Arrendamiento

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Contrato por virtud del cual una de las partes (arrendador) se obliga a entregar una cosa a otra (arrendatario) para que éste la use durante un cierto periodo de tiempo pagando a cambio un precio o renta.

Caracteres

Basta el acuerdo de voluntades para que nazca el contrato sin que sea necesario nada más ni la entrega de la cosa ni que conste por escrito. Por lo tanto, si el arrendador hubiera celebrado varios contratos con varias personas, será arrendatario aquel con el que primero hubiese contratado. No obstante, si una de las partes  quiere que el contrato conste por escrito, podrá compeler a la otra para que lo haga cuando se trata de arrendamientos sobre fincas urbanas.

Es un contrato oneroso, en tanto que es preciso pagar una renta. Si es gratuito, será otro contrato (comodato) y no habrá arrendamiento. De ejecución continuada, el arrendador está obligado a facilitar el uso o goce de la cosa al arrendatario a cambio de un precio y durante todo el tiempo de duración del arriendo (normalmente, semanas, meses o años).

Regulación

Se regula en el Código Civil si bien hay normativa especial para fincas urbanas y rústicas, existiendo una normativa especialmente protectora para el arrendamiento de vivienda. Muchos derechos que se conceden al arrendatario son irrenunciables.

¿Quién puede ser arrendador?

Arrendador es el que cede el uso y no tiene por qué ser el propietario, sino que puede ser titular de un derecho que le permita usar y es precisamente ese uso lo que cede en el arrendamiento. ¿Qué problema puede plantear esto? Que si se extingue el derecho del arrendador caería el arrendatario. Así puedo alquilarle la casa a un usufructuario, pero extinguido ese derecho, caería el contrato de arrendamiento.

Así sucede cuando el arrendatario arrienda a su vez a otro y nos encontramos con el subarriendo, el cual puede ser prohibido por el primer arrendador.

¿Qué bienes se pueden arrendar?

Toda clase de cosas, tanto inmuebles como muebles. Se excluyen los bienes que se consumen por el uso porque ese consumo implica un acto de disposición.

Salvo pacto en contrario, la cosa se entiende arrendada con sus pertenencias y accesorios. Así, por ejemplo, si alquilamos una vivienda, el contrato se extiende a mobiliario, trasteros, plazas de garaje y cualesquiera otros espacios accesorios de la finca.

Precio o renta

Es el elemento esencial. No hay arrendamiento si no hay precio.  La renta la fijan las partes. Precisamente lo que se está valorando en la actualidad es si se pueden poner límites a esta libertad y puede el legislador fijar precios máximos cuando se trata de alquiler de vivienda.

Duración

El arrendamiento es por plazo determinado, no puede ser perpetuo, pero puede suceder que no se fije ningún plazo. Hay reglas especiales, por ejemplo, cuando se trata de un arrendamiento de vivienda. Si no se ha dicho nada el contrato dura un año y podrá prorrogarse obligatoriamente para el arrendador y de manera voluntaria para el inquilino hasta que se llegue al límite de 5 ó 7 años respectivamente.

 Matilde Cuena Casas
Catedrática de Derecho Civil y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho

Golpe de Estado

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Siguiendo la definición clásica del jurista Hans Kelsen un golpe de Estado es una modificación o una sustitución de la Constitución que no se realiza conforme a las disposiciones constitucionales. Desde un punto de vista técnico-jurídico, es indiferente que esa modificación o sustitución se produzca mediante la violencia o sin ella; o que se produzca o se impulse por miembros ajenos al Poder ejecutivo o legislativo o por ellos mismos; que se trate de un movimiento de masas o se trate de una iniciativa de un pequeño grupo de individuos; que se instrumente mediante nuevas normas o no; que se refrende popularmente o no. Lo esencial es que la Constitución válida vigente sea modificada o reemplazada enteramente por una nueva Constitución sin seguir los procedimientos previstos para esa eventualidad en la propia Constitución. No es una definición que suela encontrarse en normas de Derecho positivo, ni siquiera en los Códigos Penales que suelen hablar, como ocurre por ejemplo con el español, de “delitos contra la Constitución” pero no de “golpe de Estado”.

Elisa de la Nuez
Secretaria General de la Fundación Hay Derecho.

Sociedades Mercantiles

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Las sociedades mercantiles son una suerte de ficción creada por el legislador; «sujetos artificiales» que decía Savigny, creadas para operar en el tráfico mercantil y económico dentro de un Estado. El legislador las reviste de personalidad jurídica propia, por lo que serán sujetos de derechos y obligaciones frente a terceros como nota característica de esta creación.

Nuestro ordenamiento jurídico las define, en orden de concepto, en primer lugar en el Código Civil, que define las sociedades como «un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias» (art. 1.1165). A su vez, el Código de Comercio define ya las sociedades mercantiles propiamente dichas (art. 116) añadiéndole esa nota de mercantilidad, que no es más que el «ánimo de lucro», de modo que la aportación común de dinero, bienes o industria se realice con ánimo de lucro.

A continuación el art. 122 define las cuatro formas de constitución de las sociedades mercantiles:

– La regular colectiva.

– La comanditaria.

– Las de capital, que se dividen a su vez en Anónimas y Limitadas. Estas son las que, en la práctica, predominan en España.

¿Para qué constituir una sociedad? Subyace un motivo económico de tal modo que la constitución de una sociedad mercantil protege al patrimonio personal de los socios asociados, limitando la responsabilidad de las deudas contraídas únicamente al patrimonio puesto en común; al patrimonio de la sociedad. De esta forma, solo el patrimonio de la sociedad responderá frente a terceros, viendo los socios limitadas sus pérdidas al dinero, bienes o industria puesto en común, pero no al resto.

Matías González Corona

Abogado y editor de la Fundación Hay Derecho.

Ley Orgánica

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La Constitución española distingue dos tipos de leyes emanadas por el Congreso y Senado, la ley orgánica y la ley ordinaria. La ley orgánica es aquella que tiene reservada para sí el regular temas que la Constitución considera especialmente importantes, como los derechos fundamentales, las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.

Para ser aprobadas estas leyes se precisa votación favorable de la mayoría absoluta del Congreso al texto final. Es decir, que a diferencia de la ley ordinaria, en la que basta para ser aprobada que los votos favorables sean superiores a los votos en contra, en las leyes orgánicas se necesita al menos el voto a favor de 176 congresistas.

La materia reservada a las leyes orgánicas no puede ser regulada por el gobierno a través de Decreto-Ley. La competencia exclusiva respecto de las mismas la tiene el Parlamento.

Ejemplos de leyes orgánicas en España:

Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio.

Ley Orgánica del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación.

Ley orgánica del Poder Judicial.

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