EL DEDÓMETRO
Investigación de Hay Derecho que mide el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos
Investigación de Hay Derecho que mide el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos
La mejora de la calidad de nuestras instituciones es uno de nuestros principales objetivos.
En Hay Derecho nos preguntamos ¿en manos de quién está la ciudadanía? ¿quiénes dirigen entidades públicas como el Canal de Isabel II, Correos o RENFE?
¿Es la información accesible para el público? ¿está completa?
Pero más importante aún: ¿están en el puesto por su preparación y trayectoria profesional? o por el contrario, ¿no cumplen los requisitos y dirigen empresas con millones de euros de presupuesto como intercambio de favores políticos?
El DEDÓMETRO es la investigación de Hay Derecho que responde estas cuestiones y que en breve verá de la luz con nuevos e importantes datos.
El DEDÓMETRO en 2023 analiza 43 entidades del sector público pertenecientes a dos comunidades autonómicas gobernadas por diferentes partidos: la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Valenciana.
La investigación analiza, tanto el perfil de los máximos responsables de cada entidad durante un periodo de diez años, y el grado de transparencia de la entidad a la hora de facilitar la información requerida.
La transparencia y una correcta y efectiva selección de los máximos responsables contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de cualquier tipo de organización. En el caso de organizaciones públicas, la legitimidad y la capacidad de las entidades para rendir cuentas ante la ciudadanía son también muy importantes.
Con esa intención, el informe incluye también una lista de recomendaciones para las entidades del sector público autonómico, que incluyen buenas prácticas derivadas tanto de las propias entidades como tomadas del Derecho comparado.
En 2020 Hay Derecho llevó a cabo dos investigaciones que evaluaron la calidad de los máximos responsables en el sector público en dos ámbitos territoriales diferentes. El primero de ellos se centró en la Administración General del Estado a partir de una muestra de 36 entidades pertenecientes al sector público empresarial y de una serie de organismos reguladores. El segundo analizó las distintas entidades del Área Metropolitana de Barcelona evaluando no sólo a los máximos responsables, sino también su transparencia.
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