HD Joven: Cataluña: ¿por qué la solución no pasa por un Estado Federal?

Quienes hablan de que el problema catalán no se soluciona solo con la aplicación de la ley tienen razón, máxime teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Es un problema que requiere, además de la aplicación de la ley, una respuesta política. Sin embargo, la cuestión de fondo es: ¿qué respuesta política?

Los editores de Hay Derecho tienen la suya, para otros como el PSOE, esta respuesta vendría de la mano de una reforma constitucional que convirtiera nuestra Carta Magna en un Estado Federal. Y esto, tiene dos problemas que hacen que a mi juicio no sea la solución adecuada. En primer lugar, que ya se debatió a la hora de elaborar la Constitución del 78, y aparte de ser rechazado por Alianza Popular (argumentaban que era el paso hacia la ruptura de España), también fue rechazado por la minoría catalana de Miquel Roca y la vasca de Arzalluz. ¿Por qué? Manuel Alcántara y Antonia Martínez nos lo explican en su libro Política y Gobierno de España. Porque hacer de España un Estado Federal suponía algo que en principio es intrínseco al federalismo, que todos los territorios son iguales. Por ello, hubo una práctica unanimidad entre ambos en negarse a disponer de una representación institucional comparable al del resto de territorios.

Si acudimos al manual de cabecera que todo estudiante de ciencias políticas tiene que empollar durante el primer año de carrera, Ciencia Política: Una introducción de Josép M. Vallés, extraemos que, tomando como referencia el federalismo de Estados Unidos o Suiza, las federaciones se caracterizan por: (i) una distribución constitucional de competencias que deja de una forma muy estricta y clara cuales corresponden al gobierno federal (Defensa, moneda, política exterior y todo lo que tenga que ver con el interés común) -y todo lo demás corresponde a los estados-, (ii) un papel relevante del reparto de la capacidad tributaria y de cómo se distribuye el derecho a poner tributos y a rendir cuentas por los mismos, (iii) la existencia de instituciones federales en cuya composición y actividad intervienen de alguna manera los estados o entidades federadas, (iv) la existencia de una constitución propia en cada uno de los estados o entidades federadas – en la que se precisan las instituciones de gobierno de cada una de ellas – y (v) el establecimiento de un tribunal central o federal con atribuciones para decidir sobre los conflictos que enfrentan a la federación con los estados o a los estados entre sí.

Aquí encontramos la segunda cuestión que hace que la reforma federal no sea capaz de resolver, a día de hoy, el problema catalán. ¿Cuál de esos rasgos federales no tenemos ya de una u otra manera en nuestro sistema actual? Es cierto que el reparto competencial es farragoso, complicado y ambiguo, también lo son el asunto tributario y el de la financiación de las CCAA, y, no lo es menos, que nuestro actual Senado no responde a la realidad que se dio tras el famoso “café para todos”.  Sin embargo, por ejemplo, Cataluña tiene sus competencias, gestiona sus tributos, aporta senadores y diputados y tiene un Estatuto con el que han creado un parlamento y un gobierno. Y respecto a la última característica, qué decir. Tenemos un Tribunal Constitucional que decide sobre los conflictos entre el gobierno central y Cataluña.

Por lo tanto, ¿una reforma como la que propone el PSOE generaría una respuesta política que genere la ilusión suficiente entre la clase política catalana como para refundar el pacto constitucional y devolverlos al redil?

Si leemos el documento del PSOE, Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural, nos propone la vieja aspiración de Zapatero de incluir en nuestra Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España, reformar el Senado para que sea una cámara de representación territorial, clarificar y completar el sistema de distribución de competencias, reconocer las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones o establecer los elementos fundamentales de financiación de las Comunidades Autónomas, entre otras.

Esto me lleva a otras dos cuestiones nuevas con las que pretendo desarrollar mi tesis. La primera, ¿cuál de todas estas propuestas convertiría nuestro sistema territorial en un sistema federal? Creo que ninguna, porque, aunque nuestra Carta Magna no utiliza el término federal en ningún momento, es ya una Constitución Federal de facto. Por lo tanto, no habría cambio alguno respecto de lo que ya tenemos. Lo que se propone, aparte de como critican algunos académicos al PSOE (solo sirve para cambiar el término Autonomía por Federación), es mejorar todas las deficiencias que venimos debatiendo a lo largo de tres decenios de democracia. Y está muy bien, es muy loable que algún día las corrijamos, pero no supondría ninguna federalización del Estado porque España ya es un Estado Federal. La segunda es ¿cuál de todas esas propuestas satisfaría las aspiraciones de Puigdemont, Junqueras, Mas y sus socios de la CUP? Yo personalmente creo que ninguna, porque no crearía diferenciación alguna de Cataluña respecto del resto de territorios, que desde el 78 es precisamente lo que buscan.

Dicho todo esto, el manual de ciencia política que he mencionado también nos recuerda que no existe un único modelo federal y que el sistema territorial español se puede encuadrar en un tipo de estado compuesto a medio camino entre la federación y el estado unitario descentralizado. Pero como vemos, si acudimos a los rasgos claves que nos sirven para definir a cualquier tipo de modelo federal, España, de una u otra forma ya lo es. Por lo tanto, en ese aspecto, no tenemos una respuesta política porque no tendríamos nada nuevo que ofrecer. Por eso, cobra sentido una de las preguntas que se hacía Pablo Simón a la hora de anunciar uno de sus últimos eventos de “Cervezas y Politikon” sobre el federalismo, ¿es algo más que un eslogan de algunos partidos políticos? Mi respuesta es: de entrada, no.

De entrada no, porque de momento los interlocutores catalanes con los que tienen que lidiar los partidos constitucionalistas están a otra cosa muy diferente. También porque como se ha apuntado recientemente, no se puede reformar la Constitución para contentar a Puigdemont. No serviría de nada. La única esperanza para esta respuesta política sería conseguir generar en la ciudadanía catalana una nueva ilusión por un nuevo pacto. Pero, desde mi punto de vista, esto es muy complicado, porque de facto no aportaría más autogobierno a Cataluña del que ya tiene, o a cualquier territorio, y su pondría un problema con otras regiones por la existencia de figuras como los fueros vacos y navarros. Por lo tanto, la respuesta política a mi entender no pasa por la reforma constitucional, que es complicada y requiere un proceso gravoso. Nunca sería comprada por los que hoy ocupan la Generalidad y existen otras opciones legislativas más simples para aclarar las competencias, el sistema de financiación o la reforma del Senado que no se han explorado lo suficiente.

Fruto de este mero eslogan político que es la supuesta propuesta de reforma federal del PSOE, no soy yo el único que lo cree- no obstante otro colaborador de HD Joven de este blog se lo preguntó la semana pasada-, es la nueva propuesta de Pedro Sánchez de crear una comisión en el Congreso para discutir este asunto y su frase del pasado lunes cuando dijo: “queremos convencer, pero estamos abiertos a ser convencidos”. Parafraseando a Churchill o al Conde de Romanones, tanto la propuesta de reforma federal, el lío con el término, la supuesta apertura a ser convencido y la creación de una comisión para discutir el asunto, se pueden resumir en la frase: Si quieres retrasar, o distraer, la solución de un asunto crea una comisión”.

El Congreso Estatal y la tergiversación política del lenguaje.

«-Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.

-La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

-La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda…, eso es todo«. (Alicia a Través del Espejo. Lewis Carroll).

 

Recibo por diversas redes social el anuncio de estar preparándose en Cataluña un llamado Congreso “Estatal” Interprofesional, en este caso sobre mediación, aunque podría tratarse de cualquier otra materia. Semejante adjetivo en el nombre del evento me chirría con estruendo. Y casi más que semejante título se imponga y se acepte por tantos como un hecho consumado y asumido.

La deformación del lenguaje ha sido siempre un útil instrumento de dominación política. Y ampliamente utilizado como tal, y no sólo por los totalitarismos, aunque sí especialmente por éstos. Al cabo las palabras configuran nuestra percepción de la realidad, porque no sólo definen y delimitan hechos y conceptos, sino que con frecuencia no son inocentes, los valoran o desvaloran, e incluso los transforman. No es lo mismo «golpe de estado» que «alzamiento», por ejemplo, ni «militante» que «subversivo». Sin embargo la búsqueda de la la neutralidad en los términos usados, por difícil que sea el reto, es una exigencia de cualquier discurso que quiera ser intelectualmente honesto.

La guerra de las palabras.

Esa neutralidad no es objetivo ni de publicistas ni de propagandistas. Para estos últimos el premio de imponer su terminología es demasiado suculento, pues desactiva a cualquier oposición al obligarla a jugar con trampas, con las armas trucadas a favor del hegemónico. Por eso abundan los buhoneros políticos que a través de palabras viciadas tratan de colarnos su mercancía averiada. Y por eso uno no tiene más remedio que estar permanentemente en alerta. No hacerlo y aceptar esas trampas, la tergiversación del lenguaje, con sus líneas rojas de corrección política (aunque incorrección semántica), sea por pereza mental o por instinto de rebaño, significa la rendición al manipulador antes siquiera de comenzar el debate. Una traición al pluralismo y, por tanto, a la libertad.

En esas trampas del lenguaje nuestros nacionalistas periféricos se han empeñado desde hace muchos años, con el éxito que les ha facilitado el control de la educación, de los medios públicos e incluso privados de comunicación, y de esas grandes porciones de la sociedad que tienden a mimetizarse con los que en cada momento perciben como los más poderosos. No es casualidad. Podrá discutirse sobre la raíz más o menos totalitaria de los nacionalismos, pero parece indudable que algunos presupuestos (o mitos) los asume como indiscutibles. Como el de la identidad colectiva (nacional) como esencialmente configuradora de la personalidad de cada individuo. O el sentido victimista de esa identidad, que sienten permanentemente puesta en peligro incluso de exterminio por ese enemigo exterior que no cesa y que el nacionalista necesita tanto para justificarse. Ante lo que ellos perciben como un combate (social, cultural y político) ante un enemigo exterminador tan perverso, y dotados de esa convicción de la superioridad moral de su posición, todas las armas les parecen legítimas. También la mentira y la tergiversación. Y de ésta no han de librarse tampoco las palabras.

El nacionalista suele definirse a sí mismo como defensor y conservador de su identidad. Pero en realidad es necesariamente un transformador de la realidad social. Para que ésta deje de ser lo que hoy es, el para ellos decadente producto de la labor corruptora en su identidad que ha conseguido el enemigo exterior, España. Para llegar a ser “lo que debe de ser”. Es decir una nación liberada con lo que consideran que es su atributo esencial, un pueblo por fin reintegrado plenamente en su conciencia nacional. Y purgada para ello de lo esencial de aquellas impurezas de mesticismo cultural.

Empacho de estatal.

Una de las manifestaciones de esta peculiar guerra de las palabras ha sido el empeño por transformar el significado del sustantivo “Estado” y de su adjetivo “estatal”. Una curiosa superstición les impide pronunciar la palabra «España», como si ello ayudare a su proyecto de secesionarse de ella. Como de alguna manera han de referirse a «la cosa», se ha acuñado esa expresión horrísona de «Estado español». Como si así la nación enemiga quedara así desprovista de alma y reducida a una estructura de dominación sobre un determinado espacio del globo. Como si así su realidad se difuminara y su peligro se evaporase. El adjetivo «español» es objeto de la misma autocensura, y es sustituido por «estatal», excepto para definir a «la bicha» (incluso para ellos la expresión «Estado estatal sería demasiado ridícula).

Pero resulta que las cosas significan lo que significan, no lo que algunos que mandan quieren que signifiquen. En los países federales “estado” suele ser el nombre de las porciones de territorio federados. Y esa denominación tiene así un significado geográfico. Uno puede pasar la frontera entre los estados de Arizona y California, por ejemplo. O contar que se ha recorrido el estado de Alabama sin causar extrañeza.

Sin embargo en los países no divididos en «estados» esa palabra está referida a su  estructura administrativa y a lo que de ellas depende. Una “empresa estatal”, por ejemplo, es una empresa de propiedad pública. Y aun hoy una gran mayoría, incluso en los territorios de hegemonía nacionalista, entiende que no se puede denominar así a un empresa privada española. Incluso los más militantes en este combate no creo que comenten que se han ido de vacaciones al Estado alemán, o que han visto por televisión las terribles inundaciones que han afectado al Estado polaco. Parece que ni siquiera con los países que, especialmente ellos, pueden considerar como más plurinacionales se incurre en esa cursi deformación. Yo, al menos, no les he escuchado decir que acababan de estar en el Estado belga, o cosas parecidas.

Lo más sorprendente de este fenómeno es que el carácter malsonante o políticamente incorrecto de la palabra España y su adjetivo se haya asumido críticamente por un amplio sector de la izquierda. De la tradicional y, muy especialmente, de esa nueva izquierda, de cuyo líder, por ejemplo, existe un vídeo que puede encontrarse en las redes, en el que confiesa no poder pronunciar esa palabra maldita. En ellos el prejuicio de que todo postulado nacionalista (sólo si es de un nacionalismo centrífugo, por supuesto), incluso el más extravagante, merezca gozar de la presunción (iuris et de iure) de progresista parece buena prueba de su naufragio ideológico.

Yo no quiero equiparme ni al nacionalismo ni a sus emuladores en la adoración de falsos mitos. En contra de lo que los nacionalistas de todos los signos creen y (peor aún) sienten, las naciones en su actual configuración no son entidades naturales y trascendentes, sino meros accidentes de la Historia. Basta con mirar mapas históricos para comprender que han cambiado y con toda probabilidad seguirán cambiando. Pero mientras tanto haríamos bien en poder referirnos a ellas utilizando las palabras correctas.

Encuentro buenos motivos, que he tratado de exponer, para no rendirme a así a la tergiversación del lenguaje, ni hacerme cómplice de quien la promueve y de sus fines liberticidas. Por eso no iré a ese “estatal” Congreso. Precisamente el fomento de la propia responsabilidad es uno de los pilares de la mediación. Y con eso también me gustaría ser coherente.

«Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad». (Confucio).

HD Joven: Joan Tardà y la pervivencia del mito de 1714

Joan Tardà, diputado en el Congreso por ERC, realizó un discurso enérgico y muy claro en la fallida sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez. Sin embargo, más que su impetuosa valoración acerca de la actualidad y el futuro de la política española y catalana, es la irrupción de la historia en un momento de la intervención lo que llama mi atención: “…en el año 1981 llegó el portazo […] a una verdadera reconciliación entre Cataluña y España 300 años después de habernos aplicado el Decreto de Nueva Planta por el que se anexionaba Cataluña al reino de Castilla invocando al derecho de conquista”. No sería el único “recurso histórico” al que acude Tardà: “…somos un país anexionado y el paso de los siglos no ha hecho prescribir los derechos de Cataluña sobre su soberanía”. Sigo el resto de su exposición un poco perplejo: lamentablemente, Joan Tardà no es el primero ni tampoco el último político que recurre a la historia de una forma sesgada y mitificada para justificar y argumentar proyectos políticos. Los nacionalismos necesitan de elementos emocionales, de mitos, que cohesionen y den sentido al colectivo, a la nación. El nacionalismo catalán, como todos los nacionalismos, se ha edificado sobre ficciones históricas, pero, ¿qué tiene 1714 para que se emplee de forma tan recurrente? Debemos puntualizar, antes de comenzar, que el suceso del asedio de Barcelona por las tropas borbónicas pasó desapercibido o falto de consideración hasta muy a finales del siglo XIX, cuando se rescata la figura de Rafael Casanova, líder de la resistencia, y se establece el día 11 de septiembre como día festivo y conmemorativo nacional catalán. Es por tanto un referente muy tardío, y sólo se consolidará popularmente al institucionalizarse de forma oficial con la democracia.

La primera cuestión en la que debemos detenernos es en los actores y en el propio sentido de la Guerra de Sucesión española: en ningún momento fue un conflicto entre España y Cataluña ni tampoco un movimiento de secesión o independencia catalana de la Monarquía hispánica. Se trató de un conflicto entre los partidarios del heredero al trono, como así se recogía en el testamento de Carlos II tras su muerte en 1700, el Borbón Felipe de Anjou, y los del archiduque Carlos de Austria. El propio archiduque se intitulará siguiendo la numeración castellana como Carlos III. Tampoco podemos caer en la reducción simplista de circunscribir territorialmente a las facciones dinásticas, pues en Castilla fue tan importante la presencia de austracistas como de borbónicos en los reinos de la corona aragonesa. Esta guerra sucesoria, de ámbitos y escenarios internacionales, se cierra para España con los acuerdos alcanzados en el Tratado de Utrecht de 1713. Pero, ¿por qué Cataluña mantiene la lucha de forma aislada y solitaria hasta 1714?

Retrocedamos en el tiempo hasta 1701 y 1702 cuando, tras ser aceptado sin problemas por los castellanos, las Cortes catalanas consiguen todas las concesiones y prerrogativas planteadas al recién jurado rey Felipe V. ¿Qué es lo que hace que la élite dirigente catalana “se pase” al bando del archiduque Carlos cuando arriban las tropas austracistas a Cataluña en 1705? Probablemente, el mal recuerdo que se retenía en ciertas regiones como resultado de las continuas guerras contra Francia era una reacción lógica ante la dinastía borbónica. Sin embargo, el factor determinante no estuvo en las opciones y preferencias políticas de la sociedad, sino que lo encontramos en la indefensión de las ciudades ante la capacidad militar de los combatientes. No había en Cataluña una posición mayoritaria a favor del archiduque: la ocupación de Barcelona por los austracistas en 1705 propició la salida de entre 6.000 y 9.000 catalanes borbónicos de la ciudad. Felipe V vería en esta “rebelión” un delito de lesa traición que no estaba dispuesto a pasar por alto, lo que, unido a las experiencias de la supresión de fueros en Aragón y Valencia en 1707 -matizadas y corregidas posteriormente-, no favoreció a que los catalanes valorarán la posibilidad de aceptar a Felipe V como rey. Sin embargo, este posicionamiento dejará de tener sentido, primero, tras la marcha del archiduque a Viena en 1711 para convertirse en emperador y, posteriormente, tras el descabezamiento del movimiento austracista como consecuencia de Utrecht: el austracismo como opción política había fracasado. Siguiendo en la línea de los Tratados de Utrecht, en uno de los acuerdos llegados entre España e Inglaterra se daba la posibilidad de amnistiar a todos los catalanes participantes de la guerra, además igualar sus privilegios a los de los castellanos. Esto hubiese implicado, por ejemplo, la participación de la burguesía comercial catalana en el comercio indiano, rompiendo el monopolio sevillano.

No obstante, en julio de 1713 serían rechazados los acuerdos del Tratado de Utrecht por las Corts catalanas y se declaraba la guerra a Felipe V. Rafael Casanova figura conmemorada en cada Diada, fue uno de los líderes de esta resistencia inútil que arrojó unas cifras de muertos y niveles de destrucción material del todo evitables. La historiografía suele estar de acuerdo en cuanto a las cantidades, muriendo alrededor de 6.000 austracistas y entorno a 10.000 soldados del ejército borbónico. Aquí debemos valorar el papel que juega la resistencia catalana y sobre todo de Barcelona frente al rey en este asedio, pues el papel “victimista” que el nacionalismo le ha atribuido es del todo discutible a tenor de las cifras. Por otro lado, hay que tener presente que entre los miles de defensores muertos, no sólo había catalanes, sino austracistas procedentes de Aragón, Valencia o Castilla. Vuelve a ponerse de manifiesto que el conflicto distaba mucho de ser un movimiento nacionalista catalán y sus postulados.

En cuanto a la Nueva Planta de 1716 y sus consecuencias, en el ámbito político, si bien se produce una supresión de las instituciones catalanas, no es Felipe V quien suprime la Generalitat, sino que había sido asimilada por el Consell de Cent al controlar todo el poder de Cataluña ya desde el asedio de barcelonés. Desde el punto de vista de la fiscalidad aunque, efectivamente, se produce un aumento impositivo, hubo una mejor distribución y eficacia en tanto en cuanto la administración borbónica mejoró su organización -como novedad, se grava fiscalmente al estamento eclesiástico-. Comparativamente y con todas sus connotaciones, la Nueva Planta catalana fue más indulgente con la que se aplicó, por ejemplo, en Valencia -Cataluña mantuvo su derecho civil-. Hay que mencionar la presencia militar en Cataluña, mayor en número de efectivos y de mayor extensión temporal que en otros territorios. Algo lógico si nos atenemos a lo expuesto anteriormente. Los nacionalistas han querido ver aquí la opresión política y cultural de un país, una imagen muy del todo equívoca. No podemos perder de vista que los Estados modernos no se constituyen de la misma forma que los Estados contemporáneos que surgen de las revoluciones liberales. El Estado moderno y su organización social es heredera del mundo medieval: los lazos de feudovasalláticos siguen teniendo vigencia en la vertebración social y política. Por tanto, la aplicación del derecho de conquista responde al delito de lesa majestad, es decir, se justifica el derecho de conquista en tanto en cuanto hay un cuestionamiento de la autoridad del rey en su territorio.

Otro aspecto a tener en cuenta de la Nueva Planta es la lengua, la castellanización cultural de Cataluña, proceso que venía desarrollándose durante los siglos XVI y XVII por el propio peso económico, demográfico e institucional castellano en el conjunto de los territorios de la Monarquía hispánica. No podemos olvidar también, que la lengua de la corte del archiduque Carlos era el castellano.

Por último, debemos hablar del despegue económico que se va a producir en Cataluña durante el siglo XVIII. Si bien la terrible y desastrosa presión fiscal de la Monarquía durante el siglo XVII no alcanzó de igual forma a los territorios de la Corona de Aragón que a los castellanos, esto le permitió capear con mejores garantías el contexto de crisis económica. El siglo XVIII será para Cataluña un siglo de expansión económica, y los cambios que introdujo la nueva dinastía borbónica en la administración influirían positivamente en ellos.

En conclusión, el relato que el nacionalismo ha creado de la Guerra de Sucesión, sus consecuencias y del sitio de Barcelona de 1714, es una historia falseada, mitificada, realizada desde un tono victimista, repleta de prejuicios, presentismos y odios hacia “lo español”, que en absoluto se corresponde, como hemos podido ver de un modo muy somero, con la realidad histórica. Todo ello, para sustentar una idea nacional del todo irracional y desfasada, en un mundo que tiende hacia agregaciones políticas superiores en lugar de procesos de disgregación y ruptura. No niego con ello que en Cataluña exista una identidad particular que entiendo, además, debe ser reconocida. Pero no me parece de recibo que se utilicen los recursos, los canales y los espacios públicos para fomentar el odio y la división de una forma tan burda como lo ha hecho Joan Tardà en la pasada investidura: algo no se debe estar haciendo bien cuando las pasiones dominan el rigor histórico en una sociedad como la catalana.

HD Joven: A perspective about independentism: Montenegro ‘s Referendum and Independency experience

* Para leer el artículo en español, por favor pinche el siguiente enlace: Una perspectiva sobre el independentismo – El referéndum en Montenegro y la experiencia de la independencia

 

Today Critilo responds to a young student of Montenegrin nationality who, for personal reasons, does not want to make public her identity:

Montenegro is certainly one of the most interesting spots in the world. Even though it covers only 14,000 km2 and has about 670,000 citizens, its contribution to the cultural heritage of the world is impressive, considering its size.

The history of Montenegro is very colorful. During the centuries in which Montenegro has existed as a state, the date of the Congress of Berlin represents a historical turning point. On July 1878, Montenegro gained its first internationally recognized independence from the Ottoman Empire. It was the realization of centuries-long liberation aspirations of the Montenegrin people. Montenegro remained independent until 1918, when the Kingdom of Yugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) was created.

After the creation of the Yugoslav state, Montenegro, as one of its areas, did not have its own diplomacy, nor did Montenegrin political parties have influence on politics of the new state. Yugoslavia was renamed the Federal People’s Republic of Yugoslavia in 1946, when a communist government was established, just after Second World War. It acquired the territories of Istria, Rijeka, and Zadar from Italy. Partisan leader Josip Broz Tito ruled the country as President until his death in 1980. In 1963, the country was renamed again to the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). Finally, after an economic and political crisis in the 1980s and the rise of nationalism, Yugoslavia broke up along its republics’ borders, at first into five countries, leading to the Yugoslav Wars, and, after the breakup, the republics of Serbia and Montenegro formed a reduced federation, the Federal Republic of Yugoslavia (FRY), which aspired to the status of sole legal successor to the SFRY, but those claims were opposed by the other former republics. Serbia and Montenegro themselves broke up in 2006 and became independent states.

Indeed, following a referendum held on May 21, 2006, in which a narrow majority voted to secede from the State Union of Serbia and Montenegro, and so the Republic of Montenegro declared itself independent. The outcome was difficult to predict, given Montenegro’s political background and its historical and cultural ties with Serbia, over 30% of the population being of Serbian nationality. Given those facts, concerns were raised about the country’s future, some arguing that the state was too small to be economically self-sustainable and too politically unstable to be viable.

Montenegrin people favored “independence” by 55.5 percent, bringing to six the number of countries formed from the former territory of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In response to the announcement, the government of Serbia declared itself the legal and political successor of Serbia and Montenegro, and that the government and parliament of Serbia itself would soon adopt a new constitution.

Despite concerns the country was too small to be economically viable, too politically divided to be stable, and too institutionally weak to effectively tackle endemic problems such as corruption and organized crime (issues that might mitigate their Euro-Atlantic aspirations; in particular, the EU & NATO membership), Montenegro has made, in spite of its evident problems, impressive progress. As an internationally-recognized state, Montenegro became a member of the United Nations (UN) and other international institutions, it has consolidated its position among its neighbors, and it has made great strides toward achieving the government’s core objective –the Euro-Atlantic integration. In June 2006, the European Union (EU) established relations with Montenegro and all member states recognized the country’s independence. Just over a year later, in October 2007, Montenegro signed a Stability and Association Agreement (SAA). Furthermore, in a short period of time they have managed to be classified by the World Bank as an upper middle-income country.

As a result of its independence, the relationship with the EU is probably the top priority for Montenegro’s external policy, and the EU has given positive signs in this regard. Relation between the EU and Montenegro’s authorities is important, because the state is under neoliberal pressure since 1990. Key strategic companies, such as telecommunication companies, banks, construction companies are privatized. The new owners are big multinational corporations, whose enormous profit goes abroad. The state energetic company “Elektroprivreda” probably would be privatized completely in next years. The link with EU is important for Montenegrin economic and political elite, because they will be more powerful, if they listen EU authorities.

On the economic side, Montenegro did pretty good, as well, before and after the referendum, but it was hit by the global economic downturn. There was an economic boom in the period of 2002-2008, partly due to the creation of an independent state, openly free-market oriented, which encouraged foreign investments. Montenegro received, as of 2008, more foreign investment per capita than any other nation in Europe. Over 5,000 foreign owned firms are registered and operating in Montenegro, though many of them are owned small proprietors or are not fully operating. The most significant investments have come from Italy, Norway, Austria, Russia, Hungary, the U.S. and Great Britain. Lately, China, Azerbaijan, Russia, Taiwan and the Gulf Emirates states have shown increasing interest in investing in Montenegro’s resort development industry. This attractiveness was reinforced by Montenegro’s choice to use the Deutschmark and then the Euro as its legal currency. If Montenegro would not use Euros anymore, nothing significant would have happened. The explanation is simple: Central Bank of Montenegro does not control emission of money and referential interest rate of Central bank is very high. High referential interest rate protect import lobby. Central bank of Montenegro is not holder of monetary sovereignty.

Besides the economic downturn, the budget deficit remains relatively large and the broader economic situation remains tenuous. A cautious optimism, and with it a modicum of confidence, has returned but there are still challenges ahead.

The domestic political scene has been characterized by both change and continuity. Even those individuals, parties and institutions that vociferously opposed independence appear to have accepted Montenegro’s sovereignty and the realities of operating within that framework. There has been a minor recalibration of the Montenegrin political landscape, numerous splits, re-alignments and the creation of new parties and coalitions. Most of these have taken place among and between opposition parties.

In the final analysis, however, Montenegro has made significant progress since the May 2006 referendum. The tensions surrounding it were very real, and conflict (even if only of a low intensity) was a real possibility. The country faced significant challenges in the first years of its independence; challenges that could have proved insurmountable. Today, the problems that seemed so acute in 2006 have been largely overcome. Montenegro has consolidated itself as an independent and solid country. Yet, there is no room for complacency; a countless challenges lie ahead, and while the foundations have been laid for Montenegro’s European future, there is much yet to be done before that future is secured.

Montenegro could be surely accepted in the EU, because of the geopolitical interests of western powers. The control of Adriatic Sea is important for the EU and more important for the NATO. If Montenegro somehow would not been accepted in the EU, it would be neutral state and Montenegrin authorities would be challenged with Russian influence. In that situation, our market would be opened for the companies from the East, because domestic production is very low. In order to enter into the EU, Montenegrin authorities need to fulfill these requirements: the rule of law, fight against corruption, the fight against organized crime, the strengthening of civil society and non-governmental sector. Montenegro independence is almost lost because we do not have monetary sovereignty, foreign embassies have enormous influence on authorities, political parties are financed from western states such as SDP and earlier DPS at the end of nineties, domestic industry have been capsized completely. Both parties run the country since 1998.

Indeed, a state is not sovereign, because it is politically recognized, it is recognized and sovereign only if it is partner in international economic relations.

Es más fácil hacer manifestaciones que resolver los problemas de los manifestantes

La  economía es la base de los derechos sociales y para tener un alto nivel de vida un país,  su sistema productivo ha  de alcanzar un nivel similar de competitividad. No son de las promesas de los políticos sino del éxito de los productos y de los servicios nacionales en los mercados, de lo que dependen el nivel de renta de la población, la remuneración, la seguridad y la cantidad del empleo, la financiación de los servicios públicos y las prestaciones sociales y  en definitiva, la calidad del Estado del bienestar.

Es, pues, la competitividad del sistema productivo el motor del desarrollo de los pueblos Y esta, no depende del régimen político del país, porque nadie compra los productos discriminándolos  según el respeto de los gobiernos de los derechos humanos y  las libertades públicas. Entre los países de más crecimiento los hay democráticos y también autoritarios ( ejm. China) pero todos ellos van por la senda del esfuerzo y toman parecidas medidas para mejorar la calidad de su producción . Fundamentalmente,  mejorar el sistema  educativo, dotar de un marco legal, , laboral, financiero y tributario que incentive la creación de empresas, lograr un equilibrio en las cuentas públicas…Lo que se llaman medidas estructurales.

¿Por qué las medidas estructurales, que son tan claras como sus beneficiosos efectos sobre la economía y la ciudadanía, cuesta tanto que sean aprobadas y casi siempre se hace en situaciones extremas y ello en todo tipo de sistemas políticos, sean democráticos o autoritarios? En cuanto a estos últimos, en una serie que publicamos en el periódico económico Expansión y en un artículo sobre el ejemplo cubano ¿Porqué Cuba es tan pobre?, exponíamos las razones de que no se estuvieran aplicando las medidas que tanto éxito habían tenido en China.

A pesar de las críticas, la experiencia política china nos parecía enormemente beneficiosa para la población tanto en materia de bienestar material como , aunque pareciera un despropósito, para el futuro del sistema de libertades de la misma, pues “ Cuando un sistema político autoritario apuesta con éxito por el crecimiento del país y la satisfacción de las necesidades materiales de la población, la clase dirigente está asentando los fundamentos de un nuevo régimen político de naturaleza democrática”

Pero este no era el caso de los dirigentes cubanos o los de Corea del Norte, sus propósitos eran otros: “Las dictaduras sólo pueden arraigar en sociedades, económica, social y culturalmente subdesarrolladas, de forma que el progreso económico es su más eficaz enemigo. Ya que,  superadas por la población sus necesidades materiales, el ansia de desarrollo personal y de participación política y social de los ciudadanos, forzará a un radical cambio político. La forma de que, una vez implantado un sistema dictatorial, éste sea viable es encadenar a la miseria a su población para que, así, cuantos más ciudadanos estén bajo el límite  de subsistencia, menor presión habrá para la implantación de un sistema político democrático.

Su sistema económico es ineficaz porque así lo exige la supervivencia del régimen político y la estructura de poder e intereses de su clase dirigente” (actualmente se diría “casta dirigente”). Para estos países que apuestan decididamente por un sistema dictatorial perpetuo, la expresión pan y libertad son incompatibles. Si yo fuera uno de nuestros mediáticos asesores políticos que intentan garantizar el asentamiento vitalicio de una casta política reaccionaria, represiva ineficiente y corrupta, les recomendaría que no dieran a su pueblo pan porque luego pedirán libertad y democracia.

Y en cuanto a las democracias, determinadas medidas, como las reformas laborales y de gasto público, pueden arruinar las expectativas electorales de sus dirigentes políticos. Hace algún tiempo, un cliente me manifestó su queja de que las medidas que estaba tomando nuestro gobierno en materia laboral y de reducción de gasto público y de funcionarios eran demasiado tímidas y que deberían ser más radicales y le contesté que dirigir una democracia no es como gestionar una empresa.

Todo lo que decía tenía sentido en una empresa pero en una democracia ¿con cuantos votos contaría para hacer llevar a cabo sus propuestas?¿Ha calculado el número de personas afectadas por estas medidas y su reacción en las votaciones?  Y para aclarárselo le puse los siguientes ejemplos de países con mayor nivel de renta y de cultura y con más experiencia democrática que el nuestro:

Göran Person que fue  ministro de economía socialista de Suecia en 1996  y que reformó el Estado de bienestar para hacerlo viable, describía esta situación con las siguientes palabras que utilizamos en un artículo anterior: “ Cuando fui nombrado ministro de economía en 1996, el déficit presupuestario de Suecia superaba de largo el 10%”…Recortar esa deuda nos humillaba .Y para lograrlo tenía dos caminos , hacer lo que debía y no ser reelegido y no hacer nada y seguramente no ser reelegido … pero además perjudicar con mi inacción a mi país..Nos costó seis años que las reformas dieran resultados, redujimos-fundamental-los costes laborales, los salarios y recobramos la competitividad de nuestra industria exportadora, crecimos. Y reformamos pensiones, la administración, los subsidios de paro.. Y me convertí en el ministro de economía menos valorado de la historia de Suecia, pero 4 años después si que volvieron a votarme..Un país que debe esa barbaridad de dinero ni es soberano ni tiene democracia que valga , porque no es dueño de sí mismo”…y si no es demócrata , tampoco puede ser social..

Sin embargo, en Alemania, la experiencia no fue tan positiva para sus dirigentes. Joaquim Möller , director del Instituto de Investigación del Empleo del Gobierno de Alemania exponía, también en La Vanguardia, la experiencia del canciller socialista Shröder que entre el 2.003 y el 2005 completó la agenda 2010, un cambio radical en materia laboral .“Si lo hubiera hecho la derecha, Alemania hubiera ardido”.Me lo explicó el mismo: sabía que le costaría el cargo, pero también que lo hubiera perdido si no lo hacía. Y está orgulloso de haber devuelto el empleo a millones de alemanes.

“ Al parado hay que apoyarle pero también exigirle”..”.. Hay que desincentivarle la tentación de que rechace buenos empleos para seguir cobrando sin trabajar, pero también ayudarle a que se forme y a encontrar empleo. Reformaron la agencia de empleo para hacerla más eficiente y acortaron a un año el subsidio de paro, tras el año el parado sólo cobraba una ayuda de mera subsistencia y sólo si no tenía ahorros ni otros ingresos. Se  reforzó la formación profesional y se ayudó a los emprendedores para que crearan empresas…. por primera vez en 30 años las reformas estructurales redujeron el paro estructural, aumentaron la flexibilidad y así reforzaron el pacto social en las empresas”.

Los ejemplos anteriores nos permiten diferenciar dos tipos de políticos de cara a la gestión de los intereses de sus ciudadanos: los que adaptan el sistema y su gestión pública a los intereses de sus pueblos y los que anteponen sus intereses y sus ideas políticas a los de su población. De los primeros son ejemplo los dirigentes chinos del postmaoismo que revolucionaron el marco político ineficiente que había llevado a la miseria al pueblo chino y con las hambrunas, a su descomposición. Otra muestra es la de los dirigentes europeos cuando sentaron las bases del proceso de unificación política y económica, no sólo para conseguir un área de solidaridad y convivencia que evitara los dramáticos enfrentamientos del siglo XX, sino para hacer más competitiva la producción , con el objeto de asegurar el nivel de vida de sus ciudadanos.

«Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos. O se actuaba inmediatamente o como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes facturados de baja tecnología y, con la pérdida de competitividad, la mayor parte de Europa estaba condenada a la decadencia, a la pobreza y el desempleo estructural ( Informe Poniatowski)” Esto afectaría a la calidad de vida y a la siempre difícil armonía social de sus ciudadanos.

En este momento cometimos un grave error. Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en “una especie de provincias” de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes ,una estructura territorial ineficiente e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.

Si la reducida dimensión de los grandes estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, la fragmentación nuestra ¿no era un riesgo de “decadencia,  pobreza y  desempleo estructural”? Alguien estaba errando ¿Quienes tendrían razón, los dirigentes democráticos de las naciones de mayor progreso de Europa que habían sacrificado su soberanía y sus atribuciones o nuestros políticos interiores que intentaban ampliarlas? Si han demostrado, hasta la saciedad, su incapacidad para diagnosticar y resolver los problemas sociales y económicos presentes ¿por qué tienen que gestionar mejor un futuro que desconocen? Si tienen razón..¿Porqué no intentan  convencer a las instituciones comunitarias, sus gobiernos y los cientos de millones de ciudadanos ( y los que esperan su ingreso) de que se están equivocando de camino y el futuro está en la creación de estados muy pequeños?¿Cual de estos dos grupos que nos señalan caminos contradictorios, nos está engañando?

En la otra banda están los políticos que mantienen sistemas que han demostrado su ineficiencia en la solución de las necesidades sociales y que sólo sirven a la clase dirigente y a los sectores culturales, informativos, económicos y sociales que se benefician de ello. Para estos el sistema ya les va bien, no encontrarán otro que les proporcione una renta más segura ni un protagonismo social tan relevante como el régimen por el que luchan. Para controlar la reacción popular, son expertos en gestionar sentimientos y en llenar la calle de muchedumbres entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidos las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales. Pero como su programa político es contradictorio con el camino al crecimiento de la economía, sus promesas caducan al acabar las manifestaciones.

Para aminorar la frustración, siempre tienen un enemigo interior o exterior a quien culpabilizar de sus incumplimientos. Entonces los pueblos ingenuos que todavía creen que estos políticos cumplirán lo que prometen comprobaran como es más fácil hacer manifestaciones que resolver los problemas de los manifestantes.

 

HD Joven: Liberland y el reino de Sudán del Norte: vuelve la terra nullius

Cuando comparamos mapamundis de los últimos decenios, la creación o desaparición de Estados resulta más común de lo que pueda pensarse. Aparecen y desaparecen Estados con una fugacidad difícil de entender por lo complejo de sus estructuras. Además, de entre éstos, unos perduran su recuerdo en la historia y otros apenas dejan rastro. Todo el mundo conoce el Imperio Austrohúngaro o la URSS, pero a poca gente le suena los Estados Unidos de Centroamérica o el Estado Libre de Cracovia.

Desde la era colonial, en el que se definieron las fronteras entre Estados, la creación de un nueva nación quedó acotada por los siguientes supuestos: secesión (Estado Independiente de Acre -pocas secesiones acaban bien….), separación (Irlanda), fusión (Yemen), segregación (Yugoslavia) y conquista (Manchukuo). Fuera de estos supuestos, salvo acuerdo diplomático puntual (Vaticano), no se preveían otras formas de creación de Estados.

No obstante, en la antigüedad había otra fuente de creación: la constitución de un Estado por terra nullius o tierra no reclamada por nadie. En este sentido, cuando un descubridor occidental llegaba a una isla o región sin explorar, y ninguna nación la reclamaba para sí misma, el descubridor tenía la posibilidad de crear un Estado propio o adherirlo a uno ya existente.

Normalmente, había indígenas, nativos, que llevaban generaciones habitando la zona “descubierta”, pero en palabras de Robert Jennings “Los nativos que vivían bajo una organización tribal no se consideraban Estado” y por ello se entendía terra nullius, pues no había soberanía alguna.

En este sentido, cuando se acabaron los descubrimientos, desapareció esta forma de creación de Estados, o eso parecía… Y es que se están produciendo nuevos descubrimientos de terra nullius que han permitido la invención de Estados en tierra no reclamada por ninguna nación.

En los últimos meses, han aparecido los denominados nuevos microestados gracias a errores administrativos de Estados reales. El problema que antaño tenían los campesinos con los linderos, que no sabían hasta dónde llegaban sus tierras, lo empiezan a padecer ciertos Estados, desconocedores de sus fronteras.

Los nuevos Cristóbal Colón, en vez de aventurarse en la mar en busca de nuevas tierras, echan horas en las bibliotecas en busca de tierras no reclamadas. A modo de ejemplo, el 13 de Abril de 2015, el político y economista checo Vit Jedlicka y sus seguidores llegaron a una isla situada en medio del río Danubio que separa Croacia de Serbia y allí fundaron un Estado propio, Liberland. Ninguna de las dos naciones fronterizas, que viven un conflicto territorial, habían reclamado su soberanía sobre la isla y, por tanto, Vit Jedlicka encontró, entre comillas, terra nullius.

Atendiendo a las bases del Derecho Internacional, el único requisito para la válida constitución de un Estado en terra nullius es que sea reconocido por la comunidad internacional. En consecuencia, Liberland solo necesitaría del reconocimiento de terceros Estados –miembros de la ONU- para su que su creación fuera efectiva.

De la misma forma que Cataluña mañana podría independizarse sin respetar la Constitución Española ni celebrar un referéndum, el verdadero requisito para surja un nuevo Estado es ser reconocido internacionalmente. Quizás el señor Mas o el señor Junqueras triunfen en su objetivo secesionista, pero puede que nadie les reconozca y acabe todo en papel mojado. Por si acaso, he de recordarles que Texas fue reconocido por la Comunidad Internacional y luego se unió a los Estados Unidos de América. Quizás se les va de las manos y acaben franceses.

Pero, en fin, como de Cataluña ya han corrido ríos de tinta, para aquellos interesados en Liberland, debo antes explicar que se trata de una isla de 7 km2 conocida como Gornja Siga. Es todo bosque y no es posible entrar en la isla, porque las autoridades locales Croatas han bloqueado la única carretera de acceso a la zona. El autoproclamado presidente de Liberland ya ha hecho pública su intención de que los impuestos sean voluntarios y ha publicado una constitución en cuyo artículo cuatro, sección diez, establece que “solo habrá impuestos sobre la propiedad e IVA”. Un dato curioso es que su moneda será el bitcoin.

Si bien esto puede resultar anecdótico, solamente la falta de reconocimiento internacional impide que se tome en serio a Vit Jedlicka y sus seguidores. La Carta Magna ya está disponible en su página web en Inglés, Checo, Húngaro y Serbio, y probablemente la traduzcan pronto al árabe dada su popularidad en Egipto, en donde Badr Abdel-Atti, Ministro de Exteriores, manifestó a la prensa su preocupación por su popularidad entre los jóvenes, debido a que se puede solicitar la nacionalidad Libertaria online.

Otro microestado en territorio terra nullius es el Reino de Sudán del Norte que se encuentra en Bir Tawil, entre Egipto y Sudán del Norte. Fundado por Jeremiah Heaton, un americano que pretendía que su hija fuese una princesa de verdad. Su ideario es crear una nación dedicada a la ciencia. Curiosamente, es el único microestado que aparece en google maps.

Es tal el fenómeno de los falsos microestados que el 4 de Julio de 2015 se celebró la tercera conferencia de micronaciones en la “República de Alcatraz”, donde participaron, entre otros, el Gran Ducado de Flandrensis, el Reino de Kaprika o el Imperio de Angyalistan, y que, como es obvio, no se ajustan al derecho internacional y ni son microestados ni son nada. Pero son tantos que John Ryan publicó una guía “Micronations: The Lonely Planet Guide to Home-Made Nations” para aquellos que quieran decir que han viajado a todos los Estados del mundo, los de verdad y los de mentira.

Además de los ya citados, un microestado que merece ser mencionado a pesar de ser falso es el Principado de Sealand. Fundado en 1967 por el Príncipe Roy Bates, se encuentra en una plataforma militar de la segunda guerra mundial en el Canal de la Mancha. Su primera crisis empezó en 1978, cuando Alexander Achenbach contrató a varios mercenarios alemanes y holandeses y conquistó esta infraestructura tras un asalto con barcos y helicópteros. Posteriormente, el príncipe Roy la recuperó y capturó a Achenbach, que tuvo que ser rescatado, tras una crisis diplomática entre Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido. Esto acabó gracias a los buenos oficios de un diplomático alemán que negoció, en la propia plataforma, su liberación. Más tarde, Achenbach fundó un gobierno en el exilio.

Resulta difícil saber si en la práctica se respeta el Derecho Internacional o si se aplica a todos por igual. Entiendo que se debería evitar la creación de estos microestados, por la mofa que traen y por los disgustos que habrán causado a más de un funcionario encargado del control fronterizo. La mayoría de estos falsos microestados no tienen ninguna relevancia, pero otros como Liberland y el Reino de Sudán del Norte, se ajustan en cierta medida a los principios del derecho internacional y, por ello, merecen una mayor consideración.

En el fondo, lo que importa es que seas aceptado internacionalmente. Vale más lo que digan terceros Estados que lo que establezca el Derecho Internacional (Kosovo). Volviendo a la comparativa de los linderos con las fronteras, ¡es como si el Tribunal de las Aguas de Valencia estuviera por encima de la ONU!

Si las aventuras del hijo de Margaret Thatcher, que intentó conquistar Guinea Ecuatorial junto con unos quinientos mercenarios, acabaron en un simple susto, que se funden microestados por aventureros, a expensas de errores de bulto de las naciones existentes, es lo de menos. Y es que las anécdotas del derecho internacional dan para mucho.

Las tiendas marcadas. Los carteles amarillos de los establecimientos amigos de la secesión.

No es fácil entender desde muchos lugares una campaña como la de la ANC, que promueve que las tiendas que colaboran con sus fines secesionistas lo señalen con un cartel amarillo de «establecimiento amigo». Es decir, destinada en definitiva a identificarlos ideológicamente. Para los que no somos nacionalistas el fenómeno resulta cuando menos chocante. Pero un nacionalista considera que la promoción esta identificación identitaria es algo no solo legítimo sino deseable. Merece la pena tratar de explicar esa diferencia de visión. Lo que exige resolver algunas cuestiones previas.

¿Somos todos nacionalistas?

Es muy frecuente que cuando se discute con un nacionalista éste enseguida reproche a su interlocutor el ser tan nacionalista como él, aunque de un signo contrario. Considera que el que se opone a sus ideas lo hace porque, en definitiva, no deja de ser también «de la misma condición». Condición de nacionalista, por supuesto, a la cual en su opinión pocos pueden escapar, si es que alguno lo hace.

Para los que consideramos al nacionalismo como una patología intelectual, que impide o perturba una correcta visión de la realidad, en esa acusación hay todo un reto. Es preciso, por elemental honestidad intelectual, hacer un análisis autocrítico de nuestras propias convicciones y descartar, en su caso, que estemos cayendo en lo mismo que denunciamos. Asegurarnos de que si esa acusación está motivada por la visión reduccionista que caracteriza al nacionalismo, frente a ello nosotros somos capaces de comprender mejor la complejidad humana y social. En definitiva, el saber por qué no somos nacionalistas es la única forma de asegurarnos de que realmente no lo somos. Y este asunto de los carteles es una buena ocasión para reflexionar sobre ello. Pero antes conviene destacar algo en lo que yo, y creo que otros muchos, coincidimos con ellos: el valor de lo emocional en la identificación colectiva (nacional) de las personas.

La idea de nación

Como muy bien explica Tomas Perez Viejo aquí, las naciones no son realidades objetivas, sino esencialmente subjetivas. Pueden tener un sustrato histórico-político, pero ni siquiera eso es suficiente. Una sencilla mirada a los mapas históricos nos destaca todo lo que ha desaparecido y todo lo nuevo que ha surgido en ellos. Este autor señala con acierto la esencia de la idea de nación: es un «mito de pertenencia». Supone un sentimiento de formar parte de un proyecto común, un vínculo «sentido» que nos une a los demás (en nuestro caso) españoles en un aspecto de nuestra identidad colectiva y que no tenemos o sentimos hacia los que no lo son. Lo que no excluye, por supuesto, que podamos sentir hacia ellos, hacia los extranjeros, toda nuestra simpatía y solidaridad.

En la base de cualquier proyecto nacional hay, por tanto, un elemento sentimental. Un vínculo que es preciso afirmar y renovar para que la nación pueda subsistir. Lo que requiere de soportes emocionales que lo hagan posible, como un relato y unos símbolos (ritos, banderas, …) compartidos. Cuando se fracasa en ello la nación no puede subsistir, como no subsistieron, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro o la Gran Colombia.

En la raíz de nuestros problemas territoriales, como explica Pérez Viejo, está el no haber sabido comprender la necesidad de preservar ese vínculo. Y en habernos permitido, en consecuencia, renunciar a evitar que la idea (y el sentimiento) de España se difumine. Especialmente, aunque no solo, en las regiones de hegemonía nacionalista. La confusión intelectual padecida en el bajofranquismo y la transición, con la equivocada identificación del patriotismo y sus símbolos con un régimen que había que superar, causó al respecto un daño atroz. A lo que se añadió, en gran parte como consecuencia, la ausencia en nuestras élites gobernantes de un proyecto de nación a defender y robustecer.

El resultado ha sido que, por una estrategia política presidida por intereses mezquinos y cortoplacistas, los líderes de nuestros partidos mayoritarios hayan estado dispuestos a cualquier cesión en ese campo para conseguir y mantener el poder. Y que el Estado, como sustento de la nación, prácticamente haya desaparecido en Vasconia y Cataluña. Cedida la educación, controlados los medios masivos de comunicación, incluso los privados, y con todos los resortes del poder al servicio de la sustitución del vínculo común de pertenencia por otro nuevo y excluyente del anterior, los nacionalistas han ocupado el espacio del Estado en retirada. Y han conseguido desplazar la antigua y consolidada idea de España para sustituirla en gran parte por su nuevo proyecto nacional.

Tras décadas de cultivado el nuevo mito nacional, excluyente del antiguo, ha bastado una adecuada manipulación del miedo y la frustración generados por la crisis para generar la marea secesionista en Cataluña. La desaparición del manto orgánico de la idea nacional española en nuestras erosionadas laderas periféricas, la falta de un proyecto común sentido como ilusionante, ha convertido en esa región las lluvias de la crisis en la actual inundación independentista.

Pero eso no es nacionalismo.

Parto, por tanto, de que el sentimiento de pertenencia nacional es imprescindible, al menos para la mayoría de las personas, como un elemento esencial integrante de su identidad colectiva. Y que supone un vínculo emocional que es preciso recordar, sostener y renovarlo en el tiempo. Pero ese planteamiento ¿No me está haciendo también nacionalista? ¿No es algo sospechosamente cercano a los que sostienen los proyectos nacionalistas de «construcción nacional»?

Pues creo que no. El nacionalismo añade a todo ello un plus de elementos distorsionadores de los que los no nacionalistas creo que estamos libres. Y entre ellos podemos destacar algunos:

– El sentimiento victimista. Un nacionalista tiene una idea de nación mucho más absolutizadora que la expuesta. Para él las naciones son verdaderas realidades objetivas a las que se ha de conseguir dotar de estructuras de Estado y de un territorio necesario. Y si esto no se ha logrado aún, ha sido por la culpa de un enemigo exterior dedicado históricamente a impedir estas justas aspiraciones y a intentar destruir su nación. El nacionalismo, frente al patriotismo cívico, se define frente a un enemigo exterior del que se siente víctima. Lo necesita como el aire para subsistir.

– El maniqueísmo. Es a ese enemigo al que hay que imputar las responsabilidades esenciales. Psicológicamente es muy consolador el tener un «otro» al que atribuir las culpas, sobre todo porque eso libera de asumirlas siquiera sea en parte. En tiempos pasados ese chivo expiatorio se encontraba en minorías indefensas, como los judíos, objeto de masacres y persecuciones. En el ambiente nacionalista ese nuevo chivo expiatorio indefenso al que culpabilizar («¡que hasta roba!») es España.

-La intensidad del sentimiento identitario. En un nacionalista el sentimiento de pertenencia a su comunidad nacional, acendrado por la solidariadad a la que mueve ese sentimiento compartido de víctima, es especialmente intenso y, como tal, excluyente. Tanto que es esa pertenencia lo que conforma de forma esencial su identidad. Como ha señalado Francisco J. Laporta , lo que define la identidad en el ideario democrático es la individualidad libre y creadora. Y en el ideal nacionalista, por contraste, es la pertenencia a un todo nacional. Las raíces en ese ámbito pesan hasta configurar la personalidad y vincularla como una mera pieza integrante de un todo superior. Por eso hablan, por ejemplo, de los deseos y anhelos del pueblo catalán. Como si tal pueblo existiera como un ente único dotado de voluntad autónoma. Como si tal entelequia existiera de verdad.

Obviamente se trata de características muy interdependientes. Y que no se dan siempre en igual proporción. No solo existen el negro y el blanco en lo identitario. También en el nacionalismo, como en la fiebre, hay grados de intensidad y, por tanto, toda una escala de grises. Pero  son tendencias generales que creo que distinguen siempre al nacionalista del que no lo es.

A partir de estos principios un nacionalista puede sentirse legitimado para clasificar y calificar a sus conciudadanos. Puede distinguir (el nacionalista español) entre buenos y malos españoles, o (el nacionalista catalán) entre buenos y malos catalanes, según sus ideas de pertenencia, su «debida» conciencia nacional y su fidelidad a esa identidad colectiva impuesta como necesaria. El vecino no nacionalista será visto como peligroso y desleal. Como un quintacolumnista y potencial entreguista al enemigo exterior. Como cómplice de éste en su perversa labor de destrucción de la verdadera patria. Y, por ello, como merecedor al menos de sanción social. Como mínimo al disidente se le puede llegar a tolerar, pero sólo a cambio de renunciar a una exhibición de sus simbolos y a cualquier intento de difundir su (ilegítimo) ideal de pertenencia.

A identificarse.

Sólamente después de esta disgresión creo que puede entenderse la campaña de señalamiento de «comercios amigos» (de la secesión) con carteles amarillos que está promoviendo la Asamblea Nacional Catalana. Señalamiento que, por supuesto, implica también el de quienes se hayan resistido a ello.

Donde reina el patriotismo cívico no puede entenderse una campaña destinada a clasificar ideológicamente a los dueños de los comercios, y a conseguir con premios o sanciones sociales una pública declaración sobre su tendencia. Sus ideas políticas forman parte de una intimidad que se ha de respetar tanto como puede respetarse la de sus ideas religiosas o la de sus tendencias sexuales. No se considera legítimo pedir un pronunciamiento público sobre las mismas.

Pero donde reina el nacionalismo identitario, lo extraordinario se convierte en ordinario. La necesidad de salvar a la patria de sus enemigos exige tocar a rebato, exaltar los sentimientos, recelar del sospechoso, clasificar. Y encuadrar a la población en orden de combate ideológico. Porque lo que está en juego es tan importante que la libertad de las personas y su intimidad no pueden ser obstáculos para el proyecto. Para ellos son meros actos de defensa frente a lo que sienten como permanente agresión española.

Así pueden entenderse tanto iniciativas como la Megaencuesta puerta a puerta como ésta de promoción de la identificación ideológica/identitaria de los comercios. Y por eso puede deducirse que la división social, y una permanente violencia latente, y a veces expresa, contra el disidente, son consecuencias inevitables de cualquier nacionalismo que consigue desplegarse en todo su temible esplendor.

La megaencuesta mentirosa en Cataluña. Contra la verdad y la libertad

 
Es conocida la frase de Benjamín Disraelí, a veces erróneamente atribuida a Mark Twain, de que las falsedades pueden clasificarse en mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Lo que es mucho más cierto aún si las cifras quieren sacarse de  encuestas como ésta, que se está realizando en Cataluña, promovida por la Asamblea Nacional Catalana y Omniun Cultural. Que ocho mil voluntarios estén recorriendo los hogares catalanes para hacer una encuesta como esa nos plantea algunas reflexiones.
Los promotores.
La encuesta está organizada e impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y por Òmnium Cultural. Ambas son superestructuras creadas y desarrolladas por las fuerzas nacionalistas y por instituciones dominadas por aquéllas para impulsar la secesión de Cataluña. Sus ingresos son de origen básicamente público. Es decir, se trata de organismos fuertemente subvencionados por el Gobierno catalán y por otras administraciones dirigidas por partidos nacionalistas catalanes.
Con esos abundantes ingresos han podido desplegar en los últimos años una importante actividad. Son de hecho muchos los millones de euros de los contribuyentes que se han utilizado en instrumentos como éstos destinados a difundir el independentismo. Este informe policial, probablemente aún inexacto en tanto está en elaboración, calcula que a lo largo de las últimas décadas se han destinado a este fin más de 20.000 millones de euros. Y ello en una región con una administración arruinada y necesitada de permanentes ayudas del Estado. Pero aunque fueran muchos menos la pregunta debe seguir planteándose: ¿Tiene sentido que las administraciones públicas territoriales, que como tales forman parte de la estructura del Estado, dediquen abundantes medios y esfuerzos a destruirlo? ¿No existe en este caso una clara desviación de fondos para ser utilizados para fines ajenos al de esas administraciones? ¿No estamos ante un grave incumplimiento de obligaciones básicas?
Si hemos montado una estructura territorial destinada a autodestruirse, si es admisible que las voces y propuestas disgregadoras cuenten en algunas regiones con amplios recursos a cargo de los contribuyentes mientas las partidarias de mantener la unidad y convivencia de los españoles no «tienen quien les escriba» allí, quien las financie y apoye, es que hay algo que hemos hecho muy mal. Y que toda nuestra estructura territorial debe replantearse de raíz.
El Gobierno catalán no es ajeno a esta iniciativa de la encuesta y no sólo la financia a través de de esas entidades, sino que además la ha apoyado públicamente. La propia Consejera de Educación participó en su lanzamiento. Lo que no es precisamente tranquilizador respecto al sesgo de dicha educación en Cataluña y los fines que también a través de ésta se pretenden alcanzar.
El contenido propagandístico de la encuesta.
La encuesta se imbrica dentro de la campaña por el SI en el Referéndum (si somos precisos en la terminología) que el Tribunal Constitucional ha suspendido. Sin que ello haya impedido que se siga gastando en propaganda sin recato.
El formulario, antes de solicitar la respuesta a cada una de las seis preguntas hace una o varias afirmaciones de presupuestos de hecho que se tienen como ciertos o indubitados, como puede verse, por ejemplo, en la pregunta 1:
«Si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más. ¿Cómo piensa que se deberían gastar?»

Y así se configuran todos los apartados que incluyen las preguntas. Éstas se plantean después de una afirmación que configura la secesión, expresa o implícitamente, como una entrada en el paraíso. Cómo con tanta riqueza recuperada se podrían mejorar los servicios públicos; Cómo al partir de cero se podría renovar y mejorar y mejorar la democracia (¿con los mismos partidos nadando en corrupción?). Que la futura Cataluña secesionada va a seguir en la UE por ser contribuyente neta y cumplir todos los requisitos (¿también el voto unánime de los demás países miembros? Que va a depender de su exclusiva decisión si siguen o no en la UE (¿otra ferolítica derivación de ese presunto «derecho a decidir», que al parecer debe pasar por encima de las objeciones de cualquier otro interesado directo?). A pesar de que todos los responsables comunitarios (al parecer unánimemente equivocados) han advertido que cualquier país secesionado queda fuera. Y que no va a haber problema para el castellano, que también será lengua oficial, y además se hablarán muchas, muchas lenguas más…
Sorprende que se les haya olvidado incluir entre los presupuestos implícitos el de que el Barcelona, C.F. seguirá, por supuesto, en la liga española… ¡Siempre que ellos quieran, claro! Porque también tienen previsto que puedan «ejercer su derecho a elegir» el  pasar a la francesa. Que aunque ya les haya negado Francia esa posibilidad sin duda lo han dicho «de broma». Lo mismo que han dicho en la UE que quedarían fuera ¡A toda esa gente cómo se le va a tomar en serio!
No es difícil comprender que con la encuesta se trata de colar también verdadera propaganda pro secesión. Y una propaganda basada, además, en manifiestas mentiras. La estrategia de pedir la opinión del encuestado para poder trasladarla a los representantes políticos no tiene otro objetivo que conseguir un destinatario más receptivo.
¿Un censo ideológico?
Con la encuesta, a través de las respuestas, se trata también de deducir la orientación o el sentimiento nacionalista o no del encuestado. Al mismo se le llega a preguntar al final si irá a votar. Y se le pide sus datos personales: nombre, dirección, teléfono y correo. Y como se realiza «puerta a puerta», visitando directamente los hogares, hasta la recepción hostil a la encuesta puede quedar registrada. Este potencial identificador resulta inquietante en una región donde la pasión nacionalista cultiva una creciente hostilidad contra quienes no lo son o se resisten a aceptar sus imposturas, que se han visto ya insultados y amenazados (ellos o sus familiares) como traidores quintacolumnistas.
Esta recogida de datos ideológicos y el posible uso que pueda hacerse de los mismos ya ha sido objeto de múltiples denuncias y ha originado el comienzo de una investigación de la Agencia de Protección de Datos.
El problema se plantea en dos ámbitos. Desde un punto de vista tecnico-jurídico esos datos ideológicos son de alta protección, de «máxima vulnerabilidad», conforme a la Ley de Protección de Datos. Y requerirían de unos blindajes, para evitar su utilización para otras finalidades, que según los indicios y las denuncias, no se han adoptado. Y no sería la primera vez que los datos de esa entidad son filtrados.
Pero aún es más preocupante su trascendencia política. En julio pasado, la ANC anunció que uno de sus objetivos inmediatos era el de «elaborar una base de datos de 2,5 millones de personas que afirmen que votarán ‘sí’ el 9 de noviembre».
La entidad justificó la creación de esta suerte de lista de ‘buenos catalanes’ para poderles «enviar mensajes en todo momento e informar con puntualidad, incluso cuando haya nuevas adversidades o se quiera impedir el ejercicio democrático del voto». Sin duda la encuesta ha sido el medio elegido.
Ese fin no puede dejar de inquietar a las personas no nacionalistas, que cada vez se sienten más tratadas como disidentes. Algunas entidades, como la Asociación por la Tolerancia, han denunciado que esa llamada ‘Gigaencuesta’ «constituye una evidente coacción a domicilio contra la convivencia, que la campaña es «intimidatoria», y puede significar la «identificación de desafectos» elaborando «un censo de disidentes, contrarios a la independencia», que se arriesgan a posibles «posteriores represalias».
La actuación de la APD, por supuesto, ya ha sido tachada en el magma secesionista de anticatalana y maliciosa. Pero ¿Qué sería del respeto a la ciudadanía y a la intimidad de las personas si estos últimos restos del Estado desaparecieran de Cataluña?
El objetivo autoproclamado en la propia encuesta es saber «cómo debe ser el país nuevo que queremos construir entre todos», de nuevo con una aseveración tan tajante como falsa, salvo que se pretenda que los que no sean partidarios de la secesión en realidad no existen. Pero lo que en realidad nos permite es obtener una idea muy clara del país al que aspiran sus promotores. Y también del desprecio que esos próceres de la secesión sienten por la verdad y la libertad.
 

El camino a la secesión y sus trampas legales. La Ley catalana de Consultas No Refrendarias y el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.

Una figura que gusta mucho a nuestros partitócratas es la de esos comités de expertos o consejos consultivos siempre dispuestos a decirles que sí. Sus componentes no se determinan por circunstancias objetivas (por ejemplo, el Decano de tal facultad o de cual Colegio profesional, o el juez más antiguo en…), porque precisamente lo que se quiere es que no sean objetivos. Son los mismos gobernantes, con la falta de transparencia habitual, los que los eligen. Y los eligen precisamente para que digan lo que ellos quieren oír en sus dictámenes y recomendaciones.
Se trata, en la mayoría de los casos, de proporcionar coartadas («¡Si sólo hemos hecho lo que nos recomendaron!») o de dar la apariencia de legitimidad añadida que otorga un dictamen presuntamente experto. Y aunque el trampantojo es bastante burdo, como no se denuncia lo suficiente no deja de ser efectivo en su propósito de conseguir esa apariencia. La cual es especialmente necesaria cuando lo que se pretende hacer es, por ejemplo, alguna  barbaridad jurídica.
Una de estas instituciones, configurada tal vez con un poco más de sofisticación en las formas, aunque no en su sustancia, es el Consejo de Garantías Estatutarias elegido por el Parlamento Catalán. Y su última fechoría jurídica es su DICTAMEN 19/2014, de 19 de agosto, favorable a la recientemente aprobada Ley autonómica de Consultas Populares no Referendarias, urdida para intentar la conocida consulta catalana respecto a la secesión.
En el nacimiento y finalidad de dicha Ley de nuevo se ha demostrado el escaso respeto que los nacionalistas suelen demostrar por la legalidad. Para ellos la voluntad (inducida o deducida) de constituir una nación independiente no puede pararse en minucias legales. Y, por eso, si es necesario hacer trampas legales, se hacen. Con ayuda de su socorrido complejo de superioridad moral, que todo se lo permite.
Verdadero ejemplo de trampa legal es esa Ley autonómica de consultas. Y verdadero ejemplo de juristas cortesanos, dispuestos a tragarse la rueda de molino de bendecirla, es el mencionado Dictamen. El cual, por cierto, por causas ignotas aún no ha sido traducido al castellano, transcurrido más de un mes desde su aprobación.
Con justicia, también hay que decir que no todo en el Dictamen es un intento de defender lo que legalmente es indefendible. Hay partes del mismo en las que podemos encontrar  racionalidad jurídica. Pero están, qué le vamos a hacer, precisamente en los votos particulares de los Consejeros que consideran que la norma viola con claridad tanto la Constitución como el Estatuto.
Trato de explicar para profanos tanto la trampa legal pretendida a la cual el Dictamen quiere servir de coartada.
El Referendum es un mecanismo que nuestra Constitución, como la mayoría de las de su entorno, admite con carácter restringido en tanto que, como mecanismo de consulta directa a los electores, supone una excepción al principio general de democracia representativa, es decir, ejercitada a través de los representantes elegidos en las cortes, parlamentos y ayuntamientos. Estos instrumentos de consulta se han utilizado con frecuencia con fines populistas y legitimadores por regímenes autoritarios, por lo que en la mayoría de las democracias avanzadas (con la notable excepción de Suiza) se admiten sólo con notables cautelas.
En esa línea nuestra Constitución mantiene el referendum sólo para ratificar la aprobación y reforma de la Constitución y de algunos estatutos de autonomía. Y también, en este caso con carácter meramente consultivo, en su artículo 92, para decisiones políticas «de especial trascendencia». En todos los casos, dado que supone una regulación del derecho fundamental de participación política (artículo 23 CE), se establecen fuertes garantías que garanticen la limpieza del proceso. Y, dado que entra en el ámbito competencial del Estado (artículo 149.1.32 CE), al menos es necesaria la autorización del mismo para su convocatoria.
Así las cosas, el Gobierno catalán se quedaba sin opciones de conseguir convocar un referendum, ni siquiera a través de la Ley catalana de 2010 que requería la aprobación de las Cortes españolas. ¿Qué hacen entonces los nacionalistas, por cierto con el apoyo de un PSC que parece seguir perdido en su laberinto? Pues aprobar esta Ley de Consultas no Refrendarias que permite al Presidente del Gobierno catalán aprobar lo que no deja de ser por su objeto, proceso y finalidad, un verdadero referendum. ¿Cómo? Pues simplemente cambiándole el nombre y disfrazándolo con una regulación que, si no deja de ser muy semejante, trata de diferenciarse.
El disfraz resulta, no obstante, tan burdo, que no resiste un análisis crítico mínimamente riguroso.
La consulta pretendidamente «no refrendaria» llama a la totalidad del cuerpo electoral para consultarle de una decisión tan trascendental como la secesión (o cualquier otra pregunta que se le ocurra al Honorable President). Decisión que excede por completo a las competencias autonómicas reconocidas en el Estatuto. Y se hace mediante un proceso que sustancialmente es el mismo que el de cualquier referendum y con sus mismos efectos. Sin embargo la Ley del Parlamento catalán pretende (y el Consejo de Garantías apoya) que como no se llama igual y se cambia un poco su regulación, pues eso ya no es un referendum.
Las modificaciones en su regulación, además, lo que introducen son verdaderas “peoras” en la regulación de los referenda. En vez del censo electoral, formado con todas las garantías y bajo una efectiva tutela judicial, se regula un «Registro de Población de Cataluña» y un «Registro de Catalanes en el Exterior» que ni tienen ni pueden tener tales garantías. Y se permite, para seguir pareciendo ser algo diferente, que voten los mayores de 16 años y determinados extranjeros que se inscriban. En vez de Juntas Electorales se regulan «Comisiones de Control y Seguimiento» en las que la presencia de los jueces se sustituye por «expertos en Derecho (de nuevo juristas cortesanos y maleables) y Ciencia Política nombrados por el Parlamento catalán. Lo que no refuerza precisamente su independencia.
Todo el proceso queda sustraido a control judicial alguno, y dependiente de marionetas del poder político. Y lo mismo la campaña electoral, que no puede contar con la garantía de imparcialidad de sus árbitros.
Nos encontramos, por lo tanto, ante una verdadera estafa jurídica. Sólo el fragor ardiente del ambiente soberanista puede explicar (nunca justificar) que no haya sido allí mayoritariamente denunciada y que a sus autores no les suban los colores. No basta, como pretende el Dictamen, con cambiar el nombre a las instituciones o a los procesos, y con regularlos con menos garantías, para que dejen de ser lo que son. Lo mismo que no basta con pintar un coche de otro color y descapotarlo para que deje de ser un coche y ahorrarse pasar la ITV. Resulta inaudito que con esa trampa tan grosera se pretendan saltar las barreras legales. El que la mayoría de los Consejeros haya dado su placet a ese Dictamen aprobatorio es bien indicativo de su categoría intelectual e incluso moral. Y de lo bien mandados que son.
 

Flash Derecho: Comunicado de los profesionales de los servicios informativos de la Televisión Catalana

SALVEMOS NUESTRA PROFESIONALIDAD
A medida que se acerca la Diada del 11 de septiembre se han ido calentando las informaciones sobre el acontecimiento. Hace tiempo que se traspasó la línea roja que contiene nuestro libro de estilo y que desautoriza las informaciones que se puedan entender como un llamamiento a la movilización.
Es posible que, como parece que le pasa a la sociedad,  haya una mayoría pro consulta o pro independencia en la redacción de TVC, pero como profesionales no podemos engañar los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información. Todos nos pagan con sus impuestos, incluyendo los que no se han registrado para ir a la V que se hará el próximo jueves. Ninguna causa merece que lancemos a la basura la imparcialidad y la neutralidad que nos tiene que caracterizar como profesionales de la información ante la sociedad y a la que estamos obligados como medio público.
La reiteración de informaciones «de servicio» sobre la fiesta explicando la forma de llegar, indicando los tramos que quedan por cubrir, entrevistando por enésima vez a los organizadores del acto, se convierten en llamamientos descarados a la participación. No hay duda de que los espectadores que no simpatizan con la causa las consideran excesivas por la acumulación que se ha producido y por la nula distancia que a menudo se muestra con la convocatoria y los actos previos. Cualquiera que tenga oídos y lea diarios y las redes sabe que las críticas se multiplican. Aunque algunas estén fuera de tono y contengan inexactitudes, no hay duda que, fuera de la burbuja de Tv3, el malestar va creciendo.
El final del proceso político que se ha abierto es del todo incierto. Pero el día siguiente del día siguiente, querremos continuar trabajando como periodistas en TVC o en otro medio. Si no reaccionamos, quizá nos hayamos ganado una funesta etiqueta por el resto de nuestra vida profesional.