Flash Derecho: El libro «¿Hay Derecho?», ya a la venta

Hoy se ha puesto a la venta por fin el libro de los cinco editores fundadores del blog bajo el seudónimo de Sansón Carrasco, y que tiene como subtítulo La quiebra del Estado de Derecho y las instituciones en España. Puede encontrar toda la información sobre él en este anterior post.
Este fin de semana (y probablemente el próximo) estaremos en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares por si a alguno le apetece acercarse, conocernos y charlar con nosotros.
Mañana viernes 6, Ignacio y Fernando Gomá estarán en la caseta 25-26, de 19 a 21 horas.
El domingo 8, Elisa de la Nuez y Fernando Rodríguez Prieto lo harán en la caseta 238, de 12 a 14 horas. Y alguno más se  pasará seguro.

¡Y en Amazon está a cualquier hora, claro!
 
 
 
 

«¿Hay Derecho?», el libro de los editores del blog

El próximo día 5 de junio sale a la venta el libro “¿Hay Derecho? La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España», escrito por los cinco editores fundadores de este blog, Elisa de la Nuez, Fernando Gomá, Ignacio Gomá, Fernando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena.
El subtítulo del libro es muy revelador de su contenido. En España se ha producido en la última década un enorme deterioro del Estado de Derecho, base fundamental de cualquier democracia, por causas perfectamente identificables y que han sido tratadas reiteradamente a lo largo de los más de tres años de existencia de este blog: un sistema partitocrático esclerotizado que ha ido colonizando todas y cada una de las instituciones, que ha desactivado los mecanismos de control, ha ocupado y desprofesionalizado las Administraciones Públicas, que está asaltando la última trinchera del Poder Judicial, que deja a sus anchas a los poderes fácticos y da alas al capitalismo de amiguetes o capitalismo castizo, una legislación torrencial, de pésima calidad y que se incumple cuando no interesa al que manda, un Estado hipertrofiado y un sistema autonómico insostenible, etc, etc. Todo con el consentimiento, la pasividad o la resignación de muchos ciudadanos y de muchos juristas, no lo olvidemos.
El libro es el resultado de las reflexiones conjuntas de sus autores a lo largo de los post publicados en estos tres últimos años, pero no es ni mucho menos un recopilatorio de posts ya escritos. Se trata de un texto nuevo,  en el que los autores hemos hecho un esfuerzo para acercarnos a un público más amplio en un estilo ameno y divulgativo (o eso hemos intentado) básicamente porque creemos que es esencial que todos los ciudadanos sean conscientes de que sin Estado de Derecho y sin instituciones  no hay democracia ni es posible un crecimiento económico sano y sostenido. Sea cual sea su profesión creemos que es un libro para todo ciudadano que esté preocupado por la actual situación en España (que en principio deberíamos ser todos salvo los que viven en o de la burbuja política)
No es un libro que se agote en el diagnóstico:: hay que cambiar urgentemente el actual estado de cosas si no queremos acabar como Argentina, y eso no va ocurrir si la sociedad civil no se implica más y mejor en esta tarea. La sociedad civil somos todos. Pensar que los han provocado esta degradación política e institucional y/o son sus principales beneficiaros van a ser los que voluntariamente emprenderán la vía de las reformas o de la regeneración, más allá de los cambios estéticos o propagandísticos, es de una ingenuidad que no nos podemos permitir. Lo que está pasando en España, además de ser muy grave y marcar un punto de inflexión en nuestra historia reciente es  un problema político, institucional, o económico de enorme magnitud, pero también es,  ante todo, un problema individual, de cada uno de nosotros. Con nuestras decisiones individuales y por supuesto con nuestras decisiones colectivas podemos cambiar las cosas y que esta enorme crisis se convierta en una gran oportunidad. La primera la tenemos a la vuelta de la esquina; hay unas elecciones donde podemos dar a nuestra clase política un mensaje muy claro. Pero hay oportunidades todos los días.
Para firmar este libro de forma conjunta hemos elegido el pseudónimo del bachiller Sansón Carrasco, el amigo de Don Quijote que se disfraza de caballero andante para llevarlo de vuelta a casa vencido con sus propias armas. «Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento; tendría hasta veinte y cuatro años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas como lo mostró en viendo a don Quijote […].» Aunque esta no es la descripción física de ninguno de los editores, justamente lo que pretendía Sansón con Don Quijote es lo que pretendemos nosotros: colaborar a devolver el Derecho a su sitio usando las propias armas del Estado. Estas son las razones para escribir este libro… Y esperamos que sean suficientes para que los habituales del blog, pero también sus amigos y familiares más alejados de estas preocupaciones se decidan a leerlo. Creemos que es importante.  Y no porque si nos lee mucha gente nos vayamos a hacer ricos (los beneficios, de haberlos, serán para el blog y la Asociación de los editores) sino porque si nos lee mucha gente quizá podríamos dejar a nuestros hijos y nietos un país mucho mejor.
Queremos agradecer a la editorial Península, y en especial a su responsable, Ramón Perelló, su apoyo y su receptividad para con nuestro trabajo
 
Indice del libro
 Algunas razones para escribir un libro
Introducción: Por qué no hay democracia posible sin Estado de derecho
1. ¿Qué ha pasado?
2. Nuestra Constitución necesita un repaso
3. Cien mil leyes nos regulan, y la mayoría son autonómicas
4. La ley del deseo: causas y efectos de la mala calidad de las leyes
5. Las leyes son para los otros
6. La administración desencadenada
7. O es independiente, o la justicia no es justicia
8. Aunque sea independiente, ¿es justicia si es arbitraria y llega tarde?
9. Otra forma de abordar los conflictos jurídicos
10. Autonomías centrífugas: un modelo territorial en crisis
11. El capitalismo castizo
12. (Des)controla como puedas
13. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos
14. El discreto encanto de recibir subvenciones
15. La ley de la calle
16. El derecho en su sitio y la democracia también
Epílogo: La historia (inacabada) de una caja española
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Otra entrevista a la coeditora Elisa de la Nuez…esta vez en diariojurídico.es

01_ElisaDeLaNuez3-003“Nos tenemos que poner las pilas todos, ciudadanos y comunidad jurídica, para conseguir lo que queremos: un Estado de Derecho en condiciones, en el que se cumplan las leyes, con una Administración de Justicia que funcione, que no este politizada… Nos falta un poco de movilización”, afirma Elisa de la Nuez, una abogada del estado en excedencia y consultora en temas de nuevas tecnologías y derecho de la información, que se ha convertido desde hace algo más de tres años en una especie de activista en defensa de un mejor funcionamiento de la Justicia y de las leyes en España. Desde el blog ‘¿Hay Derecho?’, esta jurista ha mostrado su rechazo por la falta de transparencia y la corrupción, ha instado a reformar las administraciones públicas y los partidos políticos o ha criticado la mala gestión del dinero público y la inseguridad jurídica. Ahora, su labor divulgativa y crítica acaba de ser recompensada: Elisa de la Nuez acaba de recibir el Premio Scevola 2013 a la Ética y Calidad de los Profesionales del Derecho por sus méritos en la lucha por mejorar el Estado de Derecho y por su trayectoria como editora del Blog. “Optimista por naturaleza”, de la Nuez considera que el hecho de que los distintos colectivos se hayan ya sensibilizado de los problemas que sufre la Administración de Justicia, supone el primer paso para que las cosas cambien.

¿Cómo surge el blog ‘Hay Derecho’?

Surge de unas reuniones que tenemos un grupo de amigos. Empezamos a hablar de problemas que veíamos como la falta de seguridad jurídica, demasiada normativa o los problemas de la administración de justicia… Entonces se me ocurrió que podíamos contar todo esto en un blog y, de esta forma, contribuir un poco a difundir y a explicar como funcionan las cosas. Ese fue el origen de ‘Hay Derecho’ en diciembre de 2010. Y la verdad es que ha ido muy bien, lo cual quiere decir que había un hueco para este tipo de publicaciones. En el blog estamos cinco editores y luego tenemos una red de colaboradores extensa de entre 20 y 30 profesionales. Para temas puntales encargamos una colaboración especial, porque no siempre tenemos a las personas que saben de cada tema disponibles. Creo que el secreto es ese, que tenemos una red de colaboradores muy buena y que podemos opinar casi de todos los temas.

¿Y cuáles son los tema que más les preocupan y más se han repetido en el blog?

Hay varias cuestiones en las que tenemos mucha preocupación y las hemos tratado en muchos posts: la falta de seguridad jurídica, el mal funcionamiento de la administración de justicia y su politización. Hablamos también mucho del incumplimiento de leyes y sentencias, de la falta de separación de los poderes y, por supuesto, de la corrupción. Creo que tocamos todos los palos que hacen que el Estado de Derecho en España esté tocado.

¿Falta seguridad jurídica en España?

Primero, identificamos que en España hay una especie de hiperinflación normativa. Se están continuamente produciendo normas de todo tipo. No solamente estatales sino también autonómicas. ¡Decretos leyes no se cuántos llevamos ya! Esto hace que el ordenamiento jurídico esté en continua modificación: hay normas que se han modificado a los pocos días de salir en el BOE, correcciones continuas, disposiciones que se aplican retroactivamente… En definitiva, simplemente manejarse como jurista en esa especie de selva normativa ya es complicado; también es un problema para los aplicadores de la ley, los tribunales de justicia; y para los propios funcionarios.

Provoca inseguridad. Los operadores jurídicos no sabemos a qué atenernos, ni los jueces, los abogados, ni por supuesto la parte económica. Por ejemplo, los cambios fiscales, son cosas que a las empresas nos afectan mucho y son constantes. Eso hace que muchas no tomen muchas decisiones, que esperen y que cometan errores. En definitiva, la falta de seguridad jurídica, desde el punto de vista económico, es muy grave y, desde el punto de vista de los operadores jurídicos, es un escenario dónde resulta muy difícil funcionar. Sin duda, todo esto penaliza mucho la imagen del país en el exterior. Este es uno de los problemas más serios que sufre el Estado de Derecho.

¿Esta hiperinflación normativa es un mal histórico o se ha agravado en los últimos años?

Creo que es un fenómeno de los últimos años. Por un lado está muy ligado a los parlamentos autonómicos. El hecho de que haya distintas comunidades con capacidad legislativa hace que haya una producción de normas tremenda a nivel autonómico. Y en el Estado, particularmente a raíz de la crisis económica, ha habido una gran proliferación de normas y decretos leyes. Éstas responden en parte, en mi opinión, a una creencia de que todo se soluciona poniendo papel en el BOE. Sin embargo, muchas veces el problema no está tanto en la falta de normas como en el incumplimiento de las que ya están.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, habla de una “reforma histórica” de la Justicia. ¿Con lo realizado hasta ahora y lo previsto, cree que es así?

La impresión, un poco, es que hay mucha velocidad, muchas ganas de cambiar las cosas y muy poco orden. Falta perspectiva de conjunto. Estas prisas no son buenas porque para hacer cambios, históricos o no históricos, hay que hacer las cosas con reposo y con reflexión. Temas, por ejemplo, como el de la instrucción en el Código Penal, que es fundamental: sinceramente, a nosotros nos parece que no ha habido un debate público suficiente sobre si la instrucción la tiene que hacer el juez o el Ministerio Fiscal. Es decir, son temas muy importantes y que, efectivamente, pueden ser cambios profundos pero que no están lo suficientemente debatidos e incluso me atrevería a decir, aunque podría ser exagerado, que no sé si están muy estudiados. No digo tanto porque no haya una comisión de expertos sino a nivel de comunidad jurídica. Esa es mi impresión sin todavía haber entrado a analizar las normas, porque en ‘Hay Derecho’ nos gusta opinar cuando ya están aprobadas.

¿Se legisla a golpe de urna o de la noticia del momento?

Totalmente, nosotros lo llamamos legislar para la foto. Hemos publicado algún post sobre esto en el blog. Surge un tema en la opinión pública o en la portada de un periódico y a las dos semanas o al mes hay una norma que responde. Pero ésta no es una buena forma de legislar. Se corre el riesgo de parchear mucho, de atender a cosas que son muy llamativas pero en las que tampoco hay un problema grave.

¿Se parchea mucho?

Sí. Hace unas semanas acaban de modificar la Ley Concursal. No sé ya cuántos cambios lleva ya. Realmente ésta no parece una forma seria de hacer las cosas.

¿Es importante el consenso político para legislar?

El consenso político ayuda mucho pero también para legislar es necesaria una buena técnica legislativa. Las leyes tienen que ser técnicamente buenas. No sé si llegar a un acuerdo sobre una norma, muy deficiente técnicamente, al final tiene mucho sentido. Las dos cosas son importantes: normas buenas técnicamente y que haya consenso político. Pero considero que hay que intentar que las normas sean buenas técnicamente, porque si lo son hay más capacidad de alcanzar consenso.

¿Y se hacen normas buenas técnicamente?

Por la parte que yo conozco, derecho público, las echo muy en falta. La verdad es que dejan mucho que desear. Pero son las prisas. Al final, si uno quiere tener una norma en dos semana o un mes y tiene que llamar corriendo a los expertos, pues lo más probable es que las normas no sean todo lo buenas que debería. Falta sentarse a estudiar y pensar un poco con tiempo las cosas. Luego, además, se legisla mucho por decreto ley y los decretos son para casos de urgencia.

Sí, en los últimos años han proliferado los decretos ley…

Vamos a sacar un libro que se llama como el blog: ‘Hay derecho’ y, efectivamente, hacemos mención especial a la cantidad de decretos leyes que llevamos aprobados. Es muy llamativo. Vale que estamos en crisis pero no debería ser así.

El Gobierno los ha justificado, precisamente, por el momento histórico que estamos viviendo y la necesidad de actuar para atajar la crisis.

Ya llevamos dos años y medio de legislatura. Quizás en la primera parte de la legislatura o en los primeros meses podría tener más justificación, sobre todo en lo que se refiere a la reforma financiera, pero ya no. Ahora se hacen decretos leyes para todo.

También es crítica con el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Administración de Justicia tiene todos los males posibles. Por un lado, está el tema de la politización. En el blog hemos insistido mucho en esto. No ya sólo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino con todos los nombramientos de la cúpula de la carrera judicial. Y luego tenemos también el tema de lo que llamamos la administración de justicia como un servicio público. Siempre pongo el ejemplo de que si uno fuese al hospital o a un colegio y viese algo parecido a lo que se ve en un juzgado se escandalizaría. Para bien o para mal, los ciudadanos no suelen tener un trato constante con los juzgados y, por lo tanto, no son tan conscientes de la situación. Cuando me refiero al servicio quiero decir a todo: desde los retrasos, horarios, falta de funcionarios. Creo que ahí el diagnóstico es bastante claro.

¿Faltan medios o es un problema de mala organización?

Creo que los medios están mal repartidos. El hecho de que la competencia sobre los medios materiales y sobre los funcionarios -a excepción de jueces y secretarios-corresponda a las comunidades autónomas, mientras que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial y los secretarios del Ministerio de Justicia quiere decir que, de entrada, tenemos una dispersión competencial que hace dificilísimo una organización racional. Y eso es un problema, porque tenemos un montón de gente para organizar una sola oficina judicial. También está el problema de que los medios están mal distribuidos. A mí me dicen mis amigos jueces y fiscales que hay unidades que tienen muy poco trabajo y que otras están sobrecargadísimas. Es decir, además de que hay falta de medios en general, éstos están muy mal repartidos.

La Administración de Justicia es la gran asignatura pendiente. Sería necesaria una reforma histórica para que funcionase bien y, por supuesto, que funcionase de forma independiente del poder ejecutivo y parlamentario. Pero lo que estamos viendo no es precisamente eso, sino más bien lo contrario.

¿Se está refiriendo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

Sí, ha sido totalmente un paso atrás y de difícil justificación en nuestra opinión. Somos muy beligerantes en eso. Lo hemos sido en el blog y lo somos en el libro. Además, ha sido una decisión chocante, ya que en el programa electoral de Partido Popular se había dicho que se iba a hacer otra cosa.

De nuevo chocamos con la falta de separación de poderes.

Si el poder judicial lo nombra el Parlamento y el Parlamento está controlado por el poder ejecutivo pues nos encontramos, un poco, que al final estamos hablando siempre de lo mismo. Los partidos políticos van ocupando todas las instituciones, tanto el poder judicial como organismos reguladores. Se va deteriorando la separación de poderes y la independencia de los organismos de control. Los casos de Bankia y Caja Madrid han dejado muy claro los problemas que tienen los organismos de control. No sólo se han destapado los problemas que había en los bancos, sino los que tienen los supervisores y controladores.

Ha apuntado también que uno de los temas que más preocupan en ‘Hay Derecho’ es el incumplimiento de leyes y sentencias. ¿Se incumplen mucho?

Es difícil que un ciudadano incumpla una sentencia pero, en cambio, que lo haga la administración, un gobierno, incluso gente que tiene buenos contactos o amigos es mucho más fácil. Eso es un tema muy preocupante. Hay determinadas personas e instituciones y administraciones que se saltan las leyes.

Tenemos el ejemplo de las sentencias del catalán. No hay forma de que allí ejecuten las sentencias sobre las clases en castellano. Hay varias sentencias del Supremo, del TSJ de Catalunya, autos de ejecución de sentencias y, bueno, al final te das cuenta de que, como no hay voluntad política, no se ejecutan. Esas es la realidad.

Otro ejemplo es el del ex consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el indulto. Ahí, se intentó, por la vía del indulto, evitar el cumplimiento de una sentencia condenatoria del Supremo. Gracias en parte a la presión de la opinión pública, al final, no prosperó. Y luego, están los incumplimientos por parte de los partidos políticos de los temas de financiación y de las obligaciones que tienen con el Tribunal de Cuentas -esto lo dice el propio informe del Tribunal del Cuentas, no lo digo yo-. En definitiva, hay sujetos en España que incumplen normas y, aparentemente, no se les sanciona.

¿Sensación de impunidad?

Claro, si hay personas que son poderosas o instituciones que están “dispensadas” de cumplir las normas y sentencias que cumplimos los demás, es evidente que la sensación que se crea en la ciudadanía es de tomadura de pelo.

La corrupción está muy ligada con la sensación de impunidad. Si vemos que no hay consecuencias por malas conductas, no hay dimisiones, no hay ceses… Pues es evidente que el problema de la corrupción no se va a atajar. Desde el punto de vista jurídico, si tenemos leyes medidas, tanto administrativas como penales, pero no se cumplen, pues realmente éstas son papel mojado. Entonces, cada vez que se nos dice: vamos a reforzar los tipos penales, vamos a regular esto, a exigir lo otro. Yo digo: bueno, primero vamos a ver si cumplimos lo que ya tenemos, porque mientras que tengamos incumplimientos en las normas ya existentes, que son bastantes numerosas y que sancionan las conductas que vemos a diario, pues no vamos a avanzar mucho.

¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Transparencia?

Es mejor que nada. Y, desde luego, es un avance siempre que cambiemos de verdad y vayamos a una cultura de la transparencia. De entrada, la Ley de Transparencia tiene un problema y es que no entrará en vigor hasta diciembre de 2014, en el caso del Estado y en diciembre de 2015, para comunidades autónomas y gobiernos locales. Es decir, que estamos hablando de una ley que va a tardar mucho en llegar. Luego, veremos a ver si se cumple. Yo soy un poco escéptica a estas alturas.

¿Por qué estos incumplimientos de normas?

A veces es por falta de voluntad política. Lo digo así de claro. Y en otras ocasiones, por falta de medios. Se hacen cosas muy voluntaristas, como con el pago a los proveedores, pero luego no se puede pagar porque no hay dinero en la caja. O los plazos para resolver un recurso administrativo. Claro, el legislador quiere poner plazos cortos que quedan bien pero luego, en ocasiones, no es capaz de resolver en esos tiempos.

¿Nos encontramos ante males endémicos? ¿Es optimista o pesimista sobre la salud futura del Estado de Derecho?

Soy optimista por naturaleza y no creo que haya males endémicos. Lo que creo es que ha habido mucha pasividad, seguramente también por parte de los ciudadanos y también por parte de los agentes jurídicos. Hemos dejado que las cosas deriven a un estado, que ahora nos llevamos las manos a la cabeza. Pero la parte buena es que ya tenemos conciencia de que esto está así y hay que resolverlo. Nos falta, un poco, ponernos a exigirlo de verdad y a hacer nosotros también cosas. Por ejemplo, en el tema de transparencia: podemos nosotros esperar sentados a que nos den la transparencia o podemos exigirla, reclamar nuestros derechos y dar la lata, cosa que en España no solemos hacer.

La experiencia que tenemos en el blog, con todas sus limitaciones, es que realmente, si eres exigente y te mueves, se consiguen algunas cosas. Nos tenemos que poner las pilas todos, ciudadanos y comunidad jurídica, para conseguir lo que queremos: un Estado de Derecho en condiciones, en el que se cumplan las leyes -pocas y claras-, una Administración de Justicia que funcione, que no este politizada… Tampoco estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Es lo que debería ser. Nos falta un poco de movilización a nivel de ciudadanos y juristas.

Pero últimamente parece que hay cierta movilización…

Se ve movimiento. La iniciativa de ‘El Indultometro’, promovida por la Fundación Civio, por ejemplo. Estos han ido picando todos los indultos que aparecen en el BOE y contando un poco y, lo primero que ha pasado, es que 2013 ha sido el año en el que se concedieron menos indultos desde 1996. El Gobierno sigue indultando pero sabe que nos estamos fijando en eso. Creo que éste es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, simplemente dando transparencia a las cosas y contándolas.

¿Internet es una gran arma para esta lucha?

Es una maravilla. Lo que faltan son más iniciativas y más gente que haga este tipo de cosas. Las tasas judiciales desencadenaron una pequeña movilización, sobre todo de abogados. Pero lo que hemos visto quienes hemos estado en las movilizaciones es que no hemos conseguido que los ciudadanos lo vean como un problema suyo, sino algo que afecta más a los abogados. Deberíamos intentar que la gente vea los problemas de la Administración de Justicia de la misma forma en la que perciben los problemas de la sanidad pública. Seguramente, así, tendríamos más movilización y más apoyo para este tipo de iniciativas.

¿Sabéis si los políticos y gobernantes siguen las críticas que se lanzan en el blog?

Sí y no les encanta. Sabemos lo que no les gusta pero nadie nos ha llamado, no nos han presionado directamente. La parte buena es que tenemos cierta influencia. Además de los profesionales que hace el artículo, tenemos muchos comentaristas que son jueces, funcionarios, abogados en ejercicio y esa influencia también llega a través de ellos

La coeditora Elisa de la Nuez, premio Scevola 2013

Tenemos la satisfacción de comunicar que Elisa de la Nuez ha sido galardonada con el premio Scevola 2013,  concedido por la asociación Scevola para la ética y la calidad de la abogacía.
El premio ha sido concedido por sus méritos en la lucha por mejorar el Estado de Derecho y también por su trayectoria como editora de este blog, ¿Hay Derecho?.
La asociación concedente del premio considera que Elisa de la Nuez es un ejemplo de civismo que merece ser reconocido y difundido.
Y nosotros, como coeditores, también lo creemos y estamos muy satisfechos por este premio, más que merecido, por su trabajo y por su compromiso con principios que van mucho más allá del mero trabajo profesional.

                                                                ¡Enhorabuena, Elisa!

 
 

Algunas reflexiones sobre el caso Sacyr

Hace unos días hemos tenido noticia del órdago de la empresa Sacyr, que se ha plantado reclamando un sobreprecio en relación a las obras que está realizando en el canal de Panamá. Resulta tremendamente llamativa por lo abrupto de la comunicación, por la envergadura de la obra y porque está ya ejecutada en un 70%. Por esas razones el comunicado ha tenido una  enorme repercusión mediática, centrándose el debate en la dicotomía “poyaque”-“tradición española contratación pública”  es decir, si nos encontramos en el caso de un reajuste de precio debido a que durante la ejecución de la obra al propietario de la misma se le ocurre una mejora en la misma no prevista (“pues ya que está usted aquí”) o de si más bien se trata de la técnica frecuente y lamentablemente utilizada en la contratación pública española consistente en hacer una oferta temeraria a la baja para superar a los competidores, confiando en que ya se recuperará el dinero con reajustes de precio durante la ejecución de la obra, previsiblemente en connivencia con los mandatarios públicos que han adjudicado la misma.
Aunque este tipo de contratos internacionales tienen sus propias características, quizá convendría recordar los fundamentos últimos iusprivatistas del contrato, a modo de reflexión. De lo que estamos hablando en el fondo  es de un contrato de arrendamiento de obra regulado en el 1588 y siguientes del Cc, en virtud del cual una persona se obliga a ejecutar una obra por precio determinado, ya sea proporcionando los materiales o no. Ese es el elemento definitivo, el precio determinado  que no se puede alterar. No obstante, es evidente que como la obra puede durar mucho tiempo, es posible que haya una importante variación de costes. Nuestro Código civil, en el art. 1593 establece que “el arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio u otra obra en vista de un plano convenido por el propietario del suelo, no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzcan aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario”.  En definitiva, estamos ante el tradicional principio de nuestra contratación (pública y privada) según el cual el contrato se ejecuta “a riesgo y ventura” del contratista de forma que los riesgos de la ejecución del proyecto corren en principio de su cuenta, sin perjuicio, por supuesto de los casos de dificultad extraordinaria o imposibilidad sobrevenida de la prestación, o cualquier otra circunstancia excepcional que pueda concurrir y que normalmente estará prevista, máxime en un proyecto de esta envergadura .
No sabemos cuales son las normas que se aplican en este caso, ni lo que ha sucedido exactamente, aunque algo debía  barruntarse cuando algunas voces ya señalaban el peligro de que pasara algo parecido hace algunos meses  (Juan Ballester, en el Diario de Tarragona) o hasta hace algunos años (Alberto Artero en el Confidencial)  Por otro lado, la situación de la propia empresa constructora y las características de su anterior Presidente, Luis del Rivero, dan lugar inevitablemente a especulaciones dadas sus  dificultades financieras tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y sus vinculaciones con los partidos políticos,  particularmente con el PSOE en la época de Rodriguez Zapatero,  tal y como se ha denunciado en diversos medios. En fin, un cóctel explosivo.
En definitiva ¿Estamos ante un nuevo caso de capitalismo castizo, leáse connivencia entre empresa pública constructora privada y Poder político? Cada uno puede formarse su opinión, pero aquí nos centraremos en el aval (o garantía) prestada por CESCE que respaldó  al Consorcio del que forma parte  Sacyr facilitando a su fiador, la aseguradora Zurich,  un contraaval o garantía de 150 millones de euros, en contra del criterio mantenido por los servicios técnicos y saltándose el procedimiento administrativo. CESCE es una empresa pública dado que la mayoría de su capital es del Estado (50,25%) aunque tiene también participación de bancos (45,85%) y compañías privadas de seguros españolas (3,9%). Fue creada nada menos que en 1970 para gestionar el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado y proporcionar una herramienta de financiación de la expansión internacional de las empresas españolas.  Por lo que se ve,  también se ha convertido en un instrumento muy oportuno al servicio de las empresas cercanas a los partidos políticos. Según su propia web, los servicios que ofrece esta empresa son el Seguro por Cuenta Propia en que se presta un servicio integral de asesoramiento en la gestión del riesgo comercial mediante soluciones de crédito y de caución, aseguramiento frente al riesgo de impago por ventas de productos y servicios, garantía de responsabilidades económicas por incumplimiento de obligaciones garantizadas y la gestión de la Cuenta del Estado o gestión de la cobertura por cuenta del Estado español de los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas.  En esta última línea se encuadra la garantía o contraaval prestado al fiador del Consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal) del que forma parte  Sacyr (el denominado seguro a fiadores por riesgo de ejecución de fianzas). Sin esta fianza, no se podía acudir a la licitación, a la que por cierto acudían también otras empresas españolas.
Pues bien, parece que CESCE –cuyo Presidente  se nombra por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía- ha realizado una operación inusual saltándose los procedimientos previstos para ello , o por lo menos eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el tema que pueden consultar aquí,  básicamente en las pags. 26 a 28. Informe que por supuesto llega con unos años de retraso, como es costumbre en este órgano de fiscalización y control que tan poco fiscaliza y controla. No parece que estemos ante una simple irregularidad administrativa, como opina David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodriguez Zapatero cuando afirma que «el aval de la obra lo aportó el grupo asegurador ZURICH y el Estado español participó en el contra aval en la misma proporción que lo hizo el ‘Cesce italiano’; es una operación completamente normal, otra cosa es que luego hubiera alguna irregularidad administrativa”. Por su parte, la Ministra Ana Pastor que se ha apresurado a viajar a Panamá a mediar en el conflicto señala simplemente que esas irregularidades administrativas deberán discutirse en el Parlamento.
En resumen, aunque el lenguaje es muy técnico, la conclusión de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas es sencillamente la siguiente: CESCE se saltó la normativa vigente en cuanto a los procedimientos previstos  para otorgar el contraaval al Grupo Zurich, fiador del  GUPC . El fiador. como es habitual en estas operaciones,  exigía una garantía para prestar su fianza, y por razones que desconocemos, esta garantía no la aportan las empresas del propio Consorcio sino CESCE. CESCE puede hacer este tipo de operaciones, sí, pero no de cualquier manera, sino siguiendo unos procedimientos que permiten comprobar que se otorga la garantía de acuerdo con la normativa vigente y que CESCE no asuma riesgos que no debe.   En particular, la Comisión que decidió conceder la garantía no tenía competencias para hacerlo. Es decir, en este caso, el procedimiento no se respeta. ¿Simples irregularidades administrativas sin importancia? Hombre, en último término nombrar a un sobrino para un cargo público sin procedimiento previo de selección o adjudicar un contrato a dedo también puede decirse que también lo son. Lo que es importante destacar es que los procedimientos administrativos son un medio para conseguir un fin. Si te los saltas, ya no puedes estar seguro de nada. ¿Hubiera conseguido otra empresa u otro consorcio esta garantía también de no tratarse de SACYR y Luis del Rivero? Pues lo cierto es que este tipo de garantías no se da todos los días y que había más empresas españolas que licitaban en el mismo concurso y cuyas ofertas económicas eran bastante más «ortodoxas» por así decirlo . Saquen ustedes sus conclusiones.
Lo que es indudable es que el Estado español a través de CESCE está ahora mismo asumiendo unos riesgos por dicho contraaval o garantía prestado al fiador que, si se hubieran respetado las reglas del juego, a lo mejor no hubiera podido asumir, al menos en la forma en que lo hizo. Sí, es verdad que según los acuerdos (privados) alcanzados el Consorcio y SACYR tendrían que responder ante CESCE del pago de la prima y del importe de la indemnización que pague CESCE si al final se ejecuta la garantía, pero de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas.  Tampoco les extrañará a estas alturas saber que la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado que es la que tomó la decisión está integrada por el Presidente de CESCE, los Vocales nombrados en representación del Estado y un solo vocal en representación de las entidades privadas.
Todo esto por no hablar del modelo un tanto curioso que permite que el Estado contraavale en casos como el que nos ocupa. No cabe duda de que si Sacyr obtiene beneficios éstos serán privados, pero si la cosa pinta mal, resulta que es el Estado el que puede terminar pagando, es decir, todos los españoles. Bueno, es un poco más complejo técnica y formalmente en el caso de Sacyr, pero digamos que al final es lo que puede pasar si las cosas se tuercen. En definitiva, parece que el ciudadano tiene que soportar que el Estado ayude de diversas maneras a empresas y entidades financieras “afines” o «estratégicas»  sin tener muy en cuenta los criterios técnicos habituales para autorizar este tipo de operaciones, cuyos beneficios –de existir- serán privados pero cuyas pérdidas se convierten en públicas sin ningún problema como por arte de birlibirloque…o de contraaval. Lo que está claro es que al ciudadano desahuciado… a ese no le rescata ni avala nadie aunque es el que paga con sus impuestos todos estas aventuras.
Dicho esto, sin duda conseguir la ampliación de la obra del canal de Panamá, es todo un logro y un auténtico reto, mérito de las empresas adjudicatarias, pero quizá tan magna obra habría requerido una empresa más solvente financieramente por si acaso. En fin, ya veremos cómo se resuelve el problema y quién tiene razón al final.  Por ahora el culebrón sigue y la famosa  “marca España” se ha visto dañada una vez más, lo que no es bueno en los tiempos que corren, sobre todo porque muchas empresas españolas  pueden injustamente padecer las consecuencias.
 

Convocatoria para una copa bloguera en «Taj Mahal»


Los editores convocamos a todos los colaboradores y lectores del blog que vivan en Madrid y/o tengan ganas de conocernos y conocerse entre sí a una copa bloguera el día 14 de enero, martes, en el bar Taj Mahal, que está en la calle Alcantara 64  a partir de las ocho y media de la noche. Para poder calcular bien el aforo, nos vendría muy bien que confirmaseis la asistencia, o bien a alguno de los editores o bien directamente a través del blog (“contacto”) antes del martes que viene.
No queremos poner el listón demasiado alto y decir que esto va a ser un acontecimiento histórico, o el equivalente castizo del Juramento del Jeu de Paume, pero podemos prometer y prometemos que el ambientillo será regeneracionista, optimista y nos echaremos unas risas, además de contaros nuestros (ambiciosos) proyectos en este nuevo año. El acto propiamente dicho comenzará a las nueve y media de la noche.  Además, y como especial concesión de los editores, dejaremos hablar también a los espontáneos que lo deseen (speech, speech). Ah, y pese a la avanzada mediana edad de los editores, las nuevas generaciones de colaboradores y lectores son especialmente bienvenidas, aunque avisamos que no les podemos garantizar ningún cargo público, sino solo mucho curre bloguero a cambio de un país mejor.
Eso sí, como nadie nos patrocina, avisamos desde ya que cada uno se tiene que pagar su (s) propia(s) copa(s). Es lo que tiene ser independiente.
¡Animaos, que nos lo vamos a pasar bien!
 

Feliz año 2014, el año donde todo puede ser posible

Desde ¿Hay Derecho? queremos felicitar el nuevo Año a todos los lectores y colaboradores del blog. Cerramos un “annus horribilis” tanto en lo económico como en lo político,  lo institucional y lo moral. Muchos hemos descubierto como funcionaban de verdad las cosas en nuestra democracia. Terminamos el año con el registro judicial de la sede del partido del Gobierno, el conocimiento de los mails del ex Presidente de Caja Madrid que revelan el comportamiento caciquil y chulesco de nuestra clase política en una institución financiera, el tarifazo eléctrico y la reacción bolivariana del Gobierno para impedirlo, la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña para decidir sobre la independencia de una parte del Estado por motivos puramente electorales, el asalto por los partidos a las instituciones de control (Poder Judicial, Fiscalía, AEAT) o la involución democrática que suponen proyectos como el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana o la prohibición de preguntas en ruedas de prensas.  Por no mencionar los continuos casos de corrupción que dejan claro que el régimen nacido en la Transición está agotado.  Y precisamente cuando más se bunkeriza, más demuestra su debilidad.
Pero el tremendo ruido que está haciendo el acelerado deterioro del Régimen nacido en 1978 no nos debe impedir escuchar otros sonidos mucho más esperanzadores. En el 2013 los españoles nos hemos hecho mayores como ciudadanos, a base de escándalos y de decepciones. Ahora sabemos que nadie nos va a echar una mano para liberarnos de unos representantes a los que les hemos consentido todo, de manera que ya solo se representan a sí mismos y ni siquiera son conscientes. La sociedad civil se ha despertado, se habla de política en la calle como a finales de los años setenta, proliferan las iniciativas y proyectos que persiguen que los españoles vuelvan a ser, de nuevo, los dueños de su futuro. Es una gran noticia.
Los editores queremos proponer para el año 2014 un optimismo militante. No nos conformemos, somos un país de gente honesta, profesional y trabajadora, no somos peores ni mejores que otros países de nuestro entorno, solo nos falta práctica en el arte de gobernarnos a nosotros mismos por falta de experiencia democrática. Hemos creído con ingenuidad que la democracia traería por sí sola el buen gobierno y las cosas no son así, ni en España ni en ninguna parte.
El futuro nunca está escrito, todo depende de nosotros. Como nos recuerda Shakespeare a través del personaje de Casio  en «Julio Cesar» «la culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, que aceptamos la servidumbre».  
Con toda la ilusión del mundo ¡Feliz Año nuevo!
 
 

Felicidades

Los editores del blog ¿Hay Derecho? les desean unas muy felices fiestas.
 
 

Entrevista al profesor de Harvard Michael Sandel

Michael Sandel con cuatro de los editores


 
Por fin podemos ofrecer a nuestros lectores, una vez debidamente editada, traducida y subtitulada, la entrevista que ¿Hay Derecho? ha realizado al profesor de filosofía política de la universidad de Harvard Michael Sandel, con motivo de la conferencia que pronunció en Madrid el 3 de diciembre, bajo los auspicios del Aspen Institute, que dirige nuestro colaborador Jose María de Areilza. La entrevista la dirigió David Blázquez, perteneciente al indicado Instituto y buen conocedor del entrevistado, y las preguntas fueron sugeridas por los editores de ¿Hay Derecho?.
 
 
 
Para quien prefiera leerla, ofrecemos el texto traducido a continuación del video.
 

 
Texto de la entrevista a Michael Sandel – ¿Hay Derecho?
David Blázquez: Muchas gracias, profesor Sandel, por estar aquí, con nosotros, en Madrid, y por conceder esta entrevista a ¿Hay Derecho?, que es el blog jurídico más importante de España. Es el más leído en España, es básicamente… Lo que queremos es luchar contra la resignación en España y proponer debate sobre cuestiones sociales y jurídicas. Así que gracias por estar aquí con nosotros y luego, invitado por el Aspen Institute España, dará una conferencia en unas horas. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es muy fácil: ¿cuál es la tesis de su nuevo libro “Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales de los mercados”?
Michael Sandel: Bueno, empieza con una pregunta, y la pregunta es: ¿cuál debería ser el papel del dinero y de los mercados en nuestras sociedades? Y la respuesta que doy en el libro es: menor de lo que normalmente es. En las últimas décadas, hemos pasado, casi sin darnos cuenta, de tener una economía de mercado a volvernos sociedades de mercado. La diferencia es la siguiente: la economía de mercado es una herramienta, una herramienta valiosa y efectiva para organizar la actividad productiva. Pero una sociedad de mercado es un lugar en el que todo es susceptible de venderse. Es un modo de vida en el que los valores del mercado y las relaciones comerciales alcanzan cualquier esfera de la vida, desde las relaciones personales hasta la sanidad, la educación, la vida cívica, la política… Así que lo que el libro dice es que necesitamos crear un debate sobre dónde el mercado debe servir al bien público y dónde a éste no le corresponde estar.
D: Bueno, muchas gracias. Sin embargo, muchos le han criticado, probablemente sin haber leído su libro, por atacar a las economías de mercado, así que… cuando uno lee su libro, se da cuenta inmediatamente de que no es ése el caso, pero, aun así: ¿por qué no está su libro en contra de las economías de mercado?
M: Cierto. Tiene razón, no es un libro en contra de las economías de mercado, y no ve el mundo como dividido en las economías de mercado, por un lado, y el gobierno, por otro. Ésas no son las únicas alternativas. Una economía de mercado es una herramienta valiosa para organizar la actividad productiva y las economías de mercado han traído consigo más paridad y riqueza a muchos países del mundo. Así que la pregunta no es, en mi opinión, si tener economías de mercado. Por supuesto que deberíamos tenerlas. La pregunta es: ¿cuál es el lugar y el papel apropiado de los valores de mercado y de las relaciones comerciales?
Lo que ha estado pasando en las últimas décadas es que el pensamiento económico, los valores de mercado y la lógica económica han comenzado a superar el límite de la zona de los bienes materiales, y han llegado hasta la vida personal, la vida familiar, la sanidad, la educación, la vida cívica, la política, de una forma que no nos es conocida hasta ahora. Y, sin embargo, el efecto es que, algunas veces, en esos límites, más allá de la zona de los bienes materiales, los valores del mercado pueden tener el efecto de desplazar o corromper los bienes inmateriales, sin haberse siquiera percatado. Ésa es mi preocupación.
D: Pero usted dijo en cierto momento que, a veces, los mercados cambian, y usó esta expresión: “La naturaleza de los bienes que están siendo intercambiados”. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Podría ilustrarnos con un ejemplo?
M: Sí, claro. Y ése es un buen ejemplo de las diferencias entre los bienes materiales y los aspectos de la vida social que están siendo gobernados cada vez más por los mercados. Con los bienes materiales, la compra y la venta de los mismos no cambia el valor de la cosa que está siendo comprada y vendida. Por ejemplo, tanto si tú me vendes una televisión como si me la das como regalo, el bien será el mismo, funcionará igual  de cualquier forma. Pero eso no ocurre con los bienes immateriales. Coge un ejemplo sencillo: la amistad. Supón que quisieras tener más amigos…
D: Quiero tenerlos….
M: Pues bien, no se te ocurriría, o quizás sí, comprar algunos amigos. Pero ¿por qué no? Porque inmediatamente te darías cuenta de que comprar amigos no funciona en realidad. Un falso amigo no es lo mismo que uno de verdad. Es una cuestión filosófica interesante el porqué eso es cierto, pero, de alguna manera, el dinero que compraría ese amigo cambiaría el sentido de la amistad, disolvería los valores de la amistad. Y eso nos hace querer amigos antes de nada. Pues bien, estos casos, el de la televisión, por un lado, y el de la amistad, por otro, son casos claros, pero muchas de las áreas que los mercados han invadido en las recientes décadas están en algún lugar entre las televisiones y la amistad.
Los mercados pueden comprar muchos de esos bienes; la cantidad de incentivos que hay en el mercado puede conseguir personas que lo hagan. Por eso,  otra pregunta que cabría hacerse es si hay valores importantes que han sido invadidos. Cuando, por ejemplo, damos incentivos financieros a los jóvenes estudiantes para que lean libros o para que saquen buenas notas, cuando ofrecemos a la gente “sobornos” para que cuiden su salud, para que dejen de fumar, o para que pierdan peso… ¿Deberíamos tener un mercado para los transplantes de riñón? ¿Qué hay de otros mercados como el de pagar los embarazos? Está prohibido en la mayor parte de Europa, pero en India se permite y ahora se está creando una nueva industria, una nueva fuente de trabajo para las mujeres indias. En cada una de esas áreas, tenemos que preguntarnos: si introducimos valores de mercado en mecanismos de mercado, ¿existe el peligro de corromper o de desplazar ciertos bienes no comerciales, ciertos valores intrínsecos, sin tan siquiera notarlo?
D: Es una idea muy interesante. Ha hablado de corrupción, lo que significa que existe algo bueno y algo malo, algo correcto y algo incorrecto, pero, en su libro, usted parece no querer sacar el tema de estas distinciones. No sé si tengo razón, pero en una sociedad en la que estas distinciones son… al fin y al cabo, somos posmodernos, y nos esforzamos por… tenemos que lidiar con esos términos. ¿Qué quiere decir, entonces, con…? ¿Cómo abordaría ese debate en una sociedad que no está demasiado abierta a hablar sobre las cosas buenas y las malas, admitiendo que hay cosas que son mejores que otras?
M: Bueno, ésa es una muy buena pregunta. Y es cierto que, en estos días, en el discurso público evitamos comprometernos con los argumentos morales y políticos que alcanzan cuestiones éticas más profundas. Evitamos hacerlo. Y creo que una de las razones por las que lo hacemos es la que tú mismo has mencionado. Junto con el hecho de que conocemos a gente en sociedades, como la nuestra, que discrepa sobre los valores, sobre cómo los valores… bienes como el embarazo, el sexo, o el cuerpo humano, o la educación, la sanidad, o la vida cívica…, tenemos discrepancias sobre estas cuestiones.
D: Por supuesto.
M: Parte del atractivo del razonamiento económico está en que lanzar estas preguntas en el mecanismo del mercado parece librarnos de hacer el trabajo duro, que es el razonar todos juntos y debatir esas cuestiones en la vida pública.D: Déjeme entrar en eso, porque es un problema que me interesa mucho. Encuentro muy interesante su idea de la externalización del juicio moral. Recuerdo esa idea de T.S. Elliot, que fue a Harvard, donde usted trabaja: él criticaba a aquellos que soñaban con un sistema tan perfecto como para que nadie necesitara ser bueno. Y parece que ahora nosotros hemos elegido el mercado, con la ilusión de que ya no tenemos que pensar más en nuestras decisiones, como si fuéramos exonerados de la aventura, porque en realidad es una aventura, de juzgar y decidir. ¿Es éste el caso? ¿Qué piensa sobre ello?
M: Sí, y me gusta el término “aventura”, la aventura de juzgar, debatir y decidir. Lo que trato de hacer con este libro, y en general con mi trabajo, es estimular, e inspirar y provocar a los ciudadanos democráticos para que se comprometan con esa aventura, la aventura de razonar juntos, a veces discutiendo y discrepando, en público, sobre las grandes cuestiones éticas, incluyendo cuestiones sobre justicia, el bien común… En definitiva, lo que significa ser un ciudadano. Ésas son cuestiones que realmente no tienen presencia en nuestro discurso público. Creo que ésa es una de las razones que provocan la frustración que existe en estos días.
D: Probablemente, una de las mejores cosas de ¿Hay Derecho? es precisamente que queremos crear un espacio para ese debate. Pero parece muy difícil en España, porque nosotros… Probablemente usted no está familiarizado con la cultura española, y no quiero ser demasiado pesismista, pero creo que, aquí, en España, estamos intentando inútilmente crear esa discusión. El discurso público es casi inexistente. Tomamos posiciones; creo que hay una parte de España a la que simplemente no le interesa, o a la que no nos interesa, y la otra parte, tomamos una posición, pero, como no queremos oír a los demás, y tampoco queremos revisar nuestras ideas, acabamos por desligarnos de un debate abierto. Así que ¿qué recomendaría a una sociedad que parece estar tan cerrada a esa discusión? ¿Cómo podemos abrirnos y comprometernos con esos discursos que tratamos de promover, en consonancia con su libro?
M: Bueno, ahora hablo como un simpatizante externo de la cultura española. Lo que he encontrado a lo largo del mundo son dos cosas: en casi todas las sociedades democráticas, hoy en día, hay una gran frustración por la situación que usted acaba de describir, profunda. Veo poco razonamiento en general y poco esfuerzo por escuchar el uno al otro, en relación con esas grandes cuestiones.
D: Eso es España…
M: Pero veo eso en muchos lugares…
D: Lo sé, lo sé…
M: Así que hay, por un lado, frustración por esa situación, pero, a la vez, especialmente entre las generaciones más jóvenes, lo he notado en muchas universidades a lo largo del mundo, puede verse el hambre de algo mejor, de un tipo de discurso público que se comprometa con las grandes cuestiones, incluidas las cuestiones éticas sobre justicia, derechos, igualdad, desigualdad… sobre el papel de los mercados. Un hambre voraz por conseguirlo. Y es que nadie encuentra inspirador el tipo de discurso que rige hoy día: es estrechamente tecnocrático, por una parte, y muy partidista, por otra. Así las cosas, nadie se siente inspirado.
Me parece que los ciudadanos democráticos quieren algo mejor, y que hay esperanza para ello. Y parte de los objetivos de mi libro, y también de mis clases de Justicia en Harvard, que son de entrada libre, es tratar de fomentar que eso ocurra: razonar, pensar, discutir juntos sobre las grandes cuestiones éticas, y hacerlo en público.
D: Muchas gracias. Creo que necesitamos en España más lugares como ¿Hay Derecho?  y más formas de debate como las de Aspen Institute. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
M: Gracias por invitarme.
(Traducido por Ignacio Gomá Garcés)

Tercer Aniversario de ¿Hay Derecho?

Sin darnos cuenta, han pasado ya tres años desde que este blog inició su andadura en diciembre de 2010. En todo este tiempo han pasado muchas cosas para España, para el mundo y también para este blog: en este último año hemos tomado muchas iniciativas: hemos cambiado la imagen, añadido nuevos editores, creado nuevos tipos de posts y grabado entrevistas.

 
Pero la base sigue siendo la misma. Cuando fundamos el blog nos animaba una idea común: rebelarnos contra una sensación difusa de injusticia, la impresión de que las reglas en las que nos habíamos educado y en las que creíamos, como fundamento de la convivencia, se estaban desmoronando.
 
 
La forma de abordar la cuestión fue intentar dar información y opinión especializada de aquellos asuntos de actualidad y de otros no tan de actualidad, pero que consideramos importantes, siempre en relación con el Derecho y la Política, en cuanto ésta afecte a la defensa del Estado de Derecho. Consideramos que éste – o más bien su falta- es la clave de muchas de las cosas que están ocurriendo en los últimos tiempos: el olvido (deliberado) del principio fundamental de que el Derecho ha de regir los procedimientos y las actuaciones no sólo del ciudadano normal, sino también –y sobre todo- del poderoso y del Poder por antonomasia, el Estado, conduce inevitablemente a la injusticia; de ella se pasa a la desigualdad y con el tiempo llegará, sino es que está aquí ya, la pobreza.
Y esa sensación que teníamos hace tres años no ha desaparecido, sino que de difusa se ha hecho concreta, clara y meridiana. Han pasado por delante partidos, ministros, presidentes, consejos, agencias y tribunales, pero de la incomodidad hemos evolucionado a la indignación, dicho sea con las salvedades que ustedes quieran. Ni siquiera el paso de un gobierno inoperante e iluso a otro pretendidamente eficaz y determinado ha supuesto la más mínima modificación en el respeto al Estado de Derecho. Es más, la politización de tribunales y agencias independientes, la corrupción rampante en los dos principales partidos y en otros autonómicos, el agravio comparativo de la amnistía fiscal, el trato de favor  a los poderosos, la amenaza soberanista con olvido de toda regla se han agravado.
Pensamos que la razón de ello es un problema estructural en el diseño del Estado, que ha devenido en un Estado de Partidos; pero no hay que olvidar tampoco razones profundas de educación, de falta de respeto a las normas jurídicas y a los demás, y ausencia de principios éticos, sin los cuales es difícil que nada funcione. Ahora bien, como estos es más difícil insuflarlos a corto plazo, al menos creemos instituciones que funcionen aunque quienes las gobiernen no sean éticos. Para eso está el Derecho.
En fin, nosotros creemos que la forma de luchar contra esta situación puede estar en montar un partido, irse a la Puerta del Sol, o manifestarse constantemente. La nuestra es denunciar todos y cada uno de los días lo que nos parece injusto o contrario al Estado de Derecho. Para ello contamos con un nutrido grupo de colaboradores, especialistas en diversos temas, que pueden hablar con conocimiento de causa. Valientes colaboradores, porque este blog no gana dinero ni lo pierde, pero no es gratis. Tarde o temprano decir la verdad tiene un precio. Pero si hay algo que hemos aprendido en estos tres años es que merece la pena pagarlo.