¿Puede un partido político espiar y difundir los correos de sus afiliados?

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En realidad la pregunta completa sería esta: ¿puede un partido político espiar y difundir los correos de sus afiliados con la finalidad de influir en contiendas electorales internas?

La cuestión no es meramente teórica, sino que se ha planteado en nuestro país con ocasión de un informe realizado por la dirección de UPyD, en el que reconoce haber entrado en la cuenta de correo electrónico de un ex militante (de su titularidad) y, a través de dicha cuenta, localizado mails que le enviaron otros militantes (desde sus cuentas privadas). A continuación incluye el texto íntegro y en extracto de estos últimos mails en un documento en el que los glosa interpretándolos como una traición al partido, informe que remite a 150 personas por correo electrónico (los miembros del Consejo Político) y que a los dos días se filtra a la prensa (aquí, aquí y aquí).

Hasta aquí los hechos. En cuanto al Derecho, el artículo 197,1 del Código Penal señala que “el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.” Y los apartados siguientes elevan la pena cuando los mensajes interceptados “se difundan, revelen o cedan a terceros” (ap. 4), más aún si lo hacen los titulares de los ficheros (ap. 5) y hasta el tope si afectan a cuestiones ideológicas (ap. 6).

Frente al tenor literal de este precepto, hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en materia laboral que ya hemos comentado en este blog (¿Puede el empresario controlar el correo electrónico del trabajador?) y que permite a los empresarios en determinados casos y siempre respetando determinados límites controlar el correo de sus trabajadores. Concretamente el TS, en una sentencia de la Sala de lo Social de 26 de septiembre de 2007, dictada en unificación de doctrina, fija unas reglas muy claras:

a) El principio general es que el control del contenido de los equipos informáticos deriva del poder de dirección empresarial  consagrado en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores: “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.”

b) A continuación fija una excepción, que es una expectativa de confidencialidad, que el Tribunal Supremo considera que “no puede ser desconocida”. No obstante, como esa expectativa no puede frustrar en todo caso ese control empresarial que implica el principio general, la sentencia termina fijando una excepción a la excepción: “Lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos”.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, viene a confirmar esta doctrina. La última es de 7 de octubre de 2013, dictada a consecuencia de un recurso de amparo contra una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid en el que el trabajador alega que en ningún momento autorizó al empresario a acceder al contenido de sus comunicaciones, mientras que éste decía que esa autorización se encontraba en un convenio colectivo, lo que para el TC termina siendo suficiente. Según el Tribunal Constitucional: “La expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico y su consiguiente limitación a fines profesionales llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización, al objeto de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la adecuación de su prestación a las exigencias de la buena fe [arts. 5.a) y 20.2 y 3 LET].”

Según se deduce de las noticias de prensa en relación al informe elaborado por UPyD, esta parece ser la tesis que defiende el partido, con la que se pretendería excluir la aplicación del tipo penal. Puesto que la cuenta de correo era una cuenta corporativa de titularidad de UPyD y se había convenido con el usuario que este no podía utilizarla para fines ajenos o en contra de los intereses del partido, UPyD considera legítimo no solo el control sino también el ejercicio de las medidas que considere oportunas, tanto las carácter disciplinario como las de carácter informativo a otros órganos del partido.

El problema con esta interpretación es que falla por la base, y también por alguna de sus ramas. Las sentencias analizadas  parten de la existencia de una relación laboral que presupone la aplicación del art. 20 del Estatuto de los Trabajadores, que establece el principio fundamental de dirección y control de la actividad laboral. Sin embargo, en nuestro caso ese artículo es absolutamente inaplicable. Ignacio Prendes, ex afiliado, exdiputado por UPyD de la asamblea de Asturias y titular de la cuenta corporativa, no ha sido nunca empleado de UPyD. Este partido pretende aplicar las excepciones (a otros afectados además) saltándose el principio general básico, que no dejan de repetir machaconamente el TC y el TS: el poder de dirección empresarial que se ejerce sobre los empleados sujetos a una relación laboral.

Es evidente que con relación a sus afiliados, o incluso a sus cargos electos, un partido político no es una empresa (aunque ciertamente puede tener trabajadores, pero ese no es el caso): No tiene dirección de poder empresarial frente a los mismos. Más bien al contrario. Conforme a nuestra Constitución los partidos políticos constituyen el instrumento por excelencia para articular el derecho fundamental a la participación pública y al debate ideológico, empezando, claro está, por el de sus afiliados y simpatizantes. La legitimación viene de abajo, no de arriba. El art. 6 de la CE señala que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Poco que ver con una empresa capitalista, en la que hay dueños que mandan y trabajadores por cuenta ajena sometidos a su poder de dirección. Lo cierto es que esta comparación, en todo caso, no deja de resultar muy reveladora de una determinada mentalidad sobre el funcionamiento de un partido político que es, efectivamente, la actual de la dirección de UPyD.

Imaginemos una democracia en el que las cúpulas de los partidos tengan el poder de control de los debates políticos de sus afiliados por el simple hecho de que uno de ellos utilice una cuenta de su titularidad. Y que si no les gusta lo que leen, pueden difundirlo en la forma que tengan por conveniente. ¿Qué tipo de “instrumento fundamental para la participación pública” sería éste?

Pero es que además la dirección de UPyD, curiosamente, no publica y difunde los correos de Ignacio Prendes, sino los correos de otros afiliados cuyas cuentas son privadas y, por consiguiente no han firmado ningún “pacto” al respecto con UPyD. Lógicamente, los  estatutos de UPyD (que los defensores de esta forma de proceder pueden tener quizás la tentación de equiparar a los convenios colectivos) ni lo prevén ni lo permiten. Más bien se dice categóricamente lo contrario, como es normal (art. 12,2, j). Si esa difusión estuviera permitida, todos tendríamos que tener mucho ojo  para saber quién es el titular de las cuentas de las personas a quienes enviamos nuestros correos, pues implicaría una tácita autorización para que ese titular nos publique nuestros mails cuándo y cómo considere conveniente.

Por último, una empresa jamás podría utilizar esos correos para difundirlos internamente, de cara, por ejemplo, a influir en unas elecciones al comité de empresa. Solo los podría utilizar para justificar un despido o una medida disciplinaria. Pero en nuestro caso, sin tratarse de una empresa, sin tratarse de empleados, sin tratarse de usuarios de una cuenta del partido y sin haber firmado contrato alguno, el partido selecciona, extracta y comenta unos correos para justificar una supuesta traición (que los afectado niegan categóricamente y tachan de tergiversación) y luego los difunden a 150 personas con la finalidad de desprestigiar una candidatura opositora en las próximas elecciones del Congreso del partido a celebrar el próximo 11 de julio. Y cuya filtración a la prensa, por cierto, es inevitable tras un envío de estas características, como la realidad ha demostrado.

Pero es más, es que la Sala de lo penal del TS es bastante menos comprensiva con la interceptación de comunicaciones que la Sala de lo Social. En esta sentencia de 16 de junio de 2014 señala que los criterios permisivos utilizados por el TS y el TC “han de quedar restringidos al ámbito de la Jurisdicción laboral, ante el que obviamente nuestra actitud no puede ser otra más que la de un absoluto respeto, máxime cuando cuentan con la confirmación constitucional a la que acabamos de referirnos, pero que, en modo alguno, procede que se extiendan al enjuiciamiento penal, por mucho que en éste la gravedad de los hechos que son su objeto, delitos que en ocasiones incluso constituyen infracciones de una importante relevancia, supere la de las infracciones laborales a partir de las que, ante su posible existencia, se justifica la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones del sospechoso de cometerlas.” Lo que se discutía es si cabía esa injerencia sin autorización judicial y la respuesta es negativa.

Si salimos fuera del entorno laboral, a los tribunales penales estas cosas les hacen todavía menos  gracia (recuerden este caso). Tampoco al legislador reciente. El nuevo Código Penal, que entrará en vigor dentro de unos días, no cambia este panorama, sino que más bien lo agrava, aunque se aplicaría únicamente a los hechos sucedidos  a partir de su entrada en vigor.

En fin, si del aspecto jurídico pasamos al político qué podemos decirles. Un partido que se supone que nació para regenerar nuestra democracia y defender al Estado de Derecho, ha terminado en manos de unos dirigentes que sacrifican cualquier medio a sus fines políticos internos. Qué pena.

PD: Rodrigo Tena, uno de los coeditores de este blog, y ex miembro del Consejo de Dirección de UPyD del que dimitió tras las elecciones andaluzas, es una de las personas cuyos correos privados han sido utilizados.

Regenerar la política más allá de la cosmética: el análisis de la reciente reforma de los partidos políticos de +Democracia

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En un año electoral como este son muchos los cambios que, en mayor o menor profundidad, veremos en el panorama político. No obstante, si nuestra democracia no aborda cambios institucionales de calado, la ciudadanía puede verse defraudada en su pretensión de que una nueva distribución en los parlamentos acerque a representantes y representados, garantice actuaciones más éticas o siquiera mejore el funcionamiento de los partidos y los convierta en herramienta útil para la participación ciudadana en política.

En la legislatura que está a unos meses de terminar se han abordado algunas medidas de regeneración democrática que, aunque bienvenidas sean, traen más beneficios cosméticos que políticos en el funcionamiento de partidos e instituciones. Quizás el ejemplo más reciente es la aprobación por las cortes de la reforma de la ley de financiación de partidos.

A finales de Marzo, el Congreso aprobó una reforma que no responde a la exigencias sociales de mayor control y transparencia en el funcionamiento y financiación de los partidos políticos. Mas Democracia había recogido más de 60.000 firmas que hizo llegar a los partidos políticos pidiendo enmendar el proyecto de ley orgánica sobre control de la actividad económica de los Partidos políticos (anunciado a bombo y platillo)  con medidas más contundentes para conseguir de forma efectiva el control de la actividad de los partidos políticos y en particular su financiación irregular, pero los votos del PP, PNV y CiU dieron finalmente por buena una reforma a nuestro juicio insuficiente para combatir la corrupción. El texto finalmente aprobado es el recogido en la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos que modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Pues bien, a nuestro juicio esta norma mantiene las puertas traseras para la financiación irregular de los partidos, permite que las empresas los sigan financiando vía fundaciones de los partidos, reduce los tiempos de prescripción de los delitos y es menos exigente con las cuentas de los partidos que con las de cualquier empresa u ONG. Además, carece del compromiso respecto a la dotación de medios para controlar la corrupción.

La conclusión que extrae el análisis que hace +Democracia comparando la reforma exigida por esta asociación y el texto que ha aprobado el Congreso concluye que la nueva Ley sólo supondrá simples mejoras técnicas, que aportan claridad pero que no atienden a las expectativas de los ciudadanos para dificultar y sancionar la financiación irregular de los partidos políticos, que es una de las lacras de nuestro sistema político y un auténtico pozo negro en términos de corrupción.Se introducen ciertas normas que aparentemente impiden la opacidad en las donaciones (límites en la cuantía, prohibición de donar a las personas jurídicas, o de donar en especie o metálico) pero manteniendo siempre vías alternativas (en ocasiones a través de un intricado juego de excepciones a través de disposiciones adicionales), en particular a través de las fundaciones o entidades similares vinculadas a los partidos.

A esto se añade el escaso control al que se someten las cuentas de los partidos. En lugar de una auditoría externa como en el caso de cualquier organización, especialmente las que perciben cuantiosos fondos públicos, cuyos resultados se someten después al control de las Administraciones, los partidos políticos realizan auditorías internas y envían documentos muy resumidos al Tribunal de Cuentas que -aunque tenga la facultad de requerir información adicional- dispone así de muy pocos elementos para detectar irregularidades y “tirar del hilo”. De esta manera, el control por ejemplo de los gastos electorales resulta en la práctica ilusorio porque los partidos pueden fácilmente trasladar como gastos ordinarios del partido parte de lo que han consumido específicamente para una campaña electoral.

Algunas nuevas exigencias legales adolecen igualmente de una formulación tan tímida que probablemente apenas tendrá impacto real: es el caso por ejemplo de la nueva figura del responsable económico-financiero, de las obligaciones de transparencia y apertura de datos, o del régimen de contratación. Por último, se desaprovecha la reforma para introducir cambios más amplios en el régimen orgánico de los partidos políticos, y no solo en los aspectos relativos a su financiación.

El paquete legislativo incluye propuestas de modificación a otras leyes que +Democracia considera insuficientes o insatisfactorias:

  • Ley Orgánica de Partidos Políticos: establecer un régimen de renovación de los órganos cada cuatro años (+Democracia propone que sea cada dos años); se sigue sin regular el régimen de recursos judiciales para proteger los derechos de los afiliados, lo que exige un incierto proceso antes los tribunales ordinarios o una desproporcionada petición de amparo al Tribunal Constitucional (+Democracia propone establecer un sometimiento claro al Derecho administrativo);
  • Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: se aprovecha para incluir una disposición que implica un crecimiento automático de las subvenciones a los partidos (+Democracia considera que debería contenerse este gasto, y no incluirse esta disposición);
  • Ley Orgánica del Régimen Electoral General: al rebajarse el reembolso de costes por envío de propaganda pero mantenerse la fijación por Orden Ministerial de las tarifas especiales para su envío se aumenta el poder gubernativo para condicionar la capacidad de partidos pequeños para realizar publicidad (+Democracia propone que la tarifa quede asimismo fijada en la Ley).

Profundizar en las reformas sigue siendo una oportunidad de mejorar la calidad de la democracia. En el caso de la financiación de los partidos, queda todavía pendiente prohibir las donaciones de empresas a las fundaciones y otras organizaciones relacionadas con los partidos políticos, exigir transparencia en las donaciones recibidas y en las fuentes de financiación, y exigir auditorías externas de cuentas a todos los partidos con representación institucional.

Estas y otras medidas de regeneración democrática, como la mejora del funcionamiento interno de los partidos o la revisión de la Ley electoral y abordar nuevas medidas de lucha contra la corrupción, seguirán siendo una demanda ciudadana que las organizaciones de la sociedad civil deberemos impulsar y canalizar en los próximos meses de cara a los pactos entre los partidos y a las elecciones generales.

 

 

Flash Derecho elecciones: dos lecciones

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Pienso que las elecciones de ayer nos dejan dos lecciones bastante evidentes, por otra parte muy relacionadas entre sí: una sector muy sensible de la ciudadanía quiere un cambio, y a ese sector le importan las personas que van a protagonizarlo.

Una pista muy reveladora es el resultado obtenido por el PSOE en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Mientras que en la Comunidad es el segundo partido con casi un 26% de los votos, en el Ayuntamiento es el tercero con un 15%. Un descenso de más de 10 puntos y en torno al 40% de los votos es algo sin precedentes en nuestra historia democrática, que demuestra que muchos electores han votado de manera distinta en las dos elecciones. Pero la explicación no está solo en la diferencia de solvencia entre los dos candidatos de ese partido, sino también en la personalidad de los demás. Que el PP tuviese la desvergüenza de presentar a Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento y que Podemos decidiese apoyar a una candidata de prestigio como Manuela Carmena, ha influido también en la reacción de muchos votantes socialistas y no socialistas a la hora de tomar partido por unos, por otros, o incluso por la abstención. Que Cifuentes gane a Aguirre en la ciudad de Madrid es otra prueba de ello.

Este fenómeno ha ocurrido también en otros muchos lugares y explica asimismo que Ciudadanos, pese a obtener un magnífico resultado, se haya quedado un poco por debajo de sus expectativas. La marca tiene tirón, pero su jefe no se presentaba. Obligados a formar listas a toda velocidad no han podido sumar personalidades con el suficiente atractivo y han pagado el precio correspondiente. Por eso mismo resulta dramático que no fuese posible el pacto con UPyD, que hubiera servido para paliar esta carencia. Ahora bien, lo que está claro es que el elector concienciado dispuesto a apoyar esa opción de centro regenerador ha identificado las responsabilidades y ha votado en consecuencia. Excepto en aquellos lugares en que, de nuevo, la personalidad del candidato se ha impuesto (como en la ciudad de Segovia), el castigo a UPyD ha sido tremendo, colocándole al borde de la desaparición. Y creo que ya solo queda una bala en la recámara. Esperemos por el bien de todos y por el magnifico trabajo realizado que no se desperdicie.

El resultado del PP es catastrófico porque se ve expulsado prácticamente de todo el poder territorial. Para un partido tan ferozmente clientelar es algo muy próximo a la hecatombe, y el liderazgo de Mariano Rajoy queda fuertemente tocado. Si no colocas a la clientela no vales para el puesto. Sin más. La cuestión a dilucidar ahora, por tanto, es si su poder oligárquico desde la cúpula será o no más fuerte que el resentimiento y el temor desde las bases.

Por último, queda la cuestión de si este resultado puede ser extrapolable a unas elecciones generales. Como todas las elecciones locales, las circunstancias particulares de cada localidad influyen, pero aunque el resultado por eso mismo pueda no serlo, las dos lecciones enunciadas están aquí para quedarse. Pese al sueño de Rajoy de que el resultado británico se replique en nuestro país, y que lo único que ocurra es que Podemos sustituya a IU y Ciudadanos a UPyD, yo no apostaría por ello. La gente esta deseando votar por un cambio, pero también quiere que sea razonable. Por eso mismo, nada está escrito, y todo dependerá de si los nuevos partidos acierten con las personas adecuadas y demuestran una disposición al pacto responsable. El banco de pruebas acaba de comenzar y el que demuestre mayor madurez y vocación regeneradora se llevará el gato al agua. Los españoles quieren una política un poco más decente, pero no les vale cualquier cosa. Tampoco unas simples siglas.

 

La conspiración de los votantes

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En este tiempo de cambios quizá uno de los fenómenos que llamen mas la atención, por lo menos de los ciudadanos sinceramente regeneracionistas, sea la súbita implosión del partido que hasta hace pocos meses mejor encarnaba esa necesidad de renovación de nuestra democracia: UPYD. Las explicaciones creo que son bastante más sencillas que las que manejan sus actuales dirigentes y que, en realidad, podrían resumirse en una sola: España no esta preparada para votarles. Digo España porque bajo ese paraguas se cobijan los medios del establishment, las clases extractivas, los poderes facticos y hasta el partido que se esta quedando con su espacio electoral; o que ya se lo ha quedado si consideramos que lo ocurrido en Andalucía es perfectamente extrapolable a otras CCAA y probablemente a muchos ayuntamientos. En cualquier caso lo que parece claro es que, como le ocurre al PSOE o al PP, la marca ya no vende.

A mi juicio ya no vende porque mucha gente no se cree que la regeneración pueda venir de la mano de un partido que ha sido incapaz de regenerarse a si mismo y que ha demostrado tener los mismos tics de los viejos partidos. Liderazgo concentrado en una persona y en sus fieles, listas confeccionadas desde arriba -las primarias son solo para el cabeza de lista- utilización de expedientes disciplinarios por motivos mas bien ideológicos, control del orden del día en congresos y reuniones de los órganos de gobierno del partido, cooptación para elegir a los miembros de todos ellos ( aunque sean ratificados luego por los afiliados) y, en fin, falta de asunción de responsabilidades políticas en caso de desastre electoral. Nada nuevo bajo el sol dado que la gran asignatura pendiente de nuestra democracia es precisamente el mal funcionamiento de los partidos políticos. Si a esto le añadimos el empecinamiento en no darle a los electores lo que estos pedían a voces, es decir, una coalición con Ciudadanos, y la edad y el perfil de Rosa Diez, ya tenemos una explicación mas sencilla que la rocambolesca coalición de las fuerzas del mal.

Dicho eso es indudable que el partido en estos años ha realizado una labor extraordinaria sin la cual hoy no estaríamos hablando de la caída del bipartidismo y de un nuevo tiempo político. El trabajo realizado ahí esta y no creo que ese legado vaya a desaparecer fácilmente, no solo porque lo hayan recogido otros partidos -una señal de éxito indudable pese a las fastidiosas acusaciones de plagio- sino porque los ciudadanos han entendido como funcionan las cosas. Claro que por eso muchos no renunciarán a votar a políticos populistas o corruptos ni al mantenimiento del régimen clientelar en que se basa nuestro sistema político. Hay mucha gente a la que le va muy bien con él. Pero por lo menos va a ser muy difícil engañarse y mantener una buena opinión de uno mismo mientras se vota al partido de la Gürtel o de los ERES.

En ese sentido recuerdo la conversación con un alto directivo de una entidad financiera que me intentaba convencer de que la ya famosa querella de UPYD en el caso Bankia era demagogia pura. Bendita sea una demagogia que tiene por objetivo defender el Estado de Derecho cuando las instituciones responsables no lo hacen o peor aun, defienden a los que lo quebrantan. Otra lección impagable de este pequeño partido ha sido la de no cambiar apoyos políticos por cargos, el abc de nuestros pactos politicos hasta hace media hora. Si ahora oímos decir a nuevos partidos que los votos se prestan para apoyar a programas o a concretas actuaciones a ellos se lo debemos. Como también el haber recuperado la ética del servicio a los intereses generales y la dignidad de la política

Como pueden ver, un legado impresionante que, entre todos los que pensamos que este país tiene solución, habría que ayudar a mantener y a difundir con o sin UPYD. Resulta paradójico que el mismo tesón que le ha permitido hacer tanto en tan poco tiempo imposibilite la flexibilidad imprescindible para sobrevivir en el mundo de la Política con mayúsculas. Los votantes regeneracionistas han pensado que el partido se había quedado demasiado anquilosado para hacerlo, que necesitaba una renovación y unos pactos que no se han hecho y, de buena o mala gana, han preferido y van a preferir otras opciones que a día de hoy parecen mas ilusionantes y, sobre todo, posibles.

Pero, en cualquier caso, conviene no engañarse demasiado: como decía el Casio de Julio Cesar la causa de nuestros errores no esta en las estrellas, sino en nosotros mismos.

Ay, Derecho: Los “exámenes de honradez” de doña Esperanza: más valdría serie que sainete

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house-of-cardsEste martes por la mañana ponía yo un tuit en el que decía que el ejercicio práctico del examen de honradez del PP que doña Esperanza Aguirre ha promovido era quedarse a solas con un fajo de billete de 500. Mi coeditora Elisa me animaba a que hiciera un post jocosillo y presto me puse a ello. Pero es que me salía tan sarcástico que sólo podría generar reacciones adversas, salvo para algunos lectores benevolentes que pudieran imaginar lo que en realidad quieres decir.

Quizá convenga, por ello, explicarse un poco menos parabólicamente. Evidentemente, no hay nada malo en que los partidos realicen una previa selección y escrutinio de las personas que van a ejercer cargos públicos. En la interesante serie televisiva House of Cards, cruda narración del maquiavelismo moderno, hay un momento en que Peter Russo, un candidato propuesto por el malvado Frank Underwood, y totalmente dominado por él por su pecaminoso pasado, es sometido a una difícil entrevista por un profesional en trapos sucios, conocido de Underwood, que llega a exasperar a Russo por sus molestas preguntas sobre pedofilia y otras aberraciones. Se trata de que no salga algo inesperado en el momento más insospechado con un examen a tumba abierta (que de paso sirve para tener pillado a Russo). Lo que hace Underwood es una selección interna de elites, desde luego, aunque no por interés público, sino para asegurarse el control del candidato a gobernador y no encontrarse sorpresas que puedan usar sus enemigos posteriormente ante la opinión pública. Nada menos que Bill Clinton ha manifestado que el 99 por ciento de la serie es verdad.

Sí, Underwood es maquiavélico, un luchador despiadado por el poder, pero sabe bien que en los Estados Unidos la opinión pública puede desbaratar cualquier plan político. De hecho, el obstáculo principal de la campaña es precisamente el pasado de drogadicción del candidato, que finalmente consigue enfocarse como un ejemplo de redención y rehabilitación total, que justifican el perdón del pueblo.

Por supuesto, esto no esa especie de “trinca” que estamos acostumbrados a ver en otras series americanas, como El Ala Oeste de la Casa Blanca, en donde podemos contemplar lo mal que lo pasa el presidente de los Estados Unidos cuando un candidato propuesto por él ha de someterse a las inquisitivas preguntas de los diputados integrantes de la oposición e, incluso, de los de sus propias filas, hasta el punto de que puede ser que finalmente no obtenga las mayorías necesarias para ser nombrado (véase en este enlace que me manda mi colega Luis Bustillo cómo la baja asistencia del senador Ted Cruz pone en los USA en peligro sus posibilidades como candidato). Igualito que los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional o del CGPJ por estos lares en que antes de convocar ninguna sesión ya se sabe perfectamente quién sale elegido, porque ya se han encargado los partidos de repartirse los cargos.

No, lamentablemente, los “exámenes de honradez” no se parecen nada a esos procesos de selección. Pero es que tampoco se parecen nada a los del ínclito Underwood, efectivos en su maquiavelismo. Los exámenes de Esperanza Aguirre son algo más tosco o de andar por casa. No tienen intención de descubrir trapos sucios ocultos, sino aparentar ante la ciudadanía (con razón lo llamaba “teatrillo” El Mundo) un prurito de rectitud: un amagar pero no pegar. Más les valdría que se hubieran afrontado debidamente los casos de corrupción ya existentes, desmarcándose de ellos de una forma clara y contundente y que hubieran rodado unas cuantas cabezas, entre ellas la de la propia Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato proliferaron como setas los casos de corrupción sin que nada digno de mención haya pasado (ver aquí post de Rodrigo Tena). No pretenderán ahora que nos creamos que con un examen liderado por Alvarez del Manzano, en el que los candidatos ya se sabían las preguntas y estuvieron previamente preparándolas con especialistas, ya vayamos a pensar que todo esta solventado y que, hala, “pelillos a la mar”.

De hecho es un insulto a la inteligencia del votante pensar que se va a creer que enormidades de las redes Gürtel o Púnica, por no mencionar el mismo caso Barcenas (que ataca de nuevo con ponzoñosas y comprometedoras declaraciones) son simples errores in eligendo de los que los seleccionaron, oscurecidos en su juicio por la enorme astucia e histrionismo de unos malvados corruptos en potencia que, con premeditación y alevosía, albergaban ya desde el primer momento en sus oscuros corazones la comisión de tremendos delitos que sorprenderían la buena fe y candidez de los que lo designaron. A otro perro con ese hueso.

Lo grave es que todo esto ocurre por un verdadero fallo del sistema, que favorece este tipo de situaciones. Hay un capítulo del libro nuestros amigos de Politikon, La Urna Rota, que se llama “Partidos defectuoso, elites mediocres” en el que ponen de manifiesto que una de las funciones de los partidos, además de agregar opiniones políticas, es precisamente la de seleccionar elites. Pero claro, mal van a seleccionarse cuando, en un sistema monolítico como el nuestro, la principal virtud que se exige al candidato es la lealtad y los incentivos que tiene van en esa línea: a quien tiene que agradar el político no es al pueblo soberano a quien se debe, sino al que tiene en la mano la posibilidad de cerrar listas y designar a sus integrantes como nos ha puesto paladinamente de manifiesto el chusco asunto de Tomás Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid, en el que su nombramiento mediante primarias no ha impedido que la Superioridad se pasará la designación democrática del candidato por el arco del triunfo, si eso conviene a los intereses del partido. O que el bueno de Rajoy jugara con los tiempos hasta el último momento para la designación de candidato al Ayuntamiento o a la Comunidad. No estoy diciendo aquí que no tenga que haber en los partidos una jerarquía y una dirección común, pero de ahí a que los únicos incentivos del político sean los de agradar a sus superiores hay un buen trecho.

En fin, es evidente que esta cuestión no se resuelve a corto plazo y que pasa por una reforma del sistema de partidos y, probablemente del electoral, con el objeto de romper el monopolio que de la voluntad del político tienen las cúpulas de los partidos (por eso se ha venido a llamar cupulocracia) para que los ciudadanos puedan tener también una participación y respondan, al menos algo más, ante ellos. Pero, mientras tanto, podrían evitarnos estos sainetes bochornosos, que estoy seguro tampoco han gustado a quienes las han interpretado.

Rosa Díez, que estás en el centro

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Ahora que muchos te criticamos más que nunca por enrocarte tras las elecciones andaluzas, es justo mirar hacia atrás y elogiar lo que has aportado a la política española: la consolidación de una tercera vía (me gusta la acuñación “socialdemocracia liberal” de Daniel Innerarity) a escala nacional que ha resultado esencial para que los ciudadanos exijan a sus representantes una conducta irreprochable en defensa del interés colectivo.

Aunque estuviera de acuerdo en su día con bastantes de tus críticas, seguirá sin gustarme que utilizaras tu puesto de cabeza de lista en el PSOE en el Parlamento Europeo como altavoz para un nuevo proyecto que acabó cristalizando en UPyD. Pero ahora, casi una década después, despreciar todo el legado de tu partido por ese supuesto “pecado original” sería caer en la dialéctica del trazo grueso (“o conmigo o contra mí”) que tanto empobrece la política española.

La política no debe ser como el fútbol donde uno es de su equipo a muerte y, aunque reconozca el talento en otros, desea que ganen siempre los suyos. Los partidos políticos tienen una carga simbólica por los valores y los logros que históricamente hayan defendido (en tiempos no tan lejanos, hasta con la vida de algunos de sus militantes), pero deben siempre considerarse como medios al servicio del cambio social y nunca como fines en sí mismos. Y hay que reconocerte, Rosa Díez, que has predicado en muchas ocasiones con el ejemplo, dando prioridad a la defensa insobornable de un ideario antes que al mero interés electoralista.

Pero los partidos tampoco deben ser estancos ni inmutables como las religiones, porque nadie debe tener la pretensión de poder formular la perfecta síntesis del pluralismo que se construye desde la libertad de cada individuo. La unanimidad es una utopía que inspira, pero no debe contaminarse de la menor tentación totalitaria. Lo que cuenta es preservar la capacidad de adoptar compromisos y de pactar transparentemente ante los ciudadanos, para que las elecciones sirvan eficazmente para exigir cuentas y optar entre una oferta política diferenciada (que no atomizada).

La política debería inspirarse más del mercado de la innovación (aunque algunos les moleste hasta que se “ensucie” la noble política usando un símil empresarial), donde pequeños emprendedores desarrollan patentes que venden a empresas más grandes que serán capaces de explotarlas, o incluso de start-ups cuyo personal se integra en organizaciones más amplias. Por eso, creo compatible militar en el PSOE –al considerar que es una gran maquinaria que puesta a punto podría ser la más útil para transformar España en un sentido progresista– y admirar que Ciudadanos, UPyD o Equo están más avanzados en su democracia interna

Como militante del PSOE, me gustaría que mi partido tomara ciertas ideas y métodos, e incluso “fichara” gente de otros partidos progresistas, y no me rasgaría las vestiduras si algún compañero cambiara de partido si así se sintiera más útil para luchar por lo que cree. Como militante del PSOE, me alegro cuando otras formaciones proponen ideas útiles y realistas, debaten con honestidad intelectual y evitan el “y tú más”. Como militante del PSOE, me felicito cuando otros eligen a candidatos que suben el listón de la capacidad y de la honradez, y, en particular, celebraría que el PP remontara en su valoración ciudadana porque se hubiera decidido a no volver a encabezar su cartel en las generales con el jefe de Bárcenas, porque un presidente del Gobierno con esta mancha es un verdadero descrédito para España.

Como militante del PSOE, me preocupa que Podemos dé la espalda a todos estos principios de la razón democrática: desacreditando a todos los cargos públicos acusándolos de estar igual de corrompidos (mientras tapan las trampas de sus dirigentes), en lugar de reflexionar responsablemente sobre la regeneración que nuestro país necesita que pasa por cambiar muchas cosas pero también por respetar otras muchas que funcionan. Su populismo pretende suplantar la pluralidad por la voz única del “pueblo” cuya voluntad descifran en las redes sociales unos sacerdotes cooptados.

Por eso, me apena que quienes hasta ahora han sido el primer contrapeso al empobrecimiento de nuestra democracia, caigan ahora en reprochar a los andaluces lo mal que han votado y en exagerar diferencias con el partido al que más se parecen. De haber sumado UPyD sus siglas a las de Ciudadanos, habrían logrado un 45% más de escaños en el Parlamento andaluz, imprescindibles para contrarrestar a Podemos. En las generales, donde el gran número de circunscripciones pequeñas genera un reparto de escaños aún menos proporcional, podrían desperdiciarse muchos más votos centristas de uno u otro partido.

“Rosa Díez, que estás en el centro”. No he militado ni votado a UPyD, pero me he sentido cercano a muchas de vuestras posiciones, que en buena medida coinciden también con las de Ciudadanos, y he luchado dentro del PSOE porque las incorporáramos. No soy nadie para pedir que te marches, probablemente sería un injusta pérdida que te retiraras del tablero político español, pero sí espero que no acabes siendo “Rosa Díez, que estás en el medio” de que una tercera vía logre por fin afianzarse ante los votantes españoles.

Esperanza, candidata

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Como muchos de ustedes saben, la palabra “candidato” proviene del latín candidatus, a su vez relacionada con candidus, que no significa lo que ustedes están pensando, no, sino “blanco radiante”. Ello es debido a la toga candida, sin macula, que lucían en la antigua Roma los candidatos en las elecciones, incluidas las locales a aediles y duoviri.

Pienso que hasta aquellos que tienen ya decidido votar a Esperanza Aguirre al ayuntamiento de Madrid, estarán totalmente de acuerdo conmigo en que su toga no es radiante, sino más bien bastante sordida (es decir, sucia). Es verdad que desde el estricto punto de vista de la responsabilidad penal la toga está limpia, aunque en algunos casos sonados simplemente por la campana, como en el escándalo Fundescam y en el de la huida de la policía municipal de Madrid. Pero me parece difícil imaginar otro candidato que presente una hoja de servicios tan desastrosa desde el punto de vista de la responsabilidad política. Su toga proclama a viva voz lo peor de los años de política clientelar y corrupta que nos ha conducido a dónde estamos y, sin embargo, el Partido Popular, el partido de gobierno amenazado de ser expulsado de prácticamente todas las instituciones, la presenta de nuevo como su mejor oferta a los electores.

Pues bien, la pregunta que quiero tratar en este post es, precisamente, ¿cómo es posible que una democracia supuestamente moderna y avanzada un partido de gobierno pueda permitirse el lujo de presentarse con una toga en estas lamentables condiciones?

Vayamos por partes. Primero, resumidamente, los hechos.

Esperanza Aguirre ha sido Presidenta de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012 y Presidenta del PP de Madrid desde 2004. Durante esos años algunos de sus más destacados colaboradores, aliados y subordinados tejieron varias redes de corrupción mafiosa (Gürtel y Púnica) sin precedentes en España y que poco tiene que envidiar a las peores tramas del sur de Italia o de Argentina. Entre ellos cabe destacar a Alberto López Viejo, cabeza de la Gürtel, que colaboraba con Esperanza Aguirre desde que esta se encontraba en el ayuntamiento de Madrid (al que aspira ahora a volver). Posteriormente se lo llevó al gobierno de la Comunidad, nombrándolo viceconsejero de presidencia y consejero de deportes. No nos podemos olvidar, por supuesto, de Francisco Granados, cabeza de Púnica, al que nombró consejero de presidencia, justicia e interior (¡nada menos!) y apoyó hasta el final. Ambos se encuentran hoy en la cárcel, junto con otras decenas de compañeros de partido. Todo ello al margen de otros casos “menores”, como la recalificación urbanística realizada en Villanueva de la Cañada por su director general de urbanismo, Enrique Porto, en beneficio del propio director y de algunos familiares de la sra. Aguirre.

Esperanza Aguirre estuvo envuelta en un escándalo de financiación ilegal de su campaña de 2003-2004 a través de la fundación Fundescam, de la que ella era presidenta. Recibía donaciones de empresas a las que luego su gobierno adjudicó más de 200 contratos, la mayoría por vía directa. La Agencia Tributaria denunció el hecho tras localizar facturas falsas de empresas de Gürtel a Fundescam, pero posteriormente la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso por considerar prescrito el delito.

Durante su presidencia de la Comunidad, su gobierno funcionaba como una organización mafiosa, ya no solo por la explotación de los negocios Gürtel y Púnica, sino entre ellos mismos. Los empleados de seguridad de la Comunidad, pagados con el dinero de los contribuyentes, se dedicaban a espiar por cuenta de algunos altos cargos a otros compañeros de gobierno. Designaban en puestos de libre designación –casi todos- a los respetivos amigos. No existía el menor criterio para seleccionar personal, fuera del amiguismo (en los órganos consultivos) o del impacto mediático (caso Neira). Siempre muy bien remunerados, por supuesto. No es de extrañar, por tanto, que ya fuese por complicidad o incompetencia, el fraude de las subvenciones para los cursos de formación (caso Aneri) repartiese millones de euros de dinero público en bolsillos privados ante la vista, ciencia y paciencia de ese gobierno.

En el año 2012 abandona la presidencia de la Comunidad de Madrid (no del partido) dejando como presidente a otro estrecho colaborador de siempre, Ignacio González (el del famoso ático) a quién previamente había querido nombrar presidente de Caja Madrid. No explicó en ese momento de manera clara las razones de su decisión de abandonar el cargo. Desde luego era muy libre de hacerlo, pues cuando uno se va no tiene que explicar nada… salvo cuando pretende volver, claro. Entonces a los ciudadanos nos gustaría conocer qué razones jugaron entonces que ya no concurren ahora. Pero sobre esto ni hay explicación convincente ni creo que la vayamos a tener, al menos de su propia voz…

Ya fuera de la presidencia, una mañana Esperanza Aguirre aparca su coche en el carril bus de la Gran Vía y se va tranquilamente a sacar dinero del cajero. Cuando unos policías municipales pretenden multarle, arranca su coche, derriba una moto y se vuelve tranquilamente a su casa. Hoy el PP la presenta a la alcaldía de ese ayuntamiento. Todo verdaderamente ejemplar.

Y yo me pregunto, en cualquier país serio, ¿esto sería posible? No. Entonces, ¿qué lo hace posible en el nuestro?

En el nuestro, la candidata escribe columnas todos los lunes en un importante periódico nacional (“Los lunes, Esperanza”) desde las que pontifica contra la corrupción y hace gala de su condición de liberal. Debe pensar que se puede pontificar contra la corrupción cuando uno no ha robado para sí. Yo, por mi parte, creo que es imposible hacerlo cuando uno es el responsable político del entramado más corrupto que nunca ha existido en España, del que se han beneficiado compañeros, amigos y familiares. Cuando con su complicidad y/o incompetencia (y no sé cuál de las dos cosas es peor) se ha robado tanto dinero público y se ha lesionado de manera gravísima las instituciones democráticas de la nación. Podemos da miedo, sin duda, pero nadie puede dudar que los/las Esperanzas de este país han sido sus principales fulminantes.

Debe pensar, también, que para que uno se las pueda dar de liberal basta decirlo o tener un retrato de Margaret Thatcher en el despacho. Yo, por mi parte, creo que es imposible hacerlo si bajo su mandato clientelar se han destruido totalmente los criterios de mérito, competencia y capacidad, pilares sagrados de cualquier liberalismo digno de ese nombre. Verdaderamente, entender que la competencia es deseable para los demás, pero no para uno mismo, difícilmente puede merecer el calificativo de liberal.

Segundo, la explicación.

En el fondo es muy sencilla: la han elegido porque creen que usted, querido lector, la va a votar, con independencia de lo sordida que tenga la toga.

No se moleste, no es nada personal. En muchas democracias se votan todos los días togas sordidae con total normalidad. En Nigeria, Argentina, Italia, Grecia y en otros países democráticos, diría que en la mayoría, se vota –ya sea por razones clientelares, étnicas, grupales o religiosas- siempre a “nuestras” togas, con independencia de su estado. Ha sido frecuente también en otros países avanzados que ya han superado esta fase del desarrollo democrático, como en EEUU (basta recordar la gloriosa época de las political machines).

La razón es evidente: en un sistema institucionalmente débil, el elector que busca maximizar su interés particular a través de su voto no puede confiar en el funcionamiento imparcial del sistema. Sospecha que siempre va a ser capturado, por unos o por otros, por lo que elige que lo capturen aquellos más próximos, respecto de los cuales podrá conseguir mayor beneficio indirecto (no siempre material, sino a veces meramente sentimental). Como descuenta la captura, no penaliza ni el robo, ni la corrupción, ni la falta de responsabilidad, ni las inmoralidades manifiestas; bajo el presupuesto de que todo el mundo se comporta igual, solo se fija en ese beneficio indirecto. Así ha funcionado la política española durante muchos años y el PP lo sabe muy bien (basta recordar el caso Camps en Valencia, reelegido después del escándalo Gürtel por mayoría absoluta).

La conclusión, entonces, es que para el PP nada ha cambiado: seguimos siendo el país de siempre, uno más del insigne montón que acabo de citar, y, por eso, la apuesta por una persona como Esperanza Aguirre, capaz de movilizar con tanta eficacia esas querencias grupales, resulta muy razonable.

La cuestión a dilucidar, sin embargo, es si también va a funcionar otra vez ahora, cuando ciertas circunstancias están empezando a cambiar en España de manera muy sensible. La crisis ha puesto de manifiesto una situación real todavía más corrupta de lo que nos imaginábamos (y lo que puede todavía venir). Durante un tiempo habíamos preferido no mirar, pero ahora resulta imposible. El elector no directamente capturado por las redes clientelares encuentra cada vez más resistencias íntimas a identificar ese grupo como “propio”. Por otra parte, existe cada vez más conciencia de que la incompetencia e ineficacia de esos gestores (más preocupados por lo particular que por lo público) junto con los escándalos de corrupción, tienen una incidencia directa en la dificultad de la recuperación económica, que al final terminamos pagando todos, los propios y los ajenos. Por último, el concurso de nuevos partidos políticos -es cierto que en cuanto políticos siempre sospechosos- pero, al menos algunos, no manchados directamente por la corrupción, ofrece una alternativa que antes no existía.

¿Será esto suficiente o, como ocurre en Nigeria y Argentina, seguiremos votando togas sordidae?

La respuesta, en poco tiempo.

 

La democracia, los partidos políticos y la democracia en los partidos políticos

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Observando las bases del Derecho Público español vigente, es posible comprobar la existencia de una estructura jurídico-política que procede de la idea de que España es un Estado social y democrático de Derecho conforme al artículo 1.1 de la Constitución Española, siendo los partidos políticos una manifestación de la expresión del pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, y un instrumento fundamental para la participación política. Por eso, los partidos tienen una gran importancia en el sistema constitucional español, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1981, que señala que su “relevancia viene justificada por la importancia decisiva que esas organizaciones tienen en las modernas democracias pluralistas, de forma que se ha podido afirmar por algunos Tribunales extranjeros que «hoy día todo Estado democrático es un Estado de partidos» o que éstos son «órganos casi públicos», o conceptos similares”.

Es necesario destacar que el artículo 6 de la Carta Magna española establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Este precepto deriva de la acertada idea de que, para que una sociedad sea adecuadamente democrática, los partidos que en ella se encuentran también deberán ser democráticos, ya que, de lo contrario, será imposible, en todo caso, que la ciudadanía pueda tener verdaderamente el poder.

El principal problema existente en la actualidad, en lo que a la actividad de los partidos políticos y a la toma de decisiones se refiere, es que la organización de los mismos se ha establecido de forma vertical y no de forma horizontal, de modo que las decisiones de ciertos miembros del partido prevalecen sobre la voluntad de los demás, que tendrán que elegir entre aceptar las ideas o revelarse, siendo la sumisión la opción mas cómoda en muchas ocasiones en las que determinados militantes pretenden escalar dentro del entramado organizativo de la formación política.

La situación existente en la mayoría de los principales partidos políticos del panorama nacional es que se ha creado una casta dentro de cada formación, de manera que unos pocos controlan o intentan controlar en el aspecto ideológico y en el aspecto organizativo todo el aparato del partido, que incluye a los militantes que están en las bases.

La casta que existe en cada partido está configurada, partiendo de la explicación de César Molinas en “Una teoría de la clase política española“, como una élite extractiva que intenta instrumentalizar la formación política, en lugar de como un medio para hacer efectiva la democracia, como una herramienta para lograr la consecución de fines de naturaleza particular con el objetivo de beneficiar a un sujeto o a un grupo de sujetos determinados, sacrificando, en muchas ocasiones, el interés del partido por satisfacer deseos privados que pretenden alcanzar un plano que supera al ámbito de la formación y que se manifiestan como el sueño de ser parte de una oligarquía política. Ese hecho provoca que, en muchas situaciones, bastantes militantes vean frenada su capacidad decisoria por la fuerza de las corrientes oficialistas, que intentan ejecutar en los órganos deliberativos las ideas de las personas que controlan los órganos directivos, de modo que, como dice Paloma Biglino Campos, “los partidos políticos siguen siendo los nervios del sistema democrático, pero están perdiendo capacidad para llevar la opinión de los ciudadanos a la vida del Estado”.

Los mecanismos empleados para controlar cada partido, que se constituye como un pequeño sistema dentro del sistema político nacional, son incompatibles con la democracia interna y suelen verse materializados en figuras como la disciplina de voto, que produce la alienación ideológica de muchos dirigentes en determinados asuntos debatidos en el seno del partido en el momento de desarrollar su actividad parlamentaria, aunque el artículo 67.2 de la Constitución Española indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Distanciarse de las actuaciones dirigidas por la cúpula de cada partido puede tener consecuencias negativas, ya que, como Alfonso Guerra dijo, “el que se mueve no sale en la foto”, aunque, como afirma Francisco Sosa Wagner, “el deber fundamental de todo afiliado debe ser el de respetar el credo ideológico básico de la concreta organización y su derecho más fundamental el de criticar las concretas estrategias de los dirigentes para poner en práctica el ideario”.

En el seno de determinados partidos políticos se están produciendo luchas para obtener el control de la asociación que deberían servir para fortalecer a las formaciones pero que, realmente, parecen perjudiciales. Este hecho puede ser útil para comprobar que, ciertamente, los partidos no están construidos sobre unos cimientos ideológicos y jurídicos sólidos, que deben estar presididos por la libertad ideológica y por la libertad de expresión.

No hay duda alguna de que es necesario realizar algunas modificaciones normativas que son indispensables, como las que se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a otros cambios, como el que debe hacerse para tipificar adecuadamente la financiación ilegal de las formaciones políticas. Las alteraciones legislativas correctas, si se hicieran bien, resolverían muchos problemas y servirían para poder crear un verdadero sistema democrático en el que los partidos y sus dirigentes sean una parte de la solución en lugar de constituir una parte del problema. No puede dejar de tenerse presente que los partidos políticos son un reflejo de la realidad social existente.

Para que España pueda ser un Estado social y democrático de Derecho, es necesario que los partidos políticos sean fieles a los principios que sustentan la estructura jurídica existente, ya que son un elemento de ella y sus actuaciones condicionan el desarrollo de la práctica judicial, la creación de la legislación y la actividad administrativa, por culpa de las distorsiones que se han ido produciendo por los fallos que tienen los pilares constituciones, que no han logrado garantizar el establecimiento de una fuerte división de poderes, aunque no hace falta modificar la Constitución, sino mejorar algunas normas esenciales y garantizar su cumplimiento.

Las cuentas de los partidos políticos y el Tribunal de Cuentas

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El pasado 5 de enero, el Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes su informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al parlamento europeo de 25 de mayo de 2014, donde los partidos políticos gastaron en total 37,5 millones de euros, de los cuales 17,4 correspondieron a la actividad de envío de propaganda electoral.

Además de asombrarnos del dineral gastado en la campaña electoral europea, lo primero que nos preguntamos es de dónde salieron estos millones. Leyendo el informe del Tribunal, vemos que la principal fuente de recursos fueron los créditos bancarios, que alcanzaron los 22,2 millones de euros (le siguen los anticipos electorales del Estado y las aportaciones de los partidos). En unos años donde el grifo del crédito bancario ha estado prácticamente cerrado para las pymes y particulares, nos congratula que al menos los partidos políticos puedan seguir accediendo sin ningún problemaa esta fuente de financiación.

El informe reseña algunas incidencias en el caso del PP y PSOE e “incoherencias” en el caso de Podemos, pero la conclusión es que ninguno de los diez partidos o coaliciones que han justificado sus gastos ha superado los límites previstos en la normativa electoral y el Tribunal no ha pedido reducir la subvención que les corresponde por la ley. Nos tranquiliza.

Vayamos por tanto a las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas que por experiencia sabemos que suelen tener bastante “miga” y en este caso son “de cajón”:

  • Precisar los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales en función de lo establecido en laLey Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El Tribunal recomienda a los partidos que limiten su inversión a la imprescindible para acometer la campaña, ajustándose a una interpretación estricta de los conceptos subvencionables… ¿Pero esto no debería ser una obligación en vez de una recomendación?
  • Tipificación y determinación de las sanciones ante los incumplimientos e infracciones de la regulación que están previstas en la normativa electoral. Parece que da pereza esto de definir sanciones por saltarse la legislación electoral…
  • Adecuar el límite de gastos en publicidad exterior, en prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada, previstos en la LOREG, a los nuevos soportes de publicidad introducidos como consecuencia de las nuevas tecnologías (publicidad en prensa digital y los anuncios en internet). Ya va siendo hora, teniendo en cuenta que la inversión publicitaria en Internet lleva creciendo varios años en detrimento de otros medios como la televisión.

Las otra recomendación del informe es la de regular, cubriendo el vacío legal que existe en esta materia, los sistemas de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva (el crowdfunding) para obtener recursos de financiación privada.

Esta última recomendación está motivada por el crowdfunding de Podemos en la campaña electoral de las europeas. Y es que el partido que lidera Pablo Iglesias ha introducido una nueva forma de financiación de los partidos políticos, aprovechando Internet y la capacidad de movilización que tienen sobre sus simpatizantes: el crowdfunding político. Como si de un emprendedor se tratara, Pablo consigue financiar las campañas electorales del partidogracias a las aportaciones de particulares a través de Internet y eso es algo que al Tribunal de Cuentas ha descolado, ya que no lo había visto ahora.

En las pasadas elecciones europeas, Podemos obtuvopor esta vía114.365 euros. El Tribunal de Cuentas puso en entredicho la procedencia de 48.261 euros de ese dinero, al no constar varios datos de los donantes exigidos por la LOREG (nombre, apellidos, DNI, domicilio….). Podemos alegó problemas técnicos con el software informático del crowdfunding y finalmente solo 57 ingresos (por un importe de 886,12 euros) incumplieron la ley por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere.

El caso es que el Tribunal va a tener que acostumbrarse a esta nueva fuente de financiación y en efecto tendrá que ser regulada, porque para las próximas elecciones andaluzas del mes de marzo, Podemos ha recaudado vía crowdfunding 100.000 euros en apenas 24h para costear su campaña electoral…

Casualidades de la vida, coincidiendo con la remisión a las Cortes de este informe sobre las elecciones europeas, el diario El País publicó una nota interna del Fiscal jefe del Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización de partidos de 2012, que se aprobó por el pleno del Tribunalel pasado 26 de junio de 2014. En ese documento, el Fiscal (que depende de la Fiscalía General del Estado) apreciaba delitos tributarios y/o de falsedad en Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), Partido Nacionalista Vasco, PP y PSOE, EuskoAlkartasuna y Unió Democràtica de Catalunya.

Tras la publicación de El País, los partidos afectados negaron cualquier irregularidad y la Fiscalía del Tribunal aclaró que se trataba de un documento interno de trabajo con  “carácter preliminar” y que la noticia publicada era “prematura”.

Para rematar el asunto, unos días después, dos consejeros del Tribunal de Cuentas (los presidentes de la Sección de Fiscalización y de la de Enjuiciamiento) discreparon abiertamente de la interpretación del Fiscal del Tribunal sobre las finanzas de 2012 relativas a los seis partidos señalados  y no apreciaron ningún delito en las cuentas de esos partidos.

En este Blog nos hemos quejado reiteradamente sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, del nombramiento de sus consejeros por parte de los partidos políticos, de los retrasos de sus informes, de que sus conclusiones casi nunca llegan a ninguna parte, etc,etc y este caso lo ilustra a la perfección: a finales de junio de 2014 se aprueba el informe de fiscalización de partidos de 2012 (es decir, dos años y medio hasta que ve la luz), en enero de 2015 el Fiscal del Tribunal sigue sin cerrar su escrito sobre el citado informe (ya vamos por tres años…), se filtra a los medios el documento en el que trabaja dicho Fiscal y dos consejeros del Tribunal lo rebaten y no aprecian ningún delito. Estamos en febrero y no se ha vuelto a hablar del asunto… ¿qué nos apostamos a que no volvemos a saber nada de este tema? Un poquito de regeneración por favor.

Iglesias & Castro: comenzar de nuevo

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Desde la emergencia a la arena política española de Podemos, los medios comenzaron a escarbar en los vínculos que este movimiento populista radical de izquierda mantenía con el régimen chavista en Venezuela. Y ciertamente, evidencias palmarias no tardaron en aparecer en forma sobre todo de vídeos, documentos y testimonios que acreditaban que Podemos cobraba cantidades millonarias a Caracas por trabajos de asesoramiento en materia electoral y de otra índole también, así como declaraciones a la TV de ese país hechas por Pablo Iglesias exaltando el modelo bolivariano. Sin embargo, Podemos y sus dirigentes, más allá de financiarse gracias a los petrodólares chavistas, nunca se ha nutrido ideológicamente del bolivarianismo si se trata de diseñar una estrategia para la toma del poder, ya que a fin de cuentas el mentor ideológico de Chávez lo fue Fidel Castro.

Pensamientos marxistas, objetivos totalitarios

“Iglesias se ha declarado marxista en más de una ocasión. Tomar el cielo por asalto en la jerga revolucionaria significa la demolición del viejo orden político, económico, jurídico, institucional y social, como condición previa para la consolidación del poder político del nuevo régimen. Nadie que conozca los rudimentos del marxismo, y en particular la teoría de la lucha de clases, puede decir que Iglesias no está poniendo con claridad las cartas sobre la mesa. Pero sus críticos mayoritariamente carecen de dicho conocimiento. Esto es también un hecho innegable”[1]. Si nos atenemos a la estrategia discursiva de Podemos, sobre todo su definición de pueblo y la equidistancia que guarda con respecto al resto de los partidos políticos, debemos admitir que este nuevo discurso populista ha tenido la habilidad suficiente para imponer a la sociedad española un límite distinto; una divisoria en la que de un lado habita la ciudadanía normal, de a pie o decente, y de otro, la elite política privilegiada o corrupta que sólo merece ser castigada por su responsabilidad moral y penal.

Tal propuesta, además de maniquea y por ende populista, es en términos políticos marcadamente totalitaria y aunque en principio parezca alejada de los totalitarismos clásicos del siglo XX, si la comparamos con la estrategia de toma del poder plasmada por Fidel Castro en su alegato de defensa “La historia me absolverá” tras el ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y los Manifiestos de Movimiento 26 de Julio (el primero en 1955), veremos que los objetivos totalitarios de ambas formaciones, a más 60 años de distancia una de la otra, encajan muy bien.

Para intentar demostrarlo citaremos aquí la definición de pueblo según Castro, en su alegato de defensa como principal acusado del asalto a la fortaleza militar. “Entendemos como pueblo (…) la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor, más digna y más justa, (…) los 700.000 que están sin trabajo, (…) los 500.000 obreros del campo, (…) los 400.000 obreros industriales y braceros, (…) los 100.000 agricultores pequeños, (…) los 30.000 maestros y profesionales, (…) los 20.000 pequeños comerciantes, (…) los 10.000 profesionales jóvenes”. Está claro que todos los excluidos de esta definición no son pueblo para Castro: los banqueros, los propietarios medianos y grandes del campo y la ciudad, los rentistas, los grandes comerciantes y todos los asociados al capital norteamericano en la Isla; o sea, todo aquel que en posesión de alguna propiedad estuviera en condiciones de explotar mano de obra asalariada.

A continuación veamos la definición de pueblo que defiende Podemos: la formación de Iglesias tampoco sugiere una división de la sociedad donde prevalezca el pluralismo político, sino que lo que introduce, tal y como hacía Castro, es una simple dicotomía binaria extremadamente reduccionista al declarar que la sociedad toda –la “gente decente”– está de su lado, del suyo, por supuesto y lo que queda del otro lado es pura escoria política y moral: por tanto, repudiables y prescindibles. Podemos propone una frontera social estrictamente delimitada. La sociedad decente que asume como suya no está dividida por ideas o intereses plurales, sino que homogénea, o sea, lo que en términos marxistas recibe el nombre de “masas”, esto es, una realidad total unitaria. Lo que queda fuera de esa totalidad para ellos no es sociedad, es casta política, son los invitados al Palco del Bernabéu.

Podemos constantemente impone una verdad única desde la que nos persuaden a que eliminemos nuestra originalidad esencial si no queremos sentirnos incomprendidos. Pontifican que la heterogeneidad distorsiona y resulta insolidaria. Como decía Walter Lippmann, “cuando todos piensan de la misma manera, nadie piensa”[2]. Iglesias, construyendo un nuevo discurso: la ‘casta política’, la ‘gente’, el ‘empoderamiento’ o el ‘rescate ciudadano frente a los mercados’, ha conseguido sustituir conceptos anquilosados como la lucha de clases o la burguesía, con muy escasa capacidad de movilización.

Apariencias socialdemócratas, realidades colectivistas

En cuanto a Castro, el programa planteado en “La historia me absolverá” en 1953 y luego ampliado en el Primer Manifiesto del Movimiento 26 de Julio de 1955, era de naturaleza socialdemócrata reformista, incentivando el papel del Estado en la economía capitalista en línea con políticas desarrollistas. Tal programa proponía en sus rasgos esenciales: la proscripción del latifundio, la distribución de la tierra entre las familias campesinas; concesión inembargable e intransferible de la propiedad a todos los pequeños arrendatarios; ayuda económica del Estado; reducción de impuestos. La reivindicación de todas las conquistas obreras. La industrialización inmediata del país. La rebaja de todos los alquileres: construcción por el Estado de viviendas decorosas, etc. El fomento de una red de escuelas e institutos públicos que se ocuparan de la educación y la formación, así como un sistema de salud pública de ámbito nacional. Y donde único mostraba ya su perfil de expropiador compulsivo era en la nacionalización de  servicios públicos: gas, electricidad y teléfonos.

Lo primero que hacen los extorsionadores es detectar fascinantes reivindicaciones sociales que ofrecer a las “masas”, sin importar quién las va a sufragar. No argumentan en detalle de dónde saldrían los fondos para financiar todo ese significativo aumento del gasto social, ni mucho menos establecen que su objetivo final sería la colectivización gradual de la gran propiedad capitalista, lo cual, como se sabe, ocurrió de manera irreversible en Cuba desde 1960. En ambos casos, de este análisis se desprende que no es el programa lo que define la esencia totalitaria de un movimiento, sino su estrategia discursiva, su sustrato político, pues una vez que se define de forma “total” al sujeto, resulta que no queda espacio para ninguna otra parte social que, por definición, no puede existir sino como la anti-sociedad o el anti-pueblo, tal y como fue haciendo a partir del año 1960 Fidel Castro en Cuba, al barrer con todo vestigio de sociedad civil para ser suplantada por un nuevo tipo de sociedad: la “sociedad estatal”.

Apropiación de los conceptos de “pueblo” y “democracia”

Podemos, al igual que el Movimiento Revolucionario 26 de Julio castrista, no pretende representar a unos intereses o sentimientos políticos determinados, sino que se abroga toda la representación del pueblo español, entendido como totalidad indivisa, preexistente y antagónica de eso otro que termina por ser inevitablemente el no-pueblo. Tal y como Podemos concibe y trata al espacio político, contradice intrínsecamente al pluralismo democrático y, en ese sentido, Podemos es incuestionablemente totalitario, hipótesis que queda fehacientemente demostrada en el reciente ensayo de Jose María Ruiz Soroa, El peligro de una sociedad sin divisiones[3]. En sus declaraciones públicas palpita en Podemos ese totalitarismo de viejo cuño que ya desechó la táctica de toma del poder mediante la lucha armada y que ahora, basándose en las propias reglas del juego democrático, ha sido capaz de comenzar de nuevo y demostrar que puede conquistar el poder.

Desde esta perspectiva, la primera proclama del Movimiento 26 de Julio castrista dejaba claro que el mismo se integraba “sin odios contra nadie. No es un partido político sino un movimiento democrático-revolucionario, sus filas están abiertas para todos los cubanos que sinceramente deseen restablecer en Cuba la democracia política e implantar la justicia social. El Movimiento tiene una estructura funcional; a él podrán enrolarse jóvenes y viejos, hombres y mujeres, obreros y campesinos, estudiantes y profesionales, porque ésta ha de ser por encima de todo una revolución de pueblo, con sangre de pueblo y sudor de pueblo”. El antipueblo, tanto para Iglesias como para Castro, son los “gusanos”, los apátridas, los traidores, los corruptos, los representantes y aliados del capital y los poderes supranacionales; el FMI, Bruselas, o la misma Merkel.

Los nuevos demagogos de siempre

Los nuevos demagogos son grandes expertos en marketing emocional. La batalla de las ideas se pierde porque el sentimentalismo ha ocupado el lugar de la racionalidad y el argumento. Los medios se utilizan para un adoctrinamiento activo que corrompe nuestra identidad. Castro hizo un uso sistemático de la televisión para luego desbordar el estrecho marco de la pantalla, irrumpiendo cual vendaval en la Plaza de la Revolución. Hoy en día el populismo es el atajo por el cual el que desea conquistar el poder por la vía rápida, se adentra en el camino de la farsa y el cinismo, aprovechándose, de las nefastas consecuencias de la Gran Recesión en España, con su legado de alrededor de 5 millones de desempleados, así como de un modelo político agotado y en crisis sistémica debido a su incapacidad para representar al ciudadano, el irrespeto permanente a la separación de poderes, el clientelismo y el saqueo perpetuo de los fondos públicos.

Un estudio internacional del BBVA[4] que examina un amplio conjunto de percepciones de ciudadanos de 10 países europeos, corrobora que casi tres cuartas partes de los españoles no se identifican con el capitalismo y el libre mercado, al tiempo que una amplia mayoría apuesta por las políticas antiliberales, por mantener el Estado del Bienestar e incrementar el gasto público y porque el Estado garantice sanidad, educación y pensiones a todos los ciudadanos. Esto constituye un terreno abonado para que pasten sobre él las huestes del populismo más radical.

En resumen, Podemos no propone absolutamente nada nuevo. El antiguo contrato rousseauniano, adaptado a las exigencias totalitarias, travestidas de demagogia barata y populismo corriente, consiste básicamente en que el todopoderoso Estado se compromete a ofrecer –sobre todo en tiempos de bonanza, pues cuando ésta desaparece, su naturaleza asistencial se reduce a la mínima expresión– una mínima cobertura de derechos sociales y a cambio los ciudadanos, renuncian, o le son suprimidos gradualmente, sus derechos civiles: derecho a la vida y a las libertades esenciales, así como sus derechos políticos: amplio acceso a la representación y al ejercicio del poder, pluripartidismo, etc. O sea, un trueque perverso y liberticida en el cual la vinculación entre mérito y esfuerzo se suplanta por el derecho a la mediocridad compartida, obtenida sin esfuerzo alguno.

 

A los individuos les son escamoteados gradualmente sus derechos naturales más esenciales, como son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada, entre otros sobre los que se vertebran los valores que sirven de sustento a la sociedad liberal. Los pueblos que han estado sometidos por décadas a tal despojo han sufrido amargamente las durísimas consecuencias económicas que entraña este modo de hacer política. Sin embargo, en sus inicios no suelen advertir del secuestro de la libertad que conlleva, una alienación que prostituye un valor imprescindible para vivir y ser persona. El mismo Jean Jacques Rousseau lo expresó paradójicamente en esta frase: “Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde”.


[1] Navarro Vega, Armando. Podemos puede. Neo Club Press, Miami. 23 de octubre 2014.

[2] Pomés, Julio. “El secuestro de nuestra libertad”. ABC, 12 de enero de 2015.

[3] Ruiz Soroa, Jose María. El peligro de una sociedad sin divisiones. Podemos no divide a la sociedad sino que coloca fuera de ella a quienes considera sus adversarios, de forma que contradice el pluralismo democrático y en ese sentido preciso es totalitario. El País, 9-1-2015. El impulso para elaborar este trabajo me surgió como resultado de la lectura de este riguroso y revelador ensayo y quiero hacerlo patente aquí.

[4] Fundación BBVA, “Valores político-económicos y la crisis económica” (2013) http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Presentacionvalues.pdf