REPRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO DE CONFILEGAL -1 feb 2018- (recogido aquí).
La Ley ómnibus contra la corrupción, ahora en trámite parlamentario, se ha centrado en el sector público en su lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Su entrada en vigor para antes del verano modificará diferentes normas esenciales de nuestro ordenamiento. 387 enmiendas se han planteado para una norma que quiere poner coto a la corrupción en el sector público. Las previsiones indican que antes del verano se aprobará.
En pleno debate parlamentario, Transparencia Internacional organizó un debate en la Fundación Ortega y Gasset con la presencia de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Politica y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional; Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho; Rodrigo Tena, notario, patrono de Fundación Hay Derecho y Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional.
En la presentación del debate, Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y moderador de este encuentro resaltó el carácter transversal de esta proposición de ley “ La norma tiene 25 articulos estructurados en una parte sobre la protección al denunciante y otra sobre la nueva autoridad independiente de integridad y algunas disposiciones finales que suponen la modificación de algunas leyes claves de nuestro ordenamiento”.
De esta forma “se modificarán la Ley General Tributaria, Ley Electoral, Ley de Altos Cartos, Ley de Transparencia y un Reglamento que aún no tenemos tras cuatro años de entrada en vigor de la ley, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Bases de Régimen Local o la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, apuntó.
En su intervención Manuel Villoria, al igual que el resto de los ponentes, destacaron la necesidad de esta ley, como un paso clave para la lucha contra la corrupción en el sector público “ Se echa en falta un Plan de lucha integral contra la corrupción que debería haber diseñado el Gobierno de Mariano Rajoy. También debería haber reflejado la realidad de los partidos políticos que tienen debilidades para luchar contra la corrupción”:
Desde su punto de vista, esta ley integral se ha centrado en tres cuestiones “ Impulsar la transparencia, consolidar la protección del denunciante y regular el fenómeno del lobby”. En cuanto a las sanciones se muestra partidario de incluir las mismas en el llamado Estatuto del Empleado Público “ El gran problema lo tenemos en la administración local, como se ha visto donde muchas actividades no se controlan por nadie”.
Para este estudioso de la política otras cuestiones como las IniciativasLegislativas Populares “ que hemos tenido 117 y solo una ha cuajado podrían haberse regulado también. AL igual que estar encima de las fundaciones de los partidos políticos a veces claves en la financiación poco clara de los partidos políticos”. Sobre la Autoridad de Integridad que ahora se crea espera que no se solape con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno existente.
Cambio cultural
Por su parte, Elisa de la Nuez, centro su exposición en cómo la llamada “ley ómnibus”, va a proteger a los denunciantes de un posible delito de corrupción. “Es necesario un cambio cultural en nuestro país para que se va al ciudadano que denuncia la corrupción no como un chivato y sí como un buen ciudadano de la sociedad civil”. Y explicó como Fundacion Hay Derecho en sus premios había galardonado a ciudadanos comprometidos.
Esta ponente habló del concepto de indemnidad, “una palabra que debería definir que la situación personal y profesional de esa persona, pese a denunciar un acto de corrupción no cambiaría en nada, y no como ahora, que los que lo han hecho se han jugado su trabajo en algunos momentos. “Las denuncias deben ser confidenciales para preservar esa intimidad y que el profesional pueda revelar lo que está pasando en su entorno”.
Para esta experta, en el caso que hubiera unos buenos cauces de comunicación de estos hechos , donde se protegiera la identidad del denunciante “no haría falta entonces las denuncias anónimas, como ahora está pasando. Habrá que ver como funciona el canal de denuncia que la ley señala que se pondrá en marcha con la Autoridad de Integridad como responsable”. A su juicio, el denunciante debería tener asistencia psicológica y jurídica de bajo coste o gratis “ cuestiones que ahora le cuestan un dinero importante”.
En su turno de palabra, Rodrigo Tena, se focalizó en cuatro cuestiones que vienen en las disposiciones finales de esta norma. En la Disposición Final Primera se habla de inegibilidad de los encausados, tema que ha generado cierto debate y que algunos expertos señalan que puede ir contra la presunción de inocencia.
La Disposición Final Quinta habla del incremento patrimonial no justificado en personas involucradas en el sector público “en la norma se habla de sanciones si surge esta situación concreta, como elemento clave para luchar contra la corrupción”. La Disposición Final Sexta habla de una reforma de la Ley del Indulto con tres casos de delitos diferentes: “ Aquellos de mayor gravedad como los del terrorismo no se indultan, el resto necesitarían siempre un informe motivado de por qué se dan”.
Con la nueva Ley Omnibus se espera que la protección al denunciante mejore y no ponga en juicio su integridad física o trabajo como ha pasado en algunos casos que fueron muy mediáticos
Por último, la Disposición Final Séptima se centra en los plazos de instrucción que los elimina, lo que supondría una reforma del artículo 324 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal “en este caso sería el juez quien amplia el plazo hasta donde sea necesario”. Sin embargo explicó que partidos como PP y PSOE preferían suprimir esta disposición antes de presentar cualquier alternativa al mismo viable.
Partidos políticos y Administración local, focos de corrupción
Por último, Silvina Bacigalupo, como experta en derecho penal, destacó que “en la Constitución de 1978 hay dos temas que se obviaron, uno la financiación municipal y otro la de los partidos políticos. Curiosamente la mayor parte de los casos de corrupción de nuestro país se centran en estos dos ámbitos concretos”. A su juicio, como para otros ponentes, esta ley ómnibus al final tendrá que introducirse en el sector privado.
A su juicio, otra de las medidas que se pudieran incorporar a todos los delitos del Código Penal es la inhabilitación de ese profesional como funcionario “y en muchos casos por su acción tan grave, de por vida, un elemento que sería disuasorio de cometer conductas irregulares”. Respecto a la Autoridad de Integridad, cree que debería ser un órgano ágil y en cuanto a su capacidad investigadora señala que “ no será fácil que investigue y es posible que muchas pruebas que aporte puedan estar contaminadas y no sirvan para mucho”.
Sobre el denunciante, recalcó que es fundamental que desempeñe su labor con total confidencialidad y recordó que “ ya tenemos una ley la 19/1994 sobre Testigos Protegidos, con lo cual veremos como queda esta norma y esperemos que no haya duplicidades que no conducen a nada”. En cuanto a la supresión de los plazos de instrucción que señala la nueva norma, lo ve bien “ ahora hay instrucciones muy largas y juicios orales cortos. Tendría que ser el juez quien pidiera ese plazo y no el Ministerio Fiscal, que sabemos no es muy independiente en estos momentos”.
El Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario a examen 