Access Info Europe had a hearing today in the General Court of the European Union in the case for access to documents it brought against the Commission, seeking access to certain documents containing legal analysis and advice relating to the EU-Turkey refugee return deal.

This case started at the very same time as the EU-Turkey deal was reached (EU summit 17-18 March 2016) in the face of concerns raised by key human rights bodies such as the Council of Europe’s Human Rights Commissioner and the UNHCR about the deal’s content.

“Our goal was to get a full picture of this controversial deal. We believe it essential that the public know what the Commission’s legal advice is: what options were discussed and what legal analysis was made of the consequences for existing EU legislation and safeguards of human rights,” stated Luisa Izuzquiza, Communications Officer at Access Info, who submitted the initial access to documents request.

Today the General Court heard the arguments of the European Commission as to why the Commission had refused access to the documents. The refusal decision of the Commission was based on the need to protect international relations, ongoing court proceedings, legal advice, and decision making, and the Commission rejected any idea of an overriding public interest in obtaining these documents.

The Access Info legal team, assisted by Onno W. Brouwer, discussed these arguments, explaining why Access Info takes the view that these exceptions should not apply as broadly as they were, and why the existing case law should ensure that Access Info should have obtained full or a significant broader access to the requested documents.

“In addition to questioning the broad refusal of access, we have also argued that access to these documents is essential for public participation in and for accountability of EU decision-making processes in an area that directly affects the EU, people’s lives, and human rights,” notes Helen Darbishire, Executive Director of Access Info.

Desde el primer conflicto en los tribunales ante el Gobierno, a finales de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha encontrado con una coyuntura no prevista: su representación legal estaba encomendada a la Abogacía del Estado, pero también la de sus oponentes: los ministerios. Con el conflicto de interés servido, el Gobierno decidió optar por que los abogados del estado representaran a los ministerios y el CTBG tuvo que buscar su propia representación legal.

La primera vez que ocurrió algo así, en el proceso contra RTVE, y según el propio CTBG, tuvieron solo unos días para encontrar abogado. Y optaron por contratar de forma directa a una con vínculos profesionales previos con la directora del organismo. Han pasado casi dos años desde entonces y, durante este tiempo, dos personas han ido representado al CTBG en decenas de litigios y bajo el mismo sistema de contratación directa.

En julio, tras tener conocimiento de los hechos gracias al aviso de un ciudadano, Access Info, Transparencia Internacional España y Civio planteamos una serie de preguntas al CTBG para aclarar nuestras dudas con respecto a estas contrataciones y, sobre todo, para reclamar explicaciones públicas ante la ciudadanía sobre este asunto.

El CTBG resolvió una parte de esas preguntas, pero seguimos teniendo dudas sobre aspectos importantes, sobre todo: ¿por qué se siguió contratando a las mismas personas una vez solventadas las prisas iniciales? ¿A quién se pidió ayuda para seleccionar a profesionales y por qué no se volvió a preguntar o a buscar alternativas en más de un año?

Access Info, Transparencia Internacional España y Civio consideramos que, aunque pudiera estar justificado este procedimiento ante las prisas de un primer proceso, la situación ha durado demasiado tiempo y el CTBG debería haber encontrado soluciones para poner en marcha una selección basada en la concurrencia y la transparencia.

Además, creemos que pese a que haya dictámenes del Consejo de Estado y de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre algunas partes de este proceso que establezcan que se cumplen las condiciones legales, ciertas actuaciones pueden dejar en mal lugar a un organismo que debe ser garante de la transparencia y, por lo tanto, ejemplar ante este tipo de situaciones.

Como hemos transmitido desde un principio, las organizaciones firmantes consideramos que el CTBG debe comunicar, de forma abierta, qué ha pasado y cómo se pretende resolver. Además, debe publicar en su lista de contratos estos servicios, incluyendo nombre de los representantes legales, cantidades y procedimiento judicial (ahora mismo lo publica en una lista de gastos inferiores a 1.000 euros, pero sin nombres de los destinatarios). Los importes de esos contratos hacen que la ley no obligue al CTBG a hacerlos públicos, pero creemos que, dada la situación, el Consejo debe ir más allá de los mínimos que marca la norma para ser ejemplo.

Recordamos que, más allá de las entidades públicas encomendadas a esta misión, la sociedad civil puede -y debe- ejercer un papel de vigilancia y control de todos los organismos públicos en una sociedad democrática. Es una función en la que las tres organizaciones firmantes creemos firmemente. Si plantear una serie de preguntas al CTBG por parte de la sociedad civil se percibe como un ataque, estamos ante una situación muy preocupante. Porque lo vamos a seguir haciendo siempre que recibamos cualquier tipo de denuncia.

Creemos que el CTBG debe seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos ante los tribunales como lo ha venido haciendo hasta ahora y que esa función es esencial, dado que el Gobierno se está negando en demasiadas ocasiones a cumplir sus resoluciones, conceder la información solicitada y cumplir la Ley de Transparencia. Eso sí, el proceso de contratación de profesionales que les representen debe ser, más aún en el organismo del que se trata, concurrente y transparente.

El próximo día lunes 6 de Noviembre –de 11,30 h. a 13,30 h.-, Transparencia Internacional  celebra una Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (recientemente aprobada), en relación sobre todo a aquellos aspectos relacionados con: la transparencia, la integridad, la igualdad, la competencia y la prevención de la corrupción, y haciendo referencia además al punto de vista de distintas instituciones y niveles de la Administración pública, así como del sector privado.

 

También presentarán un nuevo Informe sobre el nivel de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de contratos, en el que se contrasta el todavía alto nivel de incumplimiento de esta obligación legal dentro de cinco colectivos de instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas, Universidades públicas y Parlamentos. Se hará una presentación con los correspondientes Listados destacando las instituciones morosas en el cumplimiento de esta obligación.

 

Este Acto va a tener lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón (c/ Fortuny nº 53), y en el mismo participarán: D. Jose María Gimeno (Presidente del Observatorio de Contratación Pública), Dña. Concepción Campos (FEMP),  D. José Manuel Fernández (COSITAL), así como tres miembros del Consejo Directivo de Transparencia Internacional España: D. Manuel Villoria, D. Jesús Sánchez-Lambás,  y D. Jesús Lizcano Alvarez.

 

 

Para la segunda edición de #HackTheJustice, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en el Madrid International Lab, los organizadores buscan 50 pioneros, agentes del cambio con ganas de mejorar la Justicia, que quieran dedicar una tarde de viernes, un sábado completo y una mañana de domingo a desarrollar en equipo tecnología para mejorar nuestra Justicia y el Estado de Derecho.

Las ideas que serán desarrolladas tienen unos objetivos tan necesarios como mejorar el funcionamiento del turno de oficio, luchar contra la violencia de género, hacer más comprensibles sus obligaciones y derechos al ciudadano, apoyar al exportador en el conocimiento de las normas comerciales o proteger al consumidor en sus compras de E-commerce (consultar ideas).

El Hackathon comenzará el viernes 17 y acabará el domingo 19 de noviembre y se celebrará en el Madrid International Lab, que está en la calle Bailén de Madrid 41. Los equipos serán multidisciplinares y por ello se buscan profesionales, con o sin experiencia de estos perfiles: juristas (abogados, notarios, jueces, etc.), programadores, diseñadores gráficos, creativos, profesionales del marketing, etc.

El objetivo es generar unos prototipos de herramientas informáticas (web o apps). Durante el Hackathon, everis pondrá a disposición de los participantes conjuntos de datos abiertos; Amazon Web Services (AWS) ofrecerá a cada equipo $100 de créditos promocionales en su plataforma y varios expertos, apoyarán a los equipos para que logren alcanzar sus metas.

Un nutrido jurado formado por relevantes profesionales del mundo de la Tecnología y del Derecho será quien juzgue las aplicaciones y decida los ganadores después de que cada equipo presente su prototipo.

 

Toda la información sobre #HackTheJustice está disponible en la página web del Instituto de Innovación Legal: bases legales, fechas, horarios y lugar de celebración puede consultarse aquí: https://institutodeinnovacionlegal.com/justiapps2017/hackathon/