Los descuidados peritos del “Catalangate”: el valor del informe de Citizen Lab

 

El informe CatalanGate; Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru publicado por Citizen Lab en la Universidad de Toronto ha causado gran revuelo mediático y político. Este informe ha tenido la virtud de interesar a la opinión pública en el riesgo que tenemos los ciudadanos de ser espiados por gobiernos y corporaciones. También parece haber forzado al gobierno a hacer cierto análisis introspectivo sobre los protocolos y trabajos de vigilancia digital por parte de los servicios de seguridad del Estado, que ha causado el relevo en el puesto de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Es bien conocido como este informe ha sido instrumentalizado en una maniobra de desprestigio contra España por parte del independentismo y de ciertos sectores de la izquierda. Esta campaña de comunicación tuvo como punto de partida un artículo de Ronan Farrow en New Yorker y continuó con un editorial en Washington Post y un sinfín de entrevistas en las televisiones y prensa catalana. A esto se sumó una operación en redes sociales y las típicas comunicaciones y solicitudes de intervención a instituciones supranacionales.

Una parte menos conocida por la opinión pública de este caso es que los autores del informe y miembros de Citizen Lab, no solo aparecen en medios de comunicación nacionales e internacionales, sino que también son invitados a ofrecer opinión experta en comisiones parlamentarias y hasta en procedimientos judiciales. Por ejemplo, varios de los miembros de Citizen Lab han sido ya consultados por Comité de Investigación sobre Pegasus constituido en el Parlamento Europeo el 19 de abril. También el conocido abogado, Gonzalo Boye -una de las presuntas victimas según el informe de Citizen Lab- interpuso el pasado 3 de mayo una querella contra la empresa Q Cyber Technologies Ltd así como contra sus subsidiarias NSO Group Technologies Ltd. y OSY Technologies y algunos de sus directivos y fundadores por el caso de espionaje con el software Pegasus. En esta querella no solo se incluía el estudio de CatalanGate y varios artículos periodísticos en el índice documental, sino que también solicitaba que se tomase declaración en calidad de peritos a siete de los ocho autores del informe, y que se llamase a declarar a uno de ellos Bill Marczak en calidad de testigo.

No es la primera vez que los miembros de este centro interdisciplinar son invitados a aportar testimonio en diferentes comisiones parlamentarias o en sede judicial —lo han hecho por ejemplo en Estados Unidos, Polonia y Reino Unido—. Sin embargo, algunos académicos y periodistas hemos ido mostrando en las últimas semanas que la investigación de Citizen Lab contiene demasiadas anomalías como para que el informe CatalanGate o sus autores sean considerados como fuentes periciales neutrales. Resumo a continuación algunas de los problemas más importantes detectados tanto desde el punto de vista metodológico como de deontología. Estos problemas han sido puestos de manifiesto en un documento enviado a la Universidad de Toronto junto a una solicitud para que se abriese una investigación independiente por posibles infracciones del código de integridad profesional de esta institución.

En primer lugar, llama la atención la falta de transparencia en algunas cuestiones metodológicas muy relevantes. Del informe no se puede deducir ni cuando, ni cómo ni dónde, ni por quien fueron llevados a cabo los análisis forenses. Esto es algo curioso no solo porque este tipo de datos se suelen aportar en cualquier artículo o informe científico, sino porque la literatura académica especializada en este tema argumenta que los análisis exclusivamente digitales en remoto presentan limitaciones. Citizen Lab no ha querido detallar los criterios de muestreo usados para seleccionar a los participantes en el estudio,  ni tampoco el número total de casos estudiados y el porcentaje de casos positivos, lo que es relevante para poder sacar conclusiones sobre la incidencia relativa del problema en una población.

El informe no ha sido sometido a una revisión de pares (“peer review”) y no pone a disposición los datos necesarios para poder replicar los resultados. Extrañan más aún las reticencias que Ronald Deibert, el director de Citizen Lab, mostró frente a los Europarlamentarios del Grupo Renew Europe y a la prensa cuando se le solicitaron detalles sobre la investigación. Este rechazo  es llamativo dado que él tiende a criticar los estudios que no son transparentes. Por ejemplo, en una reciente entrevista en El País cuando los entrevistadores le recordaron que “El CNI solo ha reconocido haber espiado a 18 de los 65 casos que ustedes mencionan”. Deiber respondía: “¿Cómo podemos verificar eso? ¿Qué han enseñado en la comisión de secretos oficiales? ¿Lo creen?”. Igualmente, en 2017 el mismo Deibert publicó un artículo en el foro online Just Security donde criticaba un informe del FBI sobre las operaciones de ciberespionaje ruso en Estados Unidos precisamente por la falta de verificación externa, la ausencia de pruebas sólidas en la atribución de la autoría a Rusia y por no aclarar el grado de confianza atribuido a cada indicador utilizado.

Esta crítica, perfectamente lógica y válida, choca frontalmente con la forma de proceder en el informe CatalanGate donde tampoco se pueden verificar los resultados, donde las pruebas para incriminar a España son “circunstanciales” (como el mismo informe admite), donde no se reportan grados de confianza de ningún indicador, ni se consideran falsos positivos o explicaciones alternativas. Es más, en la misma entrevista en El País, Deibert, que es un politólogo de formación, alega que los métodos de Citizen Lab son 100% fiables y que no es posible que haya falsos positivos. Estas afirmaciones contradicen la práctica científica comúnmente aceptada (donde se considera la posibilidad de errores instrumentales) y la opinión de algunos expertos en ciber-espionaje que argumentan que no solo es posible que haya falsos positivos de Pegasus, sino que es posible fabricarlos. Esta tesis es bastante conveniente si como refleja el libro de Roger Torrent Pegasus: L’Estat que ens espía (2021), existía un aparente interés por parte de los autores y participantes en el estudio en maximizar el número de resultados positivos encontrados. Igualmente parece plausible que esta sea una de las razones por las que no parecen haberse establecido controles para evitar la manipulación de la evidencia por parte de las presuntas víctimas, algunas con conocimientos informáticos muy avanzados.

Otro aspecto digno de mención es que ningún conflicto de interés fue reconocido explícitamente, algo que es básico en cualquier investigación científica. Entre ellos quizás el más llamativo es que uno de los autores, Elies Campo, un activista independentista que colaboró en la organización del referéndum de 2017 y que  aparece como victima en el informe fue quien se encargó de coordinar el trabajo de campo en Cataluña. Es también irregular que se le encargase en julio de 2020 una tarea tan importante cuando él no tenía experiencia previa en investigaciones científicas ni tenía titulación académica al efecto. Hasta enero de 2022 no fue nombrado Fellow en Citizen Lab y aunque no dijo la verdad sobre su situación laboral, en teoría trabajaba para Telegram, por lo que no deja de ser sorprendente su participación en un proyecto que supuestamente se había iniciado por un encargo de WhatsApp a Citizen Lab.

No se hace referencia tampoco al interés de Citizen Lab por conseguir “munición” a WhatsApp, Apple y a los independentistas para que tuvieran material sólido que presentar en procesos judiciales, tal y como declaraba Torrent en su libro. Ciertamente existen investigaciones motivadas por intereses corporativos o de otro tipo, pero los protocolos éticos científicos exigen que entonces que estos intereses sean puestos de manifiesto. Torrent llega a referirse a que uno de los autores trabajaba en nombre de Apple, lo que puede tener conexión con que después de los primeros cinco casos supuestamente identificados en la lista de WhatsApp, la investigación se centrase en dispositivos iPhone.

En cualquier caso, resulta curioso que se invite como peritos y testigos a un  procedimiento judicial contra una compañía a unas personas que presuntamente trabajaban para otra compañía que planeaba demandar a la primera.  Efectivamente, Apple acabó demandando a NSO Group en noviembre de 2021 y en la comunicación oficial llegó a mencionar explícitamente el agradecimiento a Citizen Lab y Amnesty  anunciando una contribución de 10 millones de dólares para apoyar a organizaciones que investiguen este tema.

El informe también omite que la Agència de Cibertseguretat trabajó en el análisis de los móviles con Citizen Lab y que los partidos políticos y asociaciones independentistas, jugaron un papel clave en la identificación de potenciales casos sospechosos de infección. Torrent incluso indica que Gonzalo Boye hacía un inventario, ya el 24 de julio de 2020. Es decir, el demandante incluye como prueba un informe que ha ayudado a elaborar. Tampoco se explica el motivo teórico o científico que les hizo ceñirse a analizar solo a personas ligadas al independentismo. La elección como título de “CatalanGate” que era una referencia propagandística que ideo Ernest Maragall y que era el nombre de una web que se había registrado en enero 2022 por la ANC y que pertenece a Omnium también resulta indicador de la falta de neutralidad del informe.

Por otra parte, las contradicciones entre los autores, periodistas y el mismo Torrent en el relato de cómo se inició la investigación en Cataluña resultan  notables. Si Citizen Lab tenía la lista de víctimas de la brecha de seguridad de WhatsApp desde 2019, ¿por qué Torrent se enteró que su teléfono había sido atacado cuando fue contactado por unos periodistas de El País y The Guardian? ¿Por qué habiendo 1400 nombres en la lista, muchos de dictaduras y países con importantes vulneraciones de derechos humanos, decidieron  emprender una investigación sobre el caso de los independentistas, donde el hecho de que hubiese vigilancia policial no podía sorprender demasiado?

Pero quizás lo más llamativo es que el informe no haga ninguna referencia a las precauciones que normalmente se toman cuando una investigación académica presenta riesgos para los intereses de terceros. En este caso Citizen Lab estaba alertando a ciudadanos de que podían estar siendo objeto de vigilancia por alguna agencia gubernamental española. Es preciso recordar que era razonable pensar que muchos de estas  personas estaban siendo investigadas por orden judicial, otras estaban fugadas y algunas incluso encarceladas. Por ejemplo, tres de los espiados se habían reunido con emisarios del Kremlin y seis trabajaban en el área de la tecnología blockchain y criptomonedas y se sospechaba que habían participado en la organización de la plataforma Tsunami Democratic. Como se ha revelado posteriormente los servicios de inteligencia españoles estaban vigilando a 18 líderes independentistas. No sabemos si sus escuchas fueron afectadas por la investigación de Citizen Lab. Ni los autores ni el comité ético de la Universidad de Toronto han dicho cómo se aseguraron de que con su investigación no se interfería el curso de la justicia española.

En definitiva, más allá de las implicaciones que este estudio pueda tener a nivel político y de reputación para el país, lo cierto es que existen una serie de aspectos técnicos que hay que tener muy presentes a la hora de determinar su  auténtico valor tanto como prueba documental en comisiones parlamentarias  como, sobre todo, en sede judicial.  Estas anomalías (y otras ya puestas de relieve en prensa y redes sociales) apuntan a cuestiones e inconsistencias que pueden ser de mucho interés a la hora de tenerlos en cuenta en otros procesos e investigaciones donde los participantes están implicados.

 

Por qué oposité

Quizá sea un post poco novedoso, ya que se ha tratado en múltiples ocasiones en distintos foros, pero se trata de analizar una cuestión o, más bien, problema, que late en nuestro sistema universitario: los aspectos a mejorar en la Universidad pública española si se quiere conseguir un sistema justo y competitivo. Este post lo escribo desde una perspectiva personal y llena de sufrimiento al ver como un marco fundamental, como es la Universidad pública española, expulsa a mentes inquietas con ganas de mejorar y evolucionar, en lugar de atraerlas a quedarse y hacer carrera en ella. Al ser un post personal, empezaré identificándome: de 2005 a 2009 estudié la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid donde obtuve el premio extraordinario. Al acabar empecé con el doctorado compatibilizándolo con el trabajo de abogada. Siempre he pensado que el Derecho debe servir para resolver problemas reales. De ahí dicha compatibilización, lo que algunos calificaron como excesiva ambición. La tesis doctoral la leí en enero de 2013 con premio extraordinario (lo de los premios no lo digo por presunción sino para que se aprecie el compromiso con la universidad, por lo que se dirá luego). Los años de doctorado y ciertas conversaciones me permitieron darme cuenta de los obstáculos que iba a tener si quería hacer carrera universitaria, pese a haber obtenido el título de doctor, esencial para progresar en la escala universitaria, del que, por cierto, algunos de los de allí carecen. Por ello, el 1 de febrero de 2014 decidí lanzarme al mundo de las oposiciones para intentar ganar el título de Notario que siempre había deseado y en lo que por circunstancias varias no me embarqué nada más acabar la carrera. Justo dos años más tarde, en febrero de 2016, puedo decir que lo he conseguido: ¡he ganado la oposición!

A partir de lo expuesto quiero apuntar algunos de los mayores problemas que, a mi juicio, presenta la Universidad y que no parecen difíciles de corregir… si existe voluntad, claro está. Con observar el sistema de oposiciones que, pese a la injusta crítica de muchos, atrae a los mejores expedientes, y aplicar sus principios de objetividad e imparcialidad, muchos de los problemas se superarían. Y digo que la crítica a la oposición es injusta porque aunque el sistema tiene cosas que se pueden mejorar como por ejemplo el esfuerzo memorístico que, podría pensarse, es excesivo, tiene algo que compensa lo negativo: la objetividad y la transparencia. A mi juicio,  lo compensa y con creces. No olvidemos que tal esfuerzo memorístico va acompañado de la comprensión y la capacidad de relación, por lo que los opositores no somos loros como algunos dicen. Paso ya a exponer los principales problemas del sistema de acceso a la docencia en la Universidad.

El primero es el de la incertidumbre. Durante la oposición se sufre una gran incertidumbre porque no sabes si la vas a sacar o no. Este año para 100 plazas de notario (10 reservadas para personas con discapacidad) nos presentábamos 831 personas. Por tanto tienes incertidumbre sobre si vas a ser uno de los 100 que van a conseguir ganar el título de notario en esta convocatoria o vas a tener que aguantar esa incertidumbre otra/s convocatoria/s más, si el ánimo y la fuerza lo permiten. Lo que sí sabes con certeza es cuál es el temario, que tienes que cantar bien los temas en los dos orales, hacer un dictamen en condiciones y también una escritura y matemática financiera correcta. Sin eso no hay manera de aprobar, porque existen muchas personas, también dedicadas a tiempo completo, que tienen tantas ganas como tú de ganar la oposición. Personas que tienen un atributo básico para el éxito como es la constancia en el estudio y que en muchos casos han destacado por su trayectoria académica. En la Universidad es una incertidumbre distinta. No sabes cuál es el criterio objetivo de selección, si es que existe, ni quién lo pone, ni si se mira con los mismos ojos a todos, ni cuándo vas a poder tener oportunidad de optar a una plaza… En definitiva, una incertidumbre que te supera.

El segundo problema, relacionado con lo anterior, la falta de objetividad. A modo de ejemplo, ¿tiene sentido que quiénes van a evaluar la tesis doctoral sean propuestos por el doctorando? Es decir, ¿tiene sentido que el juzgador sea designado por el juzgado? Aunque el nombramiento efectivo lo hace el órgano correspondiente de la Universidad, la realidad es que éste depende de ciertos criterios con los que el doctorando puede jugar. Vamos, que está en sus manos la decisión de quien compondrá su tribunal. Se podrá rebatir esta crítica diciendo que el trabajo del doctorando está ya hecho y que su mérito está ya reconocido por la preparación de la tesis. Pero el opositor también tiene hecho ese trabajo durísimo y, pese a ello, tiene que ser capaz de exponer los temas ante  un tribunal que le evalúa con absoluta objetividad. No importa quién eres, ni qué edad tienes, ni de quién procedes… Solo importa cómo expongas los temas. En definitiva, un único criterio para la selección: el mérito. Esto es lo que hace que la oposición atraiga a tantas personas: la seguridad de que si das la talla ganarás la oposición. Lo difícil es conseguir dar la talla haciéndote con el programa. Si en la Universidad rigiese ese mismo criterio del mérito estoy segura de que muchos buenos estudiantes se animarían a quedarse en ella.

Otro punto positivo de la oposición es que el tribunal está integrado por miembros de distintos cuerpos de élite. En Notarías, que es la que más conozco, cuenta con tres notarios, un registrador de la propiedad o mercantil, un abogado del Estado, un magistrado y un catedrático o titular de Universidad. El tribunal de tesis, por el contrario, está integrado exclusivamente por “doctores con experiencia investigadora acreditada y reciente” (así lo dicen las normas de la UCM, disponibles en la web). La diversidad me parece un valor añadido de la oposición que se podría trasladar a la Universidad. Seguramente para el doctorando, si desea publicar su tesis, le resultará interesante tener distintos puntos de vista. La valiosa opinión doctrinal del catedrático puede verse complementada con una más práctica del magistrado, aunque no sea doctor…

Otro problema es el ambiente. Algo que a mí me ha enriquecido en la oposición y que me ha ayudado mucho para preparar el tercer examen –el temido dictamen- ha sido comentar los problemas y dudas con otros compañeros opositores que estaban en mi misma situación. A pesar de ser una “competición” mucho más real porque eran 45 plazas para los más de 400 que se examinaban en mi tribunal el trato con mis compañeros ha sido excelente. Pese a que en la Universidad la competencia no debería existir, la realidad es que existen varias “escuelas” y en una de ellas te encuadran. El ambiente podría mejorar si unas escuelas se complementaran con otras y, sobre todo, si los docentes tuvieran motivación por lo que hacen y ganas de investigar, de lo que muchos carecen…por supuesto, que la culpa no la tienen ellos, sino el sistema, que como he dicho antes no premia el mérito y el esfuerzo lo que, sin duda, desmoraliza.

Existe también una pirámide demasiado escalonada y con escalones muy altos y separados entre ellos. El trato entre los escalones más bajos y los más altos es algo distante y con un marcado carácter reverencial que también, creo, está fuera de lugar –y de tiempo-. A Dios gracias eso yo no lo he sufrido pues el trato con los catedráticos más cercanos ha sido siempre excelente. En la oposición mis preparadores de orales y de dictamen me han tratado siempre de igual a igual, con gran cariño y consideración, quizá siendo conscientes de lo dura que es la oposición y lo mucho que puede perjudicar a un opositor un comentario poco afortunado.

Esta es mi opinión sobre los problemas de la Universidad que me duele destacar pero que creo que debo hacer, pues debería ser un foro en el que permanecieran los mejores estudiantes para crear un cuerpo de élite y reconocido. Y me duele especialmente porque creo que son problemas fáciles de corregir y si no se corrigen es por falta de voluntad. Podría discutirse si hoy en día el método de la oposición es el mejor sistema de selección o existen otros mejores donde se respeten dos puntos clave: el mérito y la objetividad. Yo me manifiesto una defensora del sistema de oposición.

Y ya para terminar: espero que no se me malinterprete y que nadie entienda estas palabras como una manifestación de resentimiento. No me duele en prenda reconocer la gran valía de muchos profesores universitarios y del esfuerzo que hacen día a día.

El examen del Tribunal de Cuentas a las Universidades Públicas

El pasado 29 de enero el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó su informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012. El único antecedente de esta fiscalización es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003.

Tantos años sin un informe de estas características y casualidades de la vida, la publicación del informe coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de reforma del sistema universitario, que permite que las universidades españolas elijan la fórmula que prefieran: tres años de grado y dos de máster (3+2) o cuatro años de grado y uno de máster (4+1). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y profesores se han posicionado en contra de la reforma. De hecho, el pasado 24 de marzo se produjo la segunda movilización contra los grados de tres años: la huelga de estudiantes, profesores y personal administrativo de Universidad tuvo un seguimiento del 85% (según los sindicatos convocantes). No obstante este post lo vamos a centrar en el informe del Tribunal de Cuentas, porque el análisis del Decreto Wert daría como mínimo para otro post. Y es que además, el informe tiene mucha miga y tiene unas conclusiones y recomendaciones bastante contundentes.

Por ponernos en contexto, reseñar que del total de las 79 universidades públicas y privadas que conformaban el Sistema Universitario Español en el curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 51 que corresponden a 47 Universidades Públicas de carácter presencial, 2 universidades no presenciales (UNED y UOC) y 2 universidades especiales (la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía). Las Comunidades Autónomas con mayor peso específico en el Sistema Universitario Español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

Las 47 universidades públicas de enseñanza presencial analizadas contaban con 1.160.095 alumnos matriculados en el curso 2012/13 y las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) con 215.472 alumnos. El total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios. El conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones, en 2012, por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. Por otra parte, el endeudamiento total de las universidades analizadas ascendía a la nada despreciable cantidad de 620 millones de euros.

En sus trabajos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia en 2012 de “al menos” 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades públicas, en su mayor parte fundaciones y sociedades, de las cuales 382 han de considerarse de carácter público. Según el Tribunal, la creación de estas entidades instrumentales ha respondido (“en ocasiones”) a la deliberada huida del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos.

Centrándonos en el apartado de recomendaciones, el Tribunal destaca la necesidad de realizar los cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, a una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, de cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y de una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas de las universidades públicas.

Asimismo el Tribunal de Cuentas aconseja adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control, analizar la creación en las universidades públicas de la figura del Interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura y estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, con el fin de regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias.

¿Sorprenden las conclusiones del Tribunal? La verdad es que sobre la situación de la universidad en España se ha escrito mucho y desde hace tiempo. Por ejemplo, tirando de hemeroteca, desde 1980 se escribe en los medios sobre la politización de nuestras universidades. También se está debatiendo mucho sobre la endogamia imperante en los procesos de selección del profesorado (por ejemplo aquí y aquí) y es que según datos del Ministerio de Educación publicados por El País, el 73% de los profesores universitarios leyeron su tesis en el centro en el que están contratados. Sobre el caso concreto de la Universidad Rey Juan Carlos se ha escrito en este mismo Blog (aquí y aquí). Y es que no todos los males de la universidad en España se deben a sus problemas de financiación y falta de estabilidad presupuestaria (que existen y son un hándicap desde luego).

Diagnóstico de la situación conocido y compartido, faltan las medidas. En esta legislatura, el Ministro Wert contó con un grupo de expertos que emitió un informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Han pasado más de dos años desde entonces y parece que las medidas de ese informe del grupo de expertos no van a ver la luz, estarán bien custodiadas en algún cajón. Pero vamos, en la anterior legislatura tampoco se adoptaron medidas de calado encaminadas a acabar con los problemas de nuestras universidades públicas. No es una prioridad política, está claro.

El caso es que yo soy de los que cree que en España necesitamos un modelo económico más productivo, donde la innovación juegue un papel destacado y se apueste por invertir más en I+D y menos en ladrillo. En este modelo las universidades son una pieza clave pero para ello deben contar con una financiación estable y suficiente… y algo más, tienen que regenarse, lo que implica librarse de sus lastres históricos (politización, endogamia), acabar con la falta de control interno, racionalizar sus estructuras administrativas, etc … lo mire usted desde la óptica de la izquierda o desde la óptica de la derecha.

Universidad Rey Juan Carlos: ni lo más básico

Según una noticia de hace un par de años : “La URJC, primera Universidad de Madrid en colocar a sus titulados, según un informe de la Comunidad” pero… ¿y qué ocurre con sus profesores? Mucho mejor todavía. La Universidad Rey Juan Carlos en mayo de 2012. convocó 21 plazas de Titular de Universidad y 4 de Catedrático de Universidad siendo rector Pedro José González-Trevijano actual Magistrado del Tribunal Constitucional. Acababa de entrar en vigor ese mismo año el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre que limitaba la tasa de reposición al 10% para los funcionarios, y varias Universidades intentaron sacar una serie de plazas in extremis para intentar eludirla. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas, formuló los requerimientos oportunos para que se paralizasen las convocatorias y la mayoría de Universidades acataron el requerimiento y suspendieron las plazas, la Universidad Rey Juan Carlos entre ellas.

No obstante, al poco tiempo, el entonces Rector decidió levantar la suspensión y seguir adelante con las plazas. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado interpuso los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones por las que se iba nombrando a los titulares de las plazas convocadas. En estos últimos meses, se están dictando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las correspondientes sentencias anulando, una a una, las plazas impugnadas.

Hoy por hoy, hay constancia de que se han anulado las plazas de:
– Mercedes Ruiz Garijo (STSJ M 8631/2014) – Jesús Miguel Seoane Sepúlveda (STSJ M 11526/2014) – Gabriel Morales Sánchez (STSJ M 13526/2014) – Sonia Núñez Puente (STSJ M 13527/2014) – Marta Ortiz de Urbina Criado (STSJ M 13837/2014) – Inmaculada Mora Jiménez (STSJ M 14259/2014) – Francisco Mercado Romero (STSJ M 15150/2014) – Roberto de Miguel Pascual (STSJ M 15151/2014) – Luis Miguel Doncel Pedrera (STSJ M 15485/2014) – Rubén Milla Gutiérrez (STSJ M 15486/2014)
– Ana Isabel López de Andrés (STSJ M 15489/2014) – Yolanda Pérez Cortés (STSJ M 15491/2014) – Raquel Rodríguez Díaz (STSJ M 16343/2014).

Van 13 de las 25, entre las que se encuentra la del actual Vicerrector de Profesorado e Investigación, D. Luis Miguel Doncel Pedrera, que sigue desempeñando su cargo y firmando resoluciones de importante calado -incluyendo algunas que implican el acceso al reparto de fondos destinados a investigación- a pesar de haberse dictado una Sentencia en virtud de la cual se anula su plaza. Esto es consecuencia de que los afectados están recurriendo en Casación ante el Tribunal Supremo (TS), y la Universidad ha decidido no ejecutar voluntariamente las Sentencias mientras que el Ministerio de Hacienda, que se sepa, no ha instado por ahora la ejecución. Como bien saben nuestros lectores, el recurso de Casación es un recurso extraordinario y, por tanto, no impide la ejecución provisional de las Sentencias.

En cualquier caso, es cuestión de tiempo -de muy poco tiempo- que haya quien se persone en el fase de ejecución para solicitarlas, especialmente aquellos que profesores que sí respetaron el Real Decreto-Ley 20/2011 y que han visto su concurso de acceso paralizado mientras temen alguna artimaña de la URJC para evitar aplicar en sentido estricto la sentencia. Y más si tenemos en cuenta que el propio Vicerrector de Profesorado e Investigación, D. Luis Miguel Doncel Pedrera, en el momento sea efectiva la sentencia, a todos los efectos habrá perdido su plaza de Profesor Titular de Universidad, aunque hasta el día de hoy, tal y como hemos señalado anteriormente, sigue tomando decisiones que afectan directamente al conjunto del personal docente e investigador de la URJC como si tal cosa.

El contenido de las Sentencias, dentro de cada Sección es prácticamente idéntico.
Ahora bien, hemos de significar también, y así lo hemos puesto de manifiesto en sentencias anteriores (entre otras, la de 7 de febrero de 2014, Recurso 1490/2012) que nuestro Tribunal Supremo ha admitido en ocasiones, la impugnación, a través de los actos de aplicación, de las Bases no recurridas en su momento oportuno, posibilidad que se ha aceptado a título de excepción y en aquellos casos en que era evidente la nulidad de algunos de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2009, casación 9260/2004 , y 18 de mayo de 2012, casación 3013/2008, entre otras, y sentencia 107/2003 del Tribunal Constitucional ). Ante ello, y pese a que no se acierta a comprender la ausencia de impugnación por la Abogacía del Estado de la Convocatoria que nos ocupa, pues el requerimiento en su día realizado a la Universidad demandada no le eximia, como sabemos, de ello, es lo cierto, y así ha de señalarse que la normativa que nos ocupa ( art. 3 del Real-D Ley 20/2011 y art. 23.uno.2 de la Ley 2/2012) ha sido dictada sobre las bases del 149.1.13 .ª y 156.1 de la Constitución , teniendo el carácter de norma básica estatal.”

La Abogacía del Estado sostiene que se ha superado en un 2400% la tasa de reposición permitida para la Universidad Rey Juan Carlos para el año 2012, y la Universidad, aquí viene lo interesante, alega que solo cabría la impugnación por este motivo si finalmente las plazas se hubieran adjudicado a personal que no perteneciera previamente a la Universidad, y que en su caso se trata solo de un cambio de categoría jurídica de los profesores a quienes se han adjudicado las plazas, equiparando estas plazas a una suerte de promoción interna dentro del Cuerpo de Profesores de la propia Universidad.

La respuesta del Tribunal sobre este extremo es contundente e inequívoca:
En suma, para participar en un concurso para el acceso a plaza en el cuerpo de profesores titulares de universidad se requiere estar “acreditado”, y pueden pedir esa acreditación quienes posean el título de doctor; no sólo los doctores acreditados que presten servicios en la Universidad convocante pueden concurrir sino también los que presten servicio en cualquier otra universidad o incluso los que no presten servicio en ninguna, lo único requerido es estar acreditado y restringir el concurso al personal propio iría en contra de los principios de mérito, capacidad, igualdad de trato y de oportunidades; por ello, el hecho de que la plaza hoy impugnada haya sido finalmente cubierta por la hoy codemandada, que tenía la condición de profesora contratada doctora de la Universidad Rey Juan Carlos, es irrelevante a estos efectos pues es la validez o no de la Convocatoria misma lo que ha de examinarse y el juicio sobre su conformidad o no al dictado del art. 3.1 citado no puede quedar en suspenso hasta conocer el resultado a que se llegue en el proceso selectivo correspondiente, además de que los preceptos citados no permiten convocar todas las plazas que se tengan por conveniente con tal de que se respete el equilibrio presupuestario, sino que imponen la congelación de la oferta de empleo público, toda vez que no se está analizando el estado de las cuentas de la Universidad, sino el cumplimiento de una norma básica del Estado, siendo claro que dicha norma básica establece la congelación de la oferta de empleo público, autorizando excepcionalmente en determinados sectores, una tasa de reposición del 10%.”

De este modo, el TSJM ha venido a sentar el criterio de que no es posible aceptar que exista promoción interna en el PDI de las Universidades Públicas. La Universidad Rey Juan Carlos, sin embargo, sigue empeñada en recolocar a sus profesores, y ahora está jugando con la figura del Profesor Contratado Doctor, para poder reducir el número de Interinos de su plantilla. En los últimos meses, el actual Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao, junto con su Vicerrector de Profesorado e Investigación -el de la plaza anulada-, ha venido convocando un ingente número de plazas, muchas de ellas ya resueltas, en octubre y noviembre, de nuevo contraviniendo el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. De hecho, el todavía Vicerrector de Profesorado e Investigación ha venido animando al profesorado interino a que se sume a esta conversión masiva a la condición de Profesor Contratado Doctor.

La propia Universidad es consciente de que esta fórmula tampoco se ajusta a Derecho, dado que deliberadamente se ha limitado a publicar estas convocatorias en los tablones de los Registros de la Universidad, infringiendo de forma flagrante y temeraria lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades Públicas de Madrid y su régimen retributivo, ya que ni se han publicado en el Boletín Oficial (no es concurso público), ni consta que se haya comunicado ninguna convocatoria al Consejo de Coordinación Universitaria, por lo que, de nuevo, nos estamos inventando un proceso de promoción interna que no existe.

El Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao, parece tener clara la acumulación de irregularidades que ponen en riesgo está pseudo oferta de plazas de Profesor Contratado Doctor. De hecho, las convocatorias de algunas de ellas han sido recurridas en vía administrativa, siendo estimado el recurso por el propio Rector en resolución de fecha 28 de enero de 2015, diciendo lo siguiente: “[…]pudiendo dicha oferta de plazas contravenir lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2011,de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público, cautelarmente y, en evitación de ulteriores perjuicios de imposible o difícil reparación que podrían irrogarse a los aspirantes a tomar parte en los concursos correspondientes a dicha oferta de plazas, procede la suspensión de la tramitación de los citados concursos a que dicha oferta se contrae, en el estado que mantienen, basta tanto en cuanto quede definitivamente determinada la legalidad y legitimidad de dicha oferta de plazas”.

El Ministerio de Hacienda, y concretamente la Subdirectora General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Dª. Concepción Godoy Ramírez, ha tenido conocimiento formal de esta situación, ya que fue informada de las convocatorias y, posteriormente, de las resoluciones. De igual modo, el Consejo de Coordinación Universitaria y la Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid serán informados oficialmente para que actúen de inmediato en lo que sin duda es una verdadera estafa a los preceptos que todas las universidades ha tenido que cumplir.

Claro que existe una salvedad que destroza los sueños de los partidarios de este proceso, y que deberán tener en cuenta el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Coordinación Universitaria y la Directora General de Universidades. La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en su artículo 21.Uno.2.i) señala que “la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación (…) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Excepcionalmente, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, parte de las plazas resultantes de la aplicación del límite de la tasa de reposición del 10 por ciento correspondiente a los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, es decir, Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrá ofertarse para el ingreso como profesor contratado doctor en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica
.”

Pues bien, parece que estas plazas de Profesor Contratado Doctor que la URJC ha ofertado y sigue ofertando, también incumplen las limitaciones de la tasa de reposición, amén de una serie de preceptos relativos al procedimiento en sí. En esta tesitura lo más sabio y prudente por parte del Rector de la URJC, D. Fernando Suárez Bilbao y de su todavía Vicerrector de Profesorado e Investigación D. Luis Miguel Doncel Pedrera sería paralizar todas las convocatorias de plazas de Profesor Contratado Doctor, porque a este paso entre los titulares y catedráticos con su plaza anulada y los profesores contratados doctores también contra las cuerdas, quizá la URJC sea la primera que tenga que abrir una oficina del INEM en su Rectorado.

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias: del 4+1 al 3+2

El pasado viernes día 30 de mayo el Ministro de Educación y Cultura anunció en rueda de prensa las líneas generales de las nuevas directrices sobre las que habrá que diseñar los títulos universitarios oficiales. Su contenido concreto lo hemos podido conocer, finalmente, a través  del Real Decreto 43/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 3 de febrero, que modifica tanto el Real Decreto 1393/2007 como el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas de doctorado. Es el momento, pues, de efectuar algunas reflexiones sobre la oportunidad de esta reforma y sobre las consecuencias que para la formación de nuestros alumnos podría, en mi opinión, acarrear. Todo ello sin perder de vista que el proceso de adaptación al Plan Bolonia -o, en términos técnicos, Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)-, comenzado hace pocos años, no ha culminado todavía en muchas titulaciones y que aún resuenan las críticas, los problemas y las dudas que entonces se generaron y que, inevitablemente, se siguen planteando a día de hoy.

En la actualidad, los Grados universitarios, que sustituyeron a las antiguas Licenciaturas, constan por lo general de 240 créditos a realizar en cuatro años, a razón de 60 créditos por año. Con ello, teóricamente, el alumno adquiere los conocimientos, las destrezas y las competencias necesarias para acceder al mercado laboral, mientras que aquellos que deseen una mayor especialización pueden cursar algunos de los másteres oficiales (60 créditos) que las Universidades ofrecen, dando como resultado una formación que responde a la famosa estructura de 4+1 años, con un total de 300 créditos. Superadas estas etapas el alumno puede acceder a los estudios de Doctorado –no especialmente demandados- que le introducen en las actividades de investigación y que culminan con la obtención del título de Doctor.La reforma que ahora se nos presenta, en cambio,abre la puerta a la existencia de grados de 180 créditos, es decir, de tres años de duración, en cuyo caso los másteres de especialización habrían de contar con 120 créditos (dos años) con los que completar los 300 que se exigen para el acceso al Doctorado.  Con ello, se reconoce la posibilidad de que las universidades adopten la fórmula del 3+2 que, por ser voluntaria para éstas, podría convivir  con la del 4+1 actual.

Al mismo tiempo, el RD 43/2015 establece que “cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España–en donde se incluirían, por ejemplo, Derecho o Medicina-, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable”. Por lo tanto, como es posible que próximamente nos encontremos con una normativa particular para este tipo de titulaciones, habrá que ser especialmente cautelosos hasta comprobar cómo queda su situación particular.

Así las cosas, el profano en cuestiones universitarias seguramente pensará que el revuelo provocado carece de justificación puesto que, en la práctica,daría lo mismo optar por un 4+1 que por un 3+2 pues el alumno, a la postre, obtendría una formación de cinco años lectivos en ambos supuestos. Pero, ciertamente, y por mucho que desde la óptica de las matemáticas nos pueda parecer lo contrario, en el caso de la educación de nuestros universitarios, el resultado no es el mismo según se adopte una u otra opción.

La reforma que se acaba de aprobar se nos ha pretendido vender como una medida encadenada a converger con la mayoría de los países del EEES. La primera reacción que se me viene a la cabeza, que por evidente no es menos importante, es la de que podrían habérselo pensado mejor en el año 2007, cuando se obligó a las universidades a que, para adaptarnos a Europa, nuestras titulaciones pasaran a tener una duración de cuatro años y a contar con 240 créditos, proceso que exigió un esfuerzo sobrehumano para todos los que conformamos la comunidad universitaria.

Con todo, el nuevo sistema sí que favorecería la movilidad del estudiante y el reconocimiento de títulos si impusiera que todos los grados universitarios dentro de una misma materia tuvieran igual estructura de años y créditos. Pero lo cierto es que cada Universidad podrá decidir lo que considere oportuno -adoptar el 3+2 o mantenerse en el 4+1- de tal modo que, al final, esa pretendida equivalencia entre titulaciones se hará muy difícil incluso dentro de nuestro propio país. Así, ya no podremos hablar de un sistema universitario en cada Comunidad Autónoma, como ocurre ahora, sino de uno propio de cada una de las 88 universidades que existen en España. Desde la perspectiva internacional, por su parte, hay que tener en cuenta que muchos países europeos con grados de tres años están sopesando su conversión a cuatro e, incluso, que en Estados Unidos muchas de las universidades más prestigiosas tienen, precisamente, titulaciones de esa misma duración.

El Ministro señala, por otra parte, que con la reducción de un año en la duración de los grados los costes de matrícula serán menores, pero esconde que la gran mayoría de los estudiantes tendrán que realizar un máster para completar sus estudios si pretenden encontrar un puesto de trabajo. Si ya en el momento actual cualquier empresa u organismo exige una formación especializada, con mucho mayor motivo se precisará cuando el grado estudiado únicamente conste de tres años y sus contenidos sean más genéricos. Máxime cuando hasta hace pocos cursos nuestras titulaciones eran licenciaturas de cinco años. Como el coste por crédito es mayor en los másteres (65 euros frente a 33 en los grados, con carácter general), la factura para las familias crecerá y solo aquellos que puedan costeárselo obtendrán una formación que efectivamente les habilite para posicionarse adecuadamente el mercado laboral.

No debe olvidarse, en este orden de cosas, que el Ministro que ahora habla de ahorrar dinero a los estudiantes –eso sí, a costa de estudiar un año menos- ha sido el responsable de las subidas generalizadas de tasas que los alumnos han sufrido en los últimos años –a través del Real Decreto 14/2012 que permitió a las Comunidades Autónomas fijar los precios públicos de los estudios-, del endurecimiento de los requisitos para la obtención de becas y, en definitiva, de los continuos recortes que hemos venido sufriendo en la universidad pública. Al mismo tiempo, no se puede obviar que el establecimiento de grados de menor duración requerirá menos docentes, por lo que auguro despidos a medio plazo en el apartado de personal así como, consecuentemente, en la financiación de las universidades públicas vía transferencias de las Comunidades Autónomas.

Todo ello por no hablar de los costes de gestión que la adaptación a los nuevos grados generará y que, nuevamente, recaerán, en gran parte, en el profesorado. Recuérdese que la adaptación a Bolonia ni siquiera se hizo al tan cacareado “coste cero” que inicialmente se nos exigió, pues la falta de contratación de nuevos docentes y la exigua tasa de reposición de vacantes impuesta por el Gobierno hizo que tuviéramos que abordar el cambio sin los medios materiales y humanos suficientes y asumiendo tareas administrativas, en muchos casos, sobrehumanas. Gran parte de nuestro tiempo, que debería dedicarse en su integridad a la docencia e investigación, lo tenemos que emplear ahora a actividades de lo más variopintas, convirtiéndonos, en muchas ocasiones, en meros cumplimentadores de papeles, impresos y aplicaciones informáticas de todo tipo y condición para finalidades de lo más peregrinas.

A mi juicio, apostar por una educación de calidad no pasa por una reducción de créditos y años formativos, de tal manera que el alumno se vea abocado a un mercado laboral, duro de por sí, sin las armas – formación- suficientes. Lo que se precisa es  una decidida inversión en infraestructuras, dotaciones y profesorado que mejore la educación de nuestros estudiantes, junto a una oferta de becas que permita tener, al que carezca de recursos, las mismas posibilidades que los demás. Tampoco pasa por estar modificando el sistema universitario permanentemente, respondiendo así a las ansias que todo Gobierno parece tener por aniquilar todo lo que el anterior haya establecido en materia de educación, sin esperar a que las nuevas estructuras se asienten y se pueda acometer la solución de las deficiencias detectadas. Y no se puede criticar que nuestras universidades no aparezcan en los primeros puestos de los rankings internacionales cuando de manera continuada los presupuestos destinados a investigación se ven mermados sin piedad para situarnos en una situación completamente agónica.

¿No sería mucho más razonable no precipitarse, ver resultados y analizar las tendencias internacionales, antes de fijar un nuevo sistema cuando, además, la Universidad aún se esta lamiendo las heridas provocadas por la adaptación a Bolonia? Me temo, desgraciadamente, que esta no será la última medida que en los próximos meses afecte a la Universidad, ahora que parece que nos hemos convertido en la nueva bestia  negra de nuestros políticos.

Endogamia, omertá y corrupción en la Universidad

Mi buen amigo Rodrigo Tena comenzaba su entrada del pasado día 9 de diciembre afirmando que “en este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS.” Inmediatamente me hice la pregunta que nos hacemos, al menos, los prudentes: ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Me vuelvo a tirar a la piscina? La duda me duró poco. Así nació esta entrada. Sí, soy culpable, he publicado un artículo, no en este blog (lo que ahora corrijo), exponiendo un caso concreto, el que a mí me sucedió, sobre el cómo se proveen las plazas de profesores en las Universidades españolas. Mi caso combina lo normal con lo anormal; lo normal, entendido como lo más frecuente, que se convoque una cátedra para que gane el candidato local, el de casa, el dueño de la plaza. Y lo anormal, lo poco frecuente, que “el de fuera”, el “usurpador”, se presente a realizar las pruebas. Una vez te comunican, como fue mi caso, quién va a ser el ganador, el dueño de la plaza, la certeza del resultado hace que muchos decidan no presentarse a realizar las pruebas. Te evitas participar en un espectáculo grotesco, pero cruel, de destrucción y denigración del ladrón. Azuzado por el público entregado que pide sangre y jalea, aplaude y vitorea. En mi caso, rompí esta regla. Muchas razones me empujaron. Una, la más importante, fue la del hartazgo frente a la arbitrariedad más descarnada, sostenida por la mediocridad y la inmoralidad convertida en parámetros para la selección y contratación del profesorado. Me presté al espectáculo. Al circo. Los gritos y los aplausos siguen resonando como el sonido de la miseria. El tiempo transcurrido no apacigua la indignidad.

La incursión de este blog y de otros medios en el mundo universitario viene propiciada por un cambio general que se está produciendo en España de rechazo a la corrupción. En el último Barómetro del CIS, noviembre de 2014, la corrupción ha escalado al segundo problema grave de la situación de España, así considerado por el 63 por 100 de los encuestados. Las Universidades no son ajenas a este mal. Los medios de comunicación se están haciendo eco. Así, merece destacarse, la serie de artículos que está publicando el diario El País. He leído algunos y las columnas de opinión publicadas. Se ha abierto la veda. La denuncia de los escándalos se suceden. El último, por ahora, el de las tarjetas black de alguna Universidad. Y, más cosas que deberían salir. Muchísimas más. La Universidad desarrolla sus funciones de servicio público, el de la educación superior, en régimen de autonomía; la que, incluso, el Tribunal Constitucional, integrado mayoritariamente por catedráticos, ha considerado como un derecho fundamental (art. 27 CE). La autonomía sin control sólo puede tender al exceso y a la arbitrariedad. Forma parte de la naturaleza de las cosas, como la ley de la gravedad. La autonomía con el dinero ajeno aún más. Se es autónomo para gastar y para interpretar cuáles son exigencias económicas que se necesitan para dar satisfacción al servicio público de la educación superior encomendada. Autonomía para gastar y para pedir, sin control. Sin racionalidad. No nos puede extrañar los casos de nepotismo denunciados en alguna Universidad, como se ha hecho eco este blog. Me temo que no es una excepción. No hay racionalidad, sólo poder sin control. Y arbitrariedad.

La afirmación de Rodrigo hizo despertar los viejos fantasmas que habitan en mí. En noviembre de 2012 publiqué un artículo en la revista El Cronista en el que comentaba lo que me había sucedido con ocasión de mi participación en el concurso para la provisión de la plaza de catedrático de Derecho administrativo convocado por la Universidad Carlos III de Madrid en septiembre de 2009 y cuyas pruebas se celebraron el día 14 de diciembre del mismo año. El resultado ya me lo habían anunciado unas semanas antes: la plaza será para el candidato local. Aún así, participé. Y el resultado fue el anunciado. Mi experiencia la conté en el artículo [ver aquí]. Me atreví a romper el silencio. La endogamia se beneficia, como señala Rodrigo, de la “omertá”. Todo el mundo calla. En primer lugar, los más directamente afectados; coaccionados por un ambiente en el que el crítico corre el riesgo de ser calificado de loco, de chalado, cuando todo el mundo decide callar; el silencio cómplice. España no es una nación cómoda para el disidente. Al contrario. Es acomodaticia: “por qué me voy a molestar”; “se lo habrá buscado”. En mi caso, claro que me lo busqué. Tuve la osadía de concursar. El resultado ya estaba anunciado. Me lo habían advertido. Advertido. Sí.

Es el silencio del medio; el temor a los castigos. No es mi caso. Soy catedrático desde hace más de 11 años y cuando concurrí ya lo era desde hacía 6 años. Disfruto de una situación que me permite denunciar lo sucedido sin temor a que las represalias no pasan de una mera molestia o, incluso, chistosa, como las que me han aplicado. Entiendo que cualquier otro, en otra situación, no podría hacerlo. Se enfrenta al sistema y tiene el temor de que nunca será catedrático. Estás muerto. No es mi caso.

La endogamia se mantiene porque, dentro del sistema universitario, es más el número de los beneficiados que los perjudicados. Tiene una lista muy pequeña de perjudicados y otra inmensa de beneficiados. Todos aquéllos que saben que, con tiempo, serán catedráticos en la Universidad en la que comenzaron sus estudios. La virtud a cultivar es la de la paciencia. La de la competencia es el mayor de los pecados. El sistema los empuja y, poco a poco, lo conseguirán. La endogamia está pensada para contentar al mayor número de personas al asegurarles que, más tarde o más temprano, serán catedráticos de “su” Universidad. La Universidad para quién se la trabaja. La finca universitaria para “sus” trabajadores que tienen el legítimo derecho a que se les premie por su dedicación … a la gestión. La investigación es proporcionalmente secundaria. Hay que hacer mucha gestión. Sobreponderada en los sistema de acreditación.

Para qué cambiar un sistema que beneficia a tantos y perjudica a unos pocos. Para qué. No hay interés. Y menos, desde el Gobierno. No hay nada que ganar y mucho, muchísimo que perder. ¿Hay algún ministro de educación que quiera soportar las protestas de los universitarios “progresistas” denunciando la reforma “autoritaria” dirigida a promocionar la competitividad? Se afirmará que se quiere privatizar la Universidad. Claro. El mérito y capacidad son privados. Son lo único que tenemos todos los ciudadanos. El único patrimonio. El que pueden disfrutar, incluso los pobres, para prosperar en la vida. El mérito y la capacidad no son populares. No pueden serlo. Para qué. Competir con otros buscando la excelencia. Esto no da votos. Puede dar “botos”, pero no votos. Nadie lo hará. Hay demasiados beneficiados. Que perjudica al interés general de España y de los españoles, ¡que se fastidien!.

En definitiva, soy el raro espécimen que concursé a cátedra cuando no era “mía”, sino del candidato local, y así lo denuncié en el artículo que enlazo. Mi buena amiga Lourdes, que también sufrió un episodio como el aquí contado, me recuerda que yo ahora, cinco años después, formo parte del “sistema”. En efecto, formo parte de la Comisión de acreditación de catedráticos de Ciencias Sociales y Jurídicas de la ANECA. Algún comentarista, como Francesc de Carreras, publicaba un artículo en El País, dentro de la serie que comento, en el que incluía el procedimiento de acreditación entre los males del sistema universitario. Desde esta perspectiva, no sólo formo parte del “sistema”, sino de sus males. Confieso que cuando me propusieron formar parte de la Comisión dudé si aceptar. Y ante la duda, lo mejor es informarse y estudiar los asuntos. La acreditación certifica que los que aspiran a ocupar una plaza de catedrático o de profesor titular reúnen un mínimo de calidad (en investigación, docencia y gestión) que los califica como adecuados para participar en los procedimientos dirigidos a seleccionar a aquél que ha de ocupar la plaza correspondiente. El gran error de los que escriben sin conocer bien el asunto es que confunden acreditación con provisión de la plaza. La acreditación sólo valora las cualidades mínimas para participar en los procedimientos de selección para ocupar las plazas. No provee plazas. Es como lo que sucede con el permiso de conducir. Para manejar un vehículo, necesitamos un permiso de conducir y un coche. La acreditación es la que facilita el permiso de conducir, pero será cada Universidad la que deberá convocar la plaza, o sea, seleccionar quién de los que tienen la acreditación es el mejor para manejar el coche (la plaza) de la Universidad. Así planteado, el procedimiento de acreditación introduce un control añadido y de ámbito nacional por unas Comisiones integradas, en mi caso, por 10 miembros, todos Catedráticos de distintas áreas de conocimiento y Universidades, asistidas por expertos de cada especialidad que elaboran los informes individuales de cada solicitante. La falta de rigor llega hasta el extremo de afirmarse, para alimentar a los conspiranóicos, que somos nombrados por el Ministerio de Educación, cuando lo somos, tras un sorteo, por el Consejo de Universidades integrado por los rectores. No está libre de defectos, algunos muy graves, como el de la conexión con el procedimiento de evaluación de la calidad de la investigación (los conocidos sexenios) que premia, incluso a los malos o muy malos investigadores pero que han conseguido los cuatro sexenios, con una vía rápida para acceder a la acreditación.

La endogamia se produce en la provisión de la plaza, o sea, la selección de quién ocupará la plaza convocada. Está completamente en manos de las Universidades. Y la utilizan para premiar a su candidato. Aquí vale todo, desde elegir a los amigos, incluso aquéllos que no forman parte del ámbito científico de la plaza, por ejemplo, catedráticos de Geografía que participan en una comisión de Derecho, hasta introducir perfiles a la plaza como el título de la tesis doctoral del candidato local. Cualquier sistema vale para cerrar el paso a la competencia. Al concurso para la provisión de la plaza pueden participar todos los que ya son catedráticos (porque ya ocupan una plaza en otros Universidad española) y los que han obtenido la acreditación por parte de la ANECA (la Comisión de la que formo parte). Si el procedimiento fuese limpio, abierto, competitivo, riguroso y no arbitrario, haría posible que la selección del mejor por parte de Comisiones independientes, elegidas por sorteo, resultaría de la competencia entre un amplio elenco de candidatos. Como los rectores tienen que beneficiar a su clientela, invierten el sistema para cerrarlo al máximo, para que, como la fruta madura, sólo caiga del lado de su postulante, el que ha controlado todo el proceso desde el primer minuto, incluidas las bases y los miembros del Tribunal. Cuando leía el Auto del Magistrado Ruz, en el asunto de la Gürtel y cómo describía la mecánica de la corrupción, me sorprendí preguntándome qué pensaría si conociera que lo mismo que él califica como delictivo es la práctica habitual en la provisión de las plazas. El candidato local influye decisivamente en todo el procedimiento sobre “su” plaza. Es corrupción cuando se trata de un contrato de 10.000 euros para organizar un evento en el que asiste la Presidenta de la Comunidad, pero cuando se trata de la adjudicación de una plaza de catedrático es … endogamia.

En definitiva, la endogamia es el fruto de una regulación que entrega a la autonomía universitaria el procedimiento de provisión de las plazas de profesores, lo que permite que personajes como los que comento pueden campar a sus anchas haciendo realidad la arbitrariedad más absoluta. Si fueran políticos diríamos que se trata de prácticas corruptas. En el mundo universitario, todo es más sutil, más delicado, más intelectual. Lo que para los políticos es corrupción, para los universitarios es discrecionalidad técnica. Que no haya ninguna Universidad española entre las 200 del mundo, es un daño colateral. Insignificante. Ridículo. Así nos va.

En defensa de la Universidad: algunas ideas para su regeneración.

La universidad española languidece. Ha perdido el espíritu y el vigor que requiere la institución. Ninguna universidad española está entre las cien primeras del mundo. El daño es enorme para la sociedad y la economía, sobre todo en momentos de crisis en los que resulta más necesaria que nunca la formación superior y la aportación de buenos científicos. Las universidades se han convertido en fábricas de dar títulos que funcionan por el voluntarismo de unos pocos. Es cierto que los mejores talentos están en la universidad. Pero se ven abocados a luchar para poder investigar y dar clases en un ambiente mediocre en el que reina la endogamia y el amiguismo.
Las escuelas
A mediados del siglo pasado, en un ambiente de desolación, surgen las primeras escuelas dentro de la universidad, grupos de poder que perduran hasta nuestros días. Lo cierto es que no ha habido transición en la universidad española. No hay un problema de politización. Es cierto que hay universidades que han surgido a la sombra del gobierno de turno. Pero las escuelas conviven con los más diversos credos. Las plazas se pactan en buena armonía. No hay selección por el mérito y la capacidad. Las cátedras se nombran por afinidad con honrosas excepciones. Los más románticos se agarran a su vocación académica y no abandonan. Luchan por ganar una plaza hasta la extenuación. No entienden que la ciencia sea patrimonio de unos pocos. El amor a la universidad se abre paso en algunos departamentos aunque el ambiente sea hostil. Pero estos intentos de crear grupos de trabajo de relevancia internacional es raro que fructifiquen. Constituyen una amenaza al status quo de las escuelas quienes tienen la llave de la financiación.
La sucesión de leyes universitarias no ha abordado el problema de fondo, la endogamia que promociona al familiar. Los más realistas abandonan o emigran al extranjero. A pesar de estos obstáculos hay profesores íntegros, vocacionales, que forman excelentes equipos de investigación. También hay buenos docentes, individuos aislados que arrastran la ilusión de los alumnos. Son casos de pura voluntad en lucha contra las circunstancias. A pesar de estos grupos de excepcional valor, las universidades  españolas están en la cola de las universidades europeas y muy por debajo del lugar que corresponde a nuestro desarrollo económico y social. Las diferencias de productividad no son reconocidas en la carrera profesional. Existe poca relación entre productividad y poder dentro de la universidad. Se enseña mal y se investiga peor. Salvo casos puntuales no hay conexión de la empresa con la universidad. Como muestra de esta situación, España carece de mercado laboral para los doctores. Se hace el doctorado para acceder a la carrera universitaria y hay controles para que sólo accedan aquellos seleccionados por las propias escuelas. No hay oferta de doctorados para los outsiders. Con mucho esfuerzo se puede conseguir un director de tesis pero sin el visto bueno de las escuelas es difícil formar tribunal. “A los externos, nada de cum laude, aprobado y a la calle”, es el lema. Ante este panorama surgen escuelas de negocios que satisfacen con éxito esas necesidades de formación.
Selección del profesorado
El sistema de selección de profesorado debería basarse en la renovación generacional en condiciones de transparencia y méritos profesionales. Las contrataciones deberían ser llevadas a cabo por comités de expertos con presencia internacional. En la selección de jóvenes profesores, debería primar la capacidad de trabajar en equipos de diversas universidades, la creatividad, la autonomía y las habilidades de comunicación escrita y oral. La ética profesional debería ocupar un lugar central en la selección de los docentes. Nada de esto se requiere para acceder a las plazas. Basta con conocer una parte del programa y tener padrino o mejor escuela. Los talentos individuales son sacrificados. Muchos quedan en el camino. Son los daños colaterales que se pagan por mantener el statu quo de las escuelas. Sacar una plaza contra la voluntad de la escuela puede llegar a ser un infierno. “Desde que saqué la plaza no he dejado de llorar ni un solo día”, comentaba una profesora que se adentró en terreno vedado. El daño personal es enorme. No hay satisfacción personal ni tranquilidad para los mejores. El consuelo lo encuentran en los alumnos y en los contactos con investigadores de otros países. Pero cuidado con viajar que tras la estancia en el extranjero alguien de la escuela puede haber ocupado la plaza. Son los llamados para la gloria. Actúan como si supieran que va a caer en el examen. En meses se doctoran y en pocos años son titulares. Para la cátedra esperan su turno.  Cuando está mal visto designar al hijo, se permutan con un colega. “Tú haces catedrático a mi hijo y yo al tuyo”. Todo un orden endogámico.
¿Qué hacer?
Necesitamos una redefinición del papel de la universidad en la sociedad y un cambio del sistema de gobernanza.  Hay que recuperar la ética del trabajo. Debería haber leyes de incompatibilidades efectivas para los profesores que trabajan a tiempo completo. Los profesores universitarios deberían ser evaluados por su productividad tanto en docencia como en investigación. También se deberían tener en cuenta sus contribuciones a la gestión interna de las universidades y sus actividades profesionales de difusión científica en la sociedad civil. Estas evaluaciones deberían ser periódicas y en ellas deberían participar todos los estamentos universitarios, incluyendo a los alumnos. Además debería haber evaluaciones públicas de los estudiantes a los profesores y de  los profesores jóvenes a  los mayores. También es importante incentivar el trabajo. Se deberían dar premios a la productividad y periodos sabáticos a los profesores con buenas evaluaciones para mejorar la formación profesional y fomentar nuevos proyectos. Por último se debería exigir la máxima ética profesional. La falta de comportamiento ético, por ejemplo, el plagio o  el abuso de poder con alumnos o jóvenes en formación, deberían ser tramitados con procedimientos eficaces, acabando con la impunidad.  Los planes de estudios deben ser dinámicos, de acuerdo a la realidad y necesidades de la sociedad, y no al gusto de las escuelas. Por último pero no menos importante, los profesores deben estar bien remunerados y contar con los medios necesarios para investigar. Da pena pasearse por las bibliotecas universitarias con estanterías vacías por las bajas en las suscripciones a las revistas internacionales.

Se rompe la omertá universitaria: el caso de la Rey Juan Carlos


 
En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS. Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro Gonzalez-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.
De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.
Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.
Raudo y veloz el ex Rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.
Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.
Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).
Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.
 

¿Qué pasa en la Universidad? El libro “Universidad y Ciencia en España” de Clara Eugenia Nuñez

Lamentablemente no conseguimos hablar mucho en nuestro blog del funcionamiento de las Universidades españolas, que hasta ahora han conseguido salir más o menos indemnes del desastre institucional, o para ser más exactos, de la percepción ciudadana sobre la quiebra de nuestras instituciones. Aunque últimamente empiezan a salir algunas noticias sobre la alegría con la que los Rectores se gastan el dinero de los contribuyentes mientras protestan contra los “recortes” que sufren sus Universidades o sobre las prácticas mafiosas de algunos Magníficos (como el Rector de la Universidad Juan Carlos I, Fernando Suarez, imputado por un delito de amenazas)  dispuestos a todo para ganar las elecciones creo sinceramente que todavía no somos muy conscientes de la gravedad del problema.
La razón es que si ya es difícil conseguir que un funcionario hable de lo que pasa en su institución, todavía es más difícil conseguir que un catedrático o un profesor de Universidad en activo nos hable de endogamia, corruptelas, despilfarro, “puertas giratorias” (vía grandes despachos en el caso de los juristas) seminarios o congresos en países exóticos con cargo al contribuyente  o sistemas de compra de votos en elecciones a Rector. Lo que no quiere decir que no lo sigamos intentando. En todo caso, siempre es recomendable enterarse de que pasa en las Universidades españolas y sobre quien es quien antes de decidir mandar a nuestros hijos a estudiar a una de ellas. La web  http://www.corruptio.com/ de la Asociación para la Transparencia en la Universidad ofrece información sobre los casos de corrupción y falta de transparencia y permite también realizar denuncias.
Para una perspectiva más general recomendamos el libro de Clara Eugenia Nuñez, de la editorial Gadir, “Universidad y Ciencia en España” (claves de un fracaso y vias de Solución)  que tiene la ventaja de haber sido escrito por una profesora de Universidad que además ha ocupado el cargo público de Directora General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid durante varios años a lo largo de los cuales intentó llevar a cabo una profunda reforma de las Universidades públicas madrileñas que terminó en fracaso. El libro ofrece un diagnóstico certero sobre la Universidad y la Ciencia en la España del siglo XXI, una historia de la Universidad y la Ciencia desde el siglo XIX (de aquellos polvos vienen estos lodos) una explicación de los problemas que tiene actualmente la Universidad española, nacidos en la Transición (concesión de una autonomía total y de una irresponsabilidad total, una combinación letal) y unas propuestas de reforma que si bien no fueron finalmente posibles -particularmente tras el nombramiento de Lucía Figar como Consejera de Educación que restauró la tradicional relación clientelar tradicional con las Universidades públicas- quedan ahí como muestra de lo que hay que hacer y también de los formidables obstáculos que se oponen a una reforma universitaria que favorecería a los alumnos y a la sociedad española pero perjudicaría mucho a los dueños del cortijo.
Resulta apasionante en todo caso la historia de este fracaso, narrado en primera persona, tanto en la primera época de esperanza e impulso (con el Consejero de Educación Luis Peral y bajo el amparo de la todopoderosa Esperanza Aguirre, que “compra” la reforma que propone la autora) como durante la segunda, con la nueva Consejera Figar (apadrinada por Esperanza Aguirre) que finalmente destituye a la autora tras varios desencuentros que se narran con detalle en el libro y que no dejan precisamente bien a la todavía Consejera de Educación, ni desde el punto de vista político ni personal. En todo caso, la obra, como indica su subtítulo, es la historia de un fracaso de un intento de reforma serio –si bien tímido- de los perversos sistemas de incentivos que rigen en la Universidad pública española, en este caso en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
En la obra se facilitan abundantes datos, tanto históricos (recordando aquellos casos de éxito, que también los ha habido  y que por distintos motivos no fueron más que islas en un mar de mediocridad) como económicos y sociológicos que hablan por sí solos. Apunta también a las causas profundas de los males de nuestra Universidad (básicamente el sistema de financiación, el sistema de gobernanza y la politización) y a los cambios que se han realizado otros países que tenían problemas similares y que han conseguido gracias a reformas similares a las que intentó poner en marcha Clara Eugenia Nuñez conseguir una Universidad pública de calidad.
Los “malos” de la historia, y esto quizá es lo más interesante, no son solo los obvios, es decir, los políticos partitocráticos con nula experiencia profesional, maneras de reyezuelos y  escasa preocupación por los intereses generales, encarnados perfectamente en la Consejera de Educación, sino los propios rectores de las Universidades madrileñas. Particularmente demoledora es la descripción que hace de ellos Clara Eugenia Nuñez citando literalmente sus declaraciones y reacciones ante un intento de reforma que consideraron –con razón- como un ataque frontal a sus intereses y su “status”, por mucho que fuera a mejorar el rendimiento de las Universidades pagadas con dinero de los contribuyentes. Ya dijo Luis Garicano en su momento que el de los rectores era el lobby más reaccionario de España. Por cierto, que el famoso informe sobre la reforma de las Universidades  que encargó en su día el Ministro Wert a un grupo de expertos (entre ellos el propio Garicano) debe de dormir el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio. Y es que este toro no es fácil de lidiar, ni siquiera para un Ministro que se las da de bravo.
En último término la historia de este fracaso resulta apasionante y merece la pena ser contada –los seres humanos aprendemos más de los fracasos que de los éxitos- y las propuestas de reforma ahí quedan, lo mismo que el primer intento frustrado de llevarlas a cabo y la forma en que se torpedeó desde arriba (una vez producido el “giro copernicano” en la Consejería, dado que a la autora se le había nombrado precisamente para llevar a cabo por la misma Presidenta de la Comunidad de Madrid que luego la dejó en la estacada) y, sobre todo, desde las propias Universidades. Por supuesto con la complicidad y la colaboración de muchas personas que circulan por las páginas del libro con nombres y apellidos. Particularmente triste resulta la historia de los IMDEA, Institutos Madrileños de Estudios Avanzados concebidos como un nuevo marco institucional para la ciencia –al margen de las Universidades- y su progresiva “okupación” hasta su reducción a la categoría de chiringuito. Para los juristas, y más para los autores de ¿Hay Derecho? resulta fascinante la operación de acoso y derribo del IMDEA Ciencias Sociales, dado el desprecio por las normas vigentes demostrado por el equipo de la Consejería de Educación en la toma del Patronato. De haber leído antes el libro lo hubiéramos sacado en el capítulo “las leyes son para los otros”.
Como ya hemos dicho el libro deja constancia de un intento de reforma que honra a la autora y a otros colaboradores (y superiores y jefes políticos, antes del cambio en la Consejería)  y pone de manifiesto cuales son los auténticos enemigos de una Universidad pública de calidad y qué  tipo de armas están dispuestos a utilizar para mantener su finca. Ya saben, aunque solo sea por la razón de que para ganar una batalla hay que conocer bien al enemigo, no dejen de leer el libro. A ver si la próxima vez hay más suerte.

¿Puede servir la experiencia de EEUU para formar abogados en España?

¿Se pueden usar en España los métodos de enseñanza del Derecho para formar abogados que se siguen en EEUU? En particular me refiero al método tradicional seguido por las escuelas de Derecho de EEUU: el método socrático o método del caso.

La opinión mayoritaria en Europa, y en particular en España es que los métodos empleados en EEUU, adecuados para una formación en un sistema de Common law, no son adecuados para enseñar Derecho positivo en un sistema de Civil law. La formación de abogados en España se lleva a cabo en el marco del rigor académico y de acuerdo con el sistema europeo, es decir, un modelo de enseñanza del Derecho que encaja muy bien con un sistema de Derecho Civil y que supone una formación encaminada a la comprensión sistemática del ordenamiento jurídico, frente a la formación que se ofrece en EEUU, que favorece una comprensión de asuntos jurídicos a nivel global al margen del sistema jurídico de referencia.

 El hecho de que EEUU sea un país de Common law, frente a la tradición jurídica continental de Civil Law, no impide, a pesar de lo que a primera vista pueda parecer, que puedan tenerse en cuenta los métodos de formación de abogados en EEUU para la reforma de nuestro sistema de enseñanza del Derecho para abogados.

El sistema jurídico de EEUU, como sistema de Common Law, se basa en el precedente judicial, de manera que las sentencias de los jueces constituyen la fuente principal del Derecho y el juez es el creador del Derecho. Frente a esto, en la tradición del Civil law, la principal fuente del Derecho es la ley, las sentencias de los jueces tienen un peso mucho menor de lo que lo tienen en EEUU en la formación del Derecho. En un sistema de Derecho Civil, el Derecho tiene un origen legislativo y la función de los jueces es aplicar las normas al caso concreto y esa diferencia fundamental en el sistema de Derecho determina a su vez una diferencia en el papel de las principales profesiones jurídicas en particular el del profesor de Derecho. En EEUU el juez es la figura más importante en el mundo jurídico y en Europa continental esa figura la ocupa el profesor de Derecho que forma estudiantes, escribe e investiga. En EEUU son los jueces los que han creado las tendencias jurídicas más notables (jueces como Oliver Wendell Holmes, Benjamin N. Cardozo o William Rehnquist), mientras que en España, son los profesores de Derecho las figuras más relevantes en el desarrollo del Derecho. Sin duda a primera vista estas diferencias hacen pensar que el método socrático es más adecuado para formar abogados en Common Law que en Civil law, y que el método de la conferencia es el más adecuado para el Civil law.

Sin embargo, esta afirmación se debe matizar y esto es así en debido a la creciente convergencia entre ambas tradiciones jurídicas que se refleja en particular en la profesión de abogado. Cada vez se crea más legislación en EEUU y su conocimiento gana importancia, de manera que la jurisprudencia no es la única fuente del Derecho y por otra parte, en España cada vez las resoluciones de los Tribunales de Justicia adquieren un papel más relevante en la interpretación de las normas.

Además la abogacía internacional de los negocios recibe cada vez más influencia del Common Law y se produce un acercamiento del modelo de ejercicio profesional que hace que cada vez esté más unificado. El modelo que prevalece entre las firmas de la abogacía de negocios es el de las americanas (prevalecen los modelos americanos de gestión de los despachos de abogados, procesos de selección de abogados, sistemas de retribución de abogados …), de la misma manera que el modelo de ejercicio profesional (estilo de redacción de contratos, técnicas de negociación …) es hoy en día el modelo americano. La evolución que han sufrido los despachos en EEUU se ha visto reflejada en Europa y los despachos europeos, y entre ellos los españoles, han seguido en gran medida el modelo de los despachos americanos y el mercado jurídico europeo ha ido evolucionando en el mismo sentido que el mercado jurídico americano en términos de crecimiento, especialización e internacionalización.

¿Cómo se puede adaptar en España el método socrático?

(i) La idea generalizada es la de que el método socrático se puede seguir en EEUU porque sus programas de Derecho son de postgrado, frente a los programas de Derecho de grado en España. Esta diferencia se puede salvar aplicando en diferente medida el método de aprendizaje o aplicándolo de manera gradual, aumentando su uso en los cursos superiores y combinándolo en los primeros cursos con la clase magistral. Por ejemplo, se podría introducir poco a poco desde primero de grado y aumentar su presencia a lo largo del programa y podría generalizarse en el nuevo master de abogacía necesario para poder ejercer la profesión, ya que este sí es un programa de postgrado.

(ii) Lo exportable de este sistema es un método de enseñanza activo y participativo que enseña a razonar con todas las ventajas que eso supone. Y esto se puede aplicar no sólo al análisis de sentencias (como se hace en EEUU), sino también al estudio de legislación y doctrina y, a casos prácticos basados en hipótesis.

En la situación actual de la enseñanza del Derecho y formación de abogados en España, y dado los cambios que se han producido recientemente (Ley de Acceso a la Abogacía y proceso de Bolonia), nos encontramos en un momento adecuado para llevar a cabo algunas modificaciones y creo que para llevar a cabo estos cambios es muy recomendable hacerlo a la luz de la experiencia de EEUU.

Dada la relevancia del mercado y de la cultura jurídica americanos así como la influencia de las universidades americanas, en la definición de la abogacía, y en particular de la abogacía de negocios a nivel global, el análisis de los métodos de enseñanza para la formación de abogados de EEUU es una referencia indispensable para una propuesta de reforma de la enseñanza del Derecho para la formación de abogados en España. Además, la referencia a la experiencia americana es particularmente interesante porque en EEUU existe ya en la actualidad un intenso debate sobre las metodologías de enseñanza más apropiadas para formar abogados que estudia la disciplina “legal education”.