Uno de los (muchos) parecidos entre el partido hoy gobernante y el anterior es esa fe casi supersticiosa en que los problemas se resuelven promulgando Leyes (o Decretos Leyes). Claro es que si los socialistas legislaban sobre los derechos del gran simio o la represión del lenguaje presuntamente machista, éstos parecen más preocupados por cuadrar cuentas, que ya es un avance. Pero ambos parecen considerar que lo que de verdad importa es alumbrar una ley para cada problema. Que se acierte en atacar la raíz de los problemas, establecer mecanismos eficientes de resolución o incluso asegurarse de que la norma se va a ejecutar y cumplir parece no tener para ellos tanta importancia.

 

Si vemos algunas noticias recientes, no resulta difícil relacionarlas y sacar algunas conclusiones. El lunes leo que la generalidad de los ayuntamientos van a afrontar el problema de sus déficit, a lo que les obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, no con ajustes en el gasto corriente sino con subidas de impuestos. Y el martes, que España ya está en el “top five” de países con impuestos más altos  de la UE. Al parecer, sólo Bélgica, Francia, Dinamarca y Suecia nos superan… por ahora. Y si esa fiscalidad “sueca” se traduce en excelentes servicios públicos en esos países ¿Qué está obteniendo a cambio el sufrido contribuyente español?

 

Durante años ha sido evidente el disparate de que los ayuntamientos estuvieran usando unos ingresos extraordinarios y necesariamente sujetos a caducidad, los derivados del proceso urbanizador del boom inmobiliario, para engordar con organismos, personal y servicios que suponían gasto corriente indefinido. Supongo que esa evidencia tampoco se ocultaba a generalidad de la clase política. Sin embargo, con manifiesta irresponsabilidad, decidieron que sólo importaba el corto plazo y ganar elecciones. Por toda la geografía española los alcaldes se habían acostumbrado a ser como los Reyes Magos de las cabalgatas, repartiendo caramelos a discreción en forma de empleos, servicios y regalías, mientras recibían aclamaciones. Sin recibir por ello el más mínimo reproche por parte de los líderes nacionales de sus partidos. La cosa, al parecer, ni ocupaba ni  preocupaba a la clase política nacional. ¿Recuerdan ustedes si ello fue alguna vez objeto de un debate parlamentario de la entidad que el problema merecía?

 

Recuerdo haber pensado que la única forma de afrontar esa patología cuando el problema se manifestara en toda su crudeza iba a ser un duro régimen de adelgazamiento, una fase de dificultades para perder toda la grasa sobrante acumulada. Los Reyes Magos, empapados por un baño de realidad, tendrían que bajarse de sus camellos para quitar a los niños sus caramelos, y cambiar las aclamaciones por abucheos. Pero tal pronóstico ha resultado no solo optimista, sino una auténtica ingenuidad: la gravísima situación no ha vuelto a nuestros políticos locales más responsables.

 

Si algún alcalde estuviera enfrentándose de verdad al problema, al futuro a largo plazo y, en definitiva, a una planificación de un bienestar duradero de sus vecinos, tendría que haber agarrado el toro por los cuernos y estar enfrentándose a la cólera de los inevitables damnificados. A pintadas y protestas de mucha gente a la que necesariamente va a costar admitir que no pueden seguir subsistiendo del presupuesto o favoreciéndose de servicios que ya no se pueden pagar.

 

En vez de eso, que les resulta sin duda incómodo, nuestros próceres locales han decidido seguir cargando con la grasa a costa de subir los impuestos, hasta que el cuerpo (electoral) aguante. Una huída hacia adelante hasta que la realidad se les caiga encima con todo su rigor. Y a nosotros también.

 

Desde un blog jurídico como éste, ante esta al parecer inevitable deriva de la clase política local y la inexistencia de incentivos correctores, podemos echar de menos normas que hubieran prohibido, por ejemplo, destinar los ingresos municipales extraordinarios a gastos corrientes, o a inversiones que exigieran tales gastos corrientes en el largo plazo. Tal regla sería todavía bienvenida, a pesar de que el mal esté ya hecho y vayan a pasar muchos años antes de que esos ingresos extraordinarios se vuelvan a ver. Pero en su día contra una iniciativa así hubieran clamado sin duda algunos defensores de la sacrosanta autonomía municipal, como hay quien todavía clama contra cualquier intento de disciplinar el gasto regional, aunque cada vez menos porque algo de vergüenza ya les debe estar dando. Pero en cualquier caso, como conocemos el percal y vamos siendo viejos, pocas dudas tenemos de que tales limitaciones, como otras de la Ley Reguladora de Haciendas Locales  se habrían incumplido con pocas consecuencias. Que ya sabemos que las leyes aquí no rigen igual para contribuyentes y contribuidos.

 

En cualquier caso, nuestros dirigentes nacionales siguen ignorando el problema. Al parecer, todo va a ser resuelto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria por el simple hecho de existir. Pero ¿Alguien se cree que vayan a aplicarse las sanciones previstas contra ayuntamientos incumplidores?

 

No es de extrañar que el Gobierno nacional se comporte así cuando está haciendo exactamente lo mismo en su ámbito de responsabilidad. Nuestro equipo de gobierno todavía no ha sido capaz de sacar conclusiones del impresionante aumento de la prima de riesgo desde que el proyecto de presupuestos optó por el ajuste por vía de subir impuestos y de recortar inversión e investigación, es decir, de cercenar el crecimiento futuro, y todo para no tener que recortar gastos corrientes. Es decir, para no tener que enfrentarse a protestas incómodas. Sostenella y no enmendalla, el proyecto sigue su curso sin que se haya tocado una coma. Desperdicia así, de nuevo, el camino del sacrificio hoy y la esperanza para mañana, que la mayoría de la población estaría dispuesta a comprender, sobre todo si alguien desde el Gobierno se toma la molestia de explicarlo.

 

Como bien nos explica Jesús Sánchez Quiñones aquí, el problema ya no es la reducción del déficit para el año que viene, sino que el plan de reducción ha de seguir al menos hasta el 2012, y no sólo ya no van a poder hacerse esos recortes fáciles en inversión, porque no va a quedar nada que recortar, sino que con ellos se cierran también caminos de futuro. Como bien dice este autor, “Si España quiere cumplir su Programa de Estabilidad 2012–2015 inevitablemente tiene que redimensionar el sector público y aplicar reformas profundas de la Administración. No es cuestión de pequeños ajustes, sino de cambios radicales, incluso en la estructura actual del Estado”. Y de eso, por ahora, nada de nada

 

Con tan pobres mimbres, sin embargo, Guindos tiene la desfachatez de acudir a Europa a implorar ayuda del BCE con el argumento de que el Gobierno ya ha hecho “todas las reformas” y ahora le toca a los europeos ayudar. Cuando esa reforma fundamental, la de las administraciones públicas, ni ha comenzado. ¿O conocen ustedes a muchos organismos públicos desmantelados y empleados de los mismos despedidos?

 

Pero para vender esa burra nuestros dirigentes tienen un grave problema de credibilidad. A los centroeuropeos ya les han engañado los griegos, y ahora es bastante más difícil. Leemos también hoy que Instituto IFO de Munich, uno de los think tank más influyentes de la Unión Europea desaconseja cualquier tipo de ayudas, sea vía compras por el BCE, sea a través de los Eurobonos. Consideran con buenos motivos que “sólo una política restrictiva de rescate dará a los países más endeudados incentivos para reducir su gasto público y mejorará su competitividad a través de los precios y de los salarios”.

 

De hecho, esa presión que los acreedores externos y los líderes europeos pueden ejercer sobre los responsables políticos españoles es casi la única esperanza de reformas verdaderas. Y lo que ha provocado las escasas que hasta la fecha se han dado, como la laboral. Cito un artículo de McCoy en El Confidencial: “La única manera que los ‘rescatadores’ tienen de presionar para que esto ocurra es dejando que se hunda nuestra renta fija soberana, negando cualquier auxilio por el camino. Encarecer la financiación para provocar una reacción. Ahí fuera entienden mal la manera en que nuestros gobernantes se empeñan en llevar a España al matadero. El porqué, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Su facilidad para defraudar expectativas sistemáticamente y quedarse cortos. Su incapacidad de comprender que la tolerancia a la frustración de los ciudadanos tiene un límite. El tiempo les ha demostrado que solo llevando a profesionales de la política, como los que rigen nuestro destino, a situaciones extremas pueden extraer de ellos un deje de estadistas, un atisbo de algo que sea duradero y vaya más allá de la siguiente elección. Desgraciadamente son los mayores acreedores de nuestro país, están en su derecho. Lo triste es que, como a los peores morosos, nos tengan que apretar así. ¿No creen?”

 

Lo verdaderamente sorprendente es que todas estas cuestiones están absolutamente ausentes del debate político de nuestros partidos mayoritarios, no digamos ya de los nacionalistas. Parecen sentirse más cómodos discutiendo de sus problemas de cartón piedra, de espaldas a la realidad. No ya el muy largo plazo, sino toda esa montaña de problemas que amenazan a la vuelta de dos o tres años parecen no existir. Si en algo pueden ponerse de acuerdo es en mantener su ficción a salvo de la realidad.

 

Hay, no obstante, ya algunas voces discordantes que advierten que “el Rey está desnudo”, y dónde están de verdad los problemas. No es de extrañar que los que quieren, como decía el Príncipe de Salina retratado por Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual se pongan nerviosos al escucharlos.

 

Señores, no se puede hacer tortilla sin romper les huevos. A ver si se enteran de una vez.