La Unión Europea: ¿el fracaso de un proyecto ilusionante?
Recién finalizada la 2ª Guerra Mundial, los políticos europeos con Jean Monnet y Robert Schuman a la cabeza decidieron que, para evitar nuevos enfrentamientos bélicos en un futuro, era necesario crear intereses económicos transfronterizos y organizaciones supranacionales que facilitasen el contacto entre los políticos, empresarios y ciudadanos de los distintos países europeos, en especial, Francia y Alemania.
En el año 1949 se constituyó el Consejo de Europa, organización sin capacidad resolutiva pero que serviría de foro de encuentro y discusión para los políticos europeos.
El paso siguiente se produjo en el año 1951 con la firma del Tratado de París, en el que se creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para facilitar el comercio de estas dos materias primas tan importantes en esos momentos en los que Europa se encontraba en fase de reconstrucción como consecuencia de la pasada guerra.
Se siguió avanzando en esa dirección y el 25 de marzo de 1957 se firmaba el Tratado de Roma mediante el cual se constituían dos nuevas organizaciones:
* La Comunidad Económica Europea (CEE)
* La Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)
Este Tratado lo suscribieron seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y su objetivo era crear un Mercado Común en el que existiesen las cuatro libertades de circulación que caracteriza este tipo de mercados, es decir, personas, servicios, capitales y mercancías.
En estos cincuenta años transcurridos se han producido importantes crisis en el seno de CEE como, por ejemplo, la conocida bajo la denominación de “La silla vacía” que tuvo a las instituciones comunitarias paralizadas durante varios meses y que fue provocada por el veto del general De Gaulle a la entrada del Reino Unido en la CEE que no pudo resolverse hasta el año 1971 en el que el general se vio obligado a dimitir por los sucesos de “mayo del 68”.
La tesis defendida por De Gaulle era la “Europa de las patrias”, es decir, todos los países trabajarían juntos pero sin que las naciones perdiesen su identidad, que con el paso de los años es la que se ha impuesto.
La primera gran modificación del Tratado de Roma tiene lugar en el año 1986 con la aprobación del ACTA ÚNICA EUROPEA en la que se modifican diversos aspectos relacionados con el funcionamiento interno de las instituciones comunitarias y se marca el año 1992 como fecha para la implantación del “Mercado Interior”. Este cambio de denominación de Mercado Común por Mercado Interior se debe a un reconocimiento implícito del fracaso que había supuesto el intento anterior, pues de las cuatro libertades, antes mencionadas, solamente la correspondiente a las mercancías era la que funcionaba con relativa normalidad ya que las restantes presentaban serias restricciones para su aplicación en varios países.
La segunda revisión importante es el TRATADO DE MAASTRICHT que potencia las competencias del Parlamento Europeo; integra la CEE, la CECA y el EURATOM en la Unión Europea; decide la creación de la Unión Económica y Monetaria y, como en el caso anterior, para disimular el fracaso, acuerda cambiar la denominación CEE por la de Unión Europea.
La Unión Económica y Monetaria fue un rotundo fracaso por su forma de implantación. Cuando se acuerda crear una moneda única, el euro, que pueda competir con el dólar y el yen en los mercados internacionales, se establecen unos requisitos mínimos que deberían cumplir todos los países que pretendan integrarse en la zona euro. Entre ellos merecen destacarse, por su importancia, que el déficit público sea inferior al 3% del PIB y que el volumen de la deuda externa sea inferior al 60% del PIB. Los países aspirantes presentaron sus datos que fueron aceptados por las autoridades comunitarias sin realizar exámenes y auditorías detalladas sobre los mismos. Da la impresión de que existía un interés político para que entrase en funcionamiento rápidamente. Con el paso del tiempo y a la vista de lo sucedido, me permito afirmar que países como: Portugal, Grecia, Irlanda y probablemente España e Italia no cumplían con los requisitos exigidos; es más, en la actualidad, ningún país de la zona euro cumple esas condiciones lo que es una de las causas de la actual crisis económica que asola Europa. Otro de los graves errores en este punto fue no haber designado un Ministro de Finanzas europeo con competencias plenas en este campo y que llevase a cabo la armonización fiscal.
Posteriormente, se aprobaron el TRATADO DE AMSTERDAM (1997) y el TRATADO DE NIZA (2001) que, en mi opinión, vienen a complicar el funcionamiento interno de las instituciones, ralentizando todavía más el proceso legislativo comunitario.
Finalmente, se firmó el TRATADO DE LISBOA (2007) en el que se propone un nuevo texto constitucional mediante la inclusión de enmiendas en los Tratados fundacionales, lo que creo va a ser de difícil aplicación, ya que un texto similar fue rechazado por Francia y Holanda en 2004.
Todas estas modificaciones han intentado corregir los problemas existentes en la Unión Europea e incrementar su estructura burocrática.
¿En qué me baso para afirmar que la Unión Europea ha sido un fracaso? Pues sencillamente en los siguientes puntos:
1º.- En sus cincuenta años de existencia no se ha conseguido el objetivo inicial que era la implantación de un mercado común en el que las personas, los servicios, el capital y las mercancías circulasen libremente. Todos sabemos que solamente las mercancías gozan de este privilegio.
2º.- La Unión Económica y Monetaria fracasó debido a su planteamiento inicial erróneo; a la urgencia por su entrada en vigor; a la ausencia de seguimientos exhaustivos de la economía de estos países y a la falta de un Superministro de Finanzas.
3º.- Lamentablemente, y a pesar del tiempo transcurrido, se ha impuesto la tesis de la “Europa de las patrias” con los nacionalismos en pleno auge, lo que supone un serio revés al proceso de integración europea.
4º.- Se ha creado una burocracia mastodóntica que soportamos todos los europeos y que entorpece el funcionamiento de las instituciones. Para aprobar una Directiva o un Reglamento se necesita un plazo mínimo de quince meses, con lo que cuando la disposición legal entra en vigor, en muchos casos, ya ha quedado obsoleta.
5º.- Así como los Reglamentos son de aplicación directa a los Estados miembros, las Directivas deben ser transpuestas al derecho interno de esos países que cuando las consideran perjudiciales para sus intereses suelen demorarse varios años en su transposición, sin que les apliquen sanción alguna.
6º.- A fin de democratizar las instituciones se ha dotado al Parlamento de unos poderes y un número de parlamentarios excesivo con lo que la disputa política entorpece la toma de decisiones económicas que deben ser urgentes y eran la base de la Unión Europea.
7º.- Se ha efectuado una ampliación acelerada de la UE para la admisión de nuevos Estados sin haberse consolidado el funcionamiento interno de las instituciones. En un periodo de ocho años se ha pasado de 15 a 27 Estados miembros, lo que va a representar un serio problema.
8º.- Conscientes de la realidad y a la vista de los sucesivos fracasos, el Consejo ha ido modificando las denominaciones de una misma institución para “despistar” a los ciudadanos y hacerles ver que se trataba de una nueva iniciativa.
Mercado Común → Mercado Interior → Mercado Único
Comunidad Económica Europea → Comunidades Europeas → Unión Europea
9º.- Mi experiencia personal me permite afirmar que en las reuniones de los Grupos de Trabajo de la Comisión y en las preparatorias del Consejo los representantes de cada Estado, actúan como auténticos mercaderes, donde para hacer una concesión tienen que obtener una contrapartida. Como caso excepcional en los anales de la UE figura el del Sr. Rodríguez Zapatero que en la reunión del Consejo en la que se aprobó la supresión de fondos comunitarios para España a partir del 2013, mostró su sonrisa habitual y no pidió nada a cambio ante el asombro de sus colegas europeos.
Redactado el presente post se han producido dos hechos que por su importancia considero debo recogerlos para que el lector pueda tener una visión más completa de la situación.
Por un lado, la intervención de Ángela Merkel en el Bundestag en la que manifiesta el compromiso formal de Alemania para la resolución de los problemas, afirmando que la quiebra de Grecia supondría el fracaso de la Unión Europea y por tanto de Alemania a la que considera indisolublemente unida a Europa. Pide al resto de los Estados un compromiso legal, modificando sus textos constitucionales, si es necesario, para lograr el déficit cero en sus presupuestos e iniciar una armonización fiscal. Hasta ahora los países fuertes estaban actuando bajo la presión de sus grandes bancos que experimentarían enormes pérdidas si se produjese la quiebra de Grecia, Irlanda, Portugal y sobre todo de Italia y España, debido a elevado volumen de deuda pública que tienen adquirida, por lo que se adoptaban medidas coyunturales sin entrar en el fondo del problema para sanear la economía de la UE.
Este compromiso alemán puede representar el primer paso serio en la dirección correcta.
Por otro, la publicación de un Informe del banco suizo UBS que comienza afirmando:
“La actual estructura del euro nunca debiera haber existido ya que no funciona como se ha demostrado en los últimos acontecimientos”
Apuesta por la integración fiscal en la Unión Monetaria pues de no llevarse a cabo y producirse una ruptura, la factura a pagar sería brutal, tanto en los países periféricos que cuantifica en el 40-50% de su PIB, es decir, entre 9.500-11.500 euros/habitante, el primer año, como en los países fuertes que podría ser del 20-25% de su PIB, o sea, entre 6.000- 8.000 euros/habitante/año.
Pero todavía las consecuencias políticos-sociales serían más negativas, corriéndose el riesgo de la implantación de regímenes totalitarios como única alternativa válida para solucionar la grave situación económica que incidiría especialmente en los sectores más desfavorecidos.
El Informe concluye con una advertencia:
“¿Y si ocurre el escenario del desastre pese a su baja probabilidad? Las consecuencias serían nefastas en términos de crecimiento y de estabilidad política y social por lo que es aconsejable desprenderse de todos los activos en euros”.
Lo que confirma que los mercados desconfían de la capacidad de los actuales dirigentes europeos para resolver la crisis.
Como colofón podemos afirmar que la integración fiscal, la exigencia legal del déficit cero, el seguimiento real y permanente de las economías con aplicación de sanciones en caso de incumplimiento y la solidaridad ente los países miembros, son requisitos necesarios, pero no sabemos si suficientes para salir de esta profunda crisis a la que nos han conducido unos gobernantes irresponsables e ineptos.
Ávila (1936). Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero Geógrafo. Ingresó en el Instituto Geográfico en el año 1966 donde llevó a cabo numerosos trabajos geodésicos y astronómicos. Vocal de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica. En 1981 fue nombrado Subdirector General de Cartografía y Publicaciones de este Organismo. En 1985 se incorporó al recién creado Centro Español de Metrología como Subdirector Científico y de Relaciones Institucionales, puesto en el que ha permanecido hasta su retirada del servicio activo. Ha representado a España ante diferentes organismos y organizaciones internacionales (EUROMET, WELMEC, OIML, CGPM, BCR). Ha sido presidente del Comité nº 82 de Normalización (AENOR) y del Comité de calibración (ENAC). Ha participado en los trabajos legislativos de la Comisión Europea en el seno del Grupo de Trabajo de Cuestiones Económicas. Autor de diferentes artículos y ponencias. Está en posesión de las Encomiendas de la Orden del Mérito Civil y de la Orden de Isabel la Católica.