Como sabéis desde la Fundación estamos tratando de dar visibilidad a la figura de los denominados denunciantes de casos de corrupción o whistle blowers, a través de iniciativas como nuestra Semana Temática o la solicitud la Medalla al Mérito Civil a Ana Garrido. Además estamos trabajando en impulsar una legislación que proteja esta figura con acciones de las que os informaremos en las próximas semanas. Como parte de este trabajo que estamos realizando el pasado 29 de junio estuvimos charlando con Ana Garrido y a continuación os ofrecemos un resumen de una pequeña entrevista que le hicimos.
¿Qué impulsa a una funcionaria con estabilidad laboral a denunciar la situación de su Ayuntamiento?
Me empuja el sentido de la responsabilidad y el sentido común, no es un acto heroico sino una obligación ciudadana. Es una cuestión de principios.
¿Cómo fue el proceso de denuncia? ¿Recibiste ayuda desde alguna institución u organización?
Realicé una investigación, pedí ayuda a compañeros asegurando su anonimato. Me puse en contacto con Manos Limpias, aunque entonces no les conocía mucho. Me aseguraron que no desvelarían mi identidad, pero enseguida se pusieron en contacto con Esperanza Aguirre creo que con la excusa de que estuviera informada de los desmanes cometidos en los ayuntamientos del Noroeste madrileño. Yo nunca dije el nombre de los compañeros que me ayudaron; sin embargo, conmigo no hicieron lo mismo. No he obtenido ni protección ni anonimato, ni por parte del sindicato ni de ninguna otra o institución. Los mecanismos de protección que existen los controlan los propios Ayuntamientos (si es que los hay) o en las Comunidades Autónomas; pero claro, lo controla la institución a la que denuncias, por lo que la imparcialidad es imposible.
Cuando denuncias no conoces la magnitud de tu caso. Mucha gente piensa que su caso es aislado, pero muchas veces forma parte de una trama mayor, lo que complica enormemente la denuncia.
Desde que me sucedió esto estoy promoviendo asociaciones que garanticen el anonimato del denunciante, ya que no existen mecanismos institucionales. Estas iniciativas parten de la ciudadanía. A veces llegan 20-30 correos diarios de personas que quieren denunciar. Por ello, colaboro en la medida de mis posibilidades, con varias asociaciones anticorrupción, tales como Xnet, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, etc.
En lo que se refiere a organizaciones no institucionales, estoy muy agradecida por el apoyo y asesoramiento recibido por parte de la Asociación Mobbing Madrid, así como de la Fundación ¿Hay Derecho?. Para mi han sido y continúan siendo
¿Qué crees que ha llevado a España a esta oleada de casos de corrupción que ocupa los informativos cada día?
Creo que ha sido una cuestión de impunidad. La corrupción es una amenaza para el estado democrático, que lleva instaurada en España desde hace décadas y nadie decía nada; no era interesante para los medios. Muchos no son conscientes de que lo que hacen es un delito, sencillamente porque es una práctica habitual dentro de su entorno. La corrupción se reducirá cuando deje de quedar impune.
¿Está ahora la sociedad española más sensibilizada con la corrupción, menos permisiva?
La gente está más sensibilizada pero no porque haya cambiado la ética o la moral, sino porque ahora la corrupción afecta a la calidad de vida, al bolsillo de los ciudadanos en una época de crisis. En municipios manchados de corrupción, los ciudadanos siguen votando a los corruptos, porque la gente ve sus calles limpias y que los servicios funcionan. Es algo que ocurre en casi todos los partidos políticos ya consolidados.
¿Puede el nuevo escenario político, con la entrada de nuevos partidos, aliviar la corrupción en España?
Quiero creer que los partidos emergentes van a cambiar la situación y sanear el sistema. En campaña todos prometen, ahora nos toca estar atentos para ver hasta dónde cumplen. Tengo confianza en que los nuevos vienen con un espíritu diferente, por lo menos creen en lo que hacen, lo cual es importante. Ojalá no caigan en los mismos errores que sus predecesores. Espero que el cambio iniciado en las elecciones locales y autonómicas se traslade a las generales.
¿Confía en que la nueva Ley de Transparencia pueda evitar casos como el que usted denunció?
La nueva Ley de Transparencia puede ayudar si se cumple. Si una institución tiene obligación de presentar las cuentas de sus cargos pero no lo hace, el fallo no es de la ley sino de los mecanismos de control que vigilan su cumplimiento. La Ley, en sí misma, me parece positiva.
¿Debería tener España una legislación que regulara el mecanismo de los whistle blowers?
Todos los que hemos denunciado hemos sufrido persecución durante años, todos necesitamos mecanismos de protección. Nos someten a tortura encubierta durante años, tus compañeros de trabajo te aíslan poco a poco. Es importante fomentar que la gente denuncie, pero por eso son necesarios estos mecanismos de protección, y en ello trabajamos desde de la sociedad civil a través de asociaciones, colectivos, etc.
Desde estos movimientos grupales, pensamos que tenemos más fuerza para exigir a los partidos, de cara a las elecciones, tomen un compromiso firme de protección del denunciante.
En mi caso, estoy sin trabajo, no percibo ingresos mientras ellos recurren una y otra vez con fondos públicos. Alargar el proceso judicial es una forma de prolongar el acoso. Mi apoyo son mayoritariamente ciudadanos que no me conocían de nada, que me han permitido seguir viviendo en mi casa y comer cada día. Apoyo tanto moral como psicológico. También, por supuesto, de ¿Hay Derecho? con la recogida de firmas, a nivel de difusión de mi caso. Diferentes partidos me han ofrecido ir en sus listas, pero he declinado todas las ofertas, quería mantener mi independencia y creo que sólo querían sacar rédito político. Únicamente he escrito una carta a Manuela Carmena ofreciéndole mi ayuda en materia de corrupción en Madrid, ya que creo que conozco bien la problemática y cómo erradicarla.
La solución es denunciar por el cauce adecuado y apoyarse en plataformas independientes dado que en la Administración aún no existen esos cauces.
Es necesario regular esta cuestión para garantizar el anonimato, pero aunque existan cauces oficiales la labor de la sociedad civil es imprescindible, ya que la Administración a la que denuncias, que normalmente es juez y parte en estos asuntos, no puede garantizar totalmente la imparcialidad.
Por ejemplo, tengo indicios para pensar que en cuestión de meses es posible que traten de imputarme por algún delito falso o creado “ad hoc” . Esto es bastante común y es el último paso del acoso al que se nos somete, intentar que los denunciantes acabemos en prisión. Veremos qué sucede, pero estas tramas de corrupción no tienen límite a la hora de perseguir a las personas que denunciamos, y seguimos sin ningún sistema oficial de protección o apoyo.
