Lecciones de Harvard. La formación en nuestra Universidad

En el pasado mes de septiembre tuve la fortuna de asistir al congreso anual Harvard-Complutense que el Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, junto con el Real Colegio Complutense y la Universidad de Harvard, organiza en las instalaciones de la Law School de esta última. Fue muy interesante para mí preparar y exponer allí, en ese fabuloso centro académico, una lecture sobre el arbitraje y la mediación en el comercio internacional. Lo mismo que conocer «in situ» las instalaciones, el campus y su sistema formativo. Pero quizá lo más valioso de todo fueron las cuatro lectures de prestigiosos profesores de la Universidad a las que tuve la oportunidad de asistir.

 

Tuve así conocimiento directo del mejor sistema educativo universitario del mundo, nacido allí y exportado luego en parte a otras muchas universidades de todos los continentes. Entonces y después he planteado a diversos profesores universitarios españoles, o incluso a alumnos, el por qué todas las universidades españolas, hasta donde llegan mis conocimientos, han sido refractarias a introducir este sistema que tan eficaz se ha demostrado. La respuesta, incluso entre los que conocen y admiran este sistema, ha sido frecuentemente que tal cosa no sería posible en España. Este post me da la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la enseñanza universitaria española en general, y la del Derecho en particular.

 

El «sistema Harvard» de enseñanza. Una clase.

 

Lo mejor para conocerlo puede ser referir una de las clases, tal vez la que más me gustó, la que nos dio el profesor de «Law & Business» de origen indio, Guhan Subramanian.

 

La clase consistía en el análisis de diversos casos. De todos ellos se nos había enviado previa documentación y debíamos llevarla estudiada y analizada. En uno de ellos, por ejemplo, la documentación consistía en las noticias reales aparecidas en ediciones electrónicas de periódicos económicos sobre un caso de posibles sobornos de una importante empresa comercial norteamericana para favorecer su expansión en México. Allí nos enteramos que la legislación norteamericana persigue y sanciona esta forma de corrupción a las autoridades, no sólo cuando tiene lugar en los Estados Unidos, sino incluso cuando las empresas norteamericanas utilizan este «instrumento» en el extranjero. No me cabe duda de que esta amplia consideración de la responsabilidad de los individuos y empresas, paralela a la confianza que «de entrada» se concede a los integrantes de la sociedad civil, y que tiene su origen probablemente en su originario espíritu protestante, tiene mucho que ver con el grado de desarrollo económico alcanzado por esta nación.

 

La clase, debidamente preparada por los que éramos alumnos, rápidamente empezó a ser participativa. Se disputaba, sobre todo, si los Administradores de la empresa matriz en los Estados Unidos, que además habían cambiado a lo largo del periodo en el que se produjeron los sobornos, sabían o habrían tenido la obligación de conocerlos aplicando la debida diligencia exigida por el caso. Sin embargo, en un momento dado, el professor nos animó a profundizar en los antecedentes, para luego plantearnos una cuestión trascendente: si no había responsabilidad en la elaboración de un plan de expansión y apertura de centros en tan poco tiempo. Si un exigible conocimiento de la situación de hecho en México pasaba por haber sabido que la realización de ese plan con esos objetivos temporales era imposible sin acudir a sobornos. Y si los responsables en México de tal expansión no se habían forzado a utilizarlos para poder cumplirlos.

 

Un análisis interesante, por tanto, del posible alcance de la responsabilidad de los administradores, que partíadel conocimiento de la teoría y del caso por los alumnos, en que los alumnos participaron y aprendieron mucho. Algo que no existe en las Facultades de Derecho en España.

 

Las causas de nuestra resistencia a incorporar estos sistemas.

 

La cuestión es la siguiente: si este sistema de preparación previa de la clase por los alumnos, tanto desde el punto teórico como práctico, se ha revelado tan eficiente en resultados, tan estimulante para los alumnos, y no supone especiales costes, pues incluso las clases al ser tan provechosas pueden reducirse en número: ¿Por qué la Universidad española, al contrario de otras muchas, no ha sido capaz de adoptarlo? ¿Por qué nuestro sistema castizo en el que el profesor cuenta la materia a una audiencia virgen en ella, de alumnos aburridos e incapaces de sacar el provecho debido, a pesar de la reforma de Bolonia, muestra tanta resistencia al cambio?

 

Son varias las posibles respuestas que he ido recogiendo. Éstas son algunas de ellas:

 

-«El sistema del caso es adecuado para el Dº anglosajón, basado en precedentes jurisprudenciales, pero no para nuestro sistema latino-germánico que tiene como fundamental fuente la ley». No creo que este argumento pueda sostenerse. La diversidad de fuentes sólo afecta a lo que el alumno debe preparar, no a la virtud de esa previa preparación. Tengo un hijo estudiando en una universidad suiza y simplemente no concibe no preparar previamente las clases, incluso las de Derecho. En innumerables universidades con un sistema legal semejante al nuestro se exige a los alumnos esta preparación previa.

 

-«Los alumnos llegan tan mal preparados y mentalizados de la educación secundaria que es imposible reconducirles por esa vía». Tampoco creo admisible este argumento. El sistema general de educación secundaria norteamericano, que con auténtico y acrítico entusiasmo copiamos después en España y otros países europeos, es bastante deficiente. Y ello no impide a sus alumnos adaptarse a las nuevas exigencias de las universidades de prestigio. En realidad el alumno, por mucha tendencia al mínimo esfuerzo que tenga, siempre va a adaptarse a lo que en cada caso le exijan. Pero hay que tener el coraje de exigirlo.

 

«Este sistema no es posible en nuestras masificadas facultades de Derecho». Al margen de que no es un problema general, sí es cierto que los estudios de Derecho son como una especie de coche escoba para todos aquellos a los que, sin tener especial interés, una extraña inercia social les lleva a «tener» que ir a la Universidad. Sin entrar en este problema, que también y como casi todos podría tener solución, les puedo contar que en ciertas universidades centroeuropeas los primeros cursos son masivos y selectivos, y que eso no impide la exigencia de la preparación previa de la clase. Tal vez precisamente la falta de esa o de otras exigencias puede tener mucho que ver con esa masificación.

 

-Aún menos admisibles me parecen los que se amparan en la existencia de presuntas barreras culturales. Tales argumentos me huelen a racismo, y los creo contrarios al concepto mismo de “Universidad”. Si hemos conseguido manejar ordenadores, construir trenes de alta velocidad e incluso dejar de fumar en los bares, ninguna mejora en sistemas de enseñanza debe ser para nuestras Universidades inaccesible.

 

Las verdaderas razones pueden estar más bien en prejuicios y mecanismos de resistencia a los cambios que se estudian en psicología social.

 

La teoría de la «disonancia cognitiva» (Fertinger, 1957) considera que para evitar la incongruencia entre ideas y actos, que nos resulta molesta, se tiende por ser más fácil y cómodo más a modificar las ideas que las conductas. Si los docentes y los dirigentes de la Universidad admitieran que se puede cambiar para mejorar el sistema de enseñanza, ello les llevaría a admitir lo inapropiado de no haberlo hecho antes y haber seguido rutinariamente con un sistema peor. Ante la dificultad de aceptar estaidea se prefiere encontrar justificaciones que explican el mantenimiento de lo tradicional.

 

La teoría del análisis atributivo (Ben) considera que las ideas sobre una determinada situación se construyen de una forma muy subjetiva, en virtud de cómo se siente en ella el individuo. Quien se sienta cómodo y seguro en su rutina docente tradicional será reacio a novedades que puedan poner esa situación en riesgo.

 

Estos anclajes conservadores se refuerzan además por la presión grupal, que favorece la homogeneidad de respuesta. Ante la nuevas propuestas se comparten, expanden y cultivan críticas y recelos. Y las personas de más edad, que pueden ser más resistentes a los cambios, frecuentemente actúan por su prestigio como modelos y guías de opinión.

 

Aunque estos prejuicios se dan incluso en el mundo profesional (basta ver la dificultad de muchos operadores jurídicos para aceptar soluciones nuevas y eficaces, como la mediación), sin duda se ven potenciados en ámbitos públicos por su específico sistema de incentivos y responsabilidades. La tal vez excesiva funcionarización de nuestra Universidad pública, a salvo hasta hoy de las amenazas de la competencia, y controlada además por grupos cerrados oligopolistas liberados de cualquier rendición de cuentas al amparo del mito de la autonomía universitaria, son factores que refuerzan el actual e ineficiente status quo. El mérito como criterio de valoración del docente se ha difuminado, y la movilidad del profesorado entre diversas universidades se ha reducido al mínimo. Nada de todo esto impulsa la excelencia.

 

¿Tiene solución esta situación?

 

Sin duda es la gran pregunta. Ciertamente, esa tendencia a la inmovilidad, esa actitud fatalista y resignada ante lo que hay aunque se considere malo, no es exclusiva de nuestra Universidad, sino que afecta a grandes sectores de la sociedad española. No hay más que ver, por ejemplo, tantos resultados electorales.

 

Pero también tenemos en nuestra sociedad y en nuestra Universidad elementos inconformistas y dinámicos. Gente que no se conforma con instalarse en la mediocridad y la rutina, y que aspira a la calidad e incluso a la excelencia. Las redes sociales, los medios y blogs en internet, y las ideas que bullen en ellos son un buen ejemplo de ello.

 

Sólo si estos elementos son capaces de cobrar suficiente protagonismo, si consiguen desarrollar ideas y proyectos que pongan de manifiesto que se pueden hacer mejor las cosas, que se puede escapar de la rutina y conseguir que profesores y alumnos se involucren en una dinámica diferente y estimulante. Si se consigue por esta vía empezar a cambiar el sistema de incentivos y crear un verdadero y justificado «orgullo de Universidad». Aunque ese cambio comience sólo en unos pocos departamentos y universidades. Y si se rompen así los prejuicios y los anclajes a la mediocridad. Sólo en este caso las Universidades españolas, y dentro de ellas el estudio del Derecho, tendrán la posibilidad de alcanzar un rango internacional de calidad.

 

Tres crisis en una. Las cabezas de la Hidra

Cumplido más de un año desde que el señor Rajoy ganó las elecciones, se ha demostrado que un cambio de gobierno no significa necesariamente un cambio de rumbo. Sigue la crisis, suben el paro, el IPC, y el nivel de endeudamiento. Y no hay una suficiente separación entre los dirigentes políticos, y el sistema financiero, la Justicia o los medios de comunicación.

 
El Gobierno del PP ha incumplido los puntos básicos de su programa. Niega a menudo la evidencia, y se defiende de cualquier crítica con el argumento de la herencia que les dejó el PSOE. Crece el descontento social, la desconfianza, y la desafección hacia las instituciones. Un 85 % según las encuestas se muestran descontentos con el sistema de representación parlamentaria. Y los nacionalismos periféricos se aprovechan de la crisis para hacerse más fuertes, incrementar sus demandas y acercar a más gente a sus políticas excluyentes y autoritarias. Ya sin tapujos se vende la secesión como una solución definitiva, como la perfecta huida de la crisis.

 
Se ha dicho que esta crisis política y económica se fundamentan en realidad en otra crisis social. Que el deterioro económico y la progresiva decadencia del sistema político no habrían sido posibles con una sociedad civil donde no hubiera avanzado tanto la pérdida de valores como la unidad y cohesión social y familiar, la responsabilidad personal, o el respeto a la autoridad. Lo que nos lleva a preguntarnos qué es lo que está fallando en los mecanismos de transmisión de valores.

 
Se ha señalado al sistema educativo como uno de los principales responsables de este problema. No cabe duda de su deterioro como mecanismo tanto de transmisión de conocimientos como de socialización y educación cívica. De hecho entre los docentes e incluso alumnos que protestan por la reforma educativa proyectada se echan de menos una dosis suficiente de autocrítica, un sincero reconocimiento de la actual situación, y  el planteamiento de otras alternativas diferentes de reclamar más dinero.

 
Pero también que en las aulas es donde más se sufre, y no sólo por los profesores, la citada crisis social y de pérdida de valores. Se ha consolidado un sistema que favorece el mínimo esfuerzo y la desvalorización de la excelencia, y que permite la «estabulización» de  adolescentes que no tienen el menor interés en los estudios, a costa del ambiente general. Y a ello se añade la falta de autoridad de los maestros, demasiadas veces condicionados por los caprichos de padres y alumnos.

 
Sin embargo la crisis del sistema educativo no es sino una manifestación más de la citada crisis social. En una sociedad sana y con claras convicciones este deterioro no habría sido posible.

 
Por eso hay que señalar también otros responsables de esta crisis social. Si en la época de bonanza tanta gente perdió la noción de austeridad y prudencia y vivió por encima de sus posibilidades confiada al crédito, y si tantos hicieron entonces dinero fácil en la llamada «cultura del pelotazo», de ello muy probablemente no sea la escuela la principal responsable.

 
Creo que no ha sido menor el efecto de los ejemplos recibidos de nuestros dirigentes.En nuestra clase política la calidad tampoco ha merecido una especial valoración. Se ha llenado de oportunistas de muy poco nivel y formación gracias a los lamentables mecanismos de selección de la partitocracia. La política se ha convertido en un medio fácil de vida, que no requiere especial formación ni esfuerzo, y donde basta para colocarse con demostrar una lealtad acrítica y con decir donde corresponda, incluso con cínica desvergüenza, bonitas palabras.

 
Hoy, tras décadas de burbuja inmobiliaria y lucidos despilfarros en carreteras, aeropuertos, centros culturales vacíos y urbanizaciones fantasma, los ciudadanos españoles deben pagar las facturas y las peores consecuencias de la crisis, mientras que los políticos tan mal seleccionados son los únicos a los que parece que la crisis les es  ajena y pueden seguir viviendo por encima de sus (en realidad, «nuestras») posibilidades.

 
Los políticos, lo mismo que los periodistas o los intelectuales en general, tienen también la obligación moral de transmitir valores una sociedad gravemente necesitada de ellos para sustentar una democracia sólida. Y mucho más con hechos que con palabras. Pero en vez de ejercer ese papel y actuar con ejemplaridad, se han servido de su poder para mantener su status, y manipular a un pueblo inculto y maleable. Actuando muchas veces al margen de la ley, o adaptando ésta a sus específicos intereses. Domesticando y colonizando la justicia, la prensa o cualquier otro contrapoder equilibrador. Y corrompiendo o anestesiando a la sociedad con sus mecanismos clientelares. Todo ello para seguir en su particular estado de bienestar, sin exigencia alguna de responsabilidad.

 
No resulta fácil pedir a la sociedad desde esta atalaya un comportamiento ejemplar, y  la asunción de innumerables sacrificios que ellos mismos son incapaces de hacer. Cuando las pequeñas corruptelas y canonjías (caso ipads), el tapar o mirar hacia otro lado en los casos de corrupción de tu propio partido, o el uso generoso del indulto cuando otros escudos han fallado se han convertido en una indisimulable seña de identidad de esa clase diferente e inmune al sufrimiento general. A nadie asombra que los ciudadanos se refieran al conjunto de ellos no ya como «clase política», sino más bien como la casta que antepone sus prioridades al bien común de la sociedad.

 
Con razón Georg Christoph Lichtenberg dijo una vez que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.

 

 

Reflexión sobre la reforma educativa de Wert

Teniendo en cuenta la naturaleza de este blog, voy a empezar citando la que debería ser la base de cualquier ley educativa que se promulgue: el artículo 27 de la Constitución Española. Soy consciente de que la Constitución de 1978 se ve hoy día ampliamente cuestionada desde diversos ámbitos de la sociedad, y cada vez son más los colectivos que piden su reforma, pero lo cierto es que, hoy por hoy, es la que tenemos, y si no nos basamos en ella, nos quedamos sin suelo bajo los pies.

 

El artículo 27 dice en sus dos primeros apartados:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”

 

El primer apartado garantiza la universalidad de la educación, y el segundo define su objetivo. Centrándonos en este segundo apartado, merece la pena reflexionar sobre el objetivo que se expresa: el pleno desarrollo de la personalidad humana. Parece claro que este propósito excede a la mera preparación para el desarrollo de un oficio o profesión, o a un cierto “baño de cultura general”. Por el contrario, este derecho a la educación tiene una orientación mucho más global, y pretende desarrollar a la persona en un contexto de democracia, derecho y libertad.

 

Con esta premisa, podemos echar un  vistazo a las asignaturas troncales de la nueva reforma electoral propuesta por el ministro Wert. Cabría esperar que dichas asignaturas, que no son opcionales y deben estar presentes en los planes educativos de todos los centros del país, debieran por sí solas garantizar los objetivos expresados en la Constitución. Si miramos las correspondientes a segundo de bachillerato, encontramos:  Historia de España, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, a las que se añaden Matemáticas,  Latín o Fundamentos del Arte, dependiendo de la modalidad escogida por el alumno. ¿Es la enseñanza de la historia de España, de la lengua y literatura castellanas y de una lengua extranjera, suficiente para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana? Yo creo que no, e intentaré explicar por qué.

 

El artículo 27 apartado 2 nos habla de democracia, derecho y libertad. Ninguna de las asignaturas que he mencionado en el párrafo anterior está centrada en estos temas. Sin duda, al enseñar la historia de España se hablará de democracia (sobre todo, de su ausencia), y del derecho y la libertad a lo largo del tiempo, pero el objetivo de la historia es conocer qué pasó, y dar las claves de por qué pasó; sin duda la asignatura de historia de España no se centrará en las fuentes del derecho, el desarrollo de la libertad ni, en definitiva, el origen y la evolución de la democracia.

 

Para encontrar la asignatura que se ocupa del que, según la Constitución, es el principal objetivo de la educación, tenemos que irnos al bloque de “asignaturas específicas”, donde nos encontramos con la Historia de la Filosofía, que debe competir con otras como Dibujo Técnico, Imagen y Sonido o Análisis Musical.

 

Llegado a este punto, no puedo evitar hacer una reflexión: yo soy ingeniero industrial; a esas alturas de la educación secundaria, mi vocación estaba clara, de modo que, de haber tenido que estudiar bajo este plan educativo, mi elección hubiera recaído necesariamente en las asignaturas de Dibujo Técnico, Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información. Es decir, hubiera tenido que excluir la que sin duda fue la asignatura más importante de mi etapa escolar,  que abrió a mis ojos un mundo fascinante que sigo descubriendo.

 

La historia de la filosofía es la que explica el origen de la democracia: cómo nace en Grecia, cómo evoluciona tras la Revolución Francesa, cómo progresa o degenera hasta llegar a los diferentes tipos de “democracias liberales” que existen hoy día o a las pocas “democracias populares” que van quedando. La historia de la filosofía nos muestra las fuentes del derecho desde los primeros códigos de la antigüedad hasta el derecho romano, que sustenta los sistemas legales europeos en la actualidad. Y la historia de la filosofía nos habla del hombre, de sus inquietudes, de sus valores, de su defensa de la libertad y de como el pensamiento de unos pocos pudo vencer el fanatismo, la ceguera o la opresión a lo largo de los siglos.

 

Si hay una asignatura que puede contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana, esa es la Historia de la Filosofía, no solo por su temario, sino porque abre la puerta a un territorio sin límites, y acompaña al alumno en sus primeros pasos en las distintas corrientes del pensamiento, mostrándolas en toda su diversidad y ayudándole a escoger las que más le convenzan. Sin duda, muchos pasarán de largo sin siquiera asomarse a esa puerta (aunque algo les quedará: algo siempre queda), pero otros aceptarán la invitación.

 

Con esta reforma, la historia de la filosofía desaparecerá del currículo de la mayoría de los alumnos. Es más, desaparecerá incluso de aquellos centros docentes donde no haya un número suficiente de alumnos que la escojan. Los futuros ciudadanos que concluyan sus estudios sin haber oído hablar de Sócrates, de Aristóteles, de San Agustín, de Descartes o de Heidegger, podrán ser excelentes médicos, arquitectos o economistas, pero no estarán bien formados en los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Para ellos, el Estado habrá fracasado en sus objetivos constitucionales.

 

Educar frente a catalanizar (o españolizar)

 

A raíz de la reciente polémica protagonizada por la máxima responsable de la educación en Cataluña, Dª Irene Rigau y el Ministro de Educación  y Cultura, D. Jose Ignacio Wert acerca de la conveniencia, la modernidad o incluso la legalidad/constitucionalidad de catalanizar o españolizar a los niños  quería mostrarles dos videos que ilustran mejor que muchas palabras por qué esta polémica, una vez más, no trata sobre lo esencial, la educación de nuestros hijos, que es lo que nos interesa a los ciudadanos españoles. Efectivamente, estos señores están debatiendo sobre sobre el conocimiento (o desconocimiento) de la Historia de España, sobre la forma de presentar las relaciones históricas entre Cataluña y España, o  sobre el derecho de los padres a poder educar a sus hijos en castellano aunque residan en un territorio con lengua propia. De hecho,  ahí  tenemos el encomiable esfuerzo del Ministro de hacer cumplir la jurisprudencia del Tribunal Supremo por la sencilla e ingeniosa (aunque un poco sorprendente y de pago) vía lateral de subvencionar centros privados que den las clases de español, dado que ya se sabe que no hay manera que la Consejería de Educación de Cataluña cumpla las sentencias del Tribunal Supremo del Estado al que (hoy por hoy) pertenece. Pero como sobre esto ya escribí en su momento un post, no insistiré en el tema para no aburrir.

 

Porque más allá de los prejuicios, la falta de rigor, y de las ocurrencias, improperios, descalificaciones, etc, con las que nuestra clase política abordan cualquier debate entiendo que, como padres responsables, los ciudadanos españoles lo que quieren es una buena educación para sus hijos. La mejor posible. Una educación además que no solo les permita encontrar un buen trabajo, y ser buenos ciudadanos, sino que haga de ellos hombres y mujeres mejores, los mejores posibles.  Y esto es especialmente importante cuando peores son las circunstancias socioeconómicas y familiares de partida. Sobre la incidencia que la educación y especialmente las actuaciones de educación temprana tiene en niños procedentes de entornos desfavorecidos han escrito reiteradamente nuestros amigos de NeG, y muy en particular mi admirado Antonio Cabrales, ahí va su colección completa de posts, casi todos son sobre educación. Y en concreto, sobre si la enésima reforma educativa anunciada por el sr. Wert va en la buena dirección ya ha escrito un par de posts que se pueden encontrar aquí.

 

Por otra parte, no cabe duda de que la situación de la educación en España es muy preocupante. Como lo es aumento de la desigualdad que se está produciendo en los países desarrollados y que –a mi juicio- está muy relacionado con la pérdida de una educación pública de calidad (el famoso “ascensor social”) vienen alertando diversos informes, entre ellos este muy reciente de la OCDE.

 

En ese contexto, me gustaría que vieran estos dos videos. El primero, más conocido, es el famoso video de los niños de la escola Sant Miquel (Deltebre) convenientemente “catalanizados” gracias a los esfuerzos de la Consejera y sus antecesores (y de su profesora, por lo menos por lo que ve en el video). Eso sí, es larguísimo, así que cuando escuchen a tres o cuatro niños ya se hacen una idea y no hace falta que sigan si no quieren.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MDEUV0HeJCM

 

Y este otro, lamentablemente menos conocido, es el tráiler de un documental francés sobre un proyecto con niños 4 años de una “banlieue” parisina, también procedentes de familias no precisamente privilegiadas. Durante dos años (con 4 y 5 años) la profesora les enseña “philo”, filosofía, es decir, a pensar. La película me temo que ya no está en la cartelera,  pero el tráiler es un buen resumen. Básicamente, la profesora, a la manera de un moderno Sócrates, está enseñando a los niños a pensar, a cuestionarse las cosas, a debatir con argumentos.  Este merece la pena verlo entero y es cortito.

 

http://www.youtube.com/watch?v=xyFXZxFiIk4

 

Como nuestros lectores son muy inteligentes no hace falta decir más. Que se imaginen a los dos grupos de niños cuando sean adultos y que entonces les pregunten por la independencia de Cataluña o de Córcega, por la unidad de España o de Francia, por la Unión Europea, por las desigualdades, por la injusticia o por lo que quieran.

 

Pasen un feliz domingo.

A partir de cuatro suspensos, nosotros elegimos el color

Unos padres y su hijo adolescente se encuentran en una tienda de exposición y venta de motocicletas, mirando entre los diferentes modelos para adquirir una. El empleado, que se encuentra cerca, puede escuchar esta frase dirigida por los primeros a su hijo: “ya sabes que, a partir de cuatro suspensos, elegíamos nosotros el color”.  Esta anécdota, que parece ser cuenta el conocido juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, muestra un caso extremo, el de unos padres que –por las razones que sean, no se trata de juzgarlos-  carecen ya de la mínima autoridad para educar a su hijo, el cual se encuentra en una edad de por sí difícil y está a punto de entrar en la sociedad adulta, presumiblemente con unos conceptos infantiles que debería haber abandonado hace tiempo: que los premios llegan sin esfuerzo y que tiene derecho a casi todo a cambio de casi nada.

 

Quizá el verano sea un buen momento para hablar y pensar relajadamente sobre educación aunque no haya colegio, o precisamente porque no lo hay, ya que los verdaderos responsables de la educación son los padres, y no los centros de enseñanza. La patria potestad, en su moderna concepción, ya no es, como antiguamente, un poder del padre (una potestad) sobre el conjunto de la familia y por tanto renunciable por aquél. Ahora es un derecho-deber, más lo segundo que lo primero, intransmisible, irrenunciable e imprescriptible. Se acentúa en su ejercicio la función social de la institución, de misión encomendada a los padres por el conjunto de la sociedad para que les entregue personas adultas intelectual y moralmente, formadas y maduras, que contribuyan a hacerla más fuerte, más próspera, más compasiva. Mejor.

 

En otro post escribí que de esta crisis -económica, social, política, ética-  saldremos como de todas las anteriores, pero que tan importante como el cuándo, es el cómo vamos a salir. Cunde una cierta impresión de que está totalmente fuera de nuestro control como ciudadanos la resolución de la misma, de modo no podemos influir en ella salvo por medio de acciones extremas: manifestaciones, acampadas, tomas de calle, o la reciente y berlanguiana “toma del carrito del Mercadona”. No creo que sea así, sin embargo. Uno de los aspectos menos comentados de la crisis es su devastador efecto en la autoestima de la población, en especial para aquellos que han perdido mucho. A veces, cuando como notario formalizo una escritura de dación en pago en la que un matrimonio entrega el inmueble al banco por no poder pagar la hipoteca, se percibe en ellos no solamente la lógica tristeza por desprenderse de algo que con tanta ilusión habían adquirido, sino algo muy parecido a la vergüenza de ser castigados por haberse portado mal, por haber fracasado, e incluso con la creencia de que los que estamos presentes compartimos esa impresión. Y no son pocas la ocasiones en las que cuando creo detectar ese sentimiento, me elevo de la frialdad propia del documento jurídico para transmitirles que lo único que ha salido mal es un contrato y que han cumplido conforme a la ley al soportar sus consecuencias y perder el inmueble, por lo que ya no hay deuda ni con la entidad bancaria ni con la sociedad, de modo que no deben permitirse este tipo de sentimientos negativos, tan injustos como falsos.

 

Un lenitivo para estas emociones negativas puede ser esta cadena de pensamientos: ni los mercados, ni las agencias de calificación, ni el BCE, ni los agoreros de la crisis, tienen la facultad de formar las mentes y el carácter de los ciudadanos del mañana, es un terreno vedado para ellos, somos los padres los que conservamos esta facultad, este arma de futuro.  Implicarse a fondo en la educación de ciudadanos libres, responsables, solidarios y conscientes, es una contribución real, eficaz y valiosa, a medio plazo, para superar la actual depresión; probablemente es la más importante a la que podamos dedicarnos, si bien no la más espectacular. Al mismo tiempo, ser más conscientes de que en nuestras manos está el hacer algo concreto, de que tenemos un deber ético que cumplir con ellos y con la sociedad, y un derecho a que nuestros hijos no sean invadidos por la desesperanza, la rabia, el nihilismo, el consumismo o la mediocridad moral (y estar dispuestos a emplearnos a fondo para impedirlo) tiene un poderoso efecto regenerador. La educación de nuestros hijos se revela en estos momentos, pues, como benéfica fuente de tres caños: es un ámbito no contaminado por las convulsiones de la crisis, un refugio personal -si se quiere llamar así- cuando tantas cosas parecen desmoronarse; es una forma de superar aquélla, haciendo a nuestros hijos mejores de los que somos nosotros, y, también, es nuestra tabla de salvación a la que subirnos para mejorar nosotros mismos y con ello aumentar nuestra propia consideración. Tres caños necesarios, que haremos bien en procurar que manen abundantemente.

 

No es el momento de exponer aquí, post de reflexiones veraniegas, en qué habría de consistir esencialmente esa educación- ni yo tengo en absoluto los conocimientos ni la capacidad para ello-, pero sí me atrevo a humildemente a compartir la concepción  de Pitágoras: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.  Qué sencilla, certera y bella frase pero qué difícil tarea. Rudyard Kipling lo dice de forma más extensa pero no menos hermosa en su conocidísimo poema “Si”.    Es un manual de educación en solamente 32 versos: Si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno demasiado…si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti/ pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda…si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho…

 

Estimo imprescindible hacer una autocrítica si queremos asentar sólidamente la tarea de educar. Todos, o casi todos, hemos sido a lo largo de estos últimos años como el adolescente de la tienda de motos, que recibe más de lo que merece, premiado por no hacer nada de lo que estaba obligado, aunque, quizá, como lo ocurre a él, no toda la culpa sea nuestra sino que parte es producto de una mala educación social. En nuestras manos está el evitar que nuestros hijos pasen por esta adolescencia.

 

O, por decirlo de otra manera, vamos a trabajar para impedir que en el futuro nos vendan más motos, sean del color que sean.

Ritos y Susurros. El vascuence en la Universidad del País Vasco.

La noticia de la propuesta de modificación del Plan Director del Euskara en la Universidad pública vasca (UPV) ha sorprendido con diversas medidas. Se propone señalar con un distintivo a los docentes que dominen esta lengua vascuence (¿en forma de medalla por méritos a la patria?), se «ordena» que todas las comunicaciones, e incluso conversaciones habituales entre los trabajadores, se desarrollen preferentemente en esa lengua, y se quiere introducir la figura del «susurrante», especie de traductor simultáneo de andar por casa para ayudar (¿y señalar?) a los que, descarriados recalcitrantes, no puedan entender la lengua vasca por sí solos. Tal vez de susurrar se pase luego a regañar, o incluso a multar.

 

La cosa sorprende aún más cuando nos enteramos de que, a pesar de todos los esfuerzos de discriminación positiva en favor de los vascoparlantes, nada menos que un 55 % de los docentes, es decir una mayoría de ellos, no puede comunicarse en vascuence. Y eso según estadísticas oficiales, siempre sospechosas dado que declarar tal falta de habilidad hace años que se ha convertido en algo vergonzante.

 

Para entender cómo normativas como éstas son aprobadas y aceptadas por sus destinatarios en diversos sectores de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), me van a permitir hoy una breve excursión metajurídica, para tratar de explicar, de forma necesariamente rudimentaria en estas breves líneas, cuál es el sustrato ideológico y social que produce tales frutos. Tengo para ello algún título, pues he vivido, disfrutado y trabajado muchos años en Guipúzcoa. Aunque ello no excluya el subjetivismo de mi percepción.

 

Una de las cosas que me sorprendieron cuando llegué fue la idea tantas veces repetida, casi como una consigna, de estar en un proceso de «construcción» del país. En ese concepto participaban los partidos nacionalistas, con diversas denominaciones del objeto a construir (nación, Euskalherria, Euskadi, etc), pero también los socialistas. Seguidismo que éstos hacen también en otras materias, tal vez por la confusión (que se resiste a desaparecer) de querer ver una aureola de progresía en todo nacionalismo (excepto el español, claro), o quizá por la también errónea creencia de que para llegar a ocupar una posición de centralidad en la región (empeño nunca logrado por el PSE) es más útil mimetizarse con los adversarios predominantes que desarrollar un discurso diferente y coherente.

 

Si oyéramos a alguien hablar de la «construcción de Madrid», por ejemplo, uno pensaría en las innumerables obras públicas de Gallardón, que tanto han costado a las arcas de la Villa y Corte. Pero allí ese empeño «arquitectónico» tiene un significado diferente. Como en todo nacionalismo hay una raíz totalitaria, de lo que se trata ya no es de que el poder político dirija a la sociedad para que ésta pueda obtener los mejores servicios públicos, y mejorar su progreso económico. De lo que se trata es de transformarla, de que se vaya pareciendo cada vez más a un determinado modelo ideal, por supuesto fuertemente condicionado por esa ideología mítica. En definitiva, de lo que se trata básicamente no es de adaptarse a la sociedad, sino de adaptar ésta a lo que “debe de ser” según el ideario nacionalista.

 

De ahí ese otro término, tan caro al ideario nacionalista, y que también tiene un significado diferente al usual en otras latitudes: la «normalización». La misma no supone un regreso o «descenso» a lo normal, a lo que en otros sitios se entiende como cotidiano, sino, muy al contrario, un «ascenso» hacia ese modelo ideal del imaginario nacionalista. Con martillo y cincel en mano, el líder nacionalista arrancará de la roca las partes sobrantes, hasta que su escultura vaya tomando la forma que debe tener. Eso es el proceso de «normalización».

 

Por supuesto, uno de los campos en que esa normalización es más necesaria es el de la lengua. Si tan solo un tercio de la población es capaz de expresarse correctamente en vascuence, sin que por cierto se encuentren entre ellos gran parte de los políticos incluso nacionalistas, en su explicación ello no ha sido por un proceso histórico y cultural natural, sin perjuicio de la ayuda de las políticas dictatoriales en concretos periodos históricos. La lengua vasca, en ese imaginario nacionalista, no es una lengua «minoritaria», sino «minorizada» por una persecución histórica que ha de ser reparada. Si, con muy pocas excepciones, a lo largo de los últimos siglos ha sido esencialmente una lengua popular y rústica, no cultivada por la burguesía urbana, eso se debería a que la opresión de «el enemigo» ha llevado a ésta a la traición a este pilar de la nación.

 

Esa reparación y restablecimiento de lo que, a pesar de su carácter minoritario, debe considerarse como la lengua nacional, en contraposición a la enemiga, justifica todo un despliegue de políticas públicas.

 

No es preciso describir aquí el grado de hegemonía que el nacionalismo ha alcanzado en la región a través de diversos instrumentos, entre los cuales el terror y la coacción no han tenido una importancia menor. Una de las consecuencias ha sido la imposición a la generalidad de la población de algunos de los símbolos (bandera e himno entre ellos) que en origen tuvieron un carácter partidista. El vascuence es también un tótem sagrado, al que todos deben devoción, y al que hay que rendir honores en diversas ceremonias, en las que encontramos eso que algunos han descrito como una transferencia de sacralidad hacia esos elementos profanos, en una sociedad en la que el proceso de secularización ha sido especialmente rápido e intenso. No escasean, por ejemplo, los discursos públicos en vasco, frecuentemente pronunciados por alguien que maneja torpemente esa lengua, dirigidos a pacientes grupos ciudadanos que mayoritariamente no la entienden. De lo que se trata es de cumplir con la ofrenda y aparentar normalidad. Matías Múgica, con agudeza, lo ha comparado a esos largos requerimientos que Hernán Cortés dirigía en castellano a indios que no le entendían, para explicarles por qué tenía derecho a conquistarlos.

 

Esa sacralidad dota a la lengua, y a las políticas de apoyo a la misma, de un manto de inmunidad, entre otros atributos. Incluso su denominación correcta en castellano, «vascuence», que yo siempre utilizo (fuera y dentro de la CAV) se ha vuelto políticamente incorrecta. Lo correcto es precisamente lo incorrecto, es decir, referirse a ella en su nombre vasco cuando se habla en castellano.

 

En ningún lugar puedes ver publicada la idea de que no debe haber políticas lingüísticas públicas, que las personas deben poder expresarse en la que quieran, y que la composición lingüística de la población debe dejarse al resultado de una libre evolución. Esa es una idea tabú y subversiva, y su debate sería perseguido como delito de lesa patria. Sería como predicar contra el Corán en el corazón de la Medina. Todo lo cual no impide, por cierto, que la mayoría de la población, tras mostrar los habituales ritos de respeto, hagan caso omiso a las campañas y se sigan comunicando en la «lengua opresora» sin que las autoridades puedan hacer nada contra ello. Al cabo, es una sociedad al menos formalmente democrática.

 

Sin embargo hay dos ámbitos en que el nacionalismo sí ha podido desplegar su fuerza coactiva para la imposición del vascuence: el educativo y la Administración pública. Como ha señalado Múgica, la enseñanza  siempre es el escenario preferido del reformador social. Los escolares y estudiantes, en efecto, no pueden salir corriendo cuando asoma el reformador, como tienen por costumbre los adultos. Lo que les deja a merced de cualquier experimento sin que haya que pedirles permiso.

 

Las diversas administraciones controladas por ellos han puesto también como requisito casi imprescindible de entrada a la función pública el dominio del vasco. Incluso para desarrollar actividades para las cuales éste no es útil en absoluto. Sin duda que eso no deja de tener influencia en la calidad de los servicios ofrecidos. Como pasa con cualquier discriminación  positiva basada en motivos ideológicos en las que tales requerimientos se anteponen al mérito y habilidades para el puesto. También aquí la inmunidad consigue que estas políticas de ofertas de trabajo público hayan sido suficientemente cuestionadas. Como señaló Múgica, si admitimos esta forma de torcer la voluntad social, podría contarse también el euskera como mérito para la adjudicación de viviendas públicas o cosas similares. ¿Cuál es la diferencia?

 

En la UPV confluyen ambos campos: educativo y función pública. Es verdad que en ella no se ha podido imponer hasta ahora una política lingüística tan eficaz como la que han sufrido la educación primaria y secundaria. Y su cúpula, por supuesto nacionalista, ha debido decidir que es hora de dar nuevos pasos.

 

En realidad en esa Universidad ya venían desarrollándose desde hace muchos años intensas políticas de fomento del vascuence, pero con resultados que supongo que no deben dejar muy satisfechos a los profetas de la cosa. Con la lengua por bandera se han contratado como profesores a auténticos mendrugos, eso sí, perfectamente «normalizados». Sin embargo, los cursos en la lengua sagrada no tienen, en general y con honrosas excepciones, lo que se dice mucho prestigio científico. En ellos los libros escasean casi tanto como el pensamiento crítico, y alumnos y profesores suelen rivalizar en su grado de intoxicación ideológica. Eso sí, con la ventaja de que, dada la escasez de gente que pueda analizar con fundamento los resultados científicos, las fechorías se quedan en casa.

 

En realidad lo mismo ocurre con otro sector muy relacionado con el universitario, también fuertemente subvencionado, y en el que ha encontrado acomodo mucha gente que lo tendría difícil fuera: la cultura en vascuence. Con unas cuantas excepciones, y como siempre ocurre con la cultura subsidiada, el resultado es tan extenso en producción como pobre en calidad.

 

No cabe duda de que los distintivos a los vascoparlantes y los susurros a los no alfabetizados (pues llamarles así, analfabetos, es una forma allí frecuente y tolerada de dirigirse a ellos) son nuevos instrumentos de imposición. Claro es que con todo ello puede llegar a producirse una huída de talento, una emigración lingüística (¿o política?) de alumnos y profesores. Pero eso, de verdad, en el fondo nunca ha preocupado al nacionalista puro. Una sociedad más homogénea es, en el fondo, su objetivo.

 

 

Normas contra normas

Se dice que un político triunfa realmente cuando consigue que también sus adversarios sigan sus concepciones. Así lo hicieron el movimiento laborista y socialdemócrata en Europa tras la Segunda Guerra Mundial con su modelo de Estado del bienestar, o años más tarde Thatcher y Reagan con sus cambios políticos y económicos.

 

Todo ello es virtud cuando se basa en la convicción de la mayoría, pero  se torna en patología si se consigue por mecanismos de coacción más o menos explícita, con el uso de mecanismos de propaganda, o si los adversarios se alimenten de algún tipo de “pensamiento débil” que le impida articular un discurso diferente al oficial.

 

En estos casos el especial marco de corrección política que se genera supone una verdadera losa que aplasta el debate y la libre circulación de ideas y deforma la realidad hasta lo grotesco. Y surge todo un sistema de reglas no escritas, al margen del ordenamiento oficial y frecuentemente incluso en contra del mismo. Con su propio sistema sancionador incluso más eficaz, pues muy diversos comisarios sin placa vigilan con desvelo por su observancia.

 

Lo vemos todos los días en los territorios donde en nacionalismo regional ha alcanzado una cierta penetración. Uno de sus mecanismos, por el que se trata de justificar la legitimidad de estas reglas, es el argumento de que ciertos actos, aunque perfectamente legales, resultan una «provocación» contra cierta exquisita sensibilidad que, eso sí, siempre está de un solo lado. Van algunos ejemplos.

 

Capítulo 1: en la Plaza.

Hace unos cuantos años, en la plaza de toros de Bilbao, el banderillero de la cuadrilla de un diestro prepara sus banderillas. Como en muchos otros sitios, éstas son de dos colores: amarillo y rojo. Alarma. Inmediatamente alguien se da cuenta de que ello viola uno de esos códigos sagrados no escritos, y un comisario es enviado a avisar de la necesidad de que se cambien las banderillas por otras de otro color para evitar «la provocación». Por supuesto que el objetivo se consigue sin resistencia digna de mención.

 

Capítulo 2: en la montaña.

Hace unos años un regimiento de montaña del ejército, durante unas maniobras, y según su costumbre, se hace una foto en la cima de un monte vizcaíno con su bandera española. De alguna manera la foto se filtra, y se agita escandalizado el PNV, que lo tacha de provocación. Como al parecer la cima ha sido mancillada, ese partido convoca una procesión laica (o no tanto) de militantes que, con destacados dirigentes al frente, suben al monte en una marea de ikurriñas como si se tratara de conseguir una suerte de exorcismo.

 

Algo parecido ha ocurrido hace pocos días, cuando de nuevo el mismo partido junto con el partido próximo a ETA ha considerado provocación inaceptable (ver aquí) que el ejército español haga unas maniobras en suelo vasco, es decir, en parte del territorio español. Parece que la provocación se intensificaba por coincidir con el aniversario del bombardeo de Guernica, que realizó la Legión Cóndor en el marco, no lo olvidemos, de una ofensiva de un ejército español (el sublevado) contra otro ejército español (el republicano). Aunque esto último ya haya sido convenientemente tergiversado.

 

Capítulo 3: en la calle.

Recuerdo una orden dada, creo, por algún responsable del Gobierno anterior para que las unidades de la Policía Nacional que actúan en Cataluña no exhiban como distintivo el que es habitual en cualquier otro lugar: la bandera española. Se trata también, al parecer, de no provocar.

 

De la misma forma, en la mayoría de los municipios vascos y catalanes se incumple la ley de banderas, a veces con el beneplácito del partido socialista y casi siempre con el de EB e ICV (las marcas de IU allí). De nuevo se justifica con el argumento de que cumplir la ley resultaría provocador. La sensibilidad de los millones de vascos y catalanes que se sienten españoles y se identifican con ese símbolo, al parecer, debe de ser de segunda, o indigna de ser considerada.

 

Capítulo 4: carta del colegio.

Hace tiempo que ese empeño de “no provocar” ha saltado las barreras regionales, y esa forma represiva de corrección política no se conforma con las normas jurídicas, sino que se atreve también a violar las semánticas. Ocurre así con el hipertrofiado e indebido uso del adjetivo «estatal».

 

La palabra «Estado» puede tener un significado geográfico en países federales en los que reciben ese nombre las entidades federadas. Pero nunca en otros países, en que el Estado no es un concepto geográfico, sino referido al conjunto de las administraciones públicas. En definitiva, uno puede entrar en el Estado de Oklahoma, pero nunca en el Estado francés, italiano o español. Como mucho, podrá entrar en algún edificio perteneciente a tales Estados.

 

Ya Orwell predijo que los totalitarismos tratarían de cambiar a su capricho el significado de las palabras, y esa profecía se vio tristemente cumplida en los regímenes soviético y nazi del pasado siglo. Se puede comprobar en este interesante libro (ver aquí) de Rosa Sola.

 

Pero parece que la cosa sigue. Nuestros nacionalismos regionales parecen haber decidido que la una forma de afirmarse en su independentismo es negar de entrada, y contra toda evidencia, que todavía formen parte España. O negarse, para no tener siquiera que planteárselo, a «mentar la bicha». Yo no entiendo muy bien esa forma de pensar, pues si yo fuera independentista respecto de cualquier región no vería contradictorio con mi anhelo de secesión la aceptación de la realidad de que, mientras no se consiga, y por mucho que me pueda doler, todavía tal región forma parte de España. Pero ya sabemos que es consustancial al nacionalismo el empeño en deformar la realidad, motivo por el que si el secesionismo en abstracto tiene todos mis respetos, no lo tenga el nacionalismo en concreto que suele acompañarlo. El caso es que forma parte de sus (para mí) extraños complejos el negarse a verse incluidos en cualquier cosa que, refiriéndose a todo el país, lleve el calificativo «español», «nacional» o semejante. Y la forma de conseguirlo es exigir que tales palabras malditas sean sustituidas por el adjetivo «estatal», incorrecto en ese sentido hasta la estridencia.

 

Este error ha sido sorprendentemente acogido con entusiasmo por una parte de nuestra izquierda, empeñada en confundir con progresista cualquier ocurrencia nacionalista. Y podemos encontrarlo en los sitios más insospechados.

 

Recibo una carta del colegio de mis hijos en que se nos comunica con alborozo que se va a realizar un proceso para conseguir no sé qué certificación de calidad a partir de no sé qué herramienta de un tal «Observatorio Estatal de Convivencia». De entrada no me causa ningún entusiasmo ni esa forma de construir un pretendido prestigio, ni la existencia de ese organismo, que supongo financiado con los impuestos de todos, con la que está cayendo y las verdaderas necesidades que hay que atender. Pero lo que ya no puedo aguantar es el nombre. Y contesto a la carta:

 

«Yo no creo que se pueda confiar en una herramienta que procede de una cosa que se llame “Observatorio Estatal de Convivencia”.

¿Tal vez el adjetivo “Estatal” se usa por ese extraño complejo de no querer usar la palabra “Nacional”? En primer lugar, si nuestros nacionalismos regionales tienen alergia a la palabra (salvo cuando se refieren a “lo suyo”, claro), ese es un complejo que ellos tendrán que resolver sin involucrarnos a los demás. Los demás no podemos jugar en ese campo. Esa deformación del lenguaje, para hacerle significar a las palabras lo que no significan, en pos de una “corrección política”, me parece tan inaceptable como para negarse a colaborar con toda institución, asociación o entidad que pretenda hacernos tragar tales ruedas de molino.

Un abrazo,»

 

No deja de ser una paradoja que un organismo dependiente del Ministerio de Educación cometa una falta semántica ya en su propio nombre. Ya sé que esto es un mero derecho al pataleo, pero ya es hora de denunciar la estupidez que por todas partes se multiplica.

El problema del ruido en España: ¿fallo de legislación o de educación?

La Constitución española establece en su art. 18.2 la inviolabilidad del domicilio, pero este concepto parece dirigido a proteger de entradas indebidas de carácter físico o personal. Es decir, nadie podría entrar en nuestra casa sin nuestro permiso o provisto del correspondiente permiso judicial. Sin embargo, poco se ha dicho y hecho respecto a otro tipo de intromisiones tal vez menos patentes pero no menos tangibles, peligrosas y nocivas. Entre éstas destacan las intromisiones de carácter sonoro susceptibles de ser incluso medidas y cuyos efectos potencialmente nocivos para la salud están demostrados.

 

Es cierto que gracias a que estamos en la Unión Europea (como en tantas otras cosas que a veces se olvidan) debimos transponer la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y por tanto tenemos una flamante Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido, que engarza este problema con los artículos 43 (salud), 45 (medio ambiente) y 18.1 (intimidad personal y familiar) de nuestra Constitución. Cierto que en dicha ley se define la contaminación acústica “como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente”. Cierto también que cada municipio cuenta a su vez con una Ordenanza sobre contaminación acústica, en ocasiones muy detallada (para ver la de Madrid, pinchar aquí).

 

Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que estas normas rara vez se aplican y cuando se aplican lo hacen a costa del sufriente deambular de los afectados.

 

De todos es sabido que en España existe un elevado grado de permisividad respecto al ruido y al exceso de volumen, permitido en diversas actividades que vulneran y violentan el derecho al disfrute armonioso del propio hogar o incluso de un tranquilo encuentro culinario en un restaurante. Como en tantos otros casos, se ha generalizado en nuestro país una actitud excesivamente laxa o protectora respecto al infractor y displicente o despreciativa en relación con las potenciales víctimas, que se concreta, por ejemplo, en la consolidación de la “cultura del botellón” o un pretendido “derecho a la fiesta”, que hay que “tolerar” caiga quien caiga y que por supuesto se impondría al “derecho al descanso” de los posibles afectados, normalmente sin voz ni voto a ese respecto, excluidos al parecer de cualquier opción de que se toleren sus “extrañas” preferencias. Incluso el horario de especial protección no siempre tiene en cuenta las necesidades de colectivos especialmente sensibles como niños, ancianos y enfermos, sin hablar de quienes deben preparar un trabajo o examen importante para el día siguiente o simplemente quieren disfrutar de un periodo de sueño o descanso relajado. Se ha ido generalizando en nuestro país un principio un tanto extraño: que la tolerancia al derecho al ruido o al volumen alto debe prevalecer (culturalmente) sobre el derecho al descanso, al silencio en la propia casa, a la lectura sosegada o la conversación tranquila. Como consecuencia, en la actualidad el ¿derecho? al descanso o la vida tranquila depende de los caprichos o voluntad de nuestros vecinos y viandantes. ¿Debe continuar esto así?

 

Obviamente no todas las actividades son iguales pues las hay necesarias o esenciales y sin alternativa (ducharnos, poner la lavadora o el lavaplatos, o el lloro de un niño) junto a otras prescindibles, no esenciales, o con alternativa fácil y menos sonora. Por ejemplo, oír la música alta o practicar un instrumento musical no son imprescindibles que sean desarrolladas en el domicilio pues hay lugares más apropiados para ello. Pero es que incluso en el caso de que un particular sintiera una necesidad insuperable de practicarlas en su casa le cabe la alternativa fácil y barata de hacerlo provisto de auriculares. De esta manera, se conciliarían fácilmente dos preferencias, sin que en todo caso deban ser calificarlas como iguales pues el derecho al descanso o a una vida tranquila debe prevalecer siempre sobre cualquier otra pretensión que produzca una contaminación sonora, tengan éstas carácter individual, colectivo o se constituyan en una empresa del tipo que sea. Tampoco las obras deberían realizarse en fin de semana, salvo en caso constada de urgencia aprobado en Junta de la Comunidad de vecinos, pues todos (incluidos los empleados de las constructoras) tienen un derecho especial a descansar.

 

Del mismo modo, los locales comerciales, sobre todo los llamados “de copas”, no deberían poder abrirse bajo un domicilio privado, y, en todo caso, debería asegurarse que cumplen con la debida insonorización antes de abrir, lo que no resulta obvio en la práctica donde se aplica una interpretación excesivamente laxa a este respecto de la Directiva de Servicios. No obstante, en el supuesto de apertura con incumplimiento de condiciones, la primera denuncia contrastada por la policía municipal debería determinar el cierre temporal del local hasta tanto se certifique el cumplimiento de la normativa, además de la multa a que hubiera lugar.

 

Todo ello es especialmente significativo en ciudades que pretenden ser líderes en recepción de turistas. Es cierto que parte del atractivo de nuestro país es (al parecer) que uno pueda divertirse en los cientos de lugares de ocio de que disponemos. Pero este atractivo debe hacerse compatible con el derecho al descanso de los turistas en su hotel, bien porque consideran acabado su periodo de diversión o porque prefieren, por edad o preferencia, otro tipo de turismo más cultural, en el que muchas de nuestras ciudades aspiran asimismo a convertirse en referencias. Razón de más para extremar la vigilancia en la insonorización adecuada de los lugares de ocio o en que los hoteles o casas rurales se construyan con una insonorización adecuada u organicen sus actividades lúdicas (como bodas, celebraciones y discotecas) de manera respetuosa con el descanso de sus demás clientes.

 

Este tipo de normas esenciales para garantizar una convivencia adecuada entre todos los vecinos no pueden quedarse en prescripciones de carácter meramente declarativo o de intenciones pues ello llevaría a que se frustraran expectativas de la ciudadanía ciertamente legítimas. Por tanto, de acuerdo con el principio de que quien contamina “acústicamente” paga, y dentro de un enfoque ecológico de amplio espectro, deben preverse tanto un cuerpo de inspectores cualificados como un cuadro de multas y sanciones que no se queden en lo meramente nominal y que sean adecuadas y efectivas tanto para lograr un efecto disuasorio como para reconducir la conducta de aquellos vecinos más reticentes a aceptar que sus actos sonoros pueden afectar negativamente a otros. Por otra parte, estos nuevos ingresos podrían contribuir a la alta deuda pública que padecen los consistorios, máxime en estos momentos de crisis económica, lo que resultaría más justo y equitativo que otros ingresos, como la tasa de basuras donde se grava de forma indiscriminada a buenos  y malos vecinos, buenos y malos actores del reciclaje, con los que sus efectos en términos ecológicos es igual a cero, o las campañas de imposición de multas de tráfico, que en ocasiones afectan a quien simplemente aparca su coche para tomar el transporte público.

 

No cabe duda que la actual crisis económica ha afectado de manera más virulenta a unos países que a otros. Tal vez todos debamos hacer auto-crítica y analizar de qué manera ciertas pautas culturales que comparten los afectados (i.e. Grecia, Portugal, Italia y España) podrían haber coadyuvado a esa mayor agresividad y deben en consecuencia ser modificadas para salir antes y mejor de la crisis. Por ejemplo, una población que no duerme ni descansa de manera óptima, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, no puede luego rendir adecuadamente ni en el trabajo ni en los estudios, y es mucho más vulnerable a caer en enfermedades o trastornos de tipo psicológico o psiquiátrico. Por tanto, si queremos ahorrar costes en sanidad, mejorar la salud de los ciudadanos y combatir el exceso de estrés, no parece muy coherente ampliarlos de manera caprichosa y gratuita más allá de lo que ya nuestro modelo de vida nos impone. Pues bien pudiera ser que, al final, las legítimas aspiraciones a un Estado de bienestar sostenible y eficaz quedaran ahogadas por un exceso de ruido.

Civilización vs bestialidad. Una reflexión a propósito del experimento de Milgram

Adolf Eichmann, el criminal nazi condenado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la Humanidad y ejecutado en 1962, no entendió el odio que despertaba. En su diario escribió que las órdenes eran lo más importante de su vida y que había que obedecerlas sin discusión. Los psiquiatras certificaron que Eichmann estaba sano.

 

Intrigado por este comportamiento, Stanley Milgram, un psicólogo social, ideó en 1963 un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Yale. Un voluntario participa en un supuesto juego en el rol de maestro, y otro aparente voluntario, pero que en realidad es un actor, tiene el rol de alumno. Éste se coloca en una silla, conectado a cables eléctricos. El voluntario como maestro ha de ir formulando preguntas al alumno, y cuando falla debe accionar un mecanismo de castigo en forma de descarga eléctrica a éste. A medida que va equivocándose más, la teórica intensidad de la descarga aumenta. El actor no recibe en realidad ninguna descarga, sino que lo finge con gritos cada vez mayores. A partir de 300 V, el actor deja de gritar y de dar señales de vida. Si el voluntario dudaba, el investigador presente en el experimento le tenía que dar cuatro órdenes de continuar, cada una más imperativa que la anterior. Si a la cuarta orden desobedecía, el experimento quedaba suspendido.

 

Los resultados fueron muy sorprendentes y escalofriantes a la vez. Milgram creyó que la mayoría de los voluntarios se detendrían una vez aplicadas las primeras descargas y solamente algunos llegarían al voltaje límite y teóricamente mortal de 450 V, pero no fue así. Todos pasaron el límite de 300 V, y más del 60% llegaron hasta el final. El experimento se repitió con diversas variantes y puede verse una recreación del mismo en la película “I, como Ícaro”   (primera parte)  (segunda parte).

 

El experimento puede analizarse desde varios puntos de vista. Obviamente el primero es el de la sumisión a la autoridad, hasta qué punto estamos condicionados para obedecer a aquéllos que reconocemos como superiores, incluso en países democráticos y en personas con niveles estimables de educación y cultura. Quizá sea tema para un futuro post, porque quiero poner el acento en otro aspecto del mismo, igual de inquietante: ¿sentían los voluntarios del experimento, a los que se les eximía de responsabilidad por sus actos, cierto placer bestial en la tortura que estaban provocando? O dicho de manera más general, ¿si nos liberaran de toda la responsabilidad, seríamos capaces de infligir sufrimiento a otras personas no solamente porque nos lo ordenen, sino por una crueldad intrínseca al ser humano? Aristóteles cree que no, pero con todo el respeto al Estagirita, me inclino por pensar que sí. Parece ser que Eichmann siguió enviando judíos a los campos de exterminio incluso después de que Himmler diera orden de parar, cuando ya el estímulo no podía ser la obediencia debida. Había algo más, una mezcla de odio y placer, algo repugnante pero perpetrado por una persona que no era un ser anormal: según dijo Peter Malkin el agente del Mossad que le detuvo, “lo más inquietante de Eichmann es que no era un monstruo, sino un ser humano“.

 

Somos crueles y primitivos, somos bestias violentas apenas contenidas. Es únicamente la civilización la que somete esa pulsión y la encauza, la acalla pero no la hace ni mucho menos desaparecer. Eduardo Punset lo asume en su libro El alma está en el cerebro: «El secreto para entregarse a la crueldad es desprenderse de la responsabilidad: libres del sentido de culpa, aparece el lado más oscuro de la naturaleza humana». Cuando nos sentimos irresponsables, la única referencia es nuestro propio yo, y en él habita lo que Vargas Llosa denominó el llamado del abismo. Comentando la extraordinaria novela corta La muerte en Venecia, escribió: «Leída y releída una y otra vez, siempre se tiene la inquietante sensación de que algo misterioso ha quedado en el texto fuera del alcance incluso de la lectura más atenta. Un fondo oscuro y violento, acaso abyecto, que tiene que ver tanto con el alma del protagonista como con la experiencia común de la especie humana; una vocación secreta que reaparece de pronto, asustándonos, pues la creíamos definitivamente desterrada de entre nosotros por obra de la cultura, la fe, la moral pública o el mero deseo de supervivencia social(…) ¿Cómo definir esta subterránea presencia que, por lo general, las obras de arte revelan de manera involuntaria, casi siempre al sesgo, fuego fatuo que las cruzara de pronto sin permiso del autor? Freud la llamó instinto de muerte; Sade, deseo en libertad; Bataille, el mal.”.

 

Esta abyección, esta miseria quizá no inmoral, sino previa incluso a la propia existencia de la moralidad, se manifiesta en muchos momentos en los que la responsabilidad individual decae por cualquier causa; en todas las guerras hay masacres, violaciones y humillaciones que no tienen sentido ni siquiera dentro de la siniestra lógica del combate. Pero no la vemos solamente en situaciones excepcionales sino también en las más cotidianas en las que por cualquier causa actuemos de manera anónima. El anonimato es una forma de impunidad ya que no hay adjudicación de responsabilidades, y  en nuestra vida cotidiana está presente por ejemplo en la comunicación por medio de las nuevas tecnologías. La posibilidad de participar y opinar en multitud de foros como el presente blog debería propiciar un debate abierto y un intercambio de ideas enriquecedor. Sin embargo, a poco que naveguemos por casi cualquier página de cierta relevancia, incluso aunque el tema sea nimio y sin aristas, nos podemos encontrar con comentarios hirientes, insultos, descalificaciones, con odio en definitiva. Un ejemplo es este comentario de una defensora del lector. ¿De dónde sale esa violencia verbal? ¿Sería igual si los que vierten esos sentimientos tan negativos tuvieran que identificarse? Probablemente no. Es la impunidad la que propicia la irracionalidad, el primitivismo.

 

No creo que el origen de esa crueldad provenga de nuestra parte animal. Nuestra bestialidad no es consecuencia de nuestra condición de animales antes que seres racionales, no existe en la naturaleza ningún animal evolucionado que sea capaz de gozar con una violencia sádica y gratuita. Es, por el contrario, enteramente humana, aunque pudiera ser que su origen se perdiera en los albores de la Humanidad. En la Sima de los Huesos de Atapuerca se encontró un trozo tallado de cuarcita al que se llamó Excalibur, de 400.000 años de antigüedad. Por el lugar encontrado, se cree que pudo haber sido arrojado con una función simbólica a la sima para acompañar a los muertos en su viaje por la otra vida. Nos podemos entonces imaginar la vida de unos homínidos hace medio millón de años, siempre con miedo: a los depredadores, a otros homínidos, a las noches oscuras, a que no salga de nuevo el sol, al frío, a la enfermedad, al dolor, y, quizá, ya entonces con miedo a morir sin saber qué hay más allá. Suficientemente humanos para ser conscientes de su terrible vida, percibiéndola con una intensidad que no podría alcanzar ningún otro animal pero desconocedores de los mecanismos naturales que regían el mundo, sobrevivían acorralados, aterrados, violentos. Es posible que nuestro lado más oscuro sea el eco de esa edad atroz.

 

Si así fuera, ello hace aún más admirable la evolución del Hombre. Lastrado por el peso de miles de años de angustia y terror, llevando en su ADN los demonios del odio, consigue evolucionar, organizarse, crear costumbres sociales, civilizaciones, sistemas de convivencia sofisticados hasta llegar ayer, como quien dice, a lo que en otro post llamé la maravilla de la civilización que es el Estado de Derecho, la renuncia a la violencia privada y el sometimiento a una abstracción en aras de una convivencia pacífica entre todos. Es una de las creaciones más extraordinarias de la historia, hasta tal punto que para muchos pensadores marca el inicio de una nueva era. Carl Sagan dijo una vez que para que él pudiera comerse una manzana, había sido necesario primero crear todo el Universo. Pues para que yo pueda escribir libremente estas líneas sin temor ni odio alguno, el Hombre ha tenido primero que inventarse a sí mismo. No es poco mérito.

 

Anuncio: Seminario sobre educación y políticas educativas en España

Nuestros compañeros de Nada es Gratis y en particular, Antonio Cabrales, han organizado junto a la Fundación Ortega-Marañón un interesante seminario sobre Educación y políticas educativas en España que tendrá lugar los día 15, 16 y 17 de Noviembre.

La Educación en España siempre ha sido un tema candente, controvertido y que se suele tratar de forma interesada y por ello tener la oportunidad de asistir a un seminario donde verdaderos expertos en educación nos den su punto de vista objetivo y crítico sobre los asuntos más cruciales del entorno educativo es un lujo que no debemos desaprovechar. El enfoque del seminario es muy amplio y transversal y se tratan temas tan importantes como el fracaso de la educación en España, la excelencia en la Universidad, la adecuación de las enseñanzas al mercado del trabajo, un análisis de los mejores sistemas educativos del mundo para poder aprender lecciones junto con un análisis del sistema español y finalmente las posibles políticas educativas en España sabiendo que el principal motor del cambio es el profesorado.

Insistimos, un verdadero lujo por el enfoque, por el interés de los temas tratados y por el nivel de los ponentes. Un seminario que nadie que esté interesado en conocer la situación real del sistema educativo español, sus problemas y sus posibles soluciones, debería perderse. Y menos que nadie los editores, colaboradores y lectores de ¿hay Derecho? porque nos dicen que identificándose como tales se conceden becas para asistir.