Leemos en el diario Expansión de 29 de abril de 2011 que el “déficit real” de las Comunidades Autónomas será mayor que el del Estado en 2011, algo que a estas alturas ya a nadie sorprende.|

Los responsables ciudadanos sabemos que la receta para acabar con este desajuste de cuentas públicas pasa por poner fin al despilfarro y por revisar el modelo autonómico y local. Nos lo explica brillantemente Juan Luis Redondo.

Sin embargo, las esferas de poder no están en manos de este tipo de gente sino de la retorcida clase política. El político piensa en el presente y sólo busca un rédito actual sin importar las consecuencias futuras de sus actos. Si el asunto “explota” dentro de diez años, ya lo sufrirá el que venga (con suerte de otro partido político) con lo que nuestro deficiente sistema se autoalimenta.

Quiere esto decir que las Comunidades Autónomas van a resolver sus problemas de déficit con el viejo remedio de elevar la presión fiscal al pobre ciudadano. Ya venimos notando la subida de valores catastrales, la aparición de originales tasas como la de recogida de basuras, y ahora hay que sumar el intento de penalizar a la empresa familiar.

Leíamos también en ese mismo diario, en fecha 13 de abril de 2011, que Hacienda estrecha el cerco a las herencias de empresas familiares al negarles ahora los incentivos previstos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La noticia era ya conocida en el sector desde que algunas Comunidades Autónomas se apresuraron a aplicar de una manera forzada los criterios emanados de la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2008 en el caso Mahou.

Se decía en esta Sentencia que para que la retribución de los administradores sea deducible en el Impuesto sobre Sociedades dicha retribución debía ser necesaria (obligatoria), estar prevista en Estatutos de la sociedad y estar dicha previsión delimitada con toda certeza. Versaba además la Sentencia sobre la Ley 61/1978 del Impuesto sobre sociedades que exigía para la deducibilidad de un gasto que éste fuera necesario.

Hubo entonces una interesante discusión teórica sobre si la Sentencia proyectaba sus efectos bajo la vigencia de la actual normativa del Impuesto sobre Sociedades que ya no apela al carácter necesario del gasto, discusión a la que puso fin la Dirección General de Tributos en Informe de 12 de marzo de 2009 admitiendo la deducibilidad del gasto de administradores “cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado, aunque no se cumpliera de forma escrupulosa con todos y cada uno de los requisitos que, para cada tipo de retribución, establezca la normativa mercantil”.

Es decir, que a nivel de la Administración General del Estado (AGE), con buen criterio la Dirección General de Tributos (DGT) admitió la deducción del gasto a pesar de que no se previera en Estatutos con absoluto detalle la forma de remuneración de sus administradores.

Sin embargo, las Comunidades Autónomas son mucho más voraces que la AGE y aquí la lógica amén de la razón, ha brillado por su ausencia.

Se prevé en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción del 95% para las transmisiones intervivos o mortis causa de la empresa familiar, a condición de que alguno de los miembros del grupo familiar ejerza funciones de dirección en la empresa percibiendo remuneraciones que constituyan su principal fuente de renta.

Pues bien, estas Comunidades Autónomas están pretendiendo negar estos incentivos aplicando la doctrina Mahou, es decir, negando los incentivos cuando la retribución de los administradores no esté absolutamente delimitada en los Estatutos. ¿Ataques a la empresa familiar en época de crisis?

En mi opinión este criterio es un disparate. La Sentencia del Tribunal Supremo versaba sobre si la retribución del administrador era deducible o no en el Impuesto sobre Sociedades en función de su carácter necesario u obligatorio. Pero eran retribuciones al fin y al cabo, por unos servicios de administración reales, y simplemente lo que se exigía para la deducibilidad es que su abono fuera obligatorio para la empresa. No se negaba en la Sentencia la existencia de retribución ni el trabajo que remuneraba, sino si era obligatorio su abono.

Y si las retribuciones existen, y remuneran servicios, el que resulten deducibles o no en el Impuesto sobre Sociedades, en nada afecta al Impuesto sobre Sucesiones que exige sólo su percepción. ¿Acaso no tributan dichas retribuciones en el perceptor?

Este disparate autonómico obliga a los contribuyentes a recurrir y avalar la deuda, incurriendo en los correspondientes costes añadidos, con el fin de que nuestros sensatos tribunales pongan fin a esta situación.

Y entonces se producirá el efecto indeseado para las Comunidades pues serán éstas las que tendrán que resarcir de los costes de avales y garantías que hayan soportado los contribuyentes amén de satisfacer intereses de demora a aquellos que hubieran ingresado la deuda. Es decir, este desafortunado criterio autonómico acabará costando más a las precarias arcas públicas.

Pero no hay problema, dirá el político actual, porque ese mayor coste lo soportará “el político que venga” y en última instancia el ciudadano, al que elevarán todavía más la presión fiscal.

Ahora bien, no todo son malas noticias. El buen criterio que suele caracterizar a la AGE, que ya flexibilizó esta doctrina en materia del impuesto sobre sociedades, ha vuelto a imperar al dictar la Dirección General de Tributos un reciente informe en el que también veda la extrapolación de la Sentencia al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cerrando así la puerta a este intento autonómico.

Veremos qué será lo próximo.

Al parecer, en este momento en España hace falta ser una juez aguerrida para conseguir documentación “confidencial” de las Administraciones Públicas, aunque se esté investigando la comisión de varios posibles delitos. Me refiero al famoso rifirrafe entre la Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Andalucía y el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la entrega de las actas del Consejo de Gobierno de la Junta en el caso de las subvenciones irregulares a los ERES. Sobre el tema de fondo, el de si procede o no la entrega de esta documentación, me remito al artículo del profesor Gimbernat, tan citado por lo demás en este blog, que lo explica muy clarito: la Administración no puede invocar un conflicto de jurisdicción para rechazar entregar documentación a un Juez en base a su carácter confidencial.|

Por mucho que se empeñen los esforzados letrados de la Junta no hay por tanto ningún conflicto de jurisdicción ni nada que impida la entrega al Juzgado de esta documentación.  Pero dicho eso, se me ocurren algunas preguntas como ciudadana y como jurista. ¿Por qué al final tiene que ser un Juzgado de instrucción el que termine revisando toda esta ingente documentación administrativa “confidencial”? ¿Es que nadie se ha percatado de lo que estaba pasando en el Gobierno de la Junta con estos expedientes? ¿Por qué no han funcionado los mecanismos de control que tiene, como cualquier otra Administración, la Junta? ¿Cómo es posible que en una Administración digna de tal nombre, con una legión de funcionarios supuestamente competentes e independientes del poder político –para eso, entre otras cosas, tienen la garantía de un puesto de trabajo por vida- nadie haya detectado durante años que se han estado concediendo unas subvenciones irregularmente de una forma tan burda? ¿Y tampoco nadie se había dado cuenta en el Parlamento andaluz?  ¿Y los trabajadores prejubilados no sabían que otros que nunca habían sido trabajadores de su empresa también cobraban de los ERES? ¿Y los sindicatos, que al parecer también cobraban por asesorar en los ERES, tampoco sabían nada? ¿Qué papel juega en toda esta historia la Agencia IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía que, teóricamente al menos, se dedica a fomentar la innovación en la sociedad andaluza pero que resulta que era quien pagaba la fiesta?

También me sorprende el ruido que ha habido respecto a si los famosos informes de la Intervención General de la Junta –que sí detectaron que se estaban produciendo subvenciones irregulares- y que se dirigían a la Viceconsejera de Economía, llevaban o no una fórmula aclarando que debía darse traslado de los mismos al Consejero de Economía (a la sazón, el actual Presidente de la Junta). Al parecer la existencia de esta fórmula es crucial para determinar si había o no responsabilidad política del actual Presidente de la Junta y de alguno o algunos de sus Consejeros. Vamos, que si no le hubieran dado traslado de estos informes no respondería políticamente de nada. Esta conclusión es bastante asombrosa, porque según esta fórmula,  ningún cargo o gestor público respondería política (ni jurídicamente)  de ninguna mala gestión o directamente de posibles actos delictivos con tal de que sus subordinados se guardaran en un cajón los informes denunciando los hechos. Nótese que hablamos de responsabilidad política o jurídica, no de  responsabilidad  penal.

Me parece que uno de los problemas más graves de nuestro Estado de Derecho es que la sistemática aversión de nuestros cargos públicos a asumir responsabilidades políticas (o sencillamente jurídicas en el caso de altos cargos “no políticos” pero que alguna responsabilidad tienen en el control y supervisión de los expedientes) está judicializando la práctica generalidad de los casos de mala gestión pública, ya se trate de posibles delitos o simplemente de gestiones ineficientes, ilegales, desastrosas, irregulares o que cuestan un dineral a los contribuyentes, actuaciones que probablemente no lleguen nunca a los tribunales penales. Prácticamente o hay delito o no pasa nada. O para ser más exactos, más que delito o hay condena penal firme o no pasa nada, porque ser imputado no basta, como demuestran las listas con las que nos han obsequiado nuestros partidos políticos. Y sin embargo la al parecer olvidada Ley General Presupuestaria 47/ 2003 de 26 de noviembre – y sus réplicas autonómicas-dedica un capítulo entero, el VII, a las responsabilidades por este tipo de conductas. Incluyen cosas que ahora parece tan extrañas como la obligación de devolver el dinero, por cierto. Cito solo el art.176 para abrir boca:

“Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta Ley (se refiere a todo el sector público estatal) que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.”

El resto del articulado está aquí

Pero además de meternos con la clase política o con los cargos políticos, que empieza a ser lo cómodo y lo fácil, me gustaría destacar algunas cosas en relación con este caso, que me imagino aplicable a otros muchos ¿Para qué se supone que trabaja la Intervención si no es para que los máximos responsables políticos tengan conocimiento de posibles irregularidades y tomen medidas al respecto? ¿Para elaborar informes que duerman el sueño de los justos en el cajón de alguien? ¿Cómo es posible que no saltaran todas las alarmas ante estos informes, que por cierto se repetían un año tras otro ya que los ERES eran reincidentes? Y si realmente se pueden elaborar esos informes en una Administración sin que pase nada ni nadie haga nada, ni se reclaman las cantidades irregularmente entregadas, cabe preguntarse para qué sirve la Intervención o en general para qué existen mecanismos de control de este tipo en una Administración.

Lo que quiero poner de relieve con este post es que, como hemos denunciado varias veces en este blog, no es de recibo que todo termine en la vía penal para dilucidar una serie de responsabilidades que han tenido que depurarse mucho antes. Me parece que por irresponsabilidad, o por cansancio, o por ese principio tan querido por la burocracia de que cada uno se ocupa sólo de su parcelita, hay dejación de funciones por muchos responsables de órganos administrativos de control cuya función es velar por la adecuada gestión de los intereses generales.

En el caso de Andalucía la Intervención General detectó el problema. Lo puso en un informe. Lo comunicó a sus superiores jerárquicos. Y no pasó nada. ¿Cumplió la intervención con su cometido porque hizo varios informes que nadie leyó o que si alguien leyó no tuvieron consecuencia alguna? Yo creo que no.

En definitiva, creo que tenía que haber mucha gente en la Junta que sabía o que tenía el deber de saber que se estaban concediendo subvenciones de forma irregular (hasta “fondo de reptiles” lo denominó muy gráficamente uno de los primeros declarantes ante la policía, un ex director general que luego se retractó ante el escándalo que se montó). En este sentido la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el reglamento que la desarrolla son, al menos sobre el papel, muy estrictos en cuanto al control tanto de la concesión de subvenciones como de la justificación de las cantidades entregadas al beneficiario objeto de la subvención. Aquí tienen el texto.

Los que trabajamos habitualmente con este tipo de instrumentos sabemos cuan rígidos y formalistas son los procedimientos de concesión y de justificación. Por eso mismo mi opinión personal es que hubo muchas personas, y no me refiero solo a los cargos políticos, que miraron para otro lado.