), Don José Miguel Martínez Martínez (también por Don Cristóbal Montoro), Don Aurelio Martínez Estévez (propuesto por el ex-Secretario de Estado de Hacienda Don Carlos Ocaña Pérez de Tudela), Don Carlos Ocaña Pérez de Tudela (por Pedro Solbes), y Don Miguel Ángel Fernández Ordóñez ( también por Don Pedro Solbes), en orden cronológico inverso.

Los dos directivos de LAE aquí mencionados fueron nombrados por el Ministro de Economía de la época, y los cuatro últimos por el Ministro de Hacienda (aunque en el caso de Don Aurelio Martínez fuera una recomendación directa del Secretario de Estado de Hacienda, Don Carlos Ocaña, quien a su vez presidió LAE meses antes).

Una breve investigación de sus respectivos currículos revela un dato interesante, todos ellos contaban con cargos de naturaleza política previos a su nombramiento, acorde con la definición estipulada por la ley, de “alto cargo”. Dos ejemplos. Don Aurelio Martínez fue concejal por el PSOE (no sin acusaciones de favoritismo) en Valencia años antes, y Don Jesús Huerta formó parte del equipo de Doña María Jesús Montero, la ministra de Hacienda que le nombró presidente años más tarde, en la Consejería de Hacienda en la Junta de Andalucía. Sin embargo, solo el caso de Don José Miguel Martínez destaca por su relación estrecha con el cargo político que lo nombró: el ex-Ministro de Hacienda Don Cristóbal Montoro, concuñado, o como poco, íntimo amigo de Don J. M. Martínez.

Puede ser que la gestión de Loterías no requiera conocimiento muy especializados en materia o experiencia de gestión previa en el ámbito de los juegos de azar pero un dato a tener en cuenta es la alta remuneración que recibe el máximo directivo, unos 220.000 euros anuales lo que le convierte en un destino muy adecuado para remunerar los servicios prestados en otras tareas al servicio del partido político de turno. Esta hipótesis es congruente con la rotación existente asociada a los cambios de gobierno de uno y otro signo. En definitiva, aunque en muchos casos se trate de altos funcionarios resulta llamativo que nadie tenía experiencia previa en la gestión de una entidad de este tamaño.

Efectivamente, excepto Don Aurelio Martínez, que fue presidente de Navantia, ninguno había gestionado una empresa de este tamaño. No obstante algunos contaban con experiencia en gestión de personal y presupuestos al haber estado al cargo de consejerías o direcciones generales. En cuanto a su formación, dos de ellos pertenecen al Cuerpo de Inspectores de Hacienda (Doña Inmaculada García Martínez y Don José Miguel Martínez), y por lo tanto tienen estudios al menos parcialmente relacionados con la actividad de la entidad; los otros cuatro no tienen estudios relacionados con la industria del juego o con las competencias directas del Ministerio de Hacienda. El actual Presidente, Don Jesús Huerta Almendro, por ejemplo, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Cádiz y un máster en Gestión Sanitaria.

En definitiva, los nombramientos en SELAE parecen mezclar una pizca de meritocracia y una cucharada sopera de politización.

El dedómetro: primeros avances, pocas sorpresas

El proyecto puesto en marcha por la Fundación Hay Derecho para medir el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos, denominado “El Dedómetro”, avanza a buen ritmo gracias al trabajo de múltiples colaboradores. En esta primera fase el análisis se está centrando en empresas públicas, entes públicos empresariales, agencias y autoridades administrativas independientes vinculadas a la Administración General del Estado.

En numerosas ocasiones (por ejemplo aquí o aquí) los colaboradores de la Fundación han alertado del impacto negativo que tiene la selección del personal directivo de los organismos públicos por su afinidad política, por consolidar redes clientelares afines al partido o por mero amiguismo sobre la calidad de dichas instituciones. La falta de profesionalidad y meritocracia en las cúpulas directivas de los organismos públicos puede derivar en una gestión ineficiente de los mismos o, en el peor de los casos, pervertir su función original para poner el organismo al servicio del partido político que nombra a su principal ejecutivo.

El objetivo de la Fundación es contar con un amplio número de instituciones analizadas para poder analizarlas en su conjunto y en su contexto temporal y político. Pero mientras avanzamos en esta ardua tarea, queremos ir mostrando algunos de los resultados que estamos encontrando.

Una de las primeras instituciones analizadas ha sido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad pública independiente encargada de velar por la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos. La designación del director/a de este organismo está regulado por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. El artículo 14 recoge que el director/a es nombrado por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, de entre los Miembros del Consejo Consultivo y que su mandato tendrá una duración de cuatro años desde su nombramiento. El artículo 15 desglosa los motivos de su cese, que solo pueden ser por la expiración de su mandato o por petición propia. El mismo artículo otorga al Gobierno la potestad de separar al director/a de su cargo antes de expirar su mandato solo por incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, incapacidad sobrevenida, incompatibilidad o condena por delito doloso. Por tanto, la designación del director/a de la AEPD se encuentra, a priori, protegida de los vaivenes políticos con mandatos de duración fija. De esta forma se intenta asegurar la independencia y objetividad de la agencia respecto a otros poderes públicos. Obviamente, en el momento en el que el mandato llega a su fin, el partido en el gobierno tiene la potestad de designar uno nuevo, entrando de nuevo en juego la tensión entre meritocracia y politización.

La creciente preocupación de los ciudadanos sobre su privacidad, motivada por escándalos en el uso de datos personales como el protagonizado por Facebook y Cambridge Analytica, ha hecho que la actividad de la AEPD haya crecido notablemente en los últimos años como puede comprobarse en su última memoria. Aunque no contamos con datos concretos sobre la valoración que los ciudadanos otorgan a esta institución, el tratamiento periodístico de la misma suele ser muy positivo, destacando su labor sancionadora ante abusos en la utilización de los datos personales por parte de empresas u otras entidades. En este sentido parece que no ha habido grandes problemas en su gestión, por lo que cabría pensar que su dirección ha estado en manos de profesionales sin mayores intereses que velar por el cumplimiento de su propia misión.

A lo largo de su historia la AEPD (creada en 1992 y funcionando desde 1994), ha contado con seis directores. En el análisis de los cuatro últimos descubrimos que tres de ellos fueron nombrados por el gobierno de turno tras haber desempeñado puestos de responsabilidad en el partido de gobierno o altos cargos en la propia administración, como por ejemplo Director de Gabinete del Ministro de Justicia (encargado de realizar el nombramiento).

Si bien es cierto que la formación académica y trayectoria profesional previa a la designación de los tres directores más politizados (todos licenciados en Derecho y con experiencia en gestión pública) podrían ser suficientes para dirigir con éxito la AEPD, ninguno destacaba por ser especialista en protección de datos.

Esto podría ayudar a explicar algunos informes especialmente polémicos de la Agencia en los últimos 10 años. Así, por ejemplo, algunos informes de la AEPD han servido para avalar prácticas relativas al uso de datos personales por parte del gobierno que había nombrado al director encargado de emitir dicho informe (por ejemplo, el informe que en 2010 avaló el tratamiento de datos de SITEL, Sistema de Interceptación de Comunicaciones que protagonizó una fuerte polémica política entre PP y PSOE) o prácticas que afectaban a toda la clase política, como el que autorizaba con restricciones a los partidos políticos a recabar información sobre las opiniones políticas de los ciudadanos para utilizarlos en las campañas electorales, autorización finalmente anulada por el Tribunal Constitucional.

La pregunta del millón es: ¿es necesario contar con directivos especialistas en las áreas de actuación de las instituciones públicas? Nosotros entendemos que sí, ya que el conocimiento previo de la materia sobre la que tiene que gestionar sin lugar a dudas contribuye a fortalecer el papel de la institución y centrarse en sus objetivos sin injerencias políticas, mientras que la utilización de las mismas para colocar a amigos o miembros del partido sin ninguna vinculación con la actividad de la institución es un clavo más en el ataúd donde reposa la calidad de nuestras instituciones, calidad que muy pocos políticos están interesados en resucitar.