HD Joven: ¿Hay Derecho a felicitar la Navidad?

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Como todo en esta vida, aunque cueste creerlo, habrá gente a la que estas fechas no le agraden demasiado. También habrá quienes las disfruten como la mejor época del año. En cualquier caso, es un periodo que, nos guste o no, siempre acaba llegando. Y a nosotros, por qué no decirlo, nos gusta.

Porque es época de volver al hogar, del turrón, de los dulces, de los regalos, de la nieve (aunque este año parece que en menor medida), etc. Es un período de reflexión, de descanso y de confección de nuevos propósitos de cara al próximo año. Siempre solemos mirar atrás y reflexionar sobre si ha sido el pasado un buen o mal año, pero la conclusión termina siempre siendo la misma: que seguro que el próximo será mejor que el anterior. Precisamente esa borrosa sensación, mezcla un poco de esperanza y de ambición, es la que mantiene vivo este blog y, en muchos sentidos, a nosotros mismos. Es la persecución del ideal de un país mejor el que nos empuja a seguir luchando y buscando fórmulas de alcanzar ese objetivo, sin importarnos lo difícil que ello sea, o el mucho trabajo que se precisa dedicarle.

Éste, en concreto, ha sido un año duro, largo, difícil y con altibajos. Desgraciadamente, hemos presenciado las atrocidades de las que tristemente es capaz el ser humano, a través del terrorismo. También hemos vivido las elecciones menos bipartidistas de la historia de nuestro país; parece que “el cambio” dejará de ser una utopía para convertirse en una realidad (o al menos eso parece). Esperemos que ocurra en el mejor de los sentidos y que, si es posible, podamos ayudar a ello.

No ha sido, en cambio, el año en el que supuestamente deberían existir los coches voladores y los monopatines flotantes, como nos habían dicho que ocurriría. Los únicos –grandes- avances en la tecnología son, de momento, los que nos ha dado la séptima entrega de la película Star Wars.

Sea como fuere, a lo largo de este año, nos habrá pasado de todo, cosas de las que sentirnos orgullosos y que nos habrán emocionado, así como situaciones que nos habrán hecho llorar y sentirnos desgraciados. No obstante, pase lo que pase, seamos creyentes o no, estas fechas son para sacar lo mejor de nosotros mismos, para olvidarnos de las presiones del día a día, de si estamos con el agua al cuello, de si ojalá tuviera esto o lo otro. Son fechas para estar con los nuestros, para sonreír y para querernos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias. Efectivamente, del sentimiento navideño podríamos aprender muchas cosas que tal vez sirvieran para lograr una mejor gestión de nuestras vidas y aun del país.

HD Joven lleva casi un añito tratando de entretener a sus lectores cada viernes. No ha sido fácil, pero sí muy enriquecedor. Por ello, desde aquí queremos, aprovechando la ternura de estas fechas, agradecer a los editores de ¿Hay Derecho? la oportunidad que nos brindaron ofreciéndonos este proyecto. Como ellos ya saben, nos enorgullece formar parte de él y nos sentimos tremendamente afortunados de tener la oportunidad de aprender de todos ellos tan de cerca, pues son un ejemplo a seguir para todos los que, como decíamos al principio de este artículo, no confunden la ingenuidad con el idealismo, y luchan con valentía por un futuro mejor.

Como no podía ser de otra forma, también queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos leen y nos apoyan cada día. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a seguir escribiendo y buscando más jóvenes, que los hay (y muchos), comprometidos con los principios que propugna este blog.

Nuestro regalo para todos aquéllos que lean este mensaje navideño es el de transmitiros que nuestras ganas y nuestra ilusión por formar parte de vuestras vidas no ha hecho más que crecer. Esperamos poder seguir felicitándoos la Navidad muchos años más.

En fin, que ¿Hay Derecho? y HD Joven os desean una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Deseamos que la felicidad y la ilusión llamen a vuestra puerta en estos días, pues es el mejor regalo de todos.

¡Nuestro blog está de cumpleaños!

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15440273-cumplea-os-white-perfil-pastel-sobre-fondo-graident-con-cinco-velas-de-colores-encendidos-y-quot-felHoy, 20D y sin duda una fecha histórica para España, queremos recordar simplemente que nuestro blog acaba de cumplir un lustro. Efectivamente, ya hace 5 años que un grupo de juristas nos animamos a dar el paso a Internet, siguiendo el ejemplo de nuestro blog hermano Nada es Gratis. No sabíamos que la experiencia iba a ser tan positiva, que el blog iba a tener tan buena acogida y que acabaríamos escribiendo un libro colectivo con el mismo nombre ¿Hay Derecho? y a montar una Fundación también por supuesto con la misma denominación ¿Hay Derecho? que va a cumplir también su primer año. Llevamos nada menos que 2.050 posts publicados, de los cuales unos cuantos han sido citados no sólo en prensa sino también en libros y artículos académicos. Otros ocasionaron no poco revuelo en su momento, al tratar sobre temas que no salían entonces en otros medios: participaciones preferentes, indultos, revolving door, aforamientos… Y también ¿por qué no decirlo? no pocos han acabado sirviendo de material para la elaboración de algunos programas electorales. No se puede pedir más.

Y sinceramente, aunque todavía seguimos haciéndonos la pregunta, ahora empezamos a notar que la sociedad española quiere contestarla.  Y que quiere contestarla como saben hacerlo los ciudadanos responsables de las democracias avanzadas: tiene que haberlo. Porque la defensa del Estado de Derecho es, sobre todo, cosa de los ciudadanos. Como sigue diciendo el ideario de nuestro blog la fuerza de las leyes está en nosotros, en nuestra voluntad de que se cumplan y de que todo el mundo quede sometido a su imperio. Esperemos que el resultado de las elecciones de hoy lleve a dar pasos en esa dirección.

Por supuesto, este proyecto no hubiera sido posible sin todos los colaboradores que han escrito durante 5 años en nuestro blog de forma desinteresada para que sus conciudadanos pudieran tener una opinión sobre asuntos que a veces son de una cierta complejidad técnica. No nos es posible enumerarlos a todos, porque a lo largo de estos años han sido más de 150, pero sí queremos desde aquí hacer constar nuestro agradecimiento y dejar nuestro homenaje a los que ya no están con nosotros, Jose Enrique Gomá, padre de nuestros coeditores Nacho y Fernando recientemente fallecido, Mariano Martín Peña y Federico Cárdenas.  Ellos también forman parte ya para siempre de nuestra comunidad HD.

También desde aquí queremos agradecer su fidelidad a nuestros numerosos lectores y a nuestro grupo de incondicionales cuyos comentarios y aportaciones enriquecen tanto el debate que no es infrecuente que su lectura llegue a ser más interesante que la del propio post que los ocasiona.  Comentaristas como Manu Oquendo, hombre del Renacimiento por sus vastos conocimientos, son muy apreciados en este foro y nuestros autores están especialmente contentos cuando su post merece un comentario suyo. Y es excepcional que el moderador tenga que ejercitar nuestro derecho de mandar a la papelera un comentario ofensivo. En este sentido, estamos muy orgullosos del nivel formal y de fondo de nuestros debates, ojalá que cunda el ejemplo.

Y por último, gracias a nuestro equipo juvenil, Hay Derecho joven, que todos los viernes nos sorprende con la variedad de sus posts, su capacidad de reclutar a colaboradores de todos los puntos del planeta, su rigor y su visión del mundo del Derecho y del mundo en general.  Con gente como ellos podemos estar tranquilos de que el futuro de nuestro Estado de Derecho será mejor que el presente.

A partir de este cumpleaños ¿Hay Derecho? se propone crecer para acompañar a la sociedad española en ese camino que hoy empieza hacia una democracia de mayor calidad y un Estado de Derecho más sólido. Si dentro de unos pocos años podemos dejar de poner entre interrogantes el nombre de nuestro blog, habremos cumplido con creces el objetivo que nos fijamos allá por diciembre de 2010.

HD Joven: Bienvenido, Mister Joven

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Con seguridad, la mayoría de la población española no es consciente del punto de no retorno en el que se encuentra nuestra democracia. El día de pasado mañana será probablemente uno de los más recordados de nuestra historia reciente, acaso desde 1978. Por fin, tras la Transición, tras la instauración definitiva e inamovible de la democracia, el futuro nos depara un poco de tensión. Algunos creerán que nos ha costado prácticamente lo mismo superar el franquismo que superar el bipartidismo: casi 40 años. Pero ¿podemos ya cantar victoria? ¿Ha llegado el momento de que los españoles castiguen de una vez por todas una democracia de baja calidad? Es difícil de decir, pues tan grande es la capacidad del español de ceder ante sus pasiones, como la de ceder ante el olvido y el conformismo.

En nuestra opinión, independientemente del resultado electoral final, la implantación de una verdadera democracia en España está íntimamente relacionada con la llegada de nuevos partidos que recuperen el contacto directo con la población y que permitan la regeneración de las instituciones, lo que, quizás, implícitamente, suponga la ruptura del bipartidismo, que puede acontecer de varias formas. Como editores de la sección Joven del Blog, quisimos analizar de forma conjunta la influencia que tendrán estas elecciones para los jóvenes, que, por una vez, pueden ser el verdadero motor del cambio que todo español, sin excepción, desea; e, insistimos, aunque su voto permanezca fiel a sus costumbres.

Si aún sea cuestionable si serán éstas las elecciones en las que el bipartidismo ponga punto y final a su bonito romance, lo que es seguro es que el PP y PSOE ya no convencen a los jóvenes. Lo dicen las encuestas: considerando jóvenes a los menores de 35 años, según el último CIS, el porcentaje que votaría a favor del bipartidismo en las próximas elecciones sería de, aproximadamente, un 25% (aquí), casi la mitad del porcentaje de los mayores de 65 años (aquí). En efecto, la afirmación de que el bipartidismo se resquebraja ante el colectivo joven es un hecho consolidado en las encuestas y que se confirmará, con toda probabilidad, este domingo. Y, aunque no fuera así, un día no muy lejano los jóvenes se harán adultos y conformarán la mayoría de la población con derecho a voto, por lo que de lo que no cabe duda es de que estas elecciones son el principio del fin del primer bipartidismo de nuestra democracia, y puede que del último.

En efecto, y sin ánimo de regodearnos en nuestra sobrevenida importancia, pensamos que los jóvenes tenemos hoy un poder –y una correlativa responsabilidad- fundamental. Por una vez, la avaricia del hombre no es en vano y, encima, se usa para el bien común: no conformarse con una ilusión de democracia y, en cambio, pedir más: una de verdad. Ni que decir tiene que los jóvenes fueron uno de los principales canalizadores de las demandas de cambio que se produjeron durante los últimos años del franquismo y durante la Transición en España. Igualmente, en los últimos años, ha calado en la sociedad la sensación de que los jóvenes están hastiados de la política y de los partidos políticos. Un hecho que apoya esta teoría es que, de acuerdo con las encuestas post-electorales del CIS, que han sido recopiladas en el libro “Aragón es nuestro Ohio”, la abstención de los jóvenes siempre ha sido superior en tres puntos de media a la del resto de la población, llegando al 24,6% en las elecciones de 2000 y al 22,3% en las elecciones de 2011, frente al 15,9% del resto de la población. Y que conste: no estamos de acuerdo con la opinión de cierto sector de la sociedad de que los jóvenes no se interesan por la política, o de que no valoran la democracia porque no saben lo que es vivir fuera de ella. Quizás hasta ahora la política no haya sido de la calidad, de la ejemplaridad o de la plenitud que debiera.  

¿Y por qué el bipartidismo está perdiendo apoyo entre los jóvenes? Seguramente dos datos pueden ayudar a explicarlo: en primer lugar, que el 49% de los menores de 25 años se encuentran sin trabajo en nuestro país, según datos del Eurostat de junio (aquí) –segunda mayor tasa de paro juvenil después de Grecia-, y, en segundo lugar, el hecho de que más de 2 millones de españoles hayan emigrado a otros países desde el estallido de la crisis (aquí), de los cuales el mayor colectivo es el de menos de 35 años. En resumen, la crisis económica, en la que han coincidido gobernando tanto el PP como el PSOE, ha golpeado con intensidad al colectivo joven, condenándolos, en muchas ocasiones, a tener que abandonar su país. Si a esto le unimos los episodios de corrupción que han protagonizado ambos partidos y/o la escasa imagen de modernidad que han proyectado en los últimos años, el cóctel es letal para el PP y PSOE. Igual que en la famosa película de Berlanga, “Bienvenido, Mister Marshall”, donde los habitantes de Villar del Río esperaban ansiosos la llegada de los americanos, que les salvaría de las penurias de la posguerra, los jóvenes llevan largo tiempo esperando un cambio en la forma de hacer política y en la manera de liderar un proyecto común hacia una España más madura. Ojalá que esta vez la espera no sea en vano.

Y es en este preciso momento cuando surgen a nivel nacional dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que han sabido canalizar como nadie el descontento e indignación de ciertos sectores de la sociedad, especialmente el del sector joven. Los principales motivos del éxito de estos dos partidos entre aquél son, entre otros, la imagen de cambio que se percibe de ambos partidos, así como la impresión que proyectan de que son partidos modernos, nuevos, sin casos de corrupción, y liderados por jóvenes con gran poder de persuasión, presencia e influencia en las redes sociales. 

Con todo, es preciso aclarar que los partidos emergentes no lo tienen todo ganado. Aún tienen mucho que demostrar y nada, sino gobernar, puede probar su valía. Quizás por ello serán muchos los que aún se decanten por seguir confiando en la fuerza del bipartidismo, ya sea por cuestiones de tradición, sociales o simplemente desidia, o por otras razones, si nos lo permiten, más respetables, como pueden ser la carencia, por parte de los partidos emergentes, de la experiencia y estructura política necesarias para gobernar, o la presencia internacional de los partidos tradicionales, la seguridad económica o la defensa nacional.

Esta última, a propósito, pudiera haber pasado desapercibida si este artículo hubiera sido redactado mes y medio atrás y, sin embargo, ahora influirá de forma decisiva en los comicios de este fin de semana. Los atentados de París del 13-N supusieron un antes y un después en muchos aspectos, y sin duda uno de ellos es la exigencia de una política de defensa a la altura de la del gobierno francés, aun a riesgo de aspirar al cielo. Aquí, por ejemplo, el rechazo a lo desconocido (a los partidos emergentes) se acentúa de forma poderosa cuando una potencial crisis terrorista se atisba en el horizonte. Claro está, no dejan de ser suposiciones, pero ¿quién asegura que Podemos o Ciudadanos carezcan de la capacidad suficiente para hacer frente a una crisis de estas características? La política exterior del PP y del PSOE, especialmente en los últimos años, no ha sido del agrado de todo el mundo (sólo hay que recordar los episodios de la Guerra de Irak o de la Alianza de Civilizaciones), y la tan aclamada experiencia política no ha servido para paliar el descontento.

Resulta entrañable, para cualquier aficionado a la política, ver la serie “Borgen”, cuyo trama principal son las vivencias de una mujer que accede al gobierno danés y las de un parlamento en que al menos diez partidos políticos tienen representación en éste. Sea cual sea el partido que finalmente gobierne, los jóvenes pensamos que el pluralismo político sólo puede ser positivo. Lo concebimos como un incentivo para mejorar y cuestionar la estabilidad política y la seguridad, generada básicamente por el bipartidismo, que ayudó en la instauración de la democracia, pero que ya no nos sirve hoy en día. Nos sentimos cómodos en la inseguridad, en la diversidad y en el cambio. Y también nos sentimos cómodos en la que va a ser la consecuencia más destacable de este pluralismo: un parlamento fragmentado en el que la cultura del pacto, que rara vez ha tenido cabida en España, va a ser el pan nuestro de cada día. Resta decir que el pacto es el vehículo de la política de Dinamarca y que a ellos les va muy bien. En caso contrario, si nuestros partidos políticos, especialmente los viejos, no se adaptan al nuevo statu quo, nos veremos abocados a un parlamento ingobernable al más puro estilo griego, lo cual puede sumarse a los motivos señalados en favor del bipartidismo.

¿Tendremos el valor de superar el pasado, la comodidad y el estancamiento para emular a otros que han triunfado mirando –y creando- el futuro? ¿Sabrán los partidos adaptarse a esta nueva situación? Sea así, querido joven. Acaben las mayorías absolutas y la política somnífera. Es la hora de pactar. De pactar una buena educación, una buena sanidad y una ley electoral justa. De castigar la corrupción, el “y tú más” y las puertas giratorias. Los jóvenes piden un cambio, una España con madurez democrática. Es la hora de la política con mayúsculas, en la que todos (o la mayoría) de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos temas. Es la hora de interesarse por nuestro futuro; de participar y de decidir. De pensar, de debatir, de dar un paso más. ¡Es la hora de votar!

HD Joven: Fusión de municipios y racionalización de la Administración

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Uno de los temas que se está debatiendo en esta campaña electoral es la racionalización de la Administración Pública, y, dentro de ella, el papel que juegan las Diputaciones Provinciales y la fusión de municipios, para crear estructuras municipales con mayor tamaño, como medida para ahorrar gasto. No obstante, la posible fusión de municipios debe ponerse en relación con otros elementos que sería interesante analizar, como el ejercicio de los derechos que derivan de la condición de vecino, el hecho de que la Administración Local sea la Administración Pública más cercana al ciudadano o la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios en el municipio fusionado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bases del régimen Local.

Del examen de las propuestas de los distintos partidos, en primer lugar, Ciudadanos propone suprimir las Diputaciones Provinciales y fusionar municipios (aquí), al igual que UPyD (aquí). En cuanto a Podemos (aquí), su programa establece que las Diputaciones desaparecerán poco a poco, así como paralizar la Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local. Por su parte, el PP mantiene su compromiso con las Diputaciones Provinciales (aquí) y se ha opuesto a la fusión de municipios (aquí). El PSOE propone derogar la Ley de reforma local, modernizar las Diputaciones Provinciales y aprobar un plan de acción para los pequeños municipios que garantice su supervivencia (aquí y aquí). Y por último, Izquierda Unida, que forma parte de Unidad Popular, se opuso ya en su momento a la reforma local del PP (aquí).

Fue la Ley de 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la que según su Exposición de Motivos introdujo por primera vez la posibilidad de fusionar municipios en España: “A este respecto, cabe señalar que por primera vez se introducen medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios”. A favor de la fusión de municipios encontramos, principalmente, argumentos relacionados con las reformas municipales operadas en otros países de la Unión Europea o el ahorro de costes que ello supondría. Pese a ello, esta medida propuesta por el Gobierno no ha tenido la acogida esperada, ya que únicamente dos pueblos en todo el territorio nacional se han fusionado, habiéndose creado, además, seis nuevos Ayuntamientos (aquí).

Aunque pueda parecer algo novedoso y propio de países extranjeros, en España ya se ha aplicado esta fórmula, de los 9267 municipios existentes en el año 1900, hemos pasado a 8116 en 2011 (aquí). Concretamente, en el período desde 1950 a 1981, se pasó de 9214 a 8011 municipios. Siguiendo un criterio histórico de interpretación de las normas de conformidad con el 3.1 del Código Civil, debemos tener en cuenta estos procesos anteriores, para determinar cómo debe realizarse la posible fusión de municipios o si pueden adoptarse otras medidas. Para ello, tomaré como punto de partida el análisis de un caso real, la fusión de los municipios de Morés y Purroy, en la Provincia de Zaragoza, en 1967, a través de la documentación que obra en los archivos históricos.

Tanto las fusiones que se proponen, como la fusión estudiada tienen una causa común: los motivos económicos. El punto de partida fue la promulgación de la Ley 108/1963, de 20 de julio, sobre regulación de los emolumentos de los funcionarios de Administración Local, que fijó unas retribuciones mínimas para el personal la Administración Local. Ello provocó un incremento en el capítulo de gastos del Ayuntamiento de Purroy y derivó en la fusión, como medida propuesta por el Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, dado que la hacienda municipal no podía hacer frente a los gastos con los ingresos que contaba. El artículo 5 de la propia norma preveía la realización de un estudio por el citado Servicio en el caso de aquellas haciendas locales cuya situación económica no les permitiera la implantación de las percepciones que fijaba. De entre las medidas previstas para corregir dicha situación (artículo 6), se encontraban la prestación de asistencia económica con carácter transitorio o la fusión de oficio con otro municipio.

Si desde el punto de vista económico parece clara la utilidad de la fusión, debemos examinarla ahora desde el punto de vista del ejercicio de los derechos derivados de su condición de vecino por parte de éstos. La creación de un nuevo municipio supone la extinción de la personalidad jurídica de los municipios fusionados, de manera que el de menor tamaño pasa a integrarse en el de mayor, que puede conservar su nombre y en el que se fija la capitalidad, pero el primero, deja de existir como municipio con las consecuencias que ello conlleva.

El traslado de la Casa Consistorial al municipio resultante supone que, salvo el establecimiento de oficinas en el municipio fusionado (cosa que parece poco probable, pues lo que se quiere es ahorrar costes), todas las gestiones a realizar por los vecinos deberán de realizarse en el mismo, en un núcleo distinto del de su lugar de residencia. (En el caso de la fusión estudiada hay una distancia de 3,7 km entre ambos núcleos de población). Ello implica la necesidad de desplazarse para realizar trámites habituales como la solicitud de una licencia de obras o ligados a otras administraciones relacionadas con la Administración Local, como el Juzgado de Paz (artículo 99 Ley Orgánica del Poder Judicial). Pensemos en la mayoría de los habitantes de dichos núcleos, matrimonios mayores, cuyos hijos viven en la ciudad y que, tras la fusión de su municipio con el vecino, necesitarán que los trasladen para realizar gestiones que anteriormente solucionaban en dos o tres minutos.

Por otra parte, el artículo 24 bis.3º de la Ley Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, condiciona la creación de entes de ámbito territorial inferior a municipio en estos núcleos, para su gestión desconcentrada, al cumplimiento de los requisitos de la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Aunque se ahorren costes derivados de la supresión de unidades administrativas, el municipio resultante seguiría contando con dos núcleos de población diferenciados, separados en ocasiones por varios kilómetros entre sí y en los que deberá prestar los servicios básicos que le encomienda la legislación sobre régimen local.

La pregunta es ¿puede mantenerse la personalidad jurídica de los municipios sin fusionarlos y ahorrarse costes? A mi juicio, la respuesta es sí. La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 44, prevé la posibilidad de que los municipios se agrupen en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. El artículo 36 atribuye entre las competencias de las Diputaciones Provinciales, la siguiente: “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”.

Asimismo, la legislación autonómica, como es el caso del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, permite a los municipios delegar competencias en la comarca cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de economía y eficacia así lo aconsejen, así como las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias (artículo 10.3).

Por último, el artículo 75 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, a los efectos de retribución de los miembros de la corporación local, establece que: “Los miembros de Corporaciones de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva”. Mediante la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios municipales a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento, el municipio conservará su personalidad jurídica sin necesidad de fusionarse.

La aplicación de las fusiones permitiría un ahorro de costes, y, como establece la Ley 27/2013, una racionalización de las estructuras municipales para superar la atomización del mapa municipal. Si bien dicho ahorro puede conseguirse por otras vías. La clave está, no en el número de municipios, sino en adoptar medidas que permitan hacerlos más eficientes sin necesidad de fusionarlos. Puede mantenerse la personalidad jurídica del municipio mejorando la gestión administrativa, en lugar de la fusión, existen y deben buscarse otras alternativas (aquí).

HD Joven: Attentats à Paris. Politique, équilibre et opportunité

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PARISPara leer el artículo en español, pinche aquí: HD Joven – Atentados en París. Política, equilibrio y oportunidad

Il y a des évènements qui changent la vie d’une nation. Des évènements qui marquent toute une génération, qui seront encore commémorés dans plusieurs siècles et qui appartiennent à jamais au patrimoine commun de l’histoire. Des évènements qui font dire à des milliers de jeunes : « Mon pays n’est plus celui de mon enfance ».

Assurément, les attentats de Paris du 13 novembre 2015 font partie de ces évènements-là. Pour leur côté tragique, eux qui ont causé tant de morts et de blessés. Pour leur côté inédit, car la France n’avait jamais subi d’attaques terroristes d’une telle ampleur auparavant. Pour leur côté symbolique, car les attaques ont visé les lieux les plus festifs de Paris, ces lieux dans lesquels le cœur de Paris bat le plus fort. « Paris est une fête », écrivait Ernest Hemingway. Les terroristes l’ont bien compris, et les Parisiens l’ont appris à leurs dépens.

Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 entrent aussi dans l’histoire pour leurs conséquences politiques, actuelles ou futures, perceptibles ou imperceptibles. Dans une époque où la réaction tient lieu d’action, où la surmédiatisation impose une prise de décision immédiate, le temps de deuil et du recueillement laisse vite place à celui de la politique.

Politique nationale, d’abord. Dès vendredi soir, le gouvernement déclare l’état d’urgence sur tout le territoire national, pour la première fois depuis 1962. En pratique, cela signifie que les perquisitions sont facilitées, les contrôles aux frontières renforcés. Un projet de loi, actuellement en discussion au Parlement, vise à permettre à la police d’imposer à des personnes de rester à leur domicile pendant un créneau horaire fixé.

Cette déclaration d’état d’urgence, aujourd’hui prolongé de trois mois et étendu à l’outre-mer, fait l’unanimité, dans la société et les médias. S’il est encore trop tôt pour juger de son efficacité, elle permet de gouvernement de montrer sa réaction immédiate face aux attentats, et elle constitue, à tort ou à raison, le symbole d’une action politique qui, au lieu d’anticiper les évènements, court après eux.

Le Président de la République a également proposé une réforme de la Constitution de 1958. L’objectif est de donner plus de pouvoirs à l’Etat dans sa lutte contre le terrorisme. Pourtant, les lois françaises prévoient déjà des moyens de prévenir et combattre le terrorisme. La justice dispose d’un arsenal juridique suffisant, et la police peut intervenir efficacement, à condition d’appliquer les mesures répressives votées par le Parlement et de ne pas faire le choix de réduire les effectifs.

Politique internationale, ensuite. La France décide d’intensifier ses frappes contre l’Etat islamique, et se résout à mettre en place une coopération militaire avec la Russie. Les bombardements français font les unes des journaux, mais, non accompagnés d’une intervention militaire au sol, leur efficacité est limitée.

Tout a été dit sur la nécessité ou le danger d’une intervention armée en Syrie et en Irak, et nul ne peut prétendre détenir la vérité ou la solution idéale. La France tente de préserver un équilibre, à mi-chemin entre une action directe et frontale telle que celle menée par les Etats-Unis en Irak en 2003 d’une part, considérée par tous comme un échec, et une abstention totale d’autre part, potentiellement perçue comme criminelle.

Mais aucune de ces décisions n’est surprenante. Prises ensemble, elles renforcent le sentiment d’une action politique prévisible, attentiste, handicapée par une incapacité à dépasser les évènements. Les terroristes eux-mêmes le savent : gouverner, ce n’est plus prévoir, gouverner, c’est réagir, et en premier lieu dans les médias.

Au-delà des ministères, le peuple lui-même est soumis à réaction. La solidarité, la fraternité et l’unité nationale, affichées dès le lendemain des attentats, à Paris, en France et dans le monde, sont le signe d’une prise de conscience de la fragilité de notre mode de vie, mais aussi de la chance de pouvoir le posséder.

Ces attentats déclenchent un sentiment de peur, qui va au-delà de la peur primaire, celle qui s’exprime face au simple danger et à l’insécurité. Ils suscitent l’angoisse de voir notre mode de vie et notre art de vivre perpétuellement menacés. L’angoisse d’un choc des civilisations qui ne dit pas son nom et qui a peut-être déjà commencé depuis longtemps. Lorsque de telles attaques surviennent, il est facile, presque instinctif, de penser que la démocratie ne protège plus et que ses valeurs n’ont d’universel que leur nom. Il est difficile et douloureux de réaliser qu’ailleurs sur la planète, un autre système de valeurs existe, accompagné d’autres modèles et d’autres idéaux.

Plus qu’un moment de drame, le vendredi 13 novembre est un moment de questionnement, sur les causes et les origines de la barbarie, qui ne disparaitra jamais et peut frapper partout. Lorsqu’une partie d’une jeunesse, si infime soit-elle, fait le choix de rejoindre le camp de l’Etat islamique et de tuer, il faut s’interroger sur les faillites d’une organisation sociale qui ne permet plus de protéger de soi-même.

Face à l’Etat islamique, face à la volonté de remplacer un système de valeurs par un autre, résister doit prendre des formes nouvelles. Dans un système qui peine à identifier ses propres responsabilités, l’éducation et la culture doivent être au service d’un but social commun, celui de tenir éloigné des dérives et des idéologies mortifères. Le temps dira si un tel but est un jour atteint.

Flash Derecho: Últimos días para votar a los finalistas del I Premio Fundación ¿Hay Derecho?

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Tras más de dos meses en los que han llegado numerosas candidaturas y se han emitido cientos de votos, el plazo para las votaciones de los cinco finalistas del I Premio Fundación ¿Hay Derecho? llega a su fin.

El próximo domingo, 15 de noviembre, será el último día en que se pueda votar.

Finalizado este periodo, el jurado del premio, compuesto por patronos de la Fundación y representantes de las entidades de la sociedad civil con las que hemos firmado un convenio de colaboración, elegirá al ganador o ganadora del mismo de entre los cinco más votados.

Las votaciones se realizan de forma anónima en la página web de la Fundación a través del siguiente enlace. Encontrarás también una breve reseña de cada candidato y sus méritos para ser merecedor del premio.

Recuerda que puedes comentar en las redes sociales con el hashtag #PremioFHD.

¡No te quedes sin participar en este proceso abierto a la ciudadanía! Recuerda que ahora los ciudadanos pueden elegir a sus defensores favoritos del Estado de Derecho, esta es tu oportunidad.

HD Joven: A perspective about independentism: Montenegro ‘s Referendum and Independency experience

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* Para leer el artículo en español, por favor pinche el siguiente enlace: Una perspectiva sobre el independentismo – El referéndum en Montenegro y la experiencia de la independencia

 

Today Critilo responds to a young student of Montenegrin nationality who, for personal reasons, does not want to make public her identity:

Montenegro is certainly one of the most interesting spots in the world. Even though it covers only 14,000 km2 and has about 670,000 citizens, its contribution to the cultural heritage of the world is impressive, considering its size.

The history of Montenegro is very colorful. During the centuries in which Montenegro has existed as a state, the date of the Congress of Berlin represents a historical turning point. On July 1878, Montenegro gained its first internationally recognized independence from the Ottoman Empire. It was the realization of centuries-long liberation aspirations of the Montenegrin people. Montenegro remained independent until 1918, when the Kingdom of Yugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) was created.

After the creation of the Yugoslav state, Montenegro, as one of its areas, did not have its own diplomacy, nor did Montenegrin political parties have influence on politics of the new state. Yugoslavia was renamed the Federal People’s Republic of Yugoslavia in 1946, when a communist government was established, just after Second World War. It acquired the territories of Istria, Rijeka, and Zadar from Italy. Partisan leader Josip Broz Tito ruled the country as President until his death in 1980. In 1963, the country was renamed again to the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). Finally, after an economic and political crisis in the 1980s and the rise of nationalism, Yugoslavia broke up along its republics’ borders, at first into five countries, leading to the Yugoslav Wars, and, after the breakup, the republics of Serbia and Montenegro formed a reduced federation, the Federal Republic of Yugoslavia (FRY), which aspired to the status of sole legal successor to the SFRY, but those claims were opposed by the other former republics. Serbia and Montenegro themselves broke up in 2006 and became independent states.

Indeed, following a referendum held on May 21, 2006, in which a narrow majority voted to secede from the State Union of Serbia and Montenegro, and so the Republic of Montenegro declared itself independent. The outcome was difficult to predict, given Montenegro’s political background and its historical and cultural ties with Serbia, over 30% of the population being of Serbian nationality. Given those facts, concerns were raised about the country’s future, some arguing that the state was too small to be economically self-sustainable and too politically unstable to be viable.

Montenegrin people favored “independence” by 55.5 percent, bringing to six the number of countries formed from the former territory of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In response to the announcement, the government of Serbia declared itself the legal and political successor of Serbia and Montenegro, and that the government and parliament of Serbia itself would soon adopt a new constitution.

Despite concerns the country was too small to be economically viable, too politically divided to be stable, and too institutionally weak to effectively tackle endemic problems such as corruption and organized crime (issues that might mitigate their Euro-Atlantic aspirations; in particular, the EU & NATO membership), Montenegro has made, in spite of its evident problems, impressive progress. As an internationally-recognized state, Montenegro became a member of the United Nations (UN) and other international institutions, it has consolidated its position among its neighbors, and it has made great strides toward achieving the government’s core objective –the Euro-Atlantic integration. In June 2006, the European Union (EU) established relations with Montenegro and all member states recognized the country’s independence. Just over a year later, in October 2007, Montenegro signed a Stability and Association Agreement (SAA). Furthermore, in a short period of time they have managed to be classified by the World Bank as an upper middle-income country.

As a result of its independence, the relationship with the EU is probably the top priority for Montenegro’s external policy, and the EU has given positive signs in this regard. Relation between the EU and Montenegro’s authorities is important, because the state is under neoliberal pressure since 1990. Key strategic companies, such as telecommunication companies, banks, construction companies are privatized. The new owners are big multinational corporations, whose enormous profit goes abroad. The state energetic company “Elektroprivreda” probably would be privatized completely in next years. The link with EU is important for Montenegrin economic and political elite, because they will be more powerful, if they listen EU authorities.

On the economic side, Montenegro did pretty good, as well, before and after the referendum, but it was hit by the global economic downturn. There was an economic boom in the period of 2002-2008, partly due to the creation of an independent state, openly free-market oriented, which encouraged foreign investments. Montenegro received, as of 2008, more foreign investment per capita than any other nation in Europe. Over 5,000 foreign owned firms are registered and operating in Montenegro, though many of them are owned small proprietors or are not fully operating. The most significant investments have come from Italy, Norway, Austria, Russia, Hungary, the U.S. and Great Britain. Lately, China, Azerbaijan, Russia, Taiwan and the Gulf Emirates states have shown increasing interest in investing in Montenegro’s resort development industry. This attractiveness was reinforced by Montenegro’s choice to use the Deutschmark and then the Euro as its legal currency. If Montenegro would not use Euros anymore, nothing significant would have happened. The explanation is simple: Central Bank of Montenegro does not control emission of money and referential interest rate of Central bank is very high. High referential interest rate protect import lobby. Central bank of Montenegro is not holder of monetary sovereignty.

Besides the economic downturn, the budget deficit remains relatively large and the broader economic situation remains tenuous. A cautious optimism, and with it a modicum of confidence, has returned but there are still challenges ahead.

The domestic political scene has been characterized by both change and continuity. Even those individuals, parties and institutions that vociferously opposed independence appear to have accepted Montenegro’s sovereignty and the realities of operating within that framework. There has been a minor recalibration of the Montenegrin political landscape, numerous splits, re-alignments and the creation of new parties and coalitions. Most of these have taken place among and between opposition parties.

In the final analysis, however, Montenegro has made significant progress since the May 2006 referendum. The tensions surrounding it were very real, and conflict (even if only of a low intensity) was a real possibility. The country faced significant challenges in the first years of its independence; challenges that could have proved insurmountable. Today, the problems that seemed so acute in 2006 have been largely overcome. Montenegro has consolidated itself as an independent and solid country. Yet, there is no room for complacency; a countless challenges lie ahead, and while the foundations have been laid for Montenegro’s European future, there is much yet to be done before that future is secured.

Montenegro could be surely accepted in the EU, because of the geopolitical interests of western powers. The control of Adriatic Sea is important for the EU and more important for the NATO. If Montenegro somehow would not been accepted in the EU, it would be neutral state and Montenegrin authorities would be challenged with Russian influence. In that situation, our market would be opened for the companies from the East, because domestic production is very low. In order to enter into the EU, Montenegrin authorities need to fulfill these requirements: the rule of law, fight against corruption, the fight against organized crime, the strengthening of civil society and non-governmental sector. Montenegro independence is almost lost because we do not have monetary sovereignty, foreign embassies have enormous influence on authorities, political parties are financed from western states such as SDP and earlier DPS at the end of nineties, domestic industry have been capsized completely. Both parties run the country since 1998.

Indeed, a state is not sovereign, because it is politically recognized, it is recognized and sovereign only if it is partner in international economic relations.

Lecturas recomendadas: “El retorno de los chamanes”, de Victor Lapuente

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En esta época singularmente crítica que atraviesa nuestra democracia todos nos preguntamos de vez en cuando cómo podemos ayudar a mejorarla. Sabemos que votar es imprescindible, pero que no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Bien, el último libro de Victor Lapuente -reputado profesor en el Instituto de Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo- lo explica perfectamente: contribuyamos a construir un discurso público mejor. A primera vista parece poco, pero no creo que haya en este momento nada más importante.

Practiquemos nosotros, desde luego, cada vez que hablemos de la cosa pública, pero sobre todo exijámoslo a los creadores de opinión -a los intelectuales, blogueros, periodistas- y a nuestros representantes políticos. Porque solo cuando los problemas se articulan a través de un discurso adecuado tienen alguna posibilidad de resolverse. Los países que son capaces de construir una retórica pública sobre presupuestos correctos prosperan mucho más y mucho más rápidamente que el resto.

Muy bien, perfecto, pero ¿qué es un discurso adecuado? Un discurso adecuado es aquel pegado a la realidad concreta, aquel que huye de los prejuicios y de las ideas preconcebidas, de las apelaciones emocionales, de los conceptos abstractos y de las grandes cosmovisiones. Es un discurso que no da nada por sentado y está abierto a examinarlo todo. Es el discurso de la exploradora, imprescindible en sociedades tan complejas como las actuales. Sin embargo, cualquier observador imparcial de la realidad española convendrá conmigo en que este no es el discurso dominante en nuestro país.

Hagamos una prueba: yo digo una palabra y usted examina sus sensaciones. Comencemos por “copago”. Si inmediatamente después de oír esta palabra le surgen ideas (no digo que las comparta) como desmantelamiento de la sanidad pública, políticas neoliberales, desigualdad social o derrota electoral inapelable, entonces usted vive en un país dominado por el discurso del chamán. Para estar completamente seguro repita el experimento con “cheque escolar”. No, tranquilo, usted no tiene la culpa -o quizás sí- simplemente ha reaccionado como el perro de Pavlov después de escuchar la campana. Está habituado a ello y no hay forma de evitarlo.

Por supuesto, podemos escoger cualquier otra palabra o conjunto de palabras localizadas en el otro lado del espectro político, como, por ejemplo, “educación para la ciudadanía”. Si las ideas que le surgen espontáneamente son, adoctrinamiento, vulneración de la libertad de educación, laicismo, totalitarismo, etc., entonces podemos asegurar sin equivocarnos que los chamanes controlan el debate público en su integridad. Lo que, por otra parte, como explica Victor Lapuente, es casi inevitable. Si al chamán no se le desacredita de inmediato, termina por dominar la plaza pública, porque la seducción que despierta exige ser combatida con su propia medicina.

El autor nos demuestra de forma muy convincente los despropósitos a los que conduce la retórica del chamán y los beneficios que disfrutan los países que han sido capaces de arrinconarla y desarrollar en su lugar el discurso crítico y las virtudes de la exploradora: calma frente a indignación, ajustes incrementales frente a grandes revoluciones, escepticismo frente a fe, consenso frente a conflicto, persuasión frente a victoria, confiar en los funcionarios y empleados públicos frente a dirigirlos, pensar más en los efectos que en la raíz de los problemas, etc.

A través de abundantes ejemplos históricos destruye de manera muy convincente las consabidas explicaciones culturalistas sobre la superioridad natural de unos países sobre otros, que puedo sintetizar en la nefasta y socorrida -para no hacer nada- anécdota del campo del golf (sí, esa en la que un japonés se acerca a Saint Andrews, pregunta cómo puede crear en su país un green semejante y le contestan que es fácil, basta coger las mejores semillas, plantarlas y cuidarlo diariamente con cariño durante doscientos años).

En absoluto. Al igual que un país puede perder el rumbo rápidamente (como por ejemplo le ocurrió a Suecia en la década de los setenta) puede corregirlo con igual velocidad. Y mucho de ello depende de la calidad de su discurso público. Otra cosa, claro, son los efectos benéficos de un buen rumbo incrementalista; para notarlos hay que tener un poquito de paciencia, pero desde luego llegarán bastante antes que los anunciados por el chamán: porque para estos los doscientos años del green son pocos, hacen falta más años.

Estamos hablando, en consecuencia, de un libro de lectura imprescindible para todos aquellos que quieran ir a votar con conocimiento de causa el próximo 20-D. La obra liquida muchas ideas preconcebidas, lo que no gustará a los chamanes de uno y otro signo, ya sean estatistas o neoliberales, nacionalistas o centralistas, inmovilistas o partidarios de la democracia directa, pero les dejo que se sorprendan ustedes solos. Y empiecen rápido porque tiene más de 300 páginas.

Ahora bien, como todo libro provocador –y este lo es en grado sumo- presenta sus inevitables flaquezas en forma de simplificaciones, lo que paradójicamente es un vicio propio de chamanes. El autor es perfectamente consciente del riesgo y no deja de advertirnos de que está utilizando las categorías de chamán y exploradora como tipos ideales, en el sentido weberiano del término. En definitiva, reconoce que en la realidad diaria de partidos y personas es inevitable encontrar ambas cosas bastante mezcladas.

Sin embargo, los tipos ideales plantean el conocido problema de que a veces no son estables ni siquiera desde el punto de vista teórico, y algo parecido ocurre con estos. Ciertas reformas incrementales exigen plantearse la raíz de los problemas con el fin de evitar en la medida de lo posible esforzarse en vano combatiendo síntomas (¿es o no ir a la raíz considerar como presupuesto básico para cualquier avance incremental mejorar el funcionamiento de nuestros partidos políticos?); en otras ocasiones es preciso indignarse a la vista de que con la templanza no se erosionan las poderosas resistencias existentes (pensemos en el caso del sobreendeudamiento hipotecario). Considerado el asunto desde esta perspectiva, quizás más que de chamanes y exploradoras cortados de una pieza, habría que reflexionar sobre los riesgos de la demagogia y de la retórica vacua en una democracia. Sí es así, el tema de fondo que plantea Victor Lapuente es un tema muy muy antiguo, que –curiosamente- afecta a la propia raíz de la política democrática: hasta qué punto la democracia es compatible con la verdad. Al fin y al cabo, un chamán –según la RAE un hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos e invocar a los espíritus- basa su poder en la mentira.

Precisamente por eso resulta una completa aberración calificar a Platón como un filósofo chamán, cuando precisamente fue el primero que planteó este crucial problema de la verdad amenazada por la retórica vacía (es descorazonador comprobar cuánto daño ha hecho Karl Popper para una adecuada comprensión del filósofo). Sobre este tema resulta muy recomendable acudir a Foucault y a su profundo análisis de la parrhesía  (“decir veraz”) que comenté no hace mucho en este mismo blog (aquí).

Pero estos puntuales excesos y otros pequeños errores (Calvo Sotelo nunca fue el líder de la oposición parlamentaria) no desmerecen la crucial aportación de esta obra, que es precisamente demostrar a través de un análisis riguroso que es perfectamente posible construir una retórica exitosa que compatibilice la verdad con la democracia. Refuta, o al menos ataca con mucho fundamento, el escepticismo de Platón y de Foucault, y eso, señoras y señores, no solo no es poca cosa, sino que resulta bastante esperanzador….

HD Joven: ¿Una ejecución hipotecaria propia de Cataluña?

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El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la recientemente publicada Ley catalana 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (en adelante Ley 24/2015), que entró en vigor el pasado 6 de agosto de 2015.

Sin ánimo de ser exhaustivo, esta Ley regula, entre otras, cuestiones como las siguientes:

  • Unos procedimientos, extrajudicial y judicial, para “la resolución de situaciones de sobreendeudamiento” de consumidores, que puede concluir en el acuerdo de cancelación de los importes no satisfechos por parte del juez.
  • También prevé, con carácter previo a la interposición de una demanda de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, que el demandante debe ofrecer a los deudores una propuesta de alquiler social si el procedimiento afecta a personas que no tengan un alternativa de vivienda propia y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos en la propia Ley, pero atribuyendo, además, al demandante, el deber de comprobar si concurren las mencionadas circunstancias, y siempre que (i) el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de “gran tenedor de vivienda” (como los Bancos, sus filiales inmobiliarias, etc), o (ii) sea una persona jurídica que haya adquirido con posterioridad al 30 de abril de 2008 viviendas, que sean provenientes de ejecuciones hipotecarias o procedimientos similares, derivados de la imposibilidad de devolver un préstamo hipotecario.

La solicitud del informe a los servicios sociales, para determinar si una unidad familiar se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial, que aparentemente debe solicitar el propio deudor a requerimiento del acreedor, obliga a la Administración a emitir el informe en un plazo de 15 días, pero, si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el informe, se entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente en situación de riesgo de exclusión residencial, por silencio positivo y con efectos directamente perjudiciales para un tercero.

  • Por otra parte, como medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas disponibles en alquiler, la Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas, por un período de tres años, para incorporarlas al Fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales, en el caso de viviendas vacías que sean propiedad de personas jurídicas, siempre que: (a) el propietario de la vivienda sea sujeto pasivo del impuesto sobre las viviendas vacías; y (b) el sujeto pasivo disponga de viviendas vacías en un municipio en que exista, como mínimo, una unidad familiar en situación de riesgo de exclusión residencial.
  • Asimismo, cabe mencionar una medida que parece orientada a evitar la cesión de créditos hipotecarios a entidades como los fondos de inversión, consistente en que en las cesiones de créditos garantizados con la vivienda del deudor, si la cesión es a título oneroso, el deudor quedará liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que éste haya pagado más los intereses legales y los gastos que le haya causado la reclamación de la deuda, que resulta ser un mecanismo más amplio que el previsto en el artículo 1535 del Cc, que se limita a los créditos litigiosos y, además, sin fijar un plazo para el ejercicio de este derecho (plazo que es de 9 días a contar desde que el cesionario reclame el pago al deudor, en el caso de la cesión de créditos litigiosos).

Una vez expuestas las principales novedades que presenta esta Ley, procedo a comentar algunos de sus aspectos:

A raíz de la crisis económica que hemos atravesado en los últimos años, muchas personas no han podido hacer frente a sus obligaciones, debido, en la gran mayoría de los casos, a situaciones de desempleo no deseadas. Entiendo, por tanto, que el legislador catalán, como consecuencia del elevado número de desahucios que se han producido (tanto por ejecuciones hipotecarias como por arrendamientos), haya tratando de buscar alguna solución a esta situación, en muchos casos dramática.

Sin embargo, la Ley 24/2015, a pesar de tener buenas intenciones, está originando una situación clara de inseguridad jurídica para los propietarios de viviendas que, en el ámbito procesal se traduce en situaciones de indefensión para la parte que tiene que demandar, introduciendo unos  requisitos pre-procesales no previstos en la LEC.

No pretendo ponerme en plan “abogado de principios”, pero es innegable que si en un negocio jurídico una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra parte puede requerirle que las cumpla y, además, que le indemnice por los daños derivados del incumplimiento. A ello cabe añadir que la hipoteca, como derecho real de garantía que es, ofrece al acreedor la posibilidad de ejecutar dicha garantía si se produce algún incumplimiento y, en determinadas circunstancias, quedarse con el inmueble. Por lo tanto, parece que, si bien con anterioridad para ejecutar una hipoteca al acreedor le bastaba con justificar que el deudor había incumplido una serie de pagos en las cuotas, ahora, en Cataluña, para ejecutar una hipoteca, no sólo tiene que incumplir el deudor una serie de pagos, sino que, además, el acreedor debe solicitarle que recopile una serie de documentos que acrediten que está en riesgo de exclusión residencial y, una vez demostrado esto, ofrecerle un alquiler social, en la propia finca a ejecutar –si puede ser– y por un período mínimo de tres años.

En cuanto a la cesión obligatoria de viviendas vacías, que puede ser un debate en sí mismo, parece una medida un tanto desproporcionada, más aún si tenemos en cuenta que los propietarios ya tienen que pagar un discutible impuesto por dicha propiedad (Ley 14/2015). Gravar la propiedad de una vivienda vacía para incentivar que se destine a que todos tengamos un techo, puede tener lógica social, pero que se obligue a cederlas, sobre todo si no se sabe si habrá alguna compensación equitativa, parece contraria al derecho de propiedad.

En relación a los deudores en situaciones de dificultad, ya existe una Ley de ámbito estatal que trata de proporcionarles ciertas facilidades, que es la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (en adelante Ley 1/2013). Esta Ley 1/2013 trata de dotar a los deudores hipotecarios de medios de defensa adecuados ante situaciones de especial vulnerabilidad que puedan derivarse de la aplicación de las estipulaciones pactadas en los préstamos hipotecarios concedidos, estableciendo la posibilidad de suspender el lanzamiento por un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del mismo (hasta el 15 de mayo de 2017), en aquellos casos en los que los ejecutados cumplan una serie de requisitos (recogidos en sus artículos 1 y 2).

Así pues, si existe una Ley estatal “sustantiva” para ayudar a los deudores que pueden verse afectados por la pérdida de sus viviendas –la Ley 1/2013– y una Ley procesal que garantiza una posición equilibrada a las partes –la LEC–, parece que le Ley catalana 24/2015 planteará importantes dificultades y contradicciones en su aplicación, dado lo complicado de su encaje en todo el esquema normativo, por mucho que se base en la protección de los consumidores. Es más, es muy probable que, bien directamente, bien a través de los procedimientos judiciales en los que se aplique, se planteen dudas sobre su constitucionalidad, como ya ha sucedido con otra Ley del Parlamento Catalán, dictada con una finalidad similar, la Ley 20/2014, de modificación del Código de Consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidores en materia de créditos y préstamos hipotecarios (Ley 20/2014), que ha sido recurrida por inconstitucional y el TC, al acordar la admisión a trámite, ya ha acordado la suspensión de bastantes de sus artículos (aquí).

En cualquier caso, lo que parece claro es que, por el momento, si alguien es deudor de los que reúnen los requisitos de la Ley 24/2015, su aplicación le va a resultar muy favorable y, muy probablemente, logre ganar tiempo de permanencia en su vivienda casi sin coste. Por el contrario, los acreedores se van a tener que armar de paciencia para poder cumplir la Ley sin que vean desaparecer sus derechos.

Ciertamente deseo que todas las familias puedan mantener una vivienda, pero sin que para ello se tenga que causar indefensión o privar de sus derechos a nadie (ni siquiera a los Bancos), por lo que considero que esta Ley acabará siendo modificada o desapareciendo y, si no es así, es posible que acabemos viendo que en Cataluña sólo podrán comprarse una vivienda quienes puedan pagarla al contado, porque será difícil que los Bancos se arriesguen a ofrecer hipotecas a personas con circunstancias económicas que pudiéramos denominar “normales”.

Como breve conclusión, un poco provocadora, me permito invitar a los lectores a que, si esta Ley 24/2015 no es recurrida, se endeuden en Cataluña, ya que no tienen nada que temer (ni que pagar…).

HD Joven: Regreso al futuro ¿Habrá pensiones en 2040?

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Hace poco más de un año, Sam Collins, Director de la fundación Age Endeavour de Reino Unido, escribió un artículo muy interesante sobre el sistema de pensiones inglés donde se hacía referencia a una encuesta realizada sobre un grupo de estudiantes universitarios (aquí). En dicha encuesta, se preguntaba a los estudiantes si creían tener una mayor posibilidad de recibir una pensión pública o, en cambio, de encontrarse con un extraterrestre. Los resultados fueron asombrosos: la mayoría de los encuestados creían tener más posibilidades de encontrarse con un extraterrestre que de recibir una pensión pública.

Este nivel de escepticismo con respecto a los sistemas públicos de pensiones parece haber calado de forma similar en España, especialmente si atendemos al curso de los fenómenos demográficos y económicos, problemática a la que ya se ha referido este blog en anteriores ocasiones, como en este artículo de Santos Gil Carretero (aquí). La esencia del esquema “pay as you go” que se aplica en España y gran parte de Europa consiste en transferencias intergeneracionales desde la población ocupada hacia la población jubilada. Como sabemos, la sostenibilidad de este sistema de reparto implica que, o bien la base de la población que sostiene a los jubilados crece indefinidamente, o bien, en un escenario de estancamiento o envejecimiento de la población, la productividad laboral crece lo suficiente como para garantizar un incremento del salario medio que compense la reducción de la población activa. Esta problemática identifica, pues, dos retos: un reto demográfico y un reto del mercado laboral.

Respecto al reto demográfico, las estadísticas son poco halagüeñas: el IMSERSO estima que entre 2010 y 2050 en España, la población mayor de 65 años pasará del 17% a más del 30% de la población total, siendo uno de los países más envejecidos del mundo junto con Japón, Alemania e Italia (aquí). Este envejecimiento es global y apunta a un claro aumento del esfuerzo por parte de los trabajadores para seguir pagando las pensiones de jubilación y el resto de prestaciones por orfandad, viudedad, etc.

En cuando al reto del mercado laboral, España se encuentra en un contexto coyuntural, fruto de la crisis económica, de alto desempleo, siendo especialmente preocupante el que afecta a los más jóvenes con una tasa de paro cercana al 50%.  Los datos que ayer mismo ofrecía la Encuesta de Población Activa (EPA) con respecto al tercer trimestre de 2015 arrojan un saldo poco optimista: si bien el desempleo se reduce en 298.200 personas y la cifra total de parados consigue bajar de los cinco millones desde 2011, el número total de ocupados es de 18.048.700 personas, siendo 100.000 menos que en 2011.  En este sentido, la dinámica del sistema queda altamente mermada por la falta de nuevos trabajadores que se integren en el esquema de financiación de la Seguridad Social.

Sin embargo, frente a aquellas declaraciones políticas que sostienen que este problema es únicamente coyuntural, y que cuando la crisis económica se solucione el pleno empleo logrará invertir esta tendencia, es preciso recalcar su falta de rigor. La visión cortoplacista propia de los políticos a menudo empeora los problemas que pretenden solucionar. Más allá de la situación coyuntural, España tiene un mercado laboral que precisa reformas estructurales urgentes. Por dar un dato revelador, durante la fase del ciclo expansivo y pleno empleo previo a la crisis de 2008, España jamás bajó del 8% su tasa de paro, una cifra muy superior a todos los países de la OCDE. Esto evidencia que nuestro mercado laboral continúa siendo muy rígido y poco productivo.

Identificados estos retos, ¿qué han hecho los distintos gobiernos para plantear e implantar medidas contundentes? Fundamentalmente, negar la mayor. El mensaje que tradicionalmente escuchamos es que las pensiones públicas son perfectamente sostenibles. Sin embargo, las reformas que se han aplicado en España durante las últimas tres décadas ofrecen, cuando menos, una duda razonable a este mensaje:

  • La edad de jubilación se ha retrasado desde los 65 hasta los 67 años
  • El mínimo de años exigidos para cobrar la totalidad de la pensión por jubilación se ha incrementado desde los 10 hasta los 37 años de cotización.
  • Los salarios de referencia que se utilizan para el cálculo de la pensión han evolucionado de una media de los últimos dos años de salario hasta la media actual que abarca los últimos veinticinco años de salario.
  • Se ha suprimido la indexación de las pensiones al IPC para poner en su lugar un índice de revalorización basado en el denominado factor de sostenibilidad, que liga la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida.

A la vista de estas reformas, es forzoso concluir que la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social ha distorsionado la relación de equidad individual entre lo que el trabajador aporta vía cotizaciones sociales y lo que recibirá como pensión en un futuro.

Para prevenir posibles desviaciones entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social, en el año 2000 se decidió crear el Fondo de Reserva de Seguridad Social. La gestión de este fondo es muy conservadora, invirtiendo casi la totalidad de las reservas en deuda pública española y una pequeña fracción en deuda pública alemana o francesa. Sin embargo, entre 2011 y 2015 el fondo ha pasado de disponer de más de 66.000 millones de euros a menos de 40.000 millones. Según algunos estudios, el fondo se agotará entre los años 2020 y 2028 (aquí).

Si además consideramos algunas de las últimas propuestas que se están planteando actualmente y que pasan por dejar de financiar las pensiones de orfandad y viudedad a través de cotizaciones sociales para comenzar a hacerlo vía impuestos, es evidente que el mensaje político queda muy alejado de la realidad.

Por tanto, resulta necesaria una revisión completa del modelo de prestaciones. El propio Banco de España ha advertido en sucesivas ocasiones de la necesidad de ahorro previo para poder garantizar una jubilación digna en el futuro, dado que la pensión será más baja (aquí). Esta recomendación pone a prueba los incentivos que el propio sistema de reparto genera: dado que voy a recibir una pensión en el futuro, mi propensión al ahorro disminuye en el presente.

La necesidad del ahorro como elemento clave para financiar las pensiones se acentúa si consideramos nuestro reto de la productividad española, que únicamente podrá incrementarse mediante la inversión en capital físico y humano.

En conclusión, es preciso que las instituciones en su conjunto reconozcan los retos aquí expuestos y diseñen una agenda realista, gradual y orientada al largo plazo para garantizar un sistema de pensiones que sea sostenible, no a base de empeorar su calidad, sino mediante la generación de ahorro previo que asegure una renta diferida a los futuros pensionistas e incremente la productividad laboral para sostener a la Seguridad Social y así poder garantizar una mínima pensión pública.

De otro modo, la persistencia en negar esta evidencia y en no acometer la revisión del sistema en su conjunto, llevando a cabo las medidas de calado necesarias más allá de simples parches, nos aproximará a una mayor probabilidad de invasión extraterrestre.