Sobre la no discriminación en fiscalidad internacional

No es ninguna novedad que en materia de fiscalidad internacional rige para España el principio de no discriminación, ya sea en el ámbito comunitario o en el derecho convencional. Así, conforme al artículo 12 del Tratado de la Unión Europea, “se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad”. Por su parte, todos los Convenios de Doble Imposición suscritos por España contienen una cláusula de no discriminación (del tenor del artículo 25 del Modelo OCDE) en virtud de la cual los nacionales de un Estado no se someterán en el otro Estado a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas circunstancias”.

La formulación del principio de no discriminación es tan clara que su aplicación no debería plantear problemas en la práctica. Y, sin embargo, la Administración sistemáticamente ignora lo que significa este principio. Afortunadamente – aquí es donde viene la novedad – existe doctrina jurisprudencial reciente que consagra la no discriminación y su aplicación directa en el derecho español, desoyendo los dictados del legislador allí donde de forma clara resulta discriminatoria la norma en cuestión. A lo largo del año pasado se dictaron numerosas sentencias, varias de ellas del Tribunal Supremo, sobre el particular.

En casi todas ellas la normativa objeto de controversia ya ha sido derogada, precisamente por su carácter discriminatorio aunque la doctrina que contienen puede ser ilustrativa en relación con otras situaciones aún no tratadas por los Tribunales. En todo caso, sí resulta curiosa la obstinación de la Administración y de la Abogacía del Estado por defender lo indefendible.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo y de 14 de julio de 2011 se refieren a la discriminación que suponía la existencia de plazos diferentes, según el lugar de residencia de los contribuyentes, para solicitar la devolución de retenciones soportadas en exceso. Así frente al plazo general de 4 años disponible para los residentes en España, los residentes en otros países, que hubieran suscrito un Convenio con España, únicamente disponían de un plazo de 2 años (ex artículo 16.4 Reglamento del IRNR). Es obvio que esta discriminación era contraria al derecho comunitario y a la cláusula de no discriminación de los Convenios suscritos por España y, sin embargo, el asunto ha tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo.

A su vez, en materia de subcapitalización tanto el Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 2 de noviembre de 2011) como la Audiencia Nacional (Sentencia de 7 de diciembre de 2011) consideran inaplicable la normativa de subcapitalización en casos en los que financiador no residente puede invocar el principio de no discriminación previsto en el respectivo Convenio de Doble Imposición. Dado que la mayoría de los Convenios suscritos por España contienen una cláusula de no discriminación, si llega a consolidarse esta doctrina, su impacto puede ser tremendo, al reducirse de manera muy significativa el alcance de la normativa de subcapitalización.

En otro orden de cosas, encontramos también sentencias del año pasado del TSJ de Baleares (de 21 de julio y de 14 de septiembre) y del TSJ de Valencia (de 9 de febrero, de 3 de marzo y de 20 de junio), todas ellas referidas a la discriminación que suponía la existencia de un tipo de gravamen de plusvalías para no residentes (35% IRNR), muy superior al aplicable a las personas físicas residentes en España que se encontraban en iguales condiciones (15% IRPF). También esta norma se ha modificado para equiparar la tributación de unos y otros. No obstante, se destacan estas sentencias por su doctrina del “acto claro” y de aplicabilidad directa del derecho comunitario.

Conforme a la doctrina del “acto claro”, el TSJ de Valencia considera que el caso es tan claro que no procede plantear una cuestión prejudicial por no existir ninguna duda razonable sobre la interpretación de la norma comunitaria. Una vez más, se echa de menos que los órganos de la Administración no hayan considerado lo que para el TSJ es una discriminación tan clara que no precisa de cuestión prejudicial. Por su parte, el TSJ de Baleares considera que al constatar la Sala una discriminación evidente […] se ha de proceder a la inmediata corrección de esa discriminación”, sin que sea aceptable la argumentación de la abogacía del Estado que alega que “en caso de considerar la parte que existe trato discriminatorio procede la reclamación al gobierno de España pero no la aplicación de un tipo distinto al previsto por la ley. Nos congratulamos de esta argumentación del TSJ que claramente defiende la primacía del derecho comunitario y apunta a una solución de fácil aplicación por los  contribuyentes que, de otro modo, no tienen margen – más allá de la lucha procesal – para oponerse a prácticas discriminatorias claramente contrarias a las normas internacionales que vinculan a España.

Por último, cabe citar la discriminación existente en materia de sucesiones y donaciones, especialmente en situaciones en las que la no residencia en España del causante, del heredero o del donatario (dependiendo de los casos) implica una mayor carga fiscal que la que correspondería en caso de que ese mismo sujeto hubiera sido residente español. Aquí no cabe invocar las cláusulas de no discriminación previstas en los Convenios suscritos por España, dado que estos con carácter general no se refieren a los impuestos sobre herencias, de modo que solo se puede acudir al principio de no discriminación comunitario. Ahora bien, también en este ámbito se ha producido un avance importante. Ante la negativa de España a modificar su normativa en esta materia, el 27 de octubre de 2011 la Comisión Europea decidió llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE por sus normas discriminatorias en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Es preciso anticipar, no obstante, que el resultado de este procedimiento es incierto teniendo en cuenta que también existen grandes diferencias dentro de España en función de la normativa autonómica aplicable en cada caso.

Primeros pasos del PP en materia tributaria

La llegada del Partido Popular al Gobierno de España ha traído consigo importantes novedades en el terreno fiscal. Muy comentada ha sido la subida impositiva a las clases medias; más desapercibido ha pasado el improvisado anuncio del enésimo plan de lucha contra el fraude fiscal; y acapara ahora el protagonismo la rumorología sobre si se subirá o no el IVA tras las elecciones andaluzas. Un conjunto de medidas tendentes a la urgente reducción del déficit que mercados y Bruselas reclaman.

En el olvido queda ya la campaña electoral protagonizada por el Partido Popular. El argumentario político, el mensaje de entonces, se reducía a una simple afirmación: el déficit se reducirá creando empleo, pues a mayor empleo, mayores cotizaciones y mayores contribuyentes pagando impuestos. Una fórmula ya conocida en el Partido en tiempos de Aznar, con algunos de sus protagonistas en el Gobierno actual.

Para dicha receta el candidato Rajoy prometía algo más atractivo para el ciudadano; una rebaja de las cotizaciones sociales, una reducción de la carga tributaria para pymes, incluido un criterio de caja y no de devengo en materia de IVA.

En resumen, un argumentario preelectoral focalizado en la creación de empleo como mecanismo indirecto de solución del déficit. Sin embargo, la realidad postelectoral se ha mostrado muy diferente, en la que la solución del déficit se ha accionado con medidas de efecto directo sobre la variable de ingresos.

Parece ser que la situación es tan dramática que estas acciones directas han resultado ser necesarias e inevitables para la salvación del país, postergando la vieja fórmula del empleo como motor de la reducción de déficit para un momento posterior.

Y ojo, no critico la subida, pues si era imprescindible bien adoptada está. Ni afirmo que hubiera otras alternativas, pues no va un modesto ciudadano a corregir al gobernante, que sólo él tiene toda la información económica precisa para la correcta toma de decisiones.

Pero lo que sí me parece enmendable son las notas de improvisación que han caracterizado a esta reforma y las ineficiencias que plantea.

Primero, el titular de la cartera ministerial debería hablar con mayor precisión, pues dista mucho lo que anunció Montoro, que aludió a rentas salariales y a dividendos, y lo que ha habido que leer en el BOE, de una subida que afecta a toda la base general y a toda la base del ahorro.
La medida afecta a toda la base general y, por tanto, afecta también a los rendimientos de actividades económicas, esos de los autónomos que Rajoy prometió rebajar.

También afecta a toda la base del ahorro (no sólo los dividendos que dice Montoro). Aquí no deja de tener cierta sorna la promesa electoral en que se prometía incentivar el ahorro. No es mal incentivo una penalización de hasta 6 puntos de gravamen. Es decir, que la transmisión de vivienda sin posterior reinversión tributa al 27% nada más y nada menos.

Improvisada reforma porque además, para esos autónomos que querían proteger, también es ganancia patrimonial la transmisión de elementos afectos, y que tributa al 27%. Es decir, que si un autónomo cambia un local en propiedad por uno en alquiler, que sepa que esa venta de su local pasa ahora a tributar al 27%.

Pero es que este 27% para ganancias patrimoniales ha abierto más la brecha existente entre la tributación de sociedades y la tributación de empresarios individuales. Aquéllas tributan si reinvierten al 18% mientras que el empresario individual, reinvierta o no, tributa al 27%. Es decir, que el empresario exitoso que tenga que ir a un local más amplio, sepa que si vende tributa al 27%, frente al 18% que pagaría una sociedad en su misma situación.

Mucho más grave me parece la brecha existente entre la tributación del residente frente al no residente. Resulta que los residentes pagarán un 27% por sus ganancias patrimoniales, mientras que esas mismas ganancias tributan al 21% en el caso de no residentes.

En fin, que la reforma reciente ha generado unas ineficiencias que recaen primordialmente sobre el ahorro y sobre los autónomos, a los que el programa electoral del Partido Popular llamaba a incentivar.

Más improvisado ha sido el anuncio de un plan de lucha contra el fraude fiscal. Se comenta que se pidió un plan… ¡¡en 24 horas!!

Y es que un plan es algo que hay que madurar, que exige mucho tiempo y análisis, muchos medios materiales y a los mejores medios humanos. Y los frutos tardan en llegar, lo que me hace sospechar que el plan quedará descafeinado.

Junto al anuncio del plan se filtraron varias medidas, algunas fruto de la improvisación. No es serio renombrar a las sociedades patrimoniales como medida antifraude. ¿Acaso no es indicativa su corta vida pasada de 4 años?

Se han oído muchas cosas: hasta la limitación de pagos de efectivo superiores a 1.000 euros. ¿Pero dónde quedan las verdaderas medidas antifraude? Por ejemplo, es revelador que España sea una “rara avis” que no sanciona el abuso de derecho, es decir, el fraude de ley. ¿Dónde quedan las normas antifraude específicas en materia de operaciones intragrupo? Se ha hablado de operaciones intragrupo entre familiares, pero el gran reto son las multinacionales. ¿Dónde quedan las limitaciones a ciertas operaciones intragrupo que afectan a estas empresas? ¿Es lógico que una entidad de tenencia de valores extranjeros, cuyos ingresos están exentos, deduzca gastos financieros que compensar con otras sociedades del grupo con la que consoliden fiscalmente? ¿Es lógico que sociedades extrajeras compren sociedades españolas a través de una sociedad holding en España a la que nutrir de la carga financiera que compense, por consolidación, los beneficios operativos de la industria española?

Y qué decir de la reorganización de medios materiales y humanos. Decía mi mentor en Hacienda que hay dos formas de concebir la Inspección Tributaria: una que se centre en pocos expedientes, muy bien seleccionados y en los que la Inspección no escatime esfuerzos para lograr una ejemplar reacción, incluso la condena penal; y otra, de una Inspección más masiva, destinada a un mayor número de contribuyentes y de esquemas de fraude, pero a costa de renunciar a ese mirlo blanco que pueda asegurar una exitosa condena penal.

No es una mejor que la otra cuando están bien concebidas. El problema de la segunda, de más rápido efecto recaudatorio, es que cuando se abusa de ella los resultados no son los deseados. Si año tras año el político pide un incremento de los objetivos de la Inspección, manteniendo invariable la jornada de trabajo, obviamente será en detrimento de una peor instrucción de los expedientes; ojo, no por falta de capacidad, pues defiendo la enorme calidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria española, sino por falta de tiempo, porque el ser humano tiene sus limitaciones.
Y esa peor instrucción generará peores liquidaciones que serán recurridas, aumentando la litigiosidad, y en el mejor de los casos para Hacienda, el retraso en el ingreso de prosperar en el futuro la liquidación tributaria.

La primera alternativa tiene, por el contrario, una merma de la recaudación a corto plazo por actuaciones inspectoras, pero tiene a su favor el componente disuasorio, que haría a los demás pensárselo mucho antes de osar defraudar gravemente a la Hacienda pública. En otras palabras, a la larga, aumentaría la recaudación bruta por el incremento del cumplimiento voluntario. Es decir, algo similar a lo que en materia de alcoholemia se ha realizado en los últimos años.
Esperemos a ver por cuál opta el gobernante.

Impuestos y demagogia

Basta con leer la mayoría de los comentarios publicados a partir del anuncio de la subida de impuestos por parte del Gobierno, para llegar a la conclusión de que nuestros nuevos gobernantes, nada más tomar posesión, han continuado con una práctica tradicional de todos los partidos políticos: decir una cosa en la campaña electoral y hacer otra bien distinta una vez han llegado al poder. Sin embargo, no estaría de más reflexionar un poco más a fondo sobre la circunstancia señalada, sobre todo, cuando la promesa proclamada en campaña electoral es una promesa relativa a impuestos.

Llama ante todo la atención que muchos comentaristas manifiesten su sorpresa por el grave “fraude” que para los electores supone el incumplimiento de una promesa electoral. Es algo así como “rasgarse las vestiduras”  ante un acontecimiento que por regla general casi que podría decirse es consustancial al funcionamiento del sistema electoral en los países democráticos. Una cosa es lo que se dice en la campaña electoral con respecto a determinadas cuestiones y, en particular, las relativas a impuestos,  y otra bien distinta lo que se hace (o puede/debe hacerse) una vez se ha alcanzado el Gobierno. Es esta una máxima que todos los ciudadanos conocen perfectamente, y que ni mucho menos supone una desvalorización por sí misma del propio sistema, sino más bien, una característica ínsita en las reglas por las que se rige la actividad política democrática.  Cualquier partido político (máxime si el mismo tiene expectativas fundadas de alcanzar el poder) emplea, dentro de ciertos límites, como táctica para alcanzar sus objetivos, no tanto la mentira, como la demagogia, que es algo bien diferente.  La promesa del PP de que si llegaba al Gobierno no iba a subir los impuestos, era, en mi opinión, una clara promesa demagógica, en el sentido de que cualquier elector mínimamente informado sabía a ciencia cierta que en las actuales circunstancias económicas en las que se encuentra España, la vía de aumentar la carga impositiva que recae sobre los ciudadanos era algo inevitable. Significativamente, de la misma forma que el PP empleó en su campaña electoral de forma demagógica el lema de no aumentar los impuestos, es ahora el PSOE el que utiliza de forma demagógica el hecho de este incumplimiento electoral por parte del PP a fin de así empezar a erosionar desde el punto de vista político la actuación gubernamental. Lo cual no sólo es legítimo que lo haga, sino que es algo consustancial al “juego político”. Bastaría con pensar en todo caso qué hubiese hecho el PSOE en materia de impuestos de haber ganado las elecciones, pues los antecedentes nos indican que la vía podía haber sido, otra vez, una medida mucho más regresiva como resulta ser el aumento de la imposición indirecta.

Mayor importancia y preocupación reviste el hecho del mensaje reiterado por parte de algunos dirigentes  o ideólogos próximos al PP, de que la existencia misma de los impuestos es un obstáculo objetivo para el desarrollo económico de nuestro país. Pero aquí ya no nos encontraríamos en sentido estricto ante una promesa electoral, sino ante una declaración más general en vía de principio o de tipo ideológico, que supone asumir como “filosofía” de actuación la maldad intrínseca de cualquier impuesto por el simple hecho de su propia existencia. Y esto es ya “harina de otro costal”, puesto que como bien ha señalado significativamente Juan Rosell, Presidente de la CEOE, los impuestos en los países democráticos son signo de civilización, y si esto no se tiene claro y es mayoritariamente asumido por la ciudadanía, pero sobre todo, por la clase política, difícilmente vamos a poder llevar a cabo en términos individuales los sacrificios que sean necesarios para salir de la crisis o simplemente para vivir en una sociedad civilizada. Es precisamente en este ámbito donde habrá que reclamarle al  nuevo Gobierno un compromiso firme a favor de la adopción de medidas que restablezcan la confianza de los españoles en un sistema tributario fundamentado en los principios de justicia que marca nuestra Constitución, pues de ello dependerá en gran medida que el coste de la crisis sea debidamente repartido entre todos y, por ende, debidamente comprendido y asumido. Desde esta óptica, no son mal presagio  las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno en el ámbito del IRPF y del IBI que, siendo provisionales, auguran sin embargo una voluntad real por dejar atrás promesas demagógicas y planteamientos ideológicos que poco tienen que ver con la realidad de una sociedad del siglo XXI.

En el año 1977,un Gobierno de la UCD (es decir, un Gobierno “de derechas” en la terminología del siglo XX), siendo ministro de Hacienda F. Fernández Ordóñez,  estableció las bases de lo que por primera vez en la historia de España iba a ser un sistema tributario moderno (Ley 50/1977, de 14 de noviembre), introduciendo figuras entonces  tan revolucionarias como la supresión del secreto bancario o la regulación del delito fiscal. Los años  transcurridos y las sucesivas modificaciones legislativas acontecidas en el diseño de nuestro sistema tributario,  creo que han desdibujado en gran medida los parámetros de equidad a los que debe responder el mismo, pero también, las exigencias de claridad y simplicidad que deben presidir su aplicación en aras al principio de seguridad jurídica y cumplimiento “natural” de las normas por parte de sus destinatarios (Administración y contribuyentes).

La actual coyuntura que atraviesa España es motivo de fundada preocupación, pero también, de fundada esperanza en que podamos acometer entre todos, con nuestras propuestas, actuaciones y críticas, los cambios o las actualizaciones que sea preciso realizar para “poner a punto” una sociedad que precisa  -y mayoritariamente demanda- consensos básicos en cuestiones fundamentales de las que depende nuestro futuro.  Y en lo atinente al ámbito tributario, si algo de verdad sobra, es la demagogia… al menos hasta la próxima campaña electoral.

Comparativa de programas electorales (IX): Las propuestas fiscales de UPyD

Continuando con el análisis de los programas fiscales de los principales partidos políticos de cara a las elecciones generales, hoy le toca el turno a Unión Progreso y Democracia, con el que cerramos el capítulo de los partidos nacionales, y cuyo programa electoral puede ser consultado en este link (puntos 68-87).

Como medidas de corte generalista, se propone un plan integral de lucha contra el fraude, un incremento de medios de la AEAT, un refuerzo de las relaciones AEAT-Administraciones autonómicas, una lucha contra paraísos fiscales, un refuerzo del control patrimonial, un incremento de la colaboración del sistema financiero, una priorización de inspecciones de grandes focos de fraude fiscal, … En otras palabras, un amplio abanico de propuestas de lucha contra el fraude muy generalistas que van de suyo, se presuponen.

Vayamos por tanto a las medidas concretas.

UPyD propone una profunda reforma fiscal que modifique el sistema en su conjunto con el objetivo de incrementar la recaudación y simplificar el sistema. Tal loable objetivo sin embargo se concreta meramente en la penalización de las rentas del capital, haciéndolas tributar como rentas del trabajo. Cierto es que dicha propuesta favorece la equidad, pero no es tan claro que favorezca el crecimiento, pues la penalización del ahorro puede frenar la inversión. Esto por el lado económico, pues descendiendo al plano fiscal, cualquier sobrecoste fiscal en IRPF provocará que la inversión se vaya a fórmulas de diferimiento como Instituciones de Inversión Colectiva o bien que vuelvan a florecer las sociedades patrimoniales para que canalicen éstas las inversiones a tipos de PYMES.

Un encarecimiento del coste fiscal del ahorro en IRPF tendrá un efecto nocivo en la inversión y con ello en la economía, y pudiera tener poco impacto recaudatorio pues podrían canalizarse las inversiones a través de sociedades que además de tributar a tipos inferiores a los de IRPF, pueden, en el caso de dividendos, corregir parcialmente o totalmente, según la participación, la doble imposición.

Respecto a la penalización de las SICAV, nos remitimos a los comentarios realizados en el Post de las propuestas electorales del PSOE.

En cuanto a la Reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyen la recaudación tributaria, debemos indicar que muchas de las deducciones y bonificaciones existentes antaño en el Impuesto sobre Sociedades ya han sido derogadas. Debió derogarse otra, la que tiene que ver con nuestra cultura, muy subvencionada y poco rentable para muchos, y muy rentable para pocos.

Salvando esa deducción cultural, los pocos incentivos que quedan en la normativa general del Impuesto tratan de incentivar comportamientos positivos como el I+D+I, programas medioambientales, formación, el empleo de minusválidos o la reinversión de beneficios extraordinarios. Es decir, que en materia de Sociedades, pocos incentivos ineficaces quedan. Tampoco hay muchos en materia de IRPF. Y en cuanto al IVA, la normativa proviene de la UE.

Propone también un tributo que grave las grandes fortunas, como sucesor del Impuesto sobre Patrimonio. Dicha propuesta, como ya dijimos, es una gran apuesta y una medida ciertamente progresista. Siempre y cuando se ciña a lo que pretende gravar, las grandes fortunas, y no contenga los defectos del actual impuesto, cuyas exenciones y limitaciones a la tributación dan mucho margen de actuación a estas grandes fortunas.

Hablando de nuevos tributos, se proponen dos medidas más: la Creación de un nuevo impuesto indirecto que grave el Consumo de bienes y servicios de Lujo  y la  Introducción internacional de un impuesto sobre las operaciones financieras (conocido por “tasa Tobin”).

En cuanto a impuestos especiales sobre bienes de lujo, sí podrían tener un impacto recaudatorio pues las cifras macro demuestran que este sector apenas se ha resentido en la crisis; además es una medida progresiva lo que lo convierte en una seria propuesta a tener muy en cuenta. Respecto a la tasa Tobin, no soy un experto económico, pero me imagino que si lo que grava son operaciones de divisas, será la UE y no España la que tenga que opinar aquí.

Tiene razón Rodrigo Tena en que en materia de Sucesiones y Donaciones las distintas regulaciones autonómicas generan un disparatado desequilibrio. Lo de la corresponsabilidad fiscal sería una buena idea si no fuera por el descontrolado déficit de las Comunidades Autónomas y por mayores facilidades que tienen algunas Comunidades para emitir deuda lo que justifica los desequilibrios. 

En materia de PYMES se proponen dos medidas: el criterio de caja, ya comentado en el post del PP; y la reforma de módulos, limitando su ámbito de aplicación, lo que debe aplaudirse por ser un sector, el de los moduleros, en el que existe una enorme bolsa de fraude.

Y terminamos con la propuesta de reforma del delito fiscal, reformado recientemente pero que aún ofrece margen de actuación. Sin duda la apuesta de lucha contra el fraude pasa por un refuerzo de esta figura, pues al final es la amenaza de penas y sanciones lo que más estimula el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

Cerramos así el capítulo de los programas de partidos nacionales, pidiendo perdón a los lectores por la monotonía del tema; y dando las gracias a Íñigo Ramírez y a Javier Ayllón por sus valiosas aportaciones.

Comparativa de programas electorales (VII) Las propuestas fiscales de Izquierda Unida

Dedicamos el comentario de hoy al programa fiscal de IU (puede verse en el siguiente link).

Contiene un gran número de propuestas, muchas más que PSOE y PP. Tampoco faltan las propuestas ambiguas o genéricas como era de esperar.

Las propuestas se estructuran con arreglo a varios criterios.

Un primer criterio apela a una reforma fiscal justa que permita situar el empleo por encima de todo y atender al déficit público. Este criterio sistematiza las propuestas por tributos. Veamos.

IRPF: Aquí IU actúa en coherencia con su ideología de izquierdas demandando una mayor progresividad. Proponen que las rentas del ahorro se integren en la base general, tributando a la escala general, como lo hacen los salarios.  Aquí hago un inciso. Hay que tener cuidado con penalizar el ahorro, pues podría frenar la inversión privada y con ello el empleo, que se supone que es el objetivo que guía a la reforma.

Proseguimos. Se proponen dos tramos nuevos en IRPF, con elevación de tipos para rentas altas (superiores a 60.000 euros). También prometen trasladar las deducciones a nivel de cuota, en lugar de base, que siempre resulta hacendísticamente más progresivo.

También proponen eliminar el denominado régimen de “impatriados” lo que merece un comentario. Se ha criticado mucho este régimen, más por desconocimiento que por rigor técnico. Es un régimen privilegiado para los no residentes que vienen a España a trabajar. Se les otorga un trato favorable, una tributación del 24%, cuando el resto de los mortales tributamos a tipos superiores. Se critica la desigualdad entre unos y otros pero se pierde de vista cuál fue la razón de ser de este incentivo. Se creó para captar “cerebros”, es decir, que grandes directivos extranjeros vinieran a trabajar a España a dirigir nuestras empresas para hacerlas crecer. Lamentablemente este régimen ha quedado limitado a los futbolistas, que es el único sector que capta talento extranjero. Somos una sociedad de pan y circo. Antes de suprimir el incentivo, deberíamos hacer una reflexión de por qué este incentivo no ha funcionado, por qué España no ha sido capaz de captar talento extranjero. Y por lo mismo, si queremos salir de esta crisis, deberíamos pensar en no penalizar a los más cualificados, a los que pueden guiarnos a la senda del crecimiento.

No comparto la propuesta de eliminar las ventajas de los planes de pensiones privados, máxime cuando no son tantas las ventajas (como dije ayer, a veces se torna en una fiscalidad perniciosa para contribuyentes de rentas bajas) y sobre todo cuando las pensiones públicas no están garantizadas en un futuro medio. Tampoco comparto limitar las declaraciones conjuntas pues no sé a qué se refiere ni a qué motivo responde, desde luego nada que ver con el empleo.

Lo de exonerar de la obligación de declarar con independencia del número de pagadores es algo que a primera vista parece justo pero que técnicamente no resulta coherente con el principio de capacidad económica. Pensemos en un contribuyente que cobra 21.000 euros y por tanto no declara. No declara porque vía retenciones se le detrae una cantidad que resultaría muy cercana a la que resultaría de declarar. Sin embargo, otro contribuyente que cobra 10.000 euros de un pagador y 11.000 euros de otro, si no declara, saldría favorecido respecto del primero, porque las retenciones de cada pagador serían muy inferiores a las del primero. Los dos pagadores son un problema, porque la menor retención genera lo que se conoce como ilusión fiscal (creemos cobrar más salario del realmente disponible). Pero lo de exonerar de la declaración no es la mejor solución pues además puede generar una gran bolsa de fraude.

Hay un punto en el que el subconsciente ha jugado una mala pasada al político. Dice el programa que “eliminarán, en su caso, las ventajas fiscales que tienen los y las diputadas”. Y digo yo, habrán querido decir que eliminarán en todo caso, ¿no?

Y para terminar con la parte de IRPF, proponen suprimir las ventajas fiscales de la Iglesia Católica. Aquí la izquierda, en un intento de coherencia, extiende la medida a otras confesiones religiosas. Pero si querían coherencia, debería haber incluido también a las fundaciones, asociaciones y ONGs ¿no? Creo que esto es un guiño al electorado laico más que una medida de estímulo del empleo.

Por lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, se proponen varias medidas, dos concretas y varias ambiguas.

Por un lado se propone aumentar en 5 puntos el tipo de gravamen para las sociedades que den beneficios, en concreto para las que den un beneficio de más de un millón de euros. Y también proponen declarar no deducible el gasto de personal de trabajadores cuyo salario exceda de 90.000 euros. Francamente, creo que ambas medidas, más que estimular el empleo, impiden el crecimiento. Por un lado, se penaliza a las empresas rentables. Y por otro, se penaliza a la mano de obra cualificada. No entiendo nada.

Más ambiguas son las medidas de simplificación de deducciones (ver comentarios al post del PSOE), incentivar la cuota productiva, la cuota de estabilidad laboral, la cuota de jornada… ¿Y si resulta que son las empresas rentables antes penalizadas las que tienen una mayor cuota productiva, estabilidad laboral y cuota de jornada? Algún que otro pensador sufriría un cortocircuito mental.

Reforma del IVA. Ya se ha comentado el criterio de caja en el post del PP. Lo mismo que la necesidad de adecuación a los términos de la Directiva de cualquier medida nacional que quiera establecer un nuevo tipo reducido de IVA a algún producto no incluido en el anexo III.

Por fin un partido se atreve a meter tijera en materia de módulos. Aquí IU, valiente, propone limitar esta medida, que ha sido tradicionalmente uno de los sectores de mayor fraude fiscal. Enhorabuena por la medida.

Proponen también un impuesto de transacciones financieras, restaurar el impuesto sobre el patrimonio (o el futuro de grandes fortunas) y restablecer el impuesto sobre sucesiones. Comentamos el último pues los otros dos ya los hemos comentado en otros post. Respecto del impuesto sobre sucesiones, IU hace una pequeña trampa pues promete lo que no tiene. Sucesiones está cedido a las CCAA, quienes pueden bonificar las cuotas, con lo que mal podrán recuperar este impuesto sin invadir competencias autonómicas.

También se encarece el IBI (más no por favor) para viviendas vacías y se propone un paquete de medidas de fiscalidad verde.

Alguna crítica debemos dedicar a la propuesta de una tasa por pernocta en hoteles. Si lo que urge es estimular la economía, mejor sería no atacar uno de los pocos sectores que sigue dando beneficios en España, el turismo. Un encarecimiento de las pernoctas puede debilitar un sector que hoy funciona bien pero que está amenazado por una fuerte competencia de otros países mediterráneos.

Bien, si recapitulamos el primer bloque tenemos subidas del IRPF del ahorro, para las rentas salariales altas, para planes de pensiones, para impatriados cualificados, subidas fiscales a las sociedades rentables, limitaciones a la deducibilidad del gasto en sociedades por salarios altos, impuestos sobre transacciones financieras, patrimonio, sucesiones, tasas hoteleras… ¿cómo puede esto estar relacionado con el empleo? Casi mejor ser transparentes y reconocer que son subidas de impuestos progresivas y que juzgue el electorado.

En otro bloque, bajo el título de acabar con la economía sumergida y el fraude, se proponen algunas otras medidas fiscales.

Algunas son humo electoralista, muy bonitas en lo ideológico, pero poco concretas. Son las típicas propuestas como un nuevo plan de objetivos, una comisión especial en el Congreso…

Otras más concretas pretenden penalizar a las SICAV (ya comentadas en el post del PSOE).

Hay alguna que particularmente me parece poco seria: la de considerar hurto a efectos del Código Penal al fraude fiscal. Lo mismo que la de limitar la deducibilidad del gasto en IRPF, Sociedades e IVA de las facturas superiores a 1.000 euros pagadas en efectivo o documentos al portador. Qué barbaridad.

Comparativa de los programas electorales (IV). Las propuestas fiscales del PP (segunda parte)

Además, como otra medida de fomento del ahorro, el PP propone mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones. Por supuesto que es necesaria tal revisión, si bien poco podemos valorar sin saber en qué se va a concretar la misma.

Probablemente, este tema en su conjunto, merezca un “post” aparte y un planteamiento serio del porqué de los vaivenes a los que someten a este instrumento de ahorro. Y no únicamente desde el punto de visto fiscal, sino también financiero. Pero la situación actual, con la eliminación de la reducción de tributación de las prestaciones en capital salvo que provengan de aportaciones previas a 2007 y la posibilidad de aplicación de la reducción del 40% únicamente en un período impositivo (ya que se considera una única contingencia, la jubilación) puede provocar que personas jubiladas se vean sorprendidas con la transformación de un supuesto método de diferimiento en un incremento muy significativo de tributación. Y, todo ello, agravado por la mínima rentabilidad financiera que ofrece un producto, en muchas ocasiones, maltratado por las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones.

Insisto, es necesaria dicha revisión; pero habrá que ver cómo se lleva a cabo.

Por último, por lo que respecta al IRPF, se plantea la elevación de los mínimos familiares. Recordamos que este mínimo es la parte de la base liquidable del impuesto que no se somete a tributación por considerarse necesaria para satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente. Hace referencia a unas cantidades por contribuyente, descendientes, ascendientes a cargo y discapacidad. Obviamente, no fomenta el ahorro, la inversión ni el empleo, sino que es más bien una medida populista, siempre bienvenida en estas épocas y más a colación de la supresión del “cheque bebé” por el actual partido en el gobierno.

Pasemos ahora a las propuestas respecto al Impuesto sobre Sociedades y la actividad empresarial en general.

Lo primero a destacar es la concreción en cifras. En muchas ocasiones, como he hecho previamente, criticamos la poca concreción de determinadas medidas. Pues bien, en este caso, parece evidente que se plantea una “generalización” del tipo impositivo del 20% para empresas de reducida dimensión y la extensión del tipo del 25% para el resto. Claramente, ésta es la medida fundamental en la que el PP centra su apuesta por el fomento del empleo.

Y esta medida es completada con una deducción por reinversión de los beneficios obtenidos y diversas medidas de fomento del empleo para trabajadores por cuenta propia y PYMEs, tanto vía “apoyo fiscal” como bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En definitiva, propuestas concretas, creo que acertadas y principalmente orientadas a PYMEs para fomentar su crecimiento y una creación de empleo en consonancia.

Pero en esto de la política, parece ser que no todo puede ser concreción. Así, encuentro cuatro grandes “peros”.

En primer lugar, de nuevo, esgrimen un “simplificaremos el sistema de deducciones”. Y, como dije ayer, no hay que simplificar (que suficiente se ha simplificado ya), sino que hay que prever e incluir otras nuevas deducciones que fomenten la actividad.

En segundo lugar, se menciona una mejora en los métodos de amortización, sin concretar absolutamente nada. ¿Acaso amortizaciones aceleradas?

En tercer lugar, la reinversión a la que aluden, ¿se refiere a beneficios ordinarios o extraordinarios? La de extraordinarios ya existe. ¿La van a mejorar? Y si se refiere a los beneficios ordinarios, ¿cómo se va a regular y cuáles van a ser los incentivos? ¿Algo parecido a la reserva para inversiones en Canarias? Si es así, esto sí supondría un gran incentivo, pero habrá que concretar.

Y, por último, parece como si tuvieran que mencionarlo pero nadie se atreviera a meterse de lleno en el tema… “Reformaremos la tributación por módulos teniendo en cuenta las circunstancias de las empresas y la gestión tributaria”. Y, digo yo, si el objetivo es luchar contra el fraude y, además, se pretende colaborar con los contribuyentes para que puedan así cumplir mejor con sus obligaciones fiscales con menores costes indirectos, ¿por qué no derogar el sistema de módulos (histórica bolsa fraude de nuestra sociedad) y buscar un sistema más justo que, además, facilite a los “moduleros” su relación con la administración?. Probablemente, “no sea el momento”.

Prosigamos con el Impuesto sobre el Valor Añadido. En este caso, nos encontramos con dos medidas:

  1. El criterio de cobro en el devengo del impuesto para autónomos y pymes.
  2. Un IVA superreducido para la compraventa de viviendas habituales.

El criterio de cobro en el devengo del IVA es un tema recurrentemente “de moda”. El IVA está armonizado a nivel europeo y por tanto la normativa nacional ha de respetar la Directiva Comunitaria. En este caso, la posibilidad de establecer un criterio de caja para determinados sujetos está amparada en la Directiva europea del IVA, pero creo que parece más interesante plantearnos qué viabilidad práctica tiene la medida.

El problema del criterio de caja es el difícil control por la Administración. Si pensamos en el empresario que no cobra el servicio y que a pesar de ello tiene que adelantar un IVA la medida nos parece justa. Sin embargo, no podemos perder de vista el otro lado de la operación, el que difiere el pago. Para éste el servicio representa un gasto y como tal deducible. Es decir, que tenemos que el que paga con retraso se deduce un IVA que no ha pagado con carácter inmediato, saliendo perjudicada la Administración que por ello se lo exige al proveedor. Un criterio de caja retrasaría el ingreso a hacienda del proveedor, pero debería también retrasar la deducción de la cuota soportada para el moroso, para no resultar perjudicada la hacienda pública. Y esta es la madre del cordero. ¿Cómo controlar las cuotas deducidas por los empresarios si estarán en función del criterio de caja? Será un descontrol. Coexistirán además dos criterios, devengo para grandes empresas y caja para PYMES. ¿Y cómo hacer con las grandes cuando reciban servicios de otras grandes (con devengo) y PYMES (con caja)? ¿Cómo controlar la correcta deducción de cuotas?

Por otro lado, la aplicación de un IVA superreducido a la compraventa de viviendas habituales también ha de examinarse sin perder de vista la normativa comunitaria. Bien es cierto que ya está vigente a día de hoy (en una de las útlimas “medidas-parche”, hasta 31 de diciembre de este año), pero su aplicación en el tiempo ha de lidiar con la Directiva europea que establece un tipo reducido máximo del 5%, con unas salvedades que podrían no amparar a la vivienda habitual (no incluida en el Anexo III de la Directiva). Es decir, la viabilidad teórica de este tipo reducido es, al menos, dudosa. Además, la extensión de este tipo reducido al ITP para compraventa de viviendas usadas, encontrará el escollo en las Comunidades Autónomas al tratarse de un tributo cedido… si bien es cierto que puede que sea mejor un cuatro de algo que un ocho de nada…

Y, por último, para acabar con el análisis del programa tributario del PP, se propone una importante novedad al plantear transformar “en una tasa el gravamen por actos jurídicos documentados de manera que no supere el coste de los servicios verdaderamente prestados”. Exactamente, ahí está el tema. La tasa, por definición, va a suponer exclusivamente el coste de los servicios prestados; con independencia del volumen que supongan los mismos… ¿Es esto posible? ¿Cómo se va a realizar? Decididamente, sí puede ser una medida que suponga un verdadero ahorro tributario para determinadas transacciones económicas si bien, como de costumbre, habrá que esperar a ver cómo acaba de instaurarse la novedad.

En definitiva, en este caso, sí existe un abanico amplio de medidas. Algunas más acertadas y otras menos, algunas posibles y otras también menos, algunas más concretas y, siempre, las ambiguas.

Mañana, cambiamos de lado del “ring”. Toca Izquierda Unida.

Comparativa programas electorales (IV). Las propuestas fiscales del PP (primera parte)

Continuamos con nuestro análisis de los programas de los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales. Recuerdo, sólo en lo que respecta a medidas tributarias. Hoy toca el turno del Partido Popular, principal “aspirante al título” si seguimos empleando los términos pugilísticos que utilizábamos ayer.

En este caso, lo primero que llama la atención es que la campaña, el programa electoral o la intervención del presidente del partido en el debate del pasado día 7 han venido marcados por la continua referencia al empleo… o al desempleo. En una situación como la que atravesamos, el principal partido de la oposición centra toda su atención en la lucha contra el paro y en la creación de puestos de trabajo; entiendo que tanto con un claro objetivo de reactivación de una actividad económica en pleno proceso depresivo como con una clara intención política de castigar a su rival en su costado más débil.

Pues bien, entrando en materia, el programa electoral del PP (que puede ser consultado en este link) establece una estrategia de recuperación económica y creación de empleo que, en lo que a nosotros atañe, se concreta en determinadas medidas de carácter fiscal (páginas 42 a 44). Vamos a analizarlas en función de los tributos a los que afectan. Así, encontramos:

  1. Medidas en IRPF.
  2. Medidas en Impuesto sobre sociedades y actividad empresarial.
  3. Medidas que afectan al IVA.
  4. Una medida concreta respecto a tasas y AJD.
  5. Medidas referentes a procedimientos tributarios y actuaciones frente a la administración.

Comencemos por el último punto. Aquí se contienen algunas medidas de humo electoralista que encontramos en todos los programas y que nos hablan de “investigación en profundidad del fraude fiscal”, “colaboración con los contribuyentes”, “persecución de paraísos fiscales”… Pues bien, eso se lo suponemos. Qué menos que luchar contra el fraude fiscal o contra “delitos complejos contra la Hacienda Pública”. Además, hablan de agilizar la vía económica-administrativa, de modernizar los procedimientos tributarios. Esto último no lo entiendo pues la última regulación del procedimiento data de 2007, que no es muy antiguo. Quizás esto tenga que ver con la postura de los populares, más proclives a figuras como los rulings o foros con contribuyentes, pero aquí hay que tener cuidado con no transaccionar pues la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho y el crédito tributario es indisponible.

Sí nos detenemos en la promesa de permitir la impugnación directa de las consultas vinculantes. La LGT de 2003 dotó a la doctrina de la DGT de un rango cuasi legal, al establecer su obligatoriedad erga omnes para los órganos de la Administración Tributaria (lo mismo que la doctrina del TEAC). El caso es que chocaba que un órgano administrativo pudiera apartarse motivadamente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sin embargo no pudiera contrariar motivadamente una consulta de la DGT. ¿Qué pasa si la DGT se equivoca en un criterio?

En este sentido, prever un cauce para que los criterios de la DGT puedan discutirse, tanto por los ciudadanos como por el resto de la Administración Tributaria, es un avance. Sin embargo el recurso directo es una fórmula complicada pues abre muchos interrogantes como por ejemplo el órgano encargado de su revisión. Si lo fuera la vía económico-administrativa, quedaría en mal lugar el recurso extraordinario para la unificación de doctrina del artículo 243 LGT, pues pasaría a ser ordinario y empantanaría a sus Tribunales, a los que como antes vimos, los populares quieren agilizar.

Además, lo del recurso directo acabaría con el papel de la DGT que contribuye con sus criterios a dar seguridad jurídica a los contribuyentes.

Prosigamos con las propuestas sobre tributos concretos. En primer lugar, las medidas en IRPF. El Partido Popular propone favorecer el ahorro, la inversión y (cómo no) el empleo, todo ello a través de tres planteamientos:

  1. Fomentar el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción por el incremento anual del ahorro, incluyendo la adquisición de vivienda habitual.
  2. Mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.
  3. Elevar los mínimos familiares.

El fomento del ahorro, de partida, es una diferencia con la postura de su principal rival que, recordamos, tiene como principal objetivo la equidad fiscal (en base a “una mayor progresividad y un tratamiento más equilibrado en la relación entre las rentas del trabajo y del capital”). No obstante, no estamos aquí para valoraciones de tipo ideológico sino meramente técnicas y como tal una nueva deducción por el incremento anual del ahorro parece, cuanto menos, “compleja”. Porque, ¿cómo cuantificamos ese incremento anual?

Obviamente, la existente deducción por inversión en vivienda habitual es fácilmente comprobable en base a las cuotas pagadas de préstamos hipotecarios que, a efectos de control, suponen unos dígitos de cuenta bancaria concretos y no hay más que consultar un cuadro de amortización para comprobar el “ahorro”, por así llamarlo, consolidado. Si se quiere ampliar el ámbito de esta deducción, no hay más que volver a la situación anterior a 2010 en lo que respecta a límites de aplicación, para fomentar el ahorro a largo plazo (o más bien para beneficiarse de deducciones fiscales).

Pero, si se pretende generalizar la deducción a todo tipo de ahorro, ¿cómo se hace eso?; ¿qué mecanismos de control pueden existir para saber lo que es ahorro y no un cambio en la inversión o un mero crecimiento de una cartera de inversión?. Partimos de que la principal herramienta de control de la administración para tener información sobre los instrumentos de ahorro de los contribuyentes era un Impuesto sobre el Patrimonio (con claros objetivos censales, como se establece en su exposición de motivos). Pero este impuesto se bonificó estatalmente al 100% desde 1 de enero de 2008 y en consonancia, no se ha tenido que declarar. Luego a día de hoy, no existen datos patrimoniales declarados a la Administración. La reintroducción del Impuesto permitirá contar con datos patrimoniales, pero ¿y si los populares lo vuelven a suprimir? Por cierto, que el programa nada dice sobre este impuesto.

Pero, en todo caso, algo más habría que aclarar y concretar respecto a una medida de este tipo.

Comparativa programas electorales (II): Las propuestas fiscales (PSOE)

Superado ya el debate electoral que tuvo lugar el pasado día 7 entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, es una buena ocasión para repasar los programas electorales de los principales partidos en lo que a la materia tributaria se refiere.
El debate estuvo sin duda centrado en la situación económica. No en vano la primera parte del debate acaparó un mayor número de minutos que los dedicados a otros temas, como la educación, sanidad o pensiones, en los que también la coyuntura económica estuvo siempre presente.
Por la crisis que nos toca vivir, hablar de impuestos y de política fiscal es ineludible. Estando la política monetaria en manos del BCE, si se quiere impulsar la economía nacional los países sólo disponen de las herramientas de política fiscal. Por ello, y dado que lo que más preocupa a día de hoy a los ciudadanos es la situación económica y el desempleo, es razonable pensar que más allá de promesas de uno u otro corte ideológico, lo que debería primar en el programa electoral de cada partido es una completa descripción de las medidas con las que van a intentar salir de esta crítica situación que vivimos.
De entre estas medidas, unas laborales, otras regulatorias, otras estructurales, aquí dedicaremos el comentario a las que atañen al lado del ingreso presupuestario, a las medidas tributarias, que no son las más importantes, pero que desde luego influyen decisivamente en la política económica y que además luego financian las políticas sociales.

Hace tiempo que perdí la fe en la clase política, guiados más por el interés particular que por el interés general, por lo que en mis comentarios me abstendré de hacer valoraciones partidistas o sesgadas. Me limitaré a exponer las principales propuestas y les dedicaremos un comentario de corte técnico, más o menos acertado, pero seguro más objetivo que el que guiaría a los devotos de uno u otro partido.
Para no ser acusado de fomentar el bipartidismo, recogeremos las promesas electorales del PSOE, el PP, IU, UP y D, como principales partidos nacionales; y representando a los partidos nacionalistas, comentaremos también las promesas electorales de CIU, partido que tradicionalmente se ha caracterizado por el rigor técnico de sus enmiendas.

Comenzaremos el post de hoy con el programa del PSOE por ser, en términos pugilísticos, el campeón que defiende el título. Y continuaremos los días sucesivos con el resto de partidos, en riguroso orden de escalafón como aspirantes al título.

Un último inciso antes de entrar en materia. Todos, absolutamente todos los programas contienen propuestas que podríamos tildar de humo electoralista. Odas a la lucha contra el fraude o a la persecución de paraísos no serán comentadas, por su ambigüedad. Va de suyo que cualquier partido debería propugnar una eficaz lucha contra el fraude fiscal. Por ello, sólo se comentarán las propuestas concretas.
Toca pues, hoy, el programa electoral del PSOE que puede examinarse en este link, en sus páginas 14 y siguientes.
El partido socialista propone cinco grandes bloques generalistas de propuestas, a saber:
1. Mejorar la equidad del sistema fiscal mediante una mayor progresividad y un tratamiento más equilibrado en la relación entre las rentas del trabajo y del capital.
2. Lograr la estabilidad presupuestaria.
3. Preservar el Estado del Bienestar.
4. Invertir en las personas y la nueva economía.
5. Mayor concienciación y compromiso de la sociedad con la lucha contra el fraude fiscal.

Veamos en qué propuestas se concretan las anteriores proclamas.
Comenzaremos por lo fácil, dejando el primer epígrafe como el último punto a analizar. Si continuamos leyendo el programa electoral, los puntos 2, 3 y 4 no se concretan en ninguna medida impositiva precisa. Estas proclamas, por su ambigüedad, no serán por tanto objeto de comentario.
Prosigamos con el punto 5. Dice el programa unas páginas más adelante:
“Para combatir con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal y para prevenir y reprimir el blanqueo de capitales, proponemos la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado…”
Y yo me pregunto. ¿Acaso no es eso lo que hace la actual Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)?
Ciertamente, es la ONIF quien, entre otros muchos órganos, combate eficazmente el fraude fiscal. Es la ONIF quien tutela las actuaciones de investigación contra las prácticas fraudulentas más graves; quien actúa en colaboración con la policía judicial, con la guardia civil; quien está en permanente contacto con la fiscalía anticorrupción; quien arremete contra el fraude fiscal organizado, contra el blanqueo de dinero, contra las tramas de IVA, contra las ocultaciones en paraísos fiscales. Es quien canaliza los requerimientos de información al extranjero. En definitiva, quien comanda la lucha contra el fraude fiscal cualificado. Una ONIF, además, integrada por excelentes profesionales a los que por cierto, se les ha invitado recientemente a abandonar dicho órgano y a realizar funciones de inspección financiera y tributaria en las dependencias regionales de inspección o en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Sí. Sorprendente pero cierto. En la política de austeridad que atraviesan las administraciones públicas, los recortes se dirigen a los servicios centrales de la AEAT en los que se incluye la ONIF, así como otros órganos cualificados de lucha contra el fraude como la Subdirección de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, o la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública. Sí, a estos órganos centrales se les invita ahora a adelgazar sus recursos humanos para realizar funciones de cartera. Lo cual no significa que la inspección de cartera no combata eficazmente el fraude fiscal, no se malentienda. Por supuesto que hay excelentes profesionales en la AEAT en la Delegación Central y en las Dependencias Regionales. Lo que sucede es que la inspección financiera, la cartera, tiene muchos objetivos, muchos programas de inspección y las exigencias recaudatorias requieren a veces muchos expedientes de inspección no tan sofisticados, dejando poco tiempo para el ataque contra los grandes defraudadores, contra el fraude complejo.

Ese fue precisamente el motor de la creación de la ONIF. El que hubiera un órgano desprovisto de otros menesteres y focalizado exclusivamente en la investigación,  en el estudio, en la persecución. Una especie de cuerpo especial, ni más ni menos listos que la cartera, sino con más tiempo para combatir el fraude sofisticado, el opaco, lo oculto, el delictivo. Desprovistos de los dichosos “programas de objetivos” pueden dedicar su valioso tiempo contra un fraude mucho más cualificado.
Por ello, no comprendo cómo se compagina el adelgazamiento que a día de hoy se sugiere en esta ONIF, con la prometida creación de esta novedosa Oficina de Lucha Contra el Fraude de carácter especializado que propone el partido socialista.

Y pasemos ahora al primero de los puntos, al de la búsqueda de la equidad.
Ciertamente el PSOE ha adoptado ya en estos años, como declara en su programa, algunas medidas tendentes a incrementar la progresividad del sistema fiscal. Véase los ejemplos que cita el partido en la página 16 de su programa.
Y en esa línea, dice el PSOE:
“Para mejorar la progresividad del sistema fiscal en España, nuestras propuestas son las siguientes:
1.- Modificar el Impuesto de Sociedades para redistribuir los beneficios de las deducciones del impuesto, desde las empresas grandes a las empresas pequeñas y medianas, de tal forma que ambas paguen tipos efectivos similares y más cercanos al tipo nominal.
2.- Crear un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras.
3.- Crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, que sustituirá al renovado Impuesto de Patrimonio cuando expire en 2012, que permitirá alcanzar los objetivos de progresividad e incluirá una nueva fiscalidad de las SICAV.
4.- Incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, salvo el vino, la cerveza y otras bebidas de baja graduación.
5.- Introducción de impuestos medioambientales”.

Respecto a estas propuestas podemos comentar lo siguiente.
Tanto los impuestos medioambientales como la subida de impuestos especiales al alcohol y tabaco más que medidas progresivas, podrían tildarse de medidas desincentivadoras de comportamientos que generan externalidades negativas. No creo que vayan a tener un importante efecto recaudatorio pues a los niveles de renta disponible que tienen los ciudadanos en la actualidad, la elasticidad precio de estos productos empieza a ser bastante elástica, es decir, a pequeñas variaciones de precio, grandes variaciones de cantidad demandada, por lo que lo ganado por el lado del tipo de gravamen, se puede perder por el lado de la cantidad consumida.
La creación de un impuesto sobre instituciones financieras hay que verlo para creerlo. Y si se crea, hay que ver su impacto real, o simplemente testimonial. Pero en cualquier caso, responde a la ideología del partido y puede calificarse de coherente. Eso sí, hay que medir bien sus efectos nocivos en el mercado de crédito.
Respecto al impuesto a las grandes fortunas sucederá al impuesto sobre el Patrimonio. Es sin duda una gran apuesta y es una medida ciertamente progresiva. Esperemos que su regulación no contenga los errores del actual Impuesto sobre el Patrimonio, sus ineficiencias y que grave realmente lo que está llamado a gravar, esto es, las grandes fortunas.
Aprovecha también el partido socialista para adentrarse en este epígrafe en el tópico de las SICAV que poca relación tiene con un impuesto sobre el patrimonio. Si acaso se quisiera hacer algo, hablaríamos de IRPF. Pero tampoco auguro un éxito recaudatorio a esta medida. Toda vez que en la UE existe la libre circulación de capitales, cualquier medida restrictiva en las SICAV españolas provocará la huida de capitales a SICAV de otros países. O sin ir tan lejos, a fondos de inversión españoles que para el caso tributan igual y que no creo que sean mucho más difíciles de adulterar como lo han sido las SICAV.

Y por último, abordemos la modificación del Impuesto sobre Sociedades. La canción de los tipos efectivos y nominales ya ha pasado de moda. Ciertamente hubo un tiempo no muy lejano en que las grandes empresas tenían tipos efectivos muy inferiores a los nominales. Ello se debió básicamente a tres grandes ajustes fiscales: el fondo de comercio financiero; la deducción por actividades de exportación; y los gastos financieros. A día de hoy el primero ha sido declarado por la UE como ayuda de Estado ilegal; el segundo derogado de la norma y corregidos por la Inspección algunos abusos que se dieron en esta deducción; como también fueron corregidas las prácticas abusivas en materia de gastos financieros.
Por ello, pocos ajustes quedan hoy en el impuesto que puedan atribuirse sólo a las grandes empresas. La desaparición progresiva de las deducciones que comenzó con la Ley 35/2006 ya ha sido culminada por lo que no encuentro mucha diferencia entre los tipos efectivos de las grandes empresas y de las pequeñas, al menos en lo que a deducciones se refiere.
Naturalmente que hay que reformar el Impuesto. Ha quedado desfasado en muchos aspectos. La reforma contable ha provocado algún que otro desajuste. Y naturalmente que hay que incentivar a las PYMES. Pero no redistribuyendo deducciones, pues pocas quedan ya, sino previendo otras nuevas para ellas.
Y ninguna propuesta más hay en lo que a impuestos se refiere. Nada se dice del IVA, el gran ausente en este programa. Ni del IRPF. Ni de tipos en el Impuesto sobre Sociedades.
Nada más. Mañana le toca el turno al PP.

Revisión de valores catastrales y crisis inmobiliaria

Estos días los madrileños estamos recibiendo la notificación del nuevo valor catastral de nuestras viviendas y la apreciación general es que se ha producido un incremento más que considerable. La verdad es que resulta difícil encontrar datos fiables, necesarios para un estudio económico de la incidencia de la actual revisión catastral sobre la presión fiscal (a lo mejor nuestros amigos de nada es gratis nos pueden ayudar), pero ello no impide algunas consideraciones generales.

 

Según el diario El País  la revisión supone un incremento general de los valores del 74 % y, como el nuevo valor se va aplicando gradualmente a lo largo de diez años, lo que se va a producir es un incremento todos los años en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 5,7 %, lo que, ya de entrada, no está nada mal.

 

Pero es que además el incremento de los valores catastrales tienen otras importantes repercusiones.

 

Por una parte, no deja de llamar la atención la celeridad con la que se procede a realizar la revisión decenal, celeridad que algún mal pensado puede atribuir, más que a un estricto cumplimiento del mandato legal, a la oportunidad de recoger unos valores que todavía siguen inflados por una burbuja inmobiliaria que aún no ha explotado del todo y que quedan así blindados por diez años frente a posibles y previsibles mayores bajadas.

 

Por otra, creo que es importante advertir de las consecuencias que el incremento de los valores catastrales puede tener en otros impuestos como el recién resucitado Impuesto sobre el Patrimonio y, sobre todos, en el Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (vulgarmente conocida como plusvalía municipal).

 

Mi experiencia personal, y la de todas las personas con las que he comentado el tema, es que el incremento del valor de los inmuebles ha recaído muy principalmente en el valor del suelo, que ha aumentado entre un cien y un doscientos por ciento en muchos casos, mientras que la variación del valor de construcción es mucho menor. Ese dato es irrelevante en lo que al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se refiere ya que la base imponible de este impuesto es el valor total de la finca, con independencia de su distribución, pero tiene enorme importancia en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana que se calcula, precisamente, en función del valor catastral del suelo.

 

Es cierto que la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) prevé en su artículo 107.3 que durante los cinco años siguientes a la revisión catastral se aplicará una reducción entre el 40 % y el 60 % para la determinación de la base imponible del impuesto (la determinación del porcentaje corresponde al cada ayuntamiento e ignoro cuál será el que se fije en esta ocasión pero me temo lo peor). En cualquier caso, tal reducción es claramente insuficiente frente al espectacular incremento de los valores del suelo, que muchas veces triplican los actuales, lo que va a hacer que en muchos casos la plus valía municipal, a partir del próximo uno de enero, se incremente fácilmente en más de un 25 %.

 

De esta forma, se produce un incremento de fiscalidad que puede pasar desapercibido para la mayoría de la población pero no para los que tengan que pagar el impuesto a partir del próximo año. Todo ello en un proceso histórico reiterado que hace que impuestos que nacieron con un carácter muy secundario adquieran cada vez más protagonismo debido, entre otras cosas, a unos tipos impositivos que inicialmente se fijaron muy altos con la justificación de que se aplicaban a unos valores muy inferiores a los reales pero que se mantienes cuando los valores se suben hasta aproximarse, o en ocasiones superar, a los de mercado.

 

Además, el protagonismo de este impuesto, en la situación en que vivimos, se acrecienta por el hecho de ser el sujeto pasivo el vendedor. Y es que en tiempos de bonanza para el vendedor ese impuesto no dejaba de ser una minoración de las plusvalías que siempre se obtenían con las ventas de forma que lo único que tenía que hacer era destinar, de mejor o pero grado, parte del dinero percibido a pagar el impuesto. Pero hoy en día, en muchísimos casos, tales ganancias no existen puesto que se vende la finca por debajo del precio de compra. En muchos caso, y esta es la aspiración actual de muchos españoles, las ventas se hacen por el importe pendiente de la hipoteca sin que el vendedor perciba un solo euro. En tales supuestos, la plusvalía municipal no hace sino incrementar el desastre económico del vendedor e, incluso, puede hacer inviable la operación al devengarse una deuda fiscal que el vendedor no está en condiciones de afrontar.

 

Y lo mismo ocurre con las daciones en pago ya que no es infrecuente que una vez que el banco, ¡por fin!, accede a quedarse con la finca, liberando al deudor de toda responsabilidad, la operación se vea truncada por una elevadísima plusvalía municipal que el sujeto pasivo, el deudor, no puede de ninguna manera asumir; de tal forma que la ansiada dación liberatoria, tan alabada por políticos de todos los signos, puede resultar inviable por la voracidad fiscal de la propia Administración.

 

En definitiva, la inevitable subida de la plusvalía municipal que la revisión catastral va a producir supone un incremento de la fiscalidad que se realiza de tapadillo y que va a proporcionar una exigua contribución a las exhaustas arcas municipales pero, a cambio, lo que se va a conseguir es deteriorar aún más el mercado inmobiliario y, sobre todo, dificultar, e incluso imposibilitar, la solución de las situaciones más angustiosas.

Artículo de Jorge Salto acerca del impuesto sobre el patrimonio, en El Confidencial

Continuamos con la colaboración con el diario digital El Confidencial. En esta ocasión, Jorge Salto reflexiona sobre el Impuesto sobre el Patrimonio. Transcribimos a continuación el artículo, y si quiere leerlo en su formato original, puede hacerlo aquí.

Los editores.

 

Impuesto sobre el patrimonio: cambio en las reglas a mitad de partido

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la revitalización de esta figura impositiva para los años 2011 y 2012, desatando un aluvión de críticas sobre las que me gustaría hacer alguna reflexión. Particularmente no comparto ninguna de las tópicas críticas que se vienen haciendo de esta reaparición y me explico.

La aparición de una figura impositiva debe valorarse en clave técnica y no propagandística o populista. Lo importante es si el hecho imponible está bien delimitado, en si realmente grava aquello que quiere gravar, en si resulta confiscatorio, en si logra ser equitativo, progresivo, en si permite su norma una cierta seguridad jurídica, etc. Las valoraciones populistas se las encomiendo a las urnas, que son las que juzgan las políticas fiscales de los partidos políticos. Son las urnas las que juzgarán a un impuesto patrimonial con una exención por vivienda habitual de 300.000 euros, con un mínimo exento de 700.000 euros y con una obligación de declaración para los que tengan un patrimonio superior a 2 millones de euros.

Por ello, no comparto el argumento que basa la crítica en su leve efecto en el déficit público. Hay quienes para criticar la medida argumentan que su efecto recaudatorio se verá reducido a unos pocos cientos de millones de euros, “peanuts” dicen. Y francamente, no me parece un buen argumento, pues aparte de que todo suma, el que recaude mucho o poco no debe interferir en la valoración de la reforma.

Tampoco comparto la crítica que realizan desde sectores conservadores a lo electoralista de la reforma. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas y éstas tienen competencias normativas sobre el mínimo exento, la tarifa de gravamen y las deducciones y bonificaciones en cuota. Pues bien, no vi a ninguna Comunidad, gobernara quien gobernara, en los años en que el Impuesto estuvo vivo, renunciar a su recaudación. Al contrario, cuando en el año 2008 se acordó por el gobierno central su supresión, se arbitró una compensación fiscal para las Comunidades Autónomas por la pérdida de recaudación. Por ello, no veo que ningún partido esté moralmente legitimado para criticar la actual reaparición del tributo, cuando nada hicieron por suprimirlo en su esfera de actuación. Y de nuevo, fácil lo tienen si quieren suprimirlo, pues sólo tienen que adoptar las medidas legislativas correspondientes en su territorio.

Ahora bien, el que no comparta estas críticas no significa que esté de acuerdo con la reforma, tal y como se ha articulado. No me refiero sólo al gusto que le ha cogido el gobierno al empleo del Real Decreto-ley, sino al haber declarado vigente el impuesto en el año 2011.

Y es aquí donde como técnico he de centrar todas mis críticas. De nuevo, al igual que ya hicieran en el mes de agosto, el gobierno ha adoptado una reforma que, ignorando toda seguridad jurídica, declara la vigencia en este período, afectando así a un sinfín de decisiones económicas consumadas de los agentes económicos (aquí sujetos pasivos del impuesto) que han tomado sus decisiones en estos primeros nueve meses de 2011 con otras reglas de juego.

Por ejemplo, a la hora de la planificación fiscal era trascendental el límite conjunto de cuotas íntegras del Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF. Prevé la norma que la suma de dichas cuotas íntegras no podrá exceder del 60% de las sumas de las bases imponibles del IRPF. Se pretende así evitar la confiscatoriedad, con un límite: la reducción no puede ser superior al 80% de la cuota de IP.

Ahora bien, en el cálculo de este límite de tributación regían reglas particulares:

– De las bases imponibles de IRPF se descontarán las ganancias patrimoniales de elementos con un período de tenencia superior al año; eso sí, se descontarán de las cuotas íntegras del IRPF las que correspondan a dichas ganancias.

– Y a las bases se añadirán los dividendos de las antiguas sociedades patrimoniales, no sujetos en el IRPF.

– Y se descontarán también de las cuotas íntegras de IP las que correspondan a elementos no susceptibles de producir rendimientos en IRPF.

Pues bien, es posible que muchos sujetos pasivos hayan transmitido durante estos primeros nueve meses y medio de 2011 activos patrimoniales que adquirieron hace menos de un año y que de haber sabido el restablecimiento del IP habrían esperado hasta cumplir dicho plazo. Pues cumplido el año su ganancia se restará de las bases imponibles del IRPF y a menores bases menores cuotas en Patrimonio.

Es decir, pensemos en dos contribuyentes cuyo patrimonio asciende a 10 millones de euros, todo invertido en bolsa. Ambos compraron sus acciones el 15 de septiembre de 2010. Ninguno trabaja ni obtiene rentas. Supongamos que ambos venden su inversión por 10.695.996,06 euros, uno el 14 de septiembre de 2011 y el otro una semana más tarde. El primero, al obtener una ganancia de 695.996,06 euros proveniente de un elemento de tenencia inferior al año, queda impedido de la aplicación del límite, debiendo tributar por un patrimonio de 10.695.996,06 euros que arroja una cuota íntegra de 183.670,29 euros. El segundo, viendo la aprobación del Real Decreto-ley decide esperar a que su inversión cumpla el año para aplicar el mencionado límite:

– Suma de cuotas íntegras: 329.709,46 (183.670,29 + 695.996,06 x 19/21%).

– 60% de la Suma de bases imponibles: 0.

– Límite inferior: 20% de 183.670,29 es decir: 36.734,06.

En definitiva, la reforma afecta a situaciones pasadas haciéndolas tributar de manera más perniciosa (183.670,29 euros) pues de haber sabido el nuevo marco legal bastaría haber agotado el año de tenencia para pasar a tributar 36.734,06 euros.

Este sencillo ejemplo muestra cómo la reforma, en todo un exponente de inseguridad jurídica, atenta contra situaciones pasadas que no han podido conocer la reforma y que de haberla conocido habrían planificado sus actuaciones de manera más racional.

Y a la inversa, ha habido sujetos que han recibido los primeros meses de 2011 dividendos exentos de las antiguas sociedades patrimoniales y que de haber sabido que la reforma podía afectarles negativamente habrían alterado su decisión económica.

Y lo mismo podría decirse de alguna de las exenciones del patrimonio empresarial, que se condicionan a percibir rentas por funciones directivas que constituyan la principal fuente de renta. La desaparición del tributo hizo variar la estructura de los patrimonios empresariales e hizo desaparecer también las retribuciones por funciones directivas, máxime con la supresión en algunas comunidades autónomas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora, a tan sólo tres meses de que finalice un año en que el impuesto ha vuelto a cobrar carta de naturaleza, hay que reajustarlo todo con el consiguiente coste fiscal.

En definitiva, es lícito que el gobierno decida la implantación del Impuesto sobre el Patrimonio. Las urnas le juzgarán. Pero lo que es criticable es que se declare la vigencia de la reforma para 2011 pues afecta de forma retroactiva a decisiones ya consumadas que no han podido prever este nuevo marco legal.

Por lo demás, al resucitar el Impuesto, todas las críticas técnicas que se realizaban durante la vida del impuesto antes de su desaparición reviven de nuevo. Las reglas de valoración del patrimonio y de los límites de cuotas conjuntas con el IRPF provocarán de nuevo multitud de desajustes en una norma que debería gravar el patrimonio del sujeto pasivo en condiciones de igualdad.

Veremos qué dicen las urnas y qué hacen las Comunidades Autónomas de esta figura tributaria.