«Liberalización» del sector eléctrico

A riesgo de ser quemado en la hoguera por el inquisidor de turno y extralimitándome de los conocimientos adquiridos en mi formación universitaria que, parece ser, en opinión de algunos expertos, es la que concede licencia administrativa para opinar sobre un tema específico, voy a tomarme la libertad de escribir acerca del rotundo fracaso que ha supuesto la anunciada a los cuatro vientos liberalización del sector eléctrico.|

Hace veinte años la Comisión Europea con el fin de crear un mercado libre europeo en sectores estratégicos como eran: el energético, las comunicaciones, el transporte, etc. tomó la iniciativa legislativa y presentó al Consejo y al Parlamento Europeo un conjunto de directivas comunitarias que, después de sus correspondientes trámites fueron aprobadas y se hicieron de obligado cumplimiento en los Estados miembros.

En España y en lo que se refiere al sector eléctrico, la primera disposición legal que, teóricamente, estableció la liberalización fue la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, pero tuvieron que pasar diez años de práctica inactividad hasta que se promulgó la Ley 17/2007, de 4 de junio (BOE 05/07/2007) que define las líneas generales para llevar a cabo esta liberalización. Posteriormente, otras disposiciones legales entre las que destaca el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, desarrollaron y concretaron estas medidas. Se estableció el 1º de julio de 2009 como fecha de salida para el inicio del proceso.

Hasta ese momento, las compañías eléctricas gestionaban en su totalidad la distribución y el suministro de la energía y eran por tanto con las que contratábamos nuestro servicio. A partir del 1º de julio hay que distinguir entre la compañía distribuidora que es la que opera, mantiene la red, repara las averías y efectúa la lectura del contador, y la compañía comercializadora que es la que nos vende la electricidad y por tanto con la que debemos contratar el servicio.

Se ha establecido la denominada Tarifa Último Recurso (TUR) que es fijada y revisada por el gobierno cada seis meses y se ha creado el Bono Social al que pueden acogerse los colectivos más desfavorecidos (parados, pensionistas con pensión mínima, familias numerosas, etc.). Este Bono garantiza la congelación de la TUR durante dos años. Los requisitos exigidos para optar a esta opción se van endureciendo con el paso del tiempo.

Dejando al margen los grandes clientes que gozan de un trato individualizado, los consumidores han quedado agrupados en dos categorías. En la primera, se encuentran aquellos que tienen una potencia contratada superior a 10 Kw que, en líneas generales son las pequeñas empresas y los particulares que tienen instalados en sus domicilios aparatos electrodomésticos de consumo elevado como pueden ser placas vitrocerámicas, equipos de aire acondicionado, etc. Estos consumidores tienen que acudir obligatoriamente al mercado libre y contratar el servicio con la empresa comercializadora que estimen más ventajosa. 

En la segunda categoría están los consumidores cuya potencia contratada es inferior a 10 Kw que pueden optar por acogerse a la TUR o acudir al libre mercado.

De los 25 millones de contratos existentes, podemos estimar que en torno a los 7 millones se encuentran en el primer grupo y los 18 millones restantes en el otro.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), como ente regulador de los sistemas energéticos, quedó encargada de elaborar informes periódicos sobre la evolución de este proceso.

Hasta aquí y explicado de forma resumida el marco legal en el que debería haberse producido la liberalización del sector.

Próximos a transcurrir dos años desde su inicio el resultado no puede ser más desolador para el consumidor.

En un principio se pensaba que saldrían al mercado al menos una treintena de comercializadoras, independientes de las distribuidoras, que, como ha sucedido en el sector de las comunicaciones ofrecerían al consumidor una amplia gama de ofertas entre las que éste pudiera escoger la más conveniente para sus intereses en virtud de sus necesidades. Esta circunstancia no se ha producido y las comercializadoras existentes, ligadas directa o indirectamente a las empresas distribuidoras, han pactado, supuestamente, unas bases mínimas que todas han aceptado y aplicado por lo que las diferencias entre las ofertas de las distintas comercializadoras son insignificantes.

Las organizaciones de consumidores han realizado estudios comparativos y han llegado a unas conclusiones bastante deprimentes. Para un consumo anual medio bajo (3000 kilovatios hora) el ahorro entre la oferta más cara y la más económica se cifra en 8 euros al año y para un consumo anual medio alto (8000 kilovatios hora) este ahorro se cuantifica en 20 euros/año.

A ello hay que añadir el reiterado incremento de las tarifas que el gobierno viene aprobando periódicamente y que ha supuesto en este periodo de tiempo una subida superior al 10% en la factura eléctrica.

La propia CNE ha reconocido en sus informes periódicos que no se ha conseguido la finalidad perseguida y ha creado una página web cuya dirección es: www.comparador.es en la que cualquier ciudadano puede consultar en virtud de su situación particular cual es, en ese momento, la oferta más ventajosa. Mi consejo es no molestarse en hacer este trámite pues el resultado del mismo puede ocasionarle alteraciones cardíacas al interesado.

Este fracaso, reconocido por todos los estamentos implicados, oficiales y privados, ha abierto un debate entre UNESA, la CNE y el propio gobierno que no saben como actuar al respecto, debido a la complejidad de un sector que viene arrastrando desde hace bastante tiempo serios problemas estructurales y que nadie se atreve a acometer de forma decidida.

Lo aquí expuesto referente al sector eléctrico puede aplicarse al gasístico y al de carburantes que se rigen por los mismos comportamientos monopolísticos encubiertos bajo una apariencia de libre mercado.

Energía nuclear ¿Peligrosa o politizada?

Desde hace varios años, los ciudadanos venimos padeciendo, periódicamente y por motivos económicos, intoxicaciones informativas relativas a sucesos puntuales que, con el paso del tiempo, se ha comprobado su falsedad o por lo menos su falta de rigor. De todos son conocidos, los casos de: las “vacas locas” que a punto estuvo de arruinar el sector ganadero; las armas químicas de Irak, que fue la excusa para que las petroleras americanas se hicieran con la explotación del petróleo iraquí; la “gripe aviar” que, igualmente, dañó gravemente el sector avícola, y finalmente, la “gripe A” que permitió a las multinacionales farmacéuticas vender millones de vacunas que, curiosamente, tenían preparadas. Lamentablemente en estos casos, la OMS se prestó a este juego aunque perdiese gran parte de su credibilidad.|

El terremoto de Japón ha dado lugar a una nueva campaña de desinformación y alarmista en contra de la energía nuclear, en este caso por motivos políticos y en base a un ecologismo mal entendido que voy a intentar clarificar en estas líneas.

Con el fin de facilitar al lector la comprensión de este complejo sector, aunque científicamente no sea muy ortodoxo, me voy a permitir agrupar en cuatro clases los tipos de energía que pueden atender la demanda energética de un país:  

* Hidráulica

* Térmica (carbón, gas, petróleo, etc.)

* Renovables (eólica, solar, etc.)

* Nuclear

La energía hidráulica es la más económica y no contamina, pero, lamentablemente, las condiciones orográficas y climatológicas de nuestro país limitan su explotación. Podrían construirse minicentrales que ¡ncrementarían levemente la producción energética.

La energía térmica es, con diferencia, la más contaminante de todas. Una central térmica emite a la atmósfera partículas de elementos pesados que contienen más radioactividad que las nucleares. Además queman carbón, gas o petróleo, liberando toneladas de CO2 que provocan lluvias ácidas dañinas para la vegetación y para los seres humanos con dificultades respiratorias. Contribuyen asimismo al cambio climático que tanto preocupa en la actualidad. En este punto es conveniente decir que China inaugura una central térmica cada mes, vulnerando el Protocolo de Kyoto que, por cierto, no rubricó. Es llamativo comprobar el silencio del ecologismo internacional ante este comportamiento.

Las energías renovables, sobre todo la de origen solar que incluye: termosolares, fotovoltaicas y termoeléctricas, se encuentran todavía en fase de desarrollo incipiente y tienen por un lado, el grave problema de su elevado coste y por otro, la imposibilidad de gestionarlas, pues son intermitentes, es decir, se producen cuando la naturaleza quiere y no cuando se necesitan. Para solucionar este problema se suelen asociar a pequeñas centrales térmicas. Tampoco resulta muy ecológico ver nuestros montes poblados de grandes molinos artificiales que dañan la visión de cualquier paisaje.

Finalmente, la energía nuclear es la única fuente inagotable que podrá atender las demandas energéticas de la humanidad en un futuro y además no contamina. Es atacada por sectores ecologistas por su supuesta inseguridad y por el problema de sus residuos.

A fin de dar respuesta a este ataque voy a describir brevemente el proceso de producción y el esquema constructivo de la central de Fukushima, principal afectada por el terremoto de Japón.

Los reactores son similares a una olla a presión. El combustible nuclear (óxido de uranio) calienta el agua que entra en ebullición y se transforma en vapor que impulsa las turbinas para producir electricidad. El vapor de agua se enfría nuevamente, se convierte en agua y comienza de nuevo el ciclo productivo.

El combustible se almacena en barras selladas que están protegidas por un envoltorio de aleación de circonio que constituye el primer sistema de confinamiento.

Las barras a su vez forman paquetes que es lo que se llama el “núcleo” que se inserta dentro de una vasija a presión que constituye el segundo sistema de confinamiento.

Todo el reactor (vasija, tubos y refrigerante) se envuelve en una burbuja hermética de acero y cemento que es el tercer sistema de confinamiento.

Finalmente todo el conjunto está rodeado por el edificio del reactor que es como una concha protectora que le aísla totalmente del exterior.

En Fukushima, a pesar de la magnitud del terremoto, cinco veces más potente que cualquiera de los sufridos por Japón a lo largo de su historia, solamente se han dañado seriamente el edificio y el tercer sistema de confinamiento y las fugas han sido mínimas.

Fue el tsunami posterior el que se llevó por delante todos los dispositivos de refrigeración e hizo que los técnicos tuvieran que trabajar denodadamente para enfriar el sistema. Las célebres nubes radioactivas eran simplemente vapor de agua liberado por los operarios para controlar la presión interna. Con la información disponible puede afirmarse que en ningún momento hubo riesgo de explosión ya que los sistemas de confinamiento (primero y segundo) permanecieron intactos.

Este accidente no es en absoluto comparable con lo ocurrido en Chernobil donde se estaba fabricando plutonio con fines militares y ni el sistema productivo ni las características de las instalaciones cumplían los requisitos mínimos exigidos para una central nuclear.

Como resumen de lo expuesto, me atrevería a afirmar que el accidente de Fukushima ha servido, en contra de lo que pretendían los medios informativos, para reafirmar la credibilidad de este tipo de instalaciones, si bien con un control muy exhaustivo por parte de los organismos nacionales e internacionales competentes.

El tocino y la velocidad: las medidas de ahorro energético

Las medidas de ahorro energético que ha aprobado recientemente el gobierno socialista recuerdan la célebre anécdota de la familia aristocrática que encontrándose al borde de la ruina económica, la marquesa adopta una medida drástica y dolorosa para resolver el problema cual es suprimir el chocolate que todos los días da al loro para merendar. En este caso,  Miguel Sebastián representa el papel de la marquesa|.

El Sr. Rubalcaba al anunciar, en rueda de prensa, estas medidas, valoró en un 15 % el ahorro que se produciría en nuestra factura energética. A los pocos días, el Sr. Blanco afirmó que este ahorro podría cuantificarse en torno a un 8%, y finalmente, el Sr. Sebastián dejó este porcentaje en un 2%. Lo que prueba la alegría y falta de rigor con que actúan y se manifiestan nuestros gobernantes. Estudios realizados por centros y organismos especializados y más serios han cuantificado el ahorro en menos de un 1%. ¿Merece la pena esta limitación cuando países de nuestro entorno van en dirección contraria, es decir, incrementar el límite de velocidad? Parece que no. Se trata de una prueba más de la desorientación de la toma de decisiones que en su deambular errático está llevando al país a una situación económica muy preocupante.

Lo que se viene demandando a la clase política desde hace muchos años es la elaboración de un Plan Energético Nacional que aborde la carencia de recursos de nuestro país y planifique las actuaciones futuras, teniendo en cuenta que desde que se pone en marcha deben transcurrir al menos ocho años para que las primeras instalaciones estén operativas. Por lo que se refiere a la limitación de velocidad en las autopistas y autovías, cabe  hacer los siguientes comentarios:

1º.- De los 27 países de la Unión Europea, solamente Malta, que carece de autopistas, tiene este límite de velocidad. En Holanda y el Reino Unido están estudiando elevarlo a 130 Km/h para mejorar la competitividad.

2º.- Se trata, simple y llanamente, de una medida recaudatoria al incrementarse sustancialmente la cuantía de las sanciones.

3º.- No siendo jurista, me planteo la legalidad de que por medio de un real decreto se modifiquen las condiciones establecidas en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre para modificar los supuestos que dan lugar a sancionar el comportamiento de un conductor.  

4º.- Los cinemómetros (radares de tráfico) son los instrumentos encargados de medir la velocidad de los vehículos a motor. Estos aparatos están sujetos a los controles metrológicos establecidos en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y desarrollados en la Orden ITC/3123/2010 de 26 de noviembre.

5º.- Estos controles de acuerdo con lo establecido en el artículo 143.12 de la Constitución Española y en las Sentencias 100/1991, de 13 de mayo, y 236/1991, de 12 de diciembre, del Tribunal Constitucional, deben ser realizados por los servicios competentes de las Comunidades Autónomas.

6º.- En la mencionada Orden se considera que los errores de estos equipos de medida son del ± 7%, por lo que con los límites actuales de velocidad no se puede sancionar a un conductor que circule a 118 Km/h.

7º.- A este error hay que añadirle el correspondiente al velocímetro (cuenta kilómetros) del vehículo que se considera es de un 5% y que en buena lógica debe sumarse al del instrumento de medida.

8º.- Todos los cinemómetros deben superar una verificación periódica anual, es decir, su periodo de utilización es de un año a contar desde la fecha de la última verificación y deben estar perfectamente identificados con sus correspondientes números de instrumento y antena.

9º.- Un conductor sancionado, antes de proceder al abono de la multa, aunque pueda disfrutar de un descuento en su cuantía (esa es la trampa) debe constatar fehacientemente que la velocidad medida por el cinemómetro supera los límites indicados y que este instrumento se encuentra en situación legal, es decir, ha superado satisfactoriamente los controles indicados y éstos han sido realizados por los organismos competentes. 

Espero y deseo que esta información pueda ser de utilidad para todos los conductores que se sienten sometidos a un acoso administrativo y económico.

El cuento de los contadores eléctricos

Dentro del proceloso mundo de las tarifas eléctricas que solo los especialistas pueden entender y desbrozar, se encuentran, aunque apartados del debate político, los contadores eléctricos. Estos instrumentos dedicados a medir el consumo de energía eléctrica de un circuito, o dicho en términos más científicos, con la función de integrar en el tiempo la potencia eléctrica consumida por el cliente, son los que sirven de base para que las empresas facturen a sus abonados el importe del consumo efectuado, por tanto elemento fundamental en este mercado de la energía.

A principios de los años noventa y con el fin de estudiar la situación del parque de contadores eléctricos en nuestro país, se celebraron una serie de reuniones, a nivel técnico, entre representantes de: UNESA, organización que agrupa a todas las compañías eléctricas; el Centro Español de Metrología, organismo de la Administración General de Estado, encargado de velar por la corrección de las medidas en todos los instrumentos; y los fabricantes de contadores eléctricos. Como resultado de las mismas se elaboró, por consenso, un Informe que fue remitido a las autoridades competentes, en el que los principales puntos a destacar eran:

a) La edad media del parque nacional de contadores era de más de veinte años, lo que superaba con creces lo aconsejado por los expertos en la materia para garantizar la corrección de las medidas.

b) Se consideraba necesario proceder a una sustitución del parque en un plazo de tiempo no superior a diez años. Esta operación, dado su elevado coste, debería ser subvencionada, en el porcentaje que se estimase oportuno, con dinero público.
c) El cliente tendría la opción de elegir entre adquirir el nuevo contador o seguir en régimen de alquiler, y por supuesto, sin coste alguno para él.

Posteriormente, la Disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, instaba a la Comisión Nacional de la Energía a presentar, en el año 2007, a la Dirección General de Política Energética, un Plan para llevar a cabo esta sustitución obligatoria de los contadores, en un plazo de diez años. Hasta la fecha no se conoce la situación real de este proyecto, pero parece ser que va con un cierto “retraso”.

Es decir, han transcurrido veinte años desde la primera iniciativa y las compañías eléctricas siguen obstaculizando, en connivencia con el gobierno de turno, la realización de este trabajo, necesario para garantizar los derechos de los abonados.

Por otra parte, las compañías eléctricas cobran a sus clientes una media de 8 euros/año en concepto de alquiler del contador, cuando su precio en el mercado oscila alrededor de los 30 euros. Ello supone que el cliente, en cuatro años, ha pagado el contador y a partir de ahí el cobro del alquiler es un ingreso neto para la empresa eléctrica.

Podemos estimar que en nuestro país habrá un total de 20 millones de contadores instalados, lo que supone un ingreso extra de 160 millones de euros para estas empresas.
Además si un abonado pretende adquirir el contador en propiedad, se encuentra con una serie de obstáculos burocráticos casi insalvables y por fin cuando consigue superarlos, la guinda final es que la compañía le cobra, en concepto de enganche, una cantidad próxima a los 10 euros. Igualmente, si es la propia compañía distribuidora la que decide la sustitución del contador que tiene instalado por otro nuevo, también le factura al abonado esta cantidad, aunque como es lógico ya estaba conectado a la red.

La supuesta liberalización del mercado de la energía es una operación más de maquillaje frente a la opinión pública, ya que las compañías han pactado, ante la pasividad de la Comisión Nacional de la Competencia y de los correspondientes gobiernos, unas condiciones similares para todos los clientes, a pesar de las campañas publicitarias que intentan desvirtuar una realidad incontestable.

Internet y el proteccionismo económico

Una de las características del contexto económico globalizado en el que operan las economías abiertas es el fenómeno de la deslocalización. A través de la deslocalización, la producción de bienes y servicios se traslada a lugares en los que los costes de producción son menores, y por tanto los productos pueden ofrecerse al mercado con precios más competitivos o, alternativamente, con mayores márgenes.

En el caso de los bienes, se deslocaliza la producción de aquellos cuyas estructuras de costes lo justifica. El caso más evidente es el de la mano de obra. Si la mano de obra en China es sensiblemente más barata que en España, se deslocaliza a China la producción de bienes en cuya estructura de costes la mano de obra tiene un peso significativo. En cambio, hay otros bienes que no se deslocalizan porque la mano de obra supone un porcentaje pequeño del coste de producción, y los costes logísticos y de importación asociados a la deslocalización hacen que el producto resultante no sea competitivo frente al producido cerca del mercado de consumo. Este es el caso por ejemplo de la fabricación (o, mejor dicho, del ensamblaje) de ordenadores, en los que la mano de obra supone un coste marginal. Otro factor que puede estimular la deslocalización, aunque se cite menos, es el coste de la energía en aquellas actividades intensivas en su empleo. Una economía en la que la energía que se incorpora a los procesos productivos es más cara que en otros países pierde competitividad frente a estos, igual que si sus costes laborales son mayores. Este es un tema interesante para otro post, ahora que el debate sobre la reforma laboral está candente, mientras que al mismo tiempo se incrementa el coste de la energía de forma sustancial.

En el caso de los servicios, que por definición se producen al tiempo que se consumen, la deslocalización es más difícil. No cabe pensar que una peluquería se vea amenazada por una eventual competidora ubicada en China, por barato que sea el corte o el tinte en ésta última. Sin embargo, hay servicios que sí son deslocalizables: aquellos que se pueden digitalizar. Si un servicio puede ser entregado en forma de bits, las redes de telecomunicaciones permiten que sea producido en las antípodas, y consumido al tiempo que se produce. Baste citar como ejemplos la formación a distancia o e-learning, en la que los contenidos formativos son digitalizados y entregados a través de Internet; los servicios de atención telefónica, en los que lo que se digitaliza es la voz; los servicios de diagnóstico médico por imagen, en los que se digitaliza la imagen médica para que sea informada por el especialista; los servicios de entrega de vídeo o de música; y así tantos y tantos ejemplos. En todos los casos el proveedor del servicio puede estar a tres manzanas de nosotros o en el otro extremo del mundo, sin que ello nos interese o afecte a la calidad del servicio que recibimos.

Recientemente se han alzado voces reclamando una limitación al flujo de la información a través de Internet, concretamente en lo que se refiere a la localización de datos personales en servidores fuera del territorio nacional. Es, sin duda, un debate interesante, pero que por su facilidad para ofrecer titulares más o menos demagógicos conviene centrar. Y al centrarlo descubrimos que un planteamiento de esta naturaleza no es sino una propuesta proteccionista, equivalente a limitar la libre circulación de mercaderías, o a establecer aranceles. Los bits que a través de las redes de comunicaciones atraviesan nuestras fronteras administrativas representan actividad económica. Son las mercancías de los negocios de la nueva economía del conocimiento, el soporte de servicios digitalizados que se prestan o consumen en nuestro país con destino o procedencia en otros. Limitar su circulación equivale a cercenar las posibilidades de creación de riqueza y de incremento de la competitividad asociadas al empleo de las Tecnologías de la Información. Tengamos esto bien presente y, ahora sí, una vez centrado, demos paso al debate.

Sociedad Civil y Sociedad de la Información

La sociedad civil, como manifestación de la responsabilidad de los ciudadanos hacia la sociedad en la que viven y expresión de la libertad individual aplicada a la mejora de la convivencia y al progreso social, constituye el principal valladar frente a lo que Tocqueville diagnosticó como uno de los grandes riesgos de las democracias: el despotismo democrático; es decir, la deriva despótica de los Estados, que tienden a extender su influencia sobre la sociedad en su conjunto, a través de un exceso de normas que, más allá de garantizar la prestación de los servicios públicos, instilan ideas y valores en las personas, aletargan las voluntades, coartan la iniciativa y restringen la capacidad de emprender y de crear.

En el mundo occidental, la sociedad civil destaca por su fortaleza en los países anglosajones: Estados Unidos y Gran Bretaña. También las naciones del norte de Europa presentan una sociedad civil vertebrada e influyente. Lamentablemente, conforme nos aproximamos al Mediterráneo, la sociedad civil se desdibuja y pierde predicamento. En España, la sociedad civil ha sido especialmente débil. La casi omnipresencia de los poderes públicos en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos durante buena parte del siglo XX ha mantenido la actividad de los movimientos cívicos, profesionales o asociacionistas de cualquier naturaleza en niveles muy restringidos. La transición a la democracia no puso adecuado remedio a esta situación, al mantenerse la hipertrofia de los poderes públicos, y añadirse a la misma el concurso de unos partidos políticos organizados en estructuras sujetas por mecanismos de férrea disciplina interna que dificultan la ascensión de ideas e iniciativas propuestas desde sus bases. Sin embargo, en esta ocasión un cambio tecnológico puede ofrecernos una nueva oportunidad para que la sociedad civil española alcance su madurez en un breve lapso de tiempo.

Los instrumentos que la Sociedad de la Información pone a nuestra disposición permiten nuevas formas de organización y expresión de la sociedad civil. La disponibilidad casi universal de Internet, con la posibilidad de acceder a información y a opinión de muy variadas fuentes; pero también de aportar nueva información o de expresar la propia opinión, supone un cambio disruptivo en la forma de comunicarse, de compartir información, de participar y de crear opinión. Se diluye así el papel de intermediarios de la información y de formadores de opinión de los medios de comunicación tradicionales, que pierden este valioso monopolio en beneficio de una miríada de blogs, páginas web y redes sociales a través de las que organizaciones o individuos de la más variada condición reclaman un espacio de expresión directa.

Existe, sin duda, el riesgo de que sea prácticamente imposible discernir la información veraz de la que no lo es, o de la mera desinformación. No es menor el peligro de que surjan supuestos líderes de opinión, con amplio seguimiento por parte de los internautas menos avisados, que se arroguen una representatividad que no ostentan y, en realidad, se muevan por intereses espurios. Sin embargo, el balance es netamente positivo, y blogs como este constituyen un buen ejemplo de ello. La atrofiada sociedad civil española dispone ahora, gracias a Internet, de un potente medio para recuperar el terreno perdido con sus homólogas anglosajonas, y esta es una oportunidad que no se debe dejar pasar, máxime en la situación de profunda crisis económica que atravesamos.

Efectivamente, la crisis económica que se inició allá por el verano de 2007, y cuyos efectos sobre la economía española han sido y continúan siendo devastadores, ha devenido en una crisis estructural que está poniendo en cuestión pilares de nuestra sociedad que hasta ahora se habían considerado inmutables. Desde el mantenimiento del estado del bienestar hasta la estructura administrativa, todo ha pasado a ser cuestionado y cuestionable. Surgen voces que califican de insostenible el esquema vigente de protección social, que plantean la quiebra del modelo de atención sanitaria universal y gratuita al que apuntaba la Ley General de Sanidad de 1986, que tildan de hipertrófica, endogámica e ineficiente la estructura administrativa surgida del desarrollo del estado autonómico, que consideran inviable un sistema de más de cien mil normas jurídicas en no pocas ocasiones contradictorias entre si y cuya aplicación es imposible garantizar, y así con tantos y tantos otros aspectos sobre los que se ha abierto la temporada de caza tras años de veda absoluta. La crisis tiene como efecto colateral positivo, ¿quizás el único?, la apertura al debate incluso de aspectos que algunos consideraban “atados y bien atados” en su propio beneficio. Y en esta ocasión la sociedad civil dispone de los medios necesarios para participar activamente en dicho debate, para organizarse y expresarse de forma ágil y eficaz, en detrimento del anterior monopolio de partidos políticos, grupos de presión y medios de comunicación, con sus lastres de servidumbres, clientelismo, intereses y corrección política.

La crisis económica llegará a su fin, como sucedió con todas las anteriores, y de ella saldremos quizás con otra estructura económica más competitiva, quizás con un ordenamiento jurídico más racional, quizás con una estructura administrativa más eficiente y más centrada en el servicio público. O quizás no. Pero la oportunidad de salir de ella con una sociedad civil más influyente, fuerte y estructurada, desarrollada a lomos de la Sociedad de la Información, no podemos desaprovecharla.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. El gran negocio de Internet y los juegos de suma cero

Dentro de los postulados de una rigurosa rama de la Matemática, bastante joven pues nació durante la primera mitad del S.XX, y cosechadora de muchos éxitos, pues muchos Premios Nobel de Economía se han valido de sus postulados para sus trabajos, existe uno muy conocido, intuitivo, y quizá el más simple de todos ellos y que más o menos cualquier mortal lleva en su mente, aunque nos conduzca a procesos de no siempre fácil resolución: Procesos de Suma Cero.

Esto es, dinámicas de mercado, o económicas, o sociales o políticas, en las cuales lo que uno de los participantes gana, el otro u otros lo pierden, de modo que el cómputo global de aquello que está en juego no varía. Las posibilidades, o variaciones para dar resolución a un proceso de suma cero cuando tenemos dos o más contendientes, son infinitas, y la complejidad crece enormemente cuando sobrepasamos el número de dos. Si analizamos con cierta profundidad el mundo de la nueva economía, la economía basada en el conocimiento, la e-economia, no resulta difícil ver que es un proceso de suma cero. Esto es, los recursos, los “inputs” económicos son más o menos una constante que no varia, siempre que las tecnologías en juego sean razonablemente estables o previsibles, y cambien gradualmente.

En la economía electrónica, basada en Internet ¿quiénes son entonces los agentes que están luchando por obtener una parte cada vez mayor de esta tarta que, por razones estrictamente económicas parece ser de tamaño constante? Estos actores económicos podrían dividirse en tres: proveedores de tecnología natos (Google, Microsoft, Apple, etc.); por otra parte nos encontraríamos los proveedores de productos y/o servicios (Amazon, eBay, compañías de comercio electrónico, etc.) y por último, lo más innovador y lo que está trastocando todo el esquema de la aldea global, los recolectores de perfiles (Facebook, Tuenti, …) o redes sociales, como actualmente se les denomina.

Estos tres agentes, deberían tener sus parcelas de actuación muy marcadas, y moverse dentro de esos claros linderos. Pero vemos que esto no es así. ¿Por qué? Pues porque en estos procesos de suma cero, se trata de obtener beneficio a costa del otro, pero del otro que realiza una especialidad distinta a la tuya. Serían las interacciones entre sectores económicos diferentes, pero implicados. Por ejemplo, vemos que Amazón (proveedor de servicios), comercializa su propio lector de libros electrónicos (acto de proveer tecnología) llamado Kindle. Facebook, recolector de perfiles, y de los cuales existe un mercado comprobado (cuando hablamos de perfiles, hablamos de identificación del usuario, gustos de compra, preferencias sociales, amistades, etc.) ha presentado recientemente su propio correo electrónico (puro acto de prestación de tecnología), o bien Apple (proveedor tecnológico), está cosechando pingües beneficios gracias a su app-store (venta o prestación de servicios). Ya los hizo cuando contrató en exclusiva con algunas discográficas los derechos de descarga sólo para ser escuchadas en sus aparatos, de los catálogos de las canciones de aquellas. Como decíamos, el actual éxito de Apple, su app-store no es más que la tienda virtual en Internet, en la cual gracias a un módico precio se pueden descargar pequeñas aplicaciones informáticas que hacen que tus aparatos de Apple (exclusivamente de Apple) puedan ejecutar ciertas utilidades o programas de un notable y considerable valor añadido, como es visualizador de periódicos en tu teléfono móvil, buscador de imágenes, etc. Hay centenares de ellas.

La cuestión clave en este litigio es la siguiente: si a la vista está que en la pugna por un trozo mayor de esta tarta las empresas realizan procesos de integración vertical (se integran económicamente parcelas económicas que no son las suyas propiamente, y con cierto grado de exclusividad) ¿por qué se abre expediente informativo al creador del “todo gratis” en Internet por un presunto abuso de posición dominante? ¿Por qué no son investigados más en profundidad estos procesos de integración económica excluyente?
Siempre se ha dicho que la protección de la Propiedad Intelectual fomenta la Investigación y el Desarrollo (y es cierto, está sobradamente demostrado), pero este laissez faire en procesos de integración vertical ¿fomenta la Investigación, la Innovación y el Desarrollo? ¿o fomenta sólo la inteligencia de ciertos negocios? El debate permanece abierto.