Como es sabido, el próximo día 12 se inicia el juicio del procés, que va a despertar sin duda una atención mediática enorme. Desde el independentismo la estrategia de defensa parece ser más política que técnica: plantear que en España no hay ni democracia, ni un auténtico Estado de Derecho, ni separación de poderes, y que, por tanto, estamos ante un juicio político y una sentencia que tendrá que ser revisada desde instancias internacionales. Simplemente, porque la lucha por la “democracia”, como la llevada a cabo por el procés, no puede ser un delito. Para comprobar esa estrategia basta con echar un vistazo a la lista de testigos propuesta por las defensas.

Sin embargo, como señaló en su momento Hanna Arendt (Algunas cuestiones de filosofía moral), “el desplazamiento casi automático de responsabilidades que habitualmente se produce en la sociedad moderna se detiene bruscamente en el momento en que uno entra en la sala del tribunal. Todas las justificaciones de naturaleza abstracta y no específica, desde el Zeitgeist hasta el complejo de Edipo (…) se desvanecen.” En ese momento, lo único que importa es la actuación concreta de una persona concreta, sobre el telón de fondo de unos tipos penales concretos, promulgados con carácter previo a los hechos por un Parlamento democrático.

En eso consiste la peculiaridad -y según los clásicos- la superioridad del Derecho sobre la filosofía y sobre la política. Según Ulpiano, el Derecho es la auténtica filosofía, y no una meramente pretendida (veram philosophiam, non simulatam affectantes), porque, al fin y al cabo, obliga a adoptar una decisión definitiva de manera razonada en función de unos parámetros dados (trancher le litige, como dicen los franceses). Este blog, como un observador más, va desarrollar en relación a este proceso la misma función que ha venido realizando estos años con tantos otros: comprobar si, por respetarse (o no) los parámetros fijados por nuestra legislación democrática, la decisión final es (o no) razonable. Sabemos que las posturas -incluso las supuestamente técnicas, como las relativas a la existencia o no de delito de rebelión- están muy polarizadas, de manera que será difícil hacer un análisis técnico-jurídico sosegado de lo que vaya pasando, pero esa es precisamente nuestra misión. En este blog hemos dedicado varios posts al procés catalán y a las resoluciones del Juez Llarena (alguna de las cuales hemos criticado, especialmente las relativas a la prisión provisional –aquí y aquí-) y creemos que somos poco sospechosos a la hora de denunciar las debilidades de nuestro Estado de Derecho: llevamos muchos años haciéndolo.

Por eso pensamos que, de entrada, este proceso judicial reúne todos los requisitos para poder enjuiciar este caso de manera justa. Parte de una legislación sustantiva y adjetiva aprobada democráticamente, homologable a los países de nuestro entorno. El proceso se va a desarrollar con completa transparencia y con tiempo suficiente para preparar las defensas. Y la decisión va a ser adoptada por un conjunto de jueces profesionales, seleccionados con arreglo a ley con anterioridad a la formación de la causa. Es verdad que desde este blog hemos sido muy críticos con el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, el órgano encargado a su vez de realizar las correspondientes designaciones en el Tribunal Supremo. Pero de ahí a considerar que los enjuiciados son presos políticos y que este es un juicio político -como en el franquismo-  por el hecho de que políticos independentistas estén en prisión preventiva, o porque los magistrados del Tribunal Supremo no van a actuar como lo que son, jueces profesionales, por muy mejorable que sea su sistema de elección, hay un largo trecho. Ese sistema de elección ha sido defendido en las últimas décadas sin fisuras por todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha y nacionalistas (incluidos los independentistas), sin más excepción que Upyd primero, y ahora Cs. Poco motivo para quejarse ahora.

Nuestro propósito a lo largo de estos meses es muy sencillo: ir contando lo que sucede en el juicio del procés desde una perspectiva sosegada y sobre todo profesional, que permita a los ciudadanos, y no solo a los españoles sino también a los europeos, entender lo que está pasando y por qué. Por mucho apoyo político que tuviera -y tiene- el independentismo, precisamente el juicio que va a iniciarse lo que demuestra es que no es posible saltarse las reglas del juego (en este caso Constitución y Estatuto de autonomía) sin graves consecuencias legales. Eso es precisamente lo que supone un Estado de Derecho digno de tal nombre: que nadie -ni siquiera los gobernantes democráticamente elegidos- están por encima de la Ley. Recuerden el leitmotiv de nuestro blog: sin Estado de Derecho no hay democracia digna de ese nombre.