Capital riesgo y capital erótico: Reflexiones sobre el caso Invercaria.
No se asusten; con el título del post quiero hacer referencia no al indudable atractivo de la sra ex Presidenta de Invercaria, sino al libro de Catherine Hakim, doctora en Sociología y profesora en la London School of Economics, que acabo de comprar y todavía no he tenido tiempo de leer pero cuyas reseñas –elogiosas- resaltan que su objeto es el análisis del capital erótico (el poder de fascinar a los demás). Añade la autora en la introducción que con el libro pretende “descifrar los procesos sociales que ayudan a las personas atractivas a obtener más resultados y a obtenerlos antes”. Porque el capital erótico es, en nuestra sociedad, tan esencial para triunfar -y no solo en la vida personal sino también en la profesional- como otros capitales más “tradicionales”, tales como la riqueza, el talento, la formación o las buenas relaciones. Hasta ahí, y a falta de una lectura sosegada, no parece que haya nada que objetar, a no ser la de que para los que tenemos una experiencia profesional ya dilatada la revelación resulta un tanto obvia y más en los tiempos que corren.
Y efectivamente, la historia del fulgurante ascenso de la sra Gómiz a Presidenta de una sociedad de capital riesgo pública que maneja unos fondos muy importantes me recordó esta lectura pendiente. Porque es evidente que esta sra, tan joven ha obtenido más resultados y en bastante menos tiempo que lo que es habitual en el sector público español, incluso en el sector público andaluz, donde por lo que se está viendo, se asciende bastante más rápido que en los escalafones funcionariales al uso. Especialmente si se está en posesión de dos de los capitales anteriormente citados, el erótico y el relacional, aunque se carezca de manera notoria del resto de ellos. Porque para acceder a una plaza de funcionario, aunque sea de un nivel muy modesto y que no permita manejo alguno de fondos públicos resulta que es necesario acreditar unos determinados conocimientos superando unas oposiciones. E incluso para acceder a determinadas plazas del sector público se requiere un sistema de concurso-oposición, es decir, acreditar unos mínimos conocimientos teóricos, realizar algunas entrevistas y tener un cv más o menos adecuado para el puesto de trabajo. Pero en cambio para dirigir una empresa que gestiona un montón de dinero público no hace ninguna falta.
Lo más interesante, no obstante, es que para los agraciados con estos importantes capitales la ausencia del resto parece pasarles totalmente desapercibida, por lo menos si juzgamos por las ya famosas grabaciones donde la ex Presidenta de Invercaria intenta convencer a su subordinado para que fabrique determinados informes con “carácter retroactivo” que permitan justificar las decisiones de inversión adoptadas con anterioridad al parecer sin estudio previo alguno. El desparpajo desde luego es envidiable, lo mismo que la asombrosa capacidad de inventiva, de la que ella misma se vanagloria, y con razón, en la cinta -no sabemos si manipulada o no manipulada hasta que lo digan los jueces. Si lo que hemos leído de las transcripciones es cierto, la verdad es que estamos alcanzando nuevas y desconocidas cotas en el esperpento nacional. Quedénse con estas declaraciones del personaje en el juicio laboral por el despido del técnico que la grabó: “Es mi voz pero no mis pensamientos”.
Y es que la sociedad Invercaria es una sociedad de capital riesgo pero de capital enteramente público, perteneciente en el 100% a la ya famosa Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, si, la misma que la de los ERES) que vaya si ha innovado, por lo menos en lo que se refiere a procedimientos administrativos y a selección de su personal directivo.
Por cierto, que entre las noticias que publica Invercaria, encontramos una férrea defensa frente a los ataques de “representantes del Partido Popular” que “continúan en la línea de afirmaciones sesgadas, tendenciosas y falsas”. Está francamente bien, porque además de soslayar el hecho de que existe algún informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que ya ponía reparos a la imaginativa gestión de la ex Presidenta de Invercaria, este tipo de noticias presuponen que la sociedad pública pertenece en cuerpo y alma no a los contribuyentes andaluces (y europeos, en la medida en que gestione programas europeos) sino al PSOE, directivos y técnicos incluidos. Lo que probablemente sea bastante cierto por lo menos hasta el día 25, porque después –siempre que gane el PP, claro- probablemente todos ellos descubran que eran técnicos o represaliados, o hasta submarinos del PP. Porque, al contrario de lo que dijo San Ignacio, en España tanto en el sector público como en el privado en tiempos de tribulación conviene hacer mudanza.
Pero con independencia de la opinión que nos merezca el hecho de que el sector público se haya lanzado a constituir sociedades públicas de capital riesgo (SCR) con gran entusiasmo y poco conocimiento de causa, conviene aclarar que una sociedad de este tipo, además de contar con una regulación muy estricta contenida en la Ley 25/ 2005 de 24 de noviembre reguladora de las entidades de capital riesgo y estar sujeta (por lo menos teóricamente) a importantes controles de la CNMV (dado que, de entrada, necesitan su autorización previa del proyecto de constitución) suelen estar enormemente profesionalizada. O por lo menos cuando manejan capital privado, ya se sabe que con el dinero de los contribuyentes se suele ser bastante más alegre. Lo que es lógico, porque los inversores privados suelen tener mucho cuidado a la hora de depositar su capital en manos de los gestores que van a decidir en qué empresas (“participadas”) se invierte dicho dinero, dado que de su buen hacer dependerá que su inversión tenga o no retorno. Por esa razón, se priman criterios de experiencia y profesionalidad y los incentivos de los gestores están vinculados al éxito de las operaciones.
En definitiva, en el capital riesgo privado los gestores suelan ser profesionales de mucha preparación y mucha experiencia, con trayectorias profesionales vinculadas bien a la industria, bien a la banca de inversión o bien a otras sociedades de capital riesgo. Las decisiones de inversión se toman después de analizar muy detenidamente (sí, los famosos informes que se inventa doña Laura) todos los aspectos relevantes de las posibles empresas en las que se puede invertir Y aún así, muchas veces las cosas no salen bien (al fin y al cabo se trata de capital riesgo).
En cualquier caso, los contribuyentes de nuevo pagamos todo; las inversiones de la sociedad de capital riesgo, dado que lo previsible es que las empresas participadas produzcan pérdidas si ni siquiera se las ha evaluado antes de tomar la decisión de invertir en ellas) las consecuencias económicas, en su caso, de una posible sentencia favorable al técnico despedido, el sueldo de la sra Gómiz, la querella que ha puesto Invercaria para defender su honor contra el exdirectivo y me imagino que también la indemnización de todos estos brillantes gestores públicos si a algún día alguien se decide a echarles de una vez.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?