#JuicioProcés: Las declaraciones de los mandos policiales (Parte II)

Está quinta semana de juicio ha sido verdaderamente intensa. Continuó Castellví, el que fuera responsable de información de los Mossos, mucho más matizado que el viernes anterior y bajo la sospecha de haber sido presionado por los independentistas. Le siguió su compañero Quevedo, quien coherentemente con todos los testimonios anteriores se refirió al contenido de “las dos reuniones” que tuvieron con Puigdemont, Oriol y Forn, donde ya leas advirtieron de los graves disturbios que se iban a producir y a pesar de todo no lo desconvocaron sino que ocultaron esta información a los ciudadanos y los arengaron a ocupar los colegios y a resistirse al cumplimiento del mandato judicial, provocando la violencia. Sabían que se iban a producir actos violentos y se lo ocultaron a los ciudadanos. Estas declaraciones nos sitúan cada vez más cerca del delito de rebelión.

En relación con el delito de malversación, declararon los responsables de contratación de la Generalitat y los proveedores que señalaron –algunos– que habían anulado las facturas y que no pensaban cobrar. En este punto, destacó la Abogacía del Estado en sus preguntas sobre derecho presupuestario y contratación, haciendo constar que el daño al Erario Público de la Generalitat en cualquier caso ya se ha producido y es irremediable, aunque las facturas se anulen. Albert Royo, de Secretario General de DIPLOCAT, trató de quitarle importancia a este Organismo y desvincularlo del poder de la Generalitat, aunque tiene finalmente tuvo que confesar que se hicieron ciertos pagos, aunque discutiendo la finalidad de estos.

Pero la estrella indudable de esta semana de juicio ha sido el Mayor Trapero. Magnífica estrategia de defensa para su propio juicio: contestar. Muy contundente, muy serio, sin titubear. Quería proteger a sus Mossos. Pero sobre todo llamó irresponsable a Forn y confirmó la locura que supuso advertir a los políticos de la que se venía encima el día 1 de octubre y cómo, éstos, fanáticos, decidieron seguir adelante. ¿De verdad tenían un plan para detener al Gobierno? Alguien más de la cúpula de los Mossos debería confirmar este extremo porque parece increíble. Sin duda, con estas declaraciones han empezado a cambiar las caras de los acusados y de sus abogados, respecto de las que veíamos en las primeras sesiones del juicio.

Especial eco ha tenido, en la sesión del día 14,  la pregunta del Presidente del Tribunal a Trapero sobre las reuniones de los mandos de los Mossos con  Puigdemont, Forn y Junqueras, en las que los mandos policiales les emplazaron al cumplimiento de la legalidad y trasladaron su preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana si se celebraba el referendum. Este episodio se tituló por los medios como el  salvamento por el Presidente de la Sala de un interrogatorio  fallido de la acusación popular y el Ministerio Fiscal. Y, en esta línea,  pese a que ninguna de las defensas había formulado protesta en el acto, al día siguiente, la defensa de Junqueras y Romeva presentó escrito en el que denunciaba la parcialidad del Tribunal y la suplantación por éste de la actividad acusatoria.

Sin embargo, este enfoque no se ajusta a la realidad acontecido en la sesión, en la que se ha llevado a cabo una estricta aplicación del artículo 708 de la LECrim. El Tribunal ha buscado la verdad material, lo que es su función, sin menoscabo de su imparcialidad y del principio acusatorio.

En su primer apartado, el artículo 708 de la LECrim establece el procedimiento a seguir para la práctica del interrogatorio de los testigos en el plenario,  y dispone que el Presidente preguntará al testigo las “generales de la Ley”, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente, y las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones.

En la aplicación de este mecanismo de desarrollo procesal de las declaraciones de los testigos a lo largo de estas semanas, el Tribunal, en una aplicación rigurosa del precepto, no ha admitido a las partes preguntas a los testigos no relacionadas con hechos sobre los que no haya versado el interrogatorio de la propia parte que había propuesto el testigo, por no ser “pertinentes en vista de sus contestaciones”, como prevé el artículo 708.

En este caso, la declaración testifical de Trapero había sido propuesta por la acusación particular, que en su interrogatorio no formuló preguntas sobre las reuniones de Trapero con Puigdemont y los políticos acusados. Al llegar el turno de preguntas del Ministerio Fiscal este formuló una pregunta sobre aquellas reuniones, sobre las que no había interrogado la acusación particular ni respondido el testigo. Protestada por Melero, el Tribunal, previa deliberación en el receso para el almuerzo, y por unanimidad, no admitió la pregunta, lo que motivó la protesta del Fiscal Zaragoza.

Sin embargo, Melero sí introdujo estas reuniones en el interrogatorio a Trapero, enfatizando además que él sí podía preguntar sobre ellas porque “era su testigo”,  dado que lo había propuesto.  Y al finalizar la declaración, el Presidente solicitó aclaraciones a Trapero sobre el motivo por el que había solicitado las reuniones con los responsables políticos. El Presidente hizo constar expresamente que Trapero había respondido sobre estas reuniones a preguntas de la defensa de Forn, y que la pregunta se formulaba al amparo del artículo 708.2 de la LECrim, que establece que el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

Así las cosas, no se ha preguntado por el Presidente en sustitución de las acusaciones, menos aún introducido indebidamente en el interrogatorio el asunto de las reuniones, pues había sido precisamente la defensa de Forn la que había interrogado sobre esta cuestión. Y la pregunta del Presidente se ha ceñido a un aspecto concreto, la preocupación que llevó a los mandos de los Mossos a instar las reuniones que había relatado, que encaja perfectamente en una depuración o aclaración de los hechos, permitida a la Sala por el artículo 708.2 de la LECcrim.

La mejor prueba de la corrección procesal en la actuación del Tribunal la constituye el hecho de que, en un plenario en que se vienen produciendo abundantes protestas, ninguna de las defensas formuló en el acto protesta alguna. Y la protesta formulada al día siguiente es inocua a los efectos de denunciar vulneración del derecho de defensa, y en particular a los efectos de fundar un motivo de amparo en el recurso que pueda interponerse contra la sentencia, toda vez que la invocación tardía del derecho, sin protesta en el momento en que se formula la pregunta, incumple la exigencia que para la admisibilidad del amparo establece la LOTC: que se haya denunciado formalmente en el proceso la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. Y ese momento era el de la formulación de la pregunta por el Presidente, antes de su respuesta.

#JuicioProcés: Las declaraciones de los mandos policiales y la policía de estrados

Las declaraciones de los mandos policiales:

Podemos afirmar sin duda que en esta cuarta semana desde que comenzó el juicio del procés, ha empezado el juicio de verdad. Dejamos en la memoria las declaraciones de los acusados sobre que esto fue una fiesta popular espontánea motivada por el fervor de votar -diga lo que diga la Ley- y las declaraciones de los políticos del Estado y de los partidos independentistas, y nos metemos en la averiguación de la verdad material de los hechos, que es lo que el Derecho Penal pretende siempre.

Han declarado quienes vivieron aquello en primera persona y allí. El secretario de Estado de Seguridad, que, sin esconderse, se declaró responsable del operativo del Estado; los parlamentarios catalanes de la Mesa, de Ciudadanos y PSOE, que acabaron con la credibilidad de Forcadell; los letrados del Parlament, que no cesaron de advertir de las ilegalidades y consiguientes responsabilidades; el delegado del Gobierno en Cataluña; el coronel Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación del operativo policial; la letrada de la Administración de Justicia, que fue secuestrada en el ejercicio de sus funciones de entrada y registro judicial; el práctico del Puerto de Palamós, que desmontó la coartada de Rull; los informáticos que iban a diseñar el sistema de voto electrónico; algunos de los proveedores de la Generalitat para el referéndum, que dicen que no cobraron; el jefe de la Policía Nacional, que mandaba el operativo; el teniente general de la VII Comandancia de la Guardia Civil y el jefe de información de los Mossos, Castellví.

Ya analizaremos más adelante lo relativo a la malversación. La desobediencia parece evidente. Nos interesa sobre todo, hoy, referirnos a las declaraciones de los mandos policiales, incluido el Mosso d’Esquadra:

  • En todo momento se preveía policialmente que iba a haber una gran violencia si el referéndum se llevaba a cabo, como finalmente la hubo. La gente estaba organizada e impedía el ejercicio de la función policial en ejecución del mandato judicial de impedirlo. No se podía entrar en los colegios y, en ocasiones, no se podía salir de ellos con el material electoral. Se describieron sucesos de lesiones graves a policías y Guardias Civiles y desde luego no había colaboración ciudadana para cumplir las órdenes judiciales. Curiosamente, la acusación de la Abogacía del Estado omite por completo la existencia de violencia.
  • A pesar de las advertencias realizadas al Gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras y Forn, sobre todo), y prácticamente el ruego de las tres fuerzas policiales para desconvocar el referéndum en previsión de esta más que probable violencia, el Gobierno autonómico se negó en rotundo apelando a la “voluntad del pueblo”.
  • Los Mossos traicionaron a la Guardia Civil y a la Policía Nacional montando un operativo como si fuera una votación normal, no una prohibida judicialmente. Informaron a la gente de cómo hacer para poder votar y no poder ser desalojados, ocupando anticipadamente los centros electorales, algunos directamente colaboraron positivamente en la celebración, espiaron a las otras dos fuerzas policiales con el fin de frustrar su mandato. Si hubieran estado del lado de la Ley, el referéndum no se habría celebrado.
  • La Letrada de la Administración de Justicia temió por su vida e integridad física. Vivió momentos de gran angustia al estar rodeada de una gran cantidad de personas. No se sabe con base en qué autoridad, las negociaciones para salir del edificio de la Consejería de Economía se hicieron con los Jordis, en condiciones inasumibles para la seguridad de los funcionarios y de los Guardias Civiles; los Mossos nunca ofrecieron colaboración para llevar a cabo el registro judicial, no mandaron los refuerzos que la Guardia Civil les solicitó. Tuvo que escapar por los tejados, dejando parte de los efectos intervenidos en el registro judicial.

“No quería violencia pero por celebrar el referéndum la acepté”: dolo eventual.

En la última de las testificales de la semana pasada, el anterior comisario jefe de información de los Mossos d’Esquadra declaró que el presidente, vicepresidente y el consejero de Interior fueron informados de que la realización del referéndum podía generar situaciones de violencia y que, a pesar de ello, asumieron su realización.

Si bien no es, por el momento, suficiente para cumplir con el tipo del delito de rebelión, sí se acredita que, por lo menos, habrían recurrido en lo que se llama dolo eventual, esto es, que, conociendo que el hecho produciría un resultado dañoso para el bien jurídico protegido, se ha seguido hasta su perpetración. En palabras del Tribunal Supremo:

…se estima que obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continúa realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca.

Es una de las principales cuestiones del proceso: si acreditada, en su caso la violencia, esta era directamente perseguida o no lo era pero se asumía que podría existir para conseguir la independencia.

Y en ello puede ir la existencia o no de rebelión.

La policía de estrados:

Por último, nos gustaría llamar la atención sobre una actuación que hemos visto de manera continuada a lo largo de la semana pasada en el presidente del Tribunal, en orden a asegurar la buena marcha del juicio oral. En su función de dirección del proceso, ha corregido y delimitado la actuación tanto de las acusaciones como de las defensas e incluso de las personas que han acudido como testigos.

El presidente ejerce con estas actuaciones lo que se denomina “policía de estrados” con el fin de asegurar el buen orden del proceso en garantía también del derecho de defensa.

En esta función podría llegar incluso a la imposición de correcciones a las partes (apercibimientos o multas) si considera que están faltado al respeto debido a cualquier persona que intervenga en el proceso o no obedecen sus instrucciones. De hecho, el presidente ya había usado esta facultad, previa deliberación con la Sala, respecto a los miembros de la CUP que se negaron a contestar a Vox, imponiéndoles multa de 2.500 euros, además de trasladar los hechos a la jurisdicción penal ordinaria por si los hechos fueran constitutivos de delito.

El límite de esta función es la libertad de expresión de las partes, como manifestación del derecho de defensa.

Alguna de las actuaciones que hemos visto en las defensas parecen que intentan forzar esta función de policía hasta el límite de considerar que está afectado a su derecho de defensa, esto es, intentar que por esta vía el Presidente se exceda en su función de ordenar el proceso y puedan alegar vulneraciones de derechos fundamentales.

Seguro que será uno de los argumentos que, en caso de sentencia condenatoria, aleguen ante el Tribunal Constitucional.

 

JuicioProcés: Statements by Defendants, Witnesses and the Inviolability Strategy. Traducción cortesía Voices from Spain

Originally published in Spanish: #JuicioProcés: las declaraciones de acusados, testigos, y la estrategia de la inviolabilidad . Hay Derecho

February 25, 2019

Last Monday we launched the series of pieces on the trial to the Catalan “procés” to clarify why the Supreme Court is the competent authority to know about the case, by examining the defense strategy and commenting on the subject of yellow ribbons (here).

Now that the second week of sessions was over last Thursday, when we could hear the statements by most of the secessionist leaders, we will focus in analyzing the replies of these defendants, as well as trying to cast some light over those legal questions exposed.

Regarding the statements by the defendants, it is striking in general terms the persistent efforts to keep talking about politics, instead of law, and the lacking of joint preparation by the defense positions.

Jordi Turull was the first to testify. He roundly denied the charges and he was surprised at the discussion on the commercial invoices they issued and the announcements distributed to media calling on the citizens to vote in the illegal referendum. According to his account of the events, it was the private companies who lead the —unplanned, patriotic— effort to issue announcements, massive electoral mailing, buying ballot boxes, making ballots, posters and so on. He said that they made it at their own risk, without any orders at all from the Catalan government —who called the consultation— and then they thought that they had to send their invoices to the government.

The truthfulness of these claims will be checked by the Court and both parties, with the statement of the leaders of such companies who will testify as witnesses, who eventually will be obliged in due course to say the truth, as we will explain later.

Keeping with a political defense rather than legal, Mr Turull emphasized something quite astonishing recently stated by the president of the Catalan government in a radio interview—that democracy is above the law, in an effort to justify that the actions by the members of Catalan parliament would be mandated by the people as a “majority”, without regard to what law says.

Raul Romeva, on his part, kept developing the “political theory” of the defense, claiming the will of the majority of the Catalan people to be above anything else, and repeating the mantra that “voting is not a crime”, so the trial to the Catalan “procés” where he was testifying would be made no sense.

Either way, when it comes to the facts, which are the real subject under prosecution, Mr. Romeva did not deny the incurring on expenses charged to public funds —as Oriol Junqueras and Jordi Turull actually stated—, and he just claimed from his point of view it was not a crime.

Another defendant who could testify last week was Josep Rull, who did not miss the opportunity to challenge the moral authority of the Supreme Court, and he just said that no public funds were spent.

Santi Vila, who resigned hours before the pronouncement by the Catalan parliament, expressed himself with honesty and regret, and he took the opportunity to go further on political explanations. He, as Jordi Sanchez, affirmed that the events of October 1st were a civic, pacific, normal demonstration.

Dolors Bassa, Meritxell Borras, and Carmen Mundo also testified and, even though they keep in line with the previous statements, expressed themselves more vaguely to defend themselves against the charge of disobedience.

Precisely, in regard with this crime of disobedience, the legal strategy of defenses seems an unanimous effort to claim an alleged inviolability and immunity of the defendants, because of their status as members of the Catalan parliament.

Keeping with the analytic-didactic dynamics that we wish to give this series of articles, we must stop here to analyze the legal viability of such allegation.

Unlike the “aforamiento” (granted immunity) (Art. 57.2 of Catalan Statute of Autonomy), that we commented in the previous post by examining its impact on the Supreme Court jurisdictions, it is the individual parliamentary prerogatives, regulated by section 1 of Article 57, what we are discussing now: “Members of Parliament are inviolable with regard to the votes and opinions they may express in exercise of their position. During their term in office, they enjoy legal immunity and may not, therefore, be arrested unless in a flagrant offense.”

First, on the inviolability. Article 57.1 of the Catalan Statute of Autonomy guarantees the freedom of speech of the members of the regional parliament when they contribute to set the will of the Chamber executed by vote, expressions or opinions, and it is not a personal privilege granting them with immunity for flagrant illegal actions. In the case of the members of the Catalan government and Mrs. Forcadell, charged with a crime of rebellion, the charges do not concern only those actions carried out in the parliament building, but in the “consistent and relevant engagement, as members of the government and the Catalan parliament within Spain, in a plan … developed over approximately two years … over the course of which resolutions of the Constitutional Court were disobeyed and actions effectively derogating of the Spanish constitution and any element of the legal order contrary to the plans of the defendants”.

The allegation of inviolability made by Forcadell and the members of the Catalan parliament accused of disobedience was studied by the Supreme Court in several court orders, such as those issued on May 9th and June 26th ,2018, stating repeatedly that it only applies to votes, declarations and opinions. The repeated and systematic disobedience of the Constitutional Court orders cannot be protected by this inviolability, even less when paired with the degradation of parliamentary processes for the benefit of the secessionist plan. As the examining judge argued about the allegation of having followed the parliament rules, “Before the determination with which the long and concerted plan for the independence has been carried out, with some of its episodes being even broadcasted on live TV so that they could be followed closely by all those who wanted to do so moved by either hope or anguish, the allegation that the Board was forced to tolerate the secessionist initiatives on the grounds of regulation should produce some qualms… even more when the Court itself had forewarned the involved officials, and the members of the Board of the Parliament in particular, under their responsibility, that their duty was to prevent or freeze any initiative that could disregard or elude the orders enacted by the Court”.

Actually, regarding the argument of the actuation according to the normative of the parliament, we must remember, among other episodes, that when the legislation supporting the referendum on October 1st was put to the vote of the members of the parliament, it was not only against the prohibition of the Constitutional Court, but there were also infringements of the rights of the minorities. The ruling of the Constitutional Court 114/2017 considers the appeal of unconstitutionality lodged by the Prime Minister against the Referendum Law, whose debate and voting where imposed to take place in the same morning of its official publication, excluding the possibility of presenting petitions to reject the bill and providing only two hours to present amendments, and suppression of the right to request an assessment from the Statutory Guarantees Council. In the words of the Constitutional Court, the majority “introduced new provisions in the Regulations of the Catalonian Parliament itself and ruled for the case… a brand new «procedure» that was conceived and promoted for its own benefit. Considering this, and from the point of view of constitutionality, the restriction, be it big or small –but maximum in this case- of specific rights of the representatives is not the most severe problem, but the subordination and consequent degradation of all rights to the rule of majority beyond any other regulation”.

On the other hand, regarding immunity, the Statute only establishes it against arrest by police except in cases of being caught in the act. It is a limited or partial form of immunity, as the similar precept in the Basque Statute was defined in the Ruling of the Constitutional Court 36/1981, in which there is no requirement of the previous consent by the Parliament that is applicable to members of the Congress and Senate according to article 71 of the Spanish Constitution. Therefore, the Spanish Attorney General stated that “the guarantee of immunity does not mean that a court cannot order the imprisonment, but is exclusively related to arrest by police. The protection of the members of the parliament does not involve jurisdictional immunity whatsoever beyond the determination of the High Court of Justice of Catalonia as competent tribunal”, since “an interpretation of the privilege of parliamentary immunity that results in impunity is unacceptable”.

In addition to the previous remarks regarding the declarations of the defendants, we must remember that this week the witnesses will start testifying before the Court. These declarations, as mentioned, are turning out to be essential to confirm or contradict the statements that the defendants would have done up to then.

One of the reasons for that is that these interrogations have substantial differences with respect to the phase that will start this week.

The defendants have the right to do not state the truth, and for that reason, they do not have to swear or take an oath before the questioning begins. Likewise, they have the right to refuse to answer to those parties of the trial –be it prosecution or defense- that they do not wish to. Because of this some of the examinations (e.g. Junqueras, Romeva) have been more like political statements, after refusing to answer the questions of the prosecutors and answering only those made by their own attorneys, which were thus acting almost as a prompter for their clients to make their speeches.

What is common between both types of examinations is that they all should be focused on the events and actions of the questioned person. For this reason, the President of the Court has been seen reprimanding the parties, mainly the prosecutions after they asked the defendant to provide opinions or subjective assessments.

All changes this week. The witnesses are required to state the truth under penalty of perjury, and they also must answer to all parties of the trial: prosecutions, defenses, or the Court itself, which will also be able to question the witnesses. It will, therefore, be the moment in which the private prosecution (VOX) will be seen in action since the witnesses will not be able to refuse to answer.

In this sense, it takes particular relevance the position of the President of the Court since, as the witnesses must answer all the questions, it will be him who would have to constrain the scope and extension of the examination, as well as the pertinence or lack thereof of the questions formulated by the different parties.

Considering this, we will follow expectantly the proceedings of the following sessions in order to elucidate new developments in the trial.

#JuicioProces Últimos acusados y testigos. El examen de los recursos de amparo interpuestos por los acusados

Últimos acusados y testigos.

En la tercera semana del juicio han terminado de declarar los dos últimos acusados, Cuixart y Forcadell, en la misma línea que los anteriores, con los mismos argumentos. Cuixart ha negado que el objetivo fuera la DUI sino unas elecciones plebiscitarias, plantea argumentos escasamente creíbles como que la web cridaperlademocracia se alojará en Irlanda por motivos económicos e insiste en alegatos difícilmente asumibles como que las cosas que pasaron lo fueron por el arranque espontáneo de la sociedad catalana, a su juicio, la más civilizada del Universo, en el movimiento de desobediencia civil más grande de la historia de Europa –dijo, emocionado–. Junto con Forcadell ponen en duda la legitimidad del Tribunal Constitucional, que no reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña y, por eso, ellos deben dar un paso adelante para, por encima del mero cumplimiento de la Ley, autos y sentencias, garantizar tales derechos como es voluntad del pueblo catalán soberano. Ambos insisten y coinciden en el pacifismo genético de la sociedad catalana, visto el 1-O, en contraste con la violencia salvaje, desproporcionada y gratuita que desarrollaron las FCSE por orden del Estado opresor. En el Parlament se puede debatir cualquier cosa, dice Forcadell sobre la desobediencia, remitiéndonos al enfrentamiento entre Enrique VIII y Tomás Moro.

Después comenzaron los testigos políticos, con obligación de decir verdad y tendencia a hablar de política en vez de sobre los hechos que se juzgan por lo que el Presidente de la Sala tuvo constantemente que reconducir preguntas y respuestas. Cada uno según lo previsible. Fue interesante la declaración de Artur Mas que confirmó que él estaba en reuniones estratégicas por su experiencia pasada y que el referéndum se quiso que fuera vinculante a diferencia del de 9-N ­(lo que han tratado las defensas de minimizar, haciéndolos aparecer como semejantes, ambos de naturaleza política y no jurídica, simbólicos), señalando que Forcadell estuvo en alguna de esas reuniones y que él siempre defendió que el referéndum debía ser convocado desde la Generalitat y pactarse con el Estado.

El primer testimonio no favorable a los acusados después de dos semanas fue el de Soraya Saénz de Santamaría quien dijo lo obvio: si no hubieran ustedes mandado a la gente a ocupar los colegios, si no se hubieran empeñado en meter a la ciudadanía en una ilegalidad, no hubiera habido violencia alguna, remarcando en todo caso que la policía cumplía un mandato judicial; la Ley no se puede desobedecer, es la garantía de la convivencia. La declaración fue larga, el abogado de Forn, Melero, presionó con gran oficio y quizás perdió algo de garra al final, pero fue una declaración intensa y clara, con mensajes que, no por obvios, hacía falta escuchar. Rajoy, en esa misma línea, pero nos dejó estupefactos la pregunta de la Abogacía del Estado, más propia de las defensas sobre por qué no declaró el 155 después del 9-N; el ex Presidente salió bien diferenciando ambos sucesos. Montoro centrado en el delito de malversación, a veces algo torpe. Marta Pascal quería que se convocaran elecciones, no declarar la independencia. Urkullu estuvo sereno y serio, dejando claro que él no era un mediador entre dos partes, a pesar de lo que de nuevo la Abogacía del Estado insistía en denominarle mediador. Colau en plan activista, que hay elecciones próximas: el Ayuntamiento está personado en el Juzgado nº 7 de Barcelona y hay 30 policías investigados y ningún ciudadano (por cierto, señora, hay que prepararse estas cosas y no decir mentiras: hay 20 policías investigados y 5 ciudadanos también).

¿Zoido fue de verdad Ministro del Interior? No lo parecía, no sabía nada de nada de nada, ¿quién va a contar con él para cualquier cargo cuando no se enteró de nada de lo que pasó en su Ministerio? Xabi Domenech también activista y desobediente civil, sólo analiza, como otros, las cuestiones previo filtro ideológico, antes de juzgar y exponer ya hay malos y buenos. No declararon los testigos a su vez investigados en el Juzgado 13 de Barcelona y los de la CUP se negaron a contestar a VOX por lo que su declaración se suspendió y se les denunció ante el Juzgado de Guardia por posible delito de desobediencia, imponiéndoles además multa de 2.500 euros.

 Por qué el juicio es aburrido y por qué debe de serlo

Después de las dos primeras semanas de juicio, está extendida la opinión de que el juicio no cubre las expectativas o que la actuación de fiscales y abogados no llega a brillar.

Quien conoce la práctica procesal penal en España sabe que los juicios en los que no interviene un jurado, como es común en el mundo norteamericano, suelen ser técnicos ya que no existen “terceros” legos en derecho (el jurado) a los que hay que explicar, por ejemplo, los tipos penales o los diferentes niveles de culpabilidad.

Es lo que esta pasando en el juicio del procés donde vemos de forma reiterada al Presidente del Tribunal corregir a fiscales y abogados en sus interrogatorios, el Tribunal sabe derecho y su interés se limita al conocimiento de los testigos de los hechos que se enjuician desprovistos  de toda calificación política o jurídica.

Por eso las testificales de esta semana, a pesar de su alta carga política (han pasado presidentes de gobierno y de comunidad autónoma, vicepresidente y diputados) ha pasado rápido, al Tribunal sólo le interesan los hechos que se enjuician.

Un profesional del derecho ve mucho más, ya en esta fase, a la espera de los testigos clave sobre el dispositivo policial del 1 de octubre o sobre la malversación, los fiscales y los abogados han ido extrayendo hechos de las declaraciones que usaran en sus calificaciones definitivas, ahí veremos su valor.

Los juicios penales en España no tienen la emotividad ni la puesta en escena que estamos acostumbrados a ver en el cina norteamericano, donde los abogados y fiscales no sólo tienen que defender o acusar sino actuar ante doce jurados, doce personas a los que hay que convencer y explicar en un campo, el derecho penal, desconocido para ellos.

En conclusión que el juicio sea aburrido, es lo que debe de ser.

Sobre los recursos de amparo. Prisión provisional.

En paralelo al inicio del juicio oral ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional está realizando una intensa actividad al examinar los recursos de amparo interpuestos por los hoy acusados contra resoluciones recaídas durante la instrucción- junto a otros recursos relacionados con el “procés” como el relativo a la intentona de  investidura “telemática” del huido Puigdemont-, de manera que hasta la fecha se han publicado 23 sentencias y autos relacionados con el proceso independentista. Los independentistas insisten en presentar el recurso de amparo como un mero trámite obligatorio para el agotamiento de la vía interna previa a acudir al TEDH que es en quien  depositan sus esperanzas. Sin embargo, es precisamente la tutela general de los derechos fundamentales y libertades públicas realizada por los Juzgados y Tribunales ordinarios y, en especial, la doctrina constitucional emanada por el TC al resolver los amparos constitucionales, los que motivan que España sea uno de los países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos con menos condenas del TEDH. Desde  que en 1979 España ratificó el Convenio sólo ha habido 103 sentencias desfavorables del TEDH. En 2017, 634 de las 641 demandas presentadas contra España ante el TEDH fueron declaradas inadmisibles, y se produjeron 6 condenas, cifra similar a otros países como Francia (6), Alemania (7) o Bélgica (7), pero muy inferior comparada con países como Grecia (36), Italia (28) o Austria (16).

Nueve de los doce acusados llevan entre 12 y 15 meses en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell. El 28 de febrero, el TC ha resuelto los primeros recursos de amparo en que se cuestionaba la prisión preventiva, interpuestos por Sánchez y Cuixart contra el Auto de la Juez Lamela de 16 de octubre de 2017, que acordó la prisión provisional, confirmado por el de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2017. En ambos casos, los recurrentes consideraban que la decisión de la Audiencia Nacional había vulnerado los siguientes derechos fundamentales: al juez ordinario predeterminado por la ley; al derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) en relación con el derecho a un juez imparcial y el derecho de defensa (art. 24.2 CE) por decretar la prisión provisional para la consecución de fines que no fueron invocados por el Ministerio Fiscal. Además Cuixart invocaba la falta de ponderación de la vinculación de los hechos con la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.

En primer lugar, se inadmite la queja respecto a la invocación al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley ha sido planteada de forma prematura, pues el  demandante la podía formular ante el Tribunal de enjuiciamiento como artículo de previo pronunciamiento, como ha hecho. También se inadmite la queja de Cuixart por falta de ponderación de sus derechos políticos, que no se había formulado en la vía judicial previa.

Respecto a la vulneración del derecho a la libertad personal, el Tribunal concluye que la interpretación de la regulación vigente del Auto de prisión cumple con el estándar establecido en la  doctrina constitucional y la del TEDH: cuenta  con motivación suficiente y razonable, entendiendo por tal que al adoptar y mantener esta medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su adopción y que esta ponderación  no sea arbitraria, en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y, muy especialmente, con los fines que  justifican la institución de la prisión provisional. Más allá de comprobar este estándar, no corresponde al TC ni al TEDH determinar en cada caso si concurren o no las circunstancias que permiten la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional, sino únicamente el control externo de que esa adopción o mantenimiento se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución [STC 128/1995, FJ 4 b)].

La apreciación de riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pese a que se alegaba que el Ministerio Fiscal sólo había invocado el riesgo de reiteración delictiva,  se desestima pues “sin necesidad de entrar a valorar si existió o no posibilidad real de contradicción del recurrente respecto del riesgo de frustración del procedimiento por la huida del investigado o por la destrucción de fuentes de prueba, es posible concluir que el resultado final de prisión provisional adoptado en la comparecencia, habría sido el mismo que alcanza el órgano judicial acudiendo a motivos adicionales cuyo uso rechaza el recurrente a través de la denuncia de indefensión”. Además, los recurrentes pudieron discutir la existencia de riesgos de fuga o destrucción en el recurso de apelación interpuesto.

#JuicioProcés: las declaraciones de acusados, testigos, y la estrategia de la inviolabilidad

El lunes pasado estrenábamos la serie de artículos de seguimiento del juicio del procés aclarando por qué el Tribunal Supremo es competente para conocer de la causa, examinando la estrategia de defensa de los acusados y comentando la cuestión de los lazos amarillos (ver post aquí).

Finalizada el pasado jueves la segunda semana de sesiones, en la que pudimos asistir a la declaración del grueso de políticos independentistas, nos centraremos en analizar las respuestas de estos encausados, así como en tratar de arrojar luz sobre aquellas cuestiones jurídicas que se han ido poniendo de manifiesto.

En lo que respecta a las declaraciones de los acusados, llama la atención con carácter general la insistente voluntad de seguir hablando de política -y no de Derecho-, así como la falta de preparación conjunta de las posiciones de defensa.

El primero en declarar fue Jordi Turull, que negó de plano las acusaciones y se mostró sorprendido al hablar acerca de las facturas de las empresas que hicieron y distribuyeron a los medios los anuncios para que la ciudadanía participara en el referéndum ilegal.

Según su versión, fueron las empresas privadas quienes tomaron la iniciativa -improvisada, patriótica- de hacer anuncios, envíos electorales masivos, comprar urnas, fabricar papeletas, cartelería, etc. Y lo hicieron por su propia cuenta y riesgo, sin tener encargo alguno del gobierno de la Generalitat convocante de la consulta y después pensaron que las facturas se las pasaban a dicho Gobierno.

La veracidad de estas afirmaciones podrá ser contrastada por el Tribunal y las partes, en su momento, con la declaración de responsables de dichas empresas que comparecerán en calidad de testigos y que, como luego explicaremos, sí tendrán la obligación de decir la verdad.

Continuando con esa defensa más política que jurídica, el Sr. Turull insistió en algo sorprendente que el actual Presidente de la Generalitat declaró hace poco en una entrevista radiofónica: que la democracia estaría por encima de la Ley, y ello para tratar de justificar que las actuaciones de los miembros del Parlament habrían sido impuestas por el pueblo “mayoritario”, sin importar lo que la Ley diga.

Por su parte, Raul Romeva continuó desarrollando la “tesis política” de defensa, arguyendo que la voluntad mayoritaria del pueblo catalán se habría impuesto a todo lo demás, y reiterando el mantra de que, dado que votar no es delito, el juicio del procés en el que él estaba declarando, carecería de cualquier sentido.

En cualquier caso, en lo que atiene a los hechos concretos, que es lo que realmente se juzga, el Sr. Romeva no negó que se hubieran producido gastos con cargo al Erario Público -como sí afirmaron Oriol Junqueras y Jordi Turull-, limitándose a asegurar que bajo su criterio no eran delito.

Otro de los encausados que tuvo oportunidad de declarar la semana pasada fue Josep Rull, que sin dejar pasar la ocasión de cuestionar la autoridad moral del TC, se limitó a asegurar que no se gastó dinero público.

Santi Vilá, que dimitió horas antes del pronunciamiento del Parlament, se mostró sincero y arrepentido y no dejó pasar la oportunidad de ahondar en las explicaciones políticas; al igual que Jordi Sánchez, que aseguró que lo ocurrido el 1-O fue una manifestación ciudadana, cívica, pacífica y normal.

Asimismo, prestaron declaración Dolors Bassa, Meritxell Borrás y Carmen Mundó, que si bien se mantuvieron en la misma línea de los anteriores, quizás se mostraron más ambiguas a la hora de defenderse del delito de desobediencia.

Precisamente, en relación con este delito de desobediencia, la estrategia jurídica de las defensas parece pasar unánimemente por alegar la supuesta inviolabilidad e inmunidad de los acusados, en su calidad de parlamentarios.

Siguiendo con la tónica analítica-didáctica de que queremos dotar a esta serie de artículos, debemos detenernos brevemente a analizar la viabilidad jurídica que dicho argumento nos merece:

A diferencia del aforamiento (artículo 57.2 EAC), al que nos referíamos en el post anterior al examinar su incidencia en la competencia del Tribunal Supremo, son las prerrogativas parlamentarias individuales, reguladas en el apartado 1 del artículo 57, las que ahora nos ocupan: “Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito”.

Pues bien, refiriéndonos, en primer lugar, a la inviolabilidad, el artículo 57.1 EAC protege la libertad de expresión de los diputados autonómicos cuando contribuyen a conformar la voluntad de la Cámara mediante la emisión de voto, expresiones u opiniones, y no es un privilegio personal que les garantice impunidad por actos manifiestamente ilegales. En el caso de los miembros del Gobierno y la Sra. Forcadell, acusados por delito de rebelión, la conducta imputada no ha consistido sólo en actos ejecutados en sede parlamentaria, sino “en la participación constante y relevante, como miembros del Gobierno y del Parlamento de una Comunidad Autónoma de España, en un  plan que… se desarrolló a lo largo de un periodo cercano a los dos años…,en el curso de los cuales se desobedecieron frontalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el Estatuto de autonomía y cuantos elementos del ordenamiento jurídico se oponían al designio de los acusados”.

La alegación de inviolabilidad formulada por Forcadell y los parlamentarios procesados por desobediencia se ha examinado por el TS en diversos autos como los de 9 de mayo y 26 de junio de 2018, reiterando que sólo se refiere a votos, expresiones u opiniones. No puede ampararse en la inviolabilidad la reiterada y sistemática desobediencia a las resoluciones del TC, acompañada además de la degradación de los procedimientos parlamentarios para su puesta al servicio del plan secesionista. Como razonó el Instructor, refiriéndose a la alegación de que se había actuado en cumplimiento del Reglamento parlamentario, “A la vista de la determinación con la que se ha conducido el largo y concertado plan para la independencia, televisado incluso en directo en alguno de sus pasajes para que pudiera ser presenciado por cuantos tuvieron la ilusión o la angustia de seguirlo de cerca, debería ruborizar el alegato de que la Mesa vino forzada a tolerar las iniciativas secesionistas del Parlamento por exigencias reglamentarias… más aún cuando el propio Tribunal había advertido a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos enunciados por el Tribunal”.

De hecho, a propósito de la apelación a la actuación en cumplimiento del Reglamento, debemos recordar, entre otros episodios, que cuando se sometió a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de coartada al referéndum del 1-O, además de contrariar la prohibición del TC, se produjeron episodios de atropello de las minorías. Así, la STC 114/2017 examina el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del referéndum, cuyo debate y votación se impusieron en la misma mañana de su publicación oficial, con exclusión del trámite de enmiendas a la totalidad y sólo dos horas para las enmiendas al articulado, y supresión del derecho a solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

En palabras del TC, la mayoría “innovó el Reglamento del Parlamento de Cataluña mismo y arbitró para el caso… un «procedimiento» inédito que concibió e impuso a su conveniencia. Bien se comprenderá que, así las cosas, no es lo más grave, desde el punto de vista de la constitucionalidad, la restricción, mayor o menor –aquí desde luego máxima– de concretos derechos de los representantes, sino la supeditación y consiguiente degradación de todo derecho al imperio, fuera de norma alguna, de la mayoría.

En segundo lugar, en lo que respecta a la inmunidad, el Estatuto sólo establece la inmunidad frente a la detención policial, salvo en los casos de flagrante delito. Se trata, por lo tanto, de una inmunidad parcial o limitada, como, a propósito de precepto similar del Estatuto vasco, la definió la STC 36/1981, de la que se excluye la exigencia de suplicatorio, a diferencia de lo previsto en el artículo 71 CE para el caso de Diputados y Senadores. Por ello, la Fiscalía General del Estado entendió que “La garantía de la inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial. La protección de los parlamentarios no comporta inmunidad jurisdiccional alguna, fuera del aforamiento ante tribunal competente”, pueses inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad”.

Sin perjuicio de todo lo que hemos señalado acerca de las declaraciones de los acusados, debemos recordar que esta semana comenzarán a desfilar ante el Tribunal los testigos de la causa, cuyas declaraciones, como decíamos antes, se revelan imprescindibles para confirmar o contradecir las versiones que los encausados hayan explicado hasta entonces.

Entre otras cosas, porque estos interrogatorios guardan diferencias sustanciales con respecto a la práctica de la prueba que comenzará esta semana.

Los procesados tienen derecho a no decir verdad, por eso no juran ni prometen al inicio del interrogatorio; asimismo, tienen derecho a no contestar a aquellas partes procesales -ya sean acusaciones o defensas-, a las que no deseen responder.

Es por eso por lo que alguno de los interrogatorios (Junqueras, Romeva) se han parecido más a discursos de carácter político, al negarse a responder a ninguna de las acusaciones y sólo responder a las preguntas de sus abogados actuando casi como un apuntador de su defendido en la exposición.

En lo que sí guardan identidad ambos tipos de interrogatorios es que ambos deben recaer sobre hechos y actos de las personas interrogadas. Por eso se ha visto al Presidente del Tribunal reprender, principalmente a las acusaciones, por pedir al procesado opiniones o valoraciones subjetivas.

Pues bien, a partir de esta semana todo cambia: los testigos tienen la obligación de decir verdad bajo pena de falso testimonio y, además, la obligación de contestar a todas las partes procesadas: acusaciones, defensas, y también al Tribunal, que igualmente tendrá potestad para interrogar a los testigos.

Será, por tanto, el momento en que se verá actuar a la acusación popular (VOX), dado que frente a ella no podrán negarse a contestar los testigos.

En este sentido, cobra especial importancia la figura del Presidente del Tribunal, pues, dado que los testigos tienen la obligación de contestar a todas las preguntas, tendrá que ir delimitando el alcance y extensión del interrogatorio, así como las pertinencia o no de las preguntas formuladas por las partes personadas.

Así pues, acudiremos expectantes al desarrollo de las próximas sesiones para dilucidar el devenir del juicio.

#JuicioProcés: The Jurisdiction Of The Supreme Court, The Strategies Of The Defendants And The Yellow Ribbons

On February 3 we announced our intention to tell the story of the “Trial of the Procés” (more precisely, the trial of the acts committed by some people in the aforementioned process), and today we publish the first of said posts, with the intention of continuing to do so with some regularity, depending on the events and aiming at rigorously analyzing the legal questions that arise and combating the politicization of a trial that, in our opinion, has, from the outset, all the conditions to be legally just. And if it doesn’t, we’ll say so. The work that will appear in this section is eminently collective, because the variety of issues that may be involved demands it. That’s why it will appear under the “Hay Derecho” signature.

And, diving into the matter, we will now analyse some of the most relevant issues that were discussed last week during the trial sessions of the procés:

The jurisdiction of the Supreme Court.

One of the main points reiterated by the defendants has been the claim that the Spanish Supreme Court lacks jurisdiction in this case, on the grounds that the acts for which they are being tried would have been committed in the territory of Catalonia. This claim has been also used to further discredit the Spanish judicial system to prepare the ground for a potential intervention of international organisations: In the words of the defence, they are facing an incompetent Court to which an ad hoc process has been brought and the exacerbation of the punitive pretensions, we find a scenario that fulfils the typical requirements of emergency courts and the criminal law for the enemy.

Nothing could be further from the truth. Article 57.2 of the Statute of Autonomy of Catalonia establishes that in cases against Members of Parliament “the High Court of Justice of Catalonia is competent. Outside the territory of Catalonia, criminal liability is enforceable in the same terms before the Criminal Chamber of the Supreme Court”. On the basis of this allocation of jurisdiction, in which the competence of the Catalan Supreme Court or the Supreme Court (SC) is determined by the place where the crime was committed, the Supreme Court assumed in October 2017 the competence to hear the investigation and prosecution of the Special Case initiated by a complaint filed by the Attorney General of the State for rebellion and other crimes against Carme Forcadell and other members of the Permanent Deputation of the Parliament, which had already been dissolved in application of article 155 of the Constitution.

The SC, on assuming its jurisdiction at that initial moment, not only verifies the obvious territorial scope of the crime of rebellion directed at the secession of a part of the territory of Spain, which manifestly overflows the territory of Catalonia and attacks the Rule of Law as a whole; what is relevant is that, in accordance with its previous jurisprudence, the SC does not limit its assessment to the territorial effects of the crime, but rather follows the act reus, the place where the facts that would make up the action have been committed. In doing so, the account of the Public Prosecutor’s Office describes a plan and actions aimed at making the independence plan a reality, which would have had as protagonists government authorities, parliamentarians and social movements, each of which would have contributed to this objective from its own functional space.

This complex setup includes actions carried out abroad, particularly the external action performed outside the national territory, which led to the opening of embassies in some countries, and the execution beyond our borders of numerous activities aimed at preparing, financing and legitimising the holding of the referendum, reinforcing the image of Catalonia as a State and ensuring that the process of independence was recognised internationally. The actions carried out abroad make it possible to consider that the requirement of a wider territorial scope than Catalonia has been fulfilled.

Furthermore, in view of the multi-subjective and complex nature of the crime, with a division of tasks in which the coincidence in the purpose behind the action -the declaration of independence of Catalonia- tolerates factual contributions of a very different sign, the SC will be competent to judge those facts initially dealt with in other jurisdictional bodies with respect to those carried out by individuals without a special jurisdictional protection, but whose intervention is inseparable with respect to those that are being investigated and, where appropriate, prosecuted by the SC.

Due to this inseparability of the facts with respect to those under investigation, in November and December 2017 the Special Case was extended to Puigdemont and the rest of the members of his Government, who at that time lacked special jurisdictional protection, as well as against the presidents of the independentist entities ANC and Ómnium Cultural, since, otherwise, there would have been a fragmentation of the object of the process that would be detrimental to their right to a defence.

The Order of the Supreme Court of 27 December 2018, in resolving several pre-trial considerations, definitively clears the issue of competence, without prejudice to what the Constitutional Court may resolve in the numerous appeals filed. Confirms its competence to hear the prosecution of those accused of rebellion or sedition and embezzlement of public funds, reiterating that the actions carried out abroad – not necessarily violent, but linked to the prosecuted action – justify its competence.

In order to handle the allegation that the SC had been created exceptional jurisprudence to justify its jurisdiction, it expressly rejects the fact that it is moving away from precedents, in particular the 9-N referendum trial, which was tried in Catalonia because the complaint that led to the initiation of that case had been filed for the crimes of disobedience, prevarication and usurpation of powers and not for rebellion.

On the other hand, the facts attributed to the members of the Parliament (N.B the original article referred to the specific governance body of the Parliament in charge of formally putting motions to a vote, including selecting the parliamentary procedure to be used to process it), consisting of disobedience to the resolutions of the TC, without any other imputation, are referred to the SC of Catalonia considering that they could be subject to a separate trial, due to the foreseeable length of the special case, the continued presence of the accused during the lengthy sessions of the oral trial and, finally, the forced displacement of those who are only going to respond to the crime of disobedience, who are not in pretrial detention, led the SC to separate their actions for their trial in Barcelona.

The strategy of the defendants

With regard to the strategies of the defendants, we must first explain that the trial begins with the processing of the pre-trial considerations. These are not normally taken into consideration in ordinary proceedings, which is the procedure through which this trial is being processed, and which only foresees the pre-trial considerations in a series of very specific circumstances, but the Court has wanted to put in place all possible guarantees and has provided this possibility, characteristic of the abbreviated procedure, so that the defenses can raise the lesions of the fundamental rights that they consider opportune.

Most of the defenses have listed the damage to all fundamental rights granted by the constitution, thinking only in the Strasbourg Court, in an exposition evidently exaggerated, invoking political arguments rather than legal ones. It was a poor defense. Even Junquera’s defense has spoken about the damage to religious freedom for not been permitted to attend a mass in prison, a completely propagandistic allegation, since the penitentiary system depends on the Prison Supervision Court and it is not to be assessed on this trial, offending  the people in the world who do suffer persecution because of their religious ideas, even with mortal consequences.

But Forn’s defense, the lawyer Melero, said brilliantly something obvious, that we are in a criminal trial, as it would be in a case of fraud. What does this mean? It means that we need to look into the facts raised by the accusation, their evidence and the evidence from the defense, and then subsuming these facts in criminal definitions, period. No big words about the right on self-determination and ideological freedom, the persecution of the oppressed peoples, democracy, the right to vote even when it is not provided by law, Scotland, Quebec, etc. No. Just the facts under prosecution and criminal definitions. In previous matters, Melero has kept with an argumentation consistent with the fundamental right to evidence. For his part, Forn has replied to the charges with his papers tidy and underlined in colors, as someone who has nothing to hide. His argument? He supported the referendum but did nothing to carry it out. We will see which evidences are examined, but nonetheless it is a joy to see someone who apparently has learned about how a criminal trial works.

On the contrary, Junqueras, did not reply to the charges, using his constitutional right. His lawyer kept feeding him with opening lines to deliver his political speech. The message that he loves Spain, that he would do it again, that he is answerable to people’s will, that laws do not matter… Politicians, of course, as we have already seen it in the Gürtel case and others, can be more or less successful communicators in rallies, whipping people up, but in justice courts they do not let themselves to be advised by their lawyers, or believe they can persuade a judge –specially at the Supreme Court– with arguments based on politics. Law, the true expression of the will of the whole people, makes it impossible.

The Use of Secessionist Symbols: Yellow Ribbons

The first issue raised by the private accusation carried out by VOX was the displaying by one of the defendants, Mr Jordi Sánchez, of the yellow ribbon that in the collective imagination of secessionists famously expresses a protest against the prosecution and pretrial detention of secessionist leaders on the dock.

The chief justice took up the opportunity to establish the position of the Court on the exhibition of symbols in the room and made a distinction between lawyers and defendants. Regarding the lawyers, he followed the General Statute of Spanish Lawyers, which prohibits the exhibition of any insignia by the lawyers in the room except the one for their bar association. It should be reminded that during the trial of the terrorist attacks of 11 March, a lawyer wearing a yihab was expelled of the room. The case ended in Strasbourg, where it was rejected on formal grounds.

As for the defendants, the Court endorsed the ECHR jurisprudence on the exhibition of ideological or religious symbols on court. This jurisprudence deemed the ban of religious symbols displayed by the parties on a trial as contrary to the Rome Convention in two cases involving the exhibition of a yihad and a hat.

The ECHR considers that any restriction to religious or ideological freedom must be prescribed by law, which must be subjected to a quality filter, that is, it must be predictable and accessible. At the same time, for the restriction to have a legitimate end, it is required to «constitute the necessary measures in a democratic society for state security, law enforcement, public health and moral, or protection of rights and liberties of the others”.

Among these measures, the ECHR includes the necessary respect and the proper functioning of the process in court that must be assessed case by case. The ECHR interpreted that the exhibition of religious symbols did not affected these aims in the two studied cases, so therefore it considered that domestic authorities exceeded their margins of assessment.

Thus, the Court has determined that the yellow ribbons exhibited by the defendants do not lessen the required respect and proper functioning of the process, albeit they symbolize an ideological position that characterize the legal process as a political one.

(Traducción al inglés cortesía de Voices of Spain. Todo nuestro agradecimiento)

#JuicioProcés: La competencia del TS, las estrategias de defensa y los lazos amarillos

El día 3 de febrero anunciábamos nuestra intención de contar el devenir del “Juicio del Procés” (más exactamente, el juicio de los actos cometidos por algunas personas en el mencionado proceso), y hoy publicamos el primero de los posts, con la intención de continuar haciéndolo con cierta regularidad, en función de los acontecimientos y con el designio de analizar rigurosamente la cuestiones jurídicas que se planteen y combatir la politización de un juicio que, a nuestro entender, tiene, de partida, todas las condiciones para ser jurídicamente justo. Y si no ocurre así, lo diremos. El trabajo que se va a realizar en esta sección es eminentemente colectivo, porque la variedad de asuntos que pueden verse implicados así lo exige. Por eso firmará Hay Derecho.

Y, entrando en materia, analizamos a continuación algunas de las cuestiones más relevantes que se debatieron durante la semana pasada en las sesiones del juicio del procés:

La competencia del Tribunal Supremo.

Una de las cuestiones reiteradas por los hoy acusados ha sido la de sostener la falta de competencia del Tribunal Supremo, sobre la base de que los hechos por los que se les juzga se habrían cometido en el territorio de Cataluña. La alegación, además, se ha puesto al servicio de los intentos de desacreditar la justicia española y con la vista puesta en los órganos internacionales: en palabras de la defensa de uno de los acusados, con un Tribunal incompetente al que se ha traído el proceso “ad hoc” y la exacerbación de las pretensiones punitivas, nos encontramos con un escenario que cumple con los requisitos típicos de los tribunales de excepción y del derecho penal del enemigo.

Nada más lejos la realidad. El artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que en las causas contra los Diputados del Parlament «es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Sobre la base de este aforamiento, en el que la competencia del TSJ de Cataluña o del TS se determina por el lugar de comisión del delito, el Tribunal Supremo asumió en octubre de 2017 la competencia para conocer de la instrucción y enjuiciamiento de la Causa Especial iniciada por querella interpuesta por el Fiscal General del Estado por rebelión y otros delitos contra Carme Forcadell y otros miembros de la Diputación Permanente del Parlament, que ya había sido disuelto en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El TS, al asumir su competencia en ese momento inicial, no sólo comprueba la vocación territorial evidente del delito de rebelión dirigido a la secesión de una parte del territorio de España, que de modo manifiesto desborda en sus efectos el territorio de Cataluña y destruye todo el Estado de Derecho; lo relevante es que, de acuerdo con su jurisprudencia previa, no se queda en los efectos del delito, sino que se atiene a la acción típica, al lugar en que se han cometido los hechos que integrarían la acción. Así, comprueba cómo en el relato de hechos del Ministerio Fiscal se describe un plan y actuaciones dirigidos a hacer realidad el designio independentista, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio. Y, dentro de esa actividad compleja se inscriben actuaciones ejecutadas en el extranjero, singularmente la acción exterior fuera del territorio nacional, que se tradujo en la apertura de embajadas en algunos países, y en la ejecución más allá de nuestras fronteras de numerosas actividades dirigidas a preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, a reforzar la imagen de Cataluña como Estado y a lograr que el proceso de independencia fuera reconocido internacionalmente. Las actuaciones ejecutadas en el extranjero permiten tener por colmada la referencia geográfica superior al territorio de Cataluña.

Además, ante el carácter plurisubjetivo y complejo del delito, con un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo, el TS asumirá el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales respecto de no aforados, pero que presentan una naturaleza inescindible respecto de los investigados y, en su caso, enjuiciados el TS. Por la inescindibilidad de los hechos respecto de los investigados, se amplió en noviembre y diciembre de 2017 la Causa Especial a Puigdemont y el resto de los miembros de su Gobierno, que en ese momento carecían de aforamiento, así como contra los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Ómnium Cultural, ya que, de otro modo, se produciría una fragmentación del objeto del proceso perjudicial para su derecho de defensa.

El Auto del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2018, al resolver los artículos de previo pronunciamiento, despeja definitivamente la cuestión de la competencia, sin perjuicio de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional en los numerosos recursos de amparo interpuestos. Confirma su competencia para conocer del enjuiciamiento contra los acusados por delito de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos, reiterando que las actuaciones realizadas en el extranjero no necesariamente violentas, pero vinculadas a la actuación enjuiciada permiten justificar su competencia. Para salir al paso de la alegación de que se había creado una jurisprudencia de excepción para justificar la competencia, rechaza expresamente que se está apartando de precedentes, en particular del juicio por el referéndum del 9-N, que se juzgó en Cataluña porque la querella que determinó la incoación de aquella causa había sido formulada por los delitos de desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones y no por rebelión.

En cambio, los hechos atribuidos a los miembros de la Mesa del Parlament, consistentes en la desobediencia a las resoluciones del TC, sin otra imputación, se remiten al TSJ de Cataluña, considerando que son susceptibles de un enjuiciamiento separado, y la previsible duración de la causa especial, la continuada presencia de los procesados durante las prolongadas sesiones del juicio oral y, en fin, el obligado desplazamiento de quienes sólo van a responder del delito de desobediencia, que no están en prisión provisional, sugieren a la Sala desgajar esa secuencia fáctica para su enjuiciamiento en Barcelona.

Las estrategias de defensa de los acusados.

Respecto a las estrategias de las defensas, debemos explicar primero que el juicio se inicia con el trámite de cuestiones previas. No están previstas para el sumario ordinario, que es el procedimiento por el que se tramita este juicio, que sólo prevé los artículos de previo pronunciamiento en una serie de motivos tasados, pero el Tribunal ha querido ser muy garantista y ha abierto este trámite, propio del procedimiento abreviado, para que las defensas puedan plantear las lesiones de los derechos fundamentales que estimen oportunas.

La mayor parte de las defensas ha listado la lesión de todos los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, pensando nada más que en el Tribunal de Estrasburgo, en una exposición a todas luces exagerada, invocando argumentos más políticos que jurídicos. Mala defensa. Incluso la de Junqueras ha hablado de la lesión de la libertad religiosa por no poder ir a misa en la cárcel, en una alegación puramente propagandística, porque el régimen penitenciario es competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y no se analiza en este juicio, ofendiendo a las personas que en el mundo sufren persecución por sus ideas religiosas, incluso con consecuencias mortales.

Pero la defensa de Forn, el abogado Melero, brillante, dijo algo obvio: estamos en un juicio penal, igual que si fuera una estafa. ¿Qué significa esto? Pues que hay que ver los hechos que plantea la acusación, sus pruebas y las de la defensa y subsumir estos hechos en los tipos penales. Y punto. Nada de grandes discursos sobre el derecho de autodeterminación y la libertad ideológica, la persecución de los pueblos oprimidos, la democracia, el derecho al voto aunque la Ley no lo ampare, Escocia, Quebec, etcétera. No, sólo los hechos que se enjuician y el tipo penal. Melero ha mantenido una argumentación en cuestiones previas coherente con el derecho fundamental a la prueba. Por su parte, Forn ha contestado a las acusaciones con sus papeles ordenados y subrayados en colores, como quien nada tiene que ocultar. ¿El argumento?: estaba en favor del referéndum pero nada hizo para que se llevara cabo. Ya veremos qué pruebas se practican, pero desde luego qué alegría encontrar a quien parece que se ha enterado en qué consiste un juicio penal.

Por el contrario, Oriol, sin contestar a las acusaciones, en el ejercicio de su derecho constitucional. Su abogado dándole entradillas para soltar su mitin político. El mensaje de que él ama a España, que lo volvería a hacer, que se debe a la voluntad del pueblo, que las leyes no importan… Los políticos, desde luego (lo hemos visto ya antes en Gürtel y en otros casos) serán más o menos buenos comunicadores en los mítines, arengando a la gente, consiguiendo el voto, pero en los Tribunales de Justicia o no se dejan aconsejar por sus abogados, o se creen que a un Juez (más si es del Tribunal Supremo) van a convencerle con argumentos basados en la política. La Ley, verdadera expresión de la voluntad de todo el pueblo, lo hace imposible.

El uso de simbología independentista. Los lazos amarillos.

La primera cuestión que planteó la acusación popular ejercida por VOX fue la exhibición por parte de uno de los procesados, el Señor Jordi Sánchez, de un lazo amarillo que, como es conocido, en el imaginario de los partidos independentistas expresa la protesta ante el proceso abierto y las prisiones provisionales de los líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados.

El Presidente del Tribunal aprovechó la ocasión para fijar la postura del Tribunal ante la exhibición de símbolos en Sala y diferenció entre los letrados y los procesados.

Así, respecto de los letrados se remitió al Estatuto General de la Abogacía Española, que prohíbe la exhibición de distintivo alguno por parte de los letrados en Sala salvo el colegial al que pertenezcan. Cabe recordar que, durante el juicio del 11M, fue expulsada de la Sala una abogada que se cubría la cabeza con la yihab, el caso acabó Estrasburgo que lo inadmitió por motivos formales.

Respecto de los procesados, el Tribunal hizo suya la jurisprudencia del TEDH sobre la exhibición de símbolos ideológicos o religiosos ante los Tribunales de Justicia. Esta jurisprudencia consideró contraria al Convenio de Roma el impedir la exhibición de símbolos religiosos por las partes en un proceso judicial en dos casos en los que se exhiban un yihad y un gorro.

El TEDH considera que cualquier restricción de la libertad religiosa o ideológica debe estar prevista en la ley, que esta ley debe pasar un filtro de calidad, esto es, que sea previsible y accesible, a su vez que la restricción tenga un fin legítimo es necesario que «constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás».

Entre estas medidas, el TEDH integra el necesario respeto y la garantía del correcto desarrollo del proceso ante los Tribunales que habrá que apreciarse caso a caso.

TEDH entendió que la exhibición de los símbolos religiosos no había afectado a estos fines en los dos casos estudiados por lo que consideró que las autoridades nacionales se habían excedido en su margen de apreciación.

Así, el Tribunal ha estimado que los lazos amarillos exhibidos por los procesados no merman el necesario respeto y garantía del correcto desarrollo del proceso, a pesar de que simbolizan una postura ideológica que califica el proceso penal como juicio político.

El problema catalán para dummies (II): comienza el juicio

Imagen por Javier Ramos Llaguno

En el post El problema catalán para dummies tratábamos de explicar de una manera sencilla –más bien para extranjeros- cómo se había podido gestar el problema secesionista catalán y el estado de la cuestión a 26 de septiembre de 2017.

En ese momento estábamos a la espera de lo que ocurriría en el referéndum convocado para el día 1 de octubre. En efecto, el 6 de septiembre el parlamento regional de Cataluña había aprobado una ley del Referéndum que pretendía que se pudiera votar la secesión de Cataluña sólo por los ciudadanos de esa región de España. Tal cosa –el referéndum y, por supuesto, la secesión- no están permitidas por la Constitución española, a diferencia de otros casos, con los que se ha querido comparar, como los de Escocia o Quebec, cuyas normas fundamentales no resuelven el asunto y hacían posible la consulta. Al día siguiente, el 7 de septiembre, el mismo parlamento aprobó la llamada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana que pretendía regular el proceso de transición de Cataluña hacia el estado independiente, que se suponía ocurriría irremisiblemente con el referéndum convocado.

Son datos importantes que conviene recordar: primero, que las fuerzas políticas que votaron en el Parlamento estas leyes no tenían una mayoría significativa que pudiera fundamentar algún tipo de legitimidad democrática: los dos partidos que estaban a favor no llegaron, en las elecciones de 2015, a representar ni siquiera el 50% de la población, y menos aún las mayorías reforzadas que este tipo de cambios pudieran exigir en el improbable caso de que se aceptara una decisión unilateral. Sólo el juego de la ley electoral (sistema D’Hont) permitiría que quienes no tenían el 50% de los votos sí tuvieran un escaso 50% de los escaños (ver aquí los resultados de esas elecciones). Segundo, que ambas sesiones de la cámara fueron extraordinariamente irregulares: el grupo parlamentario independentista Junts pel Sí había conseguido reformar el reglamento de la cámara el 27 de julio anterior para así evitar la discusión de ambos proyectos en la comisión, y aprobarlos por medio de lectura única, introduciendo además la votación en el orden del día de una forma solapada en el último momento. Los grupos de la oposición protestaron: pidieron el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (una especie de Tribunal Constitucional regional) e hicieron notar que los letrados de la cámara habían advertido que el procedimiento elegido para aprobar la ley podía incurrir en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Después de varias suspensiones, finalmente se aprobó en ausencia de los grupos parlamentarios constitucionalistas que abandonaron la cámara. El secretario general del Parlamento, un funcionario, rechazó publicar el proyecto de Ley y a firmarlo por considerarlo ilegal.

Ambas iniciativas fueron impugnadas por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional que, al ser admitido, produjo la inmediata suspensión  de la ley. Y poco después fueron declaradas inconstitucionales y anuladas. Las apelaciones al derecho de autodeterminación que se han usado al respecto como argumento derivado de una normativa superior son absolutamente infundadas, porque como nos recuerda Gimbernat aquí las Resoluciones 1514 y 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas atribuyen el derecho de autodeterminación “sólo en supuestos de colonialismo o bien cuando existe una discriminación racial o una discriminación de los ciudadanos en su vida pública o en sus relaciones económico-sociales de carácter privado, prohibiéndose expresamente ese derecho a decidir precisamente en supuestos como el de Cataluña”

A pesar de ello el gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, hizo caso omiso de ello y continuó con la convocatoria, ya en franca rebeldía. El a la sazón presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que el referéndum que no se celebraría y, después de muchísimo tiempo de pasividad y atonía, pareció tomar algunas medidas: la policía empezó a buscar las urnas y las papeletas que se estaban preparando para la consulta y realizó algunas investigaciones (produciéndose algunos actos muy sonados de acoso a funcionarios públicos y daños) y, además, activó algunas medidas previstas en la ley para el control de las finanzas de Cataluña, fundamentalmente evitar transferencias directas a la Comunidad catalana, realizando los pagos directamente contra la certificación del gasto correspondiente (ver aquí), con lo que se intentaba evitar que se realizaran pagos para facilitar el referéndum ilegal.

Sin embargo, la decisión de impedir el referéndum tuvo su origen en una decisión judicial. El día uno de octubre se instalaron las urnas y con cierta pasividad y hasta connivencia por parte de la policía autónoma catalana (a las órdenes del gobierno regional secesionista) el referéndum comenzó, acudiendo mucha gente en los colegios electorales. Finalmente, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en cumplimiento de los mandatos judiciales, intentaron clausurar los colegios electorales, produciéndose algunas escenas de violencia. Aunque desde el ámbito secesionista se quiso magnificar ésta anunciando que se habían producido hasta 800 heridos, lo cierto es que pasado el tiempo no ha logrado demostrarse que hubiera prácticamente ninguno, al menos de consideración.

En todo caso, la votación no tuvo garantías: sin un censo fiable, sin verdaderos colegios electorales oficiales, sin controles independientes, con muchísimas personas que votaron varias veces, no parece que pudiera tener relevancia alguna, no ya jurídica, sino política. Unos días más tarde la Generalitat facilitó los resultados: votó el 43 % del censo, y votaron ‘SÍ’ el 90 % de los sufragios. La reacción del gobierno central fue declarar que, en realidad, el referéndum no se había celebrado porque había sido declarado ilegal y nulo, y lo que es nulo no existe ni produce efecto alguno.

Aun siendo eso cierto, enviar a la policía a detener el referéndum fue un error político, pues, aun siendo legal y proporcionado, el objetivo era muy difícil de cumplir, los beneficios de pararlo escasos y los perjuicios, encarnados en la imagen de la represión policial, poco admirable en un mundo posmoderno, muy grandes. Mejor hubiera sido esperar a que se desarrollara el acto ilegal –que no iba a producir efecto- y luego proceder a unas cuantas detenciones y a aplicar el artículo 155, del que luego hablaremos.

En todo caso, aquellos sucesos dejaron a la población española sumida en una profunda depresión anímica: la visión de la inepcia e impotencia de nuestros representantes y el descaro y provocación de unos dirigentes regionales dispuestos a todo no hacían presagiar nada bueno. Sin embargo, dos días después la aparición del rey en la televisión enviando un mensaje claro, contundente y sin fisuras a favor de la Constitución y las leyes levantó súbitamente el ánimo a todos los españoles que creían en el imperio de la ley y en la convivencia democrática. Estas últimas cuestiones las comentamos aquí.

El 3 de octubre celebró en Cataluña un «Paro de País» como protesta por la actuación policial durante la jornada del referéndum. En ese momento muchas empresas que tenían su domicilio en Cataluña (algunas tan grandes como Caixabank) deciden cambiar su domicilio para huir de la inseguridad jurídica que se estaba produciendo (ver aquí y aquí). El día ocho se celebró en Barcelona una manifestación multitudinaria a favor de la Constitución, que tuvo gran trascendencia emocional porque por primera vez la mitad constitucionalista de la población catalana se manifestaba claramente, cosa no habitual en una región controlada en todos sus resortes por la mayoría nacionalista.

El 10 de octubre, el presidente regional Carles Puigdemont comunicó al pleno del Parlamento de Cataluña que asumía «el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» para suspender a continuación «los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». Una extraña declaración que contenía en sí misma la mutilación de sus efectos. A partir de ese momento empieza un juego de tensión política porque el gobierno de Rajoy anunció entonces que ponía en marcha los mecanismos previstos para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, que permite tomar las medidas necesarias “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. Parece que el supuesto de hecho se había dado, y, en mi opinión particular, debía haberse aplicado mucho antes.

Ante esa amenaza, evidenciada en los requerimientos que el gobierno central realiza, el presidente Puigdemont realiza algunas exhibiciones políticas (alocución a los alcaldes), pero también movimientos y conversaciones que parecen sugerir una convocatoria de elecciones que resolviera el asunto de una manera aceptable, evitando la declaración de la independencia anunciada. Parece ser que las presiones que recibió lo hicieron imposible y el viernes 27 de octubre el Parlamento de Cataluña aprobó en votación secreta una resolución que incluía la declaración de independencia de Cataluña, con ausencia de los grupos políticos constitucionalistas. Aunque, como tuvimos oportunidad de tratar en el blog, la declaración es tan confusa que hay incluso dudas de que verdaderamente se produjera en sentido estricto (ver aquí).

A la vista de los acontecimientos, el mismo viernes 27 de octubre el gobierno, aplica el art. 155, destituye al gobierno de Puigdemont y convoca elecciones al Parlamento de Cataluña para el 21 de diciembre.​ Parece ser que el presidente Rajoy quiso conseguir un acuerdo de todas las fuerzas política constitucionalistas y eso llevó a que la amplitud de la aplicación del artículo 155 no llegara a la prevista suspensión de la autonomía de hasta seis meses, sino que quedó limitada a esa convocatoria de elecciones. Desde mi punto de vista particular eso fue un error que sólo aplazaba el problema a un momento posterior y los hechos posteriores parecen haberlo confirmado (ver aquí)

A continuación, la Fiscalía General del Estado presentaba una querella contra Puigdemont, todos los consellers (ministros regionales) y otros cargos públicos por la declaración unilateral de independencia o por actos previos. Mientras Puigdemont huye a Bélgica con algunos consejeros, el vicepresidente Oriol Junqueras y otros consejeros acuden a declarar y finalmente son encarcelados provisionalmente, a espera de juicio.

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las elecciones convocadas en virtud de la aplicación del artículo 155, que las fuerzas políticas independentistas rechazaban, pero a las que acabaron concurriendo. La participación se acercó al 80% y fue el partido Ciudadanos –constitucionalista- el que ganó las elecciones con más de un millón de votos y 36 escaños. Sin embargo,  los partidos independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura d’Unitat Popular, CUP) consiguieron, con el  47,49% de los votos, la mayoría absoluta al sumar 70 diputados en total.

Una vez constituido el parlamento regional, se producen una serie de tiras y aflojas de los partidos independentistas, que querían conseguir nombrar al huido presidente Puigdemont, lo que no consiguen porque el Tribunal Constitucional advierte de las consecuencias al presidente del parlamento, que desiste. Se intenta con otros independentistas encarcelados y tampoco se logra, porque se precisa que estén presencialmente en la investidura. Finalmente, se tras lograr un acuerdo los independentistas y por indicación del fugado Puigdemont, se nombra a Joaquim Torra, un personaje atrabiliario cuyo bagaje principal es haber realizado soflamas supremacistas e insultado a los españoles en general (ver aquí) y que ayer mismo no vaciló en declarar que “la democracia está por encima de cualquier ley”. Una vez nombrado el nuevo gobierno, la aplicación del artículo 155 quedo automáticamente extinguida.

Como hechos relevantes ocurridos tras ese momento, convendría recordar que la política del nuevo presidente ha sido absolutamente continuista con la del gobierno anterior, actuando como si no hubiera ocurrido nada desde el día anterior al 1 de octubre: sigue hablando del derecho de autodeterminación, insinúa una vía unilateral para obtener la independencia, alienta a la vía de hecho de determinados grupúsculos violentos denominados “CDRs”, que cortan vías de comunicación y acosan a los ciudadanos que no participan de sus ideas.

No ha habido, pues, una toma de conciencia del independentismo de la realidad jurídica y política ni el Gobierno central ha sido capaz de hacerle comprender con contundencia que se encuentra en un camino sin salida, que sólo puede conducir al deterioro de la convivencia en Cataluña, lo que, de hecho, ya está ocurriendo. Por otro lado, los acontecimientos en la política nacional han sufrido vicisitudes que han afectado también a la situación en Cataluña. A raíz de una sentencia de mediados de 2018 que condenaba la corrupción en el Partido Popular, en el gobierno en ese momento, prosperó una moción de censura contra el gobierno de Rajoy propuesta por el Partido Socialista, apoyado por otros partidos de izquierda y también….por los independentistas catalanes representados en el Congreso de los Diputados.

En un primer momento, este relevo en el gobierno central insufló en mucha gente la esperanza de que se produjera un cambio de aires que aligerara el ambiente: quizá un talante negociador pudiera desbloquear una situación de impasse que tenía visos de prolongarse indefinidamente ante unas posiciones independentistas encastilladas y un gobierno central silente e inmovilista. Sin embargo, las cosas no han evolucionado en el sentido anhelado. La dependencia del gobierno central del apoyo de unos diputados independentistas con agenda propia y desvinculados de la legalidad ha sido tolerable en tanto la relación se ha mantenido en el ámbito de los gestos y de las aproximaciones (algunas de una cierta relevancia como el acercamiento de los políticos presos a las cárceles catalanas, sobre cuyo carácter jurídico o político hemos debatido en el blog, ver aquí y aquí), pero cuando el asunto se ha situado en el ámbito de la aprobación de los presupuestos nacionales y en contrapartidas concretas por parte del gobierno nacional (por ejemplo, hablar de 21 puntos indicados por Torra, que incluían la autodeterminación, ante un “relator” que a todas luces pretendía ser un mediador internacional) la cosa no se ha podido sostener. Además, la experiencia en las recientes elecciones andaluzas, en que el PSOE ha perdido una mayoría que ostentaba desde hace 40 años y el crecimiento de un partido radical de derecha como VOX hacen temer que parte de la población española ha considerado la inacción e incluso tolerancia ante la rebelión catalana una cuestión de máxima relevancia ante las elecciones generales que, a no mucho tardar, deben convocarse.

En este contexto jurídico y político acaba de comenzar el juicio de los políticos secesionistas. Si he llegado a contar fielmente los hechos, creo que se podría concluir que, independientemente de cuestiones políticas que pudieran subyacer, se han producido unos hechos de importante relevancia penal que han de ser dilucidados en el ámbito jurisdiccional penal, sin que quepa retórica alguna acerca de la conveniencia de soluciones políticas al problema planteado, lo que en puridad es una falacia: nadie dudará que si un socio apuñala a otro porque ha regido con negligencia de la sociedad, quizá haya cuestiones que resolver en el ámbito mercantil, pero sin duda antes habrá que resolver las penales. Y aquí lo mismo: las cuestiones penales no resolverán los problemas políticos, pero no se pueden eludir.

Tampoco me parece que debamos enredarnos dialécticamente en la calificación que proceda atribuir los hechos: si lo cometido es un delito de rebelión (por haber concurrido violencias) o sólo sedición u otros (por no haber mediado violencia física) es una cuestión técnica que, precisamente, ha de resolver el tribunal según las peticiones de las partes, los hechos y las leyes. En mi opinión, como en materia penal no se puede hacer interpretaciones extensivas, es francamente dudoso apreciar la violencia en este caso, pues posiblemente el Código sólo pensaba en un golpe militar. Y en este punto precisamente ha estado la razón de la denegación de extradición del fugado Puigdemont en Alemania y Bélgica. Pero en realidad todo esto una cuestión accesoria frente al hecho evidente de que se han cometido graves hechos ilegales que pueden considerarse como golpe de estado, si con Kelsen entendemos que una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la Constitución –es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales–, o su remplazo por otra.

También es accesoria, aunque relevante para los políticos presos, la cuestión de si deberían haber salido en libertad provisional o si por el contrario era preferible que permanecieran en prisión, por su posibilidad de fuga o de destrucción de pruebas. Nosotros expusimos nuestras dudas en posts como este.

Finalmente, no es accesoria, pero es mendaz y tramposa, la acusación que se intenta hacer al Tribunal de parcialidad y politización. Parafraseando lo que dije en este artículo en Expansión (aquí) -perdón por la autocita,- la diferencia entre los que son demócratas y los que no lo son es la misma que la que hay entre los listos y los tontos: como decía Ortega, el listo siempre está a cinco minutos de verse tonto a sí mismo; y el demócrata siempre está a cinco minutos de verse no demócrata, autoritario y abusón. Nosotros criticamos a nuestras instituciones porque queremos que mejoren, pero como sin duda no no lo van a hacer es con desfiles con antorchas, cantando himnos patrióticos o dando golpes de Estado. España está en los primeros puestos, en los índices de democracia y es seguro que el Tribunal Supremo va a confirmar esa calificación.

En definitiva, los intentos de deslegitimación de este juicio no son decentes. Y nosotros hemos de defender nuestras instituciones porque, como dice Timothy Snyder en Sobre la Tiranía, defender las instituciones nos ayuda a conservar la decencia. Además, creo que esos intentos son un esfuerzo inútil y, como en el dicho, todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Que todo quede en eso.

La ficción del procés a juicio

Me resultó tranquilizador escuchar ayer al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mientras leía a los líderes del procés los derechos y las garantías procesales que les eran aplicables, todo ello, además, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (un guiño para el probable caso de que terminen recurriendo las resoluciones de los tribunales españoles). Los leía con rigor y voz desapasionada. Se abría así el mediático e histórico “juicio del procés”.

Al poco, la pantalla de la televisión se dividió en dos: a un lado, el señor Marchena seguía leyendo; al otro, se veía primero a los CDRs cortando otra carretera mediante una hoguera de neumáticos, en señal de protesta por el juicio; después, al presidente del Parlamento de Cataluña sugiriendo a la Justicia española que liberase a los políticos presos (que no presos políticos); y, finalmente, al abogado de Junqueras diciendo que todo no es más que un «juicio político» y que «los tertulianos de la tele no ven delito de rebelión». Uno, calmado, profesional, ceñido a las normas; los otros, irascibles, surrealistas, al margen de ellas. Convicciones políticas aparte, pienso que estas imágenes plantean una valiosa dicotomía entre la realidad y la ficción que presenta el proceso soberanista.

A esta última Daniel Gascón se ha referido perspicazmente en su libro El golpe posmoderno. 15 lecciones para el futuro de la democracia: la exaltación de la identidad nacionalista, la simbología recurrente y el conveniente diseño de mitos fundacionales han construido una realidad paralela que ha resultado convincente para una parte significativa de la ciudadanía catalana, la independentista, en cualquier caso insuficiente y con toda probabilidad encumbrada gracias a los devastadores efectos de la crisis económica, la pérdida de credibilidad del gobierno de Rajoy y los miedos reaccionarios que genera la consolidación de la nueva globalización, no sólo a nivel mundial (como su propio nombre indica), sino también en los refugios locales. Pero, tarde o temprano, la realidad acaba imponiéndose frente a la ficción, y una de esas imposiciones sucede lenta pero firmemente gracias a la presencia del Estado de Derecho y de una de sus manifestaciones más elementales, la Justicia.

Sucede que, desde hace unos años, se habla de dos fenómenos que resultan trágicos para el Poder Judicial. Uno es la politización de la Justicia, de la que mucho se ha escrito en este blog. Ésta se produce cuando el poder político consigue inmiscuirse en el devenir de la carrera judicial, ya sea eligiendo a los miembros del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ), influyendo en los nombramientos de los altos cargos de la Judicatura o diseñando un ascenso en la carrera que responda a incentivos políticos, y no a criterios de mérito y capacidad. El perjuicio es claro: aparece la sospecha fundada de que sólo medran los jueces que muestran simpatía o complicidad hacia los políticos, mientras los demás se estancan. La judicialización de la política es la otra cara de la moneda: cuando la política fracasa en el desempeño de su labor, los jueces intervienen para deshacer el entuerto. Además de probar la incapacidad de nuestros representantes políticos, este segundo fenómeno tiene el inconveniente adicional de que se da pie al drama de la realidad (en la que, al contrario que en la política, no todo es posible) y, por qué no decirlo, al victimismo.

En el caso del juicio contra los líderes separatistas, se han producido de manera conjunta ambos fenómenos, sin que ello vaya a impedir que se imponga la Ley y se imparta Justicia, lo cual algunos sólo ahora comienzan a entender. La politización de la Justicia se ha criticado tristemente con razón por parte de los partidos independentistas (y de muchos otros, entre los que me incluyo), porque existe un indudable efecto perverso en la apariencia de independencia de la Justicia, como consecuencia del reparto político de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y del que hace poco fue víctima precisamente Marchena, ahora magistrado ponente en el juicio del procés. También se ha acusado al Partido Popular (aunque es VOX quien está personado en la causa ante el Supremo) de judicializar el proceso soberanista tras una manifiesta desgana por hacer política.

Sin embargo, lo cierto es que la politización de la Justicia, aunque pueda ser realidad a ciertos efectos, es una ficción y un mito a los efectos de un delito cometido ante las cámaras y, por otro lado, la judicialización de la política es en gran parte auspiciada por el sector independentista, luego la crítica a ésta resulta incoherente.

Sea como fuere, lo que ocurriera antes del inicio del caso ante el Alto Tribunal es cosa del pasado: una vez los jueces entran en escena, no hay lugar para la ficción. El juicio completo del procés será aburrido, imposible de seguir con interés. Lo que nos llegará de él, no, claro: los partidos políticos y los medios de comunicación se encargarán de instrumentalizar un relato, el que a cada cual le convenga, con el que armar una estrategia para el futuro. Un relato no existe si no es contado y, como para ser escuchado necesita captar el interés de la gente, lo que nos ha de llegar del juicio del procés será épico, emocionante, pasional; no hay cabida aquí para los formalismos, los tecnicismos o los tediosos e interminables argumentos de leguleyo que tanto aburren a los parroquianos.

Pero, si en política es (casi) cierto que la percepción es la realidad, en la Justicia no lo es. De los cuatro poderes del Estado (incluyo a la prensa, a veces el más poderoso y siempre el más descontrolado), sólo la Justicia no perderá un solo minuto en entretener al ciudadano ávido de una historia que escuchar y que contar después. Se intentará ser justo, nada más. Y se hará escuchando a la fiscalía, a la acusación particular y a la defensa, cada una de las cuales ha pasado más de un año y medio estudiando pilas repletas de leyes, sentencias, informes, manuales y otros muchos documentos de soporífera condición. La pasión que estos jueces, abogados y fiscales sintieron un día al comenzar su papel en tan mediático e histórico juicio se disipó hace meses, entre las hojas de la enésima sentencia, a la luz blanquecina de un flexo a altas horas de la noche.

Y es que, frente a la pasión de la política –o poplítica, como se la ha llamado últimamente– y los medios de comunicación, que exaltan de manera cada vez más grotesca la épica y la emoción, la Justicia nos recuerda que no somos héroes, impunes ni todopoderosos, y que la mayor parte de la vida no transcurre tan frenéticamente como dibujan las historias de ficción, quizás para que podamos vivir más tiempo. La Justicia nos recuerda que no somos sino ciudadanos comunes a los que, como a todos los demás, un día nos llega la hora de responder por nuestros actos. Es como el tiempo, que nos pone a todos en nuestro sitio. O como la muerte, que a todos nos llega y que, al llegar, precisamente por dar por acabada la historia de nuestra vida, nos permite someter la misma a un juicio global (como dice, disculpen que cite a un familiar, mi tío Javier en su reciente libro La imagen de tu vida).

En derecho penal, existe una locución latina, iter criminis («camino del delito»), para referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, a las etapas que existen desde el momento en que la idea surge en la mente del autor hasta que éste efectivamente la consuma (independientemente de que produzca los resultados deseados o no). Se resume así el principio de que los actos se enjuician una vez terminados y que, cuando los que se consuman son ilícitos, se impone el peso de la Ley, seas el ciudadano que seas. Porque, como decimos a menudo en esta Fundación, sea uno partidario de una idea u otra, de derechas o de izquierdas, independentista o no, sólo podemos convivir en sociedad si todos respetamos las reglas del juego.

Desde la prístina creación imaginaria de la República catalana en la cabeza de Jordi Pujol hasta su proclamación unilateral en boca –pequeña– de Puigdemont, se ha tratado de consumar una ficción, lo cual sin embargo se ha llevado a efecto con actos muy reales. La historia real del procés no ha acabado, pero su ficción sí. Y, como ha terminado, es hora de someterla al juicio de la realidad.

 

Llibertats lanza un Manifiesto exigiendo un Juicio Justo

Llibertats, la asociación de juristas catalanes que tiene por objetivo que el debate público recupere el rigor jurídico perdido, lanza un manifiesto ante el próximo juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exigiendo que cesen las intromisiones que desde el poder político se vienen efectuando para cuestionar, con carácter previo, la sentencia que deberá dictar la Sala Segunda del Tribunal y se permita trabajar a la justicia con la independencia que es necesaria para la obtención de un juicio justo y por lo tanto una sentencia ajustada a Derecho.

Pere Lluis Huguet, Presidente de Llibertats y finalista del Premio Hay Derecho 2019, lidera el llamamiento a la ciudadanía catalana para que se adhiera a la proclama y sea fiel a la tradición jurídica catalana, defensora del Estado de Derecho.

Puedes leer el manifiesto a continuación y adherirte a través de este enlace.

El manifiesto

UN JUICIO JUSTO

PREÁMBULO
Nuestro sistema constitucional garantiza, mediante el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso justo con todas las garantías. En consecuencia, el ordenamiento jurídico español regula un sistema procesal que permite que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo a través de un tribunal independiente, que garantiza sus derechos y muy especialmente el ejercicio del derecho a la defensa.

Dentro de las garantías establecidas en nuestra legislación, el derecho a un juicio justo está incorporado al derecho español en diferentes tratados internacionales, y especialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y elevado a rango de pauta de interpretación de todo el ordenamiento jurídico en materia de derechos fundamentales en el artículo 10 de nuestra Constitución.

Igualmente está incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantizan, junto con el resto del articulado, la existencia de un juicio justo.

En este sentido, cabe remarcar que España ha suscrito e incorporado al ordenamiento jurídico no sólo los tratados antes mencionados, sino también los sistemas jurisdiccionales para el control del cumplimiento de los mismos, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por todo ello, los juristas abajo firmantes, ante el próximo juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, MANIFESTAMOS que:

A) La Legislación Española garantiza a cualquier ciudadano un juicio justo, permitiendo además el ejercicio del derecho al recurso a través del acceso a todos los organismos, tanto en la jurisdicción nacional como internacional, para corregir los errores que puedan producirse.
B) Podemos confiar en la imparcialidad de nuestro sistema judicial y han de evitarse críticas prematuras a nuestros tribunales que pueden suponer una forma de presión impropia de quien dice defender el Estado de Derecho.

Y por ello, como juristas y ciudadanos EXIGIMOS

Que cesen las intromisiones que desde el poder político se vienen efectuando para cuestionar, con carácter previo, la sentencia que deberá dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se permita trabajar a la justicia con la independencia que es necesaria para la obtención de un juicio justo y por lo tanto una sentencia ajustada a derecho. Una sentencia que, sea cual sea, gracias a nuestro sistema de garantías, será recurrible por quien no la considere ajustada a derecho. Y lo será ante las diferentes instancias, incluidos los Tribunales Internacionales, garantes del escrupuloso respeto a los principios que rigen un juicio justo y los derechos del justiciable.

Barcelona, 6 de diciembre de 2018.