Réquiem por una pyme española

Los programas electorales de todos los partidos están llenos, de nuevo, de propuestas para pymes y emprendedores, dado que, como es sabido, las pymes forman la mayor parte del tejido empresarial español. Que si rebajas del Impuesto de Sociedades, que si todas las facilidades del mundo para constituirlas, que si alfombra roja para los emprendedores (dado que los emprendedores suelen empezar constituyendo una pyme, no una multinacional) que si (por enésima vez) desaparición de trámites y obstáculos administrativos, que si 3.000 euros por cada trabajador que contraten… En fin, la eterna cantinela.

La realidad es que estas promesas, además de ser más o menos las de siempre y por eso poco creíbles a estas alturas -vean si no como seguimos descendiendo en el ranking del Banco Mundial “Doing bussiness”   y recuerden cuántas veces se nos ha repetido, por ejemplo, que se iban a eliminar las trabas administrativas y a reducir los gastos para constituir una empresa- llegan tarde para la mayoría de las pymes que se han quedado o se van a quedar en el camino sin conseguir llegar a la tierra prometida que se extiende más allá del 20N. Y cabe preguntarse por las causas de esta extinción masiva prematura, incluso cuando la pyme gozaba aparentemente de buena salud (es decir, era capaz de vender productos y servicios que el mercado demandaba) y si estas causas tendrán algo que ver con las políticas y con la gestión de estos políticos tan bienintencionados y que tanto prometen en época electoral y tan poco cumplen cuando gobiernan, ya sea en el ámbito estatal, en el regional, o en el local.

Porque lo cierto es que en este momento las pymes se siguen muriendo –el propio programa electoral del PP dice que desde el año 2008 han desaparecido 500.000- y en eso algo tiene que ver (además de la crisis global y los malvados mercados) la específica crisis financiera española, las 17 políticas públicas españolas, la 17 regulaciones españolas y la consiguiente ruptura de la unidad de mercado nacional, el déficit de las Administraciones Públicas, las corruptelas o directamente la corrupción en la contratación administrativa, el régimen de subvenciones, la financiación vía pago de IVA de facturas no cobradas a la Hacienda Pública, etc, etc.

Resumiendo las causas de muerte de la pyme muy brevemente: En primer lugar, nadie financia a una pyme. En segundo lugar, prácticamente ninguna Administración u organismo público las paga en plazo, y eso si hay suerte y las paga. En tercer lugar, hay un montón de trabas administrativas y de gastos absurdos para constituir una empresa de cualquier sector, que además difieren según la parte del territorio nacional donde se establezca o/y pretenda vender sus productos o servicios, lo que tiene que ver con la estructura territorial española y las competencias o pseudocompetencias autonómicas y locales y con la ruptura de la unidad de mercado, por no mencionar los intereses de algunos colectivos que se benefician de dichas trabas. En cuarto lugar, a una pyme le resulta muy difícil internacionalizarse (lo que ahora mismo suele ser bastante crítico habida cuenta de cómo está el mercado nacional) dado que requiere una inversión considerable en tiempo y dinero que –de nuevo- nadie le financia. En quinto lugar, las ayudas públicas, y eso en el mejor de los casos, suelen estar más concebidas para hacer las políticas que los funcionarios y gestores públicos consideran más interesantes para la pyme (por ejemplo, pagarles consultores para diseñarles un plan estratégico para internacionalizarse o pagarle el sueldo de una persona para hacer I+D) que las actuaciones que a la pyme le parecen más interesantes (abrir una oficina comercial en el exterior, cobrar a sus acreedores, etc). En sexto lugar la contratación administrativa, aún en los casos en que es objetiva y rigurosa –lo que empieza a ser, desgraciadamente, más la excepción que la regla general- suele establecer importantes barreras de entrada en forma de requisitos de solvencia muy complicados de alcanzar para una pyme. Y así podríamos seguir un buen rato enumerando causas de muerte de la pyme que tienen relación directa con los políticos y las políticas (las públicas, no las señoras que se dedican a la política).

Pero aquí, sobre todo, querría centrarme en una, que es además la que más conozco de primera mano: la falta de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores no ya en plazo, que eso ya parece ciencia ficción, sino de pago, a secas, es una causa de muerte violenta de muchas pymes españolas y va en aumento a medida que se desboca el déficit autonómico y local.  No se molesten en leer lo que dice la Ley sobre los plazos que tiene la Administración para pagar (ley 15/2010 de 5 de julio) porque ni se cumplen ni pasa nada si se incumplen, como ya comenté aquí.

Lógicamente esta causa de muerte violenta afecta no sólo a las pymes que son  contratistas directas de las Administraciones, sino también a las que son subcontratistas o proveedores de las empresas más grandes a las que las Administraciones también han dejado de pagar, ya que lo habitual es que nadie pague a su proveedor mientras el cliente no le pague a él. Pero la diferencia es que mientras las grandes empresas tienen medios de presión –para entendernos, pueden dejar a oscuras las calles, , pueden canjear deudas de las Administraciones por otros contratos más grandes en otros sectores, o canjear deudas por favores administrativos o regulatorios (ya saben, contratos “dirigidos” a dedo para un proveedor, prórrogas o modificaciones de contratos existentes más allá de lo permitido legalmente, licencias, concesiones urbanísticas, recalificaciones, subvenciones o cambios normativos para beneficiar a alguien con cara y ojos)  o, en último término, pueden aguantar mejor los problemas de financiación, las pymes no pueden hacer nada de eso. Sencillamente financian a sus acreedores, las Administraciones, hasta que ya no pueden aguantar más y mueren. Pero esto no es una muerte natural, es un auténtico homicidio.

Es más, mientras dura esa agonía -por lo menos por ahora, ya que el programa electoral del PP recoge algunas propuestas en la buena dirección,-la pyme tiene que pagar religiosamente el IVA de todas las facturas que no ha cobrado todavía, y también el de las que no cobrará casi con seguridad, si bien en este último caso puede después regularizar la situación con Hacienda. Y tampoco puede compensar las deudas de las Administraciones Públicas con lo que la pyme debe a Hacienda. Es decir, la pyme (o el emprendedor) además de a las Administraciones morosas, financia también a la Hacienda Pública. Y por supuesto, pagará religiosamente nóminas y Seguridad Social de todos sus empleados, incluidos los que estén trabajando en proyectos para las Administraciones que no le pagan. La verdad es que es muy interesante ver como una modesta pyme (o un audaz emprendedor) financia con sus ahorros o los de su familia al Estado, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de turno.

Y una última reflexión: como las Administraciones no pueden suspender pagos jurídicamente (recuerden que en nuestro ordenamiento jurídico no se contempla el supuesto de que una Administración pública entre en concurso, o dicho de otra forma, se presume siempre que una Administración pública es solvente, por aquello de “the King can do not wrong” ( vean el postde  Sevach al respecto)   resulta que, en la práctica tenemos un concurso de acreedores o una suspensión de pagos encubierta, y de paso totalmente desordenada, porque es “de facto” y no “de iure”. Nada que ver con lo que establece la  Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio. 

Así que, cuando una Administración pública no paga, es el sálvese quien pueda. Los proveedores no tienen más remedio que presionar para intentar cobrar lo que se pueda, cuando se pueda y como se pueda, dado que no pueden ir a un Juzgado de lo mercantil a pedir el concurso de esa Administración. Y calculen ustedes en esa lucha por la supervivencia que es lo que puede hacer una pequeña pyme frente a una gran empresa. Ah, y cuidado con recurrir a los Tribunales o dar la lata demasiado, porque entonces puede ser que no se le adjudiquen más contratos. Eso sí, a Florentino Pérez seguro que le pagan las deudas de una forma o de otra.

Y si creen que estoy exagerando echen un vistazo a los  datos que se recogen aquí  

En fin, menos alfombras rojas y menos Leyes de emprendedores y más pagar lo que se debe.

Las O.N.G. y la cooperación internacional: un replanteamiento debido a la crisis

Aparte de mi actividad profesional habitual, desde hace varios años estoy colaborando intensamente con una pequeña Fundación privada -pequeña en tamaño y en medios, no en actividad, ambición y entusiasmo- que mantiene, entre otras actividades complementarias, varias casas de acogida para niños de la calle en Bolivia. La Fundación se llama «Fundación Amazonia» (www.fundacionamazonia.org) nació por la voluntad y energía desbordante e inquebrantable de una reconocida pediatra establecida en Mallorca, y despliega una febril actividad en el país andino y en algunos otros enclaves del continente americano. Formar parte del equipo directivo de esta Fundación, aparte de aportarme desde el punto de vista personal una experiencia impagable, me ha permitido conocer las interioridades de un mundo, el de la Cooperación Internacional y las Organizaciones No Gubernamentales, que resulta un gran desconocido para la mayoría de los profesionales del Derecho, pero en el que se mueve una enmarañada red de normas, Administraciones y burocracia, e incluso complejos intereses políticos y económicos.

Mi experiencia en este mundo de la Cooperación comenzó en época de bonanza. Pero la intensidad y duración de la crisis económica que nos afecta está produciendo un verdadero seísmo en el mundo de las ONG, y obligando a éstas y a las Administraciones y empresas colaboradoras a replantear de arriba abajo las alegres bases económicas y de financiación en las que este mundo se había basado en la última década. El obligado adelgazamiento de las estructuras administrativas públicas, a todos los niveles, junto con el menor flujo de fondos de que disponen las empresas privadas, están obligando al mundo de la Cooperación Internacional a reinventarse sobre bases nuevas, menos costosas y más eficaces.

Algo importante está sucediendo en nuestro país en esta materia cuando hasta el propio Congreso de los Diputados, en una de sus últimas actuaciones antes de la disolución de las Cámaras a finales de septiembre, ha aprobado un importante “Informe para el estudio de las Perspectivas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo Española”, que trata de redefinir las bases sobre las que debe asentarse todo este mundo en los años venideros. En España tenemos una Ley estatal de Cooperación Internacional, del año 1998, y un total de 16 Leyes autonómicas de Cooperación, la primera de ellas del año 1999, lo que da una idea de la dispersión normativa y administrativa que existe en este campo, en esto no tan diferente a bastantes otras materias conocidas de nuestro mundo jurídico, económico y social. Pero esas leyes existentes se están quedando ciertamente obsoletas para enmarcar lo que debe ser el futuro de una Cooperación Internacional eficaz.

Ni que decir tiene que, con semejante número de disposiciones normativas y de Administraciones estatales, autonómicas e incluso locales destinadas a la Cooperación, la política general imperante en nuestro país en esta materia descansaba esencialmente sobre la confortable base del dinero público. Pero el dinero público se ha acabado, lo que obliga, sin discusión posible, a redescubrir nuevas bases sobre las que apoyar estas actividades en los años venideros. Por ello, el citado Informe del Congreso de los Diputados reconoce que, a pesar de los efectos de la crisis económica, la política de Cooperación Internacional para el desarrollo es un imperativo ético, social, político y económico, que ha llegado a adquirir una dimensión estratégica para el conjunto de los partidos políticos y para la sociedad civil en general. Así surgió el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito y actualizado desde al año 2007 por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Y así piensa prácticamente todo el mundo que la Cooperación debe continuar, aunque sea evidente que no podrá hacerlo con la alegría que se había producido en un ciclo económico expansivo.

Dos son las bases principales sobre las cuales debe apoyarse la nueva Cooperación Internacional pública, según el citado Informe del Congreso. Por un lado, un muy necesario aumento en la eficacia y transparencia de la ayuda. Resulta curioso conocer que un mundo en principio tan filantrópico, y que genera tan amplio consenso social, está afectado por una burocracia terrible, de forma que resulta enormemente complejo y costoso conseguir acceder a fondos públicos para financiar o cofinanciar cualquier proyecto de Cooperación, y para su formulación, seguimiento y justificación económica. Y ello sin entrar en detalles sobre la excesiva proliferación de ciertas entidades o profesionales que ofrecen ayuda a las pequeñas ONG para conseguir con más “facilidad” o “seguridad” el acceso a los ansiados fondos públicos. Por otro lado, debe reducirse necesariamente el número de países receptores de la ayuda española. Y no sólo por razones puramente económicas, sino especialmente para conseguir un mayor y mejor impacto de la ayuda, y también una necesaria continuidad de los proyectos desarrollados en las zonas destinatarias. La dispersión de los últimos años de vino y rosas, favorecida por la descoordinación autonómica y local típica de nuestro flujo normativo y de nuestra estructura administrativa actual, no ha resultado nada buena en esta materia.

Además de lo anterior, debe jugar un papel preponderante en el futuro la iniciativa privada y las iniciativas mixtas. Una de las señas de identidad de la Cooperación española es su amplio tejido asociativo, que se ha manifestado en los últimos años en un gran número de ONG. Como reconoce el Informe del Congreso, las ONG son una importante expresión de la solidaridad ciudadana, expresamente orientadas, diseñadas y constituidas para el fin de la Cooperación al desarrollo, constituyendo una parte muy importante de la Cooperación española. A partir de ahora será de todo punto necesario fomentar fórmulas imaginativas que han demostrado sobradamente su eficacia: las alianzas público-privadas, que aprovechan los fondos empresariales disponibles junto con la experiencia de ciertas áreas de la Administración; los microcréditos, como instrumentos para facilitar el acceso al crédito a personas excluidas del sistema bancario, que han contribuido a que millones de personas hayan podido salir de la pobreza en muchos países en vías de desarrollo; los programas de cancelación de deuda externa, focalizados en los países que se hayan mostrado más eficaces en la gestión de la Cooperación, y sin barra libre para los demás; y, finalmente, la financiación del desarrollo en I+D de determinadas zonas del planeta, sector donde mayores carencias se concretan y donde en mayor medida se puede contribuir a la mejora de sus recursos humanos y de su competitividad internacional. Todos debemos recordar que no sólo debemos “repartir peces”, sino también “enseñar a pescar”.

 

 

Hacia una necesaria mejora de nuestro modelo turístico (y II): posibles vías de solución

En mi post anterior planteé en forma esquemática los principales problemas que afectan actualmente al modelo turístico predominante en España, que son básicamente la obsolescencia de buena parte de la planta hotelera, la hiperregulación normativa, la falta de especialización de la nueva fuerza laboral y las nuevas demandas y necesidades del mercado emisor de turistas. Dijimos que todo ello se traducía en una alarmante pérdida de competitividad de nuestro modelo, en especial de las zonas del litoral, tradicionalmente basado en el concepto de “sol y playa”. Vamos a apuntar aquí también esquemáticamente posibles vías de solución a todos esos problemas, dejando sentado que la transversalidad del turismo exige que sean muy variados los campos en los que debe actuarse para conseguir una importante mejora.

1) El problema de la antigüedad de la planta hotelera requiere soluciones imaginativas, en especial en cuanto a las medidas incentivadoras promovidas por las diferentes Administraciones públicas (como la bonificación en el número de plazas concedidas, o el intercambio de nuevas plazas turísticas por plazas “viejas” que sean eliminadas), y puede solucionarse por tres vías: la modernización de los establecimientos, su reconversión o su esponjamiento.

– La modernización de los establecimientos tropieza con el problema de su elevado coste, y ha sido objeto de importantes medidas legislativas en bastantes Comunidades Autónomas, que tratan de incentivar al sector turístico para la elaboración y cumplimiento de planes de modernización de la planta hotelera. La falta de adecuación a los planes de modernización, detectada por la inspección, puede suponer la baja del establecimiento.

– La reconversión puede realizarse por vía de la demolición del edificio y su posterior reconstrucción, con un coste también muy elevado para la empresa titular del establecimiento, o mediante su destino a otros usos, sean no turísticos (por ejemplo, apartamentos residenciales) o bien mixtos. Un ejemplo pujante de uso mixto es el de los “condohoteles”, que son establecimientos en los que se comparte la rentabilidad de varias habitaciones con una serie de propietarios inversores, que pueden habitarlas durante un periodo determinado del año, beneficiándose de los servicios hoteleros. La principal ventaja de esta fórmula de uso mixto entre turístico y residencial-vacacional es que puede ser una herramienta clave para evitar la competencia desleal que supone la comercialización ilegal de apartamentos. Esta fórmula presenta múltiples variantes en cuanto a su configuración jurídica (condominio puro, propiedad horizontal, usufructo, arrendamiento, aprovechamiento por turno) y económica (variadas fórmulas para el reparto de los beneficios del establecimiento), pero constituye una alternativa pujante para estimular la transformación de hoteles obsoletos y obtener para ello financiación privada, ya que aúna la fuerza económica de diferentes inversores.

– Una última y más drástica solución es el “esponjamiento urbanístico”, o sea, la demolición del hotel obsoleto y su sustitución por espacios de uso público o por equipamientos colectivos. Esta fórmula está prevista legislativamente, y se ideó para utilizarse en los casos de inmuebles degradados o en mal estado de conservación ubicados en zonas de alta densidad urbanística, pero tropieza con importantes problemas para su ejecución práctica por las Administraciones autonómicas. La gran asignatura pendiente en esta materia es arbitrar los sistemas para que estas operaciones de “esponjamiento”, que son altamente necesarias en determinadas zonas costeras muy densamente edificadas, puedan tener una aplicación efectiva.

No obstante todo lo expuesto, es importante aclarar que, en esta materia de modernización de la planta hotelera, la solución definitiva no está en la actuación individual sobre cada uno de los establecimientos turísticos de una zona determinada, sino en el cambio de concepto o en la modernización global de la totalidad de dicha zona. Por ello es conveniente o casi necesaria una absoluta coordinación de los departamentos turísticos con los de urbanismo y ordenación del territorio de cada Comunidad Autónoma, que permita realizar con eficacia actuaciones conjuntas. Sería, además, altamente recomendable dejar de elaborar una normativa urbanística general para todo tipo de edificaciones, distinguiendo claramente las normas destinadas a fincas residenciales de las que deben regular los establecimientos turísticos, dándoles a éstos, especialmente en determinadas Comunidades Autónomas, un tratamiento equivalente al de las zonas industriales, fomentando las reformas y rehabilitaciones por su interés económico prioritario. Las vigentes normas urbanísticas, que se elaboraron bajo el objetivo de frenar la especulación y el crecimiento masivo, ya no son útiles dado el drástico cambio de circunstancias que estamos viviendo.

2) El problema de la “hiperregulación” y de la confluencia no armónica de Administraciones ha situado al turismo en un nivel de encorsetamiento que dificulta enormemente la adaptación de su producto a las nuevas necesidades que el mercado demanda. La cuestión puede solucionarse por la vía de la refundición de la dispersa normativa vigente, de la eliminación de las entidades administrativas con competencias solapadas –cuestión que ya se está acometiendo en algunas Comunidades Autónomas dada la situación de crisis económica-, y de la creación de una “ventanilla única turística”, especialmente en las Comunidades que tienen al turismo como base esencial de su economía, oficina que centralizase todos los trámites de los establecimientos turísticos facilitando la interlocución de los empresarios del sector con las diferentes administraciones. Es necesario también consagrar legislativamente una definición amplia o flexible del establecimiento hotelero, que es una realidad cambiante según la demanda de los mercados, para evitar la necesidad de un gran número cumulativo de licencias o autorizaciones administrativas para que los hoteles puedan organizar las actividades complementarias o de animación que los clientes hoy demandan.

 

3) La cuestión de la pérdida de calidad en el personal al servicio de los establecimientos turísticos tiene que solucionarse necesariamente a través del estímulo de planes de formación, y a través de medidas de fomento de la compatibilización de la jornada laboral con los estudios universitarios. Ya las Facultades de Turismo y Hostelería de buena parte de las Universidades españolas ofrecen facilidades y horarios especiales para alumnos que se encuentran inmersos en el mercado de trabajo. También es interesante la creación de una “bolsa de trabajo” especializada, integrada por personas con la formación adecuada que, puesta a disposición de las empresas turísticas incluso por medios telemáticos, puede ser una buena herramienta para mejorar la calidad en el servicio hotelero y turístico en general. Y, por supuesto, será necesario incrementar la formación del personal en nuevas tecnologías. Hoy en día, internet es una herramienta imprescindible para promocionar destinos en todo el mundo.

4) Y los problemas derivados de las nuevas demandas del mercado turístico mundial deberán solucionarse necesariamente adaptándose a las exigencias del mercado, aunque respetando las peculiaridades de nuestra industria turística nacional. Resulta evidente que la competencia en destinos con buen clima, playas e infraestructuras ha crecido enormemente, que el mercado mundial de los touroperadores está prácticamente concentrado en dos o tres importantes grupos mundiales –lo que crea una situación de práctico oligopolio- y que en Europa se está implantando desde hace ya años una fórmula de manejar muchos turistas a bajos precios, a diferencia, por ejemplo, del mercado estadounidense. Hoy existe también una hipersegmentación del mercado, que consiste en la confluencia de muchas demandas de paquetes o productos turísticos diferentes entre sí. En consecuencia, el sector turístico deberá adaptarse a estas nuevas situaciones, aun en un contexto general de crisis económica y de reducción del margen empresarial, dado que la estructura de costes de las empresas españolas es superior a otras de la competencia. Es muy importante también luchar contra la “estacionalidad”, que es la concentración cada vez mayor de la temporada turística en unos determinados meses del año, y que tiene una incidencia negativa no sólo en las cuentas de resultados de las empresas del ramo, sino también en todo el entramado social de las zonas turísticas. Esa lucha requiere la adopción de medidas que posibiliten el alargamiento de la temporada, debiendo incidir en varios temas como la mejora de la competitividad en los servicios y tasas de nuestros aeropuertos -que son la principal vía de entrada de turistas en nuestro país-, el mantenimiento de las conexiones aéreas con los países emisores durante todo el año, la creación de nuevos productos turísticos y la mejora de lo ofrecido hasta ahora en los destinos tradicionales

 

Hacia una necesaria mejora de nuestro modelo turístico (I): un breve diagnóstico

Como de todos es sabido, el turismo constituye una de las principales fuentes de riqueza de todo el Estado, e indiscutiblemente la fuente principal de ingresos, directos e indirectos, en la Comunidad Autónoma donde vivo, las Islas Baleares. España lleva unas cuantas décadas recibiendo turistas de forma masiva aplicando un modelo turístico, el famoso “sol y playa” que, por los cambios en el mercado, por las circunstancias internacionales y también por los avatares de la crisis económica, está poniendo claramente de manifiesto su obsolescencia en muchos aspectos. Dada la importancia económica y social de nuestra primera industria nacional, y dentro de las lógicas limitaciones del presente blog, voy a dedicar dos post consecutivos a poner de manifiesto, aunque sea en forma esquemática, un breve diagnóstico sobre los problemas de nuestro modelo turístico y las posibles soluciones para conseguir una evolución satisfactoria del mismo.

Los principales problemas que afectan en la actualidad a nuestro modelo turístico son de dos tipos: problemas estructurales y problemas de mercado. Vamos a tratar de dar una pincelada de cada uno de ellos:

Los problemas estructurales derivan de tres aspectos esenciales. El primero de ellos es la antigüedad de buena parte de la planta hotelera española, especialmente la de las zonas costeras, que fue construida de forma desordenada y fuera de normativa en los años 60 y 70 del siglo XX, y que hoy se está quedando obsoleta en una buena parte, sin que se haya facilitado su renovación o reconversión. El segundo aspecto es el gran desarrollo normativo que han generado desde los años 90 nuestros prolíficos legisladores, especialmente los de las Comunidades Autónomas, a las que se transfirieron las competencias básicas en estas materias, en cuestiones turísticas, hoteleras y en aspectos complementarios. Desde esos años se ha generado un auténtico maremágnum de normas técnicas que afectan a todas las Administraciones y que generan gran confusión entre sus destinatarios, las empresas turísticas y hoteleras. La ingente normativa actual tiene que aplicarse, en general, a edificios que, por su antigüedad, no se construyeron para dar cumplimiento a la misma. Por ello, los propietarios de establecimientos turísticos no son capaces, en la mayoría de los casos, de cumplir por sus propios medios todas las normas hoy vigentes, debiendo contratar servicios externos que les permitan adaptarse a semejante torrente normativo, con el consiguiente encarecimiento de sus costes operativos.

Todo ello viene agravado por el concurso de varias Administraciones (estatal, autonómica, insular y municipal), dadas las diferentes normas que confluyen (turísticas, de seguridad, laborales, sanitarias, etc.), no existiendo un interlocutor único para las empresas turísticas y hoteleras, que deben entenderse con varias oficinas administrativas no coordinadas entre sí en cuestiones que a veces se solapan. Y un tercer aspecto importante tiene que ver con el ámbito laboral, en el que se está produciendo el fin de la vida profesional de toda la fuerza de trabajadores que se incorporó al mundo turístico y hotelero en sus inicios, allá por 1970, y que, cumplida su vida laboral, está en proceso de jubilación o prejubilación. Esa fuerza laboral, con gran experiencia y formación práctica, está siendo sustituida por otra mano de obra menos formada y especializada, a veces procedente de países o regiones sin ninguna experiencia turística, planteando importantes problemas de calidad en el servicio por falta de formación o especialización. La confluencia de todos los factores estructurales anteriores esta produciendo una alarmante pérdida de competitividad de la industria turística española en general, y en especial de la planta hotelera de las zonas del litoral mediterráneo.

– A ello se suman otros problemas que proceden del propio mercado turístico mundial. La evolución de los diferentes mercados turísticos, la aparición de nuevas zonas y ofertas, las presiones de los touroperadores, y la insuficiencia del modelo tradicional de “sol y playa” están produciendo nuevas demandas en los mercados emisores de turistas, a las que los países receptores se están teniendo que adaptar. La diversidad de oferta complementaria, el turismo deportivo, el turismo de salud, el eco-turismo, la oferta cultural o gastronómica, y muchas otras novedades son ampliamente demandadas, y los países receptores están obligados a darles cumplida respuesta. Además, la crisis económica está imponiendo el auge de destinos con mejores precios -dados sus menores costes-, de destinos con buen tiempo garantizado durante todo el año, y de fórmulas como el “todo incluido”, en las que el cliente viaja con todos los gastos pagados desde su origen, con la repercusión negativa que ello supone para la oferta complementaria (bares, restaurantes, comercios, etc.) de los lugares que visita. Precisamente esta fórmula, cada vez más demandada en los últimos tiempos, está generando una agria polémica entre los empresarios hoteleros y los de las empresas de oferta complementaria en los destinos turísticos tradicionales, y dará lugar, indiscutiblemente, a una preocupante reducción de la ocupación laboral en el ámbito de la restauración. Y un último problema destacado es la necesidad del alargamiento de la temporada turística. En los años 80 se daban temporadas de 8 a 10 meses con buena ocupación general. En la actualidad las temporadas están durando de 5 a 6 meses como máximo, siendo cada vez más temprano el cierre otoñal de la planta hotelera.

Planteado esquemáticamente un diagnóstico del actual momento de nuestro modelo turístico, en el próximo post esbozaremos posibles soluciones a todas las cuestiones que en el presente hemos ido apuntando.

 

 

¿Facilita España la creación de empresas?

Hace unos días, me hacía eco de una reciente información sobre lo que cuesta abrir una empresa en España con respecto a Europa: “En Europa, España ocupa la penúltima posición en procedimientos y la última en costes para crear empresas”. Me sorprendió tanto el dato, que en estos últimos días he querido profundizar sobre él y cuál ha sido mi sorpresa, encontrar que estamos peor de lo que pensaba.

Veamos lo que dice el “Doing Business “ del Banco Mundial. Según este estudio, en cuanto a los trámites para la creación de una empresa, España ha pasado del puesto 94 en 2005, al 108 en 2006 y al 118 en 2007. Comparándonos solo con la OCDE, y según datos de 2007, el número de procedimientos en España era de 10 contra 6,03 de media en la OCDE y una media de 47 días necesarios contra 14,7. Si nos comparáramos con Estados Unidos, las diferencias llegarían a ser vergonzosas y prefiero no mencionarlas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hay solución? El informe “Trámites administrativos para la creación de empresas en España” elaborado por la Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Administraciones Públicas, en su edición de 2008, propone dos medidas que a mi personalmente me han sorprendido. Sugiere establecer una licencia municipal única para toda España (o en su defecto para toda una Comunidad Autónoma), obviamente negociándolo con la Federación española de Municipios y Provincias. Y ahora yo me pregunto: ¿Si no somos capaces de que 17 CCAA se pongan de acuerdo, vamos a ser capaces que casi 7.000 ayuntamientos lo hagan?

Otra recomendación que sorprende, y de la que puedo opinar con más experiencia, es la que se refiere a “aumentar la extensión de la tramitación electrónica”. Está claro que cualquier proceso que facilite no tener que trasladarnos físicamente de un sitio para otro, reduce drásticamente los “días de procedimientos”. Ahora bien, hay que reducir el número de esos procedimientos, simplificarlos, hacerlos entendibles por el usuario, y obviamente, con la situación de la penetración de las tecnologías en pymes y autónomos, predicar, facilitar y fomentar, la incorporación de las TIC que luego se usarán en los procedimientos telemáticos.

Por favor, que nuestros gobernantes sean conscientes de que sin un tejido empresarial ágil, competente y eficiente, no saldremos de esta situación, y que no hay nada más dañino que frustrar la ilusiones de la gente. No frustremos a nuestros emprendedores antes de empezar.

 

La publicidad de Nueva Rumasa: el tamaño sí importa

Cualquier persona con un mínimo afán investigador que hubiera dedicado un poco de tiempo a la tarea, podía haber comprobado, incluso hace unos cuantos meses, que José María Ruiz Mateos no se ha caracterizado nunca por ser un empresario modelo. La expropiación de la antigua Rumasa generó ríos de tinta y discusiones sin cuento, pero no precisamente sobre la situación patrimonial de las empresas expropiadas. Pese a toda la confusión que la familia Ruiz Mateos quiso arrojar sobre el tema, esas empresas tenían el famoso 23 de febrero de 1983 un valor negativo bastante importante, como los tribunales se han cansado de declarar desde entonces. Más bien es Ruiz Mateos quien debe dinero al Estado y no a la inversa. La polémica giró siempre sobre un tema completamente distinto: sobre si la expropiación por Decreto Ley era constitucional o no, y la sensación de cacicada que dejó la famosa sentencia versó sobre la manipulación política a la que se sometió al Tribunal, aunque fuera por una buena causa (como defiende este blog, el fin no justifica los medios) y no sobre la injusticia cometida al Sr. Ruiz Mateos. Los datos los recoge Casimiro Garcia-Abadillo de manera exhaustiva en varios artículos publicados entarget=_blank> El Mundo .

Pero como a río revuelto ganancia de pescadores, al famoso empresario la polémica le vino de perlas, y empezó a alimentar el mito de la persecución, del robo al abnegado empresario que desde entonces busca afanosamente justicia de tribunal en tribunal, cual Diógenes con su lamparita. Pero, sin duda, mucho mejor vestido, aunque fuese de Superman, gracias a todo el dinero que colocó a buen recaudo. Con ese dinero levantó su segundo chiringuito: Nueva Rumasa, la que ahora ha explotado, de manera previsible, para los informados, (véase el riguroso, como siempre, comentario al respecto de Javier Pradera) y de manera muy dolorosa para muchos muy desinformados. Y precisamente de esto trata este post, de la desinformación y de sus responsables.

No cabe duda de que el primer responsable es el Sr. Ruiz Mateos y su familia. En su impresionante campaña informativa (impresionante por el tamaño de sus anuncios en prensa, y también por su retórica, más propia de un detergente que de una emisión de pagares) se intentaba confundir al potencial inversor de todas las maneras posibles, ya sea alegando que la concreta emisión contaba con la autorización de la CNMV (cuando en rigor lo que ocurría era que no era necesaria), ya afirmando que las famosas reservas de brandy viejo que garantizaban algunas de las emisiones tenían un valor, según peritos reconocidos, superior a las famosas minas del Rey Salomón.

Poco importaba que la CNMV lo desmintiese expresamente o que al perito no le llegase la camisa al cuerpo y matizase su valoración (a estos efectos). Las correspondientes rectificaciones, por comparación, al menos en su tamaño y difusión, tenían las misma posibilidad de desvirtuar la información inicial que la letra pequeña de una póliza de seguros de hacernos desistir de suscribirla.

Es por eso, seguramente, por lo que los abogados de los damnificados pretenden alegar, además de la estafa, el delito de publicidad engañosa del articulo 282 del código penal, como único medio de incoar la vía penal y lograr pillar algo de lo que la familia, conocedora de experiencias pasadas, según propia confesión, ha puesto a buen recaudo. Como no triunfe la estafa mal remedio van a encontrar en la publicidad engañosa, que se sanciona con prisión de menos de un año.

A la CNMV no se le puede acusar de mucho. Hasta siete veces advirtió de los riesgos de la operación aunque sus advertencias, de nuevo por comparación, se recogían en la prensa con un tamaño risible.

Uno podría preguntarse, entonces, por qué toda esta información y estos comentarios que nos inundan ahora, una vez que el chiringuito ha explotado, no se nos han proporcionado un poquito antes. Porque lo cierto es que el silencio sobre este personaje y sus manejos ha sido ensordecedor, pese a que esta Nueva Rumasa se parece mucho a la vieja. Y creo que no se ha debido a falta de voluntad de esas firmas, como las arriba citadas, entre otras igualmente ilustres (que llevan muchos años demostrando su categoría profesional e intelectual), sino que me temo que ha sido más bien por la falta de interés de sus editores en perder los cuantiosos ingresos que para unos medios en crisis supone el tamaño de la publicidad contratada por el Sr. Ruiz Mateos. Si esto es así, como me parece bastante evidente, podemos concluir que Nueva Rumasa ha constituido un nuevo ejemplo de esquema piramidal, semejante a los que últimamente se han puesto de moda, en el que parte del dinero obtenido de los nuevos inversores se dedicaba, no tanto a pagar a los anteriores, como a los periódicos y a los medios de difusión con el fin de que el río no cesase nunca de fluir… hasta desembocar en algún lejano paraíso.

No cabe negar la responsabilidad de esos inversores, que con un poco de esfuerzo podrían haber averiguado donde se metían, pero tampoco cabe olvidar que son los únicos que van a pagar el pato. Hay otros, por contra, que no van a pagarlo, pese a haber recibido del Sr. Ruiz Mateos mucho dinero: nuestros dignísimos medios de comunicación, que también podían haber investigado e informado un poco más (¿no están para eso?), los mismos que tratan con guante de hierro al caído y con guante de seda al poderoso (¿se acuerdan del caso Alierta?). Quizá ya es hora de preguntarnos cual es el papel que se supone que cumplen en una sociedad democrática y qué se puede hacer para suplir sus deficiencias.