El (escaso) respeto del legislador y sus consecuencias

Leo algunas partes de la reciente Ley 2/11 de Economía Sostenible, y encuentro más de lo mismo. Regulación confusa y abstrusa, que no se sabe cómo coordinar con la legislación anterior. Lo paradójico es que introduce un capítulo para la “mejora de la calidad de la regulación” estableciendo una serie de principios que, a continuación, viola sin más a lo largo de su articulado. Como Fernando e Ignacio Gomá nos advertían (aquí), sorprende que una ley tan compleja y extensísima, más de 200 páginas de BOE, modificadora de más de otras cien leyes, establezca su entrada en vigor ¡al día siguiente de su publicación!|

Los notarios, como otros muchos operadores y sectores, hemos sufrido con frecuencia ese trato que parece tender a generalizarse: cambios legales complejos y que implican una profunda adaptación entran en vigor sin vacatio legis alguna. Se nos exige un inmediato conocimiento y aplicación de las nuevas normas como si estuviéramos dotados de superpoderes.

No sé cuál es el motivo de este tratamiento. Si se debe a la arrogancia de un legislador que desprecia las dificultades de los regulados, si es por la pura negligencia de no pararse a pensar sobre ello, o si se debe a la irresponsabilidad de estar más preocupado del efecto propagandístico de la nueva regulación que de su efectivo cumplimiento. Probablemente haya una combinación de todo ello. Pero este proceder, además de colocar a los destinatarios en una situación de involuntario y prácticamente inevitable incumplimiento, tiene otro grave efecto: la desafección social hacia la ley formal. Es difícil que si la ley no se toma en serio a sí misma, y así actúa cuando pide imposibles, vaya a ser tomada en serio por los ciudadanos y operadores que deben cumplirla.

La conciencia social supone un factor trascendente que debe atender un legislador responsable que mire al largo plazo. Explica por qué la ley se cumple de forma tan distinta en países diferentes.

En los países que gozan de un modelo social más avanzado, la conciencia social actúa reforzando las normas formales, pues en ella anida una fuerte convicción de legitimación tanto del poder público como de las normas que de él surgen. El incumplidor de la norma o del contrato no sólo recibirá la sanción legal, a la cual la sociedad en su conjunto colabora, sino también la reprobación social, como ocurre en el caso prototípico del defraudador de impuestos. Y la “realización del Derecho” resulta mucho más eficaz.

En otros, la situación es diferente. Por ejemplo, se sabe que ante una infracción de tráfico sorprendida por un agente de la ley cabe, o bien pagar la multa correspondiente, dando así pleno cumplimiento a la “institución formal” de la norma sancionatoria, o bien arreglar el asunto con un soborno al agente sustancialmente menor, habitualmente determinado por una tácita convención social: “lo acostumbrado”. Esta solución informal subsiste por ser apreciada no sólo por algunos dirigentes, que pueden así permitirse escatimar los sueldos de los policías, sino también por gran parte de la sociedad que agradece estas vías de “fácil solución”.

De esta forma, muchos incumplimientos encuentran comprensión y amparo social, y existe una convicción general de que ciertos temas, diga lo que diga la ley, se solucionan “de otra forma”. Convicción a la que, desde luego, no escapan ni los mismos jueces. En estos sistemas se genera un círculo vicioso de desconfianza recíproca entre poderes públicos y gobernados. Unos y otros relativizan la importancia del cumplimiento de las normas formales, y la “informalidad” campa a sus anchas.

Esta huída de la formalidad amparada por la sociedad puede tener raíces culturales, pero no cabe duda de que se desarrolla en gran parte como reacción frente a injusticias o ineficiencias de los sistemas normativos formales y de sus organismos de ejecución. Así, por ejemplo, la economía sumergida florece frente a burocracias asfixiantes o sistemas fiscales confiscatorios. O cuando el Estado no puede garantizar la seguridad, incluida la jurídica, pueden surgir las mafias para cubrir esta necesidad social.

Como notario, y como tal encargado de controlar y cumplir la legalidad en mi ámbito de actuación, me parece mucho más deseable un modelo desarrollado de formalidad. En abstracto, es un sistema mucho más beneficioso para el conjunto de la sociedad, pues la informalidad supone grandes costos adicionales de información y transacción ante la incertidumbre sobre si cada norma o contrato se va a cumplir o no y cómo(*).

Acercarse a este modelo requiere, desde luego, un funcionamiento eficaz y eficiente de los tribunales, y los organismos administrativos destinados a conseguir el cumplimiento de normas y contratos. Pero también un sistema de normas formales de calidad. Que cada regulación sea coherente, justa y proporcionada a la materia regulada, y que su existencia y alcance pueda conocerse sin dificultad.

Justo lo contrario que, de manera progresiva, está ocurriendo en España. La sociedad sufre un sistema legislativo hipertrofiado y de escasa calidad técnica, en ocasiones al servicio de fines distintos de los generales, y que crea demasiado a menudo verdaderos obstáculos al progreso social y económico. A menudo lo hemos denunciando en este blog. Los órganos legislativos se están convirtiendo en un factor decisivo de desafección social hacia el cumplimiento de la ley. En verdaderos cómplices del progresivo deterioro de nuestro estado de Derecho.

(*) Pueden destacarse los estudios de Douglass North, a partir de los años 90 del pasado siglo, sobre la enorme trascendencia económica de estos factores de informalidad, esenciales para medir la calidad de un sistema jurídico.

La floresta autonómica V. El bosquete de las Fundaciones.

Continuando con la serie de la Floresta autonómica,  un poco abandonada por la abundancia de noticias jurídicas relevantes, nos adentramos hoy en el bosquete de las Fundaciones autonómicas.|

Como ocurre en nuestra tupidísima floresta, disponemos de un amplio abanico de regulación estatal y autonómica sobre fundaciones. Aunque justo es reconocer que además de florecer la legislación autonómica sobre Fundaciones lo que ha florecido realmente es un tupido bosquete de Fundaciones autonómicas (había 409 en el año 2009) muchas de ellas públicas o para ser más exactos, financiadas o subvencionadas con dinero público aunque ostenten forma jurídica privada.

Referencia:

http://prensa.fundacionfaes.org/2011/01/INFORMEFAESESTADOAUTONOMICO.pdf

No he encontrado datos más actualizados, pero el bosquete fundacional autonómico como tantos otros parece sumamente robusto. Y el número de fundaciones no parece que guarde especial relación ni con el número de habitantes, ni con el PIB regional, ni con las competencias que se ejercen, ni en definitiva  con ningún otro dato objetivo o medible que lo justifique. Más bien parece que el bosquete está muy asilvestrado.

Así (siempre según el estudio más arriba referenciado) Andalucía tiene 44 Fundaciones autonómicas, Aragón 17, Asturias 5, Baleares 22, Canarias 12, Cantabria 11, Castilla y León 38, Castilla la Mancha 30, Cataluña 46, Extremadura 16, Galicia nada menos que 59,  Madrid 26, Murcia 21 y Navarra 11, la Rioja 8 y la Comunidad Valencia 42. Ceuta y Melilla no tienen ninguna. 

Volviendo a los aspectos jurídicos, la Constitución dedica a las fundaciones un artículo, el art. 34, donde se limita a reconocer el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Y vaya si hay leyes. Existe una ley general, la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, que desarrollan dos Reales Decretos, y otra Ley complementaria, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo con sus correspondientes desarrollos reglamentarios.

A partir de aquí, empezamos a contar las normas autonómicas ya que trece CCAA han desarrollado una normativa específica, siempre con posterioridad a la fecha de la Ley de Fundaciones del año 2002. Eso sí, es interesante destacar que no todas las CCAA que han realizado un desarrollo normativo lo han realizado en forma de Ley, algunas con  mejor criterio se han conformado con un Decreto, es decir, un Reglamento, como Aragón, Asturias y Baleares. Pero la mayoría tienen Ley propia, que para eso tienen un Parlamento, con su correspondiente desarrollo reglamentario (aunque también hay alguna como la Rioja que se ha quedado solo con la Ley).

Por cierto, no está de más recordar que pese a que, por lo menos en mi opinión, la regulación sobre las fundaciones es una competencia del Estado (art.149.8 Constitución) dado que se trata de legislación civil, salvo los aspectos relativos al control y supervisión de las Administraciones Públicas, la propia Ley de Fundaciones hace una interpretación restrictiva a favor de las CCAA como puede verse de lo dispuesto en su Disposición Final Primera:

 “DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Aplicación de la Ley.

1. Los artículos 2, 3.1, 2 y 3; 4; 14; 31 y 34.1 constituyen las condiciones básicas para el ejercicio del derecho de fundación reconocido en el artículo 34, en relación con el 53, de la Constitución, y son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1 de la Constitución.

  1. Los artículos 6, 7 y 37.4 son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1 y 8 de la Constitución.
  2. Los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.1 y.2, 18.1.2, y 4, 19.1, 22,1 y 2, excepto el último inciso 29.1, 2, 3 y 5, 30.1, 3 y 4, 32 y 42 constituyen legislación civil y son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8 de la Constitución, sin perjuicio de la aplicabilidad preferente del Derecho Civil Foral o Especial, allí donde exista.

3. Los artículos 17.3; 18.3; 21.3, segundo párrafo; 22.2, último inciso, 35.2 y 43, constituyen legislación procesal, y son de aplicación general al amparo del artículo 149.1.6 de la Constitución.

4. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las fundaciones de competencia estatal.”

En fin, ya sabemos que hace mucho que el Estado tiene síndrome de Estocolmo con las CCAA.  En cualquier caso, la ley general abre la posibilidad de que se regule en el ámbito autonómico aspectos relativos a las Fundaciones que van más allá de las normas administrativas relativas al ejercicio de las competencias de supervisión y control de las Administraciones Públicas sobre fundaciones de su ámbito competencial (es decir, las que solo ejercen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma respectiva, ya que las Fundaciones estatales son las que actúan en más de una Comunidad Autónoma). Las competencias administrativas se refieren básicamente a los registros autonómicos de Fundaciones y a los Protectorados autonómicos, pero abierta la posibilidad por la Ley estatal de regular otros aspectos a su guisa, lo suyo es que las CCAA acepten el reto, aunque (todo hay que decirlo) no todas han generado una norma con rango de Ley. Se han cortado Aragón, Baleares, Asturias, Cantabria y Extremadura, cuyos decretos regulan aspectos organizativos básicamente relativos al registro y protectorado de fundaciones, lo mismo que los decretos de las CCAA que sí tienen una Ley, por cierto.

Por otro lado, las fechas de las normas autonómicas, todas ellas muy recientes, llevan a la misma conclusión; primero han sido las fundaciones autonómicas y luego su regulación. La legislación general estatal ha sido suficiente durante muchos años para las fundaciones de todo tipo. Y también conviene apuntar a que la dispersión de registros (y protectorados) está llevando a una disparidad creciente en la interpretación de las normas que regulan el derecho de fundaciones, más allá de la existente en propias normas, para complicarlo todavía un poquito más.

La lista completa de la legislación autonómica puede consultarse aquí:

http://www.fundaciones.org/es/autonomica

Yo elijo a mi jefe. Reflexiones sobre el sistema de gobernanza de las Universidades españolas

Imagínese un sector de futuro de la economía española que moviese en torno a un 1% del PIB, con cerca de 200.000 empleados y con más de 1 millón y medio de clientes y en el que los empleados eligieran a sus jefes.|

Pues ese sector existe y se llama Universidades Públicas Españolas. Efectivamente, y como bien recoge nuestro compañero Jesús Fernández Villaverde de www.nadaesgratis.com en su post en el sistema universitario español es la propia comunidad universitaria la que elige a su máximo dirigente, el Rector según se describe en la Ley Orgánica de Universidades Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (B.O.E. 13/04/2007).

En el artículo 20 de dicha ley se establece que el Rector será elegido por el Claustro, o por la Comunidad Universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según se indiquen en los estatutos de cada universidad. Dado que el Claustro, también es elegido mediante sufragio universal, según se describe en el artículo 13, ambos métodos se basan en el mismo principio de funcionamiento.

El Rector es elegido por sufragio universal ponderado; somos democráticos, pero aún hay clases. Cada Universidad fija en sus estatutos la ponderación pero siempre con una mayoría de los profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad. El resto se distribuye entre el resto de profesores, personal de administración y servicios y alumnos. La proporción suele ser de algo más de un 50% para los profesores doctores con vinculación permanente, 10% para el resto de docentes e investigadores, 10% para el personal de administración y servicios y un 25% para los alumnos (sí, los alumnos también votan). Esto de los alumnos es algo así como si para nombrar al presidente de Telefónica pudiéramos votar los clientes de la operadora. Un argumento electoral clarísimo sería bajar los precios y otro mejorar el 1004. Más allá de eso creo que los clientes (alumnos) pocos argumentos tienen para decidir. Buena muestra de ello es que la media de votación de los alumnos en la universidad española está en torno al 10%. En cualquier caso, al ser ponderado, el 10% de  alumnos que votan acaban teniendo el 25% de peso en la elección. Si votase un solo alumno, ese alumno tendría un 25% de peso en la elección. Pero bueno… son matices sin importancia.

Pero el problema no acaba ahí, porque también los decanos de las facultades y los directores de departamento son elegidos por las juntas de facultad y el consejo de departamento respectivamente por lo que el mecanismo de elección de los “jefes” no se acaba en el Rector sino que sigue hasta el último rincón del sistema de gobierno de la universidad. Ya que somos democráticos, vamos a serlo hasta el final.

De cara a la galería este proceso democrático de elección de los líderes es visto como un sistema muy avanzado de gestión y los elegidos se muestran muy orgullosos de que sus compañeros (subordinados a partir de ese momento) les hayan elegido libremente frente a los retrógrados mecanismos de elección de un jefe por su mérito y capacidad. La próxima vez que volemos en un avión seremos más modernos y elegiremos democráticamente al piloto entre el pasaje a ver qué pasa. Como bien dice Jesús Fernández-Villaverde los gestores públicos deben ser nombrados por los poderes ejecutivos que son los que nos presentan al conjunto de los ciudadanos y no por los propios empleados públicos a los que gestionan.

Hay otro elemento que viene a pervertir todavía más este avanzado mecanismo de gestión y es que, normalmente, el Rector solo se puede presentar a 2 mandatos y es tradición universitaria reelegir al Rector a no ser que se haya pasado de la raya, es decir, que no haya contentado suficientemente a sus súbditos en el primer mandato. Y en la Universidad, el no salir reelegido, es vivido por los Rectores francamente mal, por lo que buen cuidado tienen de no pisar más callos de la cuenta en su primer mandato. Yo pensaba que entonces habría que esperar al segundo mandato de los Rectores para abordar los cambios profundos que exige la Universidad Española. Pero hete aquí que un prestigioso catedrático me sacó de mi error. El segundo mandato es para descansar del primero, que a estas alturas no nos vamos a meter en líos. El sistema universitario español es clientelar y endogámico (he conocido departamentos con más de 5 familiares, la inteligencia va en los genes) y el Rector, que luego tiene que volver a su facultad y a su departamento a recibir favores, prefiere que se tenga un buen recuerdo de él.

No obstante, estoy convencido de que la mayor parte de los Rectores españoles acceden a sus puestos cargados de buenas intenciones y con el mejor de los ánimos para tratar de mejorar sus maltrechas universidades. Pero el propio sistema que les encumbra a su cargo se convierte en el que les imposibilita llevar a cabo la mejora de fondo que se necesita. En primer lugar por el propio perfil de los Rectores. Que un catedrático de microbiología, o de filosofía comparada o de derecho procesal (por poner algunos ejemplos) extraordinario docente e investigador, vaya a ser un buen gestor de una organización de miles de personas y decenas de millones de euros de presupuesto no es algo evidente. Pero este es uno de los males menores, porque todo se puede aprender. El verdadero problema surge de los compromisos (muchas veces demagógicos) adquiridos por el Rector durante el proceso electoral para atraer a sus votantes, y que terminan condicionando consciente o inconscientemente todas las difíciles decisiones que el Rector debe tomar durante su mandato. Además el candidato a Rector se suele apoyar durante la campaña electoral en diversos personajes que tienen capacidad de influencia sobre los diferentes colectivos universitarios, personajes con los que se tiene una deuda y que acaban convirtiéndose en directores de orquesta en la sombra durante el mandato del Rector y que, desgraciadamente, no siempre se mueven por el interés común.

 Soluciones tan “ingeniosas” como que un doctor no pueda ser docente en la universidad donde se doctora, o que el Rector y los decanos sean gestores profesionales de Universidad elegidos por su mérito y capacidad por organismos o consejos de administración independientes y que estén fuera de la presión de los empleados universitarios quedan muy lejos en nuestro país, pero son lo habitual en las universidades más prestigiosas del mundo.

 Las consecuencias de este sesudo, moderno y avanzado mecanismo de elección de los líderes del sistema universitario español saltan a la vista y no hay más que acercarse a cualquier ranking medianamente serio de las universidades en el mundo para ver por donde andan (o mejor dicho por donde no andan) las universidades españolas. Sobre el día a día que yo viví cuando fui gerente de una universidad pública, puedo decir que el entorno laboral que genera este mecanismo diabólico de elección del jefe es imposible de gestionar. Me tenía que preocupar más de ir saludando con cara muy simpática por los pasillos a los “electores” que de hacer una gestión eficiente de los recursos materiales y de las personas a mi cargo.

Curiosamente muchos políticos y gestores universitarios echan pestes de este sistema de gobierno en privado pero luego… no hacen nada para cambiarlo. Es un sistema con profundos vicios en su funcionamiento pero a su vez con muchos intereses creados y con una gran capacidad de presión social y por eso nadie se atreve a meterle mano. Quizá debería plantearse el gobierno el militarizarlos, aunque creo que eso de elegir al capitán por votación todavía no ha llegado.

 En fin, que queda mucho por hacer; pero como me dijo un buen amigo, no esperes que el sistema universitario sea arreglado por sus propios inquilinos. La solución tiene que venir de fuera y con el panorama político que tenemos, creo que podemos esperar sentados. También tengo que decir que en la Universidad he conocido a algunas de las personas más brillantes y comprometidas (a la par que desilusionadas) con las que me he encontrado en mi trayectoria profesional pero también con algunos de los mayores chupópteros del sistema público. En apoyo de los primeros va este post.

Los estudios de Derecho: un cambio que nos compete a todos

La profesión del abogado requiere, en muchos momentos, de algunas cualidades que son difíciles de enseñar en la facultad de Derecho. La templanza, el saber insuflar confianza al cliente sin perder la inexcusable vis comercial o el aguantar las maratonianas jornadas en el despacho son cosas que, me temo, solo los años en la profesión te pueden mostrar. Pero es innegable, y con especial facilidad lo podemos apreciar quienes no terminamos nuestros estudios jurídicos sino hace poco más de un lustro, que la metodología de la enseñanza en nuestras facultades es algo vetusta y que clama al cielo su modernización.|

Se acostumbra a reservar para los masters y programas de posgrado ese enfoque eminentemente práctico, lleno de casos y de análisis de documentación tan real como la que encontraremos encima de nuestras mesas al graduarnos, destinando los años de facultad, que no son pocos, a un aprendizaje basado en el poco atractivo método del dictado de apuntes, las clases fundamentalmente magistrales y los exámenes cada seis meses. Lo anterior resulta especialmente desolador cuando nos paramos a analizar el excelente nivel que en el profesorado de las facultades de Derecho españolas atesoramos y, más aún, cuando de primera mano conocemos cómo, en muchos casos, ese profesorado se haya también desmotivado y con ganas de cambiar.

Ese necesario cambio requiere de un impulso definitivo y de una unidad de criterio entre los que rigen la rama jurídica de una universidad española que para todos es, innegablemente, nuestra mejor herramienta de creación de puestos de trabajo y de fomento de talentos jóvenes.

 Algunas iniciativas se han dejado sentir, algunas asignaturas optativas se han configurado con un enfoque más práctico e incluso algunas facultades de centros privados están apareciendo con innovadores y vanguardistas planes de estudios que en poco se parecen a lo que estamos acostumbrados. Y es sin duda necesario seguir por esa línea, antes que por la de filtrar el número de licenciados con más exámenes de acceso a una profesión que lo que necesita es de buenos y motivados profesionales.

No es admisible que nuestros jóvenes no vean casos prácticos, al fin y al cabo la realidad de una mágica y fantástica profesión como es la nuestra, hasta que estén ya trabajando y ya no sea momento para los experimentos con gaseosa. No nos podemos permitir que un estudiante de cuatro curso no conozca, más allá de la pura teoría, qué aspecto tienen los estatutos de una sociedad de capital o cómo se articula un acuerdo de junta de accionistas. No puede ser que las futuras generaciones no lean los hechos de una demanda hasta que ingresen en un despacho procesalista.

Con este método ya tan anacrónico, ¿cómo podrán descubrir su especialidad para una profesión que cada vez requiere más de ese expertise?, ¿cómo conocer cuál de las posibles salidas profesionales que ofrecen nuestros estudios nos atrae más? O, a mayor abundamiento, ¿cómo motivar a un claustro agotado de dar siempre la misma lección año tras año?

En la sociedad de la información en la que actualmente nos movemos, la mejor herencia que quienes enseñamos podemos transmitir a los alumnos es la de enseñar a razonar en la práctica, enseñar a leer y a escribir desde una perspectiva jurídica y, en definitiva, motivar a ser un buen profesional. Los textos legales, los mejores tratados y toda la información que fluye a cada minuto en la red estará siempre a su alcance. Pero nada de esto se puede encarar con garantías sin unas directrices previas.

Todos los que durante los últimos años hemos ido detectando estas carencias estamos en deuda desde ya mismo con las generaciones venideras. Los profesionales de la abogacía con la obligación de denunciar las principales debilidades que detecten en la base de los recién incorporados a sus despachos, los profesores para proponer nuevos métodos de docencia y esforzarnos por ampliar nuestros recursos para enseñar y las universidades, en fin, para revisar otros modelos que en países no tan lejanos al nuestro están formando a los abogados del Siglo XXI y tratar de adaptarlos lo mejor posible a nuestros planes de estudio.

Es un esfuerzo que a todos nos compete y que a la larga a todos nos beneficiará y enorgullecerá, cuando podamos contar con el asesoramiento y la ayuda de profesionales bien formados desde la base y con una concepción del mundo de la abogacía realista, práctica y moderna.

El abogado del Siglo XXI ya no nos debe sonar a película de ciencia ficción. A veces es bueno recordar, por si tememos el pasarnos de modernos, que del mencionado siglo nos hemos comido ya una década y que, por ende, ese que concebimos como el abogado del futuro ha de ser, sencillamente, nuestro abogado del presente.

Oportunidades de la crisis (grietas en los tótems)

Los que creemos en la necesidad y urgencia de que nuestro ordenamiento jurídico afronte importantes cambios, también nos preguntamos las posibilidades de éstos. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, advirtió sobre las dificultades con las que topa cualquier movimiento reformista. Los cambios, aunque sean de interés general, siempre van a encontrar la oposición activa de la minoría beneficiada por el status quo y, en contraste, rara vez van a ser apoyados por una mayoría que, aunque se vería claramente favorecida, es frecuentemente ignorante de esta circunstancia.

Pero la crisis puede suponer también una oportunidad. Hace pocos días Ricardo Romero tuvo el acierto de traer a colación, en un comentario al post de Enrique Martínez Marín sobre paro estructural, una cita de Einstein escrita hace muchos años pero de insólita actualidad en nuestra situación. Merece la pena su lectura:

No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein

La esclerosis de nuestra organización jurídica.

Si en contraste con su propia historia, y con otras regiones del mundo que se han revelado como mucho más dinámicas, gran parte de Europa occidental ha sufrido en las últimas décadas una cierta parálisis que ha dificultado su adaptación a un mundo sujeto a cambios vertiginosos, la situación española ha sido al respecto especialmente preocupante.

Un factor específico puede haber sido cierta inmadurez de la capacidad de la sociedad española para el debate sobre asuntos de interés general, que no se ha correspondido con su grado de desarrollo económico y social. Durante mucho tiempo ha quedado excluido del debate un importante conjunto de cuestiones esenciales en la organización social, y condenado a la marginación quien osaba sujetarlas a discusión. Esta peculiaridad se pretendió justificar durante mucho tiempo en la presunta fragilidad de una democracia joven, incluso agitando como argumento recuerdos de un pasado tormentoso. Probablemente en ningún momento fue argumento suficiente, pues lo que realmente no hubiera tenido ninguna oportunidad de subsistir, ya bien avanzado el siglo XX, es cualquier régimen que no se fundara en la legitimidad democrática. Pero cuando el argumento perdía peso con el paso de los años, el presunto y bien publicitado éxito económico y social del sistema político que amparaba (y se amparaba) en estas ideas se erigió como nuevo valladar contra el debate.

Es así como ciertas ideas e instituciones, y determinados principios, fueron preservados del debate durante mucho tiempo como valores absolutos e indiscutibles, casi deificadas como tótems tribales. Y con ello se convirtieron en un esencial factor de inmovilismo, especialmente inoportuno en un mundo que estaba cambiando muy rápidamente.

Podemos mencionar, a título de ejemplo, algunos de nuestros tótems: La imposición de una visión igualitarista en la enseñanza, que infravalora el mérito y el esfuerzo individual, con el resultado del creciente deterioro de su calidad (véanse los informes Pisa). O la sobre legitimación de los partidos políticos, que ha permitido a éstos ocupar excesivos ámbitos de poder, sin encontrar suficiente resistencia social, con el resultado de la quiebra de los mecanismos de control y equilibrio. En recientes posts de este blog se comentan algunos ejemplos de derivados de esta patología.

A esta parálisis no ha escapado nuestro ordenamiento jurídico, también esclerotizado por ideas sobrevaloradas y preservadas del debate. Entre muchos, podemos referirnos como ejemplo destacado al principio de la inmutabilidad de la Constitución. Los norteamericanos, por ejemplo, tan orgullosos de la suya, la han ido adaptando a lo largo de los años mediante 27 Enmiendas o reformas, bastantes de ellas sustanciales. Pero este ejemplo parece no valer aquí, a pesar de que nuestra Ley suprema, y la organización jurídica que preside, han revelado importantes carencias, como el citado fracaso del sistema de equilibrios, un deficiente sistema de defensa de la legalidad, o un impreciso sistema de distribución de competencias, que ha permitido que dirigentes irresponsables las hayan convertido en moneda de cambio, con una hipertrofia de las administraciones regionales, y de su profusa legislación. La consecuencia ha sido una creciente generación de ineficiencias.

En la medida que estos tótems afecten a nuestra organización jurídica, deben der ser objeto de una especial atención en este Blog.

La crisis, una oportunidad

La crisis económica ha puesto al descubierto la verdad sobre las virtudes y carencias de nuestra organización social y política, y del orden jurídico que lo sustenta. Se han comenzado a cuestionar mitos, y en la sociedad civil surgen con fuerza movimientos que plantean la necesidad de un debate en profundidad sobre la necesidad de reformas de calado. Entre estas, podemos destacar en los últimos meses la iniciativa Transforma España, de la Fundación Everis, que puede consultarse aquí, o el Foro de la Sociedad Civil, aquí. La sociedad española, en términos “orteguianos”, está comenzando a vertebrarse, a abandonar su tradicional fatalismo y a ser exigente frente a los problemas, y frente a los dirigentes que han de afrontarlos.

Este impulso incluso ha comenzado a calar, aunque también aún muy limitadamente, en nuestra pétrea clase política, que no puede aspirar a permanecer siempre de espaldas a las exigencias sociales. Empiezan a tener representación y voz en los organismos legislativos pequeños partidos que cuestionan los tótems. E incluso en los partidos mayoritarios van surgiendo voces que admiten la necesidad de los cambios…

No deja de ser cierto que en los verdaderos centros de poder, el movimiento aún se siente de forma muy limitada y marginal. Las tímidas reformas hasta ahora comenzadas han sido prácticamente impuestas desde el exterior, al amparo de nuestra vulnerabilidad ante la crisis. Los partidos mayoritarios siguen remisos a plantear cambios importantes. No será fácil que la oligarquía política renuncie a un sistema diseñado a su medida, y para su propia perpetuación. Y que tanto les beneficia, aunque sea contra los intereses generales.

Pero en nuestra mano está contribuir a ello, a que por las grietas que van surgiendo en esos tótems entre el aire fresco del debate. En ello estamos.

Consultas populares en el proceso de elaboración de los planes generales municipales

Para los que ejercemos nuestra actividad profesional en relación, directa o indirecta, con el urbanismo, es un hecho el desconocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos del planeamiento urbanístico de sus municipios. No me refiero a los detalles técnicos, lo cual es lógico, sino a la ignorancia de las intenciones primeras del planeamiento, las que se recogen en los Planes Generales de Ordenación Urbana, donde se definen los grandes objetivos del planeamiento urbanístico municipal y los medios para lograrlo.

Ser miembro de una comunidad local cuyos propósitos, en cuanto a cómo ésta se materializa físicamente en el territorio, son conocidos, debatidos y compartidos, nos hace sentirnos más identificados con esa comunidad, y más responsables ante ella. Es decir, opinar y decidir sobre cuánto debe crecer el suelo urbanizado, dónde se prohíbe la construcción, cuántas alturas deben tener los edificios, si la ciudad debe ser más o menos densa, dónde se sitúan los parques y las zonas industriales, hasta qué punto queremos mantener inalterada la imagen histórica de la ciudad.

Un buen medio para fomentar el conocimiento del planeamiento consiste en que desde la administración se facilite la participación ciudadana durante la fase de elaboración de la normativa urbanística. La legislación española abunda en referencias a la necesaria participación ciudadana en los asuntos públicos. Así lo hacen la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y las diferentes Leyes del Suelo. En lo que al urbanismo se refiere, en general la legislación se queda en indicar ese deseo sin definir los medios de participación. En la práctica la participación ciudadana en la fase de debate del planeamiento municipal está muy lejos de cumplir las buenas intenciones expresadas por la legislación. Son escasos los ejemplos de los municipios que han ido más allá de lo que estrictamente suele marcar la ley: el cumplimiento de los periodos de información pública. En concreto las consultas populares en la fase de elaboración de los Planes Generales prácticamente no se han utilizado. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2008 declarando ajustada a derecho la consulta popular acerca del Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar, abre la posibilidad de celebrar estas consultas.

La introducción, como práctica habitual por parte de los Ayuntamientos, del sometimiento de la aprobación de los Planes Generales al voto de la ciudadanía, supondría necesariamente que el proceso de desarrollo de estos planes sería más transparente y más participativo: si se va a consultar parece lógico que antes se haya informado a los ciudadanos y recabado la opinión de éstos.

Es cierto que existe la posibilidad de que los responsables municipales planteen las consultas como un plebiscito para avalar intenciones de planeamiento opuestas a lo que la lógica supramunicipal o las propias leyes de ordenación del territorio indican. De este modo las consultas se convertirían en un instrumento de presión hacia los responsables autonómicos encargados de compatibilizar el planeamiento local con el supramunicipal.

Este riesgo existe pero vale la pena correrlo pensando en las consecuencias positivas de las consultas, y además se puede reducir. Para ello los criterios de organización territorial supramunicipal deben ser públicos y estar claramente expresados en normativa: es más difícil plantear unas determinaciones de ámbito municipal incompatibles con otro ordenamiento de mayor rango si desde el primer momento está clara esta incompatibilidad. Además las consultas populares locales no deben celebrarse sin que vayan acompañadas de un amplio programa de participación ciudadana durante todo el proceso de elaboración del planeamiento, de tal manera que con medios y tiempo suficiente, los ciudadanos puedan debatir los objetivos del planeamiento, y entre otras cuestiones advertir las incongruencias entre los planteamientos locales y los supramunicipales.

Un proceso de elaboración de los Planes Generales que contara con una administración autonómica que definiera con claridad los criterios de organización territorial de su ámbito, una administración local transparente en el planteamiento de los objetivos urbanísticos y que pusiera ante la ciudadanía los medios para que ésta participara en este proceso, podría perfectamente culminar en una consulta popular. Este pronunciamiento directo de los ciudadanos, precisamente en cuestiones de relación inmediata con su modo de vida, y de las que tienen claro conocimiento, supondría un refuerzo tanto de la democracia como de la identificación entre los ciudadanos y el espacio físico compartido por ellos.

Crisis financiera y Derecho de la competencia

Muy próxima a la cuestión de la regulación y de la supervisión financiera en la UE, se ha presentado la relativa a saber qué papel le habría de corresponder al Derecho de la competencia en el contexto actual y en qué medida podría convertirse en un obstáculo para la autorización de aquellas medidas u operaciones consideradas como de relevancia sistémica y necesarias para recuperar la estabilidad en el sector bancario.

En este sentido, la crisis no solamente está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones financieras y los Estados miembros de la UE desde un punto de vista económico o presupuestario. Al mismo tiempo, supone un desafío para el ordenamiento jurídico comunitario en tanto que las medidas que se están adoptando y promoviendo frente a ella entran en tensión con las normas de defensa de la competencia del TFUE (antiguamente, Tratado CE). Esta cuestión concierne especialmente al ámbito de las ayudas públicas y al del control de concentraciones.

Tanto la Comisión como las autoridades nacionales de la competencia se han mostrado firmes en su posición de que no puede prescindirse de las normas del régimen de competencia en ningún caso. A su juicio, el derecho de la competencia no hace parte del problema, sino que contribuye a su solución, puesto que, por un lado, evita que los Estados miembros entren en una espiral de subsidios que ponga en evidencia aún más su capacidad presupuestaria, y, por otro, impide la creación de altos niveles de concentración en el sector bancario que puedan dar lugar a situaciones de abuso en el futuro y conducirnos nuevamente al conocido dilema « too big to fail ». Además, la Comisión ha querido resaltar en todo momento la importancia del derecho de la competencia en combatir eficazmente el riesgo moral (« moral hazard ») de la crisis.

Ahora bien, la coyuntura económica está obligando a los Estados, en primer lugar, a asistir de manera gradual a muchas empresas con problemas de solvencia y riesgo de quiebra, particularmente en el sector bancario. Los objetivos de esta intervención son procurar liquidez al sistema financiero y restablecer la confianza entre los agentes económicos para reactivar así las prácticas habituales de préstamo y evitar que la crisis financiera se extienda sobre el resto de la economía. Los instrumentos a los que se está recurriendo para acometer estos fines son el establecimiento de esquemas de garantías, la recapitalización y la adquisición de activos depreciados.

En estas circunstancias, la Comisión ha desarrollado un marco de orientación y evaluación para los Estados en el que señala tanto la base concreta sobre la cual ha de declararse la compatibilidad con el mercado común de las medidas adoptadas a favor de las instituciones financieras –en particular, el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE–, como los principios que han de regir la concesión de ayudas públicas a los bancos con el fin de minimizar en lo posible los efectos negativos sobre la competencia. Lo cierto es que, si bien la UE no gozaba de ninguna base competencial sobre el fundamento de la cual poder ejecutar un « bail out » de manera similar a cómo se ha realizado en Estados Unidos, el régimen de ayudas públicas se ha erigido en el vehículo que está permitiendo a la Comisión coordinar la acción de los Estados conforme a los estándares que ella misma ha establecido.

Por lo que se refiere al régimen de concentraciones, la cuestión más destacada ha sido la de dilucidar si el estándar que se emplea cotidianamente para autorizar estas operaciones ha de ser flexibilizado a fin de amparar todas las fusiones y adquisiciones que se están llevando a cabo en la actualidad entre instituciones financieras de relevancia sistémica. Toda discusión parte de un planteamiento que asume que, a la hora de evaluar una operación de estas características, puede llegarse a un punto sin solución de encuentro (« trade-off ») entre consideraciones de defensa de la competencia y consideraciones promotoras de la estabilidad financiera.

En el trasfondo de este debate, se hace patente el riesgo de descrédito al que se enfrenta el derecho de la competencia en el supuesto de que se proceda a la autorización sistemática de todas las ayudas y operaciones de concentración promovidas por los Estados. La experiencia en el Reino Unido, que reservamos para una futura entrada, resulta bien ilustrativa a este respecto.

Las opiniones expresadas en este blog corresponden a su autor y no vinculan en ningún modo al Tribunal de Justicia de la UE.

Batasuna y el Estado de Derecho

Es muy probable que el Tribunal Supremo, y quizá también el Tribunal Constitucional, tengan que decidir próximamente sobre la legalización de Sortu, la nueva marca de Batasuna con la que ésta pretende presentarse a las próximas elecciones locales.

La identidad de personas entre las que integran Batasuna y el proyecto Sortu no presenta ninguna duda, ni tampoco sus impulsores se han molestado en absoluto en ocultarla. Parecería entonces que la nueva marca debería sufrir el mismo destino que los muchos intentos que en estos últimos años ha hecho Batasuna para intentar eludir la Ley de Partidos: la ilegalización. Sin embargo, la importante novedad es que en esta ocasión los estatutos del nuevo partido manifiestan un inequívoco rechazo a la violencia de ETA. En este aspecto formal tampoco existe la menor duda. Según el texto presentado en el Ministerio, el partido pretende lograr sus objetivos independentistas por vías pacificas, comprometiéndose a condenar cualquier acción violenta y a expulsar a los militantes que las amparen o justifiquen.

Se ha alegado en contra de la legalización que tal cosa no es suficiente, que sus impulsores no han condenado retroactivamente los cientos de asesinatos cometidos y que esto basta para comprobar sus intenciones directamente fraudulentas. Por otra parte, frente a la anterior postura, se ha afirmado que, dejando la cuestión moral al margen (pese a lo difícil que resulta hacerlo), el razonamiento no es convincente, puesto que olvida que un sistema democrático no debe exigir arrepentimiento por el pasado, como no se exigió con ciertos partidos nostálgicos del franquismo, sino mero compromiso con el futuro.

Todos estos argumentos y contra argumentos son interesantes, pero olvidan la perspectiva jurídica del tema, y ésta viene marcada indefectiblemente por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009, que resuelve las demandas de Herri Batasuna y Batasuna contra España. En ella se dice literalmente que es evidente “que los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión”. El Tribunal considera que “no puede exigirse del Estado que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas de la democracia. Como señaló un editorial de la revista “El Notario” (aquí), ciertos ejemplos históricos sobradamente conocidos bastarían para convencer a cualquiera de la oportunidad del razonamiento.

En definitiva, el Tribunal insiste en que no cabe un análisis meramente formal o documental de esta cuestión, porque “los actos y discursos constituyen un todo que da una imagen neta de un modelo de sociedad concebido y propugnado por el partido y que estaría en contradicción con la concepción de una sociedad democrática”.

Hasta ahora los únicos actos constatables con los que contamos para dilucidar si ese modelo de sociedad antidemocrática ha cambiado o no, es que, siendo Batasuna y ETA la misma cosa (según reiteradas sentencias) ETA no se ha disuelto ni ha manifestado su intención definitiva de dejar las armas. Si lo que se busca es alegar que el nuevo partido es algo distinto, un acto interesante a estos efectos podría ser la condena retrospectiva a la acción de ETA durante todos estos años de democracia en España, pero ese acto tampoco se ha producido. Y si lo que se defiende es que, siendo lo mismo, se pretende ahora un distanciamiento definitivo, conviene recordar que nadie involucrado en la nueva iniciativa ha pedido la disolución de la banda, lo que resulta bastante significativo. Por tanto, mientas falten actos, y sólo tengamos manifestaciones, orales o escritas, Batasuna, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debería seguir esperando. Pero veremos si, también aquí, hay o no Derecho.

La dación en pago lo resuelve casi todo (al deudor): ¡Pero cuidado con Hacienda!

A raíz del Auto de la Audiencia de Navarra sobre ejecución de hipoteca y responsabilidad personal del deudor, en muchos medios de comunicación se ha hecho referencia a la dación en pago como una solución eficaz e, incluso, los más lanzados han defendido la conveniencia de imponer esta solución, que en nuestro Derecho exige el acuerdo de acreedor y deudor, a todas las entidades de crédito.

En el año 2008, cuando la burbuja inmobiliaria empezaba a aflorar y se negaba que existiese una crisis general, tuve la ocasión de pronunciarme en la revista EL NOTARIO DEL SIGLO XXI, (aquí) sobre las bondades de esa figura, sobre todo en los casos de insolvencia manifiesta del deudor, puesto que permite al acreedor adquirir el bien, vacío y en buen estado, de forma rápida, ahorrándose los costes de la ejecución, y mantiene al deudor dentro del sistema, en condiciones de volver a obtener crédito cuando mejore su situación económica.

De hecho, esta figura ha sido utilizada en los últimos años, yo diría incluso que con generosidad, por las entidades de crédito y se han formalizado miles de estas operaciones, lo que ha solucionado el problema a muchos deudores en situaciones angustiosas (y ha agravado la situación de muchas entidades, especialmente de las cajas, ante la imposibilidad de dar salida a los inmuebles así adquiridos).

Desde luego, la situación de los deudores que han podido beneficiarse de esta solución (que ahora es ya más complicada debido, sobre todo, al endurecimiento de las normas del Banco de España sobre su provisionamiento) es óptima puesto que, aunque pierden la vivienda, quedan totalmente liberados de su deuda y lo normal es que el acreedor se hagan cargo de todos los gastos.

Sin embargo, tan idílica situación puede quedar frustrada cuando el deudor topa con la Hacienda Pública y se ve sometido a una cuantiosa liquidación tributaria fruto de una rigurosa interpretación que consiste en considerar que el precio de la transmisión es el importe total de la deuda satisfecha la cual, como consecuencia de la suma de los intereses de demora y de las costas, suele ser muy superior al valor de compra (y muy superior al valor real del bien en ese momento).

El resultado es que el que pierde su vivienda por no poder pagar las cuotas de su hipoteca ha obtenido, para Hacienda, unas cuantiosas ganancias virtuales y, como la posibilidad de reinversión está descartada, tendrá que pagar en renta unas importantes cantidades de las que en absoluto dispone.

El triste final es que el pobre deudor, al que la dación en pago había supuesto una esperanza dentro de su angustiosa situación, vuelve a su situación de morosidad pero cambiando al Banco por un acreedor aún más riguroso, la Hacienda Pública, y se ve, esta vez de forma definitiva y sin posibilidad de acuerdo, fuera del sistema.

El problema, del que tuve ocasión de ocuparme en también la revista EL NOTARIO DEL SIGO XXI, (aquí) despertó la sensibilidad de los políticos y dio lugar a una iniciativa parlamentaria de UpyD (aquí) pero, al parecer, con nulo éxito.

Claro que todo puede empeorar, en este caso con la voracidad recaudatoria de alguna Comunidad Autónoma que ha considerado que si el valor de la vivienda que se entrega es inferior al de la deuda que se paga lo que se ha producido es ¡un acto de liberabilidad del banco! y lo que procede es la aplicación al deudor del impuesto de sucesiones y donaciones al elevadísimo tipo de donaciones entre extraños.

Pensiones de los parlamentarios. ¿Un régimen privilegiado? (I)

En los últimos meses se ha abierto un debate social acerca de las pensiones de los parlamentarios, como consecuencia de la carta que envió Rosa Díez a las Mesas del Congreso y del Senado en la que pedía que tuvieran un régimen de Seguridad Social igual al del resto de los ciudadanos. Carta que fue respondida por ambas Mesas a finales de diciembre del pasado año desestimando la solicitud, al considerar que no había un régimen “privilegiado” bajo el argumento de que otros parlamentos tenían sistemas similares.

A pesar de los cual, hace unos días tanto el presidente del Congreso como del Senado pidieron a los grupos parlamentarios que les hicieran llegar sus propuestas para reformarlo. Una valoración objetiva e informada de este tema exige conocer la regulación que se aplica a diputados y senadores. Su régimen de Seguridad Social tiene una doble protección: ordinaria y complementaria. Empecemos por conocer la ordinaria.

Los artículos 9 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 24 del Reglamento del Senado prevén que los respectivos presupuestos de las Cámaras paguen las cotizaciones sociales o cuotas de clases pasivas de los diputados y senadores que por su actividad parlamentaria dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación a la Seguridad Social, Mutualidad correspondiente o inclusión en el Régimen de Clases pasivas. Para ello, habilita para que se alcancen los acuerdos oportunos con la Seguridad Social. Estos acuerdos se han instrumentado (artículo 11 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre) a través de convenios especiales que permiten que los parlamentarios permanezcan durante su mandato en situación asimilada al alta en la Seguridad Social y que se cotice por ellos, para garantizarles así una acción protectora que engloba o equivale a la totalidad de la ofrecida por el Régimen General de la Seguridad Social incluida la correspondiente a contingencias profesionales, aunque queda excluida de la protección y correspondiente cotización el Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional.

Los parlamentarios de las Comunidades Autónomas tienen un sistema ordinario de protección muy parecido. Se rigen por sus respectivos Reglamentos y por el Real Decreto 705/1999, de 30 de abril. Por otra parte los eurodiputados pueden suscribir el mismo convenio especial que los diputados y senadores.

Pues bien, junto a esta protección, que es análoga a la que disfrutan el resto de los ciudadanos, disfrutada desde las primeras legislaturas existe una protección complementaria. Se encuentra recogida en el acuerdo de las Mesas del Congreso y el Senado del año 2006, que aprobó el Reglamento de Pensiones Parlamentarias, cuyo contenido es el siguiente:

1) Se garantiza a los diputados y senadores con más de siete años en ese cargo una pensión complementaria que se sumará a la de jubilación o incapacidad que tengan reconocidas, para asegurarles que percibirán con la suma de ambas el 80% del tope máximo de prestación de Seguridad Social que se fija anualmente en la Ley General Presupuestaria, si han sido parlamentarios entre siete a nueve años, el 90%, si más de nueve años, y el 100%, si más de once años. En el supuesto de que su mandato no hubiera llegado a los 7 años de duración, podrán solicitar a la Mesa respectiva una ayuda, que es graciable.

2) Quienes se jubilen anticipadamente desde los 60 años, cuando tenga 40 cotizados, también podrán solicitar un complemento para alcanzar, sumándolo a su pensión pública ordinaria, el tope máximo mencionado.

3) Se mantiene de alta en la Seguridad Social a los exparlamentarios mayores de 55 años hasta que se jubilen, y se cotizará por ellos, cuando carezcan de una actividad permanente por cuenta propia o ajena que les obligue a estar incluidos en un Régimen de Seguridad Social.

4) Los Diputados mayores de 55 años o que los cumplan en ese año, que carezcan de ingresos acreditados al tiempo de la disolución de la cámara, podrán percibir como “prejubilación” un 60% de la asignación constitucional hasta que reúnan los requisitos de cotización necesarios para jubilarse.

5) Se indemniza a los diputados cuando se produce su cese. La indemnización es compatible con trabajos por cuenta ajena y propia; y sólo es incompatible con cargos y funciones públicas.

6) Los parlamentarios tienen un plan de previsión social, al cual el presupuesto de la Cámara respectiva ingresa una cantidad equivalente al 10% de su asignación constitucional.

Por supuesto, las Mesas de varias de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas tienen aprobados regímenes complementarios similares, que claramente exceden a los de los ciudadanos ordinarios y más ahora. En el siguiente post explicaré cómo podría hacerse una regulación que evite este tipo de “privilegios” y que homologue a todos los parlamentarios en su protección social al resto de los ciudadanos españoles.