En España, la Constitución de 1978 diseñó un Estado social y democrático de Derecho con instituciones fuertes, que deben servir como límites al poder político.
Los principios de separación de poderes, neutralidad, mérito y capacidad, transparencia o la rendición de cuentas en las instituciones son pilares de nuestra democracia y de nuestras instituciones.
Sin embargo, en la práctica, estas instituciones se han ido debilitando y deteriorando al hilo de una progresiva politización. Una situación que ha provocado falta de profesionalidad y de neutralidad, así como erosión de los principios de mérito y capacidad, transparencia y rendición de cuentas.
Desde la Fundación Hay Derecho pedimos a los partidos políticos que se comprometan a las siguientes 10 medidas para una reforma institucional integral en favor del Estado de derecho:
Te informamos de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Más información en nuestra página de política de privacidad. Para dudas o cambios, por favor contacta con info@hayderecho.com
Modificación de la legislación de partidos para mejorar la democracia interna mediante contrapesos adecuados, así como el establecimiento de un sistema de sanciones efectivas y rápidas para casos de incumplimientos de la normativa de partidos.
Renovación del CGPJ eligiendo los candidatos más idóneos e inmediata reforma del CGPJ consensuada siguiendo las recomendaciones europeas.
Selección del Fiscal General del Estado entre juristas de reconocida competencia que no tengan vinculación con partidos políticos, reforma del período de mandato para desvincularlo del ciclo electoral. Establecimiento de límites y contrapesos a los poderes del fiscal general en materia de nombramientos, ceses y promociones; exigencia de transparencia en todas las decisiones.
Restringir el uso de decretos-leyes a los supuestos previstos en la Constitución, revitalización de las sesiones de control parlamentario; regulación de los lobbies y de la “huella normativa”. Utilización de los mecanismos ya existentes para garantizar la calidad normativa y la coordinación con la regulación existente. Reforma del Reglamento del Congreso para impedir prácticas poco respetuosas con las garantías que exige el procedimiento legislativo. Transparencia de los informes que se hayan solicitado a lo largo del proceso.
Modificación de la legislación de partidos para mejorar la democracia interna mediante contrapesos adecuados, así como el establecimiento de un sistema de sanciones efectivas y rápidas para casos de incumplimientos de la normativa de partidos.
Renovación del CGPJ eligiendo los candidatos más idóneos e inmediata reforma del CGPJ consensuada siguiendo las recomendaciones europeas.
Selección del Fiscal General del Estado entre juristas de reconocida competencia que no tengan vinculación con partidos políticos, reforma del período de mandato para desvincularlo del ciclo electoral. Establecimiento de límites y contrapesos a los poderes del fiscal general en materia de nombramientos, ceses y promociones; exigencia de transparencia en todas las decisiones.
Restringir el uso de decretos-leyes a los supuestos previstos en la Constitución, revitalización de las sesiones de control parlamentario; regulación de los lobbies y de la “huella normativa”. Utilización de los mecanismos ya existentes para garantizar la calidad normativa y la coordinación con la regulación existente. Reforma del Reglamento del Congreso para impedir prácticas poco respetuosas con las garantías que exige el procedimiento legislativo. Transparencia de los informes que se hayan solicitado a lo largo del proceso.
Elaboración de una ley para establecer las fórmulas que garanticen la publicidad de las vacantes y los procesos de concurrencia competitiva sin perjuicio de la posterior designación política; establecimiento de periodos de mandato no ligados a ciclos electorales allí donde no existan todavía. Límites a las puertas giratorias para cargos políticos; restricción de los puestos de libre designación y de confianza. Exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
Reforzar los controles preventivos mediante la mayor independencia de los funcionarios que ejercen funciones de control y la publicidad de sus informes; eliminación de cargos electos y cargos políticos en las mesas de contratación pública; incentivos positivos a los organismos que consigan las mejores prácticas en materia de contratación y negativos por malas prácticas; subvenciones con publicidad y concurrencia. Protección efectiva y uniforme de denunciantes de corrupción con la implementación de los estándares europeos y en base a la experiencia de las agencias autonómicas y locales. Garantizar la Independencia y profesionalidad de la nueva Agencia Estatal de protección del denunciante. Mejora de la rapidez de la investigación y enjuiciamiento de delitos para lograr la eficiencia en los procedimientos de casos de corrupción de alto nivel. Restringir el alcance del aforamiento para que no obstaculice la acción penal en casos de corrupción contra dirigentes del gobierno.
Aprobar una nueva ley de función pública, que garantice la dirección pública profesional. Separación de las carreras funcionariales de las carreras políticas (sobre todo en puestos de supervisión y control); desarrollo del estatuto del directivo público; limitación al máximo de los puestos de libre designación (publicar las vacantes cuando los haya) y eliminación del libre cese; establecimiento de una Comisión de valoración especializada y profesional para la selección de los directivos; creación de un tribunal administrativo profesional de recursos en materia de personal.
Establecimiento de mecanismos efectivos de revisión “ex ante” y “ex post”. Diseño de políticas públicas con base en la evidencia y los datos disponibles. Publicidad de la evaluación.
Elaboración de una ley para establecer las fórmulas que garanticen la publicidad de las vacantes y los procesos de concurrencia competitiva sin perjuicio de la posterior designación política; establecimiento de periodos de mandato no ligados a ciclos electorales allí donde no existan todavía. Límites a las puertas giratorias para cargos políticos; restricción de los puestos de libre designación y de confianza. Exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
Reforzar los controles preventivos mediante la mayor independencia de los funcionarios que ejercen funciones de control y la publicidad de sus informes; eliminación de cargos electos y cargos políticos en las mesas de contratación pública; incentivos positivos a los organismos que consigan las mejores prácticas en materia de contratación y negativos por malas prácticas; subvenciones con publicidad y concurrencia. Protección efectiva y uniforme de denunciantes de corrupción con la implementación de los estándares europeos y en base a la experiencia de las agencias autonómicas y locales. Garantizar la Independencia y profesionalidad de la nueva Agencia Estatal de protección del denunciante. Mejora de la rapidez de la investigación y enjuiciamiento de delitos para lograr la eficiencia en los procedimientos de casos de corrupción de alto nivel. Restringir el alcance del aforamiento para que no obstaculice la acción penal en casos de corrupción contra dirigentes del gobierno.
Aprobar una nueva ley de función pública, que garantice la dirección pública profesional. Separación de las carreras funcionariales de las carreras políticas (sobre todo en puestos de supervisión y control); desarrollo del estatuto del directivo público; limitación al máximo de los puestos de libre designación (publicar las vacantes cuando los haya) y eliminación del libre cese; establecimiento de una Comisión de valoración especializada y profesional para la selección de los directivos; creación de un tribunal administrativo profesional de recursos en materia de personal.
Establecimiento de mecanismos efectivos de revisión “ex ante” y “ex post”. Diseño de políticas públicas con base en la evidencia y los datos disponibles. Publicidad de la evaluación.
Modificación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a la vista de la experiencia acumulada; definición del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental; establecimiento de un régimen efectivo de sanciones para caso de incumplimiento; reforzar la independencia y las potestades de los órganos de garantía de la transparencia; exigencia de responsabilidades a los dirigentes de organismos o entidades opacos. Mejorar el acceso a la información pública con la reforma de la ley de secretos oficiales, impidiendo que esta suponga una restricción mayor al derecho de acceso.
Transparencia de la publicidad institucional y despolitización de los medios de comunicación públicos. Fortalecimiento del espacio cívico mediante ayudas a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la calidad democrática e institucional y la promoción de la cultura del Estado de derecho.
Adela Cortina
Manuela Carmena
Víctor Lapuente
Toni Roldán
Jordi Sevilla
Felix de Azúa
Jose Luis García Delgado
Nicolás Redondo
Jacobo Dopico
Pablo Simón
Manuel Villoria
Elisa Chuliá
Victor Pérez-Diaz
Felix Ovejero
Ana Carmona
Gabriel Domenech
Max Pradera
Ignacio Molina
Jorge Urdanoz
Manuel Arias Maldonado
José Varela Ortega
Teresa Freixas
Emilio Lamo de Espinosa
Consuelo Ordóñez
Pedro García Cuartango
Santiago Muñoz Machado
Fernando Vallespín
Daniel Gascón
Pablo Romero
Araceli Mangas
Enrique Gimbernat
Francesc de Carreras
Jose Antonio
López Burniol
Francisco
Sosa Wagner
Mercedes
Fuertes
Jose Antonio
Zarzalejos
Leandro
Prados de la Escosura
Rosa Cullell
Natalia Velilla
Joaquim Coll
Ignacio Varela
Alvaro Delgado-Gal
Carlos Castresana
Antonio Cabrales
Luis Cueto
Victoria Carvajal
Diego Garrocho
Juan Claudio de Ramón
Nemesio Fernández Cuesta
Juli Ponce
Juan Francisco Jimeno
Consuelo Madrigal
José Juan Toharias
David Mejía
Antonio Penadés Chust
Jesús Quijano
Fernando Jiménez Sánchez
Joaquín Joaquín Meseguer
Germán Teruel Lozano
José Eugenio Soriano
Salvador Viada Bardaji
Roberto Blanco Valdés
Carmelo Tajadura Garrido
Gorka Maneiro Labayen
Salvador Peiró i Gregori
Xavier Pericay Hosta
José Ignacio Torreblanca
Pablo Lora Deltoro
Fernando Fernando Navarro
David Jiménez Torres
Fernando López Aguilar
Fernando Portillo Rodrigo
Antonio Caño
Gabriela Bustelo
Marcel JansenCarlos
Fernández EsquerJuan Antonio
García Amado
Matilde Cuena Casas
María Sonia
Gumpert Melgosa
Elena Herrero-Beaumont
Vicente Lozano
José Ignacio Prendes
Francesc de Carreras Serra
Fernando Zunzunegui
Javier Martín Cavanna
Regina Dalmau
Carlos Conde Solares
Jose Juan Toharia Cortés
Javier Santacruz Cano
Miguel Ángel Presno Linera
Elena Biurrun Sainz de Rozas
Concepción Campos Acuña
Javier Tajadura Tejada
José Maria Mohedano Fuertes
Ignacio de la Torre
Rafael Jiménez Asensi
Eugenio Nasarre
Gabriel Guindal
Jose Luis Villar Ezcurra
Rafael Rubio Núñez
Irene Milleiro
Jose Ignacio Conde-Ruiz
Juan Luis Cebrián
Álvaro Anchuelo Crego
Rafael Domenech
Clara Cerdan molina
Carlos Viader Castro
Simona Levi para la organización Xnet
Gabriel Casado
Mariano Guindal
Luis Fernández-Galiano
Juan Francisco Fuentes
José Gasset Loring
Jullio Iglesias de Ussel
Victor J. Vázquez
Modificación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a la vista de la experiencia acumulada; definición del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental; establecimiento de un régimen efectivo de sanciones para caso de incumplimiento; reforzar la independencia y las potestades de los órganos de garantía de la transparencia; exigencia de responsabilidades a los dirigentes de organismos o entidades opacos. Mejorar el acceso a la información pública con la reforma de la ley de secretos oficiales, impidiendo que esta suponga una restricción mayor al derecho de acceso.
Transparencia de la publicidad institucional y despolitización de los medios de comunicación públicos. Fortalecimiento del espacio cívico mediante ayudas a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la calidad democrática e institucional y la promoción de la cultura del Estado de derecho.
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