El 2 de noviembre, se hizo entrega del VIII Premio Hay Derecho recaído ex aequo en Consuelo Ordoñez Fenollar por su defensa de la memoria y el acceso a la justicia de todas las víctimas de todos los terrorismos y en Diego Gómez Fernández por su campaña contra la cita previa obligatoria en las administraciones públicas.
Hay Derecho, fundación independiente sin ánimo de lucro que trabaja para defender el Estado de Derecho, el buen funcionamiento institucional y promover la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, ha querido reconocer y visibilizar por octavo año consecutivo la acción valiente de la ciudadanía.
Safira Cantos, directora general de Hay Derecho presentó las 10 candidaturas y resaltó que este es un premio que no busca la complacencia sino que está guiado por el inconformismo. Es un reconocimiento a quienes actúan contra el abuso de poder, la injusticia, la corrupción o la degradación institucional, si es menester incomodando y arriesgándose.
La politóloga y socióloga Cristina Monge, desveló el fallo del Jurado -que había sido salvaguardado en estricto secreto hasta la gala- e hizo entrega del premio a los galardonados. En su intervención destacó la importancia y posibilidad de la ciudadanía para avanzar en consensos sociales necesarios en una democracia, a diferencia de los partidos políticos que desde su lógica competitiva no están sabiendo o queriendo hacerlo.
El jurado del premio, compuesto de forma paritaria por miembros del patronato de Hay Derecho y de otras organizaciones, deliberó sobre las cinco candidaturas finalistas (fruto de la votación popular) que fueron presentadas y puestas en valor por Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho: el periodista Ernesto Ekaizer por su investigación del caso Villarejo y la actuación de la entonces Fiscal General del Estado sobre la fiscalía anticorrupción (libro Jaque Mate: cómo acabaron con el fiscal Stampa); el magistrado Fernando Portillo (Judge The Zipper en Twitter) por su activa labor de divulgación jurídica y su defensa de la independencia del poder judicial frente a la injerencia partidista; el abogado Jose María de Pablo (Chema de Pablo en TW) por su análisis crítico del funcionamiento del sistema penal judicial y cómo afecta a la ciudadanía; además de los galardonados Consuelo Ordóñez y Diego Gómez.
Clausuró el acto el presidente de la Fundación, Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, quien fue muy claro exponiendo que en un Estado social y democrático de derecho no puede oponerse ley a democracia, precisamente solo en la ley puede descansar la democracia y hacer de dique de contención al abuso de poder.
Asimismo compartió la gran importancia e ilusión que para la Fundación Hay Derecho representa este premio, porque frente a la mayor parte de nuestro trabajo que consiste en señalar el abuso y el mal funcionamiento institucional, este acto reconoce y celebra las buenas acciones.
GANADORES
Consuelo Ordóñez Fenollar
Diego Gómez Fernández
FINALISTAS
Fernando Portillo (Juzge the Zipper)
Ernesto Ekaizer
José María de Pablo
CANDIDATURAS
Álvaro Alarcón Albert
Álvaro Alarcón, es un ciudadano que, sin ninguna formación jurídica, valiéndose de fuentes abiertas y de recursos ofrecidos por la propia administración, como el turno de oficio, o apoyándose en la información del Sindicato Independiente, que ofrece servicios jurídicos laborales de calidad sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero, persigue la corrupción en las instituciones y la clase política desde hace más de una década.
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Alarcón, que cuenta con estudios de bachiller superior y ha desempeñado puestos de trabajo en sectores como la construcción y fabricación de productos, se encuentra actualmente cursando la formación habilitadora exigida por el Ministerio de Interior en la UNED, para ejercer como Detective Privado.
En su trayectoria como ciudadano defensor del Estado de derecho, en 2023, trasladó a la fiscalía anticorrupción actuaciones de la dirección del Teatro Principal de Alicante. Mediante un detallado informe, Alarcón expuso la existencia de indicios fundados de presunta prevaricación, fraccionamiento de contratos, tráfico de influencias y fraude en la gestión, que han dado lugar a la apertura de diligencias de investigación.
En abril de este mismo año, la Agencia Española de Protección de Datos estima su denuncia de que una importante empresa de plásticos vulneraba sistemáticamente los derechos fundamentales de sus trabajadores, tomando sin su consentimiento sus datos biométricos, protegidos por el art. 18 de la constitución.
En 2022 llevó a los tribunales por la vía social al Teatro Principal y a las empresas de empleo temporal en las que trabajaba, por la precaria situación laboral de sus trabajadores. A su demanda se sumaron azafatas despedidas por los mismos hechos que Alarcón denuncia. Además, en 2016 denunció a Nuevas Generaciones del Partido Popular en Alicante por falta de democracia interna, logrando una sentencia que obligó al partido en 2023 a convocar elecciones primarias.
En la actualidad, mantiene abiertas diversas causas entre la que se encuentra un recurso contencioso-administrativo por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia que afecta al Ayto. de Alicante y la Generalidad Valenciana.
Celia Carbonell
La trayectoria de Celia Carbonell destaca por su compromiso con la defensa del Estado de derecho y los derechos de los más vulnerables frente a las malas prácticas del sistema judicial. La candidatura al VIII Premio Hay Derecho emana de su implicación voluntaria, personal y profesional, en la defensa de dos ciudadanos incorrectamente condenados.
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Carbonell forma parte de un grupo de aguerridos ciudadanos que a lo largo de 15 años ha seguido y sostenido la defensa de dos ciudadanos marroquíes, condenados en 1992 por una violación a una menor que nunca cometieron.
Tras asumir la defensa letrada de uno de los dos acusados, – el otro falleció en la cárcel en el año 2000-, el pasado mes de junio, Carbonell consiguió una sentencia favorable del Tribunal Supremo, en la que se declara la nulidad y libre absolución de los delitos.
Desde su pequeño despacho en Alicante, la letrada ha conseguido, además, una pionera sentencia en la que se ha anulado la cláusula de afianzamiento en préstamo hipotecario, consiguiendo así salvaguardar el patrimonio de muchos padres que sirvieron de fiadores a pesar de desconocer la repercusión de dicha cláusula, (Sentencia 1340/2022 de 7 de noviembre dictada por la Audiencia Provincial de Alicante).
Así mismo se encuentra al frente de un procedimiento judicial pendiente de dictar Sentencia por la Audiencia Provincial de Alicante contra una de las filiales de AGBAR y cuya investigación comenzó en la operación POKEMON.
Daniel Sánchez Bernal
Daniel Sánchez Bernal es un abogado destacado por la defensa de casos relativos a señalamientos tardíos en la justicia.
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En octubre de 2022 el Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo, bajo su dirección letrada, contra una resolución de un juzgado de Sevilla que señaló un juicio a tres años vista. El TC reconoce en esa resolución que la demora en el señalamiento de litigios que carecen de especial complejidad y suponen un significativo impacto en el recurrente pueden generar una dilación indebida contraria al derecho a la tutela judicial efectiva.
En 2022 Daniel Sánchez Bernal fue distinguido con la Cruz de Oro de la Orden al Mérito Humanitario de Andalucía, un galardón que esta asociación, concede anualmente a personas o instituciones que tengan a sus espaldas «una vida de entrega y servicio a las buenas causas» y la entrega de su tiempo y pecunio «para el servicio a los otros».
Daniel señala que gracias al amparo reconocido, otros abogados están siguiendo sus pasos, recurriendo los señalamientos tardíos en beneficio de sus clientes. Aboga por una solución a este problema que pase por reducir trámites, digitalizar los expedientes y una reforma de las leyes procesales para evitar que los procedimientos se alarguen innecesariamente».
El trabajo de Daniel ejemplifica cómo el activismo de ciudadanos comprometidos no solo es capaz de abrir caminos para solucionar problemas estructurales de nuestro Estado de derecho, sino que también inspira la colaboración de los demás, actuando como catalizadores del cambio social.
Fran Jurado
Fran Jurado es periodista y politólogo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y ha completado estudios de guion y dirección en las escuelas de cine ESCAC y CEEC. En sus trabajos, trata de conjugar las temáticas políticas con la narrativa audiovisual. Entre sus últimos trabajos están la dirección del documental Disidentes. El precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista (2016), acerca del proceso independentista, y la escritura y realización de más de treinta audiovisuales cortos para el Ministerio de Asuntos Exteriores (2018-2019).
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En 2022-2023 ha dirigido el largometraje documental titulado Polarizados, de 98 minutos de duración.
El documental ahonda en los motivos de la polarización política y social en España. Jurado hace un ejercicio de análisis para tratar de dar respuesta a las causas de la polarización y principales responsables de la situación: ¿los populismos? ¿los partidos políticos? ¿los medios de comunicación? ¿las redes sociales? ¿los ciudadanos? En resumen: presenta, sin estridencias y a través de múltiples puntos de vista profesionales e ideológicos, un mapa que permite a la ciudadanía manejar la información necesaria para desarrollar un criterio fundamentado sobre la actual situación.
El documental parte de 34 entrevistas a destacados expertos politólogos, periodistas y políticos, realizadas en Barcelona y en Madrid. Entre ellos se encuentran Pablo Simón, Arcadi Espada, Félix Ovejero, Fernando Vallespín, Juan Soto Ivars, Joaquim Coll, Iñaki Ellakuría, Teresa Freixes y Elisa de la Nuez. Las entrevistas se realizaron en el segundo semestre de 2022 y el documental se presentó el día 3 de julio en la Sala Mompou de la sede SGAE Barcelona y el 11 de julio en la sala Berlanga de Madrid.
A lo largo de su carrera como cineasta y periodista, Fran Jurado destaca por la defensa del orden constitucional y la búsqueda de la comprensión de situaciones de tensión civil como el procés o la polarización a partir de un análisis equilibrado.
Patricia Fernández Vicens
Patricia es abogada en la ONG Coordinadora de Barrios. y responsable de la oficina jurídica para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Merced Migraciones. Trabaja en favor de los derechos de las personas en situación de exclusión social, personas migrantes y refugiadas, en especial en la frontera sur de España, así como niños y niñas que migran solos.. En 2022 obtuvo el premio nacional de derechos humanos que otorga la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el premio de la Revista Alandar en 2018.
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Entre 2019 y 2020, Maldito Dato ha realizado más de 1.000 peticiones de información pública a nivel nacional; autonómico y local, y europeo. Algunas de estas solicitudes han resultado en investigaciones periodísticas que han marcado agenda en temas de transparencia entre los que destacan: la publicación de los integrantes del Comité de Expertos del Gobierno en plena pandemia, luego que el Ministerio de Sanidad entregase los datos en respuesta a la insistencia de Maldito Dato por una solicitud de acceso a la información pública; o la publicación de la comunicación de la Comisión Europea al Gobierno español en donde se indicaba que no habría una sanción ante la baja de impuesto en las mascarillas. Este trabajo exclusivo de Maldito Dato tuvo gran impacto en la agenda pública y política al desmentir la versión oficial entregada por el Ejecutivo, comprobando que el organismo negaba la baja del impuesto pese a haber recibido el comunicado de la Comisión Europea. Otros ejemplos de publicaciones no relacionadas con el coronavirus, pero que han supuesto un ejemplo de trabajo periodístico protransparencia son: el registro del Falcon, que permitió conocer realmente cuántos viajes en Falcon han realizado los presidentes del Gobierno de España, información que se mantuvo privada hasta la publicación realizada por Maldito Dato, investigación realizada con el uso de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que marcó un precedente para el acceso a este tipo de información; o las cuentas de los grupos municipales de los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid, fiscalizando a los partidos políticos y exponiendo en qué se gasta el dinero público.
Entendiendo que la desinformación es un problema para la democracia, y en la búsqueda por incentivar la transparencia, en los dos últimos años Maldito Dato ha elaborado alrededor de 100 piezas periodísticas con el objetivo de hacer pública la información conseguida a través de las solicitudes realizadas por Ley de Transparencia. Además, desde Maldita.es, también se han presentado propuestas para el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Asimismo, Maldito Dato desarrolla publicaciones con hechos y datos a través de una metodología, pública en el sitio de Maldita.es, con tres niveles de verificación, utilizando lenguaje cercano y aterrizando la información compleja a una narrativa explicativa para el completo entendimiento por parte de la ciudadanía.
