Desde hace varios años, los ciudadanos venimos padeciendo, periódicamente y por motivos económicos, intoxicaciones informativas relativas a sucesos puntuales que, con el paso del tiempo, se ha comprobado su falsedad o por lo menos su falta de rigor. De todos son conocidos, los casos de: las “vacas locas” que a punto estuvo de arruinar el sector ganadero; las armas químicas de Irak, que fue la excusa para que las petroleras americanas se hicieran con la explotación del petróleo iraquí; la “gripe aviar” que, igualmente, dañó gravemente el sector avícola, y finalmente, la “gripe A” que permitió a las multinacionales farmacéuticas vender millones de vacunas que, curiosamente, tenían preparadas. Lamentablemente en estos casos, la OMS se prestó a este juego aunque perdiese gran parte de su credibilidad.|

El terremoto de Japón ha dado lugar a una nueva campaña de desinformación y alarmista en contra de la energía nuclear, en este caso por motivos políticos y en base a un ecologismo mal entendido que voy a intentar clarificar en estas líneas.

Con el fin de facilitar al lector la comprensión de este complejo sector, aunque científicamente no sea muy ortodoxo, me voy a permitir agrupar en cuatro clases los tipos de energía que pueden atender la demanda energética de un país:  

* Hidráulica

* Térmica (carbón, gas, petróleo, etc.)

* Renovables (eólica, solar, etc.)

* Nuclear

La energía hidráulica es la más económica y no contamina, pero, lamentablemente, las condiciones orográficas y climatológicas de nuestro país limitan su explotación. Podrían construirse minicentrales que ¡ncrementarían levemente la producción energética.

La energía térmica es, con diferencia, la más contaminante de todas. Una central térmica emite a la atmósfera partículas de elementos pesados que contienen más radioactividad que las nucleares. Además queman carbón, gas o petróleo, liberando toneladas de CO₂ que provocan lluvias ácidas dañinas para la vegetación y para los seres humanos con dificultades respiratorias. Contribuyen asimismo al cambio climático que tanto preocupa en la actualidad. En este punto es conveniente decir que China inaugura una central térmica cada mes, vulnerando el Protocolo de Kyoto que, por cierto, no rubricó. Es llamativo comprobar el silencio del ecologismo internacional ante este comportamiento.

Las energías renovables, sobre todo la de origen solar que incluye: termosolares, fotovoltaicas y termoeléctricas, se encuentran todavía en fase de desarrollo incipiente y tienen por un lado, el grave problema de su elevado coste y por otro, la imposibilidad de gestionarlas, pues son intermitentes, es decir, se producen cuando la naturaleza quiere y no cuando se necesitan. Para solucionar este problema se suelen asociar a pequeñas centrales térmicas. Tampoco resulta muy ecológico ver nuestros montes poblados de grandes molinos artificiales que dañan la visión de cualquier paisaje.

Finalmente, la energía nuclear es la única fuente inagotable que podrá atender las demandas energéticas de la humanidad en un futuro y además no contamina. Es atacada por sectores ecologistas por su supuesta inseguridad y por el problema de sus residuos.

A fin de dar respuesta a este ataque voy a describir brevemente el proceso de producción y el esquema constructivo de la central de Fukushima, principal afectada por el terremoto de Japón.

Los reactores son similares a una olla a presión. El combustible nuclear (óxido de uranio) calienta el agua que entra en ebullición y se transforma en vapor que impulsa las turbinas para producir electricidad. El vapor de agua se enfría nuevamente, se convierte en agua y comienza de nuevo el ciclo productivo.

El combustible se almacena en barras selladas que están protegidas por un envoltorio de aleación de circonio que constituye el primer sistema de confinamiento.

Las barras a su vez forman paquetes que es lo que se llama el “núcleo” que se inserta dentro de una vasija a presión que constituye el segundo sistema de confinamiento.

Todo el reactor (vasija, tubos y refrigerante) se envuelve en una burbuja hermética de acero y cemento que es el tercer sistema de confinamiento.

Finalmente todo el conjunto está rodeado por el edificio del reactor que es como una concha protectora que le aísla totalmente del exterior.

En Fukushima, a pesar de la magnitud del terremoto, cinco veces más potente que cualquiera de los sufridos por Japón a lo largo de su historia, solamente se han dañado seriamente el edificio y el tercer sistema de confinamiento y las fugas han sido mínimas.

Fue el tsunami posterior el que se llevó por delante todos los dispositivos de refrigeración e hizo que los técnicos tuvieran que trabajar denodadamente para enfriar el sistema. Las célebres nubes radioactivas eran simplemente vapor de agua liberado por los operarios para controlar la presión interna. Con la información disponible puede afirmarse que en ningún momento hubo riesgo de explosión ya que los sistemas de confinamiento (primero y segundo) permanecieron intactos.

Este accidente no es en absoluto comparable con lo ocurrido en Chernobil donde se estaba fabricando plutonio con fines militares y ni el sistema productivo ni las características de las instalaciones cumplían los requisitos mínimos exigidos para una central nuclear.

Como resumen de lo expuesto, me atrevería a afirmar que el accidente de Fukushima ha servido, en contra de lo que pretendían los medios informativos, para reafirmar la credibilidad de este tipo de instalaciones, si bien con un control muy exhaustivo por parte de los organismos nacionales e internacionales competentes.

Dentro del proceloso mundo de las tarifas eléctricas que solo los especialistas pueden entender y desbrozar, se encuentran, aunque apartados del debate político, los contadores eléctricos. Estos instrumentos dedicados a medir el consumo de energía eléctrica de un circuito, o dicho en términos más científicos, con la función de integrar en el tiempo la potencia eléctrica consumida por el cliente, son los que sirven de base para que las empresas facturen a sus abonados el importe del consumo efectuado, por tanto elemento fundamental en este mercado de la energía.

A principios de los años noventa y con el fin de estudiar la situación del parque de contadores eléctricos en nuestro país, se celebraron una serie de reuniones, a nivel técnico, entre representantes de: UNESA, organización que agrupa a todas las compañías eléctricas; el Centro Español de Metrología, organismo de la Administración General de Estado, encargado de velar por la corrección de las medidas en todos los instrumentos; y los fabricantes de contadores eléctricos. Como resultado de las mismas se elaboró, por consenso, un Informe que fue remitido a las autoridades competentes, en el que los principales puntos a destacar eran:

a) La edad media del parque nacional de contadores era de más de veinte años, lo que superaba con creces lo aconsejado por los expertos en la materia para garantizar la corrección de las medidas.

b) Se consideraba necesario proceder a una sustitución del parque en un plazo de tiempo no superior a diez años. Esta operación, dado su elevado coste, debería ser subvencionada, en el porcentaje que se estimase oportuno, con dinero público.
c) El cliente tendría la opción de elegir entre adquirir el nuevo contador o seguir en régimen de alquiler, y por supuesto, sin coste alguno para él.

Posteriormente, la Disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, instaba a la Comisión Nacional de la Energía a presentar, en el año 2007, a la Dirección General de Política Energética, un Plan para llevar a cabo esta sustitución obligatoria de los contadores, en un plazo de diez años. Hasta la fecha no se conoce la situación real de este proyecto, pero parece ser que va con un cierto “retraso”.

Es decir, han transcurrido veinte años desde la primera iniciativa y las compañías eléctricas siguen obstaculizando, en connivencia con el gobierno de turno, la realización de este trabajo, necesario para garantizar los derechos de los abonados.

Por otra parte, las compañías eléctricas cobran a sus clientes una media de 8 euros/año en concepto de alquiler del contador, cuando su precio en el mercado oscila alrededor de los 30 euros. Ello supone que el cliente, en cuatro años, ha pagado el contador y a partir de ahí el cobro del alquiler es un ingreso neto para la empresa eléctrica.

Podemos estimar que en nuestro país habrá un total de 20 millones de contadores instalados, lo que supone un ingreso extra de 160 millones de euros para estas empresas.
Además si un abonado pretende adquirir el contador en propiedad, se encuentra con una serie de obstáculos burocráticos casi insalvables y por fin cuando consigue superarlos, la guinda final es que la compañía le cobra, en concepto de enganche, una cantidad próxima a los 10 euros. Igualmente, si es la propia compañía distribuidora la que decide la sustitución del contador que tiene instalado por otro nuevo, también le factura al abonado esta cantidad, aunque como es lógico ya estaba conectado a la red.

La supuesta liberalización del mercado de la energía es una operación más de maquillaje frente a la opinión pública, ya que las compañías han pactado, ante la pasividad de la Comisión Nacional de la Competencia y de los correspondientes gobiernos, unas condiciones similares para todos los clientes, a pesar de las campañas publicitarias que intentan desvirtuar una realidad incontestable.

La sociedad civil, como manifestación de la responsabilidad de los ciudadanos hacia la sociedad en la que viven y expresión de la libertad individual aplicada a la mejora de la convivencia y al progreso social, constituye el principal valladar frente a lo que Tocqueville diagnosticó como uno de los grandes riesgos de las democracias: el despotismo democrático; es decir, la deriva despótica de los Estados, que tienden a extender su influencia sobre la sociedad en su conjunto, a través de un exceso de normas que, más allá de garantizar la prestación de los servicios públicos, instilan ideas y valores en las personas, aletargan las voluntades, coartan la iniciativa y restringen la capacidad de emprender y de crear.

En el mundo occidental, la sociedad civil destaca por su fortaleza en los países anglosajones: Estados Unidos y Gran Bretaña. También las naciones del norte de Europa presentan una sociedad civil vertebrada e influyente. Lamentablemente, conforme nos aproximamos al Mediterráneo, la sociedad civil se desdibuja y pierde predicamento. En España, la sociedad civil ha sido especialmente débil. La casi omnipresencia de los poderes públicos en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos durante buena parte del siglo XX ha mantenido la actividad de los movimientos cívicos, profesionales o asociacionistas de cualquier naturaleza en niveles muy restringidos. La transición a la democracia no puso adecuado remedio a esta situación, al mantenerse la hipertrofia de los poderes públicos, y añadirse a la misma el concurso de unos partidos políticos organizados en estructuras sujetas por mecanismos de férrea disciplina interna que dificultan la ascensión de ideas e iniciativas propuestas desde sus bases. Sin embargo, en esta ocasión un cambio tecnológico puede ofrecernos una nueva oportunidad para que la sociedad civil española alcance su madurez en un breve lapso de tiempo.

Los instrumentos que la Sociedad de la Información pone a nuestra disposición permiten nuevas formas de organización y expresión de la sociedad civil. La disponibilidad casi universal de Internet, con la posibilidad de acceder a información y a opinión de muy variadas fuentes; pero también de aportar nueva información o de expresar la propia opinión, supone un cambio disruptivo en la forma de comunicarse, de compartir información, de participar y de crear opinión. Se diluye así el papel de intermediarios de la información y de formadores de opinión de los medios de comunicación tradicionales, que pierden este valioso monopolio en beneficio de una miríada de blogs, páginas web y redes sociales a través de las que organizaciones o individuos de la más variada condición reclaman un espacio de expresión directa.

Existe, sin duda, el riesgo de que sea prácticamente imposible discernir la información veraz de la que no lo es, o de la mera desinformación. No es menor el peligro de que surjan supuestos líderes de opinión, con amplio seguimiento por parte de los internautas menos avisados, que se arroguen una representatividad que no ostentan y, en realidad, se muevan por intereses espurios. Sin embargo, el balance es netamente positivo, y blogs como este constituyen un buen ejemplo de ello. La atrofiada sociedad civil española dispone ahora, gracias a Internet, de un potente medio para recuperar el terreno perdido con sus homólogas anglosajonas, y esta es una oportunidad que no se debe dejar pasar, máxime en la situación de profunda crisis económica que atravesamos.

Efectivamente, la crisis económica que se inició allá por el verano de 2007, y cuyos efectos sobre la economía española han sido y continúan siendo devastadores, ha devenido en una crisis estructural que está poniendo en cuestión pilares de nuestra sociedad que hasta ahora se habían considerado inmutables. Desde el mantenimiento del estado del bienestar hasta la estructura administrativa, todo ha pasado a ser cuestionado y cuestionable. Surgen voces que califican de insostenible el esquema vigente de protección social, que plantean la quiebra del modelo de atención sanitaria universal y gratuita al que apuntaba la Ley General de Sanidad de 1986, que tildan de hipertrófica, endogámica e ineficiente la estructura administrativa surgida del desarrollo del estado autonómico, que consideran inviable un sistema de más de cien mil normas jurídicas en no pocas ocasiones contradictorias entre si y cuya aplicación es imposible garantizar, y así con tantos y tantos otros aspectos sobre los que se ha abierto la temporada de caza tras años de veda absoluta. La crisis tiene como efecto colateral positivo, ¿quizás el único?, la apertura al debate incluso de aspectos que algunos consideraban “atados y bien atados” en su propio beneficio. Y en esta ocasión la sociedad civil dispone de los medios necesarios para participar activamente en dicho debate, para organizarse y expresarse de forma ágil y eficaz, en detrimento del anterior monopolio de partidos políticos, grupos de presión y medios de comunicación, con sus lastres de servidumbres, clientelismo, intereses y corrección política.

La crisis económica llegará a su fin, como sucedió con todas las anteriores, y de ella saldremos quizás con otra estructura económica más competitiva, quizás con un ordenamiento jurídico más racional, quizás con una estructura administrativa más eficiente y más centrada en el servicio público. O quizás no. Pero la oportunidad de salir de ella con una sociedad civil más influyente, fuerte y estructurada, desarrollada a lomos de la Sociedad de la Información, no podemos desaprovecharla.